MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Ley 16.466
Declárase de Interés General, la protección del medio ambiente, contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación.
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El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Declárase de interés general y nacional la protección del medio
ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o
contaminación, así como la prevención del impacto ambiental negativo o
nocivo y, en su caso, la recomposición del medio ambiente dañado por
actividades humanas.
A los efectos de la presente ley se considera impacto ambiental
negativo o nocivo toda alteración de las propiedades físicas, químicas o
biológicas del medio ambiente causada por cualquier forma de materia o
energía resultante de las actividades humanas que directa o
indirectamente perjudiquen o dañen:
I. La salud, seguridad o calidad de vida de la población.
II. Las condiciones estéticas, culturales o sanitarias del medio.
III. La configuración, calidad y diversidad de los recursos naturales.
Es deber fundamental de toda persona, física o jurídica, abstenerse de
todo acto que cause impacto ambiental que se traduzca en depredación,
destrucción o contaminación graves del medio ambiente.
Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que señale la
ley, quien provoque depredación, destrucción o contaminación del medio
ambiente en violación de lo establecido por los artículos de la presente
ley, será civilmente responsable de todos los perjuicios que ocasione,
debiendo hacerse cargo, además, si materialmente ello fuere posible, de
las acciones conducentes a su recomposición.
Cuando los perjuicios ocasionados por dicha violación sean
irreversibles, el responsable de los mismos deberá hacerse cargo de todas
las medidas tendientes a su máxima reducción o mitigación, sin perjuicio
de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran
corresponder.
Sin perjuicio de los demás cometidos y facultades que le asigna la
presente ley u otras normas legales, el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente llevará un registro de los
estudios de evaluación de impacto ambiental referidos a todas las
actividades, construcciones u obras descriptos en el artículo siguiente,
así como aquellos otros no mencionados específicamente y que, a juicio
del citado Ministerio, puedan ser susceptibles de provocar un impacto
ambiental de entidad.
Quedan sometidas a la realización pevia de un estudio de impacto
ambiental las siguientes actividades, construcciones u obras, públicas o
privadas:
a. Carreteras, puentes, vías férreas y aeropuertos.
b. Puertos, terminales de transvase de petróleo o productos químicos.
c. Oleoductos, gasoductos y emisarios de líquidos residuales.
d. Plantas de tratamiento, equipos de transporte y disposición final
de residuos tóxicos o peligrosos.
e. Extracción de minerales y de combustibles fósiles.
f Usinas de generación de electricidad de más de 10 MW, cualquiera
sea su fuente primaria,
g. Usinas de producción y transformación de energía nuclear.
h. Líneas de transmisión de energía eléctrica de 150 KW o más.
i. Obras para explotación o regulación de recursos hídricos.
j. Complejos industriales, agroindustriales y turísticos, o unidades
que, por su naturaleza y magnitud, puedan causar un impacto ambiental
grave.
k. Proyectos urbanísticos de más de cien hectáreas o en áreas menores
consideradas de relevante interés ambiental a criterio del Poder
Ejecutivo.
l. Las que se proyectaren realizar en la faja de defensa costera
definida por el artículo 153 del Código de Aguas.
m. Aquellas otras actividades, construcciones u obras que, en forma
análoga a las indicadas precedentemente, puedan causar impacto ambiental
negativo o nocivo. El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición.
n. El Poder Ejecutivo reglamentará los criterios mínimos de las
actividades, construcciones u obras, a partir de los cuales se deberán
realizar las evaluaciones de impacto ambiental.
La enunciación precedente es sin perjuicio de lo establecido por otras
normas legales específicas referidas a esta materia, que seguirán
vigentes.
Para iniciar la ejecución de las actividades, construcciones u obras
en las que estén involucradas cualesquiera de las situaciones descriptas
en el artículo anterior, los interesados deberán obtener la autorización
previa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente el que requerirá el asesoramiento del o de los Ministerios o
Gobiernos Departamentales que tuvieran que ver con dichas obras o
trabajos.
El Ministerio se expedirá dentro del plazo que fije la reglamentación.
En cualquier momento durante la realización de una actividad,
construcción u obra de las mencionadas en el artículo 6º, el Poder
Ejecutivo podrá disponer, por resolución fundada, la suspensión de las
mismas.
La solicitud de autorización respectiva deberá ser realizada por el
titular del proyecto a ejecutar, quien será responsable de dar
cumplimiento a las exigencias dispuestas por la presente ley. Deberá
adjuntar los estudios completos del proyecto, junto con los elementos que
estime convenientes para su mejor análisis.
Los requisitos mínimos que deberá contener la solicitud de
autorización serán los siguientes:
a) La identificación del o de los propietarios del predio donde se
ejecutará el proyecto, la identificación precisa del o de los titulares
del mismo y de los técnicos responsables en su elaboración y ejecución.
b) El proyecto suscrito por el o los técnicos designados, con la
descripción detallada de su contenido, del espacio físico y entorno donde
el mismo se emplazaría, junto con todos los detalles que posibiliten su
consideración integral.
c) La evaluación del impacto ambiental suscrita por el o los técnicos
intervinientes.
d) Un resumen del proyecto en términos fácilmente comprensibles que
contenga las particularidades esenciales del mismo, así como los efectos
que de su ejecución puedan derivarse
e) Aquellos otros requisitos que pueda determinar la reglamentación.
Los titulares de las actividades, construcciones u obras a ejecutar y
los técnicos y profesionales intervinientes en su ejecución y dirección,
serán solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados por la
realización de aquellas que no hubieren obtenido la autorización prevista
en la presente ley, así como por el apartamiento de las normas contenidas
en los antecedentes que hayan dado mérito a su aprobación.
El estudio de evaluación de impacto ambiental requerido por la
presente ley, deberá ser suscrito por los técnicos intervinientes, uno de
los cuales deberá ser técnico profesional universitario con idoneidad en
la materia, que será responsable por los resultados de los estudios
presentados.
No podrán intervenir ni suscribir estos estudios o evaluaciones de
impacto ambiental a que se refiere el literal c) del artículo 10 de la
presente ley los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente ni aquellos otros funcionarios públicos que
disponga la reglamentación, por considerar que existe conflicto de
intereses.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
pondrá de manifiesto en sus oficinas el resumen del proyecto a que hace
referencia el literal d) del artículo 10 de la presente ley, una vez que
considere que el mismo corresponde al proyecto presentado. A tal fin,
efectuará una comunicación mediante publicación en el Diario Oficial y en
otro diario de circulación nacional, a partir de la cual correrá un
plazo, que determinará la reglamentación, para que cualquier interesado
pueda acceder a la vista del mismo y formular las apreciaciones que
considere convenientes.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
podrá disponer la realización de una audiencia pública, cuando considere
que el proyecto implica repercusiones graves de orden cultural, social o
ambiental, a cuyos efectos determinará la forma de su convocatoria, así
como demás aspectos inherentes a su realización, y en la que podrá
intervenir cualquier interesado. En todos los casos, la resolución final
corresponderá al Poder Ejecutivo.
Si el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente considerare que el proyecto provoca un impacto ambiental
negativo o nocivo superior a los mínimos admisibles, deberá negar la
autorización.
El Poder Ejecutivo podrá declarar objeto de estudio de impacto
ambiental y disponer su realización por los responsables a aquellas
industrias, obras o actividades, construcciones u obras existentes que
produzcan alteraciones o emisiones contaminantes al medio ambiente, con
la finalidad de aplicar en ellas las medidas paliativas de los efectos
nocivos que pudieran ocasionar.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento
ochenta días siguientes a su promulgación. Dicha reglamentación deberá
incluir especialmente los criterios a aplicar por el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente relativos a la
procedencia de los estudios previos de evaluación de impacto ambiental y
los elementos básicos que necesariamente deberán contener los mismos, su
forma de presentación, la tramitación y los plazos correspondientes.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de
enero de 1994. LUIS A. HEBER, Presidente, HORACIO D. CATALURDA,
Secretario.
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Montevideo, 19 de enero de 1994
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos.
LACALLE HERRERA, MANUEL ANTONIO ROMAY, RAUL ITURRIA, SERGIO ABREU,
IGNACIO de POSADAS MONTERO, DANIEL HUGO MARTINS, ANTONIO MERCADER, JUAN
CARLOS RAFFO, EDUARDO ACHE, RICARDO REILLY, GUILLERMO GARCIA COSTA, PEDRO
SARAVIA, JOSE VILLAR GOMEZ.