No podrá disponerse la prisión preventiva del procesado cuando se
imputen faltas o delitos sancionados con pena de multa, suspensión o
inhabilitación. En tales casos se aplicará en lo pertinente el artículo
71 del Código del Proceso Penal y la Ley Nº 15.859, de 31 de marzo de
1987, y su modificativa, Ley Nº 16.058, de 27 de agosto de 1989.
El Juez podrá no decretar la prisión preventiva de procesados primarios cuando "prima facie" entienda que no ha de recaer pena de penitenciaría. En ese caso podrá sustituir la prisión preventiva por alguna de las medidas reguladas en el siguiente artículo, siempre que el procesado así lo consienta. La sustitución de la prisión preventiva no se decretará cuando la gravedad del hecho o el daño causado por el delito así lo ameriten. En todos los casos se requerirá la opinión del Ministerio
Público, que a tales efectos, además de las condiciones del imputado y su
causa, tendrá en cuenta el no aumentar los riesgos de la población.
Estas medidas no podrán disponerse por un plazo mayor al establecido para las penas por los delitos imputados.
Toda medida alternativa deberá ser tomada respetando en su más amplia
acepción los principios inherentes a la dignidad humana.
Son medidas sustitutivas a la prisión preventiva:
A) Presentación periódica ante el Juzgado o Seccional Policial.
B) Prohibición de conducir vehículos por un plazo de hasta dos años,
cuando se hubiese cometido un delito culposo, en ocasión del tránsito
vehicular, contra la vida, la integridad física o se hubiera provocado
daño importante en la propiedad a criterio del Juez. Se procederá al
retiro de la libreta de conducir y se efectuará la comunicación
correspondiente a las Intendencias y sus Juntas Locales.
C) Restitución de la situación jurídica anterior a la comisión del delito.
D) Interdicción: la prohibición de concurrir a determinados lugares,
comercios o domicilios, incluido el propio, o la obligación de
permanecer dentro de determinados límites territoriales.
E) Atención médica o psicológica de apoyo o rehabilitación: la obligación
de someterse a determinado tratamiento por un plazo máximo de seis
meses, si el tratamiento fuese ambulatorio y de dos meses si requiriese
internación.
F) Prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las
tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en
organismos públicos o en organizaciones no gubernamentales, cuyos fines
sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas no podrán
sobrepasar las dos horas diarias o las doce semanales y su plazo máximo
de duración será de diez meses.
La Suprema Corte de Justicia establecerá los criterios generales que
deberán cumplir las instituciones a que refiere este literal, a efectos
de determinar las remuneraciones que se pagarán por el trabajo cumplido
por los procesados y que se depositarán en el fondo a que refiere el
artículo 16 de esta ley, las que se reservarán y reintegrarán al
procesado si se revocase el auto de procesamiento o recayese sentencia
absolutoria (artículos 235, 238 y 245 del Código del Proceso Penal).
Podrán también los Jueces cometer el cumplimiento de esta medida al
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados o a comisiones
departamentales con cometidos similares en el interior de la República.
G) Arresto domiciliario: la obligación de permanecer en su domicilio, sin
salir de sus límites, por un plazo máximo de tres meses o de permanecer
en él dentro de determinados días u horas por un plazo máximo de seis
meses.
H) Arresto en horas de descanso: la obligación de permanecer los días
laborables durante las horas de descanso bajo arresto por un plazo
máximo de seis meses. El arresto deberá cumplirse en el Hogar del
Liberado a cargo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, o
donde el Juez lo indique.
I) Arresto de fin de semana o de descanso semanal: la obligación de
permanecer un día y medio continuo bajo arresto que coincidirá con el
lapso de descanso semanal del procesado, que se cumplirá en una
Comisaría Seccional, por un plazo máximo de seis meses.
J) Cualquier otra obligación sustitutiva propuesta por el procesado y
aceptada por el Juez, que cumpla con las finalidades de esta ley o
suponga una adecuada reparación del mal causado.
K) Si el procesado fuere solvente deberá garantizar adecuadamente el pago
de los días-multa a imponerse, en caso de no ser absuelto. (*)
(Oportunidad de imposición y cese).- Podrán imponerse las medidas a
que refiere el artículo anterior, en el auto de procesamiento, o
posteriormente al mismo, en forma fundada, cuando estuviese cumpliendo
prisión preventiva, decretándose simultáneamente la libertad provisional.
Se procurará que las medidas sustitutivas perjudiquen en la menor medida
posible las actividades laborales o educativas del procesado.
El cese anticipado de las medidas o de alguna de ellas o la
sustitución de la prisión preventiva por medidas alternativas, se tramitará en la misma forma y plazos que el incidente excarcelatorio (artículos 156 y 157 del Código del Proceso Penal) y el fallo será
pasible de los mismos recursos (artículo 158 del Código del Proceso Penal).
En caso de imposibilidad del cumplimiento de la medida por causa no
imputable al procesado, la misma se sustituirá por otra u otras sin
aumentar su gravedad.
Las medidas a que refiere el artículo 3º de esta ley, sólo se
revocarán en los casos graves de violación de los deberes impuestos.
Se considerará caso grave la existencia de un procesamiento posterior.
La decisión será apelable con el solo efecto devolutivo.
En este caso las medidas cumplidas se computarán a efectos de la
preventiva a sufrir de la siguiente manera:
A) Interdicción (literales B) y D) del artículo 3º): un día de prisión por
cada cinco días de la medida cumplida.
B) En caso de tratamiento ambulatorio: se computará un día de prisión por
el tratamiento semanal, independientemente de las horas que éste
insuma.
C) Servicios comunitarios: un día de prisión por cada día efectivamente
trabajado.
D) En caso de arresto domiciliario con prohibición absoluta de ausentarse:
un día de prisión por cada día de arresto; en caso que el arresto
hubiese sido parcial: un día de prisión por cada diez horas de arresto
continuado.
E) Arresto en horas de descanso: un día de prisión por cada jornada de
arresto.
F) En caso de arresto de fin de semana o de descanso semanal: dos días de
prisión por cada oportunidad de cumplimiento de la medida.
G) En caso de las demás medidas, si ellas supusiesen una privación de
libertad ambulatoria o la obligación de permanecer en algún lugar: un
día de prisión por cada diez horas continuas de cumplimiento de la
medida, salvo que ella hubiese impuesto el cumplimiento de alguna
actividad, en cuyo caso se acumulará el cómputo del literal C). (*)
(Disposición transitoria).- Los procesados con prisión, en los casos
en que sea presumible que no ha de recaer pena de penitenciaría, y que a
la fecha de entrada en vigencia de esta ley no hayan sido excarcelados
provisionalmente, pueden solicitar que la prisión preventiva les sea
sustituida por alguna o algunas de las medidas previstas en la presente
ley, lo que se tramitará en la forma y plazos del incidente
excarcelatorio, siendo la decisión pasible de los mismos recursos.
A efectos de la determinación de la gravedad de la medida se tomará en
cuenta el lapso de prisión sufrido.
(Aplicación).- Cuando en la sentencia no se resolviera otorgar la
libertad (artículo 326 del Código del Proceso Penal) podrá imponerse la
sustitutiva que corresponde siempre que la pena a recaer no supere los
tres años de penitenciaría. No se sustituirá la pena a reincidentes o a
habituales.
En tales casos el Juez, al determinar la pena, establecerá el valor
del día-multa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de esta ley.
Si al quedar ejecutoriada la sentencia el condenado no se hallase en
prisión preventiva se suspenderá su reintegro a la cárcel, procediéndose
como lo prescribe el artículo 327 del Código del Proceso Penal.
Cuando la sentencia definitiva imponga pena de prisión se concederá al
encausado la suspensión condicional de la pena (artículo 126 del Código
Penal), siempre que se tratare de un primario que haya sido procesado sin
prisión o con las medidas sustitutivas previstas en esta ley y las haya
cumplido, salvo la existencia de causa grave debidamente fundada.
Si la sentencia impusiere una pena de hasta tres años de penitenciaría
el Juez podrá conceder la suspensión condicional de la pena, atendiendo los requisitos del inciso anterior y previo informe del Instituto Técnico
Forense, fundando su decisión.
En ambos casos el plazo de vigilancia por la autoridad será de un año.
(Determinación del día-multa).- El valor del día-multa será fijado por
el Juez entre 0,10 UR (un décimo de unidad reajustable) y 5 UR (cinco
unidades reajustables), teniendo en cuenta la situación económica del
obligado, los bienes que posea, sus ingresos, su aptitud para el trabajo
y sus cargas familiares.
Si cumplido lo establecido en el artículo 327 del Código del Proceso
Penal, no se resolviese otorgarle la libertad condicional, la pena se
liquidará a razón de un día-multa por cada día de pena, descontándose los
días de prisión efectivamente sufridos, o el cumplimiento de las medidas
sustitutivas computadas como lo dispone el artículo 7º de esta ley,
ejecutándose en la forma establecida en el artículo 337 del Código del
Proceso Penal.
Si se trata de la pena sustitutiva del literal B) del artículo 3º de
esta ley, se descontará el tiempo que hubiese estado privado de conducir
durante el proceso.
En los casos de libertad condicional (artículos 131 del Código Penal y
327 del Código del Proceso Penal), el término de vigilancia de la
autoridad será de tres años y podrá ser reducido hasta dos por el Juez de
ejecución, de oficio o a pedido del condenado.
Lo dispuesto precedentemente será aplicable a las condenas en que
penda el término de vigilancia a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Las sumas que se recauden por el pago de penas así como por concepto
de días-multa, se destinarán en la forma dispuesta por el artículo 121 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.
En cualquier estado de la causa, a solicitud presentada por escrito
por la defensa, la Suprema Corte de Justicia, previo informe del
Instituto Técnico Forense, podrá conceder la excarcelación provisional
por gracia, atendiendo a la preventiva ya sufrida o a la excesiva
prolongación del proceso.
BATLLE - GUILLERMO STIRLING - DIDIER OPERTTI - ISAAC ALFIE - YAMANDU FAU
- LEONARDO GUZMAN - LUCIO CACERES - JOSE VILLAR - SANTIAGO PEREZ DEL CASTILLO - CONRADO BONILLA - MARTIN AGUIRREZABALA - JUAN BORDABERRY -
SAUL IRURETA