Las personas de derecho público estatal y no estatal, dentro del ámbito de sus competencias, colaborarán en la planificación, implementación y evaluación de programas y actividades tendientes a acercar y facilitar en el territorio la capacitación en oficios, educación no formal, dirigidos a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad social, que tengan como objetivo favorecer su acceso a una actividad laboral remunerada por cuenta propia o ajena, pudiendo a tales efectos suscribir convenios interinstitucionales y con terceras personas físicas o jurídicas.