Ley
Se establecen disposiciones tendientes a intensificar la represión del juego clandestino
Poder Legislativo.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
La pena de prisión a que alude el artículo 7º, de la ley número 8938 de 24 de Febrero de 1933, sólo será redimible por una multa de mil pesos ($ 1.000.00) en caso de infractores de estas leyes que por primera vez han incurrido en sus sanciones. Tratándose de reincidentes de las mismas, se aplicará siempre la pena de prisión.
Regirán para los juicios a que se refiere el artículo 7º de la ley número 8938, las disposiciones del Código de Instrucción Criminal y además
complementarias, pero los Jueces, al pronunciar su fallo, lo harán con libertad absoluta para apreciar la prueba con arreglo a la convicción moral que se formen al respecto.
Los simples apostadores de los juegos reprimidos por los artículos 7º y
8º de la ley número 8938 de 24 de Febrero de 1933, serán castigados con multas de cuatro pesos, que se aplicará por la autoridad policial.
El importe de las multas a que se alude en los artículos anteriores, será destinado al Consejo del Niño como contribución para el cumplimiento de sus fines.
Respecto de los dineros y demás efectos del delito, como de los
instrumentos con que fué ejecutado, se procederá con sujeción a lo que indican los artículos 104 y siguientes del título VII del código Penal.
En el Departamento de la Capital de la República, serán Jueces
Instructores en los delitos a que se refiere la presente ley y la número 8938 de 24 de Febrero de 1933, los Jueces de Paz respectivos, quienes ajustarán sus procedimientos a las leyes que rigen la instrucción de sumarios en la Capital (C. de I. C., artículo 143 y siguientes y ley 27 de Mayo de 1896, capítulo I). Tendrán siempre intervención en ellos los Fiscales del Crimen del turno correspondiente, debiendo siempre procederse como lo indica el artículo 59 del C. de I. C.
Conocerán en el plenario los Jueces Letrados Correccionales observándose el régimen establecido por el Código de Instrucción Criminal, especialmente en el título IV y V, capítulo I, ajustándose en lo demás al Código Penal sus leyes complementarias y especiales aplicables.
En los Departamentos del interior, se estará a lo dispuesto por la ley
número 8938, artículo 11, apartado 2º y 3º y siguientes.
Quedan autorizados los Jueces de Paz o los de Primera Instancia
Departamental en su caso, para tener a todos sus efectos legales por declaración suficientemente auténtica de los funcionarios de policía, el contenido de los partes que éstos suscriban, sin perjuicio de examinarlos como testigos, en la audiencia, si lo estimaren necesario.
Las disposiciones penales contenidas en esta ley se aplicarán como lo
disponen el artículo 15 y el artículo 16, primera línea del Código Penal; las procesales sólo se aplicarán a las infracciones cometidas con posterioridad a la fecha de la promulgación de esta ley.
A los seis meses de sancionada la presente ley, no podrán funcionar en
Montevideo, fuera del Hipódromo de Maroñas y sede social del Jockey Club,
más de cuatro casas de sport.
En las localidades del interior en las que hubiere hipódromos municipales o bajo el patrocinio de instituciones con personería jurídica, esos hipódromos podrán explotar la venta de boletos a las carreras que se realicen en el extranjero, y en Maroñas, pero con sujeción a las disposiciones contenidas en la presente ley.
Los boletos que se vendan en virtud de esa autorización abonarán los
mismos impuestos que pague el Jockey Club de Montevideo.
En ningún caso se podrá establecer en esa localidad más de una casa de
sport en la ciudad y otra en el hipódromo.
Cuando en los hipódromos a que se hace referencia en el artículo anterior no se realizaran carreras, las ganancias que obtengan las respectivas instituciones, por la venta de boletos a las que se realicen en el extranjero o en Maroñas, serán destinadas al Consejo del Niño, a partir de los dos meses de suspensión de las carreras y mientras éstas no sean reanudadas regularmente.
Las casas de sport autorizadas por esta ley en la Capital y en el
interior quedan obligadas a pasar todas sus apuestas a las carreras que se
realicen en el país o en el extranjero, a sus respectivos hipódromos, bajo pena de clausura de aquéllas que así no lo hicieren.
El Ministerio de Salud Pública podrá efectuar el control que creyere
conveniente, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo.
A partir de los doce meses de sancionada esta ley, podrá el Poder
ejecutivo proceder a la clausura de cualquier casa de sport de la Capital o del interior de la República o aún proceder a la clausura de todas ellas, siemque que estime conveniente esta medida para la represión del juego clandestino.
Esta facultad no alcanza a las casas de sport que funcionen en los
hipódromos, durante las horas del espectáculo.
Desde una hora antes de empezar el espectáculo de las carreras, ya se
verifiquen éstas dentro del país o en el extranjero, queda prohibida toda
transmisión privada o al público, de datos referentes a las mismas, cualquiera sea el medio y la forma de comunicación que se utilice.
En caso de violación del precepto anterior se aplicarán las penas
establecidas en el artículo 7º de la ley 8938 del 24 de Febrero de 1933.
Cuando en esta transgresión tuviere conocimiento o participación el dueño de un establecimiento comercial y ella se hubiese llevado a efecto en el local de este último, el Juez podrá decretar la clausura con calidad preventiva, cuando así lo reputare necesario a los fines de la indagación y por el tiempo absolutamente indispensable a tal fin.
Durante el desarrollo de las carreras, sean éstas dentro del país o en el extranjero, el Jockey Club y las casas de sport permitidas por esta ley, podrán recibir por línea directa los informes que consideren necesarios para su funcionamiento.
Autorízase a las Jefaturas de Policía para contralorear el servicio
telefónico durante las horas en que se desarrollen las carreras en los hipódromos nacionales o extranjeros y al solo fin del cumplimiento de esta ley.
Cuando mediare sentencia condenatoria, las Usinas Eléctricas del Estado
podrán suspender el servicio telefónico hasta por veinte días, y, en caso de reincidencia, resolver la clausura del servicio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, cuando las
transmisiones ilícitas ser realicen por aparato telefónico de un
establecimiento comercial, la policía lo advertirá al dueño. Si el hecho se repitiera, dará cuenta al Juzgado de Paz respectivo, quien previas las indagaciones pertinentes, podrá decretar la suspensión del servicio telefónico hasta por diez días, y, en caso de reincidencia, por término mayor que fijará el Juez.
Las disposiciones prohibitivas, punitivas y de contralor de la presente
ley, serán aplicadas también al juego de quinielas, sea que éste tenga como base la lotería del Hospital de Caridad de Montevideo, las loterías extranjeras o cualquier otro sorteo o procedimiento que se utilice para el mencionado juego.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo a 1º de Julio
de 1936.
ALFREDO NAVARRO, Presidente. - José
Pastor Salvañach, Secretario.
Ministerio del Interior.
Montevideo, Julio 10 de 1936. - Núm. 2388/934.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese.