Fíjase en siete pesos cincuenta centésimos ($ 7.50), los cien (100) kilogramos, como precio para el trigo de la cosecha 1940-41, puesto el cereal en Montevideo, en graneros oficiales o depósitos que el Banco de la República indique. Dicho precio regirá para trigo natural, sano, seco y con un peso hectolítrico de setenta y ocho kilogramos.
El precio correspondiente al cereal en los graneros oficiales regionales, depósitos particulares, establecimientos industriales del interior, y estaciones o puertos de embarque más próximos a los centros de producción, queda fijado sobre la base del precio en Montevideo, deducidos los gastos de conducción desde los diversos lugares de embarque a la Capital; y no podrá ser inferior a seis pesos noventa centésimos ($ 6.90) los cien (100) kilogramos puestos en los puntos precedentemente indicados.
El Poder Ejecutivo por los órganos que éste indique tendrá el contralor
del precio pagado por los molineros con amplias facultades inspectivas, que podrán llegar hasta el examen de la contabilidad de los comerciantes e
industriales que intervengan en la compra del cereal. Asimismo podrá exigir obligatoriamente el archivo por orden numérico y correlativo, de todas las operaciones de compra que se realicen en virtud de la presente ley.
Además de las penas establecidas en el artículo 5º los que burlen las
disposiciones de la presente ley, perderán el derecho a la prima establecida en el artículo 7º.
La prenda constituída mediante caución o depósito de cereales, sólo
conservará el privilegio del arrendador con contrato escrito y debidamente inscripto en el registro respectivo, con anterioridad al 30 de junio de 1941, por un año de arrendamiento vencido, quedando expresamente aclarada, a los efectos de la aplicación de la presente ley, la disposición del artículo 6º de la ley de fecha Febrero 25 de 1933; Crédito de Habilitación.
Este privilegio se extiende también al Banco Hipotecario del Uruguay por el servicio correspondiente al año inmediato vencido, del préstamo otorgado por la Sección Fomento Rural y Colonización, leyes de 22 de Enero de 1913, 20 de Junio de 1921, y 10 de Setiembre de 1923. En los arrendamientos concertados por la indicada Sección Fomento Rural y Colonización no será necesaria la inscripción a los efectos dispuestos en este artículo.
Las personas o entidades que burlen las disposiciones de la presente ley, serán penadas con multas de doscientos pesos ($ 200.00) hasta diez mil pesos (pesos 10.000.00) o prisión equivalente hasta el máximo de dos años, sin perjuicio de la acción civil del Estado para exigir la devolución del provecho indebido.
Esas penas se aplicarán a cada uno de los que hubieren intervenido en la comisión del delito.
Decláranse nulas todas las negociaciones de compra-venta de trigo de la
cosecha 1940-41, hechas con anterioridad a la presente ley, siempre que
contraríen las disposiciones de la misma.
Fíjase en un peso con setenta centésimos ($ 1.70) por cada cien (100)
kilogramos de trigo nacional adquirido por los molinos, el reintegro que les pagará el Estado a fin de regular los precios de la harina y los subproductos, y del pan.
Este régimen empezará a hacerse efectivo a partir del 1º de Enero de 1941.
El Banco de la República abonará semanalmente a los molinos interesados, contra la presentación de las correspondientes facturas, y declaración jurada, la diferencia de un peso setenta centésimos ($ 1.70) por cada cien (100) kilos sobre los trigos nacionales recibidos por los mismos, tomando los fondos necesarios para esos pagos de los recursos que se crean por la presente ley y que serán administrados por el mismo Banco en cuenta especial.
Dicho Banco anticipará los fondos necesarios. El interés correspondiente será cargado a la cuenta anteriormente expresada.
Los molinos quedan obligados a dar preferencia en sus adquisiciones, a los trigos de producción nacional. Los molinos del interior del país que, por déficit de materia prima, se vean en la necesidad de adquirir trigo importado, gozarán del beneficio de libre flete desde Montevideo a los puntos de destino. Dicho flete será de cargo del Estado, y su pago se efectuará con los recursos que se indican en el artículo 17.
El Banco de la República podrá acordar a los agricultores beneficiados
por la ley número 8939 de 25 de Febrero de 1933, plazo hasta de diez años como máximo, para el pago de sus deudas por concepto de crédito habilitador, con amortizaciones anuales a juicio del Banco, sin interés. (*)
Sólo podrán acogerse a las facilidades de pago establecidas en el artículo precedente, los agricultores que, por fracaso de sus cosechas o por su situación financiera, no puedan seguir utilizando normalmente los beneficios de la citada ley número 8939. (*)
Es facultad del Banco de la República, acordar o no las facilidades de
pago que se instituyen, atendiéndose -para ello- a la conducta anterior del deudor y a sus condiciones de agricultor.
Queda, también facultado el Banco de la República para condonar -total o parcialmente- las obligaciones de los agricultores emergentes de créditos otorgados de conformidad a lo dispuesto por la citada ley número 8.939 y disposiciones modificativas de la presente, siempre que los deudores no puedan darles cumplimiento por causas ajenas a los mismos.
A ese efecto, la resolución deberá ser detenidamente fundada, y concurrir la unanimidad de votos del Directorio. (*)
Los agricultores beneficiarios no quedan inhabilitados para seguir siendo amparados por las disposiciones de la ley número 8939, a condición de que cumplan estrictamente el pago de las amortizaciones correspondientes a la unificación de su deuda anterior. (*)
Los agricultores que deseen acogerse a los beneficios acordados por los
artículos 10, 11, 12 y 13 de esta ley, deberán presentarse al Banco de la
República dentro de los sesenta días de la publicación de la misma, y llenar una ficha con datos concretos, que será certificada por funcionarios de la Dirección de Agronomía o del Banco de la República y que servirá de base a esta institución, para considerar las situaciones correspondientes.
El Ministerio de Ganadería y Agricultura, con la colaboración de los
técnicos y funcionarios de los Bancos de la República, Hipotecario y de Seguros, procederá al fichado de los agricultores de todo el país. (*)
Los gastos que reclame el cumplimiento de la presente ley, se atenderán
con los recursos que produzca la diferencia entre el valor de importación de trigo que se adquiera en el extranjero, y el precio de cinco pesos con ochenta centésimos ($ 5.80) que queda fijado para la compra de dicho cereal por parte de los molinos.
Dicha diferencia se hará efectiva mediante el pago, por los importadores, de la prima equivalente que fije el Banco de la República.
El déficit que pudiera resultar se imputará al fondo de Diferencias de
Cambio. Si, por el contrario resultare superávit, éste será acreditado al
"Crédito Agrícola da Habilitación". (*)
Los gastos que se originen por la aplicación del artículo 16, serán
también imputados a los fondos indicados en el artículo anterior, a cuyo efecto se abrirá desde ya una cuenta, hasta la cantidad de cuarenta mil pesos ($ 40.000.00) en la contaduría General de la Nación, a la orden del
Ministerio de Ganadería y Agricultura.