Ley de Reforma Electoral.
Poder Legislativo. - El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
SECCION I
Del Registro Cívico Nacional
CAPITULO I
Definición del Registro Cívico
La formación, calificación, archivo y custodia del Registro Cívico corresponderá a los organismos que a continuación se expresan:
CAPITULO II
Corte Electoral
Esta Corte estará compuesta por siete miembros titulares, cuya elección corresponderá, conjuntamente con la de veintiocho suplentes, a la Asamblea General Legislativa, especialmente convocada al efecto en la primera quincena de Marzo del año que corresponda, debiendo efectuarse la elección en listas firmadas y por el sistema del doble voto simultáneo y la representación proporcional integral.
Dentro del término de los cinco días que sigan al de la elección el Presidente de la Asamblea General convocará a los electos para reunirse en el local de ésta, a fin de darles posesión de sus cargos, declarando constituída la Corte, después de electos Presidente y Vicepresidente a pluralidad de sufragios.
Los miembros de la Corte Electoral durarán tres años en el ejercicio de sus funciones, a contar del día de su elección, pudiendo ser reelectos, y gozarán de una remuneración de cuatro mil ochocientos pesos anuales.
En caso de renuncia, cese o licencia de un titular, la Corte deberá convocar al suplente que corresponda, por su orden en la lista en que figuraba el titular.
Agotados todos los suplentes, el Presidente de la Asamblea
General Legislativa convocará a la misma para que los legisladores que hubiesen sufragado por la lista agotada procedan a la nueva elección.
Los miembros de la Corte Electoral no gozarán de licencia con sueldo por más de tres meses ni sin sueldo por más de seis. Las licencias con goce de sueldo no se concederán sino en los casos de enfermedad debidamente justificada.
Los miembros de la Corte Electoral que faltaren, sin pedir previamente licencia, a más de tres sesiones ordinarias consecutivas o más de veinte sesiones ordinarias en el término de un año, cesarán “ipso jure” en sus cargos, cualquiera que fuera la causa de la inasistencia.
En los casos previstos por el artículo 7°, los suplentes gozarán, durante el desempeño de sus funciones, de la misma remuneración asignada a los titulares.
No podrán formar parte de la Corte Electoral los miembros de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial ni los funcionarios dependientes de dichos Poderes.
Esta regla no regirá cuando se trate de suplentes llamados a integrar la Corte por un término no mayor de tres meses.
En ningún caso se podrá ser miembro de la Corte si no se reúnen las condiciones prescriptas en el artículo 22 de la Constitución.
Son atribuciones de la Corte Electoral:
A) Organizar, formar y guardar el Registro Cívico Nacional y el Archivo
Nacional Electoral.
B) Ejercer superintendencia sobre todos los organismos de carácter
electoral.
C) Conocer de todas las apelaciones y reclamos que se produzcan sobre
actos y procedimientos electorales y fallar sobre ellos en última
instancia.
Ch) Designar, por seis votos conformes, al Director y Subdirector de la
Oficina Nacional Electoral y por cinco votos conformes a los empleados
subalternos, así como a sus reemplazantes, en el caso de renuncia o
cese.
D) Fijar los procedimientos para la provisión de los empleos que de ella
dependan o sobre los que deba pronunciarse en definitiva, debiendo
ajustarse para ello a estos dos requisitos fundamentales: 1° Prueba de
admisión respecto de las condiciones personales; 2° Prueba de
suficiencia respeto de las condiciones técnicas.
E) Proponer al Poder Ejecutivo las providencias necesarias que a éste
corresponda dictar para que las elecciones se realicen en el tiempo y
forma que señala la Constitución y para que se observe en ellas lo que
disponen las leyes electorales.
F) Adoptar las demás disposiciones requeridas para el cumplimiento eficaz
de esta ley.
G) Dictar los reglamentos necesarios para su funcionamiento y el de
sus dependencias.
H) Proponer al Cuerpo Legislativo, por intermedio del Consejo Nacional de
Administración, el presupuesto para sus dependencias.
I) Asesorarse, si lo creyera conveniente, por Comisiones Especiales
Honorarias designada por unanimidad de votos, a efecto de organizar el
Archivo Nacional Electoral y mantener su buen funcionamiento.
Estas Comisiones Especiales durarán como máximo hasta el término del
mandato de la Corte que las nombró. Deberá decretarse el cese de las
mismas cuando a su mantenimiento se oponga uno o más miembros de la
Corte Electoral. Podrán formar parte de estas Comisiones personas que
desempeñen otros cargos públicos, salvo los comprendidos en las
prohibiciones del inciso 2º del artículo 9° de la Constitución.
Los miembros de la Corte Electoral son responsables, ante la Asamblea General, por el fiel y exacto cumplimiento de sus funciones. La Asamblea General podrá destituirlos, en caso de ineptitud, omisión o delito, mediando la conformidad de dos tercios de votos de sus componentes.
La mayoría absoluta de los legisladores que votaron una lista de candidatos a miembros de la Corte puede solicitar del Presidente de la Asamblea General Legislativa, expresando las causas, la ratificación de los poderes de cualquiera de los que, figurando en ella, hubieren resultado electos. En tal caso el Presidente de la Asamblea General convocará a sesión especial y pública a los legisladores que sufragaron por esa lista y al miembro de la Corte cuyos poderes hayan de ser sometidos a ratificación, para que éste, por sí o por apoderado, formule su defensa. En otra sesión inmediata será declarado cesante el miembro de la Corte cuyos poderes fueron sometidos a ratificación, siempre que así lo resuelva la mayoría absoluta de sus electores.
CAPITULO III
Juntas Electorales
En las capitales de los Departamentos de la República, existirán “Juntas Electorales”, que tendrán la dirección local de los actos y procedimientos electorales, bajo la superintendencia de la Corte Electoral.
Las Juntas Electorales estarán compuestas por nueve miembros titulares y diez y ocho suplentes, electos unos y otros por sufragio popular y con las garantías que acuerda la Constitución.
El primer domingo del mes de Enero del año en que comience su mandato, a la hora 15, deberán reunirse, sin citación previa, en el local de la Oficina Departamental, todos los miembros titulares y suplentes de la Junta Electoral, siendo obligatoria su presencia.
Quedará constituída la Junta Electoral cuando, presente la mayoría absoluta de los miembros electos, procedan al nombramiento de Presidente y Secretario de la corporación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.
Corresponderá la Presidencia al primer titular de la lista más votada del partido político que haya obtenido mayoría en el Departamento.
Corresponderá la Secretaría al primer titular de la lista más votada del partido político que siga en número de votos al de la mayoría.
En caso de vacante, dichos cargos deberán ser ocupados, respectivamente, por los titulares siguientes de la misma lista a que pertenezcan los salientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.
Si no concurrieran los titulares en el número indicado en el artículo 18, acto continuo el jefe de la Oficina Electoral procederá a convocar a los suplentes en el orden que corresponda, quienes, si estuvieren presentes, asumirán de inmediato el ejercicio de sus funciones.
Si no se lograra quórum, el jefe de la Oficina Electoral citará para una nueva reunión, que se efectuará dentro del segundo día. En dicha reunión se procederá a la designación de Presidente y Secretario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, con cualquier número de
concurrentes. La Junta Electoral quedará constituída desde ese momento.
Mientras no se instalen las Juntas Electorales que sucedan a las que terminen su mandato, éstas seguirán en funciones para los actos que deban cumplirse dentro de términos perentorios o en fechas preestablecidas.
En caso de inasistencia a las sesiones, los titulares podrán ser sustituídos por los respectivos suplentes hasta tanto concurran aquéllos.
En caso de renuncia o cese de titulares, se convocará por su orden a los suplentes de las listas respectivas para sustituirlos con carácter definitivo. Si se agotaran los suplentes electos de una lista, los
puestos vacantes serán ocupados por los titulares y suplentes no electos que les sigan en esa lista, en el orden en que figuren en ella y en el número que corresponda con arreglo a la representación alcanzada, para lo cual se convocará, conjuntamente con cada titular, el número de suplentes que corresponda.
Agotada totalmente una lista, la Corte Electoral procederá a realizar un nuevo escrutinio excluyendo del total de votos válidos emitidos los que correspondan a la lista agotada y la Junta Electoral se integrará con los nuevos candidatos que resulten electos.
Para ser miembro de la Junta Electoral se requiere: Saber leer y escribir, hallarse domiciliado en el Departamento y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional.
No pueden ser electos miembros de las Juntas Electorales:
1º Los magistrados judiciales, tanto del fuero común como del militar.
2º Los militares en servicio activo.
3º Los miembros de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
4º Los funcionarios policiales.
5º Las personas que hayan sido condenadas por delitos electorales.
Los cargos de miembros de las Juntas Electorales son irrenunciables sin causa justificada. Las renuncias se presentarán ante la Junta Electoral respectiva, quien las resolverá sin apelación.
Son atribuciones de las Juntas Electorales:
A) Organizar y guardar el Archivo Electoral del Departamento.
B) Cumplir y vigilar el cumplimiento de esta ley, debiendo pedir ante la
justicia del crimen la aplicación de las penas a que hubiere lugar,
sin perjuicio de la acción popular o fiscal.
C) Ejercer la dirección y contralor de las Oficinas Electorales del
Departamento.
Ch) Conocer de todos los juicios que se promuevan por actos y
procedimientos electorales dentro del Departamento y fallar sobre
ellos en primera instancia.
D) Proponer, por dos tercios de votos, a la Corte Electoral, el
nombramiento de los funcionarios de la Oficina Electoral del
Departamento y de las Oficinas Inscriptoras delegadas. La proposición
podrá ser rechazada por cinco votos conformes de la Corte Electoral.
Dentro de los ocho días de publicada la resolución, la Junta
Electoral podrá insistir en su proposición, mediante el acuerdo de
ocho votos. En ese caso se deberá nombrar, sin más trámite, al
funcionario propuesto.
Dentro del mismo término la Junta Electoral podrá hacer nueva
proposición, que seguirá los mismos trámites indicados en el inciso
anterior. Si dicha proposición fuera rechazada y no se insistiera en
ella, mediante la mayoría requerida, se nombrará a la persona que
designe la Corte Electoral por seis votos conformes.
E) Conceder licencia a los funcionarios de las Oficinas Electorales
respectivas con arreglo a los reglamentos que dicte la Corte.
F) Conocer de los juicios de exclusión, después de efectuada la prueba
ante las oficinas electorales y fallar sobre ellos en primera
instancia.
G) Proponer a la Corte Electoral todas las publicaciones que de acuerdo
con esta ley sean requeridas, así en los períodos de inscripción y de
calificación como después de la clausura del Registro Cívico.
H) Publicar diariamente por medio de avisos fijados en su local todas las
resoluciones y disposiciones de carácter electoral que se relacionan
con el Departamento.
Después de constituídas las Juntas Electorales no podrán sesionar válidamente sin la presencia de la mayoría absoluta de sus componentes.
Los suplentes serán convocados conjuntamente con los titulares para cada sesión a celebrarse.
Las sesiones ordinarias de las Juntas Electorales serán públicas.
Para resolver las cuestiones en que no se exija expresamente una mayoría especial, bastará el acuerdo de la mayoría absoluta de votos de los presentes.
Las Juntas Electorales deberán formular, dentro de la segunda quincena del mes de Enero del año siguiente al de cada elección y por dos tercios de votos de sus componentes, un plan de inscripción para el próximo período, dividiendo el Departamento en zonas y jurisdicciones electorales y fijando el número, lugar de actuación y duración del funcionamiento de las Oficinas Inscriptoras.
Para establecer dicho plan, deberán tener en cuenta la población electoral y la extensión del Departamento, la duración del período inscripcional y todas las circunstancias que concurran a facilitar la total inscripción de los ciudadanos.
Una vez formulado dicho plan deberá ser propuesto inmediatamente a la Corte Electoral, que no podrá rechazarlo sino por cinco votos conformes.
Si el plan fuere aprobado por la Corte Electoral, se publicará inmediatamente en el Boletín Electoral y se hará conocer ampliamente en el Departamento, fijándose avisos públicos en los lugares donde deban funcionar las Oficinas Inscriptoras.
Si el plan fuere rechazado o si no lo hubiere formulado en tiempo la Junta Electoral, la Corte Electoral lo formulará, por cinco votos conformes, y se le dará publicidad, en la forma que prescribe el artículo anterior.
Si el plan de inscripción lo determinare, podrán funcionar oficinas inscriptoras delegadas, que estarán bajo la dirección técnica de la
Oficina Electoral Departamental y bajo la dirección inmediata de la Junta Electoral.
Si después de tres votaciones, separadas por intervalos no menores de veinticuatro horas, no se obtuviera la conformidad de los dos tercios de votos para los casos en que por esta ley fuere requerida, la Corte resolverá las cuestiones planteadas, en definitiva y dentro del término de cinco días, a cuyos efectos, la Junta Electoral deberá enviarle copia auténtica de las actas respectivas.
En los casos en que esta ley exige dos tercios de votos de los miembros de las Juntas, esa mayoría deberá elevarse a tres cuartos si la resolución para la que se exigen dos tercios por esta ley hubiere sido votada únicamente por miembros de un solo partido.
CAPITULO IV
Oficina Nacional Electoral
En la Capital de la República existirá una Oficina Nacional Electoral que tendrá a su cargo la organización, clasificación y custodia del Registro Cívico Nacional y del Archivo Nacional Electoral y la realización de todas las operaciones electorales que de acuerdo con esta ley le fueren
encomendadas por la Corte Electoral.
La Oficina Nacional Electoral será dirigida por un Director y un Subdirector y estará bajo la dependencia directa de la Corte Electoral, la cual, por cinco votos conformes, efectuará los nombramientos, promociones, suspensiones y destituciones que correspondieren.
Corresponde a la Oficina Nacional Electoral:
A) La formación y publicación del Boletín Electoral.
B) La recepción y clasificación de los expedientes electorales.
C) La expedición de los certificados y testimonios que corresponda de
acuerdo con esta ley.
Ch) El archivo o la cancelación de las inscripciones, previo mandato de la
Corte Electoral, cuando corresponda.
D) La realización de las confrontaciones y comprobaciones requeridas por
esta ley para la depuración del Registro Cívico.
E) La iniciación, de oficio, de las acciones de exclusión y criminales
que por esta ley se prescriben.
F) El suministro de todos los útiles y formularios que se requieran para
la realización de los actos electorales.
G) La realización de todas las operaciones técnicas de carácter electoral
que fueren necesarias, de acuerdo con esta ley, a juicio de la Corte
Electoral.
H) La expedición de todas las informaciones, de carácter electoral, que
le fueran ordenadas por la Corte Electoral o solicitadas por los
partidos políticos.
I) Realizar periódicamente en las Oficinas Electorales Departamentales,
las inspecciones que decrete la Corte Electoral.
La Oficina Nacional recibirá los documentos de inscripción que le remitan las Oficinas Departamentales y procederá como sigue:
A) Anotará en el libro de entrada el número de orden de la anotación,
la fecha, serie y número que trae la inscripción, nombre y apellido del
inscripto.
B) Agrupará por orden de entrada, en el “Clasificador diario de
documentos”:
1º Una de las fichas para el Registro Dactiloscópico.
2º La ficha para el Registro Patronímico.
3º La ficha para el Registro Domiciliario.
4º El negativo fotográfico para el Registro Fotográfico.
5º Una de las hojas electorales con el retrato para el Registro
Electoral.
6º El expediente para el Registro de Expedientes.
7º Las hojas duplicadas dentro de un sobre para el Registro
Supletorio.
C) Terminada la recepción y clasificación de los documentos, recibidos en
el día, confeccionará un parte diario para cada Registro que acompañará
la entrega de los documentos recibidos y en el que constará:
1º Número de orden del libro de entrada.
2º Serie y número del inscripto.
3º Fecha y firma del funcionario que hace la entrega.
El Jefe de cada Registro dará recibo firmado de lo que se le entregue con las mismas referencias a los documentos.
En los Registros Dactiloscópico y Patronímico se confrontará cada ficha recibida con las existentes que correspondan, a efectos de descubrir la inscripción múltiple de una misma persona con distintos o el mismo nombre, o la de varias personas con los mismos datos patronímicos.
Si no se comprueba la duplicidad de la inscripción se procederá al archivo de la ficha en el lugar correspondiente, anotándose la operación en el parte de la labor diaria del funcionario que la realice, con
determinación de la serie y número del documento y del sitio en que está archivado.
Si en cualquiera de estos archivos apareciera una ficha ya archivada con los mismos datos contenidos en la ficha que se ha recibido para archivarse, se archivará la segunda en el Registro de Inscripciones múltiples, dándose cuenta de ello en el parte diario y por hoja separada a la Dirección de la Oficina, haciendo constar en ésta la serie y número de las dos inscripciones.
En los archivos fotográficos, de expedientes supletorios y domiciliarios se archivarán los documentos recibidos como corresponda, anotándose cada operación en el parte diario.
La Oficina Nacional, después de archivadas las fichas y de acuerdo con los informes de los Registro Dactiloscópico y Patronímico, comunicará a la Corte, con respecto a cada inscripción, si se ha hallado o no otra igual en los Registros.
La Oficina Nacional Electoral deberá publicar diariamente el “Boletín Electoral”, que contendrá las informaciones siguientes:
1° La relación de todos los expedientes de solicitud de inscripción que,
en el día anterior, hayan sido recibidos para su clasificación y
registro, ordenada cronológicamente y por jurisdicciones electorales,
de manera que exprese para cada inscripción las circunstancias que van
a continuación:
A) Número ordinal del expediente en el libro de entrada.
B) Nombre y apellido del inscripto y de sus padres, que contenga el
documento presentado.
C) Nombre y apellido usuales del inscripto si difirieren de los que
contenga el documento presentado.
Ch) Edad, profesión, estado y lugar de nacimiento del inscripto.
D) Número y serie de la inscripción.
E) Individual dactiloscópica.
F) Individual patronímica.
G) Domicilio.
H) Resumen de las pruebas presentadas, tanto de ciudadanía como de
identidad, vecindad y residencia.
I) Las demás observaciones que se consideren pertinentes, para
individualizar la inscripción.-
2° La relación de todas las inscripciones, que, en el día anterior, hayan
sido aceptadas sin observación, ordenadas en igual forma y expresando,
respecto de cada inscripción.
A) El número ordinal del libro de entrada.
B) El nombre del inscripto.
C) El número y serie de la inscripción.
D) Número del “Boletín Electoral” en que conste la recepción del
expediente.
3° La relación de todos los testimonios de defunción que hayan sido
remitidos por los Oficiales del Registro de Estado Civil, expresando,
en lo que fuere posible, respecto de cada uno, las circunstancias que
van a continuación:
A) Nombre y apellido del fallecido.
B) Nombre y apellido de sus padres.
C) Fecha y lugar del fallecimiento.
D) Fecha y lugar del nacimiento.
4° La relación de todos los testimonios de las sentencias y de los autos
remitidos por los Tribunales, expresando:
A) Nombre y apellido del sentenciado o encausado absuelto.
B) La causa legal de su condena o procesamiento.
C) La fecha del auto y la mención del Juez o Tribunal de donde proceda
la resolución.
5° La relación de todas las inscripciones que hubieran sido declaradas en
suspenso, por las causales de los artículos 125 y 126, y expresando
respecto de cada una:
A) El número ordinal del libro de entrada.
B) El nombre del inscripto.
C) El número y serie de la inscripción.
D) La causal determinante de la suspensión.
6° La relación de todas las inscripciones que hubieran sido canceladas o
pasadas al Registro de inhabilitados, expresando, respecto de cada una,
las mismas circunstancias del numeral anterior.
7° La relación de todas las inscripciones que hubieran sido revalidadas
pasándose de la sección de inhabilitados del Registro Nacional
Electoral, a la sección de inscripciones en trámite del mismo Registro,
expresando las mismas circunstancias del numeral anterior.
8° Todas las resoluciones y las informaciones de carácter electoral que a
juicio de la Corte Electoral lo requieran.
CAPITULO V
Oficinas Electorales Departamentales
En todas las capitales de los Departamentos existirá una Oficina Electoral que tendrá a su cargo la organización, clasificación y custodia de los registros y archivos correspondientes y la realización de todas las operaciones de carácter electoral que, de acuerdo con esta ley, le sean
encomendadas por la Junta Electoral.
Las Oficinas Electorales Departamentales estarán compuestas por un Jefe, un Secretario, que será el Prosecretario de la Junta Electoral, uno o más auxiliares que posean conocimientos en fotografía y dactiloscopía.
Corresponde a las Oficinas Electorales Departamentales:
A) Realizar la inscripción de los ciudadanos del Departamento, de acuerdo
con el plan electoral aprobado, sea directamente, sea por medio de las
Oficinas delegadas.
B) Recibir y clasificar los expedientes electorales de acuerdo con el
artículo siguiente.
C) Expedir los certificados, testimonios y recibos que corresponda.
D) Remitir a la Oficina Nacional los expedientes y documentos.
E) Substanciar la prueba de los juicios de exclusión.
F) Expedir las informaciones que le fueren ordenadas por las Juntas
Electorales y las que solicitaren los partidos políticos.
G) Realizar todas aquellas operaciones electorales que, de acuerdo con
esta ley, le fueren encomendadas por la Junta Electoral Departamental.
H) Llevar un libro diario, foliado, firmado en cada una de sus hojas por
el Jefe y el Secretario, en que se dejará constancia, en forma sumaria,
de cada una de las operaciones realizadas.
I) Expedir las credenciales definitivas de acuerdo con el artículo 109.
La Oficina Electoral Departamental recibirá los documentos de inscripción que le remitan las Oficinas Inscriptoras y procederá como sigue:
A) Anotará en el libro de entrada el número de orden y la fecha de la
anotación, la serie y número que trae la inscripción, el nombre y
apellido del inscripto.
B) Agrupará por orden de entrada en el “Clasificador diario de documentos”:
1º Los que deban ser remitidos a la Oficina Nacional.
2º Una ficha dactiloscópica para el Registro Ordinal Dactiloscópico.
3º La ficha para el Registro Patronímico.
4º La ficha para el Registro Domiciliario.
5º Un positivo fotográfico para el Registro Fotográfico ordinal.
6º Las credenciales.
C) Terminada la recepción y clasificación de los documentos recibidos en
el día, confeccionará un parte diario para cada Registro, que
acompañará la entrega de los documentos recibidos y en el que constará:
1º Número de orden del libro de entrada.
2º Serie y número del inscripto.
3º Fecha y firma del funcionario que hace la entrega.
El encargado de cada Registro dará recibo firmado de lo que se le
entregue con las mismas referencias a los documentos.
Los que deban remitirse a la Oficina Nacional deberán ser entregados, a sus efectos, al Jefe de la Oficina Departamental bajo análogo recibo.
Las Oficinas Inscriptoras estarán compuestas de un Jefe, uno o más auxiliares que posean conocimientos en fotografía y dactiloscopia, y funcionarán todos los días, salvo los viernes, durante tres horas por la mañana y cuatro por la tarde, en los lugares y durante los términos que establezca el plan de inscripción.
Las Oficinas Electorales, cuando funcionaran como Oficinas Inscriptoras y las Oficinas Inscriptoras y las Oficinas Inscriptoras delegadas,
llevarán un libro diario foliado, en cuyas actas, que deberán ser firmadas
en cada una de sus hojas por el Director o Jefe y el Secretario o escribiente, al iniciar el trabajo de cada día, se establecerán los nombres de los funcionarios que concurrieren. En las actas deberán constar en forma sumaria, todas las operaciones realizadas diariamente por cada Oficina, especificándose los nombres de los ciudadanos que hubieren solicitado su incorporación al Registro Cívico Nacional, el despacho de las respectivas solicitudes, el señalamiento de las fechas fijadas para proceder a la inscripción, el detalle de las inscripciones realizadas y las fechas de remisión de los expedientes a la Junta Electoral. En igual forma se especificarán por las Oficinas Electorales las circunstancias referentes a las solicitudes de exclusión y a la substanciación de los juicios de exclusión.
SECCION III
De la organización de los Archivos Electorales
CAPITULO VI
En la Capital de la República habrá un “Archivo Nacional Electoral” y en la Capital de todos los Departamentos un “Archivo Departamental Electoral”, cuya organización y funcionamiento estarán sujetos a las disposiciones de esta ley y a las que dicte oportunamente la Corte Electoral.
CAPITULO VII
Archivo Nacional
El "Archivo Nacional" comprende el conjunto de los Registros Dactiloscópico, Patronímico, Domiciliario, Fotográfico, de Expedientes, Electoral, de Inscripciones Múltiples, de Cancelaciones y Supletorio.
El "Registro Dactiloscópico Nacional" comprende el conjunto de las fichas dactiloscópicas de las personas que hayan obtenido o tramiten su incorporación al Registro Cívico Nacional. Las fichas deberán ser agrupadas en forma sistemática que permita su más completa clasificación y su más rápida confrontación.
El "Registro Patronímico Nacional" comprende el conjunto de los nombres de las personas que hayan obtenido o tramiten su incorporación al Registro Cívico Nacional.
Los nombres deberán ser agrupados por orden alfabético, debiendo acompañar a cada uno el número y la serie que le corresponda en el Registro Nacional de Expedientes.
El "Registro Domiciliario Nacional" comprende el conjunto de los nombres y domicilios de las personas que han obtenido o tramiten su incorporación al Registro Cívico Nacional.
Los nombres y domicilios deberán ser agrupados por orden alfabético en series correspondientes a los Departamentos secciones y distritos judiciales y subdivisiones menores que se establezcan.
El Registro Fotográfico Nacional comprende el conjunto de los negativos fotográficos producidos por las personas que hayan obtenido o tramiten su incorporación al Registro Cívico Nacional.
Los negativos deberán ser agrupados por Departamentos, en series correspondientes a cada Oficina Inscriptora. Dentro de cada serie se seguirá el orden numeral, de tal modo que, dada la determinación ordinal de la inscripción, pueda hallarse sin dificultad el negativo del inscripto.
El Registro Nacional de Expedientes comprende el conjunto de las hojas de filiación y de las que correspondan a todo trámite, sentencia, resolución o datos suplementarios referentes a las personas que hayan obtenido o tramiten su incorporación al Registro Cívico Nacional.
Los expedientes deberán ser agrupados en series correspondientes a cada Oficina Inscriptora.
Dentro de cada serie se seguirá el orden numeral, de tal modo que, dada la determinación ordinal de la inscripción, pueda hallarse sin dificultad el expediente el inscripto.
El Registro Nacional Electoral comprende el conjunto de las hojas electorales correspondientes a las personas que hayan obtenido o tramiten su incorporación al Registro Cívico Nacional.
Las hojas electorales deberán ser agrupadas en tres secciones. La primera comprenderá el conjunto de las hojas electorales correspondientes a las personas que tengan en trámite su incorporación al Registro Cívico, la segunda las de las personas inhabilitadas para votar por sentencia ejecutoriada o por resolución dictada por la Corte Electoral de acuerdo con esta ley, y la tercera las de las personas habilitadas para votar.
Las hojas de estas tres secciones deberán ser agrupadas en series correspondientes a cada Oficina Inscriptora.
Dentro de cada serie se seguirá el orden numeral, de tal modo que, dada la determinación ordinal de la inscripción, pueda hallarse sin dificultad la hoja correspondiente a cada inscripto.
El Registro Supletorio Nacional comprende el conjunto de los duplicados de todos los expedientes electorales. Los expedientes deberán ser agrupados por series correspondientes a cada Oficina Inscriptora, de tal modo que, dada la determinación ordinal de cada inscripción, pueda hallarse sin dificultad el expediente del inscripto.
El Registro de Inscripciones Múltiples comprende el conjunto de fichas
dactiloscópicas de las personas que, figurando ya en el Registro Dactiloscópico, hayan tramitado una nueva inscripción.
El Registro de Cancelaciones comprende el conjunto de todos los documentos de inscripción correspondientes a los inscriptos definitivamente excluídos.
CAPITULO VIII
Archivos departamentales
Los Archivos Electorales Departamentales comprenden el conjunto de los Registros Dactiloscópico, Patronímico, Domiciliario, Fotográfico y de Expedientes, correspondientes a las inscripciones iniciadas en el Departamento.
El Registro Dactiloscópico comprende el conjunto de las fichas dactiloscópicas de las personas que hayan obtenido o tramiten su incorporación al Registro Cívico del Departamento, agrupadas
por series correspondientes a cada Oficina Inscriptora. Dentro de cada serie se seguirá el orden numeral, de modo que, dada la determinación ordinal de la inscripción, pueda hallarse sin dificultad la ficha del
inscripto.
El Registro Patronímico comprende el conjunto de los nombres de las personas que hayan obtenido o tramiten su incorporación al Registro Cívico del Departamento, agrupados en la forma que establece el artículo 60.
El Registro Domiciliario comprende el conjunto de los nombres y domicilios de las personas que hayan obtenido o tramiten su incorporación al Registro Cívico del Departamento, agrupados en la forma que establece el artículo 61.
El Registro de Expedientes comprende el conjunto de las hojas de filiación y las de todo trámite, sentencia, resolución o datos suplementarios referentes a las personas que hayan obtenido o tramiten su incorporación al Registro Cívico del Departamento, agrupados en la forma que establece el artículo 63.
Los Registros Dactiloscópicos, tanto el Nacional como los Departamentales, hacen fe solamente para demostrar que pertenecen a una misma o a distintas personas las impresiones digitales de las fichas que se comparan.
Los Registros Domiciliarios, tanto el Nacional como los Departamentales, no harán fe respecto de la residencia o domicilio del inscripto en el lugar indicado. Su objeto es permitir el conocimiento de la localización de los inscriptos, a los efectos de la depuración del Registro Cívico.
SECCION IV
De la inscripción
CAPITULO IX
Del período inscripcional
El día 1.º de Marzo del año siguiente a toda elección se abrirá necesariamente el período inscripcional que durará sin interrupción hasta el día 15 de Julio del año en que se realicen las siguientes elecciones.
CAPITULO X
De las solicitudes de inscripción
Las personas que deseen inscribirse deberán presentar una solicitud con su firma o la impresión dígito-pulgar derecha al jefe de la Oficina Inscriptora de la zona correspondiente, llenando los formularios respectivos. Dicho funcionario le pondrá cargo indicando el día y hora de la recepción y entregará de inmediato al solicitante un boleto en el que fijará el día preciso y la hora aproximada en que podrá efectuarse la respectiva inscripción. Para determinar la fecha y hora de la inscripción el jefe procederá teniendo en cuenta el orden riguroso de presentación de las solicitudes, salvo que se pidiera una fecha y hora posterior a la que corresponda. En caso de presentación simultánea de solicitudes individuales, el jefe las ordenará y despachará por orden alfabético.
Las personas que no se hayan inscripto en la zona en que tienen su residencia habitual, durante el plazo fijado para ello, podrán hacerlo en cualquier momento hasta la clausura del período de inscripción en la Oficina Electoral Departamental.
Los delegados de los partidos políticos podrán asumir la personería de los ciudadanos al solo efecto de la presentación de las solicitudes de inscripción.
En caso de que se presentaran en el mismo día solicitudes por delegados de varios partidos, el jefe de la oficina fijará los días para las inscripciones solicitadas, de modo que no correspondan dos días consecutivos al mismo partido.
No se tendrá en cuenta, a los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, las fracciones de un mismo partido permanente.
Para las solicitudes de inscripción, presentadas por delegados de fracciones de un mismo partido permanente, se fijarán días y horas dentro de los que haya correspondido a dicho partido, en la ordenación a que se refiere el inciso 1.o de este artículo.
CAPITULO XI
De los requisitos necesarios para la inscripción
En el día y hora señalados para la inscripción el solicitante deberá comparecer ante la Oficina Inscriptora y presentar las siguientes pruebas:
A) “Prueba de ciudadanía”, demostrando que al nombre que pretende
incorporarse al Registro corresponden los datos que establezcan:
1° El nacimiento en cualquier punto de la República, o la condición de
hijo de padre o madre orientales, cualquiera que haya sido el lugar
de su nacimiento, o la posesión de carta de ciudadanía legal.
2° La edad de diez y ocho años cumplidos o a cumplirse en la fecha o
antes del más próximo acto electoral.
B) “Prueba de identidad”, demostrando que la persona que pretende
inscribirse es la que corresponde al nombre y datos que se atribuyen
como prueba de ciudadanía.
C) “Prueba de vecindad”, demostrando que la persona que pretende
inscribirse tiene su residencia habitual, sea o no su hogar doméstico,
en la jurisdicción inscripcional a la que corresponde el Registro.
D) “Prueba de residencia”, demostrando que la persona que pretende
inscribirse reside en el país desde tres meses antes de la fecha de la
inscripción.
La "Prueba de ciudadanía" se llena:
A) Para los inscriptos en el Registro del Estado Civil, mediante la
presentación de un certificado del mismo en el que conste el nombre y
apellido del que pide la inscripción, nombre y apellido de los padres,
si hay constancia de ello, lugar y fecha de nacimiento y referencia
precisa al documento original en que consten los datos expresados.
Estarán comprendidos en este caso los nacidos antes del 1° de Julio
de 1879 cuyas partidas de bautismo hayan sido o sean rectificadas, a
los efectos civiles, con todos los requisitos establecidos por la ley
de 3 de Julio de 1912.
B) Para los nacidos antes del 1° de Julio de 1879 no inscriptos en el
registro del Estado Civil, con el certificado parroquial
correspondiente, en el que conste hallarse determinada persona
inscripta en el Registro Parroquial, con especificación del folio y del
libro, nombre de los padres y del lugar de nacimiento o bautismo, con
arreglo a los formularios impresos que suministrará la Corte Electoral
por medio de las Oficinas Electorales Departamentales.
De estos certificados las Oficinas Electorales Departamentales
sacarán copia que confrontarán, por sí o por medio de la Oficina
del Departamento que corresponda, con los libros originales de donde
fueron tomados, comunicando de inmediato a la Junta Electoral
respectiva, el resultado de la confrontación.
C) Para los hijos de padre o madre orientales, cualquiera que haya sido el
lugar de su nacimiento fuera del país, mediante la presentación de un
certificado de acuerdo con la ley del país de origen, debidamente
legalizado, en que conste el nombre y apellido del que pide la
inscripción, nombres y apellidos de los padres, lugar y fecha de
nacimiento y referencia precisa al documento original en que consten
los datos expresados y mediante, además, la presentación de un
certificado debidamente autenticado del Registro Civil o parroquial, en
su caso, en que conste que el padre o la madre del causante son
orientales, el lugar y fecha de su nacimiento y referencia precisa al
documento original en que consten los datos expresados.
D) Para los que posean cartas de ciudadanía legal, mediante la
presentación de ésta y la declaración del lugar y fecha del nacimiento
y nombre y apellido de los padres.
E) Para los ciudadanos nacidos antes del 1.º de Julio de 1879, que no
puedan obtener los certificados o partidas a que se refieren los
incisos anteriores, por haberse perdido o destruído los Registros en
que se hallaren, o por cualquier otra causa justificada, las
informaciones supletorias obtenidas de acuerdo con el artículo
siguiente.
Las informaciones supletorias referidas se producirán ante el Juzgado Letrado Departamental, con intervención del Ministerio Público.
El peticionario deberá expresar claramente:
1° Su nombre y apellido.
2° El de sus padres o de las personas a cuyo lado se haya criado.
3° El lugar de su nacimiento.
4° Su edad aproximativa.
5° La causa justificada de la imposibilidad de presentar la partida de
bautismo.
El Juez resolverá, breve y sumariamente, estas peticiones, haciendo constar en sus resoluciones –además de las circunstancias mencionadas en el inciso anterior- el nombre, apellido y domicilio de los testigos que hayan declarado, un resumen de sus declaraciones, y, si se hubiesen presentado documentos públicos o privados, una mención o extracto de ellos.
Estos expedientes se seguirán en papel simple, sin requerir timbres ni pagar costas, y deberán quedar terminados al mes de su iniciación, bajo la más seria responsabilidad.
Cuando la resolución del Juez Departamental sea denegatoria, habrá apelación, en relación, para ante el Juez Letrado de lo Civil, cuyo fallo será inapelable.
Las partidas parroquiales o del Registro de Estado Civil en las cuales se padezca errores u omisiones podrán ser rectificadas, a los efectos cívicos, por el procedimiento que establece la ley de 3 de Julio de 1912. Los juicios respectivos se seguirán en papel simple, sin requerir timbres ni pagar costas, y las publicaciones relativas se harán únicamente en el “Diario Oficial”, que no podrá recibir remuneración alguna. En los Departamentos de campaña bastará que la publicación se haga en el Juzgado
Letrado Departamental, debiendo los Actuarios respectivos comunicar a las autoridades de los partidos políticos locales, la iniciación de esos juicios.
Las partidas rectificadas de acuerdo con ese artículo no serán inscriptas en el Registro de Rectificaciones.
En cada período inscripcional sólo se admitirán a los efectos de la inscripción los certificados de Registro Civil y los parroquiales pedidos desde seis meses antes de la iniciación de dicho período hasta su terminación.
La Oficina Inscriptora deberá devolver los documentos originales utilizados como prueba de ciudadanía, siempre que lo solicite el interesado y que entregue copia de ellos, que autorizará el Jefe de la Oficina.
La "Prueba de Identidad", la de "Vecindad" y la de "Residencia", se llenarán mediante testimonio de dos personas mayores de 25 años, de conocimiento del funcionario inscriptor y domiciliados en la jurisdicción inscripcional, que firmarán el documento respectivo.
El testimonio de los delegados de los partidos será aceptado en todos los casos, aunque no reúnan las condiciones antes expresadas.
No podrá rechazarse tampoco como testigo a ningún ciudadano si acredita estar inscripto en la misma zona inscripcional, siempre que se trate de personas mayores de 25 años.
Quedan excluídos para actuar como testigos de inscripción los funcionarios inscriptores y los comprendidos en las prohibiciones del artículo 9.º de la Constitución, salvo la excepción del artículo siguiente de esta ley.
Cuando se declare domicilio en una repartición pública la Oficina Inscriptora lo comunicará al Jefe de aquélla, a fin de que, al pie de la comunicación, certifique, obligatoriamente bajo su firma, si es o no cierta la declaración del solicitante.
La persona que solicite inscribirse deberá declarar con precisión el lugar de su domicilio, manifestando:
A) La calle y número de la propiedad en que habita, expresando, cuando
corresponda, el Departamento o fracción de la misma que ocupa; a falta
de este informe por no existir nomenclatura o numeración, el número del
empadronamiento de la propiedad a los efectos del pago de la
Contribución Inmobiliaria o los nombres de los propietarios o vecinos
linderos; y en defecto de esos datos, las calles, caminos, ríos,
arroyos, pasos, etc., más próximos, o la determinación lo más completa
posible del paraje en que está ubicada, por medio de aquellas u otras
indicaciones semejantes.
B) En qué calidad habita la propiedad indicada como lugar de su domicilio,
si como propietario, arrendatario, subarrendatario, poseedor, agregado,
dependiente o simple ocupante, mencionando el nombre del propietario,
arrendatario, encargado o administrador, en su caso.
C) La profesión, arte, oficio u otra ocupación ejercida durante los seis
meses anteriores a su inscripción, citando los nombres y domicilios de
las personas bajo cuya dependencia hubiera desempeñado sus tareas.
CAPITULO XII
De los expedientes de inscripción
En el acto de la inscripción se iniciará el expediente del inscripto, que comprenderá:
A) El negativo fotográfico.
B) Tres hojas de filiación.
C) Tres fichas dactiloscópicas.
D) Tres hojas electorales.
E) Tres credenciales.
F) Dos hojas de observaciones.
G) Dos fichas patronímicas.
H) Dos fichas domiciliarias.
El negativo fotográfo presentará la imagen nítida del lado derecho de la cabeza descubierta del inscripto, tomada de perfil completo, con una reducción de 1/5. Junto a la imagen deberá hallarse, en el mismo negativo, la determinación ordinal del inscripto, o sea la serie y número
correspondiente.
Las hojas de filiación contendrán con respecto al que se inscribe:
A) Serie y número de orden.
B) Nombre y apellido que contenga el documento presentado.
C) Nombre y apellidos usuales, si difieren de los que contenga el
documento presentado.
Ch) Nombre y apellido de los padres, si constan.
D) Lugar de nacimiento.
E) Fecha de nacimiento.
F) Referencia precisa al documento original en que constan los datos
anteriores.
G) Domicilio, estado y profesión.
H) Testimonio de identidad.
I) Testimonio de vecindad.
J) Testimonio de residencia.
K) La declaración a que se refiere el artículo 89.
L) La impresión simultánea de todos los dedos de cada mano.
M) La determinación de todo defecto físico o señal particular visible.
La ficha dactiloscópica contendrá con respecto al que se inscribe:
A) La serie y número de orden.
B) Nombre y apellido que contenga el documento presentado.
C) Nombre y apellido usuales, si difieren de los que contenga el
documento presentado.
Ch) La impresión dactiloscópica bien nítida y sucesiva de los dedos
pulgar, índice, medio, anular, y meñique de la mano derecha y de la
mano izquierda, anotándose en el sitio correspondiente la falta de
dedos, en su caso.
La hoja electoral comprenderá con respecto al que se inscribe:
A) Serie y número de orden.
B) Nombre y apellido que contenga el documento presentado.
C) Nombre y apellido usuales, si difirieren de los que contenga el
documento presentado.
Ch) Impresión dígito-pulgar derecha o de otro dedo que se indicará, a
falta de ese pulgar.
D) El positivo fotográfico.
E) La individual dactiloscópica.
La credencial comprende con respecto al que se inscribe:
A) Serie y número de orden.
B) Nombre y apellido que contenga el documento presentado.
C) Nombre y apellido usuales, si difirieren de los que contenga el
documento presentado.
Ch) Impresión dígito-pulgar derecha o de otro dedo que se indicará, a
falta de ese.
D) Positivo fotográfico.
E) Individual dactiloscópica.
Antes de proceder a la inscripción el jefe de la Oficina Inscriptora deberá leer al ciudadano que concurra a inscribirse y a sus testigos los artículos referentes a las penas en que incurre en caso de doble o falsa inscripción.
Inmediatamente el Jefe de la Oficina establecerá en el libro de entradas la serie y número de la inscripción, que se comunicará al auxiliar fotógrafo, a los efectos de que aparezca en el negativo.
Después de impresionado el negativo fotográfico se llenarán por su orden las siguientes hojas:
A) Las hojas de filiación.
B) Las hojas electorales.
C) Las credenciales.
D) Las fichas dactiloscópicas.
Terminado el trabajo escrito el auxiliar dactilóscopo tomará, en las hojas correspondientes, las impresiones digitales del solicitante, en el número y forma establecidos por los artículos 92, 93, 94 y 95.
Las observaciones formuladas por los delegados de los partidos se establecerán por escrito, en hojas separadas que serán agregadas al expediente, debiendo ser firmadas por el delegado, el Jefe de la Oficina y el escribiente. Si el delegado lo solicitara, se deberá dejar constancia de ellas en el acta de la sesión diaria.
Cuando más de diez inscriptos declaren el mismo domicilio, sin ser miembros de una misma familia, la Oficina Inscriptora deberá decretar una inspección ocular, si lo solicitare cualquier delegado, con mandato expreso, en cada caso, de autoridad partidaria.
Dicha diligencia deberá cumplirse gratuitamente por el Juez de Paz, asistido de los delegados de los partidos, a los efectos de comprobar la veracidad de las declaraciones, y en ella el Juez deberá tomar
declaración a las personas que indiquen los delegados.
La Oficina Inscriptora entregará al ciudadano un documento en el que conste que el solicitante ha presentado los recaudos necesarios para la inscripción.
Las Oficinas Inscriptoras efectuarán dentro de las horas hábiles de cada día, las inscripciones que les sean requeridas, siempre que no estén presentes, o que hayan sido inscriptas ya, las personas citadas para ese día.
Terminada la tarea de la inscripción diaria, deberán ordenarse los documentos y pruebas presentadas, en la forma que les corresponda, en cada uno de los expedientes, fijándose en una de las hojas electorales y en una de las credenciales sendos positivos fotográficos, señalados con el sello en relieve de la Oficina Inscriptora, que sobrepasará el borde de la fotografía.
Las Oficinas Inscriptoras remitirán semanalmente a la Oficina Electoral los expedientes electorales que hayan obrado, para que ésta proceda a su clasificación y archivo.
Las Oficinas Electorales remitirán inmediatamente a la Oficina Nacional Electoral los expedientes y documentos que a ésta corresponden, para su clasificación y archivo.
La Oficina Departamental, previo mandato de la Junta Electoral, expedirá las credenciales, entregándolas personalmente al inscripto o a la persona que canjee por la credencial el certificado a que se refiere el artículo 104.
Las Juntas ordenarán la entrega de las credenciales:
A) Para las inscripciones no observadas, una vez terminado el período de
oposición de tachas.
B) Para las observadas y no recurridas ante la Corte Electoral, una vez
que la Junta haya decretado la validez definitiva de la inscripción.
C) Para las observadas y recurridas ante la Corte Electoral, una vez que
ésta haya comunicado a la Junta la validez de la inscripción.
CAPITULO XIII
De los traslados de domicilio
Los inscriptos que cambien de domicilio dentro del Departamento, deberán comprobar su nuevo domicilio ante el Juzgado de Paz o ante la Oficina de la jurisdicción correspondiente al nuevo domicilio o ante la Oficina Electoral Departamental, presentando las pruebas a que se refiere el artículo 78, inciso C.
De esta diligencia se extenderá acta por duplicado, que será firmada por el funcionario ante quien se efectúe la comprobación y al pie de la cual pondrán su firma y su impresión dígito-pulgar derecha el inscripto y los testigos.
Los inscriptos que cambien de domicilio trasladándose a otro Departamento, deberán renovar su inscripción e iniciar nuevo expediente, de acuerdo con los artículos 90 al 96 inclusive, ante la Oficina Inscriptora de la jurisdicción correspondiente, o ante la Oficina Electoral Departamental, quedando eximidos de presentar sus pruebas de ciudadanía, identidad y residencia.
Cuando hubiese varios Consejos Autónomos de Administración local, en el mismo Departamento, las circunscripciones electorales que correspondan a dichos Concejos, se considerarán a los efectos de este artículo, como Departamentos.
Los funcionarios civiles o militares que, en razón de sus cargos, trasladen su residencia habitual fuera del país, deberán renovar su inscripción e iniciar nuevo expediente, de acuerdo con los artículos 90 al 96 inclusive, ante la Oficina Electoral Departamental, dando como domicilio la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para estas renovaciones servirán las pruebas de ciudadanía y de identidad presentadas en la primera inscripción, quedando eximidos los inscriptos, de las otras pruebas de vecindad y de residencia.
La condición de funcionarios así como la circunstancia que los obliga a ausentarse del país, serán comprobadas ante el funcionario inscriptor, con certificado del Ministerio respectivo.
La Oficina Electoral, si el traslado estuviera en forma, procederá a efectuar las modificaciones correspondientes en los Registros y Archivos Electorales.
Inmediatamente, la Oficina Electoral comunicará el traslado realizado a la Oficina Nacional, acompañando los documentos correspondientes, para que dicha Oficina proceda a las modificaciones pertinentes en los Archivos y Registros Electorales.
La Oficina Nacional comunicará el traslado realizado, a la Oficina Electoral del Departamento en que estaba avecindado el inscripto trasladado, para que dicha Oficina efectúe las modificaciones correspondientes en el Registro y Archivo Departamental y remita a la Oficina Electoral de la nueva vecindad, los antecedentes de la inscripción.
CAPITULO XIV
De las renovaciones
Cualquier ciudadano podrá pedir la renovación de su credencial, ante la Oficina Electoral de su Departamento, llenando los correspondientes formularios, que reproducirán los modelos de las credenciales electorales.
La Oficina Electoral Departamental entregará las credenciales a los peticionantes o a las autoridades partidarias, debidamente autorizadas para ello, debiendo abonar el interesado la cantidad de cincuenta centésimos por cada credencial.
En todos los casos previstos en esta Sección, se entregará a los interesados, si lo pidieren, recibo de su solicitud o gestión, que deberá ser firmado por el Jefe y el Secretario o Amanuense de la Oficina Electoral respectiva, y contendrá el día y hora de la presentación.
SECCION V
CAPITULO XV
De la duración del Registro Cívico
Las inscripciones incluídas o que se pretenda incluir en el Registro Cívico deberán ser excluídas o rechazadas, siempre que se compruebe que no reúnen las condiciones de validez requeridas por esta ley.
CAPITULO XVI
De las causas de exclusión
Son causas de exclusión, permanente o transitoria, las tachas siguientes:
1º Ineptitud física o mental, que inhabilite para obrar libre y
reflexivamente.
2º La condición de simple soldado del Ejército permanente o de la Marina
Nacional.
3º Hallarse legalmente procesado en causa criminal, de la que pueda
resultar pena corporal. Esta causal no podrá oponerse, en el caso de
que el procesado hubiese obtenido la libertad bajo fianza o caución
juratoria.
4º Haber sido condenado por sentencia ejecutoriada que imponga pena de
penitenciaría, o de inhabilitación para el uso de los derechos
políticos. La inhabilitación durará el tiempo de la condena.
5º No haber cumplido diez y ocho años de edad en la fecha o antes del más
próximo acto electoral.
6º No ser ciudadano natural o legal.
7º No tener su residencia habitual en el domicilio indicado en el
momento de la inscripción o de los traslados ulteriores. No obstante,
no se pronunciará sentencia de exclusión, si el inscripto justifica
que, posteriormente a la inscripción, trasladó su residencia habitual
del domicilio indicado en la inscripción o en el último traslado al
domicilio que compruebe tener dentro del Departamento.
Cuando hubiese varios Consejos Autónomos de Administración local en
el mismo Departamento, las circunscripciones electorales que
correspondan a dichos Consejos, se considerarán como Departamentos a
los efectos de este numeral.
Tampoco se pronunciará, por la causal a que se refiere este numeral,
sentencia de exclusión de las inscripciones de los funcionarios civiles
o militares que, en razón de su cargo, desempeñen alguna misión que los
obligue a permanecer fuera de su residencia habitual en el país.
8º No haber residido durante un término de tres meses en el país, al
tiempo de la inscripción.
9º No haber comprobado válidamente el inscripto, en el momento de la
inscripción, cualquiera de los extremos de ciudadanía, identidad o
vecindad exigidas por el capítulo XI de esta ley.
El fallecimiento, la falsa o múltiple inscripción, la pérdida o suspensión de los derechos del que se haya inscripto o pretenda inscribirse en el Registro Cívico Nacional, comprobados también en juicio sumario, serán causa suficiente para determinar la exclusión o cancelación de sus inscripciones.
Cualquiera de las causales de los artículos 125 y 126, debidamente comprobada, determinará, previa sentencia ejecutoriada, la exclusión de la inscripción de aquel a quien le fuere imputada.
Todo ciudadano inscripto podrá iniciar juicios de exclusión, correspondiéndole la prueba pertinente, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 131 y 132.
Todo ciudadano inscripto podrá asumir, igualmente, la defensa de aquellas personas cuya inscripción haya sido observada.
CAPITULO XVII
De los medios de prueba en los juicios de exclusión
En los juicios de exclusión, podrá presentarse todo género de pruebas. Sin embargo, no podrán dictarse sentencias de exclusión, por las causales expresadas en los numerales 1°, 3° y 4° del artículo 125, si no fueren comprobadas por medio de documento auténtico, emanado de autoridad judicial competente.
Sin perjuicio de la prueba que corresponda producir al tachante, y aunque de ella resultare que a la fecha de la clausura del período inscripcional el inscripto no vivía ya en el domicilio por él indicado, no se pronunciará sentencia eliminatoria de la inscripción atacada, si el tachado justifica que posteriormente a la inscripción trasladó su residencia habitual del domicilio indicado en la inscripción o en el último traslado al domicilio que compruebe tener dentro del Departamento.
En el caso contemplado por la parte final del artículo anterior, sólo le serán admitidos al tachado, los siguientes medios de prueba:
A) La inspección ocular realizada por el funcionario que conozca del
juicio o autoridad a quien aquél comisione al efecto, inspección que,
en este último caso, no podrá ser delegada.
B) Los documentos públicos o privados de fecha cierta anterior a la
apertura del período de calificación, incluídas las constancias de los
archivos de las oficinas públicas, de los que resulte, de modo
fehaciente el domicilio del tachado.
C) La declaración del dueño de casa, principal arrendatario, propietario o
administrador de la finca o predio en que el tachado ha constituído su
nuevo domicilio, que exprese en qué carácter ocupa éste la propiedad,
si como arrendatario, subarrendatario, medianero, agregado, persona de
su servicio o simple ocupante.
Esa declaración deberá prestarse ante el funcionario que conozca de
los juicios de calificación o ante los Jueces de Paz.
El tachante podrá también usar como medio de prueba la inspección ocular.
A los efectos del numeral 6° del artículo 125, se podrá iniciar a petición de parte, juicio de revisión de las cartas de ciudadanía.
Este juicio, que se tramitará en papel común y sin devengar costas, se seguirá de acuerdo con el procedimiento del juicio posesorio, ante los mismos Jueces que hubieran otorgado la carta de ciudadanía.
Si del juicio resultare comprobado que el beneficiario de la carta de ciudadanía no se encontraba, en el momento del otorgamiento de ésta, en las condiciones determinadas por el artículo 8° de la Constitución, el Juez sentenciará, decretando la anulación de dicha carta y su resolución será inapelable. Dicha sentencia constituirá una prueba suficiente a los efectos de la exclusión del falso ciudadano. En ese caso se entenderá,
además, que el beneficiario ha incurrido en el delito que previene el artículo 194 en sus numerales 3° y 4°, y estará sujeto a las penas prescriptas por el artículo 195.
CAPITULO XVIII
De los juicios sumarios de exclusión
Podrán iniciarse los juicios sumarios de exclusión:
1° Por solicitud escrita del propio inscripto, cuando hubiese causa que
justificase la exclusión.
2° Por solicitud escrita de cualquier ciudadano:
A) Con la sola presentación de la copia auténtica de la partida de
defunción del inscripto o de la prueba documental fehaciente que la
supla.
B) Con la sola representación de un testimonio auténtico, de la
sentencia judicial, que signifique o declare la pérdida o suspensión
de los derechos políticos del inscripto.
C) Con la sola presentación de un testimonio auténtico del acto
judicial, que declare al inscripto legalmente procesado en causa
criminal de que pueda resultarle pena de Penitenciaría.
D) Por medio de denuncia escrita en los casos en que las autoridades
obligadas a proceder de oficio, fueren omisas o remisas.
3° De oficio o de acuerdo con las disposiciones del Capítulo XX.
CAPITULO XIX
De las solicitudes de exclusión en los juicios sumarios
Las solicitudes de exclusión serán por escrito y podrán presentarse en todo tiempo ante las Oficinas Electorales Departamentales, hasta el 30 de Julio del año en que haya elecciones, debiendo ser diligenciadas por el orden riguroso de su presentación. Las Oficinas Electorales deberán ponerles cargo indicando el día y hora de la recepción, lo que será suscripto por el Jefe y Secretario de la Oficina y dejarán constancia en el libro diario a que se refiere el artículo 52, de la presentación de la solicitud, estableciendo el nombre y la serie y número de la inscripción
del solicitante; el nombre y la serie y número de la inscripción cuya exclusión se pide, y las causales de exclusión, que expresa la solicitud, como fundamento de la acción de exclusión.
Las Oficinas Electorales deberán elevar, de inmediato, las solicitudes, ante la Junta Electoral, acompañando las pruebas documentales presentadas por los excluyentes.
Las Juntas Electorales darán noticia de las solicitudes presentadas y, por un término improrrogable de diez días, admitirán las observaciones de los partidos políticos y de cualquier ciudadano. Dentro de los diez días perentorios siguientes, fallarán, ordenando o denegando la exclusión solicitada. El fallo será publicado inmediatamente.
Si no se produjera el fallo en el término prescripto, la Corte Electoral, a solicitud de cualquier ciudadano, ordenará que le sean elevados los autos y fallará sobre ellos, en definitiva, dentro del término perentorio de los diez días siguientes al de su recibo.
El fallo de la Junta Electoral podrá ser apelado, en relación, por cualquier ciudadano dentro de los diez días perentorios de su publicación, para ante la Corte Electoral.
Si el fallo no fuese apelado, la Junta Electoral dirigirá de inmediato comunicación a la Corte Electoral para que ordene la cancelación de la inscripción excluída, cuando el fallo fuere condenatorio.
Si el fallo fuere apelado, la Junta Electoral deberá otorgar en relación el recurso, elevando de inmediato los autos, bajo conocimiento, a la Corte Electoral que, una vez que los haya recibido, fallará por expediente, dentro del término perentorio de los diez días siguientes al de su recibo, siendo inapelable su sentencia. Si no se pronunciara el fallo en el término prescripto, el Secretario de la Corte, bajo pena de destitución, citará en forma personal y pública, para el día siguiente al del vencimiento de dicho término, a una sesión extraordinaria, con el fin de resolver el o los asuntos demorados, declarándose cesantes, por los que concurran, a los que hayan obstaculizado con su inasistencia o su negativa a dictar el fallo, el pronunciamiento de la corporación; y se convocará a los suplentes respectivos para reemplazarlos, empezando a correr un nuevo término de igual duración que el establecido en el inciso 1.o. Si integrada así la corporación, tampoco se pronunciara fallo, dentro del plazo fijado, se adoptarán iguales medidas con los omisos, y se seguirá convocando a los suplentes respectivos, hasta lograr quórum; y así sucesivamente. Para estas integraciones se citará con intervalos de cuarenta y ocho horas por el Secretario de la Corte.
Una vez pronunciada la sentencia, la Corte Electoral ordenará, de inmediato, a la Oficina Nacional Electoral la cancelación de la inscripción, excluída cuando el fallo fuera condenatorio, lo que deberá publicarse y comunicarse a la Junta Electoral respectiva.
CAPITULO XX
De las solicitudes de exclusión de oficio
Siempre que las Oficinas Electorales verificaren el fallecimiento, la múltiple o falsa inscripción, la pérdida o suspensión de los derechos políticos de un ciudadano inscripto o en trámite de inscripción ante el Registro Cívico Nacional, deberán publicarlo y comunicarlo de inmediato a la Junta Electoral a cuya jurisdicción pertenezca la inscripción.
La comunicación dirigida a la Junta Electoral deberá ir acompañada de la prueba documental correspondiente y significará solicitud de exclusión, que seguirá los mismos trámites previstos en el capítulo anterior.
Constituirán prueba suficiente, a los efectos del artículo anterior, para establecer el fallecimiento, la pérdida o la suspensión de los derechos políticos del inscripto, los documentos expresados en el artículo 135.
Constituirá prueba suficiente a los mismos efectos, para establecer la multiplicidad o falsedad de las inscripciones, la certificación firmada por el Director y Subdirector de la Oficina Nacional y refrendada por el Secretario de la Corte Electoral, que establezca precisamente cualquiera de los extremos siguientes:
1° Que aparecen en el Archivo Nacional Electoral varias fichas
dactiloscópicas, correspondientes a una misma persona, que ha
pretendido inscribirse varias veces con los mismos datos patronímicos
en la misma o en diversas jurisdicciones.
2° Que aparecen en el Archivo Nacional varias fichas dactiloscópicas,
correspondientes a una misma persona, que ha pretendido inscribirse
varias veces con diversos datos patronímicos en la misma o en diversas
jurisdicciones.
3° Que aparecen en el Archivo Nacional varias fichas dactiloscópicas
diversas, correspondientes a los mismos datos patronímicos.
4° Que aparece en el Registro de inhabilitados una ficha dactiloscópica
igual a la producida por la persona que pretende inscribirse.
En los casos previstos por el numeral primero del artículo anterior, la Junta Electoral deberá ordenar la cancelación de todas las inscripciones correspondientes a una misma ficha dactiloscópica, e iniciará la acción penal correspondiente, salvo que se comprobara por el inscripto que, habiendo cambiado de domicilio y omitido la declaración del traslado, habita realmente en el último domicilio indicado. En ese caso, deberá mantenerse la inscripción correspondiente al domicilio verdadero.
En los casos previstos por el numeral segundo, la Junta Electoral deberá ordenar la cancelación de todas las inscripciones correspondientes a una misma ficha dactiloscópica e iniciará la acción penal correspondiente.
En los casos previstos por el numeral tercero, cada una de las Juntas Electorales de las jurisdicciones a que pertenezcan las diversas inscripciones, deberá emplazar, por el término de treinta días, a las personas cuya inscripción está en litigio expresando en cada caso los datos contenidos en las respectivas hojas de filiación.
La Junta Electoral designará, si fuese necesario, uno de los funcionarios de la Oficina Electoral para que se traslade a la jurisdicción inscripcional que corresponda, a fin de recibir las pruebas que se produzcan, pudiendo ser asistido por los delegados de los partidos políticos.
Si ninguno de los emplazados compareciese dentro de dicho término, la Corte Electoral ordenará la cancelación de todas las inscripciones y se iniciarán las acciones penales correspondientes.
Si compareciere cualquiera de los emplazados, se abrirá un término probatorio de quince días perentorios, durante el cual los interesados deberán producir las pruebas testimoniales o documentales que
creyeren oportuno, no pudiendo presentar los mismos testigos de su inscripción.
Vencido el término probatorio, la Junta Electoral fallará en la forma establecida en el capítulo anterior, ordenando las exclusiones a que hubiere lugar e iniciando las acciones penales correspondientes.
En los casos previstos por el numeral cuarto, la Junta Electoral deberá ordenar la cancelación de la inscripción observada e iniciar la acción penal correspondiente.
CAPITULO XXI
De los juicios ordinarios de exclusión
Los juicios ordinarios de exclusión podrán iniciarse en todo tiempo ante las Oficinas Electorales respectivas, hasta el día 30 de Julio del año en que haya elecciones.
En los años en que haya elecciones, el día 15 de Julio se abrirá un período de calificación durante el cual se deberán substanciar y fallar todos los juicios de exclusión, salvo lo dispuesto en el artículo 166, para la Corte Electoral. Este período terminará necesariamente el día 30 de Octubre.
CAPITULO XXII
De las solicitudes de exclusión en los juicios ordinarios
Todo ciudadano inscripto podrá presentarse ante las Oficinas Electorales, para pedir la exclusión de las inscripciones contenidas en el Registro Cívico Nacional, que correspondan a la jurisdicción electoral de dichas Oficinas.
Todo ciudadano inscripto podrá asumir la defensa de aquellas personas cuya inscripción hubiera sido observada.
La solicitud, que se presentará por duplicado, expresará con claridad y precisión:
1º El nombre, domicilio, número y serie de la inscripción del tachante.
2º El nombre, domicilio, número y serie de la inscripción del tachado.
3º La causal de la exclusión, indicando la disposición legal que la
determinare, so pena de no ser admitida la solicitud.
4º La indicación de la prueba que se va a presentar, especificándose si
ella será testifical o documental, y, en último caso, acompañando los
pertinentes o expresando en qué oficina, registro o archivo se
encuentran, para que sean solicitadas por las Oficinas Electorales, sin
perjuicio de que durante el término probatorio se puedan ofrecer otras
pruebas.
La Oficina que reciba la solicitud deberá ponerle cargo, indicando el día y hora de la recepción y darle entrada en el Registro respectivo, lo que será suscripto por el Jefe y Secretario de la Oficina, devolviendo al excluyente un duplicado de la solicitud, con las mismas indicaciones y cargo.
Las Oficinas Electorales deberán elevar las solicitudes ante las Juntas Electorales, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su presentación, guardando la copia en un registro especial que se llevará al respecto y será firmado en cada una de sus hojas por el Jefe y el Secretario.
Las Juntas Electorales, dentro de los diez días de recibidas las solicitudes de exclusión, deberán emplazar por medio de avisos públicos a todas las personas cuyas inscripciones hubieran sido observadas, para que comparezcan al juicio de calificación. En el emplazamiento se hará constar:
1º El nombre y domicilio del tachado.
2º El número y serie de su inscripción.
3º La tacha.
4º La fecha de apertura y duración del término probatorio decretado, que
no podrá extenderse más allá del día 15 de Agosto del año en que haya
elecciones.
CAPITULO XXIII
Substanciación de los juicios ordinarios de exclusión
Los juicios ordinarios de exclusión se substanciarán ante las Oficinas Electorales por el orden riguroso de la presentación de las solicitudes y serán fallados, en primera instancia, por las respectivas Juntas Electorales.
Abierto el período de calificación, todo ciudadano inscripto podrá presentarse ante las Juntas Electorales pidiendo que se abra oportunamente el término probatorio correspondiente, si no lo hubiera hecho la Junta Electoral. Dicho término, que será fijado por las Juntas Electorales, previo informe de las Oficinas respectivas, no podrá ser menor de diez días ni mayor de treinta.
Iniciado el término probatorio, la Oficina Electoral recibirá durante su curso las pruebas presentadas y diligenciará las que correspondan, agregándolas a los autos, que deberán ser elevados, bajo conocimiento, a la Junta Electoral, para su resolución al día siguiente del vencimiento de dicho término.
La Junta Electoral, al recibir los autos, fijará un término perentorio de diez días para que los ciudadanos hagan mérito de la prueba producida. Dentro de los diez días perentorios siguientes la Junta Electoral fallará, ordenando o denegando la exclusión solicitada. El fallo será publicado de inmediato en el Boletín Nacional Electoral. Si no se produjera el fallo en el término prescripto, la Corte Electoral, a solicitud de cualquier ciudadano, ordenará que le sean elevados los autos y fallará sobre ellos, en definitiva, dentro del término perentorio de los diez días siguientes al de su recibo.
El fallo de la Junta Electoral podrá ser apelado por cualquier ciudadano, dentro de los diez días perentorios siguientes al de su publicación, para ante la Corte Electoral.
Si el fallo no fuere apelado, la Junta Electoral dirigirá de inmediato comunicación a la Corte Electoral, que ordenará la cancelación de la inscripción excluída cuando el fallo fuere condenatorio.
Si el fallo fuere apelado, la Junta Electoral deberá otorgar, en relación, el recurso, elevando de inmediato los autos, bajo conocimiento, a la Corte Electoral que, una vez que los haya recibido, fallará por expediente, dentro del término improrrogable de los diez días siguientes al de su recibo, siendo inapelable su sentencia. Si no sentenciara dentro del término prescripto, el Secretario de la Corte, bajo pena de destitución, citará en forma personal y pública, para el día siguiente al del vencimiento de dicho término, a una sesión extraordinaria, con el fin de resolver el o los asuntos demorados, declarándose cesantes, por los que concurran, a los que hayan obstaculizado con su inasistencia, o su negativa a dictar el fallo, el pronunciamiento de la corporación, y se convocará a los suplentes respectivos para reemplazarlos, empezando a correr un nuevo término de igual duración que el establecido en el inciso 1.o. Si integrada así la corporación, tampoco se pronunciara fallo, dentro del plazo fijado, se adoptarán iguales medidas con los omisos, y se seguirá convocando a los suplentes respectivos hasta lograr quórum; y así sucesivamente. Para estas integraciones se citará con intervalos de cuarenta y ocho horas por el Secretario de la Corte.
Una vez pronunciada la sentencia, si el fallo fuera condenatorio, la Corte Electoral ordenará de inmediato a la Oficina Nacional la cancelación de la inscripción excluída, la que deberá publicarse y comunicarse a la Junta Electoral respectiva.
Terminado el período de calificación, será mantenida la inscripción de todos los ciudadanos contra cuyas inscripciones se hubiere iniciado juicio de exclusión, siempre que sobre dichos juicios no se hubiere pronunciado sentencia ejecutoriada.
Dentro de los ocho días siguientes a la clausura del período de ca-
toral deberá publicar en el Boletín Nacional la nómina de todas las personas habilitadas para votar en las próximas elecciones. La nómina deberá hacerse por Departamentos, y respecto de cada inscripción, deberán enunciarse las circunstancias siguientes:
1° Serie y número de la inscripción.
2° Nombre y apellido del inscripto y de sus padres.
3° Domicilio, estado, profesión y fecha del nacimiento del inscripto.
Dentro del mismo término, la Corte Electoral deberá publicar la nómina que resulte del Registro Electoral de inhabilitados para votar en las próximas elecciones, expresando la serie y número correspondientes y el nombre y apellido del inhabilitado.
SECCIÓN VI
CAPÍTULO XXIV
De los reclamos por procedimientos y actos electorales
De los procedimientos de las Oficinas Electorales y de las Oficinas Inscriptoras se podrá recurrir, dentro de los cinco días perentorios, para ante la Junta Electoral respectiva.
El recurso se interpondrá ante la oficina que haya realizado el acto.
La Junta Electoral podrá, según las circunstancias del caso, ordenar la suspensión de los procedimientos objeto del recurso. La Corte Electoral también podrá, en cualquier momento, decretar la suspensión de los procedimientos reclamados u ordenar que la suspensión ya dispuesta por la Junta Electoral o por la Corte, quede sin efecto.
Inmediatamente de interpuesto el recurso, la Oficina elevará los autos a la Junta Electoral que, a petición del recurrente, podrá abrir un término improrrogable de prueba no menor de diez días ni mayor de treinta.
Las pruebas serán diligenciadas ante el miembro de la Junta o funcionario electoral que la Junta designe por acuerdo de dos tercios de sus componentes, asistido del Secretario de la corporación.
Si no pudiera obtenerse los dos tercios de votos para esta designación las pruebas serán diligenciadas ante dos miembros de la Junta Electoral: uno nombrado por los miembros de la Junta que representen al partido con mayor número de votos al ser electa la corporación y otro nombrado por los que representen al partido que le siga en número de votos. Si cualquiera de los dos miembros así designados dejara de concurrir en el día y a la hora fijados de antemano con su conocimiento para las diligencias de prueba, el otro las practicará asistido por el Secretario de la corporación.
En caso de que tampoco pueda hacerse la designación de dos miembros de la Junta en la forma indicada precedentemente, la Corte designará un miembro de la Junta o a un funcionario electoral para que diligencie la prueba.
Terminado el período probatorio, la Junta Electoral fallará dentro del término de diez días perentorios, resolviendo lo que hubiere lugar, de acuerdo con esta ley.
El fallo de la Junta Electoral podrá ser apelado por cualquier ciudadano, dentro de los diez días perentorios de su publicación para ante la Corte Electoral, que resolverá sobre él en la forma establecida en el artículo 166.
El recurso se interpondrá ante la Junta Electoral y será otorgado para ante la Corte Electoral. Esta podrá, en cualquier momento, decretar la suspensión de los procedimientos reclamados u ordenar que la suspensión ya decretada quede sin efecto.
Inmediatamente de interpuesto el recurso, la Junta Electoral elevará los autos a la Corte Electoral, que, a petición del recurrente, podrá abrir un término probatorio improrrogable no menor de diez días, ni mayor de treinta.
Terminado el término probatorio, la Corte Electoral fallará dentro del término improrrogable de quince días y ordenará lo que hubiera lugar, siendo inapelable su fallo.
De los actos y procedimientos de la Corte Electoral, se podrá pedir reposición dentro de los cincos días perentorios de su publicación. El recurso tendrá efecto suspensivo.
La Corte Electoral fallará el recurso, dentro de los diez días de su interposición. Podrá decretar y realizar diligencias para mejor proveer, debiendo aún en ese caso, dictar el fallo dentro de los diez días. De ese fallo no habrá ulterior recurso y deberá cumplirse irrevocablemente.
SECCION VII
CAPÍTULO XXV
Del contralor de los partidos
Los partidos políticos podrán fiscalizar y contralorear todos los actos y procedimientos de las autoridades y oficinas electorales.
La fiscalización o contralor en el Archivo Nacional o Departamental, deberá solicitarse por escrito, a la autoridad respectiva, por las autoridades nacionales o departamentales de los partidos, en su caso,
expresándose con claridad el objeto preciso de la solicitud.
La Corte Electoral, por cinco votos conformes, o las Juntas Electorales, por siete votos conformes, podrán denegar el pedido.
Si se hiciere lugar a lo solicitado, se señalará día y hora para que se realice la inspección, a la que concurrirá el Jefe del Archivo y los demás funcionarios que designe la autoridad electoral respectiva.
Los partidos políticos, permanentes o accidentales, podrán designar delegados ante la Corte Electoral, Junta Electoral Departamental u Oficinas Electorales.
Las autoridades partidarias deberán comunicar por escrito los nombramientos, entregando, además, a cada delegado, un certificado que presentarán en cada caso para acreditar personería.
Los delegados podrán presentar exposiciones, alegatos y protestas por escrito y producir todo género de pruebas, debiendo consignarse en el acta respectiva las exposiciones y protestas, dejándose constancia de la presentación de las pruebas.
Los partidos podrán solicitar de la Corte Electoral ser oídos en exposiciones verbales de sus delegados.
La Corte, por cinco votos conformes, resolverá el pedido, determinando la oportunidad de la audiencia.
Las autoridades nacionales de los partidos permanentes podrán acusar
ante la Asamblea General por irregularidades y omisiones a los miembros de
la Corte Electoral.
Las autoridades nacionales o departamentales de los partidos, podrán denunciar ante la Corte Electoral por irregularidades u omisiones, a los funcionarios dependientes de la misma.
En estos casos la Corte, dentro del tercer día, dispondrá la instrucción del sumario o investigación correspondiente.
Los sumarios serán resueltos dentro de los sesenta días de su iniciación.
Las autoridades nacionales de los partidos, por intermedio de la Corte Electoral, podrán solicitar del Ministerio de Relaciones Exteriores, la gestión y envío de documentos que deseen utilizar para la depuración del Registro Cívico Nacional.
Los funcionarios dependientes del Ministerio de Relaciones Exteriores deberán gestionar los documentos que se soliciten, haciendo conocer al Ministerio el costo de ellos, a fin de que los interesados efectúen de inmediato la consignación correspondiente.
Las observaciones que formulen los delgados durante la inscripción o calificación, se harán constar en el expediente respectivo, salvo que se tratara de observaciones sobre procedimientos u otras irregularidades de carácter general, en cuyo caso la constancia se dejará en el acta respetiva. En los casos previstos en este artículo los delegados deberán firmar el expediente o acta correspondiente.
Los delegados podrán denunciar al Jefe de la Oficina Inscriptora que los delegados de los otros partidos, no reúnen las condiciones legales.
El funcionario referido, probada la veracidad de la denuncia, podrá ordenar el retiro de los denunciados.
Los delegados pueden pedir que se interrogue al aspirante a inscribirse, en forma breve y sumaria, sobre hechos tendientes a asegurar la identidad, vecindad y residencia.
Para ser delegado se requiere estar inscripto en el Registro Cívico Nacional y no haber sido condenado por delitos electorales.
Esta última condición se presumirá existente, mientras no se pruebe lo contrario, ante el funcionario superior del organismo electoral en que actuará el delegado, por medio de documento auténtico expedido por autoridad competente.
Las autoridades de los partidos políticos, para ser consideradas como tales, a los efectos de la presente ley, deberán comunicar su constitución, en cada período electoral, indicando los nombres de las personas que las forman, a las Juntas Electorales de los Departamentos en que actúen. Las autoridades nacionales de los partidos harán análoga comunicación a la Corte Electoral. Las referidas comunicaciones llevarán al pie la firma de cada una de las personas que componen el órgano ejecutivo de la autoridad que las envía.
La Oficina Nacional Electoral entregará copia fotográfica de los negativos archivados, cuando le fuera solicitada por las autoridades nacionales de los partidos políticos, siempre que le fueren indicados la serie y el número de la inscripción correspondiente. La Corte Electoral fijará los precios que deberán abonarse por la entrega de dichas copias.
SECCION VIII
De los delitos electorales y de sus penas
CAPITULO XXVI
De los delitos electorales
Son delitos electorales:
1° La omisión en que incurren los ciudadanos al dejar voluntariamente de
inscribirse en el Registro Cívico Nacional.
2° La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones o
formalidades que expresamente impone la presente ley.
3° La inscripción falsa o múltiple en el Registro Cívico Nacional.
4° La presentación de pruebas falsas, acerca de su identidad, ciudadanía,
vecindad o residencia, realizada por las personas que se inscriban o
pretendan inscribirse en el Registro Cívico Nacional.
5° El suministro de las mismas pruebas hecho por terceros.
6° La testificación o certificación falsas acerca de la identidad,
ciudadanía, vecindad o residencia de las personas que se inscriban o
pretendan inscribirse en el Registro Cívico Nacional.
7° La obstrucción deliberada opuesta al desarrollo de los actos
inscripcionales.
8° La violencia física o moral ejercida en el sentido de coartar o
impedir la inscripción de los ciudadanos.
9° La organización, realización o instigación de desórdenes o tumultos en
los locales donde se hallen funcionando las autoridades u oficinas
electorales.
10. La infracción de lo dispuesto por el numeral 2.o del artículo 9.o de
la Constitución.
11. El arrebato, estrago, destrucción u ocultación de los Archivos,
Registros o documentos electorales.
CAPITULO XXVII
De las penas
Los delitos a que se refiere el artículo anterior serán castigados:
El del numeral 1°, con pena de tres días de prisión.
El del numeral 2°, con pena de ocho días, que se elevará a dos meses, con privación de empleo, si fuere cometido por funcionario público con infracción de los deberes de su cargo.
Los de los numerales 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, con pena de tres meses de prisión que se elevará a seis meses, con privación de empleo, si fueren cometidos por funcionario público con infracción de los deberes de su cargo.
Los de los numerales 8° y 9°, con pena de seis meses de prisión, que se elevará a un año de prisión con privación de empleo si fueren cometidos por funcionario público con infracción de los deberes de su cargo.
El del numeral 10°, con pena de seis meses de prisión, con privación de empleo.
El del numeral 11°, con pena de dos a cuatro años de prisión.
En los casos de los numerales 3°, 4°, 5 y 6°, los delincuentes quedarán, además, privados del ejercicio de sus derechos cívicos por el término de tres años, a contar desde la fecha de la sentencia.
En los casos de los numerales 7°, 8°, 9° y 10°, se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta o especial (artículos 41 a 43 del Código Penal), por uno a tres años.
No son aplicables a los delitos electorales:
A) Las disposiciones sobre circunstancias atenuantes y agravantes
contenidas en los artículos 18 y 19 del Código Penal.
B) Los beneficios sobre suspensión de la condena y libertad anticipada
(leyes de 25 de Enero de 1916 y 30 de Enero de 1918).
Son jueces competentes para conocer de los juicios sobre delitos electorales:
En primera instancia, los Jueces Letrados Departamentales en campaña y los Jueces Letrados Correccionales en Montevideo. El sumario, en Montevideo, estará a cargo de los Jueces Letrados de Instrucción.
En segunda instancia, los Jueces del Crimen, con excepción de los juicios radicados en los Departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Artigas, cuyo conocimiento corresponderá a los Jueces de lo Civil, Comercial y Correccional, de las respectivas jurisdicciones.
El sumario de los juicios por delitos electorales deberá terminarse dentro del término improrrogable de un mes, contado desde el día de la respectiva denuncia y, dentro de las 24 horas de concluído, será remitido al Juez del plenario. Cuando el delito se cometa fuera de la localidad donde actúe el Juez de Instrucción, el plazo para la terminación podrá extenderse hasta cuarenta y cinco días.
El juez del plenario convocará a audiencia verbal, que se efectuará dentro de los diez días de la recepción del sumario. En esa audiencia recibirá las pruebas ampliatorias que se presenten y oirá las alegaciones de las partes.
La sentencia deberá dictarse dentro de los diez días siguientes a la realización de la audiencia.
Contra la sentencia dictada en dichos juicios habrá un recurso de apelación, en relación, que se interpondrá dentro de tres días de notificada aquélla, y del que se correrá traslado con término de otros tres días.
La apelación se concederá, cuando proceda, dentro de las 24 horas de evacuado el traslado, debiendo remitirse el expediente al Superior, sin noticia de las partes, dentro de las 24 horas siguientes.
El Superior pronunciará sentencia dentro de los diez días de recibido el expediente, sin poder realizar ningún acto de procedimiento, ni ordenar diligencias ni aún con el carácter de “para mejor proveer”.
Contra la sentencia de segunda instancia no existirá recurso ni acción alguna.
Los funcionarios judiciales que no cumplieren su cometido dentro de los términos señalados por los artículos anteriores, sufrirán como pena disciplinaria una multa de 100 a 500 pesos, que les impondrá la Alta Corte de Justicia, ordenando a la Contaduría General del Estado el descuento del
sueldo respectivo.
Todo funcionario electoral o empleado público que por razón de su empleo compruebe la realización de un delito de carácter electoral, deberá denunciarlo al Ministerio Público o a los Jueces encargados de la realización de los sumarios.
Toda omisión a este respecto dará lugar a la imposición de la pena disciplinaria a que se refiere el artículo anterior.
SECCION IX
CAPITULO XXIX
Disposiciones generales
Los recaudos necesarios para la inscripción no requerirán papel sellado, ni timbres. Están igualmente exentos de papel sellado y de timbres todas las solicitudes, reclamos o protestas que se interpongan en cumplimiento de esta ley ante las autoridades y oficinas electorales.
Los curas párrocos deberán entregar a los interesados que lo exijan una constancia escrita de haber solicitado determinado certificado parroquial, con especificación del nombre de la persona a que se refiere, año de nacimiento o bautismo y nombre de los padres.
Las Oficinas Electorales Departamentales suministrarán los formularios impresos para esos certificados.
Todos los certificados, como las constancias de que habla el artículo anterior, deben ser expedidos dentro de los diez días de solicitados, quedando los curas párrocos autorizados para cobrar veinte centésimos por cada certificado parroquial que expidan.
El interesado a quien se haya expedido constancia de no existir en los libros bautismales una inscripción buscada, tendrá derecho a revisar personalmente los libros en presencia del cura párroco.
Los párrocos que expidan certificados con datos que no concuerden con el contenido de los libros parroquiales, incurrirán en el delito previsto en el numeral 5 del artículo 194.
Las comunicaciones y documentos que transmitan en cumplimiento de esta
ley las autoridades y oficinas electorales se podrán hacer por intermedio
del Correo, que los considerará como piezas oficiales certificadas y
libres de franqueo. Las comunicaciones telegráficas de la misma índole
serán también gratuitas. Las comunicaciones telefónicas de la misma índole
podrán hacerlas utilizando, si fuere necesario, los teléfonos policiales.
Las informaciones o testimonios, las diligencias o actuaciones que se realicen en cumplimiento de disposiciones expresas de la presente ley, ante los Jueces o Tribunales, no devengarán costas, ni por ellas podrán exigirse cualesquiera otras retribuciones compensatorias.
Esta exención se extiende a la labor realizada por los funcionarios administrativos ante los cuales se soliciten informaciones o certificaciones de la misma índole.
Desde el año cumplido de la promulgación de esta ley nadie podrá ocupar función, cargo, empleo, profesión, arte u oficio para cuyo desempeño se requiera el ejercicio de la ciudadanía, sin acreditar previamente dicha condición, con la credencial válida de su inscripción en el Registro Cívico Nacional.
Vencido el segundo período de inscripción, a contar desde la promulgación de la presente ley, las oficinas y reparticiones públicas administrativas no darán curso a gestiones de interés pecuniario iniciadas ante ellas por personas no inscriptas en el Registro Cívico Nacional, si de los datos suministrados por dichas personas resultare que están habilitadas en ese momento para inscribirse y que han podido hacerlo.
En caso de tratarse de personas habilitadas para inscribirse en el Registro Cívico Nacional, deberán probar que han cumplido con la obligación del numeral 1° del artículo 9° de la Constitución, mediante la
presentación del recibo de inscripción o de la credencial electoral correspondientes.
Las Oficinas de Registro de Estado Civil quedan obligadas a transmitir
quincenalmente a la Corte Electoral todas las defunciones de varones mayores de diez y ocho años de edad, que hubieren sido registradas en sus respectivas jurisdicciones, enviando testimonio autenticado de cada una de las partidas de defunción indicadas.
El empleado culpable será castigado con pérdida de sueldo de uno a seis meses o privación del empleo, según la gravedad de la falta. La sanción que corresponda será impuesta por la Alta Corte de Justicia, sin perjuicio de las acciones criminales a que hubiere lugar.
Los Actuarios de los Juzgados y Tribunales quedarán obligados a transmitir mensualmente a la Corte Electoral todas las sentencias ejecutoriadas y autos procesales que signifiquen o declaren la pérdida o suspensión de los derechos políticos de los ciudadanos, enviando testimonio autenticado de cada uno de dichos autos y sentencias. Toda omisión o incumplimiento voluntario en que incurrieren dichos funcionarios será castigado con multa de doscientos a quinientos pesos, impuesta por la Alta Corte de Justicia.
El Estado Mayor del Ejército Nacional quedará obligado a remitir quincenalmente a la Corte Electoral la nómina de altas y bajas ocurridas durante dicho término, en las unidades del Ejército y de la Marina nacionales, expresando respecto de cada individuo las circunstancias siguientes: 1° Nombre, apellido y graduación del individuo; 2.o Nombre y apellido de sus padres; 3.o Lugar y fecha de nacimiento; 4.o Estado y profesión anterior del individuo; 5.o Fecha y duración de su contrata. Además, se agregará una ficha dactiloscópica de cada uno de los individuos.
Los funcionarios civiles y militares que en razón de sus cargos residan fuera del país en el momento de la promulgación de la presente ley inscribirán en la primera oportunidad en que regresen a él, y darán como domicilio, mientras desempeñen sus funciones, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, quedando obligados a presentar solamente las pruebas de ciudadanía y de identidad.
Los Jefes de las Oficinas Electorales Departamentales deberán remitir semanalmente a la Corte Electoral todas las sentencias, resoluciones y disposiciones de carácter electoral que se hayan producido en sus respectivas jurisdicciones.
Las oficinas públicas quedarán obligadas a suministrar a las autoridades y oficinas electorales, así como a las autoridades de los partidos políticos reconocidos como tales por las Juntas Electorales, toda información que les fuere solicitada, siempre que tenga relación con las operaciones electorales.
Las autoridades y oficinas electorales y los funcionarios que intervengan en los actos de sufragio, no podrán dejar de realizar las operaciones o de fallar en las cuestiones de su exclusiva competencia, so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni suspender sus fallos o resoluciones a la espera de una interpretación auténtica del legislador.
Las fotografías producidas en la inscripción deberán ser renovadas ante
el funcionario inscriptor, cada 15 años, con las formalidades que
prescribe el artículo 91.
Deróganse todas las disposiciones dictadas con anterioridad a la presente ley, que se refieren a la formación del Registro Cívico Permanente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CAPITULO UNICO
Artículo I. La primera Corte Electoral estará compuesta en la forma siguiente: Tres miembros titulares que tendrán, respectivamente, doce suplentes, cuyo nombramiento se hace en la presente ley, y seis miembros titulares que tendrán, respectivamente, cuatro suplentes, y cuya elección se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo VI de esta disposiciones transitorias.
Art. II. Desígnase para formar parte de la primera Corte Electoral, como miembros titulares, a los ciudadanos José A. de Freitas, Asdrúbal Delgado y Emilio Barvaroux.
Art. III. Desígnase suplentes de don José A. de Freitas a los ciudadanos José Irureta Goyena, José P. Massera, Daniel García Acevedo, Buenaventura Caviglia, Andrés Lerena, Osvaldo Acosta, Mauro Sierrra, Julián de la Hoz, José Pedro Sierra, Julián de la Hoz, José Pedro Varela, Julio Llamas, José Scosería y Pablo Bonavia.
Desígnase suplentes de don Asdrúbal Delgado a los ciudadanos Andrés Lerena, Osvaldo Acosta, Mauro Sierra, Julián de la Hoz. José Irureta Goyena, José P. Massera. Daniel García Acevedo, Buenaventura Caviglia, José Pedro Varela, Julio Llamas, José Scosería y Pablo Bonavia.
Desígnase suplentes de don Emilio Barvaroux a los ciudadanos José Pedro Varela, Julio Llamas, José Scosería y Pablo Bonavia, José Irureta Goyena, José P. Massera, Daniel García Acevedo, Buenaventura Caviglia, Andrés Lerena, Osvaldo Acosta, Mauro Sierra y Julián de la Hoz.
Art. IV. Los suplentes de cada uno de los titulares citados en el artículo II serán convocados, cuando corresponda, en el orden en que figuran en el artículo III.
Art. V. Se elegirán además otros seis miembros titulares, que compondrán, con los citados en el artículo II, la primera Corte Electoral.
La Asamblea General será citada para el tercer día después de puesto el cúmplase a esta ley a fin de proceder en sesión especial a la elección de estos seis miembros y sus suplentes.
Si en esta sesión no se pudiera obtener el quórum reglamentario, se convocará hasta por tercera vez, con intervalos de veinticuatro horas, procediéndose a realizar la sesión en cuanto se lograre el quórum determinado en el inciso 2.o del artículo 4.o del Reglamento de la Asamblea General.
En el mismo acto se elegirán cuatro suplentes para cada titular, señalándoseles el orden respectivo.
Art. VI. La elección se efectuará por medio de listas firmadas, que se distinguirán por lemas y sublemas, y cada elector deberá sufragar en ellas por tres titulares y doce suplentes.
Los legisladores deberán votar bajo el mismo lema que ostentó la lista en que figuraron al incorporarse a la Cámara.
No obstante, si antes del 6 de Diciembre de 1923, fecha de aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes, existieran actos públicos y notorios que acreditasen la incorporación de un legislador a un partido determinado, dicho legislador no podrá votar bajo otro lema que es de ese partido. En caso de impugnarse la verdad de esos actos de incorporación la mayoría de la Asamblea General resolverá sobre la validez del voto.
La Presidencia de la Asamblea General recibirá los votos agrupando las listas por lemas y luego por sublemas y procederá de inmediato a su escrutinio, estableciendo el cociente electoral, que será el que resulte de dividir por seis el número total de sufragios emitidos y proclamará los candidatos titulares y suplentes triunfantes de cada lista, con arreglo al sistema de representación proporcional integral.
Art. VII. Los suplentes a que se refiere el artículo anterior serán convocados, cuando corresponda, en el orden en que figuren en la lista respectiva.
Art. VIII. Agotados los suplentes correspondientes a cualquiera de las listas votadas, se procederá de acuerdo con lo prescripto en el inciso 2.o del artículo 7.o de esta ley.
Art. IX. El mismo día de la elección, el Presidente de la Asamblea General Legislativa convocará a todos los miembros que deban integrar la Corte Electoral, ante la Asamblea General, que continuará reunida, para darles posesión de sus cargos. La Corte Electoral deberá constituirse el día siguiente, eligiendo a pluralidad de sufragios, Presidente y Vicepresidente.
Art. X. La primera Corte Electoral ejercerá sus funciones hasta el día 15 de Abril de 1929 y sus miembros podrán ser reelectos.
Art. XI. Dentro de los cinco primeros días de su funcionamiento, la Corte designará por siete votos conformes y a propuesta de los miembros elegidos de acuerdo con el artículo V, por la Asamblea General, el Director y Subdirector de la Oficina Nacional Electoral.
Art. XII. Las actuales Juntas Electorales continuarán funcionando hasta nueva elección, con todas las facultades y obligaciones contenidas en esta ley.
Art. XIII. Para la primera inscripción las Juntas Electorales formularán el plan a que se refieren los artículos 33, 34, 35 y 36, dentro de los veinte días siguientes al de la promulgación de esta ley.
Art. XIV. Para establecer el plan de inscripción, se dividirá cada Departamento en zonas y distritos inscripcionales. Las zonas se determinarán tratando, en cuanto sea posible, que cada una contenga un número de inscriptos no inferior a 1.500 ni superior a 2.000, calculados sobre la base del número de sufragios válidos correspondientes a la zona que se determine, en la última elección de Presidente de la República.
Art. XV. Cada zona se dividirá en distritos inscripcionales. En cada distrito, el local en que haya de funcionar la Oficina Inscriptora se ubicará en forma que entre él y el límite más lejano del distrito no haya
una distancia superior a 15 kilómetros en los Departamentos de Montevideo,
Canelones, Colonia, San José y Florida, y de 25 kilómetros en los demás.
Art. XVI. La Junta Electoral fijará en el plan de inscripción del primer período el plazo que la Oficina inscriptora haya de funcionar en cada distrito, teniendo en cuenta el número posible de inscripciones que hubieren de hacerse y estimando en quince inscripciones diarias el promedio de las que podrá efectuar la Oficina.
Art. XVII. En cada zona inscripcional actuará una sola Oficina inscriptora, correspondiéndole determinada serie en los archivos electorales.
Art. XVIII. Si el plan inscripcional no fuese formulado por la Junta Electoral en el plazo fijado en el artículo XIII, o fuese rechazado por la Corte Electoral, ésta procederá de inmediato de acuerdo con lo prescripto en el artículo 36.
Art. XIX. Aprobado el plan de inscripción, la Junta Electoral procederá de inmediato a hacerlo conocer públicamente, disponiendo se fijen avisos en los lugares donde deben funcionar las Oficinas Inscriptoras.
En los avisos y publicaciones se establecerá con precisión las zonas y
distritos inscripcionales, los plazos en que las Oficinas Inscriptoras actuarán en cada distrito, días y horas hábiles para la inscripción y local en que funcionarán las Oficinas. Debiendo tenerse en cuenta en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 54.
Art. XX. Las Juntas Electorales, dentro de los veinte días siguientes a la promulgación de la presente ley, propondrán a la Corte Electoral, con arreglo a lo establecido en el inciso D) del artículo 30, los funcionarios de las respectivas Oficinas electorales.
Art. XXI. Las personas que desempeñan actualmente los cargos de prosecretarios de las Juntas Electorales, deberán ser designados Secretarios de las respectivas Oficinas Electorales departamentales, salvo que se designasen para desempeñar los cargos de Jefe de las mismas.
Art. XXII. Los demás empleados presupuestados de las actuales Juntas Electorales pasarán a desempeñar cargos similares a los que ocupan, a las respectivas Oficinas Electorales.
Art. XXIII. Si las Juntas Electorales no propusieran en el plazo fijado en el artículo XX los funcionarios de las respectivas Oficinas Electorales, la Corte procederá a designarlos por seis votos conformes.
Art. XXIV. En el primer período inscripcional actuarán en cada Departamento Oficinas Inscriptoras delegadas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37.
El número de oficinas para cada Departamento se establecerá teniendo en cuenta el número de votos válidos emitidos en él en la última elección de Presidente de la República, y a razón de una por cada 1.500 votos, y fracción superior a 750.
Art. XXV. Cada una de estas Oficinas se compondrá como lo determina el artículo 54 y se integrará con funcionarios fiscales.
Estos funcionarios serán designados por la Corte Electoral, a propuesta de las autoridades nacionales de las fracciones políticas que tengan representación en la Asamblea General.
Cada fracción de las que se encuentren en las condiciones que anteceden podrá proponer un fiscal para cada Oficina Inscriptora en el Departamento que sus legisladores representen.
En caso de dudas con respecto a cuál sea la autoridad nacional correspondiente, la Corte se atendrá a la declaración que formulen los legisladores electos por las fracciones políticas de que se trata.
Las asignaciones de los funcionarios fiscales no podrán exceder de cincuenta pesos mensuales para cada uno.
De la partida total asignada para pago de los fiscales, se destinará, para los propuestos por cada autoridad partidaria un porcentaje proporcional a su representación en la Asamblea General.
La suma mensual presupuestada para pago de fiscales se determinará por el número total de oficinas a razón de cien pesos por cada una excluídas las que funcionan en ciudades y villas reconocidas como tales por ley.
El nombramiento de dichos funcionarios deberá ser revocado por la Corte Electoral cuando lo pida la misma autoridad partidaria que lo propuso.
En las Oficinas Inscriptoras que funcionen en las ciudades y villas y en aquellas oficinas en que la Corte Electoral por siete votos conformes resuelva no designar fiscales, los delegados de los partidos, además de las funciones atribuídas por esta ley, podrán ejercer las que correspondan a los fiscales.
Art. XXVI. Los funcionarios fiscales a que se refiere el artículo anterior firmarán con el Jefe y el escribiente de la Oficina Inscriptora el libro diario y las actas a que hace referencia el artículo 56, pudiendo dejar constancia en ellos de las observaciones que les mereciere el funcionamiento de las Oficinas.
Art. XXVII. Las Juntas Electorales propondrán a la Corte Electoral, inmediatamente después de aprobado el plan de inscripción, y con arreglo a lo dispuesto en el inciso D) del artículo 30, el nombramiento de los funcionarios que hayan de componer las Oficinas Inscriptoras, con excepción de los fiscales a que se refiere el artículo XXV.
Art. XXVIII. Las Oficinas Inscriptoras delegadas, a que se refiere el artículo XXIV, actuarán durante el período de inscripción y cesarán en la forma y fecha que determine la Corte Electoral.
Art. XXIX. Las Oficinas Inscriptoras que actúen en las Capitales de los Departamentos, deberán entregar los expedientes de inscripción dentro de las 48 horas siguientes a su terminación, a las Oficinas Electorales. Las que actúen en las zonas rurales enviarán semanalmente los expedientes de inscripción terminados.
Art. XXX. Las boletas válidas del Registro Cívico actual servirán como recaudos probatorios de ciudadanía, a los efectos de la inscripción en este próximo período inscripcional, debiendo ser devueltas a los interesados con la anotación de haber sido utilizadas, firmada por el Jefe y el escribiente de la Oficina Inscriptora.
Las inscripciones así realizadas estarán sujetas a depuración, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
Si en el juicio de exclusión de estas inscripciones se probase que la boleta utilizada fué obtenida mediante la presentación de pruebas falsas acerca de la ciudadanía, identidad o vecindad del inscripto, se entenderá que éste ha incurrido en el delito previsto en el numeral 4.o del artículo 194, y estará sujeto a la pena prescripta en el artículo 195.
Art. XXXI. Las resoluciones de la Corte Electoral que por las disposiciones permanentes de esta ley requieren la conformidad de cinco votos, deberán ser adoptadas por seis votos conformes en la primera Corte. Las resoluciones que por las disposiciones permanentes de esta ley requieren la conformidad de seis votos deberán ser adoptadas en la primera Corte por siete votos conformes.
Art. XXXII. Durante el primer período inscripcional no se exigirá a los delegados de los partidos, la condición de estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional.
Art. XXXIII. La Corte Electoral dispondrá la publicación de esta ley en folleto, ordenando su distribución entre los partidos políticos.
En las publicaciones de esta ley que se hagan después del 15 de Abril de 1929 será suprimido el capítulo de las disposiciones transitorias, que no regirán a partir de esa fecha.
Art. XXXIV. Para el primer período las inscripciones en el Registro Cívico empezarán el día 15 de Marzo de 1924 y continuarán hasta el día 30 de Setiembre del mismo año.
Los juicios de exclusión podrán iniciarse en todo tiempo ante las Oficinas Electorales Departamentales hasta el día 15 de Octubre de 1924, inclusive.
Art. XXXV. El día 16 de Octubre de 1924 se abrirá un período de calificación, que se regirá con arreglo a las disposiciones de la presente ley y que terminará el día 31 de Diciembre de dicho año; debiendo quedar terminados en esta última fecha todos los juicios de exclusión iniciados.
Art. XXXVI. El Registro Cívico creado por esta ley entrará en vigencia siempre que, terminado el próximo período inscripcional, se haya registrado en la Oficina Nacional Electoral, un número no menor de ciento cuarenta mil expedientes de inscripción.
Dentro de los cinco días siguientes a la terminación del primer período inscripcional, la Corte Electoral comunicará al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General, y publicará el resultado numérico de la inscripción. Si se hubiere alcanzado el número de expedientes establecido en el inciso primero de este artículo, quedará anulado el Registro Cívico actual y entrará en vigencia el nuevo Registro, una vez terminado el período de calificación.
Art. XXXVII. Si a la terminación del primer período de inscripción, no se hubiera registrado en la Oficina Nacional Electoral el número de expedientes que fija el artículo anterior, quedará en suspenso el nuevo Registro. En este caso, las próximas elecciones se realizarán en el Registro actual cuyas inscripciones serán calificadas durante el período que establece el artículo XXXV, con arreglo a las disposiciones de esta ley.
Art. XXXVIII. No obstante lo determinado en el artículo anterior, podrán utilizarse en la próxima elección, las inscripciones calificadas de los ciudadanos inscriptos en el Registro creado por esta ley, que cumplieran o hubieren cumplido diez y ocho años de edad, en el período que va desde el 26 de Noviembre de 1922 hasta el día en que se realice la próxima elección, inclusive.
Art. XXXIX. Cuando entrare en vigencia el Registro Cívico que se crea por esta ley, la Corte Electoral requerirá, de quien corresponda, los libros, archivo y demás elementos pertenecientes al Registro Cívico anulado, que deberán serle entregados y dispondrá lo necesario para su guarda y conservación.
Art. XL. El Consejo Nacional de Administración pondrá a disposición de la Corte Electoral hasta la cantidad de 300.000 mil para sufragar los gastos que demande la organización inmediata de los servicios establecidos por esta ley y el pago del presupuesto que proyecte la referida Corte, hasta que la Asamblea no lo sancione con carácter permanente.
Dicho presupuesto, deberá ser presentado a la Asamblea dentro de los sesenta días siguientes a la instalación de la Corte Electoral.
Estas cantidades se imputarán a Rentas Generales.
Art. XLI. Las próximas elecciones de senadores y miembros del Consejo Nacional de Administración, se realizarán el primer domingo del mes de Febrero de 1925.
Art. XLII. Comuníquese, etc.- Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de Enero de 1924.- GABRIEL TERRA, Presidente.- Domingo Veracierto, Secretario.
Ministerio de Instrucción Pública.-
Montevideo, Enero 9 de 1924.- Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, insértese y publíquese.-
Por el Consejo: SOSA. - PABLO BLANCO ACEVEDO.- Manuel V. Rodríguez, Secretario