MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y PREVISION SOCIAL
Decreto-ley
Se cambia una denominación y se modifica un estatuto orgánico, obteniéndose así la Caja de Jubilaciones Bancarias.
Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social.
Montevideo, Enero 29 de 1943. - Número 3050/942.
Vistos estos antecedentes relacionados con las reformas al Estatuto Orgánico de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados de las Instituciones Bancarias y Bolsas de Comercio,
El Presidente de la República, en uso de sus facultades extraordinarias, y con la opinión del Consejo de Estado
DECRETA:
Denominación
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de los empleados de las Instituciones Bancarias y Bolsa de Comercio se denominará "Caja de Jubilaciones Bancarias" debiendo regirse, en virtud de su carácter de instituto gremial privado con fines públicos, por su ley orgánica.
De la afiliación
Quedarán obligatoriamente comprendidos en esta Caja y gozarán de los beneficios legales, los empleados y obreros de Bancos oficiales y nacionales -incluídas sus sucursales y agencias- y los de sucursales y agencias de Bancos cuyas casas matrices, estén establecidas en el extranjero; los de las Casas Bancarias; los de la Caja Nacional de Ahorro Postal; los de la Bolsa de Comercio; los de la propia Caja de Jubilaciones Bancarias los de las Cámaras Compensadoras con funciones Bancarias los de las Cajas Populares y los patronos de Instituciones y Casas Bancarias que intervengan con su trabajo personal y en forma permanente en su dirección y administración.
Están igualmente comprendidos dentro de este régimen legal, los empleados y obreros de los servicios del Estado administrados por el Banco de la República (Mercados de Frutos, Graneros Oficiales, Crédito Agrícola de Habilitación, etc.), que llenen las condiciones establecidas en el inciso A) del artículo 3°.
Los obreros y los empleados tomados a prueba quedarán afiliados con antigüedad a la fecha de ingreso, después de tres meses de servicios aunque no sean continuos.
Los directores de los Bancos del Estado que tengan servicios anteriores amparados por otras Cajas o sean jubilados ante otras Cajas podrán optar entre continuar amparados en las mismas o acogerse a la Caja Bancaria. Dicha opción deberá manifestarse dentro del plazo de tres meses desde su cese.
Se admitirá la opción citada precedentemente por la Caja Bancaria, cuando el afiliado tenga por lo menos, tres años de servicios bancarios en dichas funciones y causal eficiente.
Si optaran por la Caja Bancaria, las otras Cajas deberán verter al contado, el importe de los montepíos, reintegros, contribuciones patronales y los intereses capitalizados.
Si optaran por otras Cajas, éstas deberán reconocerles los servicios bancarios o reformar las cédulas como corresponde. La Caja Bancaria deberá traspasar los aportes que se indican en el inciso anterior.
Los actuales jubilados, ex-Directores de Bancos del Estado que llenen las condiciones exigidas por los incisos anteriores, tendrán un plazo de tres meses a contar de la promulgación del presente decreto-ley para optar entre la Caja Bancaria o las otras Cajas.
A los fines de la más exacta interpretación de este decreto-ley, se entenderá:
A) Por empleado, la persona designada en forma que preste servicios
permanentes en instituciones adscriptas dentro de las actividades
autorizadas por sus estatutos, en cargo presupuestado o
extrapresupuestado y sea remunerada por sueldo.
B) Por obrero, la persona que designada en forma y remunerada por jornal o
por hora, preste servicios permanentes en instituciones adscriptas.
C) Por sueldo, la cantidad pagada en dinero por el patrono, mensualmente,
como retribución de los servicios ordinarios, sea cual fuere la
denominación que se le dé o la forma en que su pago se consigne en los
libros o documentación de la entidad adscripta.
Administración de la Caja
La Caja será administrada por un Consejo Honorario que actuará en la Capital de la República. Se compondrá de siete miembros: tres que representarán a las Instituciones Afiliadas; tres al personal de las mismas y uno, que será Presidente, designado por el Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros.
De los tres representantes de las instituciones afiliadas, se elegirá uno por las instituciones afiliadas oficiales (Banco de la República, Banco Hipotecario, Banco de Seguros y Caja de Ahorro Postal). Los otros dos se elegirán por las demás instituciones afiliadas.
Con cada Consejero titular será elegido doble número de suplentes.
Agotada la lista de suplentes de representantes, de las instituciones o del personal, el Consejo convocará de inmediato a elecciones complementarias. Son condiciones indispensables para desempeñar cualquiera de estos cargos: ser ciudadano mayor de edad y pertenecer al personal afiliado en actividad o en pasividad.
Los jubilados tendrán derecho al voto.
El Consejo podrá sesionar y adoptar resoluciones válidas con un quórum de cuatro miembros, salvo los casos en que expresamente se establece en este decreto-ley un quórum especial.
En caso de empate, en las votaciones, el Presidente tendrá doble voto.
Los miembros del Consejo permanecerán tres años en su cargo. Los que representen a las Instituciones adscriptas o a los afiliados se renovarán por terceras partes cesando en cada año un Consejero por cada representación. Tanto éstos, como el representante del Poder Ejecutivo, podrán ser reelegidos.
Los miembros electos no podrán ingresar al Consejo, estando éste integrado con un representante de las instituciones o del personal del mismo Banco a que aquellos pertenezcan. Esta incompatibilidad comprende también al representante del Poder Ejecutivo.
Los Consejeros continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto
se hayan incorporado los que deben reemplazarlos.
La representación de la Caja será ejercida en todos los casos, por el Presidente y el Consejero Secretario o por quienes los sustituyen.
Del patrimonio de la Caja
Además de su patrimonio actual, la Caja contará con los siguientes recursos:
A) Con la contribución patronal mensual del doce por ciento (12%) de los
sueldos o jornales del personal al servicio de las instituciones
adscriptas;
B) Con el descuento mensual del cinco por ciento (5%) de los sueldos o
jornales de dicho personal.
C) Con los reintegros del seis por ciento (6%) calculados sobre el monto
de los sueldos o jornales percibidos durante el tiempo que le sea
reconocido a los afiliados, duplicándose ese porcentaje cuando haya que
descontarlo total o parcialmente de la jubilación o pensión;
D) Con la diferencia del primer mes de sueldo o jornal cuando el afiliado
perciba aumento o pase a ocupar un cargo mejor rentado, por un período
no menor de seis meses consecutivos o alternados o cuando se le haga un
aumento de su remuneración.
Tratándose de sueldos, las diferencias por aumento serán descontadas
por las instituciones respectivas en una sola vez, en ocasión de
hacerse efectivos los nuevos sueldos y tratándose de jornales, en
iguales oportunidades, tomándose al efecto la diferencia del jornal
multiplicada por veinticinco.
E) Con el medio por mil (1/2 o/oo) anual sobre el importe de todas las
colocaciones de cada institución adscripta -salvo las inversiones en
edificios para su uso exclusivo- excepto los Bancos oficiales, la Caja
Nacional de Ahorro Postal, la Bolsa de Comercio, las Casas Bancarias,
la Caja de Jubilaciones Bancarias, las Cámaras Compensadoras con
funciones bancarias, Mercado de Frutos, Graneros Oficiales y Crédito
Agrícola de Habilitación, que pagarán sustitutivamente, el tres por
ciento (3%) sobre el presupuesto de sueldos;
F) Con los intereses de los fondos acumulados y con las rentas de sus
inmuebles;
G) Con las donaciones y legados.
H) Con el importe de las multas que se perciban de acuerdo con la presente
ley;
I) Con el importe de tantos meses del último sueldo -o su equivalente
proporcional en jornales- como años de servicios bancarios contara el
exonerado, que no podrá exceder de quince, que la institución entregará
a la Caja en los casos a que se refieren las letras C), D), y E) del
artículo 15.
El total será abonado al empleado u obrero cuando éste tenga menos de diez años de servicios reconocidos en cuotas mensuales, no inferiores al importe de un sueldo, siempre que no ingrese a un cargo que dé derecho a jubilación. En estos casos no regirá lo establecido en el artículo 158 del Código de Comercio.
Cuando el empleado u obrero tenga más de diez años de servicios reconocidos, el importe será retenido por la Caja, la cual pagará la correspondiente jubilación o pensión en su defecto, que durante los primeros tres años siguientes a la exoneración será servida por mitades entre la institución exonerante y la Caja, debiendo pagarse por intermedio de ésta, a cuyo efecto el Banco depositará mensualmente la cuota correspondiente en el Banco de la República, en la forma establecida en el artículo 9°, parte primera.
Cuando un jubilado por despido alcanzara la cifra "90" entre años de edad y de servicios, cesará el pago de la mitad de la pasividad de cargo de las instituciones.
Cuando los empleados u obreros hayan cumplido la cifra "90" entre años de edad y años de servicios, las instituciones adscriptas si decretaran la exoneración de estos funcionarios, abonarán a la Caja, como contribución por despido, diez veces el último sueldo, o su equivalente proporcional en jornales, rebajándose esta indemnización a razón de un sueldo, o su equivalente proporcional en jornales por cada unidad que se acumule a noventa. En estos casos la indemnización a cargo de las instituciones afiliadas no será nunca mayor de cinco mil pesos (pesos 5.000.00).
Cuando el último sueldo exceda de la jubilación máxima que acuerda este decreto-ley, la indemnización se fijará con relación a dicho máximo.
Las instituciones afiliadas estarán obligadas a practicar los descuentos a que se refieren los incisos B), C) y D) del artículo anterior y esas cantidades, las indicadas en el inciso A) y el tres por ciento (3%)establecido en la parte final del inciso E), las depositarán en el Banco de la República a la orden de la Caja, dentro de los diez días siguientes a cada mes vencido. Asimismo, dentro de los primeros veinte días de cada mes, depositarán las contribuciones a que se refiere la primera parte del inciso E) del mismo artículo en la proporción de un duodécimo, calculado sobre el estado mensual presentado a la Inspección General de Hacienda, Bancos y Sociedades Anónimas.
Los fondos y recursos creados para la Caja de Jubilaciones Bancarias, están afectados exclusivamente al servicio de las pasividades que debe atender. En ningún caso podrá autorizar el Consejo la inversión de dichos fondos para fines distintos de los que establece la ley.
A partir de la promulgación de esta ley, los ingresos que la Caja perciba -luego de cubiertas sus obligaciones normales- serán invertidas en la siguiente forma:
A) No menos del sesenta por ciento (60%) en títulos de deuda emitidos por
el Estado, los Municipios o el Banco Hipotecario del Uruguay.
B) Hasta el cuarenta por ciento (40%) restante en la construcción y
adquisición de bienes inmuebles de renta y en la construcción de
edificios para las oficinas y servicios de la Caja requiriéndose en
los casos comprendidos en este inciso, cinco votos conformes.
Los bienes de la Caja son inembargables, salvo cuando se trate de sentencias judiciales por las cuales se disponga el cumplimiento de obligaciones de la misma, sobre pasividades.
De los servicios anteriores
El Consejo de la Caja computará los servicios anteriores a la vigencia de este decreto-ley que hubieran o no generado pasividad, sea en instituciones afiliadas sea en cargos amparados por alguna ley de jubilaciones y pensiones, siempre que exista reciprocidad legalmente establecida entre las Cajas.
Para obtener este beneficio, es menester:
A) Que el interesado se encuentre en actividad en el momento de formular
la denuncia.
B) Que manifieste expresamente y por escrito sus deseos de computar dichos
servicios dentro de los tres meses a contar de su ingreso o reingreso.
C) Que abone el reintegro o que sean traspasados los aportes personales
satisfechos en otras Cajas.
El reconocimiento de los servicios anteriores, una vez solicitado,
no puede dejarse sin efecto por la sola voluntad del interesado.
La Caja percibirá los reintegros que se le adeuden, en la siguiente forma:
Cuando se trate de afiliados en actividad, con el cuatro por ciento (4%) del sueldo; cuando se trate de jubilados, con el quince por ciento(15%) de la jubilación y cuando se trate de pensionistas, con el diez por ciento (10%) de la pensión.
De las jubilaciones
El derecho a la jubilación se adquiere después de diez años de servicios y por las siguientes causales:
A) Normalmente, al totalizarse la cifra "90" entre años de edad y años de
servicios reconocidos o por haber llegado a los sesenta años de edad:
tratándose de obreros gráficos el derecho a la jubilación normal se
adquirirá con treinta años de servicios reconocidos en esa actividad y
cincuenta años de edad.
B) Por incapacidad física o mental, que imposibilite para el desempeño de
la función. Cuando las instituciones afiliadas consideren que un
funcionario se encuentra en las condiciones a que se refiere el
precedente párrafo, podrá someter el caso a la Caja a fin de que dicte
la resolución que corresponda. El mínimo de actividad que fija este
artículo no se requerirá cuando la incapacidad se haya originado por
acto directo del servicio, en cuyo caso se otorgará la jubilación
promedial calculada para treinta años, la que podrá generar la pensión
correspondiente.
C) Por exoneración con más de diez años de servicios reconocidos, no
motivada por las causales comprendidas en los incisos A) y B) del
artículo 17.
D) Cuando por motivo ajeno a la conducta funcional del empleado, se rebaje
el sueldo en más de un diez por ciento (10%) -sea en una partida o en
partidas sucesivas- o se menoscabe en forma evidente su situación
jerárquica y siempre que a juicio de cinco miembros de la Caja -por lo
menos- existan presunciones graves de que la rebaja o el cambio de
función tienen por objeto crear al afiliado una situación insostenible,
para obligarlo a dejar su puesto.
E) Por exoneración originada por la clausura o el cierre definitivo de
casas centrales o sucursales, expiración del término legal o
contractual de la sociedad; fusión con instituciones afiliadas;
adquisición o transferencia por entidades existentes o constituidas o
cesación de actividades de empresas adscriptas, por liquidación total o
parcial del activo.
En estos casos y situaciones equivalentes o cuando las empresas se encuentren en concordato o quiebra, no estarán eximidas de continuar sirviendo a la Caja todas las contribuciones, los aportes (artículo 8°) del personal en actividad y también las compensaciones correspondientes al personal que haya cesado.
La jubilación será de tantos treinta avos, calculado sobre el promedio de los sueldos o jornales de los últimos cinco años, como años de servicios reconocidos tuviera el afiliado -no contándose los que pasen de treinta- y con un descuento de quince por ciento (15%), cuando dicho promedio sea superior a novecientos sesenta pesos ($ 960.00) anuales.
Si hecha la deducción de los descuentos que correspondan, el monto líquido de la jubilación fuera inferior a novecientos sesenta pesos ($ 960.00) anuales, la pasividad quedará fijada en esa cantidad.
Si para el cálculo del promedio jubilatorio fuera necesario tener en cuenta servicios no bancarios, dicho promedio y los beneficios que genere, estarán sujetos a las disposiciones de las respectivas leyes que los comprenden.
Las pasividades de los afiliados que se jubilen, con posterioridad a la vigencia de este decreto-ley por la cifra noventa -formada por lo menos con veinte años de servicios bancarios- o por imposibilidad física y también los que cuenten con más de 70 años de edad, sufrirán un descuento del seis por ciento (6%) en lugar de quince por ciento (15%).
Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará, a partir de la promulgación del presente decreto-ley, a los actuales jubilados que se encuentren en iguales condiciones.
Sólo se perderá el derecho a jubilación:
A) Por delito común declarado por sentencia ejecutoriada y siempre que
afecte la honorabilidad funcional del afiliado, manteniéndose en
suspenso el trámite sobre el otorgamiento de la jubilación, hasta que
se haya dictado la sentencia ejecutoriada o se pronuncie el
sobreseimiento.
El sobreseimiento por falta de acusación fiscal, gracia o amnistía
producida antes de dictarse la sentencia definitiva, se equipara a la
absolución, a los efectos de esta ley.
La sentencia condenatoria ejecutoriada extingue los derechos a la
jubilación, aun cuando mediare amnistía, gracia o suspensión
condicional de la pena. Igualmente ocurrirá cuando se operase la
prescripción del delito.
B) Por hechos u omisiones que configuren dolo, o culpa grave en actos de
servicio dentro de la órbita de sus funciones. Será de competencia
juzgar sobre la existencia del hecho u omisión que configure la culpa
grave y la determinación de si el delito, cuando haya recaído en el
proceso sentencia condenatoria, afecta o no la honorabilidad
funcional del afiliado.
El Consejo dictará resolución, después de oídas las partes y
recibidas las pruebas que hubieren ofrecido, dentro de un término
prudencial que señalará, no menor de treinta días, sin perjuicio de
las diligencias que disponga para mejor proveer, y de los respectivos
alegatos de bien probado que deberán producirse dentro del término de
quince días.
C) Por traslado de empleados de instituciones extranjeras a otras
reparticiones de la misma institución fuera del país. En este caso,
se devolverá a los interesados el aporte personal, sin intereses.
Los que reingresen a la actividad en instituciones afiliadas
tendrán derecho a que se les computen los servicios prestados
anteriormente en el país, siempre que reintegren a la Caja, al
contado, la totalidad de los aportes que les fueron devueltos en
ocasión del traslado.
Para considerar la pérdida de la jubilación será necesaria la presencia de un representante de las instituciones y otro de los afiliados; pero si estos Consejeros faltaran a tres sesiones consecutivas serán convocados los respectivos suplentes, y, de cualquier manera, con la presencia o la ausencia de éstos, se considerará el asunto, resolviendo por cuatro votos conformes.
Para el cómputo de tiempo de las prestaciones de servicios se contarán, en el futuro, los años y meses, debiéndose calcular los distintos beneficios -excepción hecha de las compensaciones- en proporción al tiempo reconocido.
La jubilación se acordará por un máximo de cuatrocientos pesos ($ 400.00) mensuales, excepto a los afiliados con más de setenta años de edad, quienes podrán percibir como máximo quinientos pesos ($ 500.00) mensuales, siempre que el mismo guarde relación con el promedio que sirvió de base para la jubilación respectiva.
Las personas que ingresen a un cargo amparado por este decreto-ley con posterioridad a su vigencia y tuvieren servicios anteriores a reconocer o a acumular (artículo 13), deberán permanecer en actividad continua o discontinua durante cinco años para que aquellos servicios les sean reconocidos o acumulados, y adquirirán derecho a la jubilación siempre que al cesar se encuentren comprendidos en algunas de las disposiciones del artículo 15, salvo lo dispuesto por los Directores de Bancos oficiales, en el artículo 2°. No será exigible esta permanencia, en caso de imposibilidad física, o para generar pensión.
Cuando un jubilado de la Caja vuelva a la actividad ocupando un cargo amparado por este decreto-ley, podrá disfrutar nuevamente de la pasividad sin invocar causal alguna, y la jubilación que le corresponderá será la que percibía anteriormente. Para tener derecho a acumular los nuevos servicios a efectos de la reforma de cédula, será necesario justificar nueva causal de jubilación, o acreditar una permanencia en actividad, por lo menos de tres años.
La jubilación se suspenderá cuando pase a ocupar algún cargo amparado por otra Caja, no perdiéndose por esa circunstancia, el derecho a la jubilación suspendida, que renacerá en su oportunidad a pedido del interesado, con las modificaciones que correspondieren y sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 33.
De las pensiones y subsidios
Cuando ocurra el fallecimiento de un afiliado después de diez años de servicios, tendrán derecho a pensión: la viuda, las ex esposas divorciadas no culpables, o el viudo incapacitado; los hijos menores; las hijas; los padres; las hermanas solteras, viudas o divorciadas, hermanos menores de edad y mayores incapacitados, que hubieren estado a cargo del causante, y siempre que tanto los padres, como las hermanas solteras, viudas o divorciadas, y hermanos menores o mayores incapacitados, carecieren de recursos para su sustentación.
La incapacidad física será comprobada por la Caja, y la mental, declarada por sentencia judicial.
La pensión consistirá en el cincuenta por ciento (50%) de la jubilación que hubiere correspondido -o disfrutara- el causante al fallecer.
Cuando entre los causahabientes hubiera hijos menores de edad, el monto de la pensión será aumentado en un 10% (diez por ciento) del importe de la pensión por cada uno, pudiendo llegarse hasta el de la jubilación. Este aumento regirá para las mujeres hasta los veintiún años de edad y hasta los dieciocho años para los varones.
El mínimo de este acrecentamiento queda fijado en la suma de diez pesos($ 10.00), por cada concurrente menor de edad.
La mitad de la pensión corresponde a la viuda, ex esposas, o al viudo incapacitado; si concurrieran con los hijos o los padres del causante, la otra mitad se distribuirá "per cápita". En caso de concurrencia de viuda y ex esposas, la distribución será proporcional al tiempo de cada matrimonio.
El aumento del diez por ciento (10%) es un derecho propio de los hijos menores.
Al desaparecer el derecho de un concurrente, la totalidad de su parte de pensión pasará al usufructo de la viuda o viudo incapacitado, excepto el diez por ciento (10%) por la minoría de edad. Quedan comprendidos en este beneficio las actuales viudas o viudos incapacitados, haciéndose el nuevo servicio a partir del mes siguiente de la vigencia de este decreto-ley.
En el caso de que entre los beneficiarios no existiera la viuda o el viudo incapacitado, la extinción del derecho de una de las partes acrecerá el monto de las subsistentes en el cincuenta por ciento (50%) de la parte que correspondió a quien cesó en su derecho.
En caso de fallecimiento de un afiliado, la Caja entregará a los causahabientes -excluidas las ex esposas- por una sola vez:
A) Cuando se trate de empleados u obreros que no hayan prestado diez años
de servicios, el importe de tantos meses del último sueldo, o su
equivalente proporcional en jornales como años de servicios
reconocidos.
B) Cuando se trate de empleados u obreros con más de diez años de
servicios, esa compensación se fijará en el importe de seis meses del
último sueldo -o su equivalente proporcional en jornales- de que
disfrutaba el causante.
C) Cuando se trate de jubilados, el importe de tres mensualidades de
jubilación.
En caso de que, al fallecer un afiliado activo o jubilado, no existiera causahabiente alguno en las condiciones legales, la Caja contratará el servicio fúnebre y sufragará los demás gastos que hubiere demandado la última enfermedad a juicio de la Caja, con cargo al subsidio que hubiera correspondido a los causahabientes.
Si la imposibilidad a que se refiere el inciso B) del artículo 15 se produjera antes de los diez años de servicios, el afiliado tendrá derecho a percibir el importe de dos sueldos por cada año de servicios prestados.
Para conceder las pensiones del artículo 24 y las correspondientes a los sucesores del jubilado, cuyo deceso causara igualmente la pensión allí
establecida, se tendrá en cuenta el orden siguiente:
1º A la viuda, ex esposas, o al viudo incapacitado, en concurrencia con
los hijos.
2º A los hijos solamente.
3º A la viuda, ex esposas, o al viudo incapacitado en concurrencia con los
padres y siempre que éstos hubieran estado a cargo del causante.
4º A los padres, en concurrencia con las hermanas del causante -solteras,
viudas o divorciadas- y hermanos menores o mayores incapacitados,
cuando carecieren de lo necesario para su sustentación.
Los hijos naturales reconocidos, o los declarados por sentencia judicial, tendrán derecho a gozar de la parte de pensión que les corresponda, con arreglo a las disposiciones de la legislación civil vigente.
El derecho a pensión se pierde:
1º Para la viuda, ex esposas por divorcio, madres o hermanas al contraer
matrimonio.
2º Para los hijos varones, al cumplir dieciocho años de edad, salvo casos
de incapacidad absoluta.
Cuando la viuda pierda el derecho por haber contraído matrimonio,
podrá volver, no obstante, al usufructo de la pensión, si enviudara o
se divorciara, sin declaración expresa de culpabilidad de la disolución
del vínculo, siempre que se hallara en situación de desamparo.
3º Cuando un causahabiente se hallare en algunas de las situaciones que,
de haberse producido siendo el titular heredero del funcionario o del
jubilado, daría lugar a su desheredación o a la declaración de su
indignidad para sucederle, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 842, 899, 900 y 901 del Código Civil.
El monto de las pensiones generadas por jubilaciones menores de treinta pesos ($ 30.00) mensuales, será equivalente a la jubilación que las produzca. Tratándose de jubilaciones mayores de treinta pesos ($ 30.00) mensuales, las pensiones no podrán ser nunca menores de esa cantidad.
La pensión máxima podrá llegar a trescientos pesos ($ 300.00) mensuales, cuando los beneficiarios tengan más de sesenta años de edad.
Los derecho-habientes de funcionarios exonerados que pierdan su jubilación (artículo 17) gozarán de la pensión correspondiente a partir de la fecha de la exoneración, mientras estén privados de recursos; e igualmente tendrán el mismo derecho la esposa y los hijos del empleado que haga abandono, debidamente comprobado, del empleo y del hogar, mientras se hallen en situación de desamparo.
Incompatibilidades
Cuando el afiliado ocupe simultáneamente dos o más cargos regidos por la ley orgánica, se pagará el importe de las contribuciones y descuentos establecidos por el artículo 10 por cada cargo, y aquél tendrá derecho a acumular el importe de las jubilaciones, no pudiendo ser el mismo mayor de la suma fijada por el artículo 20.
Si los cargos se rigieran por distintas leyes, el interesado quedará afiliado a las distintas Cajas, y obligado y favorecido de conformidad con las leyes respectivas.
Podrán acumularse jubilaciones y pensiones decretadas y servidas por la Caja:
A) Hasta doscientos cincuenta pesos ($ 250.00) con sueldos percibidos en
actividades comprendidas en leyes de jubilaciones y pensiones, pudiendo
llegarse hasta el límite del último sueldo o sueldos ganados, cuando se
trate de jubilaciones generadas por exoneración. No se aplicará esta
disposición a los actuales jubilados que no se hallaban en situación de
incompatibilidad (ley número 7.830, artículo 26).
B) Hasta el límite máximo fijado por esta ley, pasividades servidas por la
Caja, con jubilaciones o pensiones de cargo del Estado o de otras Cajas
creadas por ley.
La Caja sólo acumulará el importe de la pasividad mayor, a la mitad
de las demás.
De las resoluciones del Consejo y de los recursos y
procedimientos contra las mismas
El Consejo de la Caja resolverá por mayoría de votos, salvo los casos especificados en este decreto-ley que requieren mayoría, asistencias o trámites indispensables.
Contra las resoluciones del Consejo, y ante el mismo, podrá usarse el recurso de reposición, o subsidiariamente, el de apelación, debidamente fundados, interponiéndolo dentro del término de diez días a contar desde el siguiente de la notificación o intimación y de veinte días si el afiliado reside fuera de la Capital.
Si el Consejo mantiene lo resuelto, se concederá el recurso para ante el Tribunal de Apelaciones de Turno, quien fallará por expediente, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra B) del artículo 17, parágrafo segundo.
Fallado el asunto en segunda instancia, podrá interponerse el recurso de revisión ante el mismo Tribunal.
Si se dejara pasar el plazo que indica el artículo anterior, sin interponer recurso alguno, lo resuelto hará cosa juzgada.
También hará cosa juzgada el fallo definitivo del Tribunal.
El recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones recaídas en las situaciones y circunstancias previstas en los incisos C) y D) del artículo 15, no tendrá efecto suspensivo.
Si la resolución, favorable al interesado, se adoptase por mayoría, la institución exonerante abonará mensualmente a la Caja -desde la fecha del cese y hasta que se dicte sentencia que haga cosa juzgada- el importe del cincuenta por ciento (50%) del sueldo, o su equivalente proporcional en jornales, a fin de que ella lo entregue al afiliado. Si la resolución se adoptase por unanimidad de votos, deberá abonarse en la misma forma y con igual destino, la totalidad del sueldo o su equivalente proporcional en jornales a fin de que ella lo entregue al afiliado. Si la resolución se adoptase por unanimidad de votos, deberá abonarse en la misma forma y con igual destino, la totalidad del sueldo o su equivalente proporcional en jornales.
Si la sentencia ejecutoriada fuera favorable al afiliado, reconociendo su derecho a la jubilación deberá establecerse la compensación entre el importe de los sueldos pagados y las pasividades devengadas, a efecto de reintegrar la diferencia a quien corresponda.
Obligaciones y cauciones
Las instituciones adscriptas entregarán mensualmente, dentro del plazo establecido en el artículo 9° de las oficinas de la Caja, las planillas debidamente firmadas, con el detalle correspondiente de los sueldos del personal de las mismas, y estarán obligadas a proporcionar los informes y comprobaciones que les reclame el Consejo de la Caja, para asegurar el cumplimiento de este decreto-ley.
Las instituciones afiliadas que formularan falsas declaraciones u obstaculizaran el cumplimiento de la ley, serán penadas con una multa variable entre mil pesos ($ 1.000.00) y cinco mil pesos ($ 5.000.00) a juicio del Consejo, según la gravedad de los casos; y las que no depositaran en la forma dispuesta las contribuciones señaladas por este decreto-ley, incurrirán en una multa de cincuenta pesos ($ 50.00) por cada día de demora.
Las fichas individuales deberán ser presentadas indefectiblemente a la Caja, dentro de los tres meses del ingreso o reingreso del afiliado. La Caja podrá negarse a dar trámite a toda gestión iniciada por afiliados omisos en el cumplimiento de las exigencias de la ley, sin perjuicio de la aplicación de una multa variable entre diez pesos ($ 10.00) y cien pesos ($ 100.00) a juicio del Consejo.
La Caja tendrá derecho a cobrar lo percibido indebidamente por sus afiliados, como así también el importe de las sanciones que imponga, descontando mensualmente hasta diez por ciento (10%) del sueldo o de la pasividad respectiva.
Disposiciones generales y transitorias
El Presidente, como representante del Poder Ejecutivo, dará cuenta a éste -elevando de inmediato los antecedentes- si llegara a dictarse alguna resolución que a su juicio, o al de algún Consejero, constituyera violación de la ley.
Los jubilados y pensionistas podrán ausentarse o fijar su residencia fuera del territorio del país, con anuencia del Consejo. En estos casos, sufrirán un descuento de diez por ciento (10%) sobre sus pasividades.
Quedan exceptuadas de este descuento las personas que, por razones de salud -debidamente justificadas por los médicos de la Caja, o prueba fehaciente a juicio del Consejo- residan temporariamente o definitivamente en el extranjero, y las que ejerzan funciones honorarias de carácter oficial en consulados, legaciones, etc.
El tiempo de licencia sin sueldo no se computará. La concesión de licencia sin sueldo, o con reducción del mismo, no exime al Banco de la contribución establecida en el artículo 8°, inciso A).
La jubilación correrá desde el primer día del cese del empleado en el cargo que desempeñe, y la pensión desde que se produzca el fallecimiento del causante, o la declaración judicial de ausencia.
Las solicitudes deberán presentarse dentro de los tres meses de nacido el derecho. De no hacerse así, el servicio comenzará a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Si al formularse el pedido de pensión, o dentro del plazo determinado en el inciso anterior, se alegara que el causante había prestado otros servicios, válidos a los efectos de este beneficio, el Consejo podrá admitir y dar curso a la denuncia, si se justificara en forma el impedimento o causa que hubiera tenido el ex afiliado para incurrir en la referida omisión en la ficha individual, o en la documentación relacionada con la misma.
La Caja está exonerada del pago de costas judiciales y del uso de sellados y timbres de la clase que fueren, salvo el caso de condenaciones especiales previstas en el artículo 688 del Código Civil.
Los créditos contra la Caja procedentes de jubilaciones, pensiones o cualesquiera otros beneficios, quedarán prescriptos si no fueran reclamados dentro del plazo de cuatro años, a contar de la fecha en que hubieran sido exigibles.
Los testimonios de las actuaciones de la Caja, relativos al cumplimiento de sus leyes, decretos y resoluciones, debidamente asentados en actas, constituyen documentos públicos, y, para el caso de ejecución, títulos ejecutivos. Los créditos de la Caja, por los conceptos autorizados por las leyes que la rigen, tienen el privilegio establecido en el numeral 4° del artículo 1732 del Código de Comercio, desde la fecha de la vigencia de la ley de creación de la Caja (número 7.830).
En caso de ejecución, la mora será comprobada mediante intimación judicial o extrajudicial.
En la enajenación, disolución o liquidación de las empresas afiliadas, cualquiera sea su naturaleza, forma o constitución, deberá agregarse al instrumento que las justifique, un certificado expedido por la Caja, que establezca que se encuentran al día en el pago de sus aportes a la misma, quedando obligados los escribanos, contadores, balanceadores o personas que intervengan en esas operaciones, a exigir dicho instrumento, bajo pena de cargar solidariamente con lo adeudado (artículo 6° de la ley de 18 de Junio de 1930).
El Consejo de la Caja elevará anualmente al Poder Ejecutivo un Balance y una Memoria del Ejercicio, que deberán ser publicados y repartidos por la Caja entre sus afiliados.
La Caja practicará balances actuarialmente cada cinco años, y demás, cuando lo considere conveniente, con el objeto de estudiar su situación financiera; y si existiera déficit, pedirá de inmediato al Poder Ejecutivo la modificación de la ley, para crear nuevos recursos o para ajustar el monto de las pasividades.
Los afiliados en actividad gozarán de un plazo de seis meses, a contar de la fecha de vigencia del presente decreto-ley, para pedir el reconocimiento de los servicios anteriores. Asimismo, los jubilados y pensionistas dispondrán del mismo plazo, contado en igual forma, para denunciar los servicios que hubiera prestado el afiliado, al efecto de la reforma de su cédula.
El servicio de las nuevas pasividades se hará a partir del día primero del mes siguiente de la aprobación por el Consejo.
La Caja practicará y someterá al Poder Ejecutivo un cálculo actuarial para valuar el costo de las incorporaciones que se producen de acuerdo con este decreto-ley, respecto a los Graneros Oficiales y Crédito Agrícola de Habilitación. El Poder Ejecutivo, después de oír a la respectiva Institución afiliada, resolverá sobre su monto, rubro sobre el que ha de cargarse esa erogación y forma de pago en las condiciones dispuestas por el artículo 5°, de la ley número 9530 de 18 de Diciembre de 1935.
Serán de cargo del Banco de la República las reservas correspondientes al personal que se incorpora, perteneciente al Mercado de Frutos y de conformidad con lo dispuesto en la ley número 9530 de 18 de Diciembre de 1935.
Para las valuaciones establecidas por los incisos anteriores, se tomará en cuenta lo dispuesto en el inciso C) del artículo 8° del presente decreto-ley y el porcentaje de amortización de la deuda, que será del 2%(dos por ciento) anual.
La Caja Nacional de Ahorro Postal, las Instituciones y Casas Bancarias; cuyo personal se incorpora por este decreto-ley, quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de la ley número 9530, con la modificación que establece el inciso E) del artículo 8°, del presente decreto-ley, y la del porcentaje de amortización de la deuda, que será del dos por ciento (2%) anual.
Los afiliados que se acogieron a la jubilación desde el 1° de Enero de 1939 hasta la vigencia del presente decreto-ley, estarán eximidos de cumplir con la exigencia de los veinte años de servicios bancarios (artículo 16, apartado 4°).
El servicio de la pasividad reformada se hará a partir del día primero del mes siguiente de la vigencia de este decreto-ley.
Dentro de los tres meses de la vigencia del presente decreto-ley, el Consejo de la Caja, en cumplimiento del artículo 4° y para completar su integración de siete Consejeros, convocará a elecciones para el nombramiento de un representante de las instituciones afiliadas y otro del personal de las mismas. Estos dos nuevos Consejeros cesarán en su mandato un año después de los designados en las elecciones anteriores en representación de cada parte. El sistema para elección del Presidente, establecido en el mismo artículo, comenzará a regir después del cese de la persona que ejerza el cargo al sancionarse el presente decreto-ley.
El interés del seis por ciento (6%) anual fijado por el artículo 5° de la ley de 18 de Diciembre de 1935 (número 9530), queda reducido al cinco por ciento (5%) anual, a partir del 1° de Enero de 1936.
La Caja de Jubilaciones Bancarias queda facultada para retener de las pasividades devengadas por sus afiliados, el importe de los alquileres contratados, de conformidad de la ley número 9624.
Las disposiciones contenidas en el artículo 24, regirán a partir del 1°de Diciembre del año 1942. En los demás artículos, este decreto-ley regirá desde el 1° de Enero del corriente año.
Comuníquese, etc. ALFREDO BALDOMIR. - CYRO GIAMBRUNO.
Consejo de Estado.
Montevideo, Enero 21 de 1943.
Señor Presidente de la República, General Arquitecto don Alfredo Baldomir.
Tengo el honor de comunicar al señor Presidente, que el Consejo de Estado, en su sesión de la fecha, consideró el proyecto de decreto-ley enviado en consulta por mensaje de 2 de Setiembre de 1942, sobre reformas al Estatuto Orgánico de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados de las Instituciones Bancarias y Bolsa de Comercio.
El Consejo de Estado resolvió hacer saber al Poder Ejecutivo que estima preferible el proyecto sustitutivo que se envía adjunto.
Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración.
JUAN J. AMEZAGA, Vicepresidente. - Eduardo Jiménez de Aréchaga,
Secretario.