LEY CRISTAL - FUNCIONARIOS PUBLICOS




Promulgación: 23/12/1998
Publicación: 08/01/1999
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 2
  •    Semestre: 2
  •    Año: 1998
  •    Página: 1463
Reglamentada por: Decreto Nº 30/003 de 23/01/2003.
Referencias a toda la norma

CAPITULO I - AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES
								

Artículo 1

La presente ley será aplicable a los funcionarios públicos de:
 A) Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.
 B) Tribunal de Cuentas.
 C) Corte Electoral.
 D) Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
 E) Gobiernos Departamentales.
 F) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.
 G) En general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así
como las personas públicas no estatales. (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 4.
Referencias al artículo

Artículo 2

A los efectos de la presente ley se entiende por funcionarios públicos,
las personas a las que refiere el artículo 175 del Código Penal. (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 4.

Artículo 3

A los efectos del Capítulo II de la presente ley se entiende por
corrupción el uso indebido del poder público o de la función pública, para
obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no
un daño al Estado. (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 4.

CAPITULO II - JUNTA ASESORA
								

Artículo 4

Créase una Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, cuya
actuación y cometidos serán los siguientes:

 1) Asesorará a nivel nacional en materia de los delitos previstos por la
    presente ley, contra la Administración Pública (Título IV, excluyendo
    los Capítulos IV y V, del Código Penal) y contra la economía y la
    hacienda pública (Título IX del Código Penal), que se imputen a alguno
    o algunos de los funcionarios públicos enumerados en los artículos 10
    y 11 de la presente ley.
     Estará compuesta de tres miembros, quienes durarán cinco años en sus
    funciones a partir de su designación por el Presidente de la
    República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la
    Cámara de Senadores otorgada siempre por tres quintos de votos del
    total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y
    solvencia profesional y moral.
     El Presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de
    Ministros, podrá destituir por resolución fundada a los miembros de la
    Junta con venia de la Cámara de Senadores otorgada por la misma
    mayoría exigida para su designación. Si la Cámara de Senadores no se
    expidiera en el término de sesenta días, el Poder Ejecutivo podrá
    hacer efectiva la destitución.

 2) Tendrá como cometido exclusivo el asesoramiento a los órganos
    judiciales con competencia penal, emitiendo opinión dentro del marco
    de su materia, cuando la Justicia o el Ministerio Público lo
    dispongan.
    La actuación de la Junta en el cumplimiento de su cometido se regulará
    por lo establecido en la Sección V, Capítulo III, Título VI, Libro I
    del Código General del Proceso, en lo aplicable.

 3) Las denuncias que se hicieren sobre comisión de delitos incluidos en
    el Capítulo I, serán presentadas ante el órgano judicial competente, o
    el Ministerio Público, los que podrán disponer que la Junta proceda a
    la obtención y sistematización de todas las pruebas documentales que
    de existir fueran necesarias para el esclarecimiento por el Juez de
    los hechos noticiados.

 4) La Junta dispondrá de sesenta días para el cumplimiento del cometido
    indicado en el apartado anterior, pudiendo solicitar al Juez, por una
    sola vez, la prórroga del plazo, la que será concedida siempre que
    exista mérito bastante para ello, por un máximo de treinta días.
     Vencido el plazo o la prórroga en su caso, la Junta remitirá al
    órgano que legalmente corresponda recepcionarla los antecedentes
    reunidos. Estos serán acompañados por un informe explicativo de la
    correlación de los mismos con los hechos denunciados.

 5) Para el cumplimiento de sus funciones la Junta tendrá los siguientes
    cometidos accesorios:

      A) Recabar, cuando lo considere conveniente, información sobre las
         condiciones de regularidad e imparcialidad con las cuales se
         preparan, formalizan y ejecutan los contratos públicos de bienes,
         obras y servicios.

      B) Recibir las declaraciones juradas de que tratan los artículos 10
         y siguientes de la presente ley.

      C) Determinar, a requerimiento del interesado, si éste debe
         presentar la declaración jurada de bienes e ingresos a que
         refiere el Capítulo V de la presente ley.

      D) Proponer las modificaciones de normas sobre las materias de su
         competencia.

      E) Elaborar un informe anual que será elevado a los Poderes
         Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

 6) Para el cumplimiento de los cometidos previstos en los Capítulos III y
    IV de la presente ley, la Junta podrá dirigirse por intermedio del
    órgano judicial interviniente o del representante del Ministerio
    Público, a cualquier repartición pública, a fin de solicitar los
    documentos y demás elementos necesarios para el esclarecimiento por el
    Juez de los hechos denunciados.

 7) En la ejecución de sus funciones, la Junta contará con el
    asesoramiento jurídico permanente del Fiscal de Corte y Procurador
    General de la Nación, sobre aspectos formales y procedimentales
    (artículos 1º y 6º de la Ley Orgánica del Ministerio Público y
    Fiscal).

 8) La Junta constituye un Cuerpo con independencia técnica en el   
    ejercicio de sus funciones. Informará mensualmente, por cualquier vía
    idónea, al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación sobre
    las actividades desarrolladas en relación a los cometidos previstos 
    en los numerales 2º), 3º) y 4º) del presente artículo, así como    
    también de toda resolución adoptada sobre impedimentos, excusas o  
    recusaciones que, a juicio del Cuerpo, alguno de sus miembros 
    pudiere tener respecto de los asuntos a consideración del mismo. Sin
    perjuicio de lo establecido en el numeral 7º) precedente, la Fiscalía
    de Corte y Procuraduría General de la Nación podrá suministrar a la 
    Junta Asesora el apoyo administrativo y contable para el mejor 
    cumplimiento de sus cometidos que ésta le solicitare. (*)

(*)Notas:
Numeral 8º) redacción dada por: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 334.
Reglamentado por: Decreto Nº 354/999 de 12/11/1999.
Ver en esta norma, artículo: 17.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 17.060 de 23/12/1998 artículo 4.
Referencias al artículo

CAPITULO III - CONTROL SOCIAL
								

Artículo 5

Los organismos públicos darán amplia publicidad a sus adquisiciones de
bienes y contrataciones de servicios, de acuerdo a las pautas que fije el
Poder Ejecutivo -o el órgano jerarca, en su caso- al reglamentar la
presente ley.
Referencias al artículo

Artículo 6

El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Junta, llevará a cabo periódicamente
campañas de difusión en materia de transparencia pública y responsabilidad
de los funcionarios públicos, así como sobre los delitos contra la
Administración Pública y los mecanismos de control ciudadano.
Referencias al artículo

Artículo 7

Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública
pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban
permanecer reservados o secretos o hayan sido declarados tales por ley o
resolución fundada. En todo caso, bajo la responsabilidad a que hubiese
lugar por derecho.
Referencias al artículo

CAPITULO IV - DISPOSICIONES PENALES
								

Artículo 8

   (*)

(*)Notas:
Este artículo dio nueva redacción a: Código Penal de 04/12/1933 artículos 
68, 84, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 175, 177 y 179.

Artículo 9

   (*)

(*)Notas:
Fe de erratas publicada/s: 27/07/1999.
Este artículo agregó a: Código Penal de 04/12/1933 artículos 158 - BIS, 
163 - BIS, 163 - TER y 163 - QUATER.

CAPITULO V - DECLARACION JURADA DE BIENES E INGRESOS DE LAS AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS PUBLICOS
								

Artículo 10

El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros de
Estado, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte
Electoral, los Senadores, los Representantes Nacionales y los Intendentes
Municipales deberán formular una declaración jurada de bienes e ingresos a
cualquier título. (*)

(*)Notas:
Reglamentado por: Decreto Nº 354/999 de 12/11/1999.
Ver en esta norma, artículos: 11, 16, 19 y 38.
Referencias al artículo

Artículo 11

  También están comprendidos en la obligación del artículo precedente los funcionarios que se enumeran:

A)     Subsecretarios de Estado, Secretario y Prosecretario de la
       Presidencia de la República, Fiscal de Corte y Procurador General
       de la Nación, Procurador del Estado en lo Contencioso
       Administrativo, Director y Subdirector de la Oficina de
       Planeamiento y Presupuesto, Director y Subdirector de la Oficina
       Nacional del Servicio Civil, Miembros de la Junta Asesora en
       Materia Económico Financiera del Estado y Miembros de las
       Comisiones de las Unidades Reguladoras.

B)     Ministros de los Tribunales de Apelaciones, Jueces, Secretarios
       Letrados de la Suprema Corte de Justicia, Secretarios de los
       Tribunales de Apelaciones, Actuarios y Alguaciles del Poder
       Judicial, Fiscales Letrados y Fiscales Adjuntos, Fiscal Adjunto y
       Secretario Letrado de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General
       de la Nación, y Procurador Adjunto del Estado en lo Contencioso
       Administrativo.

C)     Titulares de los cargos con jerarquía de Dirección General o
       Nacional e Inspección General de los Ministerios.

D)     Director General de Rentas, Subdirector General, Directores de
       División, Encargados de Departamento, Encargados de la Auditoría
       Interna y Asesorías y todos los funcionarios que cumplan tareas
       inspectivas de la Dirección General Impositiva del Ministerio de
       Economía y Finanzas.

E)     Embajadores de la República, Ministros del Servicio Exterior y
       personal diplomático que se desempeñe como Cónsul o Encargado de
       Negocios, con destino en el extranjero, y miembros de las
       delegaciones uruguayas en comisiones u organismos binacionales o
       multinacionales.

F)     Presidentes, Directores, Directores Generales o miembros de los
       órganos directivos de las personas públicas no estatales, de
       empresas privadas pertenecientes mayoritariamente a organismos
       públicos y delegados estatales en las empresas de economía mixta.

G)     Miembros del Consejo Directivo del Servicio Oficial de Difusión,
       Radiotelevisión y Espectáculos y Director del Servicio Nacional de
       Televisión.

H)     Rector y Decanos de las Facultades de la Universidad de la
       República, miembros del Consejo Directivo Central y de los Consejos
       de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Educación
       Técnico - Profesional de la Administración Nacional de Educación
       Pública.

I)     Interventores de instituciones y organismos públicos o privados
       intervenidos por el Poder Ejecutivo, Entes Autónomos, Servicios
       Descentralizados o Gobiernos Departamentales.

J)     Secretarios y Prosecretarios de las Cámaras de Senadores y de
       Representantes y de la Comisión Administrativa del Poder
       Legislativo y Director de Protocolo y Relaciones Públicas de la
       Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

K)     Directores, Directores Generales, Subgerentes Generales y Gerentes
       o funcionarios de rango equivalente cualquiera sea su denominación
       de los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y personas
       públicas no estatales.

L)     General de Ejército, Almirante y General del Aire, Generales,
       Contralmirantes y Brigadieres Generales de las Fuerzas Armadas en
       actividad, Jefes, Subjefes, Inspectores, Comisarios y Directores de
       Policía.

M)     Ediles de las Juntas Departamentales y sus correspondientes
       suplentes y Ediles de las Juntas Locales Autónomas.

N)     Gerentes, Jefes de Compras y ordenadores de gastos y de pagos de
       los organismos públicos cualquiera sea la denominación de su cargo.

O)     Los funcionarios que ocupen cargos políticos o de particular
       confianza, declarados tales a nivel nacional o departamental
       (inciso cuarto del artículo 60 e inciso segundo del artículo 62 de
       la Constitución de la República).

P)     Los funcionarios que realicen funciones inspectivas en cargos cuya
       jerarquía no sea inferior a la de jefe o equivalente y los que
       efectúan tasación o avalúo de bienes, con las excepciones que por
       razón de escasa entidad la reglamentación establezca.

Q)     La totalidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de
       Aduanas y los que prestan servicios en dicha repartición.

R)     La totalidad de los funcionarios de la Dirección General de Casinos
       y de los Casinos departamentales.

S)     Todos los funcionarios del Ministerio del Interior sin excepción
       estarán obligados a presentar declaraciones juradas de bienes e
       ingresos según las disposiciones consagradas en el Capítulo V de
       la presente ley y en la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, y
       disposiciones modificativas y complementarias en la materia. (*)


La relación de cargos precedente no variará por cambios legales o
reglamentarios de denominaciones. La contratación o asignación de
funciones en forma permanente o interina en cualquiera de los cargos
comprendidos genera la obligación de presentar declaración jurada cuando
se cumplan los requisitos legales.

La Junta podrá verificar la pertinencia de la nómina de funcionarios
asignados a presentar declaración jurada remitida por organismos 
públicos. (*)

Las disposiciones de los literales F), N) y P) son aplicables a los 
funcionarios públicos o empleados que trabajan en las empresas privadas  ya creadas o adquiridas por los organismos públicos y en las que se   creen o adquieran en el futuro, así como en las creadas o adquiridas a   su vez por las empresas privadas dependientes de aquellas y sus  sucesivas, con sede en el territorio o fuera de él, siempre que la participación del Estado sea mayoritaria.(*)

(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 18.362 de 06/10/2008 artículo 299.
Ver vigencia: Ley Nº 19.149 de 24/10/2013 artículo 2.
Inciso 4º) agregado/s por: Ley Nº 19.208 de 18/04/2014 artículo 1.
Literal S) agregado/s por: Ley Nº 19.149 de 24/10/2013 artículo 139.
Literal Q) redacción dada anteriormente por: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 
artículo 154.
Reglamentado por: Decreto Nº 354/999 de 12/11/1999.
Ver en esta norma, artículos: 16, 19 y 38.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 17.296 de 21/02/2001 artículo 154, Ley Nº 17.060 de 23/12/1998 artículo 11.
Referencias al artículo

Artículo 12

Dicha declaración jurada contendrá una relación precisa y circunstanciada
de los bienes muebles e inmuebles e ingresos propios del declarante, de su
cónyuge, de la sociedad conyugal que integra, de las personas sometidas a
su patria potestad, tutela o curatela; de la participación que posea en
sociedades nacionales o extranjeras, personales con o sin personalidad
jurídica, en sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o en
comandita por acciones o «holdings», así como de aquellas sociedades en
las que desempeñe el cargo de Director o Gerente, y de los bienes de que
dispongan el uso exclusivo, y de los ingresos del declarante y su cónyuge.
 En su caso, dicha declaración jurada deberá ser suscrita por el cónyuge,
en lo referente a los ingresos y bienes de su pertenencia.
 Se especificará el título y fecha de la última procedencia dominial de
cada uno de los bienes en propiedad, alquiler o uso, monto y lugar de
depósitos de dinero y otros valores en el país o en el exterior.
 Se incluirán, asimismo, rentas, sueldos, salarios o beneficios que se
continúen percibiendo.
 Las declaraciones se presentarán en sobre cerrado ante la Junta. La Junta
abrirá los sobres conteniendo las declaraciones del Presidente y
Vicepresidente de la República y dispondrá su publicación en el Diario Oficial. 
 A todos los efectos previstos en el presente artículo, equipárase a la situación de los cónyuges, la situación de los concubinos reconocidos judicialmente como tales, y a la situación de la sociedad conyugal la de las sociedades de bienes concubinarios, según lo dispuesto por la Ley Nº 18.246, de 27 de diciembre de 2007. (*)


(*)Notas:
Inciso final agregado/s por: Ley Nº 18.362 de 06/10/2008 artículo 300.
Reglamentado por: Decreto Nº 354/999 de 12/11/1999.
Ver en esta norma, artículo: 17.
Referencias al artículo

Artículo 13

Para la presentación de la declaración jurada inicial se dispondrá de un
plazo de treinta días. Este plazo comenzará a computarse una vez cumplidos
sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo.
 Para la primera declaración jurada a partir de la promulgación de la
presente ley regirá lo dispuesto en el artículo 38.
 Las declaraciones subsiguientes se formularán cada dos años contados a
partir de la respectiva declaración inicial, siempre que el funcionario
continuare en el ejercicio del cargo. Toda vez que cesare en el mismo
deberá presentar una declaración final dentro de los treinta días del
cese. (*)

(*)Notas:
Reglamentado por: Decreto Nº 354/999 de 12/11/1999.
Ver en esta norma, artículo: 16.
Referencias al artículo

Artículo 14

La Junta llevará un registro de las declaraciones juradas de los
funcionarios referidos en la presente ley y expedirá los certificados de
haber recibido las mismas.
 La Junta proporcionará los instructivos o formularios que correspondan 
para la correcta declaración jurada.
 Las declaraciones se conservarán por un período de cinco años contados a
partir del cese del funcionario en su cargo o su fallecimiento. Vencido 
el mismo, procederá a su destrucción, labrándose acta notarial de dicho 
acto, salvo que el interesado hubiera solicitado su devolución, en cuyo 
caso se le entregará.

(*)Notas:
Reglamentado por: Decreto Nº 354/999 de 12/11/1999.
Referencias al artículo

Artículo 15

La Junta tendrá a su cargo la custodia de las declaraciones juradas que
reciba en cumplimiento de la presente ley, y sólo procederá a su apertura:

 A) A solicitud del propio interesado o por resolución fundada de la
    Justicia Penal.

 B) De oficio, cuando la Junta así lo resuelva en forma fundada, por
    mayoría absoluta de votos de sus miembros. También cuando se haya
    incurrido en alguna de las situaciones previstas en los numerales 2)
    y 3) del artículo 17 de la presente ley, si la Junta lo entendiera
    procedente en el curso de una investigación promovida ante la 
    misma. 

 C) A solicitud fundada de una Comisión Investigadora Parlamentaria.

    Cuando se proceda a la apertura de un sobre se expedirá testimonio de
    su contenido, será cerrado nuevamente y devuelto a su sitio de
    custodia. (*)


(*)Notas:
Literal C) agregado/s por: Ley Nº 18.172 de 31/08/2007 artículo 223.
Reglamentado por: Decreto Nº 354/999 de 12/11/1999.
Ver en esta norma, artículo: 18.
Referencias al artículo

Artículo 16

En caso de no presentación de la declaración jurada en los plazos
previstos por el artículo 13 de la presente ley, la Junta cursará aviso 
a los funcionarios omisos. Si en los quince días posteriores no 
cumplieran con la obligación o no justificaran un impedimento legal, la 
Junta publicará en el Diario Oficial y en un diario de circulación 
nacional el nombre y cargo de los funcionarios que hayan omitido 
realizar la declaración dispuesta en los artículos 10 y 11 de la 
presente ley, sin perjuicio de lo que se establecerá en el artículo 
siguiente. (*)

(*)Notas:
Reglamentado por: Decreto Nº 354/999 de 12/11/1999.
Ver en esta norma, artículo: 17.
Referencias al artículo

Artículo 17

Se considerará falta grave a los deberes inherentes a la función pública:

 1) La no presentación de la declaración jurada al cabo del trámite
    previsto en el artículo anterior.

 2) La inclusión en la declaración jurada inicial de cada declarante de
    bienes y valores patrimoniales pertenecientes a terceros o
    inexistentes.

 3) La ocultación en las declaraciones juradas subsiguientes de bienes que
    se hubieran incorporado al patrimonio del declarante o de las
    restantes personas a que refiere el artículo 12 de la presente ley.
 De producirse la modalidad prevista en los numerales 2) y 3) de este
artículo, la Junta iniciará las acciones previstas en el numeral 3) del
artículo 4º de la presente ley.

(*)Notas:
Reglamentado por: Decreto Nº 354/999 de 12/11/1999.
Referencias al artículo

Artículo 18

Si durante el año electoral se formula una denuncia o se procede a la
apertura del sobre por cualquiera de las causales indicadas en el artículo
15 de la presente ley, referente a un funcionario que se postule a
cualquier cargo electivo, el interesado podrá urgir a la Junta a que dicte
la resolución con una anticipación de, por lo menos, treinta días al acto
eleccionario. La Junta no recibirá denuncias dentro de los noventa días
anteriores al acto eleccionario.

(*)Notas:
Reglamentado por: Decreto Nº 354/999 de 12/11/1999.
Referencias al artículo

Artículo 19

El Poder Ejecutivo y los titulares de los distintos organismos a los que
alcanzare esta ley deberán comunicar a la Junta los nombres de todas las
personas que a la fecha de su promulgación estén comprendidas en los
artículos 10 y 11 de la presente ley. Asimismo deberán comunicar dentro de
los treinta días de acaecidas las alteraciones que se produzcan en dicha
nómina.

(*)Notas:
Reglamentado por: Decreto Nº 354/999 de 12/11/1999.
Referencias al artículo

CAPITULO VI - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
								

Artículo 20

Los funcionarios públicos deberán observar estrictamente el principio de
probidad, que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su
cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro.
 El interés público se expresa en la satisfacción de necesidades
colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio
del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el
desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud
de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos.
Referencias al artículo

Artículo 21

Los funcionarios públicos observarán los principios de respeto,
imparcialidad, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe
un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su
intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o
beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos.
 Toda acción u omisión en contravención del presente artículo hará
incurrir a sus autores en responsabilidad administrativa, civil o penal,
en la forma prescrita por la Constitución de la República y las leyes.
Referencias al artículo

Artículo 22

Son conductas contrarias a la probidad en la función pública:

 1) Negar información o documentación que haya sido solicitada en
    conformidad a la ley.

 2) Valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de
    conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.

 3) Tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma dinero o bienes de la
    institución, salvo que la ley expresamente lo autorice.

 4) Intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya
    participado como técnico. Los funcionarios deberán poner en
    conocimiento de su superior jerárquico su implicancia en dichos
    asuntos, para que éste adopte la resolución que corresponda.

 5) Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o
    privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de su
    función.
Referencias al artículo

Artículo 23

Los funcionarios públicos que cumplen funciones en las reparticiones
encargadas de la adquisición de bienes y servicios deberán rotar
periódicamente en la forma que establezca la respectiva reglamentación.
 La rotación se hará sin desmedro de la carrera administrativa.
Referencias al artículo

Artículo 24

Las normas de la presente ley no obstarán a la aplicación de las leyes que
afecten a los funcionarios de la Administración Pública, cuando éstas
prescriban exigencias especiales o mayores a las que surgen de su texto.
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las normas de la
presente ley constituirán, además, criterios interpretativos del actuar de
los órganos de la Administración Pública en las materias de su
competencia.
Referencias al artículo

Artículo 25

Créase una Comisión Honoraria de seis miembros integrada por un
representante de la Junta, que la presidirá, un representante del
Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, un representante del Tribunal de Cuentas, un
representante de la Oficina Nacional del Servicio Civil y un representante
de la organización más representativa de los funcionarios públicos, con el
cometido de elaborar propuestas de actualización y ordenamiento
legislativo y administrativo en materia de transparencia en la
contratación pública, así como respecto de los conflictos de intereses en
la función pública. Esta Comisión tendrá un plazo de ciento ochenta días
para expedirse.
Referencias al artículo

Artículo 26

Los Directores o Directores Generales de los Entes Autónomos
y Servicios Descentralizados no podrán intervenir como directores,
administradores o empleados en empresas que contratan obras o suministros
en el Ente Autónomo o Servicio Descentralizado cuyo Directorio o Dirección
General integren.
Referencias al artículo

Artículo 27

El Ministerio de Educación y Cultura coordinará con los Entes de enseñanza
la implementación de cursos de instrucción en los correspondientes niveles
de la educación sobre los diferentes aspectos a que refiere la presente
ley, debiendo poner énfasis en los derechos y deberes de los ciudadanos
frente a la Administración y las responsabilidades de las autoridades y
funcionarios públicos.
Referencias al artículo

Artículo 28

Las entidades públicas tendrán programas de formación para el personal que
ingrese, y uno de actualización cada tres años, los cuales contemplarán
aspectos referentes a la moral administrativa, incompatibilidades,
prohibiciones y conflictos de intereses en la función pública, además de
los otros aspectos a los que refiere la presente ley.
 Será obligación de los funcionarios públicos la asistencia a estos cursos
y el tiempo que insuman se imputará al horario del funcionario.
 Cométese a la Comisión y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la
preparación de material didáctico que se pondrá al alcance de las diversas
entidades públicas.
Referencias al artículo

CAPITULO VII - AMBITO INTERNACIONAL
								

Artículo 29

(Cohecho y soborno transnacionales).- El que para celebrar o facilitar un
negocio de comercio exterior uruguayo ofrece u otorga en el país o en el
extranjero, siempre que concurran las circunstancias previstas en el
numeral 5º del artículo 10 del Código Penal, a un funcionario público de
otro Estado, dinero u otro provecho económico, por sí mismo o para otro,
para sí mismo o para otro, será castigado con una pena de tres meses de
prisión a tres años de penitenciaría. (*)

(*)Notas:
Ver en esta norma, artículo: 33.
Referencias al artículo

Artículo 30

(*)

(*)Notas:
Derogado/s por: Ley Nº 17.835 de 23/09/2004 artículo 22.

TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 17.060 de 23/12/1998 artículo 30.

Artículo 31

El proceso de extradición por hechos previstos como delito en la presente
ley se rige por las normas de los Tratados o Convenciones Internacionales
ratificados por la República, que se encuentren en vigor.
En ausencia de dichos instrumentos, se aplicarán las normas del Código
Penal, del Código del Proceso Penal y las especiales previstas en los
artículos siguientes.

Artículo 32

La extradición por hechos previstos en la presente ley no es procedente
cuando la pena impuesta sea inferior a dos años de privación de libertad y
la parte de la sentencia que aún resta por cumplir sea inferior a seis
meses. Si se tratare de personas requeridas para ser juzgadas, cuando el
mínimo de la pena que la ley extranjera prevé para el delito sea inferior
a seis meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 54 del Código
Penal.

Artículo 33

El hecho de que el dinero o provecho económico que resulte de alguno de
los delitos establecidos en los artículos 156, 158, 158 bis, 160, 161,
162, 163, 163 bis y 163 ter del Código Penal o del delito establecido en
el artículo 29 de la presente ley, hubiese sido destinado a fines
políticos o el hecho de que se alegue que ha sido cometido por
motivaciones o con finalidad política, no basta por sí solo para
considerar dicho acto como delito político.

Artículo 34

Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional provenientes
de autoridades extranjeras para la investigación o enjuiciamiento de
hechos previstos como delitos en la presente ley, que se refieran a
asistencia jurídica de mero trámite, probatoria, cautelar o de
inmovilización, confiscación o transferencia de bienes, se recibirán y
darán curso por la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica
Internacional dependiente de la Dirección de Cooperación Jurídica
Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura. Esta
remitirá las respectivas solicitudes a las autoridades jurisdiccionales o
administrativas nacionales competentes para su diligenciamiento.
 Los Jueces diligenciarán la solicitud de cooperación de acuerdo a leyes
de la República.
 Salvo el caso de medidas de naturaleza cautelar o de inmovilización,
confiscación o transferencia de bienes, la cooperación se prestará sin
entrar a examinar si la conducta que motiva la investigación o el
enjuiciamiento constituye o no un delito conforme al derecho nacional.
 Las solicitudes relativas a registro, levantamiento del secreto bancario,
embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto se someterán a la ley
procesal y sustantiva de la República.
 Las solicitudes podrán ser rechazadas cuando afecten en forma grave el
orden público, así como la seguridad u otros intereses esenciales de la
República.
 El pedido de cooperación formulado por una autoridad extranjera importa
el conocimiento y aceptación de los principios enunciados en este
artículo.

Artículo 35

Créase la Sección de Cooperación Jurídico Penal Internacional dentro de la
Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional
dependiente de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de
Justicia del Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 36

Las solicitudes extranjeras del levantamiento del secreto bancario para la
investigación o enjuiciamiento de hechos previstos como delito en la
presente ley, se someterán a la ley procesal y sustantiva de la República.
 Para que proceda el levantamiento del secreto bancario, debe tratarse, en
cualquier caso, de delitos previstos en el derecho nacional y la solicitud
deberá provenir de autoridades jurisdiccionales.
 El Estado requirente queda obligado a no utilizar las informaciones
protegidas por el secreto bancario que recibe, para ningún fin ajeno al
establecido en la solicitud.

CAPITULO VIII - DISPOSICIONES FINALES
								

Artículo 37

Derógase el Decreto-Ley Nº 14.900, de 31 de mayo de 1979.

Artículo 38

(Disposición transitoria).- El Poder Ejecutivo deberá nombrar los
integrantes de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado
dentro de los treinta días contados a partir de la promulgación de la
presente ley. Dentro de los sesenta días contados a partir de la
instalación de la Junta, ésta deberá proporcionar los instructivos o
formularios que correspondan para la presentación de la declaración
jurada.
 Los funcionarios públicos comprendidos en los artículos 10 y 11 de la
presente ley deberán presentar las primeras declaraciones juradas en un
plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la primera
publicación de los instructivos del Diario Oficial, siempre que hayan
cumplido sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo. En caso
contrario, el plazo de treinta días comenzará a computarse una vez
cumplidos los sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo.
 A la fecha de la primera publicación de los instructivos en el Diario
Oficial, la Junta deberá tener a disposición de los funcionarios públicos
los formularios necesarios para la presentación de la declaración jurada.
Referencias al artículo

SANGUINETTI - GUILLERMO STIRLING - ROBERTO RODRIGUEZ PIOLI - LUIS MOSCA -
JUAN LUIS STORACE - YAMANDU FAU - CONRADO SERRENTINO - JULIO HERRERA - ANA
LIA PIÑEYRUA - RAUL BUSTOS - SERGIO CHIESA - BENITO STERN - JUAN CHIRUCHI
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