(Objeto).- Esta ley tiene por objeto la prevención, persecución y sanción de la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas.
(Interpretación e integración).- Para la interpretación e integración de esta ley se tendrán especialmente en cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución de la República y de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República, en particular el "Protocolo Complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños" (Ley N° 17.861, de 28 de diciembre de 2004), el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía" (Ley N° 17.559, de 27 de setiembre de 2002), la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)" (Ley N° 16.735, de 5 de enero de 1996), la "Convención sobre la Esclavitud de 1926, modificada en los términos del Protocolo de 1953" y la "Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y
Prácticas Análogas a la Esclavitud de 1956" (Ley N° 17.304, de 22 de
marzo de 2001).
En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las víctimas de la trata y de la explotación de personas.
(Principios rectores).- Son principios rectores de esta ley:
A) Debida, diligencia del Estado. El Estado tiene la obligación de
actuar con la diligencia debida para el cumplimiento de los
objetivos de esta ley.
B) Prioridad de los derechos humanos de las víctimas. Los derechos
humanos de las víctimas deben ser el centro de atención en todas
las intervenciones y su protección debe priorizarse frente a
otras acciones como la investigación y persecución de los
tratantes y explotadores.
C) Igualdad y no discriminación. En todas las actuaciones debe
garantizarse el respeto de los derechos humanos de las víctimas,
sin discriminación alguna por motivos étnico-raciales, situación
de discapacidad, sexo, género, edad, idioma, religión,
orientación sexual, identidad de género, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen, nacionalidad, apátrida, posición
económica o cualquier otra condición social o migratoria.
D) Perspectiva de género. La ley y la reglamentación tendrán
especialmente en cuenta las desigualdades de poder, los
estereotipos discriminatorios y las formas de violencia en base
al género, promoviéndose la autonomía y el empoderamiento de las
mujeres, las niñas, las personas trans e intersexuales o con
orientación sexual no hegemónica. En todo caso se reconocerá y
respetará la expresión y la identidad de género de las personas
víctimas de trata, sus familiares o testigos, aun cuando la misma
no condiga con los datos emergentes de los documentos
identificatorios.
E) Interés superior de las niñas, niños y adolescentes. En las
situaciones en que se vean afectados niñas, niños o adolescentes,
sea en calidad de víctimas directas o como familiares de estas,
debe priorizarse la protección de sus derechos.
F) Voluntad y participación de las víctimas. Todas las acciones que
se realicen respecto de las víctimas, deben contar con la
voluntad y consentimiento informado de las mismas. No pueden ser
obligadas a denunciar a las redes de trata o a quienes les
explotan, ni a recibir atención y apoyo o a someterse a
tratamientos o exámenes médicos por patologías físicas o
psíquicas de tipo alguno.
Tratándose de víctimas niñas, niños o adolescentes, se tendrá
especialmente en cuenta su opinión, el grado de autonomía y
madurez alcanzado, debiéndose adoptar las decisiones que mejor
garanticen sus derechos.
G) Confidencialidad. Toda la información y actividad administrativa
o jurisdiccional sobre las víctimas o testigos y sus familiares
relacionada con situaciones de trata o explotación de personas y
los delitos conexos son de carácter confidencial, por lo que su
utilización debe ser reservada exclusivamente para los fines de
la protección, la investigación, la penalización y la reparación.
Esta obligación se extiende a todas las instancias judiciales y
administrativas, tanto públicas como privadas, así como a todos
los medios de comunicación colectiva y redes sociales.
H) Integralidad de la atención. Las instituciones del Estado deben
adoptar las medidas para asegurar la atención integral de las
víctimas de la trata y de la explotación de personas, hayan
interpuesto o no la denuncia penal.
I) Respeto al proyecto de vida. Las medidas de protección, atención
y reparación de las víctimas deben propender a erradicar las
causas de la victimización, el fortalecimiento de la autonomía
personal y el desarrollo de su proyecto de vida.
J) Evitar la re victimización. Debe evitarse toda acción u omisión
que lesione el estado físico, mental o psíquico de la víctima,
incluyendo la exposición ante los medios de comunicación o las
redes sociales y la obstaculización del acceso a los servicios de
atención o a la justicia.
K) Gratuidad de las prestaciones de atención psico-social, médica y
defensa jurídica. Las prestaciones de atención psico-social,
médica y el patrocinio y defensa en el proceso judicial deben ser
brindadas en forma gratuita, exonerándose de toda forma de
tributación a los trámites que se requieran a esos efectos.
L) Celeridad. Las actuaciones para la protección, investigación,
penalización y reparación deben realizarse de manera oportuna,
eficaz y sin dilaciones innecesarias.
M) Presunción de minoría de edad. En el caso en que existan dudas
acerca de la edad de la víctima y haya razones fundadas para
considerar posible que la víctima sea una niña, niño o
adolescente, se le considerará como tal y se adoptarán medidas de
protección específicas a la espera de la determinación de su
edad.
(Definiciones).- A los efectos de la aplicación de esta ley se entenderá por:
A) Trata de personas. La captación, el reclutamiento, el transporte,
el traslado, la acogida, la recepción o el hospedaje de personas,
dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque
mediare el consentimiento de las mismas, con fines de
explotación. Sin perjuicio de otras formas de explotación, se
consideran tales la explotación sexual, el matrimonio forzado o
servil, el embarazo forzado, los trabajos o servicios forzosos u
obligatorios, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre, la explotación laboral, la mendicidad
forzada, la extracción o transferencia ilícita de órganos,
tejidos o fluidos humanos y la venta de personas, especialmente
de niños, niñas o adolescentes.
B) Delitos conexos a la trata de personas. Aquellas conductas
delictivas que se cometen como medio o fin de la trata. Se
consideran como tales el tráfico de migrantes, las distintas
formas de explotación de personas, la violencia y la coerción
contra las personas, la falsificación de documentos, los delitos
contra la administración pública, la privación de libertad, la
utilización de personas para el tráfico de mercaderías ilícitas,
entre otros.
C) Tráfico de migrantes. Se entiende por tráfico de migrantes la
facilitación de la entrada o permanencia ilegal de una persona a
un país del cual no sea nacional o residente permanente, con el
fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico
o de otro tipo.
La condición de persona víctima de tráfico de migrantes
constituye un factor de vulnerabilidad a la trata de personas.
D) Víctima. La persona que, individual o colectivamente, haya
sufrido daño físico, psíquico, emocional, patrimonial, económico
o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como
consecuencia de la trata o la explotación de personas, sea
nacional o extranjera e independientemente de que se identifique,
aprehenda, investigue o condene al autor del delito.
En la expresión "víctima" se incluye a los familiares o personas
a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a
las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a
la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
E) Explotación. La obtención de un beneficio, económico o de otro
tipo, para el explotador o para terceros, mediante la
participación o el sometimiento de una o más personas a cualquier
tipo de acto o estado que lesione o anule sus derechos humanos.
F) Beneficio económico o de otro tipo. Las distintas formas de
retribución -directa o indirecta- por los actos ilícitos, tales
como el cobro de sumas en dinero, prestaciones en especie, el
acceso a oportunidades sociales, laborales, políticas o de
cualquier otro tipo.
G) Explotación sexual. Inducir u obligar a una persona a realizar
actos de tipo sexual, con la finalidad de obtener un beneficio
económico o de otro tipo para sí o un tercero. Esto incluye los
actos de explotación a través de la prostitución, la pornografía
u otras actividades de naturaleza sexual.
H) Matrimonio, concubinato o unión análoga forzada o servil. Unión
matrimonial, concubinaria o análoga que se establece o se
mantiene por la fuerza, por engaño o con abuso de una situación
de vulnerabilidad de uno de los integrantes de la relación, a
cambio de un beneficio económico o de otro tipo, para el
explotador o la explotadora o para una tercera persona.
También constituyen matrimonios, concubinatos o uniones análogas
forzadas o serviles las que se establecen o mantienen entre una
persona adulta y una persona adolescente, niña o niño como
condición para que esta acceda a vivienda, alimentos, vestimenta
u otras necesidades básicas para la subsistencia.
I) Embarazo forzado. Provocar el embarazo de una mujer, cualquiera
sea su edad, con la finalidad de obtener un beneficio económico o
de otro tipo con el producto del embarazo, así como de cualquiera
de sus órganos, tejidos, fluidos u otros componentes.
J) Esclavitud. Situación y condición social en la que se encuentra
una persona que carece de libertad y se desconocen sus derechos
por estar sometida de manera absoluta a la voluntad y el dominio
de otra, ejerciéndose sobre ella alguno de los atributos del
derecho de propiedad.
K) Prácticas análogas a la esclavitud. Constituyen prácticas
análogas a la esclavitud, entre otras, la servidumbre por deudas,
la servidumbre de la gleba, el matrimonio, concubinato o unión
servil y la entrega de niños, niñas o adolescentes, mediante
remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote su
persona o su trabajo.
L) Servidumbre. Estado de dependencia o sometimiento de la voluntad
en el que la persona victimaria por cualquier medio induce,
obliga o condiciona a la persona víctima a realizar actos,
trabajos o prestar servicios.
M) Servidumbre por deudas. El estado o la condición que resulta del
hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus
servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce
autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios
prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la
deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza
de dichos servicios.
N) Servidumbre de la gleba. La condición de la persona que está
obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y
a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a
prestar a esta, mediante remuneración o gratuitamente,
determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición.
O) Trabajo forzoso u obligatorio. Todo trabajo o servicio exigido a
una persona bajo la amenaza de un castigo o un daño en perjuicio
de sí misma o de un tercero.
Entre otras formas de trabajo forzoso se incluyen aquellas
situaciones en las que la persona es obligada a permanecer a
disposición del empleador con engaños, falsas promesas, la
confiscación de los documentos de identidad o migración, el uso
de la fuerza, la amenaza de violencia contra ella o sus
familiares o la amenaza de denuncia a la policía o a las
autoridades migratorias.
P) Explotación laboral. Sometimiento de una persona a trabajos,
prácticas o condiciones laborales que afectan notoriamente su
dignidad, suprimiendo o violando los derechos reconocidos por los
convenios internacionales o regionales de derechos humanos,
disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias o
convenios colectivos.
Q) Trabajo infantil. Explotación de niñas, niños y adolescentes. Sin
perjuicio de las distintas formas de explotación de las personas,
se consideran formas de explotación de niñas, niños o
adolescentes, las siguientes:
1°) todas las formas de esclavitud, las prácticas análogas a la
esclavitud, la venta, la trata y el tráfico, las distintas
formas de servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio,
incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio para
utilizarlos en conflictos armados;
2°) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas, niños
o adolescentes para la explotación sexual en todas sus
formas;
3°) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas, niños
o adolescentes para la realización de actividades ilícitas,
en particular la producción y el tráfico de
estupefacientes;
4°) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en
que se lleva a cabo, es probable que dañe su salud,
seguridad o moralidad.
R) Mendicidad forzada. La condición de la persona obligada a pedir
dinero u otros bienes materiales en lugares públicos, en favor de
un grupo delictivo organizado.
S) Venta de niñas, niños o adolescentes. Todo acto o transacción en
virtud del cual una niña, niño o adolescente es transferido por
una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o
de cualquier otra retribución con fines de explotación, remoción
o transferencia de órganos, tejidos o fluidos, o para la adopción
en violación a las normas vigentes en la materia.
T) Remoción, implante y transferencia de órganos, tejidos o fluidos.
Extracción, implante, transporte, cesión o recepción ilícita de
órganos, fluidos o tejidos humanos con el fin de obtener un
beneficio económico o de otro tipo.
(*)Notas:
Fe de erratas publicada/s:20/08/2018.
Ver en esta norma, artículo:41.
(Derechos de las víctimas de trata y explotación de personas).- Todas las personas víctimas de trata de personas, aun cuando no hayan realizado la denuncia judicial o administrativa de los hechos, tienen los siguientes derechos, sin perjuicio de los reconocidos a todas las personas en los tratados y convenios internacionales ratificados por el país y en la Constitución y las leyes nacionales:
A) Al respeto de su dignidad, intimidad y autonomía y a no ser
sometida a forma alguna de discriminación.
B) Al acceso a la información sobre sus derechos y su situación
legal y migratoria, brindada en forma clara y comprensible, en el
idioma, medio o lenguaje que comprendan y de acuerdo con su edad,
grado de madurez o situación de discapacidad.
C) A contar con traductor e intérprete de acuerdo con su
nacionalidad, costumbres y situación de discapacidad.
D) A que se garantice la confidencialidad y la privacidad de sus
datos personales, los de sus familiares o los de cualquiera otra
persona que esté bajo su tenencia o cuidado.
E) A la atención integral en salud, incluyendo terapias y
tratamientos especializados, en caso necesario, incluidas la
salud sexual y reproductiva, la atención de adicciones y la salud
mental. Las víctimas de trata de personas tienen derecho a
acceder a los servicios para la interrupción voluntaria del
embarazo (Ley N° 18.987, de 22 de octubre de 2012), aun cuando no
alcancen el año de residencia en el país, siempre que el mismo
haya ocurrido durante la situación de trata.
F) Al asesoramiento y atención psico-social y jurídica a cargo de
servicios especializados de atención, conformados por equipos
interdisciplinarios, para brindar una atención integral a las
víctimas de trata y explotación de personas, con la finalidad de
proteger y restituir el ejercicio de los derechos humanos
vulnerados, teniendo especialmente en cuenta las situaciones
traumáticas vividas y las posibles secuelas.
G) Al alojamiento apropiado, accesible y seguro, así como a la
cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, vestido e
higiene. En ningún caso se alojará a las personas víctimas de los
delitos de trata o de explotación de personas en cárceles,
establecimientos penitenciarios, policiales o administrativos
destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o
condenadas, en centros de detención para inmigrantes o refugios
para personas sin hogar.
H) A la libre circulación y movilidad ambulatoria, así como a los
derechos migratorios especialmente reconocidos en el Capítulo IV
de esta ley.
I) Al asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito y especializado
para la presentación de la denuncia, la participación en el
proceso penal, en los procesos de familia que fueren necesarios
para la protección de sus derechos o los de sus familiares, los
trámites de regularización de su situación migratoria y los
procesos de reparación.
J) A la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no
repetición a través de un recurso sencillo y rápido ante los
tribunales competentes, en el que se garanticen los derechos
previstos en el Capítulo V de esta ley.
K) Al acceso a programas de inserción laboral, de educación y de
capacitación, de acuerdo a sus necesidades, posibilidades e
intereses.
Cuando corresponda también se proporcionará asistencia a los familiares y personas dependientes de las víctimas.
(Derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de la trata de personas).- Las intervenciones para la prevención y el combate a la trata de personas deben garantizar que niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos plenos de derechos, debiendo considerar sus necesidades específicas de acuerdo a la etapa de crecimiento que transcurran y escucharles a través de profesionales especializados.
Previo a adoptar medidas que les afecten, tales como la separación o el reintegro a la vida familiar, deben evaluarse los riesgos y beneficios que conllevan, priorizándose sus derechos e interés superior.
CAPÍTULO II - CONSEJO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA TRATA Y LA
EXPLOTACIÓN DE PERSONAS
(Creación e integración del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas).- Créase el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, el que funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y estará integrado por:
A) Un representante del Ministerio de Desarrollo Social, quien lo
presidirá a través del Instituto Nacional de las Mujeres.
B) Un representante del Ministerio del Interior.
C) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
D) Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
E) Un representante del Ministerio de Defensa Nacional.
F) Un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
G) Un representante del Ministerio de Salud Pública.
H) Un representante del Instituto del Niño y el Adolescente del
Uruguay.
I) Un representante de la Fiscalía General de la Nación.
J) Un representante del Poder Judicial.
K) Tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil de
reconocida actuación en la materia, que serán propuestos al Poder
Ejecutivo que los designará, a propuesta de la Asociación
Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG).
Quienes representen a los organismos del Estado deberán ser de las más altas jerarquías.
El Consejo procurará el asesoramiento permanente de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, podrá invitar a participar en sus sesiones a aquellas instituciones o personas que considere oportuno.
Los integrantes del Consejo cumplirán sus funciones en forma honoraria.
(Cometidos).- El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, en calidad de ente rector en la materia, tiene los siguientes cometidos:
A) Diseñar y aprobar la política pública y el plan nacional en
materia de trata y explotación de personas, el que debe incluir
las medidas necesarias para lograr el buen cumplimiento de esta
ley, la eficaz persecución de tratantes y explotadores, así como
la debida protección, atención y reparación de las víctimas.
B) Monitorear el buen cumplimiento de la política pública y el plan
correspondiente, evaluar su ejecución y rendir cuenta de su
cumplimiento, a través de estudios e informes periódicos. Al
menos una vez al año debe informar en forma pública los
resultados del cumplimiento de sus cometidos.
C) Articular y coordinar las acciones de los diversos organismos
públicos y organizaciones de la sociedad civil para el
cumplimiento de esta ley, de la política pública en la materia y
del plan que se encuentre vigente.
D) Proponer acciones de difusión y concientización de la población
en general sobre la trata y explotación de personas, con enfoque
de derechos humanos, género y especial consideración a la
situación de las niñas, niños y adolescentes, la diversidad
étnico-cultural y el idioma o lengua de las potenciales víctimas,
dando cumplimiento a las normas de accesibilidad para personas en
situación de discapacidad.
E) Desarrollar acciones de prevención y desestímulo de la trata y de
la explotación de personas en sectores claves, tales como los
grandes emprendimientos productivos, las empresas de transporte,
las vinculadas al turismo, al modelaje y al comercio sexual, así
como en zonas o localidades en las que se detecte mayor
incidencia de la problemática o de factores de vulnerabilidad a
la misma.
F) Emitir opiniones y pronunciamientos sobre la temática, así como
sobre acciones públicas o privadas, o situaciones en particular,
para la prevención y combate de la trata y explotación de
personas.
G) Recomendar los cambios normativos necesarios para el buen
cumplimiento de los objetivos de esta ley.
H) Aprobar los estándares de actuación, protocolos y modelos de
intervención para la protección eficaz y el respeto a los
derechos de las víctimas de los delitos de trata y explotación de
personas.
I) Formular recomendaciones para la mejor persecución criminal de la
trata de personas y de las diversas formas de explotación de
personas.
J) Proponer acciones para la capacitación, actualización y
especialización de los funcionarios y operadores que trabajan en
la prevención, detección, persecución y penalización de la trata
y de la explotación de personas, así como para la atención y la
protección de las víctimas, testigos y familiares.
K) Realizar y apoyar estudios e investigaciones que permitan
profundizar en el conocimiento de la temática, sus distintas
manifestaciones en el país y en la región, las estrategias para
la investigación y prevención, los modelos de atención, entre
otros aspectos que se consideren necesarios.
L) Supervisar, evaluar y emitir recomendaciones a instituciones
gubernamentales y privadas, que brindan atención, protección y
defensa a víctimas de la trata y la explotación de personas.
M) Proponer la creación y fortalecimiento de los servicios y
programas oportunos, distribuidos en los distintos departamentos
del país, tanto públicos como privados, orientados a brindar
asistencia directa a las personas víctimas de trata y de
explotación de personas.
N) Promover la cooperación entre Estados, así como con organismos
regionales o internacionales y la adopción de medidas de carácter
bilateral y multilateral, destinadas a prevenir y erradicar la
trata y la explotación de personas.
O) Colaborar en la elaboración de los informes que el Estado debe
presentar ante organismos internacionales y regionales, en
cumplimiento de los convenios internacionales ratificados en la
materia.
P) Articular con los distintos sistemas de información pública para
contar con herramientas de información, sistematización y
generación de conocimiento en relación a la trata y la
explotación de personas. En ningún caso se registrará a las
personas víctimas de la trata o de la explotación de personas,
debiendo disociarse sus datos conforme a lo previsto en el
literal G) del artículo 3° de esta ley.
Q) Fortalecer y facilitar la participación de entidades
gubernamentales y no gubernamentales en la prevención y combate a
la trata y a la explotación de personas, así como la atención y
protección integrales de las víctimas.
(Articulación con otros ámbitos interinstitucionales).- El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas debe funcionar articuladamente con los otros ámbitos interinstitucionales creados con fines conexos tales como: aquellos que tienen a cargo el seguimiento de las políticas de igualdad de género, la vida libre de violencia basada en género, la prevención y protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia, el trabajo infantil y la explotación sexual, el combate al crimen organizado, el asesoramiento y la coordinación de las políticas migratorias al Poder Ejecutivo, la reglamentación de la normativa migratoria y la protección de derechos de las personas migrantes y refugiados.
(Facultades).- Para el cumplimiento de sus cometidos el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas podrá:
A) Crear comisiones temáticas, a las que se podrán invitar a otras
entidades públicas o privadas, así como a especialistas o
personas referentes en los aspectos específicos a abordar.
B) Crear comisiones departamentales o regionales para la adecuada
implementación y articulación de la política pública y el plan
nacional en todo el país.
C) Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas.
D) Disponer y administrar los fondos provenientes de asignaciones
presupuestales, donaciones, herencias o legados, convenios con
organismos regionales o internacionales, así como de los
provenientes de bienes decomisados en acciones contra la trata o
explotación de personas y los demás que obtenga a cualquier
título.
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Dirección
General de Secretaría, será el organismo encargado de ejercer
dicha facultad de disposición y administración de fondos,
presentando informes anuales de lo ejecutado al Consejo Nacional
de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas.
(Aprobación y control).- La aprobación de la Política y el Plan Nacional, así como el monitoreo del buen cumplimiento de los cometidos asignados al Consejo, es responsabilidad directa de los jerarcas máximos de los organismos representados. Las otras acciones pueden ser delegadas en técnicos con alta especialización en la temática.
(Destino de los decomisos de bienes en procesos judiciales por delitos de trata y explotación de personas).- Los decomisos de bienes en procesos judiciales por trata de personas y por delitos vinculados a la explotación de personas tienen como destino prioritario la reparación patrimonial de las víctimas en el caso que dio lugar al decomiso. Deducidas dichas sumas, según lo disponga el juzgado competente, el saldo restante se debe asignar a la prevención de la trata de personas y la explotación, al fortalecimiento de las investigaciones policiales y judiciales y a la atención de las víctimas, de acuerdo a lo establecido en el literal D) del artículo 10 de esta ley.
(Solicitud de información).- El Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas puede requerir de los organismos públicos la información necesaria para el cumplimiento de los cometidos asignados.
(Partidas para el funcionamiento del Consejo).- El Ministerio de Desarrollo Social debe incluir en el proyecto de Presupuesto Nacional las partidas necesarias para el funcionamiento racional, eficiente y eficaz del Consejo.
De igual forma lo debe hacer cada organismo público para cumplir los cometidos que le asigne esta ley y el plan nacional que se encuentre vigente.
CAPÍTULO III - SISTEMA INTERINSTITUCIONAL DE RESPUESTA PARA SITUACIONES DE
TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS
(Creación del Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata de Explotación de Personas).- Créase el Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas. Este sistema debe ser integral, interinstitucional e interdisciplinario y descentralizado territorialmente. Debe incluir por lo menos: acciones de prevención, servicios de atención, asesoramiento y patrocinio jurídico a las víctimas, medidas de reparación, el registro y ordenamiento de la información, la formación y capacitación de los operadores y la evaluación y rendición de cuentas.
(Organismos responsables de la coordinación y articulación de la respuesta).- La coordinación y articulación de la respuesta estará a cargo de:
A) El Ministerio de Desarrollo Social respecto a varones adultos.
B) El Instituto Nacional de las Mujeres respecto a mujeres adultas.
C) El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay respecto a niños,
niñas y adolescentes.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe articular la respuesta con los organismos antes señalados en situaciones de explotación laboral.
Cuando se trate de personas mayores o en situación de discapacidad, el organismo competente debe articular las acciones con el Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social o con el Instituto Nacional de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social según corresponda.
(Medidas de prevención).- Las medidas de prevención deben propender a combatir la demanda de servicios en condiciones de explotación, como principal causa de la trata y la explotación de las personas, así como a informar y concientizar a la población sobre la problemática, la difusión de información engañosa de ofertas laborales y de migración, sus derechos, servicios a disposición y acciones a seguir frente a situaciones que les puedan afectar.
Se deben tener en cuenta los factores de vulnerabilidad a la trata y explotación, tales como:
A) La pobreza, la desigualdad en el acceso a oportunidades y las
exigencias de consumo.
B) El origen étnico racial, teniendo especialmente en cuenta la
discriminación histórica de las personas afrodescendientes.
C) La edad, en particular respecto de niñas, niños y adolescentes.
D) Los estereotipos de género que legitiman y sustentan la
discriminación y violencia contra las mujeres.
E) El hetero-normativismo y la naturalización de la violencia por
prejuicio contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans,
intersex.
F) La desprotección de derechos de las y los migrantes irregulares y
los obstáculos que enfrentan para acceder a oportunidades
laborales y a servicios básicos.
(Programas de asistencia y atención a las víctimas de la trata y explotación de personas).- Los programas de asistencia y atención a las víctimas de trata y explotación de personas deben estar encaminados a la recuperación física, psicológica y social de las víctimas y sus familiares.
Estos servicios se deben brindar en forma gratuita y especializada, de acuerdo a las necesidades de la víctima, bajo su consentimiento informado y teniendo en cuenta las condiciones específicas de edad y situación de discapacidad.
La falta de documentos identificatorios (pasaporte o cédula de identidad) o de viaje, no debe ser obstáculo para el acceso a estos servicios.
Estos programas pueden ser ejecutados a través de instituciones públicas o en convenio con organizaciones de la sociedad civil con experiencia y especialización en la temática.
(Servicios y prestaciones mínimas para las víctimas de la trata y la explotación de personas).- Todas las víctimas de trata o explotación de personas tienen derecho a acceder a los siguientes servicios y prestaciones:
A) Servicios de traducción e interpretación.
B) Seguridad y asistencia material básica.
C) Alojamiento seguro y adecuado.
D) Cuidados de salud y tratamiento médico necesario, incluso, examen
confidencial, gratuito y opcional del VIH y otras enfermedades de
transmisión sexual.
E) Asistencia psicológica de carácter confidencial y con pleno
respeto de la intimidad y en un idioma que la víctima comprenda.
F) Información y asesoría jurídica respecto a los derechos y
procedimientos legales a seguir, incluyendo la regularización
migratoria, la investigación penal y la reparación del daño.
G) Patrocinio jurídico durante todo el proceso legal, incluso en el
ejercicio de las acciones judiciales para exigir la reparación de
los daños que han sufrido las víctimas.
H) Información y apoyo al retorno a su lugar de origen.
I) Apoyo para la reunificación y reinserción familiar, social y
comunitaria.
J) Inserción en programas de capacitación y ayuda en la búsqueda de
oportunidades de empleo.
(Plazos para la prestación de los servicios).- Los servicios previstos en los literales A) a G) del artículo 19 de esta ley deben ser ofrecidos y, en su caso, brindados en forma inmediata a la detección de la situación de trata o, explotación de personas por los organismos y servicios competentes.
Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a integrarse de inmediato a la educación formal, aun cuando se encontraran fuera del período formal de inscripción o ingreso. Las autoridades educativas competentes deben adoptar las medidas para la pronta homologación o regularización de los estudios que hubiesen realizado.
CAPÍTULO IV - RESPUESTAS ESPECÍFICAS A LA TRATA INTERNACIONAL
(Medidas de prevención de la trata y la explotación de personas a cargo de las Misiones y Oficinas Consulares de la República).- Todas las Misiones y Oficinas Consulares de la República deben:
A) Asegurar la capacitación del personal en relación a la trata de
personas y delitos conexos, a la normativa internacional y
nacional en la materia y a los protocolos para la intervención.
B) Contar con información accesible a los nacionales y personas
extranjeras que realicen trámites de ingreso al país, para la
prevención de la trata de personas y la protección de las
víctimas y sus familiares.
C) Relevar información, respecto a posibles situaciones de trata de
personas que afecten a nacionales uruguayos en la jurisdicción e
incentivar el análisis del tema y la concientización de las
autoridades extranjeras frente a la situación de las víctimas
uruguayas.
D) Identificar y mantener actualizado a todos los organismos
públicos y privados que brinden asistencia a las personas
víctimas de trata en su jurisdicción.
(Comunicación de situaciones que puedan constituir trata o explotación de persona).- Siempre que se constaten indicadores de posibles situaciones de trata o de explotación de personas, las autoridades de las Misiones y Oficinas Consulares de la República deben adoptar las medidas urgentes para la protección de las víctimas y comunicar de inmediato la situación a las autoridades competentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien intervendrá en articulación con el organismo responsable de la coordinación de la respuesta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de esta ley.
(Responsabilidades de las Misiones y Oficinas Consulares de la República respecto a víctimas nacionales en el extranjero).- Entre otras acciones que se entiendan necesarias de acuerdo al artículo 22 de esta ley, tratándose de víctimas racionales, las Misiones y Oficinas Consulares de la República deben:
A) Informar a las víctimas sobre sus derechos y procedimientos a
seguir.
B) Efectuar ante las autoridades locales las presentaciones
necesarias para que se garantice la seguridad de la víctima y de
los familiares a cargo y orientarlas en todas las gestiones que
deban realizar.
C) Velar por el acceso a la justicia de las víctimas, incluso la
asistencia jurídica especializada para la víctima y, en el caso
de personas no localizadas, también a su familia.
D) Adoptar las medidas para retornar a las víctimas al país, siempre
que ello sea requerido por las mismas, en forma segura y sin
dilaciones innecesarias.
E) Brindar subsidio para la obtención de documentación de
identificación y de viaje para las víctimas y personas a su
cargo.
(Derechos migratorios de las víctimas de trata o explotación de personas de nacionalidad extranjera).- Las víctimas de trata o explotación de nacionalidad extranjera tienen derecho a:
A) Un período de reflexión de hasta ciento ochenta días para
resolver permanecer en el país, retornar a su país de origen o
reasentarse en un tercer país.
B) A obtener la residencia permanente en el país y a la
regularización de su condición migratoria, aun cuando no cumplan
todos los requisitos previstos por la ley a esos efectos. En
tales casos, recibirán la documentación correspondiente en un
plazo máximo de sesenta días, exonerándoseles de los tributos
correspondientes.
C) Al retorno voluntario a su país de origen o a su lugar de
residencia habitual en forma segura y sin demora, previo ser
informada de los riesgos y de las distintas alternativas a las
que tiene derecho.
D) A contar con información suficiente para reasentarse en un tercer
país.
Si se tratare de niñas, niños y adolescentes, todas las medidas se adoptarán previa evaluación exhaustiva de los riesgos que implican, optándose por aquellas que mejor garanticen sus derechos.
(Documentos de identificación y de viaje de las víctimas y de las personas a su cargo).- Las autoridades competentes deben realizar con celeridad y en forma gratuita todas las gestiones necesarias para la identificación de la víctima extranjera y las personas a su cargo, cuando no cuenten con los documentos que la acrediten (cédula de identidad o pasaporte según corresponda).
La ausencia de estos documentos no debe constituir un impedimento para que la víctima y sus dependientes tengan acceso a todos los derechos y servicios a que refiere esta ley, incluso su derecho a permanecer en el país.
(Documentos de identidad de viaje).- Exonérase de todo tributo nacional la tramitación y expedición de las partidas de nacimiento nacionales o extranjeras, así como de las cédulas de identidad, pasaportes y título de identidad y viajes.
(Cooperación entre Estados).- La cooperación con otros Estados debe tener como fin fortalecer los medios bilaterales, multilaterales, locales y regionales para prevenir la trata y la explotación de personas, posibilitar las investigaciones y la penalización de los autores, así como proteger y reparar a las víctimas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe procurar la acción mancomunada con las autoridades de los países con los que tenga vinculación consular o diplomática, para la prevención de la trata y la explotación de personas y la mejor atención de las víctimas nacionales en el exterior o extranjeras en el territorio nacional.
Los órganos competentes del Estado uruguayo deben adoptar medidas para reforzar la cooperación entre órganos de control fronterizo y otros países de origen o destino de la trata de personas, promoviendo las comunicaciones directas entre las autoridades encargadas del control y de la investigación, el intercambio de información sobre la documentación, medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para los fines de la trata y la explotación de personas.
(Acceso a la justicia).- La Fiscalía General de la Nación debe garantizar el anonimato de las denuncias y la accesibilidad para las víctimas denunciantes de trata interna o internacional, así como la rápida vinculación de las personas denunciantes con el Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas.
(Presunción de trata o explotación).- Toda institución pública o privada que en razón de su función detecte situaciones sobre las que considera que existen motivos razonables para presumir la existencia de una situación de trata o explotación, debe informarlo de manera inmediata a alguna de las entidades del Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas o a la Fiscalía General de la Nación, a fin que se adopten las medidas correspondientes.
(Reserva de las actuaciones).- Toda información relacionada con situaciones de trata o de explotación a disposición del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, del Sistema Interinstitucional de Respuesta para Situaciones de Trata y Explotación de Personas y de la Fiscalía General de la Nación, es confidencial y de manejo exclusivo de estos y de los operadores que estén a cargo del caso.
La Fiscalía General de la Nación debe adoptar las medidas para garantizar la reserva de esas actuaciones, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.494, de 5 de junio de 2009 y los artículos 163 a 163 quater del Código Penal en cuanto corresponda.
(Denuncia).- La denuncia, así como la respectiva entrevista de la persona víctima y los testigos durante las actuaciones judiciales o administrativas, debe llevarse a cabo con el debido respeto a su trayectoria de vida y fuera de la presencia del público y los medios de comunicación.
El nombre, la dirección y otra información de identificación, incluyendo imágenes, de una persona víctima de trata o explotación de personas, sus familiares o allegados, no deben ser divulgados ni publicados en los medios de comunicación ni en las redes sociales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 163 del Código del Proceso Penal.
(Derechos de las víctimas para el acceso a la justicia).- En los procesos administrativos y judiciales las víctimas de trata de personas y delitos conexos tienen derecho a:
A) Ser oídas, con el apoyo de profesionales especializados, en
condiciones en que se asegure la intimidad y privacidad, teniendo
en cuenta su edad, grado de madurez, situación de discapacidad e
idioma, así como el tipo de explotación denunciada.
B) La protección de su integridad física y emocional, así como de su
identidad y privacidad, aún cuando decidiera no denunciar.
C) Obtener una respuesta oportuna y eficaz.
D) Contar con el tiempo necesario para reflexionar, con la
asistencia legal y psicológica requerida, sobre su posible
intervención en el proceso penal en el que figura como posible
víctima, si aún no ha tomado esa decisión.
E) Participar en el procedimiento recibiendo información sobre el
estado de la causa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 79
del Código del Proceso Penal.
F) Al asesoramiento y patrocinio letrado especializado y gratuito.
G) Contar con traductor en un idioma que comprenda en todas las
instancias judiciales y extrajudiciales.
H) Que su testimonio no sea desvalorizado en base a discriminaciones
tales como el origen étnico racial, estereotipos de género,
identidad de género, creencias, identidad cultural, entre otros.
I) Recibir un trato humanizado, evitando la revictimización,
teniendo en cuenta su edad, situación de discapacidad u otras
condiciones o circunstancias que requieran especial atención.
J) Oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo,
debiéndose en todos los casos recabar previamente su
consentimiento informado.
En los casos de violencia sexual, tienen derecho a escoger el
sexo del profesional o técnico para dichas prácticas, el que debe
ser especializado y formado con perspectiva de género.
K) Concurrir con un acompañante emocional de su confianza a todas
las instancias de investigación, periciales y procesales.
L) La reparación integral del daño sufrido.
(Derechos de niñas, niños y adolescentes testigos y víctimas de los delitos de trata y explotación).- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de todos los derechos reconocidos en esta ley y en particular los previstos en el artículo 32 de esta ley.
Asimismo, para garantizar el trato adecuado a su edad, en los procesos administrativos o judiciales debe asegurarse que:
A) Sean informadas e informados por su Defensora o Defensor sobre
sus derechos y sobre el estado y alcance de las actuaciones, los
plazos y las resoluciones en la causa, en forma accesible a su
edad, teniendo en cuenta su madurez y grado de autonomía.
B) Se evite al máximo posible su concurrencia a la sede judicial,
fiscal o policial. Cuando resulte imprescindible recabar su
testimonio o así lo soliciten, se efectúe a través de personal
técnico especializado y en lugares adecuados a tal fin. En ningún
caso permanecerán en lugares comunes con las personas
denunciadas, o vinculadas a las mismas, ni se admitirá forma
alguna de confrontación.
C) Se adopten todas las medidas necesarias para la protección de su
integridad física y emocional, así como de su privacidad e
imagen, la que en ningún caso puede ser utilizada por los medios
masivos de comunicación.
(Protección de víctimas y testigos).- El Fiscal debe adoptar cualquier medida que considere adecuada y necesaria para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. A tal fin, tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, la salud, así como las características del delito, en particular cuando este entrañe violencia sexual, violencia en razón del género o violencia contra niñas, niños y adolescentes.
(Consentimiento de la víctima).- El consentimiento expreso o tácito de la víctima en ningún caso puede ser considerado un factor de justificación o de legitimación de las conductas de trata o explotación de personas.
(Prohibición de prueba con fines de desacreditación).- En casos de trata o explotación sexual se prohíbe la utilización de prueba relativa a la conducta sexual anterior o actual de la víctima o de testigos para desacreditar su testimonio o la condición de víctima.
(Del careo).- Prohíbese el careo y toda otra forma de confrontación entre la víctima o los testigos y familiares con el denunciado u otros vinculados a la trata o la explotación de personas.
(Personal especializado).- La fiscalía y el tribunal actuantes deben contar con personal especializado para atender durante el proceso a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con la violencia sexual y de género y la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
(Prohibición de mediación extrajudicial).- Prohíbese la utilización de la mediación extrajudicial y las otras vías alternativas de resolución del conflicto (Libro VI Código del Proceso Penal) en los asuntos relativos a la trata de personas o de alguna de las formas de explotación de personas previstas en esta ley.
(No punibilidad).- Las víctimas de la trata o de la explotación de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata o explotación.
Tampoco les son aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria, cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificare.
(Reparación).- La reparación de la víctima debe ser integral comprensiva de la indemnización, restitución y rehabilitación y se debe extender a todas las personas afectadas conforme al literal D) del artículo 4° de esta ley.
El Estado será responsable de la reparación de las víctimas de la trata y la explotación de personas por agentes del Estado o por quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado.
(Reparación patrimonial).- En la sentencia de condena por trata de personas o alguna de las formas de explotación de personas previstas en esta ley, además de la pena, se debe disponer una reparación patrimonial para la o las víctimas identificadas, por un monto equivalente a veinticuatro ingresos mensuales del condenado para cada una de ellas, o en su defecto veinticuatro salarios mínimos nacionales, sin perjuicio de su derecho a seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño.
(Protección de la víctima).- Siempre que se disponga la libertad de una persona que hubiere sido privada de la misma por delitos vinculados a la trata o la explotación de personas, el Tribunal competente debe notificar dicha resolución a la víctima con una antelación mínima de diez días y disponer medidas de protección a su respecto por un plazo no inferior a ciento ochenta días.
(Relevamiento de datos).- La Fiscalía General de la Nación, a través de su sistema de registro de denuncias, debe llevar un relevamiento de las denuncias sobre trata interna e internacional de manera de garantizar datos sistemáticos de la evolución y dimensión de la problemática.
Anualmente debe remitir un informe a la Asamblea General.