Decreto 17/012
Reglaméntase la Ley 18.786, que establece el marco regulatorio aplicable
al régimen de contratos de Participación Público-Privada.
(163*R)
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Montevideo, 26 de Enero de 2012
VISTO: que con fecha 19 de julio de 2011 se promulgó la Ley N° 18.786 que
establece el marco regulatorio aplicable al régimen de contratos de
Participación Público-Privada.-
CONSIDERANDO: I) que la mencionada norma legal brinda un marco jurídico
específico para la ejecución de obras de infraestructura pública, con
fondos de origen privado, que será de aplicación preceptiva para todos los
contratos de Participación Público-Privada regulados en la ley que se
reglamenta.-
II) la necesidad de reglamentar diversos aspectos de la norma legal que
faciliten la implementación y la ejecución de contratos de Participación
Público-Privada por la Administración Pública contratante y el sector
privado.-
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en el artículo 168,
numeral 4 de la Constitución de la República.-
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ACTUANDO EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:
CAPÍTULO PRIMERO
MARCO JURÍDICO
MARCO jurídico aplicable a los contratos de Participación Público-Privada
Los contratos de Participación Público Privada que celebren las
Administraciones Públicas contratantes se encuentran regulados por lo
establecido en la Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011 y en el presente
decreto reglamentario.
En todos aquellos aspectos no regulados por dichas normas, serán de
aplicación las soluciones contenidas en los procedimientos administrativos
de contratación, en tanto no resulten incompatibles.
CAPÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN
Integración y designación de la Comisión Técnica
La Administración Pública contratante designará, para cada proyecto de
Participación Público-Privada, una Comisión Técnica que estará integrada
por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros, la que asesorará en
todas las etapas del procedimiento de contratación.-
La Comisión Técnica deberá estar designada al momento de realizarse el
llamado público a presentación de ofertas.-
Dependiendo de la complejidad del contrato de Participación
Público-Privada a celebrarse, la Administración Pública contratante
resolverá por decisión fundada, el número de miembros que integrará la
Comisión Técnica y procederá directamente a su designación.-
Por lo menos dos de los integrantes de la Comisión Técnica deberán ser
funcionarios de la Administración Pública contratante con experiencia
acreditada en el área de la contratación administrativa y otro, que podrá
pertenecer o no a la misma, deberá poseer reconocida idoneidad técnica en
la materia especifica objeto de contratación.-
En la designación se nombrará al miembro responsable de realizar las
convocatorias y coordinar todos los aspectos de funcionamiento de la
Comisión Técnica.
Los miembros designados deberán presentar Declaración Jurada de acuerdo a
lo previsto en la Ley No. 17.060 de fecha 23 de diciembre de 1998 y su
designación será informada a la Junta de Transparencia y Ética Pública.
Cometidos de la Comisión Técnica
La Comisión Técnica tendrá los siguientes cometidos:
- Asesorar a la Administración Pública contratante en todas las etapas
del procedimiento de contratación, procurando que el mismo se realice
observando criterios de transparencia, celeridad y eficiencia.
- En caso de corresponder, sugerir el rechazo de algunas o todas las
ofertas presentadas cuando éstas no se ajusten a las condiciones exigidas
en las bases de contratación o sean manifiestamente inconvenientes.
Comité Coordinador de Evaluación de Contratos de Participación
Público-Privada
A efectos de lograr la actuación coordinada de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas requerida en los
artículos 18 y 47 de la Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011, ambos
organismos podrán crear, en cada oportunidad, un Comité Coordinador de
Evaluación de Contratos de Participación Público-Privada que estará
integrado por dos miembros, un representante designado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y otro representante designado por el
Ministerio de Economía y Finanzas.-
Integración y funcionamiento de la Unidad de Proyectos de Participación
Público-Privada.-
La Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada creada por la Ley
No. 18.786 de 19 de julio de 2011, estará integrada por técnicos del
Ministerio de Economía y Finanzas, su Director será designado por el
Ministro de Economía y Finanzas y funcionará en la Dirección General de
Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas.
Cometidos de la Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada
La Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada tendrá los
siguientes cometidos:
a) aprobar, previo informe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, los lineamientos técnicos aplicables a proyectos de
Participación Público-Privada; guías de mejores prácticas recomendadas;
uniformización de procedimientos; manuales, modelos e instrumentos que
contribuyan al diseño y ejecución de los referidos proyectos en forma más
eficaz y eficiente
b) realizar el seguimiento de los aspectos económicos financieros
vinculados proyectos de Participación Público-Privada y su ejecución
c) verificar el cumplimiento de los aspectos presupuestarios
vinculados a los proyectos de Participación Público-Privada y su ejecución
d) evaluar la factibilidad fiscal
e) evaluar los riesgos asociados a los proyectos
f) evaluar la conveniencia, de la implementación de los proyectos por
la vía de contratos de participación público privada frente a su
implementación como proyectos de inversión pública
g) realizar los análisis que se cometen al Ministerio de Economía y
Finanzas en la Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011
h) emitir opinión sobre tratamiento contable de los contratos
i) definir la metodología para cuantificación de los topes
establecidos en el artículo 62 de la Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011
j) analizar los informes que la Administración Pública contratante
enviará a la Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada, en
virtud del cumplimiento del artículo 39 de la Ley No. 18.786 de 19 de
julio de 2011
k) administrar el registro de proyectos de Participación
Público-Privada
l) administrar el registro de auditores externos de contratos de
Participación Público-Privada
m) recomendar a la Administración Pública Contratante la contratación
de auditorías externas a los efectos del control.
Pronunciamiento de Ministerio de Economía y Finanzas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
El plazo dentro del cual deben pronunciarse se determinará, en cada caso y
de común acuerdo, con la Administración Pública contratante, en función de
la complejidad de cada proyecto de Participación Público-Privada que le
sea presentado.
El plazo que se hubiere establecido se interrumpirá cuando la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y/o el Ministerio de Economía y Finanzas
requieran a la Administración Pública contratante información o estudios
complementarios.
Registro de Proyectos
El Registro de Proyectos de Participación Público-Privada, estará a cargo
del Ministerio de Economía y Finanzas, por intermedio de la Unidad de
Proyectos de Participación Público-Privada.
Dicho Registro estará conformado por las siguientes secciones:
* Sección Proyectos de Participación Público Privada
* Sección Contratos de Participación Público Privada
* Sección Auditores de Contratos de Participación Público Privada
Las inscripciones se realizarán conforme a las formalidades que determine
la Unidad de Proyectos de Participación Público Privada.
Actos Inscribibles
Sección Proyectos de Participación Público Privada. Se inscribirán los
siguientes actos:
* Las iniciativas públicas
* Los estudios previos
* Las iniciativas privadas para el desarrollo de proyectos de
Participación Público-Privada que hubieren sido aceptadas, con o sin
modificaciones, por la Administración Pública contratante.
Sección Contratos de Participación Público Privada. Se inscribirán los
siguientes actos:
* Las resoluciones en virtud de las cuales se adjudiquen, en forma
provisional o definitiva, contratos de Participación Público-Privada.
* Los contratos de Participación Público-Privada que se suscriban
entre la Administración Pública contratante y el contratista.
* Las resoluciones que impongan sanciones al contratista en el marco
de la implementación y/o ejecución de contratos de Participación
Público-Privada.
* Las garantías otorgadas.
* Los informes de auditoría de proyectos de Participación
Público-Privada
* Los pagos anuales realizados al contratista.
* Las cesiones de contratos de Participación Público-Privada.
* Toda modificación de los contratos de Participación Público-Privada.
* La extinción de los contratos de Participación Público-Privada y su
causal.
* Las impugnaciones deducidas contra los actos inscribibles.
* Los laudos del Tribunal Arbitral que recaigan en la resolución de
conflictos que se susciten en el marco de contratos de Participación
Público-Privada.
Sección Auditores de Contratos de Participación Público Privada. Se
inscribirán los siguientes actos:
* Los auditores autorizados para la realización de auditorias
vinculadas a la ejecución
* La extinción de contratos de Participación Público-Privada.
Implementación de proyectos por la Corporación Nacional para el
Desarrollo
La implementación de proyectos de Participación Público Privada por parte
de la Corporación Nacional para el Desarrollo a que refiere el artículo 11
de la Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011 podrá aplicarse en proyectos
cuyo monto total de inversión no supere los 850 millones de Unidades
Indexadas.
El Poder Ejecutivo, en oportunidad de autorizar la implementación de un
proyecto de Participación Público Privada por la Corporación Nacional para
el Desarrollo, establecerá el plazo dentro del cual dicha Corporación
deberá transferir el proyecto al sector privado. Dicho plazo no podrá
superar en ningún caso los 36 meses, contados a partir del inicio de la
etapa de operación.
Estructuración de proyectos
La estructuración de proyectos, definida en el artículo 10 de la Ley
18.786 de 19 de julio de 2011, comprende:
* Asesoramiento y elaboración de estudios previos.
* Asesoramiento en la elaboración de bases de contratación, pliegos,
procedimientos competitivos y contratos de participación público -
privada.
* Asesoramiento en el análisis de ofertas.
* Colaboración con la Comisión Técnica en el cumplimiento de sus
cometidos.
* Asesoramiento en la elaboración de esquemas de control y
seguimiento.
Asimismo, como parte de la estructuración, la Corporación Nacional para el
Desarrollo podrá participar como agente fiduciario a efectos del control.
CAPÍTULO TERCERO
ESTUDIOS PREVIOS Y BASES DE CONTRATACIÓN
Inicio del proceso
El proceso tendiente a la suscripción de un contrato para el desarrollo de
un proyecto de Participación Público Privada, podrá iniciarse de oficio
mediante una iniciativa pública, o bien, originarse en una iniciativa
privada presentada por un proponente, en cuyo caso, se seguirá el
mecanismo dispuesto en el artículo 15 de la Ley No. 18.786 y artículo 42 y
siguientes del presente decreto reglamentario.
Estudios de evaluación previa
Los estudios de evaluación previa a que refiere el artículo 16 de la Ley
No. 18.786 de 19 de julio de 2011 serán realizados por la Administración
Pública Contratante de acuerdo a las Guías de Mejores Prácticas
Recomendadas.
Dichos estudios deberán estar divididos en las siguientes etapas:
* Perfil y Elegibilidad de proyecto
* Factibilidad
* Documento de evaluación
Guías de Mejores Prácticas Recomendadas
La Corporación Nacional para el Desarrollo elaborará las Guías de Mejores
Prácticas Recomendadas en un plazo no superior a los 30 días luego de la
publicación de este decreto reglamentario. El Ministerio de Economía y
Finanzas, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
aprobará dichas Guías con o sin modificaciones.
Los estudios realizados en base a las Guías de Mejores Prácticas
Recomendadas constituirán un insumo relevante a los efectos de la
elaboración de informes que competen al Ministerio de Economía y Finanzas
y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Perfil del proyecto
Cuando la Administración Pública Contratante proponga una iniciativa que
puede ser instrumentada bajo la modalidad Participación Público-Privada,
deberá formular un Perfil de Proyecto. Dicho Perfil deberá ser presentado
ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía
y Finanzas a efectos de que analicen la pertinencia del proyecto, su
consistencia con el plan estratégico de inversiones, pre-factibilidad
fiscal, así como con otros objetivos gubernamentales fiscales.
Elegibilidad del proyecto
Conjuntamente con el Perfil del proyecto, la Administración Pública
Contratante presentará ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el
Ministerio de Economía y Finanzas, la evaluación relativa a la
Elegibilidad del proyecto.
En esta instancia, la Administración Pública contratante deberá explicitar
los fundamentos técnicos, jurídicos, económicos y financieros por los
cuales el proyecto puede ser implementado como un Contrato de
Participación Pública-Privada.
Factibilidad
Obtenido el informe por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
y el Ministerio de Economía y Finanzas, a que refiere el artículo 18 de la
Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011, la Administración Pública
Contratante deberá elaborar un estudio de Factibilidad. Dicho estudio
deberá ser presentado ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el
Ministerio de Economía y Finanzas para su consideración e informe. La
presentación deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 12 meses a
partir de obtenido el informe a que refiere este artículo.
Documento de evaluación
Obtenido el informe por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
y el Ministerio de Economía y Finanzas, a que refiere el artículo 18 de la
Ley N° 18.786 de 19 de julio de 2011, la Administración Pública
Contratante deberá elaborar un documento de evaluación que incluirá:
* un análisis cuantitativo que muestre que el modelo de contratación
propuesto es el que permite al Estado obtener el mayor "Valor por Dinero".
* un análisis cualitativo que justifique la asignación de riesgos
propuesta y que la adopción de esta forma de contratación es la que
permite la mejor forma de satisfacción de las finalidades públicas.
* consistencia de los desembolsos futuros vinculados al Contrato con
sus previsiones presupuestales.
La presentación deberá realizarse ante la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas dentro de un plazo
máximo de ocho meses a partir de obtenido el informe a que refiere el
inciso primero de este artículo.
Bases generales de contratación
Obtenido el informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el
Ministerio de Economía y Finanzas sobre el documento de evaluación previa
a que refiere el artículo anterior, la Administración Pública contratante
elaborará las bases generales de contratación y el borrador del contrato.
En la medida en que su determinación fuere posible en esta etapa, las
bases de contratación, deberán contener los siguientes elementos:
* Procedimiento competitivo a emplear.
* Descripción del objeto de la contratación y delimitación del alcance
de las actividades a desarrollarse.
* Condiciones especiales o técnicas y requisitos de solvencia
económica exigidos a los postulantes.
* Indicación de los principales factores que se considerarán para
evaluar las ofertas, con especificación de los criterios de calificación y
de adjudicación.
* Condiciones y mecanismos de reparto de riesgos entre el contratante
y el contratista.
* Causas y procedimientos para determinar las variaciones de la
remuneración a lo largo del período de ejecución del contrato y criterios
aplicables respecto del mantenimiento del equilibrio de la ecuación
económico financiera del contrato.
* Destino de las obras y equipamientos.
* Garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento de contrato.
* Todos aquellos otros aspectos que puedan determinarse en esta
instancia y que permitan contribuir a asegurar un mayor entendimiento de
los aspectos esenciales de la contratación.
* Procedencia y condiciones en materia de modificación contractual,
conforme lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley No. 18.786 de 19
de julio 2011.
* Definición del concepto de valores anormales o desproporcionados de
las ofertas en caso que el procedimiento competitivo así lo requiera.
* Definición del concepto de apartamientos sustanciales de las ofertas
a que refiere el artículo 29 del presente decreto reglamentario.
* Alternativas de sistemas de control por parte de la Administración
Pública contratante y sus costos.
* Condiciones aplicables para gastos del procedimiento competitivo, en
caso de proyectos de alta complejidad que así lo requieran
Las bases de contratación y el borrador del contrato serán presentados a
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y
Finanzas para su aprobación. Dicha presentación deberá realizarse dentro
de un plazo máximo de seis meses a partir de obtenido el informe a que
refiere el inciso primero del presente artículo.
CAPÍTULO CUARTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Llamado público a interesados
El procedimiento de contratación se iniciará con el llamado público a
interesados.
El llamado público a interesados a presentar ofertas deberá contener, como
mínimo, la siguiente información:
* Individualización de la Administración Pública contratante
* Objeto del llamado que permita su fácil interpretación por los
posibles interesados
* Procedimiento competitivo de contratación a utilizarse
* Lugar y fechas para adquirir las bases de contratación y demás
especificaciones relativas al llamado
Publicaciones
El llamado público a presentación de ofertas será publicado en el sitio
web de contrataciones estatales sin perjuicio de otros medios que se
consideren convenientes para asegurar la publicidad del acto. La
publicación deberá hacerse con no menos de 30 días de anticipación a la
fecha en que deberán presentarse las ofertas.
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
Todo llamado público a interesados deberá incluir el requerimiento de
información que el adjudicatario provisional debe presentar relativa a la
estructura societaria del postulante a efectos de una adecuada
identificación y conocimiento del beneficiario final en caso de
contratación con el Estado, así como al origen de los fondos que se
propone destinar a la ejecución del proyecto, en el marco de la normativa
vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo, pudiendo la Administración solicitar las aclaraciones y
ampliaciones que estime pertinentes. El adjudicatario provisional deberá
presentar esta información antes de la adjudicación definitiva. En caso de
que no presente dicha información quedará sin efecto la adjudicación
provisional.
Al respecto, se solicitará informe a la Unidad de Información y Análisis
Financiero del Banco Central del Uruguay en forma previa a la adjudicación
definitiva.
Presentación de las ofertas
La presentación de las ofertas se realizará en el día y hora previamente
fijados y en el formato que exijan las bases de contratación.
Las ofertas deberán incluir todos los elementos requeridos y necesarios
para la realización del proyecto, conforme lo exigido en las bases de
contratación, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria
pero sin omitir ninguna de las exigencias requeridas.
Los oferentes deberán presentar carta de compromiso de que, en caso de
adjudicación, se constituirá una sociedad de objeto exclusivo. La misma
será debidamente constituida en el plazo de 20 días hábiles de notificada
la adjudicación provisional por resolución fundada que indica en el Art.
23 de la Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011. Asimismo, el oferente
deberá haber constituido la garantía de mantenimiento de oferta.
En lo que refiere a la individualización del oferente, deberá surgir con
claridad todos los datos que identifiquen a la/s persona/s física/s o
jurídica/s de que se trate.
Asimismo, deberá constituirse domicilio electrónico, a todos los efectos
del procedimiento de contratación.
Acto de apertura de ofertas
La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y
hora fijados en presencia de quién la Administración Pública contratante
designe a tal efecto y de los oferentes o sus representantes que deseen
asistir.
Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las
propuestas, pudiendo no obstante los presentes formular las
manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.
En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta
sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si en las
propuestas se ha adjuntado la garantía constituida, cuando ello
correspondiera.
Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por
los funcionarios actuantes y los oferentes que lo deseen hacer, quienes
podrán dejar consignadas las constancias que estimen necesarias.
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se
constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos
sustanciales contenidos en el respectivo pliego.
La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de cinco
días hábiles para salvar los defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para el caso
de proveedores del exterior y en tal caso se aplicará a todos los
oferentes.
En el contenido de las ofertas se considerarán informaciones
confidenciales las reguladas en el artículo 10 de la Ley 18.381 de 17 de
octubre de 2008.
Constitución de la garantía de mantenimiento de oferta
Los oferentes deberán constituir una garantía del mantenimiento de su
oferta en forma previa a la apertura de ofertas mediante depósito en
efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, en moneda nacional
o extranjera que la Administración deberá determinar expresamente en el
pliego. En cualquier caso, las garantías constituidas deberán tener una
vigencia mínima de 180 días.
Garantías
Las garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato se
regirán por lo establecido en los artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la
Ley 18.786 de 19 de julio de 2011 y lo que se establece en el presente
decreto reglamentario.
Plazo de vigencia de la garantía de mantenimiento de oferta
La Administración Pública contratante exigirá a los oferentes la
constitución de una garantía de mantenimiento de sus ofertas de acuerdo a
lo establecido en el artículo 25 de la Ley 18.786 de 19 de julio de 2011.
La garantía de mantenimiento de oferta deberá estar vigente a los 30 días
hábiles contados a partir de la adjudicación provisional.
El adjudicatario provisorio dispondrá de 30 días hábiles a partir de la
adjudicación provisional para constituir la garantía de cumplimiento de
contrato.
La garantía de mantenimiento de oferta será retenida por la Administración
Pública contratante en las condiciones establecidas por el artículo 26 de
la Ley 18.786 de 19 de julio de 2011.
Las garantías que no corresponda retener se devolverán de oficio por parte
de los funcionarios autorizados a ello, o a pedido del interesado, previo
informe realizado por el personal debidamente autorizado para ello.
Examen de las ofertas
Las ofertas presentadas serán examinadas por la Comisión Técnica de
acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las bases de
contratación correspondientes. En cada caso las bases establecerán el
plazo máximo en el cuál la Comisión Técnica deberá expedirse y las
condiciones en las cuales estos plazos puedan ser prorrogados.
A efectos de su evaluación, la Comisión Técnica podrá solicitar al
oferente las aclaraciones necesarias que considere pertinentes pero no se
podrá, en ningún caso, pedir ni permitir que se modifique el contenido de
la oferta. Asimismo, la Comisión Técnica podrá solicitar los
asesoramientos que considere pertinente.
Calificación de ofertas
En una primera instancia, la Comisión Técnica calificará las ofertas en
consideración al cumplimiento de aspectos formales y exigencias técnicas y
económicas.
Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a las exigencias
contenidas en las bases de contratación no podrán ser consideradas. Las
ofertas deberán ajustarse razonablemente a los requisitos técnicos y
económicos y al objeto requerido en las bases, teniendo en cuenta la
complejidad técnica del llamado.
En una segunda instancia, se procederá por la Comisión Técnica a la
evaluación de las ofertas considerando las exigencias señaladas en las
bases de condiciones y, en caso de corresponder, las siguientes:
* El correcto entendimiento del objeto del contrato y bases de
contratación.
* Antecedentes y experiencia del oferente en el objeto del contrato,
en especial, su solvencia técnica y económica.
* La calidad de los servicios a brindarse y el valor e idoneidad
técnica de la oferta.
* La oferta económica.
* La fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la
utilización de la obra o a la prestación del servicio.
* El plazo de ejecución o entrega de la prestación.
* El costo de utilización y las condiciones financieras de las
prestaciones económicas.
* Garantías ofrecidas.
* Características estéticas o funcionales consideradas en el proyecto,
así como cualquier otro elemento relevante para la contratación.
Previo a la evaluación a que refiere el inciso tercero del presente
artículo, la Comisión Técnica enviará copia de las ofertas consideradas a
la Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada.
Informe de la Comisión Técnica
La Comisión Técnica elaborará un informe en el que clasificará las ofertas
presentadas de acuerdo a los criterios de adjudicación previstos en las
bases de contratación. Dicho informe deberá contener los fundamentos que
respalden los criterios de admisibilidad y el orden de conveniencia
propuestos, elevando el mismo con todas las actuaciones al ordenador
competente.
En caso de corresponder, la Comisión Técnica podrá sugerir el rechazo de
algunas o todas las ofertas presentadas de acuerdo a los criterios de
aceptación de ofertas y de calificación regulados en las bases de
contratación.
Informe de la Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada
La Administración Pública contratante, habiendo analizado el informe de la
Comisión Técnica, comunicará a la Unidad de Proyectos de Participación
Público-Privada el resultado del examen de las ofertas, quien deberá
producir el informe requerido en el artículo 23 de la Ley 18.786 de 19 de
julio de 2011. A efectos de la elaboración del informe la Unidad de
Proyectos de Participación Público-Privada revisará la concordancia con
los estudios previos y constatará la obtención de Valor por Dinero.
Habiéndose pronunciado la Unidad de Proyectos de Participación
Público-Privada, la Administración Pública contratante otorgará vista de
las actuaciones a los oferentes por un plazo de 15 días hábiles. En caso
de que la Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada formulara
observaciones al informe de la Comisión Técnica, la vista a los oferentes
se otorgará una vez que la Administración Pública Contratante se haya
pronunciado sobre dichas observaciones.
En el plazo de la evacuación de la vista, los oferentes podrán formular
por escrito las consideraciones que les merezcan acerca del proceso
cumplido hasta el momento y el informe de la Comisión Técnica.
No será necesario esperar el transcurso del plazo, si los oferentes
manifiestan que no tienen consideraciones que formular.
Adjudicación provisional de ofertas
La Administración Pública Contratante realizará la adjudicación
provisional, o el rechazo de las ofertas presentadas, lo que deberá
notificarse a todos los oferentes.
La adjudicación se hará a la oferta más conveniente a los intereses de la
Administración Pública y las necesidades del servicio dejando expresa
constancia de los fundamentos por los cuales se adopta una resolución.
En dicha resolución se fijarán los aspectos esenciales de la contratación.
Adjudicación definitiva de ofertas
La Administración Pública otorgará un plazo no inferior a 30 días hábiles
a quien hubiere resultado calificado en primer lugar en la adjudicación
provisional, a efectos de que proporcione toda la documentación cuya
presentación se hubiera diferido para esta etapa, así como para constituir
la garantía de cumplimiento de contrato.
La adjudicación definitiva por la Administración Pública contratante, no
podrá realizarse antes de que transcurran 30 días hábiles contados desde
la última notificación de la adjudicación provisional que fuere realizada
a los oferentes.
La adjudicación definitiva será notificada a cada uno de los oferentes y
al Tribunal de Cuentas.
Nueva adjudicación provisional
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al oferente que
hubiese resultado seleccionado de acuerdo a la adjudicación provisional,
por no cumplir éste las condiciones cuyo cumplimiento se hubiera diferido
a esta etapa, la Administración Pública contratante podrá efectuar una
nueva adjudicación provisional al oferente u oferentes siguientes siempre
que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario potencial preste su
conformidad.
La nueva adjudicación requerirá, en forma previa, del informe de la Unidad
de Proyectos de Participación Público-Privada.
La resolución de adjudicación provisional será distribuida a todos los
oferentes, continuándose con el procedimiento indicado para la
adjudicación definitiva.
Conformidad del nuevo adjudicatario y vigencia de la garantía de
mantenimiento de oferta.
La conformidad a que refiere el inciso séptimo del artículo 23 de la Ley
N° 18.786 de 19 de julio de 2011, se considerará otorgada por quien no
hubiere sido designado en calidad de adjudicatario provisional en la
primera oportunidad, si no cursara a la Administración Pública Contratante
un pre-aviso de retirar la garantía de mantenimiento de oferta, dentro del
plazo de 10 días hábiles de realizada la adjudicación provisional.
Procedencia de la garantía de cumplimiento de contrato
La Administración Pública Contratante exigirá a quien resultare
adjudicatario una garantía de cumplimiento de contrato mediante depósito
en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, en moneda
nacional o extranjera que la Administración deberá determinar expresamente
en el pliego.
Cuando las especialidades del contrato a celebrarse así lo justifiquen, la
otra Administración Contratante, podrá fijar otras modalidades de
garantía, y/o establecer montos de garantía variables en el tiempo en
función del grado de avance o cumplimiento de los proyectos en ejecución.
El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía de mantenimiento
de oferta a integrar la garantía de cumplimiento del contrato o proceder a
una nueva constitución de esta última.
Constitución de la garantía de cumplimiento de contrato
La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser constituida por el
adjudicatario en el plazo que fije la Administración Pública Contratante.
La adjudicación del contrato podrá dejarse sin efecto si el adjudicatario
no cumple con la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato
en el plazo fijado, sin perjuicio de la pérdida de la garantía de
mantenimiento de la oferta previamente constituida a favor de la
Administración Pública Contratante.
Plazos en el procedimiento administrativo de contratación
Los plazos señalados en el procedimiento de contratación se cuentan por
días corridos, a excepción de aquellos en que se deja expresa constancia
que su cómputo procede en días hábiles. A tal efecto, se entiende por días
hábiles aquellos en que funcionen las oficinas de la Administración
Pública contratante.
Los plazos se contarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de oficina del
día respectivo. En caso de que el vencimiento del plazo ocurriera en un
día feriado o inhábil, el mismo se extenderá hasta el día hábil inmediato
siguiente.
Notificaciones en el procedimiento administrativo de contratación
Las comunicaciones y resoluciones de la Administración Pública contratante
dictadas durante la tramitación del procedimiento de contratación serán
notificadas personalmente al interesado.
La notificación personal se realizará en el domicilio electrónico
constituido. La notificación se considerará realizada cuando esté
disponible en la casilla de destino.
Las notificaciones que deban practicarse acompañadas de documentos
emitidos en soporte papel, se entenderán efectuadas en el momento en que
el interesado retire o acceda a las correspondientes copias, actuaciones o
expediente administrativo en su caso, dejándose expresa constancia de tal
circunstancia o, en su defecto, luego de transcurridos tres días hábiles
contados del siguiente al que estuviere disponible la comunicación
electrónica en la casilla del interesado, siempre que la documentación
estuviere disponible para su consulta en las oficinas de la
Administración.
Consulta de las actuaciones administrativas
El interesado o su abogado patrocinante podrán consultar las actuaciones
administrativas en cualquier momento, salvo con respecto a las piezas que
posean carácter confidencial, reservado o secreto (artículos 8, 9 y 10 de
la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008) o cuando ello represente un
obstáculo para el trámite normal que se esté cumpliendo o un perjuicio
cierto para los derechos de otros interesados.
En ningún caso, la excepción de la consulta a las actuaciones en base al
secreto, la reserva o la confidencialidad, pueden ser opuestas respecto de
la situación del propio interesado en el procedimiento de contratación, ni
afectar el derecho de defensa de los participantes en el procedimiento de
contratación.
Para la evacuación de vistas o interposición de recursos administrativos,
la exhibición de las actuaciones no podrá limitarse, pudiendo la
Administración Pública desglosar aquellos documentos que tengan carácter
confidencial, reservado o secreto, siempre que no refieran a la situación
del interesado y hubieren servido de motivación de la decisión a
adoptarse.
Si el expediente no pudiera ser consultado por el interesado, los plazos
se contarán a partir del día en que dicho acceso fuere posible. En tal
caso, se dejará expresa constancia de tal circunstancia.
El retiro de las copias de las actuaciones administrativas será en todos
los casos bajo la responsabilidad del abogado patrocinante quien deberá
firmar recibo en forma.
Si la calidad de abogado patrocinante no surgiera de las actuaciones
administrativas, deberá previamente denunciarse por el interesado la
existencia del patrocinio con indicación del profesional que lo haya
tomado a su cargo, lo que podrá efectuar aquel por simple manifestación
verbal cuyos extremos se harán constar en el expediente.
CAPÍTULO QUINTO
INICIATIVA PRIVADA
Presentación ante la Corporación Nacional para el Desarrollo
Las iniciativas privadas cuya ejecución, a juicio del proponente,
requieran de la implementación de un Contrato de Participación
Público-Privada, deberán ser presentadas ante la Corporación Nacional para
el Desarrollo.
Contenido de la presentación
La presentación deberá ser acompañada de toda la información relativa al
proyecto, y contendrá obligatoriamente y en el orden que se indica:
a) Nombres y apellidos completos del proponente y fotocopia de la
cédula de identidad, o razón social en su caso, domicilio real y el
constituido a estos efectos, teléfono, fax, dirección electrónica. Si se
trata de una persona jurídica, se adjuntarán los antecedentes que
acrediten su existencia y vigencia legal y las facultades de
representación de sus mandatarios y de quienes otorgaran sus poderes.
b) Número de Registro Único Tributario (RUT).
c) Número de afiliación al Banco de Previsión Social (BPS)
d) Nombre y tipo del proyecto.
e) Ubicación geográfica precisa y área de influencia.
f) Descripción del proyecto, de las obras a realizarse y de los
servicios que se prestarían.
g) Administración Pública que estima competente.
h) Todo otro elemento o dato que juzgue de interés para la mejor
comprensión de la iniciativa.
Asimismo, deberá presentarse una garantía de mantenimiento de la
iniciativa equivalente a un 0.5% del monto de la inversión con una
vigencia mínima de 180 días.
Estudio de pre-factibilidad
El proponente deberá acompañar su iniciativa con un estudio de
prefactibilidad que demuestre a ese nivel su viabilidad, el que deberá
incluir obligatoriamente y en el orden que se expresa:
a) Padrón o padrones donde se realizarían las obras, propiedad de los
mismos y su necesidad o no de expropiación total o parcial.
b) Estimación de demandas y su tasa de crecimiento anual, indicando el
porcentaje de variación esperada.
c) Inversión presupuestada y costos de operación, incluyendo el
porcentaje de variación esperada.
d) Análisis financiero a nivel de perfil.
e) Evaluación social a nivel de perfil, incluyendo las alternativas no
tarifadas que tenga el servicio que se propone.
f) Riesgos asociados a la iniciativa.
g) Condiciones económicas que podría tener el contrato a nivel
tarifario y/o de subsidio, pagos y contraprestaciones públicas que estima
necesarios.
h) Análisis ambiental que permita evaluar su impacto.
i) Todo otro elemento o dato que considere conveniente para la mejor
evaluación de la iniciativa.
En todos los casos, se explicitará su respaldo y fundamento, y se
indicarán las fuentes de información utilizadas.
Formalidades del estudio de pre-factibilidad
La presentación del estudio de pre-factibilidad se hará en un original y
tres copias debidamente firmadas en todas sus páginas por el proponente o
sus representantes legales.
La Corporación Nacional para el Desarrollo registrará la fecha y hora de
recibido cada uno de los ejemplares, y en ese momento devolverá al
proponente una copia debidamente registrada.
En caso de que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 61° de la
Ley N° 18.786 de 19 de julio de 2011, reciba en el plazo legal iniciativas
en trámite presentadas al amparo de lo previsto en los artículos 19 y 20
de la Ley N° 17.555 de 18 de setiembre de 2002, la Corporación Nacional
para el Desarrollo entregará un recibo al Ministerio u organismo
remitente, y antes de transcurridos treinta días calendario comunicará su
recepción al proponente.
Dentro del plazo de 15 días hábiles, revisará si la iniciativa presentada
o trasladada, cumple con los requisitos formales exigidos.
Podrá otorgar hasta un plazo máximo de 15 días calendario para que el
proponente subsane los errores u omisiones en que incurriera, y
proporcione la información complementaria que en forma concreta le
solicite la Corporación Nacional para el Desarrollo. Durante dicho lapso
se interrumpirá el plazo para expedirse.
Evaluación del estudio de pre-factibilidad por la Corporación Nacional
para el Desarrollo
Proporcionada en forma toda la información requerida, la Corporación
Nacional para el Desarrollo procederá a evaluar técnicamente la propuesta,
y dentro del plazo máximo de 30 días calendario siguientes, remitirá el
informe resultante a la Administración Pública que estime competente.
La evaluación deberá expresar necesariamente si la iniciativa:
a) se encuentra o no comprendida en el ámbito de aplicación previsto
por el artículo 3° de la Ley N° 18.786 de 19 de julio de 2011.
b) cumple o no con los principios y orientaciones generales requeridos
por el artículo 4° de la Ley N° 18.786 de 19 de julio de 2011.
c) puede ejecutarse mediante Contrato de Participación
Público-Privada, o existe alguna o algunas modalidades alternativas de
contratación que permiten una mejor satisfacción de las finalidades
públicas. A estos efectos deberá acompañar un análisis comparativo con
otras formas alternativas de contratación, en términos técnicos,
jurídicos, económicos y financieros, y de impacto social y medioambiental,
que justifiquen la opción informada.
d) es viable o no desde el punto de vista de su pre-factibilidad, y si
deben o no introducírsele modificaciones, y en caso afirmativo, cuáles.
Carácter no vinculante del pronunciamiento de la Corporación Nacional
para el Desarrollo
La evaluación técnica efectuada por la Corporación Nacional para el
Desarrollo tiene el carácter de asesoramiento, no es vinculante ni
obligatoria para la Administración Pública Competente, y no implica
aprobación alguna ni genera ningún derecho al proponente.
Pronunciamiento de la Administración Pública contratante
Recibido el informe técnico a que refiere el artículo anterior, la
Administración Pública contratante resolverá sobre la aceptación,
modificación o rechazo de la iniciativa, la que será notificada
personalmente al proponente.
Habiéndose aceptado, con o sin modificaciones la iniciativa, el proponente
elaborará el estudio de factibilidad del proyecto, observando los
lineamientos indicados por la Administración, conforme lo establecido en
el artículo 16 de la Ley No. 18.786, en cuanto corresponda, y a los
requerimientos que establezca la Administración Pública contratante.
El plazo para la elaboración de dicho estudio será fijado en cada caso y
de común acuerdo con la Administración Pública contratante, en función de
la complejidad del proyecto presentado.
En caso de que por cualquier causa el promotor no realice los estudios de
factibilidad dentro del plazo acordado, la Administración Pública podrá
realizarlos por sí o contratarlos conforme a los procedimientos de
contratación que corresponda, perdiendo aquel todo derecho a recibir
contraprestación o beneficio alguno.
Evaluación por la Administración Pública contratante del estudio de
factibilidad presentado por el proponente
La Administración Pública analizará los estudios presentados por el
proponente, y de aprobar los mismos, elaborará un documento de evaluación
en que se ponga de manifiesto la viabilidad y conveniencia de la
iniciativa presentada, los estudios previos y bases de contratación.
Informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de
Economía y Finanzas
Los estudios de evaluación previa y bases de contratación a que refiere el
artículo anterior serán presentados ante la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Llamado público a interesados
Una vez obtenido el informe a que refiere el artículo precedente, la
Administración Pública contratante podrá realizar el llamado público a
interesados a que refiere el artículo 19 de la Ley No. 18.786 del 19 de
julio de 2011.
Derechos del proponente
El proponente de una iniciativa privada gozará de los derechos y
preferencias establecidos en el artículo 37 de la Ley No. 18.786 de 19 de
julio de 2011.
Para obtener la devolución de los costos asociados al estudio de
factibilidad realizado, los mismos deberán ser previamente aprobados por
la Administración Pública contratante. A esos efectos el proponente deberá
presentar un presupuesto de costos previo a la elaboración del estudio de
factibilidad y su posterior liquidación detallada una vez concluido el
estudio. Transcurridos 30 días sin que la Administración Pública
Contratante se expida, el estudio de factibilidad realizado se considerará
aprobado.
Confidencialidad de la iniciativa privada
Toda la información relativa a la iniciativa privada presentada tendrá
carácter confidencial.
Dicha confidencialidad se mantendrá hasta el momento en que la
Administración Pública contratante adopte la decisión de efectuar un
llamado público para participar en un diálogo competitivo o para presentar
ofertas. En ningún caso, la confidencialidad podrá oponerse a los
organismos públicos que según la Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011
deben pronunciarse sobre la iniciativa privada presentada.
Si no se efectuara el llamado público, la confidencialidad se mantendrá
hasta por un período de dos años, contados desde la presentación de la
iniciativa a la CND.
CAPÍTULO SEXTO
DIÁLOGO COMPETITIVO
Finalidad
El diálogo competitivo tiene por finalidad contar con el aporte de medios
técnicos especializados del sector privado con el objetivo de lograr las
mejores soluciones para satisfacer las necesidades públicas que hayan sido
identificadas por la Administración Pública contratante, así como
establecer las características esenciales que deben presentar el
contratista y su proyecto para obtener, durante la ejecución del contrato
de Participación Público-Privada, la mayor eficiencia económica.
Inicio del procedimiento de diálogo competitivo
En caso de optar por el procedimiento de diálogo competitivo la
Administración Pública contratante efectuará un llamado público a los
interesados en participar del diálogo competitivo, el que deberá contener,
como mínimo, los siguientes elementos:
* Plazo de duración del Diálogo Competitivo
* Individualización de la Administración Pública contratante.
* La delimitación de aquellos aspectos esenciales del llamado que sean
posibles identificar en esta etapa, tales como:
* Objeto de la contratación.
* Requisitos de solvencia técnica y económica exigidos.
* Requisitos sobre prevención de lavado de activos a que refiere el
artículo 22 del presente decreto reglamentario.
* Determinación acerca de, si una vez concluido el diálogo, solo
podrán presentar ofertas quien o quienes hayan participado en el mismo, o
si la presentación de ofertas será abierta a cualquier interesado.
* Método competitivo a utilizarse para la adjudicación del contrato e
indicación resumida de sus diferentes etapas.
* Otorgamiento de preferencias o compensaciones para los participantes
en el diálogo competitivo.
* Requisitos a exigir a quiénes no participan del Diálogo Competitivo,
si correspondiera.
* Criterios de evaluación aplicables para la selección de las
solicitudes.
* Contenido y formalidades que deberán cumplir las solicitudes de
participación en el diálogo competitivo.
* Elementos no sujetos a Diálogo
* Lugar y fecha en que deberán presentarse las solicitudes de
participación
* Fecha en que comenzará la fase de diálogo competitivo.
* Criterios de calificación y descalificación de los interesados a
efectos de proceder con el diálogo competitivo.
Publicidad del llamado al diálogo competitivo
El llamado a interesados será publicado en el sitio web de contrataciones
estatales sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes
para asegurar la publicidad del acto.
La publicación deberá hacerse con no menos de 30 días de anticipación a la
fecha en que deberán presentarse las solicitudes de participación en el
diálogo competitivo o con no menos de 45 días cuando se estime necesario o
conveniente la concurrencia de proponentes radicados en el exterior.
Presentación de solicitudes a participar en el diálogo competitivo
La presentación de las solicitudes a participar en el diálogo competitivo
deberán presentarse en los términos y condiciones establecidos en el
llamado.
Evaluación de las solicitudes presentadas para participar en el diálogo
competitivo
La Administración Pública contratante seleccionará a los postulantes que
hubieren cumplido con los requisitos de solvencia técnica y económica
exigidos, así como los con criterios de calificación y descalificación
señalados en el artículo 55 del presente decreto reglamentario, quienes
serán notificados y podrán pasar a la siguiente etapa.
Durante el procedimiento de diálogo competitivo, la Administración Pública
contratante podrá mantener, con el o los interesados y en forma conjunta
y/o individual con cada uno de ellos, instancias de negociación con la
finalidad de obtener los insumos necesarios para confeccionar en los
estudios previos y bases de contratación a que refiere el artículo 16 y 18
de la Ley No. 18.786, asegurando el trato igualitario dispuesto en el
artículo 20 de dicha Ley.
Procedimiento
La Administración Pública contratante mediante resolución fundada podrá
aplicar el procedimiento de diálogo con aquel o aquellos postulantes que
hubieren presentado su solicitud de participar en esta etapa, y hubieren
sido seleccionados de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 del
presente decreto reglamentario.
Tramitación del procedimiento de diálogo competitivo
El procedimiento podrá articularse en sucesivas fases, a fin de reducir
progresivamente el número de soluciones a examinar durante la etapa de
diálogo competitivo.
En el transcurso de este procedimiento podrán debatirse individualmente
con cada uno de los postulantes todos los aspectos del contrato y, en
especial, aquellos que constituyen los elementos esenciales del mismo
conforme surge del artículo 17 de la Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011
a efectos de contribuir a la definición del pliego de condiciones
particulares.
De todo lo actuado, se dejará constancia en actas resumidas que serán
firmadas por los funcionarios de la Administración Pública contratante y
por los interesados que participen en el diálogo. Asimismo, la
Administración Pública contratante podrá registrar las diferentes
instancias del diálogo mediante los medios técnicos que considere
pertinentes.
Cierre del diálogo competitivo
Una vez que a juicio de la Administración Pública contratante se arribe a
las soluciones adecuadas al objeto de la contratación se declarará cerrada
la etapa de diálogo por parte de la Administración Pública contratante, lo
que será notificado a todos los participantes del diálogo y se procederá a
la confección de los estudios previos y bases de contratación a que
refieren los artículos 16 y 18 de la Ley No. 18.786 del 19 de julio de
2011.
Tras declararse cerrado el diálogo competitivo se proseguirá con el
llamado a público a interesados a presentar ofertas.
En caso que la presentación de ofertas estuviera limitada únicamente a
quienes hubieran participado en la etapa de diálogo, la Administración
Pública contratante notificará personalmente a cada participante la fecha
y condiciones en que se recibirán las ofertas. La notificación deberá
individualizar todos los elementos necesarios que deberán contener la
propuesta. Este procedimiento no será de aplicación en caso que durante la
etapa de diálogo hubiere participado un único participante, debiendo
aplicarse en tal caso el procedimiento de llamado público a interesados
regulado en el artículo 19 de la Ley 18.786 del 19 de julio de 2011.
Igualdad y confidencialidad
En el diálogo competitivo, se dará un trato igualitario a todos los
participantes y, en particular, no se les facilitará de forma
discriminatoria información que pueda dar ventajas a determinados
participantes con respecto al resto. No se podrá revelar a los demás
participantes las soluciones propuestas por un participante u otros datos
confidenciales que éste les comunique, sin su previo consentimiento.
Plazos y notificaciones
Los plazos y notificaciones en el procedimiento del diálogo competitivo se
regirán conforme a lo previsto en el artículo 55 del presente decreto
reglamentario.
CAPÍTULO SÉPTIMO
CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Formalización del Contrato
El contrato deberá formalizarse por escrito y conforme a lo que
establezcan en cada caso las bases de condiciones, dentro de un plazo que
no podrá ser inferior a 10 días hábiles, ni superior a 30 días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la última notificación del acto de
adjudicación definitiva, siempre que no se hubieran interpuestos recursos
administrativos contra dicho acto.
En caso que se hubieran interpuesto recursos administrativos contra el
acto de adjudicación definitiva, el contrato deberá formalizarse por
escrito en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de que el acto
quede firme o, en su caso, desde el levantamiento del efecto suspensivo
del recurso.
Cuando por causas imputables al adjudicatario definitivo no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración
Pública contratante podrá revocar el acto de adjudicación, así como
proceder a la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta que se
hubiese constituido.
Contenido del contrato
Los contratos de Participación Público-Privada deberán incluir todos
aquellos elementos que permitan una correcta ejecución del objeto del
mismo; la delimitación de las obligaciones asumidas por cada parte y, en
especial, los elementos reseñados en el artículo 17 de la Ley No. 18.786
de 19 de julio de 2011.
Asimismo, en el contrato deberá estipularse la obligación del contratista
de aplicar lo que, en cada momento y según el progreso de la ciencia,
disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y
eliminación de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de
aplicación.
CAPÍTULO OCTAVO
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Competencia de control
La Administración Pública contratante será la competente para controlar el
cumplimiento del contrato, debiendo informar a la Unidad de Proyectos de
Participación Público-Privada, con una periodicidad semestral, el estado
de cumplimiento del mismo y cualquier alteración sustancial o
incumplimiento dentro de los diez días hábiles de verificada dicha
circunstancia. A estos efectos, se entenderá por alteración sustancial,
toda intención de modificación unilateral, bilateral o de renegociación
del contrato.
Los informes mencionados en el inciso anterior deberán elaborarse
siguiente las pautas de Mejores Prácticas recomendadas - Guía para
presentación de informes de control y seguimiento por el Ministerio de
Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Instrumentos para el ejercicio de competencias de control
Para el ejercicio de las funciones de contralor, la Administración Pública
contratante tendrá amplias facultades y podrá utilizar diferentes
instrumentos para el ejercicio de funciones tales como requerimientos de
información, auditorías externas, evaluación de desempeño, inspecciones y
peritajes.
A estos efectos, el contratista, subcontratistas y suministradores del
contratista principal quedarán obligados a proporcionar, a requerimiento
de la Administración Pública contratante, toda la información y
documentación relativa al cumplimiento del contrato que esta les requiera,
sin poder oponer a su respecto el secreto comercial.
En caso que la Administración Pública contratante requiera de servicios de
auditoria externa, el auditor deberá estar registrado en el Registro de
Auditores que administrará la Unidad de Proyectos de Participación
Público-Privada.
Solicitud de auditorías por la Unidad de Proyectos de Participación
Público-Privada
La Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada podrá, mediante
informe fundado, recomendar a la Administración Pública la contratación de
auditorías externas específicas que contribuyan a garantizar el correcto
seguimiento de los contratos indicándose, en cada caso, alcance y
objetivos de la auditoría a realizarse.
Régimen sancionatorio
Los contratos suscritos para el desarrollo de proyectos de Participación
Público-Privada deberán establecer las sanciones aplicables para los
distintos casos de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la
prestación objeto del mismo, así como los factores agravantes o atenuantes
en caso de corresponder. Las sanciones se graduarán en función de la
gravedad y de la reiteración de los incumplimientos, pudiéndose llegar a
la rescisión del contrato.
Ampliación de la garantía de cumplimiento del contrato
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía de cumplimiento de
contrato penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario
(artículos 28 y 44 de la Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011), éste
deberá reponer o ampliar la misma, en la cuantía que corresponda, en el
plazo de quince días desde la aplicación de la sanción, incurriendo en
caso contrario en causa de rescisión del contrato.
Cuando el contrato experimente variación en el precio, deberá reajustarse
la garantía para que la misma guarde la debida proporción con el nuevo
precio. La nueva garantía deberá constituirse en un plazo de quince días
contados desde la fecha en que se notifique al contratante el acuerdo de
modificación. El monto que corresponda reajustar se definirá, en cada
caso, conforme a los criterios establecidos en el contrato o, en su
defecto, de común acuerdo entre las partes.
Modificación del contrato por la Administración Pública
El Contrato de Participación Público-Privada podrá reconocer la potestad
de la Administración contratante de modificar el contrato, estipulándose
los aspectos concretos del contrato susceptible de tal modificación, las
contraprestaciones que en su caso correspondan, así como el monto máximo
de la inversión adicional que las modificaciones podrán requerir y el
plazo dentro del cual la potestad podrá ser ejercida.
Habiéndose estipulado la potestad reseñada, la Administración Pública
contratante elaborará un informe técnico en el cual se establecerán los
motivos y demás aspectos que justifican la modificación del contrato,
especificando el alcance y contenido de la modificación. Dicho informe
será elevado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de
Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas debiendo expedirse, cada uno
de los mencionados, en el plazo de 45 días corridos contados desde la
recepción del informe técnico.
La modificación del contrato no podrá realizarse sin la obtención previa
de un informe por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del
Ministerio de Economía y Finanzas. En todo caso, el monto máximo de las
nuevas inversiones o gastos del servicio, requeridos por las
modificaciones dispuestas conforme al inciso anterior, se establecerá en
cada pliego y no podrá en ningún caso exceder del 20% (veinte por ciento)
del presupuesto de la obra o del gasto en operación acordado en el
contrato original.
Modificación bilateral del contrato
El Contrato de Participación Público-Privada podrá establecer condiciones,
cumplidas las cuales las partes podrán, de común acuerdo, acordar su
revisión. Si dicha posibilidad no estuviere prevista en el contrato, las
partes no podrán modificar el mismo, salvo la opción de renegociación a
que refiere el artículo 49 de la Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011.
Pactada que fuera la posibilidad de modificar el contrato podrán,
asimismo, estipularse los aspectos del contrato que podrán ser objeto de
modificación e, incluso, las soluciones entre las cuales podrán optar las
partes al modificar el contrato, el monto máximo de la inversión adicional
que las modificaciones podrán requerir y el plazo dentro del cual la
revisión podrá acordarse.
En todo caso, el monto máximo de estas nuevas inversiones no podrá exceder
del 50% (cincuenta por ciento) del presupuesto de la obra o del gasto en
operación conforme al contrato original, y en la etapa de construcción
dicho porcentaje no podrá exceder del 30% (treinta por ciento).
Renegociación de los contratos
Cualquiera de los co-contratantes podrá solicitar a la contraparte la
renegociación del Contrato de Participación Público-Privada, cuando ocurra
alguna de las hipótesis previstas en el artículo 49 de la Ley No. 18.786.
La parte que solicite renegociar el contrato deberá notificarlo a la
contraparte indicando las cláusulas objeto de renegociación, las causales
que la justifican, así como las soluciones sugeridas en tal sentido.
En lo que refiere a lo expresado en la hipótesis B) del Art 49 de la Ley
18.786 de 19 de julio de 2011, solo podrán considerarse como causas de
fuerza mayor, a los efectos de la renegociación, las que afecten las
variables del proyecto que sean enumeradas en forma taxativa en cada
Contrato de Participación Pública-Privada.
Condición temporal para proceder a la modificación o renegociación del
contrato de Participación Público-Privada
Todo Contrato de Participación Público - Privada, deberá establecer el
plazo transcurrido desde la celebración del mismo, durante el cual la
Administración Pública contratante no podrá solicitar, ni aceptar
solicitudes de modificación, ni renegociación del contrato.
Subcontratación
El contratista podrá subcontratar a terceros las prestaciones puestas a su
cargo, salvo que el contrato o lo pliegos dispongan lo contrario o que por
su naturaleza y condiciones se deduzca que el contrato debe ser ejecutado
directamente por el contratista.
El contratista que realice subcontrataciones, deberá exigir a los
subcontratistas el cumplimiento de todas las obligaciones formales y
materiales que deriven del contrato principal, de las bases de
contratación así como de la normativa legal y reglamentaria vigente.
Cesión del contrato
El contratista deberá solicitar a la Administración Pública contratante
autorización previa y expresa para ceder total o parcialmente el contrato
de Participación Público-Privada.
La solicitud que deberá dirigirse a la Administración Pública contratante
deberá incluir, entre otros aspectos: los plazos y condiciones en que se
procederá a la cesión del contrato; delimitación precisa del alcance de la
cesión y objeto sobre el cual recae; un informe que avale las cualidades
técnicas, económicas y financieras del cesionario para la debida ejecución
del contrato.
En el plazo de 90 días contados desde la presentación de la solicitud de
cesión, la Administración contratante deberá verificar si el cesionario
propuesto reúne todos los requisitos y condiciones necesarios para el
correcto cumplimiento del contrato pudiendo solicitar las ampliaciones o
aclaraciones que considere pertinentes en tal sentido.
Habiendo transcurrido el plazo reseñado, sin que la Administración
resolviera sobre la solicitud de cesión, se entenderá que la misma es
rechazada. Sin perjuicio de ello, la Administración Pública contratante
podrá resolver, en cualquier momento, en forma expresa sobre la solicitud
de la cesión, sea aceptándola, aceptándola con modificaciones o
rechazándola total o parcialmente.
La decisión expresa de la Administración Pública contratante, será
notificada personalmente al contratista.
En la resolución por la cual se autorice la cesión del contrato, se
indicará expresamente el alcance y contenido de la cesión; los plazos
dentro de los cuales la cesión deberá instrumentarse así como la
constitución de la garantía correspondiente.
Hasta tanto no se cumplan todas las formalidades relativas a la cesión y
constitución de garantías, el contratista cedente mantendrá todas sus
obligaciones frente a la Administración.
CAPÍTULO NOVENO
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Solicitud de Arbitraje
La parte que recurra al arbitraje deberá notificarlo a la contraparte en
la forma establecida en el contrato o, en su defecto, por cualquier medio
fehaciente.
Constitución del Tribunal Arbitral
Transcurrido el plazo de 30 días corridos de recibida por la contraparte
la solicitud de arbitraje enviada por el solicitante a que refiere el
artículo anterior, sin que ninguna de las partes designe árbitro, la
designación se realizará por el Juez competente conforme al procedimiento
establecido en el artículos 480 y 494 del Código General del Proceso.
Autonomía de la convención Arbitral
La convención arbitral es autónoma respecto del contrato base. La
inexistencia o invalidez de éste, no implica la nulidad de la convención
arbitral.
Las cuestiones relativas a la existencia y validez de la convención
arbitral serán resueltas por el tribunal arbitral, de oficio o a solicitud
de parte.
En todo lo no previsto en la Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011 y en el
presente decreto reglamentario, resultará aplicable lo dispuesto en los
artículos 480 a 507 del Código General del Proceso.
CAPÍTULO DÉCIMO
GARANTÍAS EN BENEFICIO DE LOS ACREEDORES
Garantías a otorgarse por el contratista
El contratista de un proyecto de Participación Público Privada podrá
constituir, en beneficio de sus acreedores en virtud de la ejecución de
ese contrato, todo tipo de garantías personales o reales.
Al momento de celebrarse el respectivo contrato, el contratista podrá
asimismo asumir la obligación de ceder su contrato de Participación
Público Privado a favor del o los acreedores del proyecto, a efectos de
que dichos acreedores asuman el cumplimiento del contrato mediante la
cesión del mismo a un tercero.
El contrato definirá los supuestos de riesgos de incumplimiento que
facultarán al acreedor a exigir el cumplimiento de la obligación de cesión
del contrato por parte del contratista.
En todo caso en que opere la cesión del contrato, deberá contarse con la
autorización previa y expresa de la Administración Pública contratante, la
que deberá verificar que el cesionario propuesto reúne los requisitos y
condiciones necesarios para continuar el cumplimiento del contrato.
Producida esta cesión, el cesionario quedará subrogado en todos los
derechos y obligaciones que correspondan al cedente.
Derecho de contralor
Cuando el valor del Contrato de Participación Público Privada prendado
sufriera grave deterioro, por causas imputables al contratista, el
acreedor prendario podrá solicitar a la Administración contratante
pronunciamiento sobre la existencia efectiva de dicho deterioro.
Si el daño se confirmara, el acreedor prendario podrá, asimismo, solicitar
de la Administración contratante que ordene a éste hacer o no hacer lo que
proceda para evitar o remediar el daño, bajo apercibimiento de resolución
del contrato.
Si el contratista no remediare el daño causado y procediera la resolución
del contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones del
contratista, la Administración, antes de resolver, deberá notificar al
acreedor prendario de la decisión de resolver el contrato de acuerdo a lo
establecido en el artículo 57 de la Ley No. 18.786 de 19 de julio de 2011,
a efectos de notificar su pretensión de ejecutar la prenda o en su caso,
de continuar con el cumplimiento del contrato en forma directa o bien
mediante la cesión a un tercero conforme lo dispuesto en el artículo
anterior.
Convocatoria a subasta
A efectos de realizar la ejecución extrajudicial de la prenda de acuerdo a
lo previsto por el artículo 58 de la Ley No. 18.786 de 19 de julio de
2011, la Administración contratante convocará en forma pública a los
interesados en participar en la subasta, mediante publicaciones en el
Diario Oficial y en un diario de circulación nacional, así como mediante
otras publicaciones en el Uruguay o en el exterior que pueda entender
pertinentes a efectos de comunicar la subasta a la mayor parte de
interesados que sea posible.
En dicha oportunidad la Administración contratante determinará las
condiciones y plazos para la subasta, incluyendo los requisitos que
deberán cumplir los oferentes, lo cual dependerá del grado de cumplimiento
del Contrato de Participación Público-Privada que se ejecuta.
Presentación de oferentes
Los oferentes interesados en participar de la subasta, deberán acreditar
ante la Administración contratante, en forma previa a la subasta, el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el llamado.
La Administración pública contratante autorizará la participación en la
subasta a aquellos oferentes que hayan acreditado el cumplimiento de los
requisitos exigidos, dentro de los plazos establecidos en el llamado
público realizado. Solamente estarán autorizados a participar en la
subasta aquellos oferentes que hayan sido previamente autorizados a tales
efectos por la Administración contratante.
Asunción de mejor postor en la subasta
Realizada la subasta, el mejor postor deberá suscribir todos los
documentos necesarios para asumir los mismos derechos y obligaciones del
contratista original, tanto frente a la Administración como a su acreedor
prendario si subsistieran deudas garantizadas por la prenda.
En caso que subsistan deudas garantizadas por la prenda, el nuevo
contratista deberá suscribir toda la documentación que sea necesaria
frente al acreedor prendario, incluyendo la firma de un nuevo contrato de
prenda de su contrato.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Modalidad de ejecución
La Administración Pública contratante podrá realizar el control y
seguimiento por sí, a través de terceros - contratando los mismos de
acuerdo al TOCAF- o contratando a la Corporación Nacional para el
Desarrollo como agente fiduciario.
En los pliegos la Administración Pública contratante deberá definir cuál
es el esquema de control del contrato que utilizará, y se establecerá como
parte de la oferta a presentar el costo asociado a este control.
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DISPOSICIONES VARIAS
Requisitos previos
Cuando la Administración contratante sea un organismo comprendido en el
artículo 220 o artículo 221 de la Constitución de la República, previo
llamado a ofertas, deberá incluir una estimación de pagos a realizarse por
concepto del futuro Contrato de Participación Pública-Privada, en ocasión
de la presentación de las proyecciones de sus respectivos presupuestos
ante el Poder Ejecutivo.
Cuando la Administración contratante sea Gobierno Departamental, previo
llamado a ofertas, deberá incluir una estimación de pagos a realizarse por
concepto del futuro Contrato de Participación Pública-Privada, en ocasión
de la presentación de su presupuesto presupuestal ante la Junta
Departamental según lo establecido en el artículo 223 de la Constitución.
Obligaciones de la Administración Pública contratante
Dentro de los 90 días de iniciado cada ejercicio, los Incisos de la
Administración Central y las Empresas Públicas que tengan contratos de
Participación Público-Privada, deberán remitir al Ministerio de Economía y
Finanzas, el flujo de fondos proyectado así como del informe de los
pasivos contingentes de cada contrato por el período de vigencia del
mismo, en la forma y condiciones que establezca la referida Secretaría de
Estado.
Los presupuestos proyectados de las empresas públicas deberán acompañarse
del referido flujo de fondos e informe de pasivos contingentes, los cuales
deberán estar contemplados en los proyectos así como en los presupuestos
aprobados.
Incompatibilidades
Con excepción de la CND, una empresa contratada por la Administración
Publica para ejecutar obras o para prestar algún servicio (distinto a los
servicios de consultoría), así como su matriz o filiales, o empresas del
mismo grupo económico, estará descalificada para prestar servicios de
consultoría relacionados con la estructuración de proyectos de
participación publico privada que involucren a tales obras o servicios.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley 17.786
del 19 de julio de 2011, ninguna empresa contratada para prestar servicios
de consultoría en la preparación de un eventual contrato de participación
publico privada, así como su matriz, filiales o empresas del mismo grupo
económico, podrá posteriormente suministrar bienes o ejecutar obras o
prestar servicios (distintos a los servicios de consultoría) que se
generen como resultado de los servicios de consultoría contratados.
Las empresas consultoras, sin excepción, incluido su personal o
subcontratados, su matriz, filiales o empresas del mismo grupo económico,
que estén asesorando a la Administración Pública en el proceso de
contratación, excluyendo los estudios previos, no podrán ser oferentes, ni
haber asesorado o asesorar a ningún oferente respecto del mismo objeto de
contratación.
En cualquier caso, la Administración Pública deberá poner a disposición de
los oferentes toda la información que le haya sido suministrada a la
empresa contratada para prestar servicios de consultoría, cuyo
desconocimiento pueda significar una desventaja técnica a uno o varios
oferentes.
Quienes sean funcionarios públicos o contengan cualquier otro vinculo
laboral con la Administración Pública contratante, o con la Corporación
Nacional para el Desarrollo en caso de que actúe como su asesora, no
podrán ser contratados como consultores individuales o como miembros de un
equipo de una empresa consultora.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; JORGE VÁZQUEZ; ROBERTO CONDE;
FERNANDO LORENZO; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; MARÍA SIMON; ENRIQUE
PINTADO; EDGARDO ORTUÑO; NELSON LOUSTAUNAU; LEONEL BRIOZZO; DANIEL GARÍN;
HÉCTOR LESCANO; GRACIELA MUSLERA; DANIEL OLESKER.