Ley 16.603
Apruébanse las modificaciones dispuestas al texto del Código Civil.
(2449*R)
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Apruébase, con las modificaciones dispuestas en los artículos 2º y 3º
de la presente ley, el texto del Código Civil elaborado por la Comisión
Nacional designada por la Ley Nº 15.821, de 14 de agosto de 1986, y que
consta en anexo elevado por el Poder Ejecutivo así como las reformas por
el introducidas, declarándose el mismo "Texto Oficial".
Sustitúyense los artículos 209, 210, 230, 285, 395, 416, 441,
442,442.1, 842, 871, 889, 900, 1108, 1956, 1968, 1969, 2003, 2006, 2008,
2018 y 2391.1, proyectados de conformidad con lo establecido en el
artículo 1º de la presente ley, por los siguientes:
"ARTICULO 209.- Anulado el matrimonio, la situación de los hijos se
regulará por lo dispuesto en el artículo 174".
"ARTICULO 210.- No obstante la mala fe por parte de ambos cónyuges,
los hijos serán considerados siempre hijos legítimos".
"ARTICULO 230.- La legitimación puede tener lugar aun en favor de
hijos fallecidos, que han dejado descendientes legítimos o naturales y en
tal caso les aprovecha".
"ARTICULO 285.- Los padres podrán perder la patria potestad a
instancia de parte, previa sentencia del Juez competente, en los casos
siguientes:
1º) Si fueren condenados a penitenciaría como autores o cómplices de
un delito común.
2º) Si por dos veces fueren condenados por sustitución, o ocultación,
atribución de falsa filiación o parternidad, exposición o abandono de
niños; o en el caso de mendicidad establecido por el artículo 348.1
inciso primero, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior.
3º) Si fueren condenados por cualquiera de los delitos del artículo
274 del Código Penal, con excepción del caso previsto en el numeral 1º
del artículo 284.
4º) Si fueren condenados por dos veces a pena de prisión como autores
o cómplices de delitos a que hubieren concurrido con sus hijos.
5º) Los que fuera de los casos expresados en este artículo y el
anterior, excitaren o favorecieren en cualquier forma la corrupción de
menores.
6º) Si por sus costumbres depravadas o escandalosas, ebriedad
habitual, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudieren
comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de sus hijos, aun
cuando esos hechos no cayeren bajo la ley penal.
7º) Si se comprobare en forma irrefragable que durante un año han
hecho abandono culpable de los deberes inherentes a su condición de
tales, no prestando a sus hijos los cuidados y atenciones que les deben.
El Ministerio Público y el Juez competente apreciarán la prueba,
atendida la situación de los padres y muy especialmente las conveniencias
del menor.
Sólo por causas excepcionales acreditadas debidamente el Juez podrá
conceder a los padres la readquisición de los derechos de que hubieran
sido privados por la causal expresada en el presente numeral 7º).
Es aplicable a los casos de este artículo lo dispuesto en cuanto a los
derechos y obligaciones de los padres y demás, en la última parte del
artículo 284".
"ARTICULO 395.- No podrá el tutor, sin previo decreto judicial,
enajenar los bienes raíces del menor ni constituir sobre ellos ningún
derecho real ni enajenar o empeñar los bienes muebles preciosos o los que
tengan un valor de afección o cuyo valor exceda las 500 unidades
reajustables ni podrá el Juez autorizar esos actos, sino por causa de
absoluta necesidad o evidente utilidad y oyendo antes al Ministerio
Público.
La autorización para enajenar o gravar los bienes, a que refiere este
artículo, deberá recaer, en cada caso, sobre fincas u objetos
especialmente designados".
"ARTICULO 416.- Durante su cargo, el tutor está obligado a presentar
al Juez, dentro de los treinta días últimos de cada trienio, un estado de
la situación en que se encuentra el patrimonio del menor. El Juez, de
oficio o a solicitud del Ministerio Público, podrá disponer que dicho
estado sea presentado en un período menor.
El Ministerio Público, a quien ese estado debe comunicarse, podrá
pedir, si lo creyese conveniente, que el tutor exhiba los libros de la
administración y hacer las observaciones que le sugiere su celo por los
intereses del menor; teniendo presente lo dispuesto en la Sección II,
Capítulo III de este Título.
La aprobación que el Juez diese al estado presentado por el tutor será
en cuanto haya lugar y sin perjuicio de repararse cualquier agravio del
menor, al tiempo de la formal rendición de cuentas".
"ARTICULO 441.- El marido es el curador legítimo de su mujer declarada
incapaz y ésta lo es de su marido.
El cónyuge curador tendrá la administración extraordinaria de la
sociedad conyugal. (Artículos 1979 y 1984)".
"ARTICULO 442.- Los hijos mayores de edad son curadores de su padre o
madre, viudos o divorciados, declarados incapaces. Si hubiere dos o más
hijos, el Juez elegirá el que debe ejercer la curaduría.
Los padres son de derecho curadores de sus hijos legítimos o naturales
reconocidos, solteros, viudos o divorciados, que no tengan hijos mayores
de edad que puedan desempeñar la curaduría. El Juez determinará cuál de
ellos ejercerá el cargo".
"ARTICULO 442.1.- El Tribunal por motivos fundados podrá apartarse del
orden de la curatela legítima, o aun prescindir de ella, así como regular
los modos de su ejercicio".
"ARTICULO 842.- Son indignos y como tales no pueden adquirir por
testamento: (artículo 1012).
1º) El condenado en juicio por homicidio intencional o tentativa del
mismo contra la persona de cuya herencia se trata, contra el cónyuge y
contra los descendientes del mismo.
2º) El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del
difunto no la denuncia dentro de sesenta días a la justicia cuando ésta
no ha procedido ya de oficio sobre ella.
Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes o hermanos del
heredero o cónyuge cesará en éste la obligación de denunciar.
3º) El que voluntariamente acusó o denunció al difunto de un delito
capital.
4º) El pariente que, sabiendo ser heredero presuntivo del difunto y
hallándose éste demente y abandonado, no cuida de recogerle o hacerle
recoger en un establecimiento público.
5º) El que para heredar estorbó, por fuerza o fraude, que el difunto
hiciera testamento o revocara el ya hecho o sustrajo éste o forzó al
difunto para testar.
Las causas de indignidad, expresadas en este artículo, comprenden
también a los legatarios".
"ARTICULO 871.- Los alimentos que el difunto debía por ley a ciertas
personas y que en razón de la indigencia de éstas eran exigible antes de
abrirse la sucesión gravan, por una cuantía que se determinará en
unidades reajustables, la masa hereditaria; excepto el caso en que el
testador haya impuesto ese gravamen a uno o más partícipes en la
sucesión".
"ARTICULO 889.- Para fijar la porción legitimaria se atenderá al valor
de los bienes que hayan quedado a la muerte del testador, previas las
deducciones indicadas en el Título VI de este Libro y sin comprender las
deudas y cargas impuestas en el testamento. (Artículos 893 y 1043).
Al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará
imaginariamente el que tenían todas las donaciones del mismo testador de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1108 y siguientes. (Artículos 1100,
1613 y 1639)."
"ARTICULO 900.- Son además justas causas de desheredación de los hijos
y descendientes:
1º) Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra al
padre o ascendiente que le deshereda.
2º) Haberle negado los alimentos, sin motivo legítimo.
3º) Haber sido declarado por sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada, culpable de un delito y condenado como tal a la pena de cinco
años de penitenciaría o a otra pena de mayor gravedad".
"ARTICULO 1108.- La colación se hace no de las mismas cosas donadas,
sino del justiprecio en unidades reajustables que tenían al tiempo de la
donación.
El aumento o deterioro posterior y aun su pérdida total, causal o
culpable, serán a cargo o riesgo del donatorio".
"ARTICULO 1956.- La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges
poseía con otra persona pro indiviso y de que durante el matrimionio se
hiciere dueño por cualquier título oneroso, pertenecerá pro indiviso a
dicho cónyuge y a la sociedad en proporción a las respectivas cuotas".
"ARTICULO 1968.- La sociedad debe el precio, en unidades reajustables,
de cualquiera cosa del marido o de la mujer que se haya vendido, siempre
que no se haya invertido en subrogarla por otra propiedad (artículo 1958)
o en un negocio personal del cónyuge cuya era la cosa vendida".
"ARTICULO 1969.- Se debe compensar a la sociedad siempre que se tome
de los gananciales alguna suma, sea para pagar deudas u obligaciones
personales de uno de los cónyuges, como el precio o parte del precio de
cosas que le pertenezcan o la redención de servidumbres, sea para la
cobranza de sus bienes propios; y, en general, siempre que alguno de los
cónyuges saca provecho personal de los bienes de la sociedad.
Cada cónyuge deberá asimismo compensar a la sociedad los daños y
perjuicios que le hubiere causado con dolo o culpa grave.
El provecho personal y los daños y perjuicios a que refiere este
artículo se calcularán en unidades reajustables al tiempo de obtener el
provecho o causar el daño".
"ARTICULO 2003.- El inventario comprenderá numéricamente y se traerán
a colación, determinadas en unidades reajustables, las cantidades que,
habiendo sido satisfechos por la sociedad, sean rebajables del capital de
la mujer y del marido.
También se traerá a colación, en unidades reajustables, el importe de
las donaciones y enajenaciones que deban considerarse ilegales o
fraudulentas con arreglo al artículo 1974. Exceptúanse los casos en que
proceda la colación real".
"ARTICULO 2006.- Se liquidarán y pagarán los capitales de los cónyuges
y las deudas, cargas y obligaciones de la sociedad.
Cuando el caudal no alcanzare para cumplir todo lo dispuesto en este
artículo, se observará lo determinado sobre los créditos privilegiados y
graduación de acreedores".
"ARTICULO 2008.- Hechas las reducciones determinadas en los artículos
anteriores, el resto del caudal compondrá el fondo de gananciales.
Las Pérdidas o deterioros ocurridos en las especies o cuerpos ciertos,
pertenecientes a cualquiera de los cónyuges, deberá sufrirlas el dueño,
salvo que procedan de dolo o culpa grave del otro cónyuge, en cuyo caso
deberá éste resarcirlas.
Los bienes propios existentes, muebles o inmuebles, los conservará
cada cónyuge en el estado en que se hallaren.
Si durante el matrimonio hubiesen sido enajenados, se restituirá el
precio en unidades reajustables que se les dio al tiempo de ser
aportados; y si entonces no se estimaron, se entregará el precio en
unidades reajustables de enajenación. (Artículo 1947).
A falta de convenio de los interesados los créditos de los capitales
propios deberán pagarse siempre en dinero. Las restituciones que deban
hacerse en dinero, si éste no existe, se harán en el término de seis
meses, vencidos los cuales empezarán a deberse los intereses de ley".
"ARTICULO 2018.- (Disposición especial). Declárase derogada desde la
vigencia de la Ley Nº 10.783, de 18 de setiembre de 1946, la Sección VII
del presente Capítulo II del Título VII, Parte Segunda del Libro IV.
Las renuncias de gananciales efectuadas con posterioridad a dicha ley
y hasta la vigencia de la presente disposición, son válidas siempre que
no hubiera recaído sentencia ejecutoriada en contrario".
"ARTICULO 2391.1.- Las modificaciones incorporadas al texto del Código
se regirán, en cuanto a su vigencia, por las leyes respectivas.
Los artículos 1108 inciso primero, 871, 889 inciso segundo, 1968, 1969
inciso tercero, 2003 y 2008 inciso cuarto, en la redacción dada por la
presente ley, se aplicarán a las sucesiones que se abran y a las
sociedades conyugales que se disuelvan con posterioridad a la vigencia de
ésta.
Se exceptúan los casos en los que resulte de aplicación el artículo
1112, siempre que la enajenación del donatario haya tenido lugar con
anterioridad a esa fecha".
Cométese al Ministerio de Educación y Cultura la publicación de la
edición oficial del Código Civil, con el informe de la Comisión Nacional
que lo elaborara, así como las publicaciones ajenas al texto que contenía
la edición oficial hoy corregida, la que se efectuará con cargo al Tesoro
Nacional.
El Poder Ejecutivo, previo informe de la Comisión Nacional designada
por la Ley Nº 15.821, de 14 de agosto de 1986, podrá efectuar la
corrección de los errores u omisiones numéricos o formales que se
comprueben en la presente ley, dando cuenta a la Asamblea General.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 11 de
octubre de 1994. GONZALO AGUIRRE RAMIREZ, Presidente - JUAN HARAN
URIOSTE, Secretario.
Ministerio de Educación y Cultura
Montevideo, 19 de octubre de 1994.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos. LACALLE HERRERA - ANTONIO MERCADER.
CODIGO CIVIL
LEY 16.603
TITULO PRELIMINAR
DE LAS LEYES
1.-
Las leyes sólo son obligatorias en virtud de su promulgación por el
Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo determinará la forma de la promulgación; y desde
que ésta pueda saberse, las leyes serán ejecutadas en todo el territorio
de la República.
La promulgación se reputará sabida diez días después de verificada en
la capital.
2.-
La ignorancia de las leyes no sirve de excusa.
3.-
Las leyes obligan indistintamente a todos los que habitan en el
territorio de la República.
4.-
**DEROGADO por Ley Nº 10.084 del 3.12.41
5.-
**DEROGADO por Ley Nº 10.084 del 3.12.41
6.-
La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país
en que hayan sido otorgados.
En los casos en que las leyes orientales exigieren instrumento público
para pruebas que han de rendirse y producir efecto en la República, no
valdrán las escrituras privadas, cualquiera sea la fuerza de éstas en el
país en que hubieren sido otorgadas.
7.-
Las leyes no tienen efecto retroactivo (Artículos 2390 a 2392)
8.-
La renuncia general de las leyes no surtirá efecto.
Tampoco surtirá efecto la renuncia especial de leyes prohibitivas: lo
hecho contra éstas será nulo, si en las mismas no se dispone lo
contrario.
9.-
Las leyes no pueden ser derogadas, sino por otras leyes; y no valdrá
alegar, contra su observancia, el desuso ni la costumbre o práctica en
contrario.
La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se
remite a ella. (Artículo 594, inciso 2º).
10.-
La derogación de las leyes puede ser expresa o tácita.
Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la
antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden
conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque
versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las
disposiciones de la nueva ley.
La derogación de una ley puede ser total o parcial.
11.-
No pueden derogarse por convenios particulares, las leyes en cuya
observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres.
12.-
Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley, de un modo
generalmente obligatorio.
Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto
de las causas en que actualmente se pronunciaren.
13.-
La interpretación auténtica o hecha por el legislador, tendrá efecto
desde la fecha de la ley interpretada; pero no podrá aplicarse a los
casos ya definitivamente concluidos.
14.-
La Suprema Corte de Justicia, siempre que lo crea conveniente, dará
cuenta al Poder Legislativo de las dudas y dificultades que hayan
ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que
note en ellas, a fin de estimular, sea la interpretación de las leyes
preexistentes, sea la sanción de nuevas leyes.
15.-
Los Jueces no pueden dejar de fallar en materia civil, a pretexto de
silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.
16.-
Cuando ocurra un negocio civil, que no pueda resolverse por las
palabras ni por el espíritu de la ley de la materia, se acudirá a los
fundamentos de las leyes análogas; y si todavía subsistiere la duda, se
ocurrirá a los principios generales de derecho y a las doctrinas más
recibidas, consideradas las circunstancias del caso.
17.-
Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor
literal, a pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley,
recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma
o en la historia fidedigna de su sanción.
18.-
Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio,
según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador
las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en
éstas su significado legal.
19.-
Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido
que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.
20.-
El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de
sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida
correspondencia y armonía.
LIBRO PRIMERO
De las personas
TITULO I
DE LAS DIFERENTES PERSONAS CIVILES
21.-
Son personas todos los individuos de la especie humana.
Se consideran personas jurídicas y por consiguiente capaces de
derechos y obligaciones civiles, el Estado, el Fisco, el Municipio, la
Iglesia y las corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidas
por la autoridad pública.
22.-
Son ciudadanos los que la Constitución del Estado declara tales. Los
demás son extranjeros.
La ley oriental no reconoce diferencia entre orientales y extranjeros,
en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este
Código.
23.-
Las personas son además, domiciliadas o transeúntes.
TITULO II
DEL DOMICILIO DE LAS PERSONAS
24.-
El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o
presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.
El domicilio civil es relativo a una sección determinada del
territorio del Estado.
25.-
El lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce
habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o
vecindad.
26.-
No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere consiguientemente
domicilio en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por
algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar
doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es
accidental, como la del viajero o la del que ejerce una comisión temporal
o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante.
27.-
Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y
avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, almacén,
fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para
administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo
concejil o un empleo fijo, de los que regularmente se confieren por largo
tiempo; y por otras circunstancias análogas.
28.-
El domicilio no se muda por el hecho de residir voluntariamente el
individuo largo tiempo en otra parte o forzadamente o por vía de pena,
con tal que conserve su familia y el asiento principal de sus negocios en
aquel domicilio.
29.-
Los eclesiásticos obligados a una residencia determinada, tienen su
domicilio en ella.
30.-
Cuando concurran en varias secciones territoriales, con respecto aun
mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio, se entenderá
que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación
especial a una de dichas secciones exclusivamente, ésta sólo será para
tales casos el domicilio del individuo.
31.-
La mera residencia hará las veces de domicilio, respecto de las
personas que no lo tuvieran en otra parte.
32.-
Se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio
especial para los actos judiciales y extrajudiciales a que diera lugar el
mismo contrato.
33.-
El domicilio coyugal se fijará de común acuerdo entre los esposos.
**Texto dado por el art. 9 de Ley 10.783 de 18.9.46
34.-
El menor no emancipado o habilitado, así como el mayor a quien se ha
nombrado curador, no tiene otro domicilio que el de sus padres, tutores o
curadores.
35.-
Los mayores de edad que sirven o trabajan en casa de otros, tendrán el
mismo domicilio de la persona a quien sirven o para quien trabajan, si
viven en la misma casa.
36.-
El domicilio del difunto, siendo en territorio nacional, determina el
lugar en que debe radicarse la testamentaría, sin perjuicio de lo
dispuesto por la ley procesal.
**La última parte del art. se agregó en virtud del art. 69 bis de Ley
15.750 de 24.6.85, modificado por el art. 1º Ley 15.860 de 10.4.87
37.-
El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones
reconocidas por la autoridad pública, es el lugar donde está situada su
dirección o administración, si en sus estatutos o en la autorización que
se les dio, no tuvieren su domicilio señalado.
38.-
Las reglas de este Título se entenderán sin perjuicio de lo que por
disposiciones especiales se estableciere, con relación a objetos
particulares de gobierno, policía y administración.
TITULO III
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
39.-
El estado civil es la calidad de un individuo en cuanto le habilita
para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones.
40.-
El estado civil de casados, de padres o hijos legítimos, se probará
por las respectivas partidas de matrimonio o nacimiento extraídas de los
Registros Civiles correspondientes. La edad y la muerte se probarán por
las partidas de nacimiento y defunción.
Para que toda partida o testimonio extraído de los Registros
Parroquiales produzca efectos en juicio o fuera de él, con el fin de
comprobar un estado civil anterior al 1º de julio de 1879, es necesario
que sea autorizado por un certificado del Director General del Registro
del Estado Civil, cuyas resultancias se tomarán por base para apreciar la
fuerza probatoria de aquel instrumento.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo que
establezca la ley respecto al valor probatorio de los certificados de las
partidas.
**Redacción del inciso 3º adaptada al texto del art. 54 Ley 13.318 de
28.12.64
41.-
Las disposiciones sobre los Registros del Estado Civil y los deberes
que a su respecto incumben a los funcionarios públicos encargados de
ellos son objeto de leyes especiales.
42.-
El estado civil de padre o madre o hijo natural se probará por las
respectivas partidas del Registro de Estado Civil o por la escritura
pública entre vivos o por el testamento que al efecto se hubiese otorgado
o por sentencia ejecutoriada que establezca la filiación natural.
**Redacción adaptada al Decreto-Ley 1.430 de 11.2.1879 y art. 233 inc.
2º del Código Civil.
43.-
Estando en debida forma los testimonios de los registros mencionados
en los artículos 40 y 42, se presume la verdad de ellos; salvo, sin
embargo, a los interesados el derecho de impugnar, en todo o en parte,
las declaraciones contenidas en esos documentos o la identidad de la
persona de que esos documentos trataren.
44.-
La falta de los referidos testimonios podrá suplirse, en caso
necesario, por otros documentos auténticos, por declaraciones de testigos
que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se
trata y, en defecto de estas pruebas, por la posesión notoria de ese
estado civil.
45.-
La posesión notoria del estado de matrimonio consiste principalmente
en haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus
relaciones domésticas y sociales; y en haber sido cada uno recibido en
ese carácter por los deudos y amigos del otro y por el vecindario de su
domicilio en general.
**Redacción adaptada al texto del art. 1º Ley 10.783 de 18.9.46
46.-
La posesión notoria del estado de hijo legítimo consiste en que sus
padres le hayan tratado como tal, proveyendo a su educación y
establecimiento de un modo competente y presentándole en ese carácter a
sus deudos y amigos; y en que éstos y el vecindario de su domicilio en
general, le hayan reputado y reconocido como hijo legítimo de tales
padres.
47.-
Para que la posesión notoria se reciba como prueba del estado civil,
deberá haber durado diez años continuos, por lo menos.
48.-
La posesión notoria del estado civil se probará por un conjunto de
testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefagable;
particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente
la falta de la respectiva partida o la pérdida o extravío del libro o
registro, en que debiera encontrarse.
49.-
En falta absoluta de prueba de la edad por documentos o declaraciones
que fijen la época del nacimiento y cuando su determinación fuese
indispensable, se decidirá por el aspecto físico del individuo, a juicio
de facultativos nombrados por el Juez.
TITULO IV
DE LOS AUSENTES
CAPITULO I
DE LA PRESUNCION DE AUSENCIA
50.-
La ley sólo considera ausente para los efectos de este Título, al
individuo cuya residencia actual se ignora o de quien no se tienen
noticias y cuya existencia es por consiguiente dudosa.
51.-
El ausente a los ojos de la ley ni está vivo ni está muerto.
A los que tienen interés en que esté vivo, toca probar la existencia,
como el fallecimiento, a los que tienen interés en que haya muerto.
52.-
Si hay necesidad real de proveer a la administración de todos o parte
de los bienes dejados por un ausente presunto, que no tiene apoderado
bastante, se proveerá por el Juez del lugar en que se hallen situados los
bienes, a solicitud de los interesados o del Ministerio Público.
Sólo se llaman interesados, a los efectos de este artículo, a los que
tienen interés existente y actual en provocar las medidas que solicitan,
como los acreedores, socios, comuneros y coherederos.
53.-
El Juzgado, a solicitud de cualquiera de los interesados, nombrará
persona hábil para representar a los ausentes en los inventarios,
particiones Y liquidaciones en que tengan interés.
En el caso de este artículo o del anterior, el cónyuge ausente será
representado por el que esté presente.
54.-
El Ministerio Público queda especialmente encargado de vigilar los
intereses de las personas que se presumen ausentes y será oído en todos
los negocios que les conciernan.
Los parientes y amigos del ausente pueden estimular al Ministerio
Público, participándole el perjuicio que sufren los intereses del
ausente.
CAPITULO II
DE LA DECLARACION DE AUSENCIA
55.-
Cuando se haya dejado de ver a una persona en el lugar de su domicilio
y en cuatro años no se hayan recibido noticias suyas, podrán los
interesados solicitar ante el Juez competente del último domicilio
conocido, la declaración de ausencia.
Los interesados a los efectos de este artículo, son los herederos
presuntivos y todos los demás que tienen en los bienes del ausente
derechos que se subordinan a la condición de su fallecimiento.
56.-
Si el ausente había dejado apoderado, la declaración de ausencia no
podrá reclamarse hasta pasados seis años, contados desde la ausencia o
las últimas noticias; y eso, aun en el caso de que el mandato hubiese
caducado antes de vencidos los seis años.
57.-
Si después que una persona recibió una herida grave en la guerra o
naufragó la embarcación en que navegaba o le sobrevino otro peligro
semejante, no se ha sabido más de ella y han transcurrido desde entonces
dos años, podrá solícitarse la declaración de ausencia.
Los dos años serán contados desde el día de la acción de guerra,
naufragio o peligro o no pudiendo ser determinado ese día, desde un
término medio entre el principio y fin de la época en que pudo ocurrir el
suceso.
58.-
El que solicité la declaración de ausencia, tendrá que justificar los
extremos en que la funde, con arreglo a los artículos precedentes, a lo
menos, por una información, con citación del Ministerio Público.
59.-
El Juzgado, tan luego como se le presente la solicitud, ordenará su
publicación en los periódicos de acuerdo a lo dispuesto por la ley
procesal.
**Redacción adaptada al texto del art. 544-1 Código Gral. del Proceso
60.-
La declaración de ausencia no podrá decretarse por el Juez hasta
pasado un año desde la primera publicación, con arreglo al artículo
anterior. Decretada que sea, el Juez mandará que se publique por los
periódicos.
CAPITULO III
DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA
SECCION I
DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA,
RELATIVAMENTE A LOS BIENES QUE EL
AUSENTE POSEIA
61.-
Declarada la ausencia, si hubiese testamento cerrado, se abrirá a
solicitud de los interesados o del Ministerio Público.
Los herederos testamentarios, con citación de los herederos ab
intestato o a falta de testamento, los que fueren herederos ab intestato
del ausente a la fecha de la desaparición o de las últimas noticias o del
suceso de que habla el artículo 57, podrán pedir la posesión interina de
los bienes que tenía el ausente, ofreciendo fianza idónea para garantía
de su administración.
Los legatarios y demás que tienen derechos eventuales que se hacen
exigibles con la muerte, podrán también ejercerlos provisoriamente, dando
fianzas.
62.-
El cónyuge presente, cuando no tenga la calidad de heredero, podrá
oponerse a la misión en posesión interina, solicitada por los que
tuvieren esa calidad y conservar la administración de los bienes del
cónyuge ausente. (Artículos 58 y 1979).
Si prefiere la disolución provisoria de la sociedad, podrá ejercer sus
derechos legales y convencionales, con obligación de afianzar, por lo que
toca a las cosas sujetas a restitución.
63.-
La posesión interina sólo dará a los que la obtengan, la
administración de los bienes del ausente, con calidad de rendirle
cuentas, si volviese o nombrare apoderado.
64.-
Los que hubieren obtenido la misión en posesión interina o el cónyuge
en el caso del artículo 62, deberán proceder inmediatamente a un
inventario formal, con citación del Ministerio Público, de todos los
bienes raíces, muebles y acciones del ausente.
65.-
Los que hayan obtenido la posesión provisoria podrán exigir para su
garantía, que se proceda por peritos designados por el Juzgado, a un
reconocimiento del estado de los bienes raíces.
Los gastos que se ocasionen saldrán de los bienes del ausente.
66.-
Si el ausente volviere o nombrare apoderado, los poseedores interinos
no tendrán que devolverle sino el quinto de los frutos o rentas, quedando
a su beneficio los cuatro quintos.
67.-
Los que no tengan sino posesión interina, no podrán enajenar ni
hipotecar los bienes raíces del ausente.
Si conviniera a los intereses del ausente la enajenación de los
muebles, podrá procederse a ella, con la venia judicial.
68.-
Si la ausencia ha continuado por ocho años contados desde que se hizo
la declaración, en los casos de los artículos 55 y 56 o por cinco años en
el caso del artículo 57 o si han pasado ochenta años contados desde el
nacimiento del ausente, quedarán sin efecto las finanzas; los interesados
podrán solicitar la partición de los bienes y pedir que la posesión
interina se declare definitiva.
Al efecto deben dirigirse al mismo Juzgado que declaró la ausencia y
les otorgó la misión en posesión.
El Juez, en la forma del artículo 58, declarará si la ausencia ha
continuado sin interrupción o no; y, según el resultado, dará la posesión
definitiva, si hubiese lugar.
No podrá impedir los efectos definitivos de esa declaración el cónyuge
que administra, por haber usado del derecho que le acuerda el artículo
62.
**Modificado por Ley 15.882 de 26.8.87
69.-
Desde el día del fallecimiento probado del ausente, quedará expedita
la herencia a los herederos testamentarios o a falta de testamento, a los
que, en la época de la muerte, fuesen herederos ab intestato.
Si otros hubieren obtenido la posesión, sea provisoria, sea
definitiva, de los bienes del ausente, tendrán que restituirlos, salvo
los frutos, conforme al artículo 66.
70.-
Si el ausente vuelve o se acredita su existencia, durante la posesión
provisoria, cesarán los efectos de la declaración de ausencia, sin
perjuicio, si el caso lo exigiere, de las medidas conservatorias
prescriptas en el capítulo I del presente Título, para la administración
de sus bienes.
71.-
Si el ausente vuelve o si se acredita su existencia, aun después de la
posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se
encuentren, el precio de los que se hubiesen enajenado o las cosas
adquiridas con el precio de las que se hubiesen vendido; pero no podrá
reclamar frutos ni rentas.
72.-
Los descendientes del ausente podrán asimismo dentro de quince años;
contados desde la posesión definitiva, solicitar la restitución de sus
bienes, en la forma expresada en el artículo anterior.
**Modificado por Ley 15.855 de 25.3.87
73.-
Después del auto de declaración de ausencia, cualquiera persona que
tenga algo que demandar al ausente, tendrá que dirigirse a los que han
obtenido la administración o posesión de los bienes.
SECCION II
DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA, CON
RELACION A LOS DERECHOS EVENTUALES
QUE PUEDEN COMPETIR AL AUSENTE
74.-
Cuando se reclame un derecho que recaiga en individuos cuya existencia
no sea legalmente reconocida, conforme a lo establecido en el artículo
51, deberá probarse que ese individuo existía en la época en que el
derecho recayó en él. 75.-
Si se verifica herencia a que sea llamado individuo que se presume
ausente, se procederá en la forma de los artículos 52 y 53. (Artículos
1071 y 1124).
Si ya ha tenido lugar la declaración de ausencia, la sucesión
corresponderá exclusivamente a los que habían de concurrir con él o a los
que habían de entrar en su representación o en su defecto.
76.-
Las disposiciones de los dos artículos precedentes se entienden sin
perjuicio de las acciones de petición de herencia, y otras que competan a
los ausentes y a sus sucesores universales o singulares.
77.-
Mientras que el ausente no se presente o no se deduzcan acciones a su
nombre, los poseedores de la herencia harán suyos los frutos percibidos
de buena fe. (Artículo 694).
SECCION III
DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA,
RELATIVAMENTE AL MATRIMONIO
78.-
La presunción que resulta de la ausencia, por larga que sea, no basta
para disolver el matrimonio.
Sin embargo, sólo el cónyuge ausente, por sí o por apoderado que
presente prueba acabada de su existencia, podrá atacar la validez del
matrimonio contraído por el otro cónyuge.
79.-
Pasados seis meses después de la desaparición del padre o madre
ausentes, sin haberse recibido noticias suyas, se proveerá de tutor a los
hijos menores cuando el otro padre no exista o no esté en ejercicio de la
patria potestad.
**Redacción adaptada al texto del art. 11 Ley 10.783 de 18.9.46
80.-
Lo mismo sucederá en el caso de que cualquiera de los cónyuges se haya
ausentado, dejando hijos menores de un matrimonio precedente.
TITULO V
DEL MATRIMONIO
CAPITULO I
DE LOS ESPONSALES
81.-
Los esponsales o sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es
un hecho privado, que la ley somete enteramente al honor y conciencia del
individuo que no produce obligación alguna en el foro externo.
No se puede alegar esta promesa ni para pedir que se efectúe el
matrimonio ni para demandar indemnización de perjuicios.
82.-
Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los esposos se
hubiese estipulado a favor del otro, para el caso de no cumplirse lo
prometido.
Pero si se hubiese pagado la multa, no podrá pedirse su devolución.
(Artículos 1441 y 1445).
CAPITULO II
DE LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO
83.-
El matrimonio civil es obligatorio en todo el territorio del Estado,
no reconociéndose, a partir del 21 de julio de 1885, otro legítimo que el
celebrado con arreglo a este capítulo y con sujeción a las disposiciones
establecidas en las leyes de Registro del Estado Civil y su
reglamentación.
84.-
Efectuado el matrimonio civil a que se refiere el artículo 83, los
contrayentes podrán libremente solicitar la ceremonia religiosa de la
Iglesia a que pertenezcan, pero ningún ministro de la Iglesia Católica o
pastor de las diferentes comuniones disidentes en el país, podrá proceder
a las bendiciones nupciales sin que se le haya hecho constar la
celebración del matrimonio civil, por certificado expedido en forma por
el Oficial del Estado Civil y si lo efectuase sin dicha constancia
incurrirá en la pena de seis meses de prisión y en caso de reincidencia
un año de prisión.
Exceptúase de la disposición que antecede, los matrimonios in
extremis, que no producirán, sin embargo efectos civiles.
**Se suprime "por juicio breve y sumario" en virtud de lo dispuesto
por el Código del Proceso Penal.
85.-
Si al acto a que se refiere la excepción del inciso último del
artículo precedente, fuere llamado el Oficial del Estado Civil, éste
procederá previa presentación de certificado médico que acredite el
peligro de muerte de uno de los contrayentes, a efectuar el contrato
civil de matrimonio, con anotación de las circunstancias especiales que
lo motivan.
En los puntos de la República donde no resida médico, suplirá el
certificado de éste la declaración de dos testigos de respetabilidad.
86.-
En el mismo día y si no fuese posible, en el siguiente a la
celebración del contrato, el Oficial del Estado Civil fijará y publicará
edictos anunciando el acto practicado, llenando las demás formalidades
prevenidas en los numerales 1 a 4 del artículo 92.
87.-
Llenados estos requisitos y corrido el término de la publicación, el
Oficial del Estado Civil pasará los antecedentes al Juez Letrado
competente del domicilio de los contrayentes, quien no teniendo reparo
que hacer al procedimiento seguido y no habiéndose interpuesto oposición
justificada, declarará válido el contrato de matrimonio civil celebrado
in extremis.
Tratándose de viudo o viuda, divorciado o divorciada, el Juez Letrado
exigirá que acredite la presentación de la declaración jurada prescripta
por el artículo 113.
**El inc. 2º está adecuado al texto del art. 50 Ley 13.318 de
28.12.64.
88.-
Todos los matrimonios efectuados civilmente durante la vigencia de las
leyes anteriores, aunque hayan tenido lugar entre personas católicas, que
por razones de conciencia o cualesquiera otras prefirieron el acto civil
con prescindencia de la creremonia religiosa establecida por las leyes
canónicas o eclesiásticas, se declaran válidos y legítimos ante las leyes
civiles; considerándose que esos matrimonios producen todos sus efectos
legales desde el día de su celebración. 89.-
Los hijos que proceden de dichos matrimonios se declaran legítimos,
cualquiera que sea la anotación que a su respecto arrojen los libros
parroquiales de la Iglesia.
90.-
El acto de matrimonio producirá los efectos civiles que le atribuye
este Código, si fuere celebrado con sujeción a las siguientes
disposiciones.
91.-
Son impedimentos dirimentes para el matrimonio:
1º.- La falta de edad requerida por las leyes de la República; esto
es, catorce años cumplidos en el varón y doce cumplidos en la mujer.
2º.- La falta de consentimiento en los contrayentes.
Los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito son hábiles
para contraer matrimonio, siempre que se compruebe que pueden otorgar
consentimiento. La comprobación se hará por informe médico aprobado
judicialmente.
3º.- El vínculo no disuelto de un matrimonio anterior.
4º.- El parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad, sea
legítimo o natural.
5º.- En la línea transversal, el parentesco entre hermanos legítimos o
naturales.
6º.- El homicidio, tentativa o complicidad en el homicidio contra la
persona de uno de los cónyuges, respecto del sobreviviente.
7º.- La falta de consagración religiosa, cuando ésta se hubiere
estipulado como condición resolutoria en el contrato y se reclamase el
cumplimiento de ella en el mismo día de la celebración del matrimonio.
92.-
El expediente informativo que debe preceder al matrimonio para
acreditar los novios hallarse desimpedidos y haber cumplido los demás
requisitos civiles del caso, se instruirá ante el Oficial del Estado
Civil del domicilio de cualquiera de los contrayentes.
El mismo funcionario publicará el proyectado matrimonio por medio de
la prensa y edicto, que permanecerá fijado en la puerta de la oficina por
espacio de ocho días y contendrá:
1º.- Los nombres y apellidos de los novios y los de sus padres.
2º.- La nacionalidad de cada uno de ellos, su edad, profesión y
domicilio.
3º.- Si alguno de ellos fuese viudo o ambos lo fuesen, los nombres de
los cónyuges fallecidos, según lo que conste de la partida de óbito que
debe presentarse o de otra prueba subsidiaria.
4º.- Intimación a los que supieren algún impedimento para el
matrimonio proyectado que lo denuncien o hagan conocer la causa.
**Redacción del inc. 1º adaptada al texto del Decreto-Ley 14.269 de
28.9.74.
93.-
Sin son diversos los domicilios de los contrayentes, se pasará oficio
deprecatorio al otro Oficial del Estado Civil que corresponda, para que
también haga fijar en las puertas de la oficina el edicto de que habla el
artículo precedente.
En este caso, el Oficial del Estado Civil en cuya oficina debe
celebrarse el matrimonio, no podrá pasar adelante sin haber recibido la
contestación del otro Oficial, avisándole que, hecha la publicación no ha
habido denuncia de impedimento o acompañándole la denuncia si se le
hubiese presentado.
**Redacción del inc. 1º adaptada al texto del Decreto-Ley 14.269 de
28.9.74.
94.-
Las denuncias de impedimentos (artículo 91) serán dadas por escrito al
Oficial de Estado Civil, quien mandará agregarlas al expediente con
noticia de los novios y remitirá al Juzgado Letrado competente para su
trámite y posterior resolución.
Al Ministerio Público incumbe dar esas denuncias, si tuviere prueba de
cualquier impedimento.
**Redacción del inc. 1º adaptada al texto del Decreto-Ley 14.269 de
28.9.74.
95.-
**DEROGADO por el art. 544-1 del Código Gral. del Proceso y art. 69
Ley 15.750 de 24.6.85.
96.-
Siempre que se declare improcedente la denuncia del impedimento, será
condenado el denunciante en las costas, costos, daños y perjuicios.
Exceptúase el caso de haberse dado la denuncia por el Ministerio
Público o agente de éste.
97.-
Juzgada improcedente la denuncia o no habiendo aparecido alguna, el,
Oficial del Estado Civil procederá a celebrar el matrimonio en público,
pro tribunali, a presencia de cuatro testigos, parientes o extraños,
recibiendo la declaración de cada novio, de que quieren ser marido y
mujer. Acto continuo declarará el Oficial del Estado Civil, a nombre de
la ley, que quedan unidos en matrimonio legítimo; y levantará en forma de
acta la partida de matrimonio, dando copia a los contrayentes, si la
pidieren.
**Redacción adaptada al texto del Decreto-Ley 14.269 de 28.9.74.
98.-
En el acta o partida de matrimonio se enunciará:
1º.- El nombre, edad, profesión, lugar del nacimiento y domicilio de
cada uno de los contrayentes.
2º.- El nombre, profesión y domicilio de sus padres.
3º.- El consentimiento de los padres, ascendientes, tutores o
curadores, conforme a los artículos 105 y siguientes.
4º.- La circunstancia de haber precedido al matrimonio el edicto y
publicación del caso.
5º.- La denuncia, si la ha habido, con la sentencia sobre ella
recaída, declarándola improcedente o la constancia de no haberse
denunciado impedimento alguno.
6º.- La declaración de los contrayentes de recibirse por esposos y la
de su unión por el Oficial del Estado Civil.
El consentimiento del sordomudo contrayente que no pueda darse a
entender por escrito, será expresado por su representante legal, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 105 y siguientes.
7º.- Los nombres, edad, profesión y domicilio de los testigos.
**Redacción del inc. 6º adaptada al texto de Decreto-Ley 14.269 de
28.9.74.
99.-
Por causas que a su juicio sean bastantes podrá el Oficial del Estado
Civil, celebrar el matrimonio fuera de su oficina, pero en el caso del
artículo 85 deberá necesariamente concurrir donde fuere solicitado.
100.-
El matrimonio puede celebrarse por medio de apoderado con poder
especial en forma.
**SE SUPRIME LA "SECCION II-DEL MATRIMONIO CELEBRADO O DISUELTO EN
PAIS EXTRANJERO" (arts. 101 a 104 incl.) por los arts. 2395, 2396 y 2404
del Apéndice del Código).
CAPITULO III
DE LOS REQUISITOS CIVILES PREVIOS AL
MATRIMONIO EN GENERAL
105.-
No se procederá a la celebración de matrimonio alguno,
sin el asenso o licencia de la persona o personas, cuyo consentimiento
sea necesario, según las reglas que van a expresarse o sin que conste que
el respectivo contrayente no ha menester para casarse el consentimiento
de otra persona o que ha obtenido el de la justicia en subsidio.
106.-
Los hijos que no hayan cumplido veintiún años de edad, cualquiera sea
su sexo, necesitan para casarse el consentimiento expreso de sus padres
legítimos o, a falta de ambos, el del ascendiente o ascendientes
legítimos en grado más próximo.
En igualdad de votos contrarios, preferirá el favorable al matrimonio.
** Texto dado por Decreto-Ley 14.350 de 29.3.75
107.-
A falta de dichos padres o ascendientes legítimos, será necesario al
que no haya cumplido veintiún años, el consentimiento expreso de su tutor
o curador especial. (Artículo 308)
** Texto dado por Decreto-Ley 14.350 de 29.3.75
108.-
Se entenderá faltar el padre, madre u otros ascendientes, no sólo por
haber fallecido, sino por estar demente o fatuo o por hallarse ausente
del territorio de la República y no esperarse su pronto regreso o por
ignorarse el lugar de su residencia.
109.-
Los hijos naturales reconocidos que no hayan cumplido la edad de
veintiún años según el artículo 106, están obligados a obtener el
consentimiento del padre o madre que los haya reconocido con las
formalidades legales y de los dos si ambos lo han reconocido y viven,
siendo de aplicación para este último caso no dispuesto en el inciso
segundo del artículo 106.
A los efectos de este artículo y de los anteriores, se entenderá
faltar el padre o la madre, si han perdido la patria potestad, pero no si
les ha sido simplemente limitada, salvo resolución expresa.
** Texto dado por Decreto-Ley 14.350 de 29.3.75
110.-
Cuando el consentimiento para el matrimonio se niegue por la persona o
personas que deben prestarlo, habrá recurso ante el Juzgado competente,
para que declare irracional el disenso.
** Redacción adaptada al régimen del Código Gral. del Proceso.
111.-
No se procederá a la celebración del matrimonio entre el tutor o
curador ni sus descendientes, con la persona que ha tenido en guarda,
mientras que fenecida la guarda, no haya recaído la aprobación judicial
de las cuentas de su cargo.
112.
Tampoco se procederá a la celebración del matrimonio de la viuda o
divorciada, hasta los trescientos y un días después de la muerte del
marido o de la separación personal, según el caso, bien que si hubiese
quedado encinta, podrá casarse después del alumbramiento.
Esta disposición es aplicable al caso en que la separación de los
cónyuges se verifique por haberse declarado nulo el matrimonio.
No obstante la mujer que se encuentre en las situaciones previstas
precedentemente podrá contraer nuevo matrimonio antes del lapso prefijado
y siempre que hubieren transcurrido noventa días naturales desde que se
consumó su viudez, la separación personal o se ejecutorió la sentencia de
nulidad respectiva, si acreditare que no se encuentra embarazada mediante
certificación de médico especialista, la que se agregará al expediente
respectivo.
** Inc. final incorporado por el art. 2º. Decreto-Ley 14.350 de
29.3.75
113.
No permitirá la autoridad civil el matrimonio del viudo o viuda,
divorciado o divorciada que tratare de volver a casarse, sin que presente
en el expediente matrimonial, declaración jurada de que no tiene hijos
bajo su patria potestad o de que sus hijos no tienen bienes o de que si
los tuvieren, han hecho de ellos inventario ante Juez competente.
Igual declaración deberá formular el padre o madre naturales respecto
de sus hijos reconocidos o dados por reconocidos.
**Texto dado por art. 50 Ley 13.318 de 28.12.64
114.-
**DEROGADO por la Ley Nº 10.783
115.-
El funcionario público que bajo cualquier forma infringiera las
disposiciones que le incumban relativamente al matrimonio incurrirá en la
misma pena que el artículo 162 del Código Penal establece.
**Redacción adaptada al actual art. 162 Código Penal
CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DEL
MATRIMONIO
SECCION I
DE LOS DEBERES DE LOS ESPOSOS PARA
CON SUS HIJOS Y DE SU OBLIGACION Y LA DE
OTROS PARIENTES A PRESTARSE
RECIPROCAMENTE ALIMENTOS
116.-
Por el mero hecho del matrimonio, contraen los cónyuges la obligación
de mantener y educar a sus hijos, dándoles la profesión u oficio
conveniente a su estado y circunstancias. (artículo 2500)
Los padres no tienen obligación de dar a sus hijos los medios de
formar un establecimiento.
**En el inc. 1º. se corrigió la remisión.
**El inc. 2º corresponde al texto del art. 2027 del Código Civil,
adaptado a la Ley 10.783 de 18.9.46
117.-
En defecto o imposibilidad de los padres, se extiende la obligación
expresada en el artículo precedente a los abuelos y demás ascendientes,
sean legítimos o naturales.
**Redacción adaptada al texto del art. 222 Código del Niño
118.-
La obligación de alimentar es recíproca entre los ascendientes y
descendientes.
**Se suprime la remisión por ser errónea
119.-
Los yernos o nueras deben igualmente y en las misma circunstancias,
alimentar a sus suegros y éstos a aquellos; pero esa obligación cesa:
1º. Cuando el suegro o suegra, yerno o nuera, pasa a segundas nupcias.
2º. Cuando ha fallecido aquel de los cónyuges que producía la afinidad
y los hijos nacidos de su unión con el otro.
Subsistirá, sin embargo, la obligación en este caso cuando el cónyuge
sobreviviente no tenga ascendientes, descendientes ni hermanos en
condiciones de prestar alimentos y prueba que observa buena conducta.
120.-
La obligación de alimentar se extenderá a los hermanos legítimos, en
caso de que por vicio corporal, debilidad de la inteligencia u otras
causas inculpables, no puedan proporcionarse los alimentos.
121.-
Bajo la denominación de alimentos se comprende, no sólo la casa y
comida, sino el vestido, el calzado, las medicinas y salarios de los
médicos y asistentes, en caso de enfermedad.
Se comprende también la educación, cuando el alimentario es menor de
edad.
122.-
Los alimentos han de ser proporcionados al caudal de quien los da y a
las necesidades de quien los recibe.
El Juez, según la circunstancia del caso, reglará la forma y cuantía
en que hayan de prestarse los alimentos.
123.-
Cuando el que suministra los alimentos o el que los recibe, llega a un
estado tal, que el uno ya no puede darlos o el otro no los necesita en
todo o en parte, puede solicitarse la exoneración o reducción de la cuota
señalada.
124.-
El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de
muerte ni venderse o cederse de modo alguno ni renunciarse. (Artículo
2155).
125.-
El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo
que el demandante le deba a él. (Artículo 1510).
126.-
No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, las pensiones
alimenticias atrasadas podrán renunciarse y el derecho de demandarlas
transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse, sin perjuicio de la
prescripción que competa al deudor y de la limitación establecida en el
artículo 1766 inciso 2º (Artículo 1222).
**Texto coordinado con el art. 1766 inc. 2º del Código Civil
SECCION II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE
MARIDO Y MUJER
127.-
Los cónyuges se deben fidelidad mutua y auxilios recíprocos.
128.-
**DEROGADO por art. 1º. Ley Nº 10.783 de 18.9.46
129.-
El deber de convivencia es recíproco entre marido y mujer.
Ambos contribuirán a los gastos del hogar (artículo 121)
proporcionalmente a su situación económica.
**Redacción adaptada al texto de los arts. 1 y 10 Ley 10.783 de
18.9.46
130.-
Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los
cónyuges, según las reglas que se expondrán en el Título VII Parte II del
Libro IV de este Código.
**Redacción del inc. 1º adaptada al texto del art. 2º. Ley 10.783 de
18.9.46
El inciso 2º está derogado por el art. 2397, incorporado por la ley
10.084 del 3.12.41
131 a 144.-
**DEROGADOS por arts. 1º. y 2º. Ley Nº 10.783 de 18.9.46
CAPITULO V
DE LA SEPARACION DE CUERPOS Y DE LA
DISOLUCION DEL MATRIMONIO
145.-
Los juicios de separación de cuerpos, disolución y nulidad de
matrimonio, se regirán privativamente por las leyes y las judicaturas
civiles, con absoluta prescindencia de las autoridades eclesiásticas.
146.-
Los efectos civiles de dichos juicios, esto es, todo lo que concierne
a los bienes de los cónyuges, a su libertad personal, a la crianza y
educación de los hijos, se rigen por las leyes y judicaturas civiles.
Es Juez competente para entender en ellos el Juez de Familia o quien
hiciera sus veces, del domicilio del demandado. Si se ignorase el
domicilio de éste, o no lo tuviera en la República, será Juez competente
el del último domicilio que se le hubiere conocido
**Redacción del inc. 2º adaptada al texto del art. 69 de Ley 15.750 de
24.6.85
147.-
De acuerdo con el artículo 145, en todas las cuestiones relacionadas
con los matriomonios, incumbe conocer a los Tribunales ordinarios, los
cuales resolverán los casos, de conformidad a las leyes civiles de la
República.
SECCION I
DE LA SEPARACION DE CUERPOS
148.-
La separación de cuerpos sólo puede tener lugar:
1º.- Por el adulterio de cualquiera de los cónyuges.
2º.- Por la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro,
pronunciada la sentencia criminal condenatoria.
3º- Por sevicias o injurias graves del uno respecto del otro. Estas
causales serán apreciadas por el Juez teniendo en cuenta la educación y
condición de cónyuge agraviado.
4º.- Por la propuesta del marido para prostituir a la mujer.
5º.- Por el conato del marido o el de la mujer para prostituir a sus
hijos y por la connivencia en la prostitución de aquéllos.
6º.- Cuando hay entre los cónyuges riñas y disputas continuas, que les
hagan insoportable la vida común.
7º.- Por la condenación de uno de los esposos a pena de penitenciaría
por más de diez años.
8º.- Por el abandono voluntario del hogar que haga uno de los
cónyuges, siempre que haya durado más de tres años.
9º.- Por la separación de hecho, ininterrumpida y voluntaria de por lo
menos uno de los cónyuges durante más de tres años, sea cual fuere el
motivo que la haya ocasionado.
10.- Por la incapacidad de cualquiera de los cónyuges cuando haya sido
declarada por enfermedad mental permanente e irreversible (artículos 431
y siguientes en cuanto sean aplicables) y siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que haya quedado ejecutoriada la sentencia que declaró la
incapacidad.
b) Que, ajuicio del Juez, apoyado en dictamen pericial, la enfermedad
mental sea de tal naturaleza que racionalmente no pueda esperarse el
restablecimiento de la comunidad espiritual y material propia del estado
de matrimonio.
Ejecutoriada la sentencia, el cónyuge o ex cónyuge en su caso deberá
contribuir a mantener la situación económica del incapaz, conjuntamente
con todos los demás obligados por ley a la prestación alimenticia según
las disposiciones aplicables (artículos 116 y siguientes).
**El texto de los numerales 1º, 9º y 10º fue dado por el art. 1º
Decreto Ley 14.766 de 18.4.78.
149.-
La acción de separación de cuerpos no podrá ser intentada, sino por el
marido o por la mujer, pero ninguno de los cónyuges podrá fundar la
acción en su propia culpa.
150.-
Si alguno de los cónyuges fuere menor de edad, no podrá comparecer en
juicio ni como demandante ni como demandado, sin la asistencia de un
curador especial que elegirá la parte o nombrará el Juez en su defecto,
con la intervención del Ministerio Público.
151.-
**Derogado por la Ley 16.077 de 11.10.89
152.-
Presentada al Juzgado cualquier demanda que no se funde clara y
terminantemente en alguna de las causales establecidas en la ley, el Juez
la desechará de plano.
153.-
Si la demanda se funda en una de las causas establecidas en los
números 2 y 7 del artículo 148, deberá presentarse la sentencia
condenatoria ejecutoriada y probarse que la acción no ha prescrito.
**Redacción adaptada al texto del art. 369 Código Gral. del Proceso.
SECCION II
DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES A QUE
PUEDE DAR LUGAR LA DEMANDA
154.-
En todos los casos, al proveer sobre la demanda o antes de ella en
caso de urgencia apreciada por el Juez, a instancia de parte, el Juzgado
decretará la separación provisoria de los cónyuges.
En la audiencia preliminar se resolverá lo relativo a las pensiones
alimenticias, al régimen de tenencia y de visitas de los hijos menores o
incapaces y la cuestión de cual de los cónyuges habrá de permanecer en el
hogar conyugal, así como las expensas necesarias para el juicio al
cónyuge que las necesitare y no tuviere derecho a auxiliatoria de
pobreza.
El Juzgado fijará dichas cantidades, teniendo en consideración las
circunstancias del caso.
**Redacción adaptada al texto de los arts. 1º y 2º Ley 10.783 de
18.9.46 y adecuada al art. 350 del Código Gral. del Proceso.
155.-
Mientras no se hagan efectivas las litis expensas, podrá el cónyuge
diferir el pago de tributos y demás gastos judiciales. Todo sin perjuicio
de imputarse al haber del cónyuge deudor al tiempo de liquidarse la
sociedad conyugal, las sumas que debió abonar por los conceptos
expresados y las condenas que estableciere la sentencia definitiva.
**Redacción adecuada al texto del art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
156.-
**Derogado por art. 1º Ley Nº 10.783 de 18.9.46
157.-
Decretada la separación provisional, el Juez a instancia de parte
mandará que se proceda a la facción del inventario de los bienes del
matrimonio, así como todas las medidas conducentes a garantizar su buena
administración, pudiendo separar al marido o a la mujer de la
administración o exigirle fianza.
**Redacción adecuada al texto de los arts. 1º y 2º Ley 10.783 de
18.9.46.
158.-
Serán nulas todas las obligaciones contraídas por el marido o la mujer
a cargo de la sociedad conyugal, así como las enajenaciones que se hagan
de los bienes de esa sociedad, toda vez que fueren en contravención de
las providencias judiciales, que se hubieren dictado e inscrito en el
Registro respectivo.
**Redacción adecuada al texto del art. 17 de Ley 10.783 de 18.9.46
159.-
Mientras dure el juicio de separación, la situación de los hijos
menores será determinada de acuerdo con lo que prescriben los artículos
171 y siguientes.
SECCION III
DE LAS EXCEPCIONES A LA ACCION DE
SEPARACION, PRUEBAS Y RECURSOS
160.-
Cesa la acción de separacion cuando ha habido reconciliación entre los
cónyuges después de los hechos que dieron mérito a la acción, aún cuando
ésta ya hubiera sido intentada.
Si la reconciliación tuvo lugar después de deducida la demanda, se
restituirá todo al estado de cosas anterior a ella.
161.-
Producida la reconciliación el cónyuge demandante podrá nuevamente
iniciar la acción ya por causa superviniente -en cuyo caso podrá hacer
uso de las anteriores para apoyarla- ya por causa anterior que hubiera
sido ignorada por el actor al tiempo de la reconciliación. Si la causa
que dio mérito a la sentencia de separación fuera el adulterio de la
mujer, no podrá el marido después de la conciliación entablar acción
fundándose en la misma causal.
La ley presume la reconciliación cuando ambos cónyuges cohabitan,
después de haber cesado la habitación común.
162.-
La excepción de compensación no es admisible en este juicio.
163.-
La reconciliación anterior a la demanda podrá oponerse antes de la
contestación de ésta, como excepción previa; pero si fuere posterior a la
contestación a la demanda, podrá oponerse en cualquier estado del juicio
y se sustanciará en incidente por separado. Si el demandante niega que
haya habido reconciliación, la prueba incumbe al demandado.
**Redacción adecuada al texto de arts. 133 y 318 del Código Gral. del
Proceso.
164.-
Esta acción se prescribe a los seis meses de conocer el cónyuge el
hecho que le da mérito; en caso de ignorancia, a los tres años de
producido el hecho.
Si el hecho ha continuado o se ha reproducido, el término para la
prescripción se contará desde que cesó o dejó de reproducirse.
La excepción sólo podrá oponerse por cualquiera de los cónyuges, en
cualquier estado del juicio y hasta que los autos estén en situación de
dictarse sentencia.
**El inc. 3º fue agregado por Decreto Ley 14.766 de 18.4.78 y
modificado por art. 343 del Código Gral del Proceso.
165.-
En todos los juicios de separacion intervendrá necesariamente el
Ministerio Público desde su iniciación.
166.-
Todas las especies de pruebas serán admitidas en estos juicios; pero
la confesión o juramento de los cónyuges no será bastante para que la
separación sea decretada.
Queda excluido el testimonio de los descendientes y ascendientes de
los cónyuges; la circunstancia de otro parentesco no constituye tacha
legal.
167.-
En los autos no se dictará sentencia definitiva si antes no se
acredita que se ha resuelto la situación de los hijos menores de edad o
incapaces, en cuanto a su guarda, régimen de visitas y pensión
alimenticia.
El tiempo que transcurra como consecuencia de lo dispuesto en el
inciso precedente, no se computará a los efectos de la perención de la
instancia.
**Texto dado por el art. 1º de Decreto Ley 14.766 de 18.4.78 y
adecuado al régimen del Código Gral. del Proceso.
168.-
De la sentencia que pronunciare el Juez Letrado de Familia o quien
hiciera sus veces, habrá recurso para el Tribunal de Apelaciones
competente.
**Redacción adecuada al texto del art. 69 Ley 15.750 de 24.6.85
169.-
Las sentencias dictadas en los juicios de separación, nunca pasan en
autoridad de cosa juzgada, para el efecto de impedir que los cónyuges
separados se reconcilien.
SECCION IV
EFECTOS DE LA SEPARACION DE CUERPOS
170.-
Comienzan entre los cónyuges los efectos de la separación desde el día
en que pasare en autoridad de cosa juzgada la sentencia pronunciada en el
juicio respectivo.
171.-
**Derogado por art. 151 Código del Niño y art. 350 del Código Gral.
del Proceso.
172.-
En todo tiempo podrán los cónyuges celebrar acuerdos relativos a la
situación de los hijos, salvo que la separación personal fuera motivada
por la causal comprendida en el inciso 5º del artículo 148.
**Este artículo se fusionó con el inc. 2º del anterior art. 171 Código
Civil, por razones de coherencia.
173.-
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez, de
oficio o a instancia de cualquiera de los cónyuges, proveerá sobre la
situación de los menores, teniendo en cuenta el interés de éstos y con
arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes.
En todo caso se oirá al Ministerio Público.
**Redacción adecuada al texto del art. 151 del Código del Niño y art.
350 del Código Gral. del Proceso
174.-
Salvo motivo grave, a juicio del Juez, los hijos que tengan menos de
cinco años serán confiados a la madre.
En cuanto a los que tengan más de cinco años, el Juez proveerá
contemplando las razones que expusieran los padres y la opinión del
Fiscal.
175.-
**Derogado por art. 151 Código del Niño y 350 Código Gral. del
Proceso.
176.-
Ambos cónyuges quedan solidariamente obligados al sostén y educación
de sus hijos.
177.-
Las convenciones que celebren los cónyuges y las resoluciones
judiciales a que se refieren los artículos anteriores, sólo podrán recaer
válidamente sobre la tenencia de los hijos, que podrán ser confiados a
uno, a ambos cónyuges o a un tercero o repartida entre ellos, pero todos
los demás derechos y deberes de la patria potestad corresponderán a los
cónyuges con arreglo a las disposiciones del Título VIII de este Libro.
**Se modifica el término "guarda" por "tenencia" a efecto de adecuarlo
al régimen general y al contexto de este Cuerpo normativo.
178.-
Cualquiera que sea la persona a quien se confíen los hijos, el padre y
la madre conservan el derecho de vigilar su educación.
179.-
El cónyuge que diere causa a la separación, perderá todo lo que se le
hubiere dado o prometido por su consorte o por cualquiera otra persona,
en consideración al matrimonio; el cónyuge inocente conservará lo
recibido y podrá reclamar lo prometido en su provecho. (Artículos 875 y
1031).
Sí la separación fuera pronunciada contra los dos cónyuges, en caso de
reconvención, perderán ambos las ventajas referidas, conforme a lo
dispuesto en el inciso anterior.
180.-
Las revocaciones impuestas por el artículo anterior serán inscritas de
oficio en el Registro correspondiente y sólo después de la inscripción
producen efectos contra terceros de buena fe.
181.-
Por la separación de cuerpos se disuelve la sociedad legal de bienes,
debiendo observarse lo dispuesto en el Título respectivo del Libro
Cuarto.
182.-
** Derogado por artículo 4o. Decreto-Ley 14.766 del 18.4.78.
183.-
El marido queda siempre en la obligación de contribuir a la congrua y
decente sustentación de la mujer no culpable de la separación, con una
pensión alimenticia que se determinará teniendo en cuenta las facultades
del obligado y las necesidades de la mujer, de manera que ésta conserve
en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio. Cesará esta
obligación si la mujer lleva una vida desarreglada.
El cónyuge que se encuentre en la indigencia, tiene derecho a ser
socorrido por su consorte, en lo que necesite Para Su modesta
sustentación, aunque él sea el que ha dado motivo a la separación; pero
en este caso, el Juez, al reglar la asignación, tomará en cuenta la
conducta actual del cónyuge que reclama el socorro.
184.-
En las cuestiones a que diere lugar la separación de bienes, como
efecto de la de cuerpos, se determinará la competencia del Juez por las
reglas del procedimiento civil.
185.-
Transcurridos tres años de una sentencia de separación personal,
cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la conversión en divorcio
basándose en la sentencia.
Solicitada la conversión, debe concederla el Juez, de acuerdo a la ley
procesal.
** Redacción adaptada al texto del art. 369 Código General del
Proceso.
SECCION V
DE LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO
186.-
El matrimonio se disuelve:
1o.- Por la muerte de uno de los cónyuges.
2o.- Por el divorcio legalmente pronunciado.
187.-
El divorcio sólo puede pedirse:
1o.- Por las causas anunciadas en el artículo 148 de este Código.
2o.- Por el mutuo consentimiento de los cónyuges.
En este caso será necesario que los cónyuges comparezcan personalmente
en el mismo acto ante el Juez Letrado de su domicilio, a quien expondrán
su deseo de separarse. El Juez propondrá los medios conciliatorios que
crea convenientes y si estos no dieren resultado, decretará desde luego
la separación provisoria de los cónyuges y las medidas provisionales que
correspondan.
De todo se labrará acta que el Juez firmará con las partes y al final
de la que fijará nueva audiencia con plazo de tres meses a fin de que
comparezcan nuevamente los cónyuges a manifestar que persisten en sus
propósitos de divorcio. También se labrará acta de esta audiencia y se
citará nuevamente a las partes que comparezcan en un nuevo plazo de tres
meses, a fin de que hagan manifestación definitiva de su voluntad de
divorciarse. Si así lo hicieren se decretará el divorcio, pero si los
cónyuges no comparecieren a hacer la manifestación, se dará por terminado
el procedimiento.
3o.- Por la sola voluntad de la mujer.
En este caso la solicitante deberá comparecer personalmente ante el
Juez Letrado de su domicilio, a quien expondrá su deseo de disolver el
matrimonio. El Juez hará constar en acta este pedido y en el mismo acto
fijará audiencia para celebrar un comparendo entre los cónyuges en el que
se intentará la conciliación y se resolverá la situación de los hijos, si
los hubiere, se fijará la pensión alimenticia que el marido debe
suministrar a la mujer mientras no se decrete la disolución del vínculo y
se resolverá sobre la situación provisoria de los bienes. Si no comparece
el cónyuge contra quien, se pide el divorcio, el Juez resolverá, oídas
las explicaciones del compareciente, sobre la situación de los hijos y la
pensión alimenticia decretando en todos los casos la separación
provisoria de los cónyuges y fijando nueva audiencia con plazo de seis
meses a fin de que comparezca la parte que solicita el divorcio a
manifestar que persiste en sus propósitos. También se labrará acta de
esta audiencia y se señalará una nueva, con plazo de un año, para que la
peticionante concurra a manifestar que insiste en su deseo de
divorciarse.
En esta última audiencia el Juez citará a los cónyuges a un nuevo
comparendo e intentará de nuevo la conciliación entre ellos y comparezca
o no el esposo, decretará siempre el divorcio, en caso de no conciliarse,
sea cual fuere la oposición de éste.
Siempre que la que inició el procedimiento dejara de concurrir a
alguna de las audiencias o comparendos prescriptos en este numeral, se la
tendrá por desistida.
El divorcio por esta sola voluntad no podrá solicitarse sino después
de haber transcurrido dos años de la celebración del matrimonio.
Cada cónyuge tendrá derecho, desde el momento que se decrete la
separación provisoria, a elegir libremente su domicilio.
Cuando al cónyuge que no ha pedido el divorcio no se le pudiera citar
personalmente o estuviera ausente del país, el Juez lo citará por edictos
y si no compareciese vencido el término del emplazamiento, se le nombrará
defensor de oficio.
** Texto dado por el art. 1o. Decreto-Ley 14.766 de 18.4.78
El numeral 2o. fue modificado por la Ley No. 16.094 de 26.10.89. Su
último inc. fue derogado por Ley 16.077 de 11.10.89 que deja sin efecto
el requisito de la conciliación.
La redacción del penúltimo inc. del numeral 3o. está adaptada al texto
de art. 1o. Ley 10.783 de 18.9.46.
188.-
Para la ley es nula toda renuncia o reserva que se establezca en las
capitulaciones matrimoniales, respecto de la facultad de pedir el
divorcio.
189.-
Lo dispuesto en las cuatro secciones anteriores rige en materia de
divorcio, sin perjuicio de lo que se dispone especialmente en esta
Sección.
En los casos previstos por los numerales 2o. y 3o. del artículo 187,
se cumplirá también con lo previsto por el artículo 167.
** El inc. 2o. fue agregado por art. 1o. Decreto-Ley 14.766 de 18.4.78
190.-
Disuelto legalmente el matrimonio, los cónyuges quedan facultados para
contraer nueva unión.
Los cónyuges divorciados podrán volver a unirse entre sí, celebrando
nuevo matrimonio; pero una vez realizado éste, el cónyuge demandante en
el primer matrimonio no podrá deducir acción de divorcio que se funde en
una causa de la misma naturaleza de la que sirvió para decretar el
divorcio anterior.
No es aplicable al caso del inciso anterior lo dispuesto por el
artículo 112 de este Código.
191.-
Ejecutoriada la sentencia de divorcio, no podrá la mujer usar el
apellido de su marido.
192.-
La acción de divorcio se extingue absolutamente por la muerte de uno
de los cónyuges.
193.-
Ejecutoriada una sentencia de divorcio, será inmediatamente comunicada
por el Juez de la causa a fin de que sea anotado al margen de las actas
de matrimonio. En caso de matrimonio cuya celebración no se hubiere
realizado civilmente o hubiese sido realizado en el extranjero por cuyas
razones no estuviera registrado, se tomará nota en un libro especial.
** Redacción adaptada al texto de la Ley 1.430 de 12.2.879.
194.-
Cesa la obligación que impone al marido el artículo 183 inciso 1o. de
este Código, si la mujer contrae nuevas nupcias.
195.-
El derecho sucesorio entre padres e hijos se ejercerá con arreglo al
derecho común.
196.-
** DEROGADO por art. 1o. Ley No. 10.783 de 18.9.46
197.-
Después del divorcio la afinidad que había creado el matrimonio sólo
continúa como impedimento dirimente a los efectos del artículo 91 número
4o. de este Código y tal como existía al pasar la sentencia en autoridad
de cosa juzgada.
CAPITULO VI
SECCION I
DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO
198.-
Corresponde al Juzgado Letrado del domicilio de los cónyuges o del
demandado en su caso, conocer de la nulidad de los matrimonios.
** Redacción adaptada al texto de la Ley 15.750 de 24.6.85.
199.-
No puede decirse de nulidad del matrimonio contraído sin el
consentimiento libre de los cónyuges, sino por el contrayente, cuyo
consentimiento no ha sido libre.
Si el vicio del consentimiento proviniese de violencia o de error
sobre la persona, no será admisible la demanda de nulidad, cuando haya
mediado cohabitación continuada por sesenta días, desde que el cónyuge
adquirió su libertad absoluta o conoció el error de que había sido
víctima.
200.-
De los matrimonios contraídos con algunos de los impedimentos
dirimentes de los números 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 91, puede
decirse de nulidad, según el caso, por los mismos cónyuges, por cualquier
interesado o por el Ministerio Público.
Esta disposición es aplicable al caso del matrimonio clandestino, esto
es, que no se haya contraído públicamente, en presencia del funcionario
competente y de acuerdo con las disposiciones de este Código.
201.-
No podrá, sin embargo, decirse de nulidad del matrimonio contraído por
individuos, de los cuales uno o los dos eran impúberes al tiempo de la
celebración:
1o.- Cuando han pasado ciento ochenta días, desde que ambos cónyuges
fueron legalmente púberes.
2o.- Cuando la mujer ha concebido antes de la pubertad legal o antes
de vencerse los ciento ochenta días sobredichos.
202.-
Si en el caso del número 3 del artículo 91, los cónyuges se
excepcionan con la nulidad del primer matrimonio, debe juzgarse
previamente sobre la calidad de ese matrimonio.
203.-
En todo juicio de nulidad, aunque se siga a instancia de parte
interesada, intervendrá el Ministerio Público.
Al Ministerio Público se le dará la voz del pleito, por rebeldía o
abandono de los litigantes, hasta que recaiga sentencia que pase en
autoridad de cosa juzgada.
204.-
Si la nulidad es de las de que hablan los incisos 1, 3, 4, 5 y 6 del
artículo 91, el Ministerio Público no sólo puede, sino que debe pedir que
ella se pronuncie y obtener la separación, sin perjuicio de las penas
impuestas por la ley.
Si el matrimonio no ha sido precedido del edicto requerido por los
artículos 92 y 93 o se ha faltado a lo que respectivamente disponen los
artículos 105 a 114 del Capítulo III de este Título, el Ministerio
Público hará condenar al Oficial del Estado Civil de conformidad con el
artículo 115 y a los contrayentes o a aquellos bajo cuya potestad
obraron, en una multa proporcionada a sus facultades.
Esta disposición penal se entenderá aún en el caso de declararse
válido el matrimonio.
** Redacción adaptada al texto del Decreto Ley 14.269 de 28.9.74.
205.-
Durante el juicio de nulidad, el Juzgado decretará las medidas
provisorias a que hubiere lugar, según los artículos 154 y siguientes.
206.-
La sentencia será apelable para ante el superior inmediato, en la
forma prescrita para las demás camas de su competencia.
** Redacción adaptada al texto de la Ley 15.750 de 24.6.85
SECCION II
EFECTOS DE LA DECLARACION DE NULIDAD
207.-
Ejecutoriada la sentencia declarando la nulidad del matrimonio, el
Juez a que se refiere el artículo 198 deberá dar los avisos que
correspondan para que se haga la anotación en los libros respectivos.
** Redacción adaptada al texto del Decreto Ley 1.430 de 12.2.879.
208.-
El matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades de la
ley, produce los mismos efectos civiles que el válido, tanto respecto de
los hijos, como del cónyuge que de buena fe y con justa causa de error lo
contrajo; pero dejará de producir efectos civiles desde que falta la
buena fe por parte de ambos cónyuges.
209.-
Anulado el matrimonio, los hijos varones, mayores de cinco años,
quedarán al cargo del padre; y las hijas en el mismo caso, al cuidado de
la madre, sí de parte de ambos cónyuges hubiera habido buena fe.
Si la buena fe hubiese estado de parte de uno solo de los cónyuges,
quedarán bajo su poder y cuidado los hijos de ambos sexos.
Los hijos e hijas menores de cinco años se mantendrán en todo caso,
hasta que cumplan esta edad, al cuidado de la madre.
PROPUESTA: La Comisión propone el siguiente texto:
"Anulado el matrimonio, la situación de los hijos se regalará por lo
dispuesto en el artículo 174."
210.-
Si hubo mala fe por parte de ambos cónyuges, los hijos serán
considerados como hijos naturales reconocidos.
PROPUESTA: La Comisión propone el siguiente texto, por razones de
justicia:
"No obstante la mala fe por parte de ambos cónyuges, los hijos serán
considerados siempre hijos legítimos".
211.-
La nulidad producirá, respecto de los bienes del matrimonio, los
efectos siguientes:
1o.- Si hubo buena fe de parte de ambos cónyuges, cobrará cada uno sus
bienes, incluso la mitad de gananciales y conservará las donaciones y
ventajas pactadas al contraer el matrimonio.
2o. - Si hubo mala fe en los dos, se practicará lo mismo, salvo que
las donaciones y ventajas pactadas serán nulas.
3o.- Si la mala fe estuvo de parte de uno solo, éste recobrará sus
bienes propios, más perderá la mitad de gananciales y todas las
donaciones y ventajas matrimoniales.
212.-
Lo dispuesto en el artículo 184 es aplicable al caso de haberse
declarado nulo el matrimonio.
TITULO VI
DE LA PATERNIDAD Y FILIACION
CAPITULO I
DE LOS HIJOS LEGITIMOS
213.-
Se considerarán legítimos únicamente los hijos que procedan de
matrimonio civil y los legitimados adoptivamente.
** El inc. 2o. fue derogado por Ley No. 15.855 de 25.3.87. El agregado
final responde a la Ley No. 10.674 de 20.11.45.
214.-
Viviendo los cónyuges de consuno, la ley considera al marido, padre de
la criatura concebida durante el matrimonio.
215.-
Se considera la criatura concebida durante el matrimonio, cuando nace
fuera de los ciento ochenta días después de contraído o dentro de los
trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio.
216.-
Sin embargo de lo dispuesto en el artículo precedente, el marido no
podrá desconocer la paternidad de la criatura nacida antes de
transcurridos ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, en
los siguientes casos:
1o.- Si el marido tuvo conocimiento de la preñez antes del matrimonio.
2o.- Si se probase que, estando presente, consintió que se expresara
su apellido en la partida de nacimiento o bautismo.
3o.- Si la criatura no ha nacido viable, esto es, de vida y que haya
vivido veinticuatro horas naturales.
217.-
El marido podrá desconocer la criatura, si prueba que durante el
tiempo transcurrido desde el tricentésimo día, hasta el centésimo
octogésimo, antes del nacimiento de esa criatura, le era físicamente
imposible tener acceso con su mujer.
218.-
No podrá el marido desconocer la criatura, alegando su impotencia
natural.
Tampoco podrá desconocerla por causa de adulterio, aunque sea
confesado por la mujer, a menos que el nacimiento le haya sido ocultado,
en cuyo caso podrá probar todos los hechos conducentes a justificar que
no es hijo suyo.
219.-
En los casos de divorcio, separación de cuerpos y nulidad de
matrimonio, el marido podrá desconocer la criatura nacida trescientos
días después que se realizó de hecho la separación provisoria, conforme
al artículo 154 o la definitiva por sentencia que cause ejecutoria.
Pero, en tal caso, podrán proponerse todos los hechos conducentes a
probar la paternidad del marido.
220.-
En los casos en que el marido tiene derecho para desconocer la
criatura, deberá hacerlo en juicio, dentro de dos meses contados desde
que tuvo noticia del nacimiento de aquella.
221.-
Si el marido muere antes de hacer su reclamación, pero dentro del
término hábil para deducirla, sus herederos tendrán cuatro meses para
interponer la demanda, negando la paternidad del difunto. Este término
comenzará desde el día en que el hijo haya sido puesto en posesión de los
bienes del marido.
La acción se dirigirá en este caso y en el del artículo anterior,
contra un curador ad hoc, dado al hijo, si fuese menor. La madre será
citada, pero no obligada a parecer en el juicio.
No hay lugar a demanda, cuando el padre hubiese reconocido al hijo en
su testamento o en otro instrumento público.
222.-
La legitimidad del hijo, cuya madre no fuere dudosa, puede ser
contestada:
O por no haber habido matrimonio entre sus padres.
O por ser nulo o haberse anulado el matrimonio.
O por no haber sido matrimonio putativo (Artículo 208).
O por haber sido adulterina la concepción del hijo nacido dentro de
los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio.
O por haber nacido fuera de los trescientos días siguientes a la
disolución del matrimonio. (Artículo 215).
La contestación de legitimidad pertenece a cualquiera persona que
tenga interés actual en deducirla.
223.-
La mujer que, muerto el marido, se creyese embarazada, debe
denunciarlo a los que serían herederos del difunto, si no existiera el
hijo póstumo.
Los interesados pueden pedir todas las medidas que fuesen necesarias
para asegurarse de que el parto es efectivo y ha tenido lugar dentro de
los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio.
224.-
La filiación de que el hijo está en posesión, aunque sea conforme a la
partida de nacimiento o bautismo, puede ser contestada en razón de parto
supuesto o por haber habido sustitución del verdadero hijo o en general,
por no ser la mujer la madre propia del hijo que pasa por suyo.
225.-
Durante la vida del hijo, sólo a él compete la acción para reclamar su
filiación legítima. Sus herederos y descendientes podrán continuar la
acción intentada por él o intentarla cuando el hijo hubiese muerto en la
menor edad.
Esta acción deberá ser dirigida contra el padre y madre conjuntamente
y por fallecimiento de estos, contra sus herederos.
226.-
El derecho de reclamar la filiación o de contestarla o de contestar la
legitimidad, no se extingue ni por prescripción ni por renuncia expresa o
tácita; pero los derechos pecuniarios ya adquiridos pueden renunciarse y
prescribirse.
CAPITULO II
DE LOS HIJOS NATURALES
SECCION I
DE LA LEGITIMACION DE LOS HIJOS
NATURALES
227.-
Son hijos naturales los nacidos de padres que, en el acto de la
concepción, no estaban unidos por matrimonio.
No tienen, sin embargo, la calidad legal de hijos naturales, sino
cuando son reconocidos o declarados tales, con arreglo a lo dispuesto en
la Sección siguiente.
Los hijos naturales nacidos durante el matrimonio de los padres no
podrán ser reconocidos por ninguno de estos hasta tanto no se disuelva
ese matrimonio, a no ser que el reconocimiento se haga en testamento
cerrado o se verifique después de sentencia judicial que haga lugar al
desconocimiento de la paternidad del marido.
Tampoco se admitirá el reconocimiento de hijo ilegítimo, aún después
de disuelto el matrimonio, cuando ese reconocimiento se pretenda hacer a
favor de una persona que tenga la posesión notoria de hijo legítimo, sin
perjuicio de las acciones que para contestar esa filiación admite el
derecho común.
228.-
Los hijos naturales pueden solamente legitimarse por subsiguiente
matrimonio válido de sus padres.
229.-
En los casos de legitimación de hijos naturales por subsiguiente
matrimonio válido de sus padres, la inscripción de los mismos como
legítimos se hará en idéntica forma a la de los hijos nacidos durante el
matrimonio, en el Registro de Nacimientos. El acta de matrimonio de los
padres, la de inscripción del hijo legítimo y la anotación en la libreta
de Organización de Familia deberán extenderse sin mención ni referencia
alguna a la legitimación, de manera que nada las diferencie de las
comunes de matrimonio ni de las de inscripción ni anotación de hijos
legítimos.
Presentada la partida de matrimonio respectiva y la de reconocimiento
del hijo natural, el Oficial del Estado civil efectuará la inscripción en
la forma establecida en el inciso anterior. Realizada ésta, quedarán sin
valor las partidas y constancias preexistentes, sean de nacimiento o de
reconocimiento y prohibida su exhibición, así como la expedición de
testimonio, salvo en los casos en que se dispusiere lo contrario, con
citación e intervención de los interesados.
En el caso de simple inscripción de hijo natural no reconocido, la
presentación de la partida de matrimonio deberá ser hecha por los padres.
En lo demás se estará a lo dispuesto por la ley 12.689 de 29 de
diciembre de 1959.
** Texto dado por los arts. 1o. y 2o. inc. 1 y 2 de Ley 12.689 de
29.11.59.
230.-
La legitimación puede tener lugar aun en favor de hijos fallecidos,
que han dejado descendientes legítimos y en tal caso les aprovecha.
PROPUESTA: La comisión propone incorporar a los hijos naturales, en
cumplimiento del art. 15 de la ley 15.737 de 8.3.85, Pacto de San José de
Costa Rica (Art. 17).
231.-
Los hijos legitimados por subsiguiente matrimonio gozan de los mismos
derechos que si hubieran nacido en el matrimonio.
232.-
La legitimación no tiene efecto retroactivo. Surte sus efectos desde
que existe el matrimonio que la produce.
SECCION II
DEL RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS
NATURALES
Y DE LA INVESTIGACION DE LA FILIACION
NATURAL
233.-
El reconocimiento de un hijo natural puede hacerse expresa o
tácitamente.
El reconocimiento expreso debe hacerse por escritura pública o por
testamento o ante el Oficial del Estado Civil en el acto de la
inscripción del nacimiento o después de verificada.
Cuando se efectúe el reconocimiento ante el Oficial del Estado Civil,
si la persona que lo hace no fuese de conocimiento del funcionario,
deberá justificar su identidad con dos testigos de conocimiento de éste,
todo lo cual deberá constar en el acta.
Cuando se haga el reconocimiento después de la inscripción del
nacimiento, deberá acompañarse la partida respectiva.
El reconocimiento tácito es el que resulta de la constatación, ante el
Juez competente, de la posesión notoria del estado de hijo natural de
conformidad con los artículos 44, 46, 47 y 48 de este Código en lo que
fueren aplicables.
234.-
El hijo natural podrá ser reconocido por su padre y su madre de común
acuerdo o por uno solo de ellos.
En el segundo caso, el reconocimiento no tendrá efecto, sino
relativamente al que lo ha practicado.
235.-
El menor que no sea casado, emancipado o habilitado de edad, no podrá
reconocer válidamente a un hijo natural.
236.-
Cuando el padre o la madre reconozca separadamente un hijo natural, no
podrá revelar en el acto del reconocimiento el nombre de la persona con
quien lo hubo, a menos que esta ya lo hubiese reconocido.
237.-
El hijo natural reconocido no puede reclamar los derechos de legítimo
o legitimado.
Los que le correspondan como tal hijo natural, se determinarán en los
títulos respectivos.
PROPUESTA: Se propone su derogación en virtud de lo dispuesto por el
art. 17 numeral 5 del Pacto de San José de Costa Rica, Ley 15.737 del 8
de marzo de 1985.
238.-
El que fuere reconocido como hijo natural, podrá quitar al
reconocimiento sus efectos legales toda vez que lo repudie dentro del año
en que tuvo conocimiento del hecho, si es mayor de edad y dentro del
mismo plazo y condición al llegar a la mayoría de edad. Sin perjuicio de
este derecho, podrá impugnar el reconocimiento del padre o la madre, lo
propio que todos los que en ello tengan interés actual, así como podrán
también, todos los que se hallen en esta condición, oponerse a las
reclamaciones de parte del hijo.
Podrá el hijo o el Fiscal respectivo, en su caso, pedir en cualquier
tiempo se quite al reconocimiento, los efectos legales, únicamente en lo
que se refiere a la patria potestad, cuando haya mediado la causal que
establece el artículo 285, inciso 7o. de este Código.
** El texto del inc. 2o. proviene del art. 2o. Ley 8.304 de 15.10.28.
239.-
El reconocimiento del hijo natural, sea hecho por escritura pública o
por testamento, es irrevocable y no admite condiciones, plazos o
cláusulas de cualquier naturaleza, que modifiquen sus efectos regulares,
sin ser necesaria la aceptación por parte del hijo ni la notificación a
éste, sin perjuicio de lo que al respecto establece la Ley de Registro de
Estado Civil.
240.-
Si alguno fuese reconocido como hijo natural por más de un hombre como
su padre, o por más de una mujer como su madre, no habrá prueba de
paternidad o de maternidad, mientras que uno de estos reconocimientos
contradictorios no fuese excluido por sentencia que cause ejecutoria.
Se atenderá en tal caso el reconocimiento que tuviese a favor más
presunciones o probabilidades.
241.-
La paternidad ilegítima puede ser judicialmente declarada:
1o.- Si ha habido rapto o violación, cuando la época de la concepción
coincida con el rapto o violación.
2o.- En el caso en que el marido haya desconocido la paternidad del
hijo, obteniendo sentencia ejecutoriada a su favor.
3o.- Cuando el padre haya reconocido por escrito la paternidad que se
reclama.
4o.- Cuando el pretendido padre haya vivido en concubinato notorio
con la madre durante el período de la concepción.
5o.- Cuando el padre haya provisto al mantenimiento, educación y
vestido del hijo, de manera pública y continuada por un año, por lo
menos, invocando su calidad de padre.
6o.- En el caso de seducción de la madre, cumplida con abuso de
autoridad o con promesa de matrimonio, en época contemporánea de la
concepción y siempre que para el segundo caso exista principio de prueba
por escrito.
Sin perjuicio de las excepciones del derecho común, el demandado podrá
excepcionarse contra la acción, probando:
A) Que durante el período legal de la concepción la madre observaba
notoriamente costumbres deshonestas o mantenía comercio con otro
individuo.
B) Que durante el período de la concepción le ha sido físicamente
imposible tener acceso con la madre.
La acción no pertenece sino al hijo, pero durante su menor edad sólo
podrá ser deducida por la madre o por su representante legal, salvo que
esté habilitado de edad. Si la madre es menor, se la proveerá de curador
especial. La madre sólo podrá iniciar la acción dentro de los dos años de
producido el alumbramiento y el tutor dentro de los seis meses de su
nombramiento. En los casos de los números 4o. y 5o. estos plazos
empezarán a correr desde la cesación de los hechos a que se refieren y en
el caso del número 2o., desde que quede ejecutoriada la sentencia que
haga lugar al desconocimiento de la paternidad. Si la acción no ha sido
intentada durante la menor edad del hijo, éste podrá deducirla dentro de
los cinco años de su mayor edad.
Cuando el demandado sea absuelto, si el Juez establece que el actor ha
procedido con intención dolosa, se pasarán los autos al Juzgado
competente en materia penal que corresponda.
Cuando el presunto hijo o su representante legal ejercite
conjuntamente con la acción que este artículo le acuerda, la de petición
de herencia, el Actuario, bajo la pena de 100 Unidades Reajustables de
multa lo comunicará dentro de quince días al Registro correspondiente
para la inscripción que corresponda, que producirá los efectos enunciados
en el artículo 685. Si entre los demandados hubiese herederos,
testamentarios o de los llamados a la herencia por el artículo 1025 o
cónyuge con derecho a gananciales o a porción conyugal, cualquiera de
ellos podrá obtener que se limite la interdicción a un bien o lote de
bienes hereditarios cuyo valor cubra ampliamente la legítima del actor,
quien solo sobre ese bien o lote podrá perseguir el pago de su haber
hereditario en caso de que le sea reconocida la filiación invocada y sin
perjuicio de la acción personal que le corresponda por restitución de
frutos. Cuando por la naturaleza de los bienes sea imposible separar
parte de ellos para garantizar la efectividad del derecho hereditario
invocado, cualquiera de los demandados a que se refiere el párrafo
anterior podrá pedir que en vez de limitarse la interdicción se cancele
totalmente, constituyendo garantía hipotecaria o prendaria que asegure al
actor el pago de su legítima y de sus intereses.
** Del numeral 1o. se elimina la mención al estupro violento ya que el
Código Penal de 1934 no lo prevé. El texto actual resulta de las
modificaciones introducidas por las leyes Nos. 5.153 de 5.9.14, 5.391 de
25.1.16 (art. 7) y 9.428 de 6.2.34 (art. 1) y 15.855 de 25.3.87 (art. 1).
242.-
Se admite la investigación de la maternidad, cuando no se trate de
atribuir el hijo a una mujer casada.
Si la demandada negare ser suyo el hijo, será admitido el demandante a
probarlo con testimonios fehacientes que establezcan el hecho del parto y
la identidad del hijo.
La partida de nacimiento o bautismo no hace por sí sola prueba alguna.
242-1.-
El padre o madre naturales declarados judicialmente tales de acuerdo a
los artículos anteriores quedan obligados en
los términos del artículo 277.
** Redacción resultante de la coordinación de los arts. 195 del Código
del Niño y 277 de este Código.
TITULO VII
DE LA ADOPCION
243.-
La adopción se permite a toda persona que tenga más de treinta años de
edad, cualquiera sea su estado civil y siempre que tenga por lo menos
veinte años más que el adoptado.
** Texto dado por el art. 156 Código del Niño.
244.-
El tutor no puede adoptar al menor hasta que hayan sido aprobadas
judicialmente las cuentas del cargo.
** Texto dado por el art. 157 Código del Niño.
245.-
Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por dos
cónyuges.
Ninguno de los cónyuges puede adoptar o ser adoptado sin el
consentimiento del otro, salvo que estuviere impedido de manifestar su
voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos.
Realizada la adopción, la separación o divorcio ulterior de los
cónyuges no les exime de sus obligaciones con respecto al adoptado, si
fuese menor, aún cuando fueran privados del ejercicio de la patria
potestad o de su tenencia.
** Texto dado por los arts. 159 y 158 Código del Niño.
246.-
No valdrá la adopción de los hijos ilegítimos hecha por el padre o por
la madre.
247.-
Para la adopción de una persona mayor de dieciocho años se requiere su
expreso consentimiento.
Cuando el adoptado sea un demente o sordomudo que no sepa darse a
entender por escrito, prestará el consentimiento su representante legal.
Si se trata de un menor de edad que tenga padre y madre, es necesario
el consentimiento de ambos padres. Si uno ha muerto o está impedido de
manifestar su voluntad el consentimiento del otro es suficiente.
Si los padres están divorciados o separados basta el consentimiento de
aquel que tenga la tenencia del menor.
Cuando el menor no tenga padres en ejercicio de la patria potestad o
ambos están impedidos de manifestar su voluntad, deberá prestar el
consentimiento su representante legal.
El consentimiento deberá ser otorgado en la escritura pública de
adopción, pudiendo en el extranjero efectuarse ante los agentes
diplomáticos o consulares uruguayos.
** Texto dado por los arts. 164, 161, 162 y 163 respectivamente del
Código del Niño y por el art. 1o. Ley No. 7.290 de 13.10.20.
248.-
La adopción ha de ser necesariamente hecha por escritura pública,
aceptada por el adoptado o sus representantes legales de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo anterior, debiendo ser inscripta dentro de
treinta días contados desde el otorgamiento de la escritura en un libro
especial que llevará al efecto la Dirección General del Registro de
Estado Civil y deberá constar, además, al margen del acta de nacimiento.
La omisión de la inscripción será penada con multa al escribano
autorizante de la escritura, de 12 a 50 Unidades Reajustables, a más de
no surtir efecto la adopción hasta después de ser inscripta.
Una vez inscripta surtirá efecto desde la fecha de su otorgamiento.
Cuando se trate de la adopción de un menor de edad, ningún escribano
podrá autorizar la escritura respectiva sin previa autorización del
Instituto Nacional del Menor en que se acredite:
1o. La idoneidad moral y la capacidad del adoptante probada por todos
los medios de investigación que el Instituto Nacional del Menor juzgue
necesarios.
2o. Que el adoptante ha tenido durante dos años bajo su protección y
cuidado al adoptado.
** Texto dado por los arts. 169 y 170 Código del Niño y art. 1o. Ley
No. 7.290 de 13.10.20.
249.-
El adoptado continúa perteneciendo a su familia natural donde conserva
todos sus derechos.
Los padres que consienten la adopción pierden la patria potestad que
pasa al adoptante.
En caso de interdicción, de desaparición comprobada judicialmente, de
muerte del adoptante o de revocación de la adopción, producida durante la
menor edad del adoptado, la patria potestad pasa de pleno derecho a los
padres de éste.
249-1.-
La adopción confiere el apellido del adoptante al adoptado agregando
éste a su apellido propio el del primero. Si el adoptante y el adoptado
tienen el mismo apellido patronímico no se modificará el apellido del
adoptado. Si el adoptado es un hijo natural el nombre del adoptante se le
puede conceder pura y simplemente, previo consentimiento de las partes,
en el acta misma de adopción quedando anulado el apellido propio del
adoptado.
** Texto dado por los arts. 166 y 165 respectivamente del Código del
Niño.
250.-
La adopción solo establece relaciones jurídicas entre el adoptante y
el adoptado y no entre cualquiera de ellos y la familia del otro.
No produce otros efectos que los declarados expresamente en este
Código y son:
1o. Obligación del adoptado de respetar y honrar al adoptante.
2o. Obligación recíproca de prestarse alimentos; no obstante los
ascendientes y descendientes del adoptado no están obligados a
suministrar alimentos a éste mientras los pueda obtener del adoptante,
observándose en cuanto sea aplicable, lo dispuesto en la Sección I,
capítulo IV del Título V.
3o. Derecho a heredarse sin testamento en los casos y con la
distinción que se le determina en el Título de la Sucesión Intestada.
** Texto dado por los arts. 168 y 167 del Código Niño y 249 inc. 2o.
Código Civil respectivamente.
251.-
La revocación de la adopción cuando existan motivos graves puede
solicitarse por el adoptante o el adoptado ante el Juzgado competente,
con apelación ante el Tribunal respectivo.
La revocación hace cesar para el porvenir todos los efectos de la
adopción.
** Texto dado por el art. 171 Código del Niño
TITULO VIII
DE LA PATRIA POTESTAD
CAPITULO I
DE LA PATRIA POTESTAD EN LOS HIJOS
LEGITIMOS
252.-
La Patria Potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley
atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores
de edad.
La patria potestad será ejercida en común por los padres, sin
perjuicio de las resoluciones judiciales que priven, suspendan o limiten
su ejercicio o lo confieran a uno de ellos y de los convenios previstos
en el artículo 172.
Cuando no se obtenga el acuerdo de los padres, cualquiera de ellos
podrá recurrir ante el Juez competente.
** Texto resultante de los arts. 11, 12, 13, 16 y 17 de la Ley No.
10.783 de fecha 18.9.46.
253.-
Cualquiera de los padres podrá solicitar la intervención del Juez
Letrado competente para corregir o prevenir los actos o procedimientos
del otro que considere perjudiciales para la persona o bienes del menor,
con arreglo a lo determinado en los artículos 288 y siguientes de este
Código.
** Este art. se entiende modificado por resultar inconciliable con la
igualdad preconizada por la Ley No. 10.783.
Esta redacción surge de los arts. 11 y 13 de la citada ley.
254.-
** Se entiende derogado por resultar inconciliable con la igualdad
preconizada por la ley No. 10.783.
255.-
Si el progenitor que ha perdido la patria potestad contrajere nuevo
matrimonio, su cónyuge podrá pedir al Juez, en caso de nacer hijos, que
se le otorgue la patria potestad exclusiva sobre estos, de acuerdo a la
ley procesal.
** Redacción adaptada al texto del art. 11 de la Ley No. 10.783.
256.-
Los hijos, cualquiera que sea su estado, edad y condición deben honrar
y respetar a su padre y a su madre.
257,-
Los hijos menores de edad no pueden, sin permiso de sus padres, dejar
la casa paterna o aquella en que sus padres los han puesto; debiendo en
todos los casos ser auxiliada la autoridad doméstica por la pública, al
efecto de hacer volver los hijos al poder y obediencia de sus padres.
258.-
Los padres dirigen la educación de sus hijos y los representan en
todos los actos civiles.
259.-
Los padres pueden exigir de los hijos que están en su poder, que les
presten los servicios propios de su edad, sin que ellos tengan derecho a
reclamar recompensa alguna.
260.-
Si el hijo de menor edad ausente de la casa paterna, no pudiese ser
atendido por sus padres con lo que necesita por razón de alimentos
(Artículo 121), las suministraciones que con ese objeto se le hagan por
cualquier persona, se juzgarán hechas con autorización de aquellos.
El que haga las suministraciones deberá dar noticia de ellas a los
padres lo más pronto posible.
Toda omisión voluntaria en ese punto, hará cesar la responsabilidad de
los padres.
261.-
Los padres tienen la facultad de corregir moderadamente a sus hijos y
cuando esto no bastare, podrán ocurrir aun verbalmente al Juez competente
para su internación en un establecimiento destinado a ese objeto. El
Juez, atendiendo las circunstancias del caso, dispondrá lo que estime
conveniente.
** Texto resultante de los arts. 113 del Código del Niño, 11 de la
Ley No. 10.783 y 350.4 del Código General del Proceso.
262.-
Los empleados públicos menores de edad son considerados como mayores
en lo concerniente a sus empleos.
263.-
Los hijos no pueden demandar a sus padres sino por sus intereses
propios y previa licencia del Juez, quien, al otorgarla, proveerá al hijo
de curador ad litem.
** Se suprime la expresión "de familia" por resultar innecesaria, ya
que este es el Capítulo referido a los hijos legítimos.
264.-
No es necesaria la intervención paterna para proceder criminalmente
contra los hijos, pero los padres serán obligados a suministrarles los
auxilios que necesiten para su defensa.
** Se suprime la expresión "de familia" por resultar innecesaria, ya
que este es el Capítulo referido a los hijos legítimos.
265.-
La patria potestad no se opone a la facultad de testar de que goza el
hijo, en llegando a la edad establecida en el Título de la sucesión
testamentaria. (Artículo 831, inciso 1o.).
266.-
Los padres tienen el usufructo de todos los bienes de sus hijos
legítimos que estén bajo su patria potestad, con excepción de los
siguientes:
1o. De los bienes que los hijos adquieran por sus servicios civiles,
militares y eclesiásticos.
2o. De los que adquieran por su trabajo o industria.
3o. De los que adquieran por caso fortuito.
4o. De los adquiridos por los hijos a título de donación, herencia, o
legado, cuando el donante o testador ha dispuesto expresamente que el
usufructo corresponda al hijo.
5o. De las herencia o legados que hayan pasado al hijo por indignidad
del padre o madre o por haber sido estos desheredados.
Los bienes comprendidos bajo los números 1o. y 2o., forman el peculio
profesional o industrial del hijo; aquellos en que el hijo tiene la
propiedad y los padres el derecho de usufructo, forman el peculio
adventicio ordinario y los comprendidos bajo los números 3o., 4o. y 5o.
el peculio adventicio extraordinario.
** La redacción del acápite está adaptada al texto del art. 11 de la
Ley No. 10.783.
267.-
Los padres son los administradores legales de los bienes de los hijos
que están bajo su potestad, tengan o no el usufructo de los mismos.
Podrán acordar que la referida administración sea ejercida por uno solo
de ellos, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.
Los convenios que se celebren al efecto, sus modificaciones o su
rescisión, se inscribirán en la respectiva sección del Registro General
de Inhibiciones, sin cuyo requisito no surtirán efecto alguno contra
terceros.
En caso de desacuerdo entre los padres, cualquiera de ellos podrá
ocurrir ante el Juez competente, observándose el trámite del proceso
extraordinario y la resolución que recaiga se comunicará al Registro
General de Inhibiciones dentro del quinto día de quedar ejecutoriada a
los fines previstos en el inciso anterior.
El hijo tendrá la administración del peculio profesional o industrial,
para cuyos efectos se les considera como emancipado o habilitado de edad.
(Artículo 249 del Código del Niño).
Tampoco tienen los padres la administración de los bienes donados o
dejados por testamento a los hijos bajo condición de que aquellos no los
administren.
** La redacción de este artículo fue introducida por el art. 1o. Ley
16.051 de fecha 10.7.89.
268.-
La condición de que no administre alguno de los padres impuesta por el
donante o testador, no se entiende que le priva del usufructo ni la que
le priva del usufructo se entiende que le quita la administración, a
menos que se exprese lo uno y lo otro, por el donante o testador.
** Redacción adaptada al texto del art. 11 de la Ley No. 10.783.
269.-
Los padres tienen, relativamente a los bienes del hijo, en que la Ley
les concede el usufructo, las obligaciones de todo usufructuario, excepto
la de afianzar.
Respecto de aquellos bienes en que no se les concede el
usufructo y sí, la administración, son responsables para con el hijo de
la propiedad y los frutos.
** Redacción adaptada al texto del art. 11 de la Ley No. 10.783
270.-
En los noventa días subsiguientes al fallecimiento del padre o de la
madre, el sobreviviente debe hacer inventario judicial de los bienes del
matrimonio y determinarse en él los bienes que correspondan a los hijos,
so pena de no tener el usufructo de los bienes de los hijos menores.
271.-
Prohíbese a los padres:
1o. Enajenar los bienes raíces de los hijos o las rentas constituidas
sobre la deuda nacional, si no es por causas de necesidad o utilidad
evidente de dichos hijos y previa autorización del Juez, con audiencia
del Ministerio Público.
2o. Constituir, sin igual autorización, derechos reales sobre los
bienes de los hijos o transferir derechos reales que pertenecen a los
hijos sobre los bienes de otros.
3o. Comprar por sí mismos ni por interpuesta persona, bienes de
cualquier clase de sus hijos, aunque sea en remate público.
4o. Constituirse cesionarios de créditos, derechos o acciones contra
los hijos, a no ser que las cesiones resulten de una subrogación legal.
5o. Hacer remisión voluntaria de los derechos de los hijos.
6o. Hacer transacciones privadas con sus hijos, sobre la herencia del
cónyuge premuerto o sobre herencia en que sean con ellos coherederos o
legatarios.
7o. Obligar a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros.
Los actos de los padres contra las prohibiciones de este artículo son
nulos.
272.-
No valdrán tampoco las enajenaciones que los padres hicieren, sin
previa autorización judicial, de los ganados de cualquier clase que
forman los establecimientos rurales, salvo las ventas que pueden hacer
los usufructuarios que tienen el usufructo de rebaños.
272-1
Para contratar sociedad comercial o adquirir participaciones, cuotas
sociales o acciones en sociedades comerciales por sus hijos o si estos
las recibieren por herencia, legado o donación o para celebrar o
participar con ellos en esta clase de sociedades, los padres estarán a lo
establecido en la ley comercial.
** Texto resultante de los arts. 44, 45 y 46 Ley No. 16.060 de 4.9.89.
273.-
El Juez, a instancia de los parientes o del Ministerio Público podrá
quitar a uno o ambos padres la administración de los bienes de los hijos,
probándose que es ruinosa al haber de estos.
En el caso de que le fuere quitada a ambos padres, el Juez encargará
la administración a un curador especial (artículo 458) y este entregará a
los padres el sobrante de rentas de aquellos bienes en que la ley les da
el usufructo, deducidos los gastos de administración.
** Redacción adaptada al texto del art. 11 de la ley No. 10.783.
274.-
Si alguno falleciere, dejando encinta a su mujer, conservará esta la
administración de los bienes como si ya hubiera nacido la criatura; y
aunque no nazca viable o resulte que la mujer no ha estado embarazada, no
será obligada a restituir a los que fueren herederos (artículo 223) lo
que hubiere consumido por razón de alimentos o en gastos del parto.
CAPITULO II
DE LA PATRIA POTESTAD EN LOS HIJOS
NATURALES
275.-
Reconocidos legalmente los hijos naturales, se verifica a su respecto
la patria potestad en los términos expresados en el anterior capítulo,
con las excepciones de los artículos siguientes.
La tenencia de los hijos naturales reconocidos por el padre y la madre
se regirá por lo dispuesto en el artículo 177.
** Esta redacción surge de los arts. 195 y 196 del Código del Niño y
11 de la Ley No. 10.783.
276.-
La ley no concede a los padres naturales el usufructo de los bienes de
sus hijos.
No hacen más que administrarlos, con la obligación de rendir cuentas.
277.-
Incumbe al padre o madre que ha reconocido al hijo natural, la
obligación alimentaria y las demás prestaciones establecidas en el
artículo 121.
** Este artículo fue modificado por el art. 1º de la Ley 15.855 del
25.3.87.
278.-
La persona casada que antes de su matrimonio o durante este ha
reconocido un hijo natural habido de otro que su cónyuge, no puede
traerlo a su casa, sin el consentimiento de su consorte.
279.-
La acción de reclamar alimentos es recíproca entre padres e hijos
naturales y tendrá lugar siempre que unos u otros se hallaren en
circunstancias de no poder proveer a sus necesidades.
En defecto o imposibilidad de los padres, se extiende la obligación de
alimentos en favor del menor o incapaz, a sus ascendientes.
** El texto del inciso 2º resulta del art. 222 del Código del Niño.
CAPITULO III
DE LOS MODOS DE ACABARSE, PERDERSE O
SUSPENDERSE LA PATRIA POTESTAD
280.-
La patria potestad se acaba:
1o. Por la muerte de los padres o de los hijos.
2o. Por la mayor edad de los hijos, que se fija en los veintiún años
cumplidos.
3o. Por el matrimonio legítimo de los hijos.
4o. Por la emancipación que los padres otorguen a los hijos mayores de
dieciocho años.
** La supresión del inc. 3º del numeral 2º surge del art. 1º de la Ley
Nº 10.783 de 18.9.46.
281.-
La emancipación debe hacerse por escritura pública en que los padres o
el que ejerce la patria potestad en su caso, declaren emancipar al hijo y
este consienta en ello.
No valdrá la emancipación si no es autorizada por el Juez competente,
con audiencia del Ministerio Público.
La emancipación, válidamente hecha, es irrevocable.
** Redacción adaptada al texto del art. 11 de la Ley Nº 10.783 de
18.9.46.
282.-
Por el matrimonio adquieren los hijos el usufructo de todos sus
bienes.
En el caso de emancipación, pueden los padres emancipantes reservarse
la mitad del usufructo, hasta la mayor edad de los hijos.
283.-
El matrimonio y la emancipación producen el efecto de poder ejercer
los hijos menores todos los actos de la vida civil, excepto aquellos que
por este Código se prohíben a los menores habilitados de edad.
Por lo que hace al emancipado, está además sujeto a las restricciones
expresadas en el Título Del matrimonio.
284.-
Los padres perderán de pleno derecho y sin que sea necesario
declaración expresa al respecto, la patria potestad sobre sus hijos en
los casos siguientes:
1o. Si fueren condenados por el delito previsto por el artículo 274
inciso 3º del Código Penal contra la persona de cualquiera de sus
descendientes.
2o. Si fueren condenados a pena de penitenciaría como autores o
cómplices de un delito contra la persona de uno o varios de sus hijos.
3o. Si fueren condenados dos veces con pena de prisión, como autores o
cómplices de un delito contra la persona de uno o varios de sus hijos.
El Actuario del Juez que hubiere conocido en primera instancia,
comunicará de oficio y dentro del término de cinco días al Instituto
Nacional del Menor y al Ministerio Público las sentencias ejecutoriadas a
que se refiere este artículo, bajo pena de multa de hasta 25 Unidades
Reajustables.
La pérdida de la patria potestad comprende la de todos los derechos a
ella inherentes, pero no la de las obligaciones establecidas en los
artículos 118 y 279 de este Código.
Tampoco afecta a las relaciones jurídicas emanadas del derecho
sucesorio.
284-1.-
También perderán los padres de pleno derecho la patria potestad sobre
sus hijos en los siguientes casos:
1o. Cuando hicieren abandono de sus hijos y a juicio del Instituto
Nacional del Menor sea posible la inmediata entrega en tenencia con fines
de posterior legitimación adoptiva o adopción.
Para que se configure el abandono será necesario comprobar que los
padres rehusan el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria
potestad en términos tales, que hagan presumir fundadamente, el abandono
definitivo.
2o. Cuando no se conociere quienes son los padres y estos no
comparecieren a hacerse cargo de sus deberes en el término de quince
días, luego que hubieren expuesto al niño, abandonándolo en lugar público
o privado.
Es aplicable a los casos de este artículo los dos últimos incisos del
artículo anterior.
** El texto de este artículo surge del Decreto Ley Nº 15.210 del
9.11.81, debidamente ajustado.
La referencia al Instituto Nal. del Menor, surge de la Ley de su
creación, Nº 15.977 del 14.9.88.
PROPUESTA: La comisión propone la revisión del art. 284-1 y su
inclusión en el art. 285.
285.-
Los padres podrán perder la patria potestad a instancia de parte,
previa sentencia del Juez competente, en los casos siguientes:
1o. Si fueren condenados a penitenciaría como autores o cómplices de
un delito común.
2o. Si por dos veces fueren condenados por sustitución ocultación,
atribución de falsa filiación o paternidad, exposición o abandono de
niños; o en el caso de mendicidad establecido por el artículo 348-1
inciso 1º, sin perjuicio de lo dispuesto en el múmero anterior.
3o. Si fueren condenados por cualquiera de los delitos del artículo
274 del Código Penal, con excepción del caso previsto en el numeral 1º
del artículo 284.
4o. Si fueren condenados por dos veces a pena de prisión como autores
o cómplices de delitos a que hubieren concurrido con sus hijos.
5o. Los que fuera de los casos expresados en este artículo y el
anterior, excitaren o favorecieren en cualquier forma la corrupción de
menores.
6o. Si por sus costumbres depravadas o escandalosas, ebriedad
habitual, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudieren
comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de sus hijos, aún
cuando esos hechos no cayeren bajo la ley penal.
7o. Si se comprobare en forma irrefragable que durante un año han
hecho abandono culpable de los deberes inherentes a su condición de
tales, no prestando a sus hijos los cuidados y atenciones que les deben.
El Ministerio Público y el Juez competente apreciarán la prueba,
atendida la situación de los padres y muy especialmente las conveniencias
del menor.
Sólo por causas excepcionales acreditadas debidamente, el Juez podrá
conceder a los padres la readquisición de los derechos de que hubieran
sido privados por la causal expresada en el presente inciso séptimo.
8o. Si, transcurridos seis meses desde la internación voluntaria de un
menor en dependencias del Instituto Nacional del Menor y este hubiere
intimado a los padres para que se hagan cargo de él dentro de los seis
meses siguientes contados desde la primera publicación de la intimación a
que se refiere el inciso siguiente, bajo apercibimiento de declararse la
pérdida de la patria potestad, estos u otros responsables de la tenencia
del menor no se hubieren hecho cargo del mismo, el Juez, a solicitud del
Instituto Nacional
del Menor, verificada la comprobación de los correspondientes extremos
legales, tendrá por configurada, en su caso, la hipótesis de abandono del
menor.
La intimación a que se refiere el inciso anterior se hará
personalmente, si el domicilio de los padres fuere conocido y, en caso
contrario mediante la publicación en el Diario Oficial y en dos diarios
del lugar de la internación si los hubiere, durante treinta días,
dejándose debida constancia de las actuaciones.
La comprobación de los correspondientes extremos legales a que se
refiere este numeral deberá efectuarla el Juez competente de acuerdo al
procedimiento extraordinario.
En todo caso de internación voluntaria, la. dependencia del Instituto
Nacional del Menor en que se produzca, entregará a quien la realize copia
del presente articulo, dejándose constancia escrita de su recibo.
9o. Cuando, a instancia del Instituto Nacional del Menor o de otro
interesado se entendiere que el ejercicio de aquella por sus padres
supone un riesgo cierto para la formación corporal, intelectual o moral
del menor, siguiéndose el procedimiento previsto en el numeral anterior.
Para el caso de decidir la integración familiar, esta se realizará a
través de las dependencias del Instituto Nacional del Menor o
directamente por el magistrado, quien podrá requerir el asesoramiento de
los cuerpos técnicos de dicha institución.
Las publicaciones que se realicen en cumplimiento de los numerales 8 y
9 de este artículo, serán gratuitas.
Es aplicable a los casos de este artículo, lo dispuesto en cuanto a
los derechos y obligaciones de los padres y demás, en la última parte del
artículo 284.
** El numeral 7º de este artículo fue modificado por el art. 2º del
Decreto-Ley 14.766 de 18.4.78 que rebajó el plazo a un año y agregó la
expresión "muy especialmente".
Los numerales 8º y 9º fueron incorporados por el Decreto Ley Nº 15.210
del 9.11.81.
Las referencias al Instituto Nal. del Menor surgen de la ley de su
creación Nº 15.977 de 14.9.88.
PROPUESTA: Se propone la derogación de los numerales 8 y 9 con
excepción del último inciso.
286.-
Cuando la conducta de los padres con sus hijos no bastase, según el
criterio de los Jueces, para declarar la pérdida de la patria potestad,
podrán limitar esta hasta donde lo exija el interés bien entendido de los
hijos.
287.-
Son nulos con respecto al menor o menores los actos y contratos de los
padres que hubiere perdido la patria potestad, posteriores a las
sentencias a que se refieren los artículos precedentes. Los anteriores
podrán ser anulados a petición de parte, pero la incapacidad de los
padres no podrá retrotraerse a una fecha anterior a la inscripción de la
demanda en el Registro respectivo. Son igualmente nulos los actos
posteriores a la inscripción de la interdicción provisoria que se
decretare, la que, así como su levantamiento, deberán inscribirse.
Deberán inscribirse también, en la forma y plazos establecidos por las
leyes que lo rigen, sin lo cual no causarán efectos contra terceros y el
Juez así lo dispondrá de oficio, todas las sentencias ejecutoriadas en
los casos de los artículos anteriores, que traigan como consecuencia la
incapacidad legal de los padres para administrar los bienes de sus hijos,
así como los de la limitación o suspensión de la patria potestad y los de
rehabilitación en la capacidad.
El Juez o Actuario que no cumpliere con el requisito de ordenar o
enviar las respectivas comunicaciones al Registro, será responsable de
los daños y perjuicios a que hubiere lugar a favor del menor o menores.
** La redacción de la segunda parte del inciso 1º está adaptada al
texto del art. 48 de la Ley Nº 10.793 de 25.9.46.
288.-
Es Juez competente para conocer en los juicios sobre pérdida,
limitación o suspensión de la patria potestad, en los casos previstos en
los artículos 284-1, 285, 286 y 295, el del domicilio del demandado y
cuando el de este no fuere conocido, el de la residencia del menor.
** El artículo primitivo fue derogado por el artículo 142 del Código
del Niño. La redacción actual está adecuada al texto del artículo 143 de
dicho Código.
289.-
Sólo podrán deducir la acción para provocar la pérdida, limitación o
suspensión de la patria potestad el padre, la madre, los ascendientes,
los colaterales dentro del cuarto grado y el Ministerio Público.
Sin embargo podrán deducirla los tenedores del niño, siempre que
promuevan el juicio con fin de legitimarlo adoptivamente, invocando la
causal prevista en el numeral 7º del artículo 285 y el Instituto Nacional
del Menor en los casos previstos por la ley.
Los padres deberán ser oídos en todos los casos.
** La referencia a "el padre" se agregó por el artículo 1º de la ley
Nº 10.783 del 18.9.46.
La referencia al Instituto Nal. del Menor surge de la ley de su
creación Nº 15.977 del 14.9.88 y del Decreto-Ley 15.210 del 9.11.81.
El inciso 2º proviene del art. 10 de la Ley Nº 10.674 del 20.11.45. El
último inciso del texto original fue incorporado como inciso 3º del nuevo
texto del art. 291.
290.-
El Ministerio Público siempre que tenga conocimiento de alguno de los
hechos que puedan dar lugar a la pérdida, limitación o suspensión de la
patria postestad, podrá hacer levantar una información sumaria ante el
Juez Letrado competente o ante el Juez de Paz del domicilio o residencia
del menor. El Juez competente podrá de oficio o a instancia del
Ministerio Público, antes o despúes de recibida la información aludida,
tomar las medidas que crea convenientes en defensa de la persona y bienes
del menor.
** Texto dado por el artículo 144 del Código del Niño, adecuándolo a
las actuales facultades del Ministerio Público, según el Dec-Ley 15.365 y
Ley Orgánica de la Judicatura 15.750 del 24.6.85, art. 69.
291.-
La demanda formulada con arreglo a la ley procesal, se sustanciará por
el procedimiento extraordinario.
La intervención del Ministerio Público será preceptiva y con las
mismas facultades de les partes.
Cuando la acción no hubiere sido deducida por el Ministerio Público,
no podrá desistirse de ella sin audiencia del mismo, el cual podrá
continuarla cuando lo crea procedente.
** Texto actualizado de acuerdo a la normativa del Código General del
Proceso (art. 349).
El inc. 3o. proviene del inc. 4o. del actual art. 289 del Código
Civil.
292.-
La acción de rehabilitación a que se refiere el artículo 296 de este
Código, deberá iniciarse ante el Juez competente y se discutirá conforme
a lo establecido en el artículo anterior.
La demanda se seguirá con la persona que ejerza la patria potestad o
la tutela del menor.
** Texto actualizado de acuerdo a la normativa del Código General del
Proceso. 293.-
** DEROGADO por el Código General del Proceso.
294.-
** DEROGADO por los artículos 11, 13 y 15 de la Ley No. 10.783 del
18.9.46.
295.-
Suspéndese la patria potestad:
1o. Por la prolongada demencia de los padres.
2o. Por su larga ausencia, con grave perjuicio de los intereses de sus
hijos, a que los padres ausentes no proveen.
La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el Juez,
con conocimiento de causa, a solicitud de cualquier pariente del hijo o
del Ministerio Público.
296.-
Los padres que hubiesen perdido la patria potestad o a los cuales se
les hubiese limitado o suspendido su ejercicio, podrán pedir al Juez su
restitución.
297.-
** Pasa a ser el artículo 336 del Código Civil, referente a tutela.
298.-
** DEROGADO por el artículo 142 del Código del Niño.
299.-
Desechada la demanda no podrá el accionante volver a intentarla. Pero
el otro padre que se encontrare en la situación prevista en el artículo
255, podrá pedir su restitución una vez disuelto el matrimonio y en el
caso de separación judicialmente decretada.
** Texto ajustado, al considerarse derogado el actual art. 254 del
Código Civil.
300.-
Los Jueces podrán restituir la patria potestad con todos sus atributos
o con las limitaciones que consideren convenientes a los intereses del
menor.
301.-
** DEROGADO por artículo 11o. de la Ley No. 10.783 del 18.9.46.
TITULO IX
DE LA HABILITACION DE EDAD
302.-
El menor, huérfano de padre y madre, cumplidos que sean los dieciocho
años, podrá obtener habilitación de edad, pidiéndola al Juzgado Letrado
competente de su domicilio y acreditando por sumaria información que se
halla en aptitud de dirigirse sus negocios.
303.-
No podrá el Juzgado conceder la habilitación de edad, sin haberoído
sobre ella al tutor del menor que la solicita y al Ministerio Público.
304.-
Esta habilitación de edad es irrevocable.
305.-
También es irrevocable la habilitación que, sin distinción de sexo y
por solo el ministerio de la Ley, produce el matrimonio válido de los
menores.
Subsistirá, aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad por la
muerte de uno de ellos, tengan o no hijos.
Lo cual se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección II,
Capítulo IV, Título V, Del Matrimonio.
306.-
La habilitación de edad pone fin a la tutela del menor.
307.-
El menor habilitado puede ejecutar todos los actos y contraer todas
las obligaciones de que son capaces los mayores de edad, excepto aquellos
actos u obligaciones de que una ley expresa lo declare incapaz.
308.-
Será necesario al menor habilitado que haya de contraer matrimonio, el
previo consentimiento de un curador especial. (Artículos 107 y 458).
309.-
El menor habilitado no puede estar en juicio sin curador ad litem.
310.-
Tampoco podrá, sin autorización del Juez y bajo pena de nulidad,
vender o hipotecar sus bienes raíces;
Ni hacer donación por acto entre vivos;
Ni aprobar las cuentas de su tutor;
Ni contraer deudas que pasen del valor de 500 Unidades Reajustables;
Ni vender los fondos o rentas públicas que tuviese ni las acciones de
compañías de comercio o de industria;
Ni hacer transacciones ni sujetar sus negocios a juicio arbitral.
(Artículo 967).
311.-
La autorización judicial requerida en los casos del artículo anterior,
no será dada sino con conocimiento de causa.
** Texto dado por el artículo 3o. del Decreto-Ley No. 14.766 del
18.4.78.
312.-
Si alguna cosa fuese debida al menor, con cláusula de sólo poder
haberla cuando tenga la edad completa, la habilitación no alterará la
obligación ni el tiempo de su exigibilidad.
TITULO X
DE LA TUTELA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
313.-
La tutela es un cargo deferido por la ley o en virtud de autorización
de la ley, que tiene por objeto la guarda de la persona y bienes del
menor que no está bajo patria potestad ni se halla habilitado por alguno
de los medios legales para administrar sus negocios.
** Redacción adaptada al texto del art. 11 de la Ley No. 10.783 del
18.9.46.
314.-
La tutela es un cargo personal que no pasa a los herederos y del cual
nadie puede excusarse sin causa legítima.
315.-
La tutela no puede ejercerse conjuntamente por más de una persona.
316.-
El tutor representa al menor en todos los actos civiles.
317.-
Cualquiera puede denunciar al Juez el hecho que da lugar al
nombramiento de un tutor o bien excitar el celo del Ministerio Público,
para que pida ese nombramiento.
318.-
Mientras no se discierne la tutela, deberá pedir el Ministerio Público
o dictar el Juez de oficio todas las providencias que fuesen necesarias
para el cuidado de la persona y seguridad de los bienes del menor.
319.-
El Ministerio Público es parte legítima en toda causa sobre tutela o
sobre el cumplimiento de las obligaciones del tutor.
320.-
La tutela es testamentaria, legítima o dativa.
CAPITULO II
DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE TUTELA
SECCION I
DE LA TUTELA TESTAMENTARIA
321.-
El padre o la madre, mayor o menor de edad, el que últimamente muera
de ambos, puede nombrar tutor en testamento a sus hijos que estén bajo de
la patria potestad.
** Redacción adaptada al texto del art. 11 de la Ley No. 10.783 del
18.9.46.
322.-
El nombramiento de tutor puede ser hecho por los padres bajo condición
o hasta cierto tiempo, de manera que expire la tutela por la conclusión
del tiempo fijado o por el cumplimiento de la condición.
323.-
Prohíbense y se tendrán como no escritas, las cláusulas siguientes:
1o. La que eximiere al tutor de hacer inventario judicial de los
bienes del menor.
2o. La que lo autorizare para entrar en posesión de los bienes del
menor, antes de hacerse dicho inventario.
3o. La que lo eximiere de dar cuentas de su administración, con
arreglo a lo prescrito por este Código. (Artículos 373, 374, 415 y 418).
324.-
Prohíbese a los padres nombrar dos o más tutores que funcionen a un
mismo tiempo como conjuntos; y, si lo hicieren, el nombramiento
subsistirá solamente a efectos de que los nombrados sirvan la tutela por
el orden de su designación en el caso de muerte, incapacidad, excusa o
remoción de alguno de ellos.
325.-
El padre o la madre en su caso, pueden nombrar tutor al hijo que
desheredasen.
326.-
El nombramiento de tutor por los padres es revocable como toda
disposición testamentaria. (Artículos 779 y 998).
Será de ningún efecto el nombramiento de tutor, si fuese nulo o fuese
revocado el testamento en que se hizo.
327.-
La tutela testamentaria debe ser confirmada por el Juez, si hubiere
sido legalmente dada y entonces se discernirá el cargo al tutor nombrado.
(Artículo 366).
SECCION II
DE LA TUTELA LEGITIMA
328.-
Tiene lugar la tutela legítima:
1º. Cuando no ha sido nombrado tutor testamentario o cuando por
cualquiera causa legal, el nombrado no entrare a ejercer la tutela o
viniere a cesar en el cargo.
2º En los casos de pérdida o suspensión de la patria potestad, con
arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III, Título VIII de este Libro.
329.-
Los llamados a la tutela legítima del menor son:
1º. Los abuelos y las abuelas.
2º. Los hermanos y las hermanas.
Los parentescos designados en este artículo se entienden legítimos.
** Redacción adaptada al texto del art. 1o. de la Ley No. 10.783 del
18.9.46.
330.-
Para confirmar o dar la tutela, el Juez, oyendo previamente al
Ministerio Público, elegirá entre los ascendientes designados en el
número 1o. del artículo anterior y a falta de estos por cualquiera causa
legal, entre los hermanos, la persona que le pareciere más apta y que
mejores seguridades presentare.
** Redacción adaptada al texto del art. 1o. de la Ley No. 10.783 del
18.9.46.
331.-
Si durante la menor edad, cesare en su cargo el tutor legítimo, será
reemplazado por otro de la misma clase, en la forma del articulo
precedente.
332.-
** DEROGADO por el art. 1o. de la Ley No. 10.783 del 18.9.46.
SECCION III
DE LA TUTELA DATIVA
333.-
Cuando un menor no tenga tutor testamentario ni pariente alguno de los
llamados a la tutela legítima o cuando el que exista de esta clase, no
sea capaz o se haya excusado válidamente o haya sido removido de la
tutela, procederá el Juez a nombrar un tutor dativo, oyendo previamente
al Ministerio Público, quien podrá proponer dos o más sujetos idóneos,
para que entre ellos elija el Juzgado, si lo tuviera a bien.
334.-
El nombramiento de tutor dativo será hecho sin condición alguna y para
durar hasta que la tutela se acabe.
SECCION IV
DE LA ORGANIZACION DE LA TUTELA EN
CASOS DE PERDIDA
DE LA PATRIA POTESTAD
335.- Declarada la pérdida de la patria potestad de ambos padres o de uno
de ellos, si el otro no existiere, la tutela podrá ser organizada en los
términos establecidos en las Secciones II y III, pero la persona nombrada
para ejercerla no estará obligada a aceptarla.
En caso de aceptación quedará exceptuado el tutor de la obligación
impuesta por el artículo 368, salvo que el Juez, en vista de los bienes
del menor, creyera conveniente hacerla efectiva.
El Ministerio Público podrá apelar de la resolución del Juez que
establece la tutela en esa forma, debiendo estarse a lo que decida el
Superior.
** Redacción adaptada al texto del art. 11 de la Ley No. 10.783 del
18.9.46.
En el inc. 1o. se eliminó la referencia a los arts. 253 y 254 Código
Civil que fueron derogados.
336.-
Si la tutela no se organizare conforme a lo establecido en el articulo
anterior, será ejercida en Montevideo, por el Presidente del Instituto
Nacional del Menor y en el interior, por el Jefe Departamental
respectivo.
El Instituto Nacional del Menor podrá colocar a sus pupilos en
establecimientos o casas particulares, sin perjuicio de retener la
tutela.
** Redacción adaptada al texto de los arts. 10 y 11 de la Ley No.
15.977 de 14.9.88 y 149 Código del Niño.
La referencia al Instituto Nal. del Menor surge de la Ley de su
creación No. 15.977 de 14.9.88.
337.-
Los Jueces, al discernir la tutela, fijarán el monto de la pensión
que, en concepto de alimentos, deberán abonar los padres y demás personas
obligadas con arreglo a la ley.
338.-
Cuando el Instituto Nacional del Menor hubiere colocado al menor en
casa de un particular, este podrá, pasados tres años, pedir al Juez que
se le discierna la tutela previos los trámites establecidos en el
articulo anterior.
** La referencia al Instituto Nal. del Menor surge de la Ley de su
creación No. 15.977 del 14.9.88.
SECCION V
DE LA ORGANIZACION DE LA TUTELA DE
LOS MENORES
DESAMPARADOS O SIN PADRES CONOCIDOS
339.-
El Instituto Nacional del Menor dará prioridad absoluta al régimen de
integración del menor a un medio familiar adecuado. En primer término
procurará el reintegro del menor a su familia; si ello no fuera posible,
buscará su integración a una familia sustitutiva.
Sólo se dispondrá y mantendrá la internación cuando por circunstancias
particulares no pueda acudirse al régimen de integración familiar.
** Redacción adaptada al texto del art. 1o. del Decreto Ley No. 15.210
del 9.11.81.
La referencia al Instituto Nacional del Menor surge de la ley de su
creación No. 15.977 de 14.9.88.
340.-
Siempre que el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia
de menores abandonados o desamparados, deberá pedir al Juez el depósito
de éstos, sin perjuicio de que pueda por sí tomar esta medida.
Depositado el menor, si la residencia de los padres fuere conocida, el
Juez los citará para que comparezcan dentro de los términos establecidos
por la ley procesal.
** Redacción adaptada al texto de los arts. 119 y siguientes del
Código del Niño.
341.-
Si la parte citada comparece, el Juez, oídas las explicaciones del
caso y las observaciones del Instituto Nacional del Menor y si el
Ministerio Público no se opusiere, mandará que el menor sea entregado a
sus padres.
El Ministerio Público, siempre que se oponga a la entrega del menor o
que la parte citada personalmente o a domicilio no comparezca, deberá
deducir la acción de que trata el artículo 289.
El Juez, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar en tales casos
que el menor continúe en la misma situación hasta que se decida por
sentencia la acción respectiva.
** La referencia al Instituto Nal. del Menor surge de la ley de su
creación Nº 15.977 de 14.9.88.
342.-
A los padres que residan en el extranjero o que no tengan residencia
conocida, se les citará por edictos.
Si se presentaren dentro del término del llamamiento, se seguirá el
procedimiento que para los que hubieren comparecido establece el artículo
anterior.
343.-
Si vencido el término del llamamiento, hecho por edictos, no se
presentasen los citados, el Juez discernirá la tutela de acuerdo con lo
dispuesto en la Sección IV.
344.-
Discernida la tutela, si los padres se presentaren pidiendo la patria
potestad, deberán deducir la acción de que tratan los artículos 296 y
siguientes, la que será admitida en cualquier tiempo.
SECCION VI
DE LOS MENORES INFRACTORES Y
ABANDONADOS
** El artículo 118 del Código del Niño derogó expresamente los arts.
345 a 348 del Código Civil, sustituyéndolos por los arts. 119 y
siguientes de dicho Código del Niño. La Comisión ha tratado de hacer la
adecuación correspondiente.
345.-
Los menores de 18 años de edad que cometan delitos o faltas y los
menores de 21 años de edad que se encuentren en estado de abandono moral
o material, serán puestos a disposición del Juez Letrado de Menores,
quien previa la investigación sumaria del caso, dictará sentencia
sometiéndolos al régimen de vigilancia y protección de acuerdo con las
disposiciones siguientes.
Tratándose de menores sometidos a la jurisdicción del Juez bajo la
imputación de haber cometido un delito, será provisto de defensor y el
régimen podrá prolongarse hasta los 23 años. En los demás casos no podrá
exceder de los 21 años y las diligencias se practicarán sin intervención
de defensor, sin perjuicio de la asistencia de los representantes legales
de los menores.
No es necesario para la adopción de las medidas previstas en los
incisos anteriores que los menores hayan obrado con discernimiento o que
tengan la capacidad exigida por la ley penal para delinquir.
El menor en todos los casos será sometido al examen del médico
psiquiatra o si no fuere posible, de un médico calificado quien informará
al Juez dentro de las 48 horas sobre el estado físico y psíquico del
menor.
El médico en caso de duda podrá pedir que el menor se interne en el
radio urbano durante 15 días para ser observado convenientemente.
** Texto dado por el art. 119 del Código del Niño.
346.-
Para el esclarecimiento de los hechos y los antecedentes personales o
de familia del menor, el Juez oirá siempre a este y a sus padres o
tenedores, se trasladará a los lugares que juzgue necesarios y decretará
todas las diligencias, informes y exámenes que juzgue oportunos, de los
que hará mención en la sentencia respectiva, la que será ampliamente
fundada.
A las diligencias sólo podrán asistir además del Fiscal de lo Civil y
el defensor, el representante legal del menor, con sus abogados y
asistente social, si lo hubiere y las personas debidamente autorizadas
por el Juez si lo desean y podrán hacer verbalmente o por escrito las
indicaciones que juzguen pertinentes, estando a lo que el Juez resuelva.
Contra las resoluciones interlocutorias del Juez sólo cabrán los
recursos de reposición y apelación, con carácter devolutivo, que podrán
deducir únicamente el Fiscal o el defensor del menor.
Cuando el Juez lo considere conveniente dispondrá que se eleven los
testimonios pertinentes en lugar del expediente, el cual seguirá su curso
a pesar de la apelación.
** Texto dado por el artículo 120 del Código del Niño, adecuándolo a
la inexistencia legal actual de la apelación en relación. Se sustituye
"la visitadora social (o visitador)" por "asistente social" para adaptar
a la denominación actual. Ver además la nota al artículo 177.
347.-
A los efectos del artículo 345 se entenderá por abandono moral la
incitación por los padre o tenedores a la ejecución por parte del menor;
de actos perjudiciales a su salud, física o moral; la mendicidad o la
vagancia por parte del menor; su frecuentación a sitios inmorales o de
juego o con gente viciosa o de mal vivir.
Estarán comprendidos en el mismo caso las mujeres menores de 18 años
de edad y los hombres menores de 16 que vendan periódicos, revistas u
objetos de cualquier clase en calles o en lugares públicos o ejerzan en
esos sitios cualquier oficio y los que sean ocupados en oficios
perjudiciales a la salud o a la moral.
** Texto dado por el artículo 121 del Código del Niño.
348.-
El Juez Letrado de Menores, siempre que tenga conocimiento de la
comisión de delitos de que haya sido víctima algún menor deberá colaborar
con la justicia criminal practicando las diligencias que considere
convenientes y remitirlas al Juez respectivo.
348-1.-
Los que teniendo menores bajo su potestad o tenencia les ordenen,
estimulen o permitan que imploren la caridad pública o toleren que otros
se valgan de ellos con ese fin, serán castigados con la multa prevista en
el artículo 361 del Código Penal, aumentando el máximo en dos tercios.
Los menores quedarán bajo la tenencia del Instituto Nacional del Menor
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 285 y 360 de este
Código.
El juicio se seguirá ante el tribunal competente, de acuerdo al
procedimiento establecido para las faltas.
348-2.-
El Juez puede colocar al menor en el propio hogar de sus padres o
tenedores, determinando en cada caso si aquél quedará bajo la vigilancia
del inspector oficial o de algún particular; si estableciera la
vigilancia deberá señalar la forma y condiciones de la misma; puede
confiar la tenencia del menor a otros parientes o extraños, con o sin
vigilancia especial, imponer arrestos escolares, disponer la internación
en establecimientos del Instituto Nacional del Menor o en otros públicos
o particulares, destinar menores al servicio de las Fuerzas Armadas,
cuando aquéllos tengan condiciones y vocación para la carrera militar y
en casos especiales; tratándose de menores de más de 18 años de edad,
destinarlos al servicio militar, como medida disciplinaria sin fijación
de término y bajo la vigilancia del Instituto.
Las autoridades militares o escolares a quienes se solicite su
concurso para el cumplimiento de las resoluciones a que se refiere el
inciso anterior, están obligadas a prestarlo, así como facilitar al Juez
y al Instituto Nacional del Menor todos los informes que se les pidan con
respecto al comportamiento de los menores que se les confíen.
348-3.-
Cuando el Juez considere que los padres no son aptos para ejercer la
tenencia de los hijos menores y resuelva confiarla a otras personas o
establecimientos públicos o privados en cualesquiera de los casos
previstos en este Código, determinará en la sentencia la cuota mensual
con que deberán contribuir aquéllos, la que deberá fijarse teniendo en
cuenta la culpabilidad de los padres y principalmente la capacidad
económica de los mismos.
Las sumas con que contribuyan los padres ingresarán al tesoro del
Instituto Nacional del Menor, pudiendo ser destinadas en su totalidad o
en parte a abonar las pensiones de los hijos.
Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez bastará la
orden librada por oficio al habilitado de la oficina en que presten
servicios los padres o al patrón, quienes responderán personalmente si no
cumplieran la orden respectiva.
Cuando fuere necesario ejecutar bienes de los padres, el juicio se
seguirá ante el Juez competente de su domicilio, por el Instituto
Nacional del Menor y constituirá título ejecutivo el testimonio de la
sentencia respectiva.
348-4.-
Cuando el Juez haya recibido la denuncia de abandono resolverá sin más
trámite lo que resulte más conveniente a los intereses del menor.
Para el caso de decidir la integración familiar, ésta se realizará a
través de las dependencias del Instituto Nacional del Menor o
directamente por el magistrado, quien podrá requerir el asesoramiento de
los cuerpos técnicos de dicha Institución.
** El Texto del art. 348 a 348-3 resulta de los arts. 122 a 125 del
Código del Niño respectivamente; y el del 348-4, del artículo 5º del
Decreto Ley 15.210 del 9.11.81, debidamente ajustados. En el art. 348-1
la multa prevista en el Código del Niño se adecuó a la normativa del
Código Penal sobre faltas. La referencias al Instituto Nal. del Menor
surgen de la Ley de su creación Nº 15.977 de 14.9.88.
SECCION VII
DE LA TUTELA DE LOS HIJOS NATURALES
349.-
El padre o madre que ha reconocido al hijo natural o el sobreviviente,
si ambos lo han reconocido, pueden nombrarle tutor en el testamento.
350.-
A falta de tutela testamentaria, el Juez nombrará un tutor dativo al
hijo natural.
351.-
Los expósitos recogidos y educados en los establecimientos dedicados a
este objeto, cualquiera que sea su denominación, estarán bajo la tutela
de sus superiores, conforme a los respectivos reglamentos, con excepción
de lo dispuesto en el artículo 336.
** La última parte del artículo surge de la coordinación con el nuevo
texto del art. 336 Código Civil.
CAPITULO III
DE LAS INCAPACIDADES PARA LA TUTELA Y
DE LAS CAUSAS DE EXCUSA Y REMOCION DE
LOS TUTORES
SECCION I
DE LAS CAUSAS DE INCAPACIDAD Y DE
EXCUSA
352.-
Son incapaces de toda tutela:
1º. Los menores de edad.
2º. ** DEROGADO por art. 147 del Código del Niño.
3º. Los ciegos.
4º. Los mudos.
5º. Los dementes.
6º. Los que carecen de domicilio en la República.
7º. Los fallidos o concursados, mientras no hayan satisfecho a sus
acreedores.
8º. El que ha perdido la patria potestad o incurrido en cualquiera de
los casos por los cuales puede perderse, según los artículos 284, 284-1 y
285.
9º. El que no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido o sea
notoriamente de costumbres inmorales.
10º. Los acreedores o deudores del menor, por cantidades que fuesen de
consideración, en el concepto del Juez.
11º. Los que litigan o aquellos cuyos padres litigan con el menor, por
intereses o derechos propios.
12º. Los que hayan sido removidos de otra tutela anterior.
13º. Los que no saben leer ni escribir.
14º. Los que tienen que ejercer por largo tiempo o por tiempo
indefinido un cargo o comisión fuera de la República.
15º. ** DEROGADO por art. 3º del Decreto Ley Nº 14.350 de 29.3.75
16º. ** DEROGADO por art. 5º Constitución de la República.
17º. El padrastro o la madrastra no pueden ser tutores de sus
entenados.
** El último numeral está adaptado al texto del art. 1º de la Ley Nº
10.783 del 18.9.46.
353.-
Pueden excusarse de la tutela (artículo 335, inciso 1º):
1º. El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales de
Apelaciones, los Fiscales y demás personas que ejerzan el Ministerio
Público, los Jueces Letrados y los Defensores de Oficio.
2º. Los Intendentes Municipales y los Jefes de Policía.
3º. Los administradores o recaudadores de rentas fiscales.
4º. Los que desempeñan algún empleo público, fuera del Departamento en
que se ha de ejercer la tutela o que, en razón de sus empleos, están
obligados a alejarse en ciertas épocas.
5º. Los que tienen su domicilio fuera de dicho Departamento.
6º. Los pobres que viven de su trabajo diario.
7º. Los que adolecen de alguna grave enfermedad habitual.
8º. Los que han cumplido sesenta años.
9º. El que ya es tutor o curador general de otra persona.
10º. Los que tengan bajo su patria potestad cinco hijos legítimos.
11º. Los integrantes en actividad de las Fuerzas Armadas y Policiales.
** El último numeral fue incorporado por el art. 2º del Decreto Ley Nº
14.350 de 29.3.75.
354.-
Los tutores que no hicieren saber al Juez las causas de incapacidad
que tuvieren al tiempo de deferírseles el cargo o que después les
sobrevinieren, además de quedar responsables por todos los perjuicios que
resultaren de su omisión, perderán el derecho a los emolumentos
correspondientes al tiempo en que, conociendo la incapacidad, ejercieron
el cargo y restituirán lo que a este título hubieren recibido.
355.-
Los que para no aceptar la tutela, quieran aprovecharse de las excusas
consignadas en el artículo 353, deberán proponerlas al Juez, dentro de
los treinta días, subsiguientes a la notificación del auto de su
confirmación o nombramiento.
356.-
Si las causas de excusa del artículo 353 sobrevinieran durante la
tutela, serán admisibles en cualquier tiempo que se aleguen.
357.-
El juicio sobre las incapacidades o excusas alegadas por el tutor,
deberá seguirse con el Ministerio Público.
358.-
Si el Juez no reconociere las causas de incapacidad alegadas por el
tutor o no aceptare sus excusas y si el tutor no apelare o se confirmare
por el Superior el fallo del Juez a quo, será el tutor responsable de
cualesquiera perjuicios que de su retardo en encargarse de la tutela,
hayan resultado al menor.
No tendrá lugar esta responsabilidad, si el tutor, para exonerarse de
ella, ofreciere encargarse interinamente de la guarda
359.-
El tutor testamentario que se excusare de la tutela aun con causa
legítima o que fuese removido por su mala administración, quedará sujeto
a lo que para tales casos se dispone en el Título De la sucesión
testamentaria. (Artículo 843).
SECCION II
DE LA REMOCION DE LA TUTELA
360.-
Serán removidos de la tutela:
1º. Los inhábiles para ejercer este cargo, desde que sobrevenga o se
averigüe la incapacidad.
2º. Los que no formen inventario de los bienes del menor, en el
término y forma establecidos por la ley o que no lo hubiesen hecho con
fidelidad.
3º. Los que se conduzcan mal en la tutela, respecto a la persona o en
la administración de los bienes del menor.
361.-
Pueden y deben denunciar las causas de remoción los parientes del
menor y aun cualquiera persona del pueblo.
Puede hacerlo el mismo menor, si es adulto, recurriendo al Ministerio
Público.
El Juez podrá también promover de oficio la remoción del tutor.
Este será siempre oído y el juicio será seguido por el Ministerio
Público en la forma prescrita por el artículo 291.
362.-
Denunciada la causa por la cual el tutor debe ser removido, y si ésta
fuese legal, debe el Juez nombrar inmediatamente, un tutor interino, por
el tiempo que dure el juicio de remoción.
En los casos de delito previstos por los artículos 284 y 285,
corresponde la suspensión del tutor desde que se le inicia proceso y una
sola condena será causa de inhabilidad y de remoción.
363.-
Declarada procedente la remoción, se dará nuevo tutor al menor, si no
fuese nombrado el mismo tutor interino. El nuevo tutor exigirá del ex
tutor la rendición de cuentas, con pago del alcance y la indemnización de
los perjuicios que hubiese causado. (Artículos 421 y 428). Podrá también
el ex tutor ser perseguido criminalmente por los delitos que haya
cometido en el ejercicio de su cargo y en todos los casos de remoción
perderá los derechos y emolumentos, anexos a la tutela (Artículo 414).
364.-
Si la decisión del juicio de remoción fuese favorable al tutor
propietario, será éste reintegrado en el ejercicio de sus funciones y
exigirá del tutor interino las cuentas de su administración.
365.-
En el caso del artículo precedente, a más del derecho que compete al
autor para que los denunciantes le reembolsen las costas y costos del
juicio de remoción, podrá también, según las circunstancias, acusarlos
por el delito de injuria, a menos que el juicio haya sido promovido de
oficio o por el Ministerio Público.
CAPITULO IV
DE LAS DILIGENCIAS Y FORMALIDADES QUE
DEBEN PRECEDER AL EJERCICIO DE LA
TUTELA
366.-
Toda tutela debe ser discernida.
Se llama discernimiento el decreto judicial que autoriza al tutor para
ejercer su cargo.
367.-
Corresponde el discernimiento de la tutela al Juez del domicilio del
menor (artículos 34 y 36), el cual será también el competente para
dirigir todo lo relativo a la tutela, aunque los bienes estén fuera del
lugar que abrace su jurisdicción, sin perjuicio de lo dispuesto por la
ley procesal.
** Redacción adaptada al art. 1º Ley Nº 15.860 de 10.4.87
368.-
No se discernirá la tutela, sin que antes el tutor preste fianza y
juramento que aseguren el buen desempeño del cargo. (Articulo 335, inciso
2º).
En lugar de la fianza, podrá prestarse hipoteca especial, registrada y
sujeta a las disposiciones del Título De la hipoteca (Artículo 2111).
369.-
Están exceptuados de prestar la caución de fianza o de hipoteca:
1º. Los ascendientes del menor.
2º. Los tutores interinos (Artículo 362). Puede también ser relevado
de la caución sobredicha, cuando el menor tuviese pocos bienes, el tutor
que fuere persona de reconocida probidad y de bastantes facultades en
concepto del Juez, para responder de ellos.
370.-
La fianza y en su caso la hipoteca, será fijada por el Juez en un
valor determinado, el cual deberá siempre corresponder al valor conocido
o probable de los bienes del menor, con exclusión de los que fuesen
raíces. (Artículo 395).
371.-
Si inventariados los bienes del menor, conforme a los artículos 376 y
siguientes o hecha partición de la herencia, en que el menor fuese
interesado, resultare que el valor fijado a la caución, según el artículo
precedente, fue excesivo o insuficiente, podrá aquel reducirse a petición
del tutor o aumentarse, si el Juzgado lo creyere conveniente.
372.-
Los actos del tutor que no han sido autorizados por el decreto de
discernimiento son nulos; pero el decreto, una vez obtenido, validará los
actos anteriores de cuyo retardo hubiera podido resultar perjuicio al
menor.
373.-
Discernida la tutela, el Juez señalará, según la naturaleza y
situación de los bienes del menor, el tiempo en que el tutor debe hacer
el inventario judicial y estimativo del valor de ellos.
Mientras el inventario no esté hecho, el tutor no podrá tornar parte
alguna en la administración, sino en cuanto fuese absolutamente
necesario.
374.-
Cualesquiera que sean las disposiciones del testamento en que el menor
hubiese sido instituido heredero, el tutor no podrá ser dispensado de
hacer el inventario de que habla el artículo precedente. (Artículo 323).
375.-
Si el Juez lo estimase conveniente, ordenará que asistan a la facción
de inventario uno o más parientes del menor u otras personas que tuviesen
conocimiento de los negocios o de los bienes de aquél a quien suceda el
menor.
376.-
El inventario hará relación de los bienes muebles e inmuebles del
menor, particularizándolos, uno a uno o señalando colectivamente los que
consisten en número, peso o medida, con expresión de la cantidad y
calidad; sin perjuicio de hacer las explicaciones del caso, para poner a
cubierto la responsabilidad del tutor.
Deberá comprender también los títulos de propiedad, las escrituras
públicas y privadas, los gravámenes que afecten los inmuebles, todos los
créditos y deudas del menor de que hubiere comprobante o solo noticia,
los libros de comercio o de cuentas y, en general, todo lo perteneciente
a la sucesión.
377.-
Si después de hecho el inventario, se encontraren bienes de que al
hacerlo no se tuvo noticia o por cualquier título acrecieren nuevos
bienes al caudal inventariado, se practicará un inventario de ellos con
las mismas solemnidades y se agregará al anterior.
378.-
Si el tutor es acreedor o deudor del menor, deberá declararlo en el
inventario, expresando cantidad para los efectos del número 10, artículo
352.
El Actuario estará obligado a requerirle para ello, haciéndolo anotar
en el inventario, so pena de incurrir en la multa de 50 Unidades
Reajustables.
El tutor perderá su crédito si requerido por el Actuario, no lo
declarare en el inventario.
379.-
Si el tutor alegare que por error se han relacionado en el inventario
cosas que no existían o se ha exagerado el número, peso o medida de las
existentes o se les ha atribuido una materia o calidad de que carecían,
no le valdrá esta excepción; salvo que pruebe no haberse podido evitar el
error con el debido cuidado de su parte o sin conocimientos especiales o
experimentos científicos.
380.-
Los pasajes oscuros o dudosos del inventario se interpretarán a favor
del menor, a menos de prueba contraria.
381.-
El tutor que sucede a otro, recibirá los bienes por el inventario
anterior y anotará en él las diferencias. Esta operación se hará con las
mismas solemnidades que el anterior inventario, el cual pasará entonces a
ser el inventario del sucesor.
CAPITULO V
DE LA ADMINISTRACION DE LA TUTELA
382.- La administración de la tutela discernida por los Jueces de la
República, será regida exclusivamente por las normas de este Código, si
en la República existiesen los bienes del menor y si éste tuviese en ella
su domicilio.
383.-
** Sustituido por los arts. 2393 y 2398.
384.-
El tutor debe cuidar de la persona del menor y administrar sus bienes,
como un diligente padre de familia
El menor debe obediencia y respeto al tutor y éste podrá corregirlo
moderadamente.
Si no bastase la corrección moderada, deberá exponerlo verbalmente al
Juez, que podrá en este caso, adoptar la medida autorizada por el
artículo 261, previo el interrogatorio del tutor y del menor, con
asistencia del Ministerio Público. 385.-
El menor debe ser alimentado y educado con arreglo a sus facultades.
386.-
El tutor debe procurar el establecimiento del menor, a la edad
correspondiente, destinándolo a la profesión de alguna ciencia, arte u
oficio.
El tutor es responsable de todo gasto inmoderado en la subsistencia y
educación del menor, aunque se saque de las rentas.
Para cubrir su responsabilidad, el tutor podrá pedir al Juez que,
atendiendo al patrimonio del menor, a su vocación y demás circunstancias
que puedan influir, determine la carrera u oficio a que debe aquel ser
dedicado, como también la suma anual que haya de invertirse en sus
alimentos y educación.
387.-
Si las rentas del menor no alcanzasen para su educación y alimentos,
el Juez podrá autorizar al tutor para que emplee una parte del principal,
a fin de que el menor no quede sin la educación correspondiente.
388.-
Si el menor no tuviese suficientes medios para los gastos de su
educación y alimentos, el tutor pedirá autorización al Juez para exigir
de los parientes que a ello estén obligados, la prestación de alimentos.
(Articulo 117 y 120).
El pariente que diese alimentos al menor, podrá tenerlo en su casa y
encargarse de su educación, si el Juez lo permitiese.
389.-
Si el menor indigente no tuviese parientes que estén obligados a
prestarle alimentos o estos no se hallaren en circunstancias de dárselos,
el tutor, con autorización del Juez, puede ponerlo en otra casa o
contratar el aprendizaje de un oficio y los alimentos.
390.-
El tutor no podrá ausentarse de la República por más de un año, sin
comunicar previamente su resolución al Juez de la tutela, a fin de que él
delibere sobre la continuación del cargo o nombramiento de otro tutor.
No podrá tampoco, sin autorización del Juez, mandar al menor ni
llevarlo consigo fuera de la República o a diferente Departamento, por
más tiempo del arriba expresado.
391.-
El tutor es responsable de todo perjuicio causado al menor en la
administración de sus bienes, si hubiese culpa que se le pueda imputar.
(Artículos 384 y 1344).
392.-
Puede el tutor, bajo su responsabilidad, administrar por medio de uno
o más apoderados, en los lugares distantes del de su residencia.
393.-
En los actos y contratos que ejecute o celebre el tutor en
representación del menor, deberá expresarse esta circunstancia en la
escritura del mismo acto o contrato; so pena de que, omitida esta
expresión se repute ejecutado el acto o celebrado el contrato en
representación del menor, si fuese útil a éste y no de otro modo.
394.-
Cuando hubiere dinero sobrante del menor, después de cubiertas todas
las atenciones y cargas de la tutela, deberá el tutor, dentro de treinta
días, prestarlo sobre hipoteca, al interés corriente que se obtenga con
esta seguridad en la plaza; y en defecto de hipoteca, podrá colocarlo en
los bancos o en rentas públicas.
Podrá también, si lo estimase preferible, emplearlo en la adquisición
de bienes raíces con conocimiento y aprobación del Juez de la tutela.
Por la omisión en esta materia, el tutor será responsable de los
intereses legales del sobrante, toda vez que éste llegue a la suma de 250
Unidades Reajustables.
394-1.-
Es aplicable a los tutores lo previsto para los padres en el artículo
272-1, en lo pertinente.
** Ver nota al articulo 272-1
395.-
No podrá el tutor, sin previo decreto judicial, enajenar los bienes
raíces del menor ni constituir sobre ellos ningún derecho real ni
enajenar o empeñar los bienes muebles preciosos o que tengan un valor de
afección; ni podrá el Juez autorizar esos actos, sino por causa de
absoluta necesidad o evidente utilidad y oyendo antes al Ministerio
Público.
La autorización para enajenar o gravar los bienes, a que se refiere
este artículo, deberá recaer en cada caso, sobre fincas u objetos
especialmente designados.
*** PROPUESTA: LA COMISION PROPONE SUSTITUIR EL INCISO 1º DE ESTE
ARTICULO POR EL SIGUIENTE:
"No podrá el tutor, sin previo decreto judicial, enajenar los bienes
raíces del menor, ni constituir sobre ellos ningún derecho real ni
enajenar o empeñar los bienes muebles preciosos o los que tengan un valor
de afección o cuyo valor exceda las 500 Unidades Reajustables ni podrá el
Juez autorizar esos actos, sino por causa de absoluta necesidad o
evidente utilidad y oyendo antes al Ministerio Público".
396.-
La venta de cualquier parte de los bienes enumerados en el artículo
anterior no podrá autorizarse sin que el precio que se fije sea superior
al que se establezca según el medio más adecuado que el Juez estime
conveniente al caso.
** Texto dado por el art. 3º del Decreto Ley Nº 14.766 de 18.4.78
397.-
Las enajenaciones y gravámenes hechos contra lo dispuesto en los
artículos precedentes, serán de ningún valor. (Artículos 402, 1456 y
1566).
398.-
Las disposiciones de los artículos 395 a 397 no se aplican al caso de
expropiación por utilidad pública.
Tampoco será necesaria la autorización de que habla el artículo 395
cuando la enajenación fuese motivada por ejecución de sentencia, en
virtud de derecho anterior de tercero.
399.-
Sin previo decreto del Juez, no podrá el tutor proceder a la partición
de los bienes raíces o hereditarios que el menor posea con otros pro
indiviso.
Si el Juez, a petición de un comunero o coheredero, hubiese decretado
la partición, no será necesario nuevo decreto.
En uno y otro caso, la partición deberá hacerse en la forma prescrita
en el Título De las disposiciones comunes a las sucesiones.
400.-
El tutor no podrá repudiar ninguna herencia deferida al menor, sin
decreto del Juez, con conocimiento de causa. (Artículo 1056).
Esta disposición se extiende a las donaciones o legados que se
hicieren al menor.
401.-
También se necesita previo decreto, para proceder a transacciones o
compromisos sobre derechos del menor que se valúen en más de 500 Unidades
Reajustables y sobre sus bienes raíces; y en cada caso la transacción o
el fallo del compromisario, se someterá a la aprobación judicial, so pena
de nulidad. (Artículo 2148).
402.-
Prohíbese al tutor contraer empréstito alguno a nombre del menor, sin
autorización del Juez, con conocimiento de causa.
Sin embargo, la falta de autorización no impedirá que el prestamista
pueda reclamar el pago, en cuanto el menor se hubiese hecho más rico.
(Artículo 1456).
403.-
Los deudores del menor que paguen al tutor, quedan libres de todo
nuevo pago. (Artículo 1453).
404.-
El tutor cuidará de hacer pagar lo que se deba al menor,
inmediatamente que sea exigible el pago y de perseguir a los deudores por
los medios legales.
405.-
El tutor deberá interrumpir las prescripciones que puedan correr
contra el menor. (Artículo 1235 y siguientes).
406.-
No podrá el tutor dar en arriendo los predios rústicos del menor por
más de cinco años ni los urbanos por más de tres ni por más tiempo que el
que falte al menor para llegar a la mayor edad.
Si lo hiciere, no será obligatorio el arrendamiento para el menor o
para el que le suceda en el dominio del predio, por el tiempo que
excediese de los límites aquí señalados.
Aun el arriendo hecho dentro de esos límites, lleva implícita la
condición de terminar si, antes del vencimiento del término fijado, el
menor contrajera matrimonio u obtuviere habilitación de edad.
407.-
El tutor necesita la previa autorización del Juez para todo acto o
contrato en que directa o indirectamente tenga interés cualquiera de sus
parientes legítimos, hasta el cuarto grado o algún hijo natural suyo o
alguno de sus socios.
408.-
Cuando el tutor hubiese hecho anticipaciones en beneficio del menor,
podrá reembolsarlas con el interés corriente, previa la autorización del
Juez.
De la misma autorización habrá menester para hacerse pago de su
crédito contra el menor.
409.-
Si el menor hubiese heredado algún establecimiento de comercio o de
industria, el Juez de la tutela decidirá si ha de continuar o no, tomando
en consideración las circunstancias del caso y oyendo al tutor y al
Ministerio Público.
410.-
Si el Juez resolviese que el establecimiento continúe, autorizará al
tutor para que por sí o por los agentes de que se sirva bajo su
responsabilidad, dirija las operaciones y trabajos, haga pagos y todos
los demás actos de un mandatario, con libre administración.
Pero si hubiese de cesar el establecimiento, el Juez autorizará al
tutor para enajenarlo en venta pública o privada, después de tasada o
regulada su importancia; y mientras no fuese posible venderlo, para
proceder como el tutor lo encontrase ser menos perjudicial al menor.
411.-
Si el establecimiento heredado por el menor fuese social y no se
hubiese pactado que continúe la sociedad con los herederos del socio
fallecido, conforme a lo dispuesto en el Libro Cuarto de este Código
sobre el modo de acabarse la compañía, el Juez autorizará al tutor, para
que de acuerdo con los demás interesados, ajuste la venta o la cesión de
la cuota social del menor al socio o socios sobrevivientes o a un tercero
con asentimiento de éstos; y si no fuese posible la venta, para
inspeccionar o promover la liquidación final y percibir lo que
correspondiese al menor.
En el caso de continuar la sociedad, por haberse así pactado, el Juez
autorizará al tutor para hacer las veces del socio fallecido y cuyo
heredero es el menor.
411-1.-
Si la participación o cuota social recibida por el menor por herencia,
legado o donación fuere de una sociedad comercial se estará a lo
establecido en la ley mercantil.
** Texto resultante de los arts. 45 y 46 Ley Nº 16.060 del 4.9.89.
412.-
Son prohibidos absolutamente al tutor, aun cuando el Juez
indebidamente los autorice, los actos siguientes:
1º. Comprar por sí o por interpuesta persona, bienes muebles o
inmuebles del menor o venderle o arrendarle los suyos, aunque sea en
subasta pública; y si lo hiciere, a más de la nulidad de la compra, el
acto será tenido como suficiente para la remoción de la tutela.
2º. Constituirse cesionario de créditos, derechos o acciones contra el
menor, a no ser que las cesiones resulten de una subrogación legal.
3º. Hacer con el menor contratos de cualquier especie.
4º. Aceptar herencias deferidas al menor, sin beneficio de inventario.
5º. Disponer a título gratuito de los bienes del menor, a no ser por
vía de socorro en pequeñas cantidades a sus parientes necesitados o
cortas dádivas remuneratorias o presentes de uso.
6º. Hacer remisión voluntaria de derechos del menor.
7º. Hacer o consentir particiones en que los menores sean interesados,
omitiendo la aprobación judicial.
8º. Obligar a los pupilos como fiadores de obligaciones suyas o de
otros.
413.-
El tutor tendrá derecho a ser remunerado con el diez por ciento de los
frutos líquidos de los bienes del menor, cuando el padre o la madre no
hubiesen fijado otra mayor remuneracion en el testamento.
414.-
No tendrá derecho a remuneración alguna y deberá restituir lo que a
ese título haya recibido, el tutor que fuere removido de la tutela por
culpa grave. (Artículo 363).
CAPITULO VI
DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA
415.-
El tutor está obligado a llevar cuenta fiel, exacta y documentada de
todos sus actos administrativos, día por día, sin que pueda excusarse de
esta obligación ni aun el testamentario a quien el testador haya
exonerado de rendir cuentas.
Sin embargo, podrá excusarse de documentar las partidas de gastos
menudos en que un diligente padre de familia no acostumbra recoger
recibo.
416.-
Durante su cargo, el tutor está obligado a presentar al Juez, dentro
de los treinta días últimos de cada trienio, un estado de la situación en
que se encuentra el patrimonio del menor.
El Ministerio Público, a quien ese estado debe comunicarse, podrá
pedir, si lo creyese conveniente, que el tutor exhiba los libras de la
administración y hacer las observaciones que le sugiera su celo por los
intereses del menor, tenido presente lo dispuesto en la Sección II,
Capítulo III de este Título.
La aprobación que el Juez diese al estado presentado por el tutor,
será en cuanto haya lugar y sin perjuicio de repararse cualquier agravio
del menor, al tiempo de la formal rendición de cuentas.
PROPUESTA: LA COMISION PROPONE AGREGAR AL INCISO 1º EL SIGUIENTE
TEXTO:
"El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, podrá
disponer que dicho estado sea presentado en un período menor."
417.-
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en cualquier
tiempo y por motivos que el Juez tuviere por suficientes, el Ministerio
Público podrá pedir al tutor la exhibición de los libros de su
administración, a los efectos del inciso segundo del sobredicho articulo.
418.-
Acabada la tutela, el tutor o sus herederos están obligados a rendir
cestas justificadas de la administración al menor o a los que le
representen, en el término que el Juez lo ordene.
Esta obligación no puede ser dispensada ni aun por el menor mismo en
su testamento.-
419.-
Acábase la tutela:
1º. Por la muerte del tutor, su remoción o excusa superviniente
admitida por el Juez.
2º. Por la muerte, habilitación, mayoría de edad o matrimonio del
menor.
3º. En el caso previsto por el artículo 322.
420.-
Sucediendo la muerte del tutor, sus albaceas o sus herederos mayores
de edad deberán ponerlo dentro de treinta días en conocimiento del juez
del lugar y proveer entretanto a lo que las circunstancias exijan
respecto de los bienes y persona del menor.
421.-
Si el tutor entrase en lugar de un tutor anterior, deberá pedir dentro
de treinta días, a su predecesor o a sus herederos, la rendición judicial
de las cuentas de la tutela y que lo pongan en posesión de los bienes del
menor. (Artículo 363).
422.-
Los gastos de rendición de cuentas deben ser anticipados por el tutor,
pero le serán abonados por el menor.
423.-
Las cuentas deben darse en el lugar en que se desempeñe la tutela, si
el menor no prefiere el fuero del domicilio del tutor.
424.-
Presentada la cuenta por el tutor, será discutida por la persona a
quien pase la administración de los bienes.
Si la administración se transfiere a otro tutor o al menor habilitado
de edad, no quedará cerrada la cuenta, sino con la aprobación judicial,
oído el Ministerio Público. (Artículo 310).
425.-
Serán abonables al tutor todos los gastos hechos debidamente, aunque
de ellos no haya resultado utilidad al menor, si esto sucediese sin culpa
del tutor y aunque éste los haya anticipado de su propio dinero.
426.-
Cualquier arreglo que pueda tener lugar entre el tutor y el menor
habilitado o llegado a la mayor edad, es nulo, si no ha sido precedido de
la rendición de cuentas, verificada treinta días antes del expresado
arreglo.
427.-
El saldo que resultare a favor o en contra del tutor, producirá
interés legal desde el día en que su cuenta quedó cerrada.
428.-
Contra el tutor que no dé verdadera cuenta de su administración o que
fuere convencido de dolo o culpa grave, habrá por parte del menor o de
quien lo represente, el derecho de apreciar bajo de juramento el
perjuicio recibido y el tutor podrá ser condenado en la cuantía jurada;
salvo que el Juez tuviese a bien moderarla.
429.-
Toda acción del menor contra el tutor, en razón de la tutela, se
prescribirá por cuatro años, contados desde el día en que el menor haya
llegado a la mayor edad.
Por el mismo período se prescribirán las acciones contrarias al tutor
contra el menor.
430.-
Los que han estado bajo de tutela, acabada ésta, pueden pedir la
imnediata entrega de los bienes suyos que están en poder del tutor, sin
esperar a la rendición o aprobación de las cuentas.
TITULO XI
DE LA CURADURIA O CURATELA
CAPITULO I
DE LA CURADURIA GENERAL
431.-
La curaduría o curatela no se diferencia de la tutela sino en ciertos
caracteres. Es un cargo impuesto a alguno, en favor del que no puede
dirigirse a sí mismo o administrar sus negocios.
Lo dispuesto en el Título De la tutela tendrá lugar en todos los casos
de curaduría, en cuanto no se oponga a lo determinado en el presente
Título.
432.-
Están sujetos a curaduría general, cuando fueren incapaces, los
mayores de edad y los menores emancipados o habilitados.
Los demás menores púberes podrán ser declarados incapaces, pero
permanecerán sujetos a patria potestad o tutela, según corresponda.
Son incapaces los dementes aunque tengan intervalos lúcidos y los
sordomudos que no puedan darse a entender por escrito. (Artículo 1279).
** Redacción adecuada al régimen actual
433.-
Podrán provocar la declaración de incapacidad y nombramiento de
curador al incapaz, cualquiera de sus parientes, el cónyuge o el
Ministerio Público.
El Ministerio Público será oído aun en los casos en que el juicio de
incapacidad no haya sido provocado por él.
** La inclusión del cónyuge en el inciso 1o. responde al texto del
art. 439-5 del Código General del Proceso
434.-
En los juicios de incapacidad, entenderá el Juzgado Letrado competente
del domicilio del individuo de que se trate, sin perjuicio de lo
dispuesto por la ley procesal.
** Ver nota al artículo 367
435.-
En el caso de demencia, deberá el Juez interrogar por sí mismo al
supuesto demente y oír el dictamen de dos o más facultativos de su
confianza.
436.-
En cualquier estado de las diligencias, podrá el Juzgado, si lo
estimase conveniente, nombrar un curador interino a la persona y o bienes
del demandado por incapaz.
437.-
El auto que nombre curador interino y todo aquel que suponga cualquier
forma de interdicción, a más de publicarse en los periódicos, debe
inscribirse en el Registro respectivo, en la forma, plazo y con los
efectos que la ley determina.
La misma publicidad deberá darse a la sentencia ejecutoria o que
concluya el juicio, ora declare incapaz al demandado, ora deseche la
demanda.
** Redacción adaptada al texto del Código Gral. del Proceso y al art.
33 apartado A) Ley No. 10.793 de 25.9.46
438.-
Son nulos de derecho los actos y contratos del demandado por incapaz,
posteriores a la inscripción de la interdicción respectiva, sea ésta
provisoria o definitiva.
Los anteriores podrán ser anulados, cuando la causa de la interdicción
existía públicamente en la época en que esos actos o contratos fueron
hechos.
** Redacción del inciso 1o. adaptado al artículo anterior y al texto
del art. 48 de la Ley No. 10.793 del 25.9.46
439.-
Después que una persona ha fallecido, no pueden ser impugnados sus
actos entre vivos, por causa de demencia, a no ser que ésta resulte de
los mismos actos o que se hayan consumado después de intentada la demanda
de incapacidad. (Artículo 831).
440.-
El curador interino cesará en sus funciones y dará las cuentas al
curador propietario, luego que fuese nombrado.
441.-
El marido es el curador legítimo y necesario de su mujer declarada
incapaz y ésta lo es de su marido.
El cónyuge curador tendrá la administración extraordinaria de la
sociedad conyugal. (Artículos 1979 y 1984).
** Redacción adaptada al texto del art. 1o. de la Ley No. 10.783 de
18.9.46
*** PROPUESTA: LA COMISION PROPONE ELIMINAR "Y NECESARIO" EN EL INC.
1o. (ver nota del artículo 442-1).
442.-
Los hijos mayores de edad, son curadores de su padre o madre viudos o
divorciados, declarados incapaces. Si hubiere dos o más hijos, el Juez
elegirá el que debe ejercer la curaduría.
Los padres son de derecho curadores de sus hijos legítimos, solteros,
viudos o divorciados que no tengan hijos mayores de edad, que puedan
desempeñar la curaduría. El Juez determinará cuál de ellos ejercerá el
cargo.
** Redacción adaptada al texto de la Ley 10.783 de 18.9.46 y de las
leyes de Divorcio Nos. 3.245 del 28.10.07 y 3.641 de 11.7.10, sus
modificativas y concordantes.
*** PROPUESTA: LA COMISION PROPONE EL SIGUIENTE TEXTO, EN SUSTITUCION
DEL INC. 2o. FUNDAMENTANDOSE EN EL PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA, LEY
15.737 de 8.3.85:
"Los padres son de derecho curadores de sus hijos legítimos o
naturales reconocidos, solteros, viudos o divorciados, que no tengan
hijos mayores de edad que puedan desempeñar la curaduría. El Juez
determinará cuál de ellos ejercerá el cargo."
PROPUESTA: LA COMISION PROPONE AGREGAR EL SIGUIENTE ART.:
442-1.-
"El Tribunal por motivos fundados podrá apartarse del orden de la
curatela legítima, o aun prescindir de ella, así como regular los modos
de su ejercicio"
443.-
Los Directores de los asilos de incapaces mayores de edad son
curadores legítimos de los asilados, mientras no tengan otro curador.
Cuando el Director tenga noticias de que el asilado tiene bienes de
alguna consideración o hijos menores bajo su potestad, debe comunicarlo
al Juzgado del último domicilio del asilado o al del lugar del asilo,
para que provea a la curatela del incapaz.
444.-
En todos los casos en que el padre o madre pueden dar tutor a sus
hijos menores de edad, podrán también nombrar curador por testamento a
los mayores de edad, dementes o sordomudos (artículo 432); salvo las
excepciones de los tres artículos anteriores.
445.-
A falta de curador legítimo o testamentario, según lo dispuesto en los
artículos precedentes, tendrá lugar la curaduría dativa.
446.-
El curador de un incapaz que tenga hijos menores, es también tutor de
éstos.
447.-
El demente no será privado de la libertad personal, sino en los casos
en que sea de temer que usando de ella se dañe a sí mismo o cause peligro
o notable incomodidad a otros. No podrá tampoco ser trasladado a una casa
de dementes ni encerrado ni atado, sino momentáneamente, mientras a
solicitud del curador, se obtuviere autorización judicial para cualquiera
de estas medidas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley No. 9.581 de 8
de agosto de 1936.
** Redacción adaptada a la Ley citada
448.-
Las rentas de los bienes del incapaz, se emplearán con preferencia en
aliviar su condición y en procurar su restablecimiento.
Al mismo objeto y en caso necesario, podrá aplicarse parte del
capital, previa autorización del Juez.
449.-
Cesando las causas que hicieron necesaria la curaduría, cesa también
ésta; pero deberá preceder declaración judicial, que podrá solicitar por
sí solo el interdicto, observándose las mismas formalidades que para
establecer la interdicción.
450.-
El curador de un incapaz tiene derecho a ser relevado de la curaduría,
pasados cinco años desde que se encargó de ella.
Los cónyuges, descendientes o ascendientes, no gozarán de este
beneficio.
CAPITULO II
CURADURIA DE LOS BIENES
451.-
Podrá darse curador a los bienes de una persona ausente, cuando haya
necesidad imperiosa de esta medida, a juicio del magistrado, concurriendo
las demás circunstancias del artículo 52 y la de faltar la representación
legal del cónyuge. (Artículo 53).
452.-
Se dará curador a los bienes del difunto cuya herencia fuese declarada
yacente. (Artículo 1072)
453.-
Si hubiese herederos extranjeros del difunto, el curador de los bienes
hereditarios será nombrado con arreglo a los tratados existentes con las
naciones a que los herederos pertenecieren.
454.-
Los curadores de los bienes están sujetos a todas las trabas de los
tutores o curadores y además se les prohibe ejecutar otros actos
administrativos que los de mera custodia y conservación y los necesarios
para el cobro de los créditos y pago de las deudas de sus representados.
Se les prohíbe especialmente alterar la forma de los bienes, contraer
empréstitos y enajenar aun los bienes muebles que no sean corruptibles, a
no ser que esta enajenación pertenezca al giro ordinario de los negocios
del ausente o que el pago de las deudas lo requiera.
455.-
Sin embargo de lo dispuesto en el artículo precedente, los actos en él
prohibidos a los curadores de bienes serán válidos, si justificada su
necesidad o utilidad, los autorizase el Juez previamente.
456.-
Toca a los curadores de bienes el ejercicio de las acciones y defensas
judiciales de sus representados; y las personas que tengan créditos
contra los bienes, podrán reclamarlos de los respectivos curadores.
457.-
La curaduría de bienes cesa por la extinción o inversión completa de
éstos, o por haber cesado los motivos que hicieron deferir la curaduría.
CAPITULO III
CURADURIAS ESPECIALES
458.-
Habrá lugar al nombramiento de curadores especiales en los casos
siguientes:
1º Cuando los intereses de los menores estén en oposición con los de
sus padres o madres bajo cuyo poder se encuentran.
2º Cuando ambos padres perdieren la administración de los bienes de
sus hijos.
3º Cuando los hijos adquieren bienes cuya administración no
corresponda a sus padres.
4º Cuando los intereses de los que, están bajo tutela o curaduría
general, estuviesen en oposición con los de su tutor o curador.
5º Cuando sus intereses estuviesen en oposición con los de otro menor
o incapaz, que con ellos se hallare bajo un tutor o curador común.
6º Cuando adquieren bienes con la cláusula de ser administrados por
persona designada o de no ser administrados por su tutor o curador
general.
7º Cuando la curaduría fuese para un negocio particular.
8º En los casos de los artículos 67 y 81 numeral 3º del Código Penal,
si no corresponde la administración al cónyuge del penado.
** Redacción del numeral 2º adaptada al texto del art. 11 Ley Nº
10.783 de 18.9.46
Redacción del numeral 8º adaptada al texto del actual Código Penal
459.-
El curador especial no es obligado a prestar fianza o caución ni a la
confección de inventario, sino cuando su nombramiento fuese con
administración de bienes.
Los curadores para pleito o ad litem son dados por la judicatura que
conoce en el pleito.
LIBRO SEGUNDO
DE LOS BIENES Y DEL DOMINIO O PROPIEDAD
TITULO I
DE LA DIVISION DE LOS BIENES
CAPITULO I
DE LOS BIENES CONSIDERADOS EN SI MISMOS
460.-
Bajo la denominación de bienes o de cosas se comprende todo lo que
tiene una medida de valor y puede ser objeto de propiedad.
Los bienes son corporales o incorporales.
SECCION I
DE LOS BIENES CORPORALES
461.-
Los bienes corporales se dividen en muebles e inmuebles.
462.-
Muebles son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea
moviéndose ellas por sí mismas como los animales (que por eso se llaman
semovientes), sea por medio de una fuerza externa, como la cosas
inanimadas.
Exceptúanse las cosas muebles que se hallan en el caso del artículo
465.
463.-
Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no se pueden
transportar de un lugar a otro, como las tierras, las minas y los
edificios.
Las casas y heredades se llaman predios o fundos.
464.-
Los árboles y plantas son inmuebles, mientras adhieran al suelo por
sus raíces.
Lo son también los frutos pendientes de las mismas plantas o árboles,
en cuanto siguen al fundo en todos los cambios de dominio.
465.-
Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas
que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un
inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento. Tales son
por ejemplo:
Las losas de un pavimento;
Los tubos de las cañerías;
Los utensilios de labranza o minería y los animales actualmente
destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido
puestos en ella por el dueño de la finca;
Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a
mejorarla;
Las prensas, calderas, cubas y máquinas que forman parte de un
establecimiento industrial adherente al suelo y perteneciente al dueño de
éste;
Los viveros de animales, con tal que adhieran al suelo o sean parte
del suelo mismo o de un edificio.
466.-
Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos como las
yerbas, maderas y frutos, la tierra o arena, los metales de una mina o
las piedras de una cantera, se reputan muebles, aun antes de su
separación, para el efecto de constituir un derecho a favor de otra
persona que el dueño.
467.-
Las cosas de comodidad u ornato que se fijan en las paredes y pueden
removerse fácilmente, se reputan muebles.
Sin embargo, los cuadros o espejos que están embutidos en las paredes,
de manera que forman un mismo cuerpo con ellas, se consideran parte del
edificio aunque puedan separarse sin detrimento. Lo mismo se aplica a las
estatuas colocadas en un nicho construido expresamente en el edificio.
468.-
Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles,
no dejan de serlo por su separación momentánea; pero sí, desde que se
separan con el objeto de darles diferente destino.
469.-
Cuando por disposición de la Ley o del hombre se use de la expresión
bienes muebles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo lo que
se entiende por cosas muebles según el artículo 462.
Cuando se use de la expresión de muebles sólo o muebles de una casa,
no se comprenderá el dinero, los documentos, las colecciones, los libros,
las armas, las ropas, los carruajes ni en general otras cosas que las que
corresponden al ajuar de la casa.
470.-
Los bienes muebles son fungibles o no fungibles.
A los primeros pertenecen aquellas cosas de que no puede hacerse el
uso conveniente a su naturaleza, sin que se consuman.
Las especies monetarias son fungibles en cuanto perecen para el que
las emplea como tales.
SECCION II
DE LOS BIENES INCORPORALES
471.-
Los bienes incorporales son derechos reales o personales.
472.-
Derecho real es el que tenemos en una cosa o contra una cosa sin
relación a determinada persona.
El derecho en la cosa supone el dominio o un desmembramiento del
dominio. El derecho contra la cosa puede ser constituido meramente por
garantías como sucede respecto de la prenda y la hipoteca. De los
derechos reales nacen las acciones de la misma clase.
473.-
Derechos personales son los que sólo pueden reclamarse de ciertas
personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la Ley, han
contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista
contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por
alimentos. De estos derechos nacen la acciones personales.
474.-
Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según
la naturaleza de la cosa que es su objeto. Así, el derecho de usufructo
sobre un inmueble, es inmueble. Así, la acción del comprador para que se
le entregue la finca comprada, es inmueble; y la hipoteca, puesto que
tiene por objeto una cantidad de dinero, es mueble.
475.-
Los hechos que se deben se reputan muebles. La acción para que un
artífice ejecute la obra convenida o resarza los daños y perjuicios
causados por la inejecución del convenio, entra, por consiguiente, en la
clase de los bienes muebles.
CAPITULO II
DE LOS BIENES CON RELACION A LAS PERSONAS
476.-
Los bienes son de propiedad nacional o particular.
477.-
Los bienes de propiedad nacional cuyo uso pertenece a todos los
habitantes del Estado, se llaman bienes nacionales de uso público o
bienes públicos del Estado.
Los bienes de propiedad nacional cuyo uso no pertenece generalmente a
los habitantes, se llaman bienes privados del Estado o bienes fiscales.
(Artículos 1193, 1194 y 1668).
478.-
Son bienes nacionales de uso público:
1º Las calles, plazas y caminos públicos.
2º Los puertos, abras, ensenadas y costas del territorio oriental, en
la extensión que determinen las leyes especiales.
3º Los ríos o arroyos navegables o flotables en todo o parte de su
curso. Se entenderán por ríos y arroyos navegables o flotables aquellos
cuya navegación o flote sea posible natural o artificialmente.
4º Las riberas de esos ríos o arroyos, en cuanto al uso que fuere
indispensable para la navegación.
5º El agua corriente aun de los ríos no navegables o flotables, en
cuanto al uso para las primeras necesidades de la vida, si hubiere camino
público que la haga accesible.
6º Los puentes, canales y demás obras públicas, construidas y
conservadas a expensas de la Nación.
479.-
El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualesquiera
otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles,
plazas, puentes y caminos públicos, en el mar y sus riberas, en los ríos
y arroyos y generalmente en todos los bienes nacionales de uso público,
estarán sujetos a las disposiciones de este Código y leyes especiales.
480.-
Los caminos construidos a expensas de personas particulares en tierras
que les pertenecen, no son bienes nacionales, aunque los dueños permitan
su uso y goce a todos.
Es lo mismo de cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de
particulares y en sus tierras.
481.-
Son bienes fiscales todas las tierras que, estando situadas dentro de
los límites del Estado, carecen de otro dueño.
482.-
Los bienes vacantes y los de las personas que mueren sin dejar
herederos, pertenecen también al Fisco; y, en general, es propiedad
fiscal todo lo que por leyes especiales está declarado serlo o se declare
en adelante. (Artículos 706, 708, 717, 1034, 1035 y 1036).
483.-
La administración y enajenación de los bienes fiscales se rigen por
leyes especiales; pero están sujetos a prescripción, conforme a lo
dispuesto en el Título respectivo del Libro Tercero.
484.-
La propiedad y uso de las minas, se rigen también por leyes y
reglamentos especiales. (Artículo 748).
485.-
Los bienes que no fueren de propiedad nacional (artículo 477) deberán
considerarse como bienes particulares, sin hacerse distinción de las
personas que tengan la propiedad de ellos, aunque sean personas
jurídicas.
TITULO II
DEL DOMINIO
486.-
El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho de gozar y
disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra la Ley o contra
derecho ajeno.
487.-
El derecho de gozar y disponer de una cosa comprende:
1º El derecho a todos los frutos que provienen de la cosa y a todo lo
que se le una accesoriamente. (Artículos 731 y siguientes).
2º El de servirse de la cosa, no sólo para los usos a que está
generalmente destinada, sino para los otros que estén en la voluntad del
dueño.
3º El de cambiar la forma de la cosa, mejorándola o empeorándola.
4º El de destruir enteramente la cosa, si le conviene o le parece.
5º El de impedir a los demás que se sirvan de ella y reivindicarla de
cualquier poseedor.
6º El de enajenar la cosa en todo o en parte, concediendo a otros los
derechos que buenamente quiera.
488.-
El ejercicio de esos derechos queda subordinado a las prohibiciones de
las leyes o reglamentos y a la imperfección del dominio, resultante de
las convenciones o de la voluntad del testador. (Artículos 489 y
siguientes, 581, 601, 606, 612, 618, 620 y 715).
** Se modifica la cita al artículo 442 que correspondía a la
compilación de 1893, sustituyéndola por el artículo 489 que corresponde
al texto actual.
La cita al artículo 586 se suprime por estar derogado por el Código de
Aguas, Decreto-Ley Nº 14.859 de 15.12.78
489.-
El dominio o propiedad se considera como una calidad inherente a la
cosa, como un vínculo real que la liga al dueño y que no puede romperse
sin hecho suyo.
490.-
Aun cuando el derecho de poseer está naturalmente ligado a la
propiedad, puede, sin embargo, ésta subsistir sin la posesión y aun sin
el derecho de posesión.
491.-
Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de su
autor y se regirán por leyes especiales. (Articulo 2363, número 13).
También se regirá por leyes especiales la propiedad horizontal.
** Texto ampliado de acuerdo a las leyes Nº 10.751 de 25.6.46 y sus
modificativas.
492.-
Nadie puede ser privado de su propiedad, sea mueble o raíz, sino por
causa de pública utilidad, calificada por Ley, previa la correspondiente
indemnización, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan normas
especiales.
** Redacción adaptada al texto constitucional vigente, artículo 232.
TITULO III
DEL USUFRUCTO, USO Y HABITACION
CAPITULO I
DEL USUFRUCTO
493.-
El usufructo es un derecho real que consiste en gozar de la cosa
ajena, con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su
dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y
calidad del mismo género o de pagar su valor, si la cosa es fungible.
El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes, el del
nudo propietario y el del usufructuario.
Tiene, por consiguiente, una duración limitada, al cabo de la cual
pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad.
494.-
El titulo constitutivo del usufructo determina los derechos y
obligaciones del usufructuario. La ley no hace más que suplir el silencio
del título, a no ser que expresamente declare otra cosa.
SECCION I
DE LOS MODOS DE CONSTITUIRSE EL USUFRUCTO
495.-
El usufructo se puede constituir por la Ley, por acto entre vivos, por
última voluntad y por prescripción. (Artículos 266, 269, 497,1619 y
1664).
496.-
En el usufructo constituido por acto entre vivos, no se adquiere
derecho en la cosa sino por la subsiguiente tradición, según las reglas
que se dan en el Título III del Libro Tercero.
En el que se deja por acto de última voluntad, se adquiere el derecho
en la cosa luego que muere el testador.
497.-
El usufructo se adquiere por prescripción, de la misma manera que el
dominio y está sujeto a las mismas reglas.
498.-
Se prohibe constituir el usufructo a favor de dos o más personas, para
que lo gocen alternativa o sucesivamente.
499.-
Se puede constituir el usufructo a favor de dos o más personas que lo
gocen simultáneamente por igual o según las cuotas determinadas por el
constituyente.
500.-
El usufructo puede constituirse puramente, bajo condición, desde o
hasta cierto día (Artículos 1406, 1407 y 1433).
Cuando no se fija tiempo alguno para la duración del usufructo, se
entenderá constituido por toda la vida del usufructuario.
501.-
A favor de un pueblo, de una corporación o de un establecimiento
público no podrá constituirse el usufructo por más de treinta años.
Cesa el usufructo antes de los treinta años, si el pueblo queda yermo,
la corporación se disuelve o el establecimiento público es suprimido.
SECCION II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO
1º
DE LOS DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO
502.-
El usufructuario tiene derecho a percibir todos los frutos naturales,
industriales o civiles de los bienes usufructuados.
503.-
Son frutos naturales, las producciones espontáneas de la tierra, las
crías y demás productos de los animales.
Son frutos industriales, los que producen las heredades o fincas de
cualquier clase, a beneficio del cultivo y del trabajo.
Son frutos civiles, los alquileres y arrendamientos de las fincas y
heredades y los réditos del dinero.
504.-
Los frutos naturales o industriales, pendientes al tiempo de comenzar
el usufructo, pertenecen al usufructuario.
Los pendientes al tiempo de acabar el usufructo, pertenecen al
propietario.
Ni uno ni otro tienen que hacer abono alguno por razón de trabajo,
semillas u otros gastos semejantes.
Esta disposición no perjudica a los colonos que tengan derecho a
percibir alguna parte de frutos, al tiempo de comenzar o acabar el
usufructo. (Artículo 1817 inciso 2º).
505.-
Los frutos civiles pertenecen al usufructuario, a proporción del
tiempo que dure el usufructo.
506.-
El usufructo de renta vitalicia da también al usufructuario, mientras
dure el usufructo, el derecho de percibir las pensiones que se devenguen,
sin quedar obligado a restitución alguna. (Artículo 2191).
507.-
Si el usufructo se constituye sobre cosas fungibles, el usufructuario
se hace dueño de ellas y el propietario viene a ser simple acreedor a la
entrega de otras especies de igual cantidad y calidad o del valor que
éstas tengan al tiempo de terminarse el usufructo.
508.-
El usufructuario de cosas muebles, de las que se gastan y deterioran
lentamente con el uso, tiene derecho a servirse de ellas según su
naturaleza y destino; y al fin del usufructo, no es obligado a
restituirlas sino en el estado en que se hallen, respondiendo solamente
de aquellas pérdidas o deterioros que provengan de su dolo o culpa.
509.-
El goce del usufructuario de una heredad se extiende a sus bosques y
arboledas, pero con el cargo de conservarlos en un ser, reponiendo los
árboles que derribe y respondiendo de su menoscabo, en cuanto no dependa
de causas naturales o accidentes fortuitos.
510.-
El usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por aluvión a
la cosa usufructuada, de las servidumbres y, en general, de todos los
derechos de que gozaría el propietario. (Artículo 752).
Goza también de las canteras que se están explotando al empezar el
usufructo; pero no de las que nuevamente se descubrieren ni del tesoro
que se encontrare. (Artículo 721).
** En el inciso 2º. se suprime la mención a las "minas" las que se
rigen por leyes especiales.
511.-
El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada,
arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a título
gratuito; pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre, se
resuelven al fin del usufructo. (Artículo 1794).
512.-
No tiene derecho el usufructuario a que se le abonen las mejoras que
haya hecho en la cosa usufructuada; pero le será lícito alegarlas en
compensación de los deterioros que se le puedan imputar o llevarse los
materiales, si puede separarlos sin detrimento de la cosa que es objeto
del usufructo y el propietario no le abonase lo que después de separados
valdrían.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las
convenciones que hayan intervenido entre el usufructuario y el
propietario, relativamente a mejoras o de lo que sobre esta materia se
haya previsto en la constitución del usufructo.
513.-
Siendo dos o más los usufructuarios, habrá entre ellos derecho de
acrecer y durará la totalidad del usufructo hasta la expiración del
derecho del último de los usufructuarios. Lo cual se entiende, si el
constituyente no hubiese dispuesto que terminando un usufructo parcial,
se consolide con la propiedad.
2º
DE LAS OBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO
514.-
El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes; está
obligado:
1º. A formar, con citación del dueño, un inventario solemne de todos
ellos, haciendo tasar los muebles y constar el estado de los inmuebles.
2º. A dar fianza bastante de que cuidará de las cosas como un buen
padre de familia y las restituirá al propietario al terminarse el
usufructo, no empeoradas ni deterioradas por su negligencia. (Artículo
2111).
Respecto de las cosas fungibles, la fianza será únicamente de
restituir otro tanto de la misma especie y calidad.
515.-
Cesa la obligación de afianzar:
1º En el caso del usufructo legal. (Artículo 269).
2º En el del donante que se reserva el usufructo de la cosa donada.
3º Cuando el que constituye el usufructo o bien el propietario,
exonera expresamente de la fianza al usufructuario.
516.-
No dando el usufructuario la fianza a que está obligado, dentro del
plazo que el Juez le señale, a instancia del propietario, podrá este
pedir que los bienes raíces se arrienden y se pongan en administración,
que los muebles se vendan y que los capitales o sumas de dinero y el
precio de los bienes muebles, se pongan a interés con seguridad.
El precio de los arrendamientos, los intereses de los capitales y los
productos de los bienes dados en administración, pertenecen al
usufructuario, deducción hecha de los gastos.
517.-
Si el usufructuario, aunque no haya dado la fianza, reclamare, bajo
caución juratoria, la entrega de los muebles necesarios para su uso, el
Juez podrá acceder a esta petición, consultando las circunstancias.
518.-
El usufructuario podrá en todo tiempo reclamar la administración,
dando fianza a que es obligado.
519.-
Dada la fianza por el usufructuario, tendrá derecho a todos los frutos
de los bienes que se hayan devengado, desde el día en que, conforme al
título constitutivo del usufructo, debió comenzar.
520.-
No es permitido al usufructuario cambiar el destino de un edificio ni
dejar baldía una heredad que ha sido cultivada.
521.-
El usufructuario que enajenase o diese a otro en arrendamiento su
derecho de usufructo, es responsable del menoscabo que tengan los bienes,
por culpa o negligencia de la persona que le sustituye.
522.-
El usufructuario de ganados o rebaños es obligado a reponer los
animales que mueren o se pierden, pero sólo con las crías de los mismos
ganados o rebaños; salvo que la muerte o pérdida fuesen imputables a su
hecho o culpa, pues en este caso deberá indemnizar al propietario.
Si el ganado o rebaño perece del todo por efecto de una epidemia u
otro caso fortuito, el usufructuario no está obligado a reponer los
animales perdidos y cumplirá con entregar los despojos que hayan podido
salvarse.
Si el ganado o rebaño perece en parte, también por un accidente y sin
culpa del usufructuario, tendrá éste la opción a continuar en el
usufructo, reemplazando las reses que faltan o a cesar en él, entregando
las que no hayan perecido y los despojos que se hayan salvado de las
muertas.
523.-
El usufructuario no está obligado sino a los reparos menores y de
simple conservación de la cosa.
Los reparos mayores son de cuenta del propietario, que los hará si le
conviene; pero el usufructuario está en la obligación de darle aviso,
siempre que sea urgente la necesidad de hacer aquellos.
Se entiende por reparos mayores, los extraordinarios y que convienen a
la utilidad permanente de la finca, como las paredes principales, techos
o bóvedas tratándose de edificios.
524.-
Si el propietario se presta a los reparos mayores, no podrá impedirlos
el usufructuario, el cual deberá pagarle sobre los dineros invertidos en
ellos y mientras dure el usufructo, el interés medio que produzcan los
capitales empleados en fincas de igual naturaleza.
Rehusando el propietario hacer los reparos referidos, podrá el
usufructuario para salvar la cosa usufructuada y con ella su usufructo,
hacerlos a su costa y el propietario se los reembolsará sin interés,
fenecido el usufructo.
525.-
El pago de las cargas o contribuciones periódicas y el de las que en
el uso se consideran gravámenes de los frutos, son de cuenta del
usufructuario durante el tiempo de su goce.
526.-
Las contribuciones que durante el usufructo se impongan directamente
sobre el capital, son de cargo del propietario.
Si éste las pagase, deberá el usufructuario abonarle los intereses
correspondientes a las sumas que en dicho concepto hubiere pagado y si
las anticipase el usufructuario, tendrá derecho a recibir su importe sin
interés, al fin del usufructo.
527.-
El usufructuario universal de toda la herencia debe pagar por entero
el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos. (Artículo 506).
El usufructuario de una parte alícuota de la herencia, la pagará en
proporción a su cuota.
En ambos casos no queda obligado el propietario al reembolso.
El usufructuario de una o más cosas particulares sólo pagará el
legado, cuando la renta o pensión fuese constituida determinadamente
sobre ellas (Artículos 780, 857, 905 y 1149).
528.-
El usufructuario de una finca hipotecada no está obligado a pagar ni
aun los intereses de las deudas para cuya seguridad se constituyó la
hipoteca (Artículos 905, 909, 1175 y 1176).
Si la finca se embarga o vende judicialmente para su pago, el
propietario responde al usufructuario de lo que pierda por este motivo.
529.-
Si el usufructo es de una herencia o de una parte alícuota de ella, el
usufructuario podrá anticipar las sumas que para el pago de las deudas
hereditarias correspondan a los bienes usufructuados y tendrá derecho a
exigir del propietario su restitución sin interés al terminar el
usufructo.
Negándose el usufructuario a hacer esta anticipación, el propietario
podrá hacer que se venda la parte de bienes que baste para el pago de la
cantidad que le corresponda satisfacer, según la regla establecida en el
párrafo precedente.
Si el propietario hiciere la anticipación de su dinero, deberá el
usufructuario abonarle los intereses correspondientes, mientras dure el
usufructo. (Artículos 1170 y 527).
530.-
De cualquier modo que se perturben por un tercero los derechos del
propietario, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento de
aquel; y en otro caso, responde de todos los daños que al propietario le
resulten, como si hubiesen sido causados por su culpa. (Artículo 667).
531.-
El usufructuario es obligado a respetar los arriendos de la cosa
fructuaria, contratados por el propietario antes de constituirse el
usufructo por acto entre vivos o de fallecer la persona que lo ha
constituido por testamento. (Artículo 1792).
En tal caso, el usufructuario sucede en la percepción de la renta o
pensión desde que empieza el usufructo.
532.-
Las costas, costos y condenas de los pleitos sostenidos sobre el
usufructo, son de cuenta del usufructuario.
SECCION III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO
533.-
El propietario no puede turbar ni poner obstáculo alguno al goce del
usufructuario.
534.-
No puede cambiar ni alterar el estado de la cosa usufructuada ni aun
para mejorarla.
Sin embargo, puede aun contra la voluntad del usufructuario, ejecutar
todos los actos que tiendan a la conservación de aquella.
535.-
Puede enajenar la nuda propiedad de la cosa, sin que por eso se
alteren los derechos del usufructuario.
536.-
Cuando a la cosa usufructuada se debe alguna servidumbre, no puede
remitirla el propietario, a no ser con consentimiento expreso del
usufructuario.
SECCION IV
DE LOS MODOS DE EXTINGUIRSE EL USUFRUCTO
537.-
El usufructo acaba:
1º Por la muerte del usufructuario.
2º Por conclusión del tiempo por que fue otorgado o cumplimiento de la
condición resolutoria.
3º Por consolidación del usufructo con la propiedad.
4º Por el no uso, durante el tiempo y conforme a las reglas
establecidas en el Título de la prescripción.
5º Por la renuncia del usufructuario.
Los acreedores de este, podrán, sin embargo, hacer que se anule la
renuncia hecha con fraude y en perjuicio suyo. (Artículo 1296).
6º Por la destrucción real y completa de la cosa que era objeto del
usufructo.
Si la cosa, objeto del usufructo, no sufre más que una destrucción
parcial, el derecho continúa sobre lo que de ella haya quedado.
538.-
El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a
cierta edad, dura el número de años prefijado, aunque el tercero muera
antes.
539.-
Si la cosa usufructuada no es más que un edificio y este se destruye
por incendio, se arruina de viejo o perece por algún otro accidente,
cesará para siempre el usufructo y no tendrá derecho el usufructuario a
gozar del solar ni de los materiales. (Artículo 537 número 6).
Si el usufructo ha sido constituido sobre una heredad, de la cual el
edificio destruido forme parte, el usufructuario podrá gozar del solar y
de los materiales.
540.-
El usufructo no se extingue por el mal uso que el usufructuario haga
de las cosas usufructuadas; pero si el abuso es grave (artículo 1319) el
propietario puede pedir que se le ponga en posesión de los bienes,
obligándose bajo de fianza a pagar periódicamente al usufructuario el
producto liquido de los mismos, por el tiempo que dure el usufructo y
deducido el honorario de administración que el Juez le señale.
CAPITULO II
DEL USO Y DE LA HABITACION
541.-
El derecho de uso es un derecho real que consiste en servirse de la
cosa de otro o de exigir una porción de los frutos que ella produce.
El derecho de habitación es también un derecho real y consiste en
habitar gratuitamente la casa de otro.
542.-
Los derechos de uso y habitación, se constituyen y pierden de la misma
manera que el usufructo.
543.-
Ni el usuario ni el habitador estarán obligados a prestar fianza.
Sin embargo, el habitador es obligado a inventario; y la misma
obligación tiene el usuario, si el uso se constituye sobre cosas que
deben restituirse en especie.
544.-
Los derechos de uso y de habitación se determinan por el título
constitutivo, recibiendo más o menos extensión, según sus disposiciones.
Si el título no se explica en cuanto a la extensión de esos derechos,
se entienden de la manera siguiente.
545.-
El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales del
usuario o del habitador.
En las necesidades personales del usuario o del habitador se
comprenden las de su familia.
La familia comprende el cónyuge y los hijos legítimos y naturales
reconocidos o declarados tales, tanto los que existen al tiempo de
constituirse el derecho, como los que sobrevienen después.
Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia.
Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivían con el
habitador o usuario y a costa de estos; y las personas a quienes estos
deben alimentos.
** Se agrega la referencia a "declarados tales" adecuándolo a los
artículos 241 y 242
546.-
En las necesidades personales del usuario o del habitador no se
comprenden las de la industria o tráfico en que se ocupa.
Así, el usuario de animales no podrá emplearlos en el acarreo de los
objetos en que trafica ni el habitador servirse de la casa para tiendas o
almacenes.
Se exceptúa de esta regla el caso en que la cosa sobre que se concede
el derecho, por su naturaleza y uso ordinario y por su relación con la
profesión o industria del que ha de ejercerla, aparezca destinada a
servirle en ellas.
547.-
El usuario de una heredad tiene solamente derecho a los objetos
comunes de alimentación y combustible.
Está obligado a recibir estos del dueño o a tomarlos con su permiso.
548.-
El usuario y el habitador deben usar de los objetos comprendidos en
sus respectivos derechos, con la moderación y cuidado propios de un buen
padre de familia; y están obligados a contribuir a las expensas
ordinarias de conservación y cultivo, a prorrata del beneficio que
reporten.
549.-
Los derechos de uso y habitación son intransmisibles a los herederos y
no pueden cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse. (Artículo
2363 numeral 8º).
Ni el usuario ni el habitador, pueden arrendar, prestar o enajenar
objeto alguno de aquellos a que se extiende el ejercicio de su derecho.
Pero bien pueden dar los frutos que les está permitido consumir en sus
necesidades personales.
TITULO IV
DE LAS SERVIDUMBRES
CAPITULO I
LAS SERVIDUMBRES EN GENERAL
550.-
Servidumbre predial, o simplemente servidumbre, es un gravamen
impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño.
Se llama predio sirviente el que sufre el gravamen y predio dominante el
que reporta la utilidad.
Con respecto al predio dominante la servidumbre se llama activa y con
respecto al predio sirviente, pasiva.
551.-
Las servidumbres son continuas o discontinuas.
Las primeras son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin
necesidad de un hecho actual del hombre, como las servidumbres de luces y
otras de la misma especie.
Las segundas son aquellas que se ejercen a intervalos más o menos
largos de tiempo y suponen un hecho actual del hombre, como la
servidumbre de tránsito y otras de esta clase.
552.-
Son aparentes, las que se anuncian por obras o signos exteriores
dispuestos a su uso y aprovechamiento, como una puerta, una ventana, un
cauce, u otras semejantes.
Son servidumbres no aparentes, las que no presentan signos exteriores
de su existencia, como el gravamen de no edificar en cierto lugar, el de
no levantar un edificio sino a una altura determinada y otros parecidos.
553.-
Las servidumbres son inseparables del predio a que activa o
pasivamente pertenecen.
554.-
Las servidumbres son indivisibles: dividido el predio sirviente, no
varía la servidumbre que estaba constituida en él, y deben sufrirla aquel
o aquellos a quienes toque la parte en que se ejercía.
Dividido el predio dominante, cada uno de los nuevos dueños gozará de
la servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente.
Así los nuevos dueños del predio que goza de una servidumbre de
tránsito, no pueden exigir que se altere la dirección, forma, calidad o
anchura de la senda o camino destinado a ella.
555.-
Las servidumbres provienen de la ley o de la voluntad de los
propietarios.
556.-
Las servidumbres legales tienen por objeto la utilidad general o de un
pueblo o de los particulares.
557.-
Las servidumbres legales que tienen por objeto el interés de los
particulares, pueden ser derogadas o modificadas por la voluntad de
éstos.
CAPITULO II
DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES
SECCION I
DE LAS SERVIDUMBRES DE AGUAS
**LOS ARTICULOS 558 a 580 INCLUSIVE (que corresponden a esta Sección I
del Cap. II del Título IV del Libro 2º) HAN SIDO DEROGADOS POR EL DECRETO
LEY 14.859 (CODIGO DE AGUAS) de 15.12.78
SECCION II
DE LA SERVIDUMBRE DE PASO
581.-
El propietario de un predio enclavado y que no tiene salida a la calle
o camino público, puede reclamar paso por los predios vecinos para la
explotación del suyo, pagando el valor del terreno necesario y
resarciendo todo otro perjuicio.
582.-
La servidumbre de paso debe darse por el punto menos perjudicial al
predio sirviente y en cuanto sea conciliable con esta regla, por donde
sea menor la distancia del predio dominante a la calle o camino público.
583.-
La anchura de la servidumbre de paso será la que baste a las
necesidades del predio dominante.
584.-
Si las partes no se convienen, se reglará por peritos, tanto el
importe de la indemnización, como el ejercicio de la servidumbre.
585.-
La acción para reclamar la indemnización el dueño del predio
sirviente, es prescriptible; pero aunque prescribiere, subsistirá la
servidumbre obtenida.
586.-
Si obtenida la servidumbre de paso, en conformidad a los artículos
precedentes, deja de ser indispensable para el predio dominante por la
adquisición de otros terrenos que le dan un acceso cómodo al camino o por
otro medio, el dueño del predio sirviente tendrá derecho para pedir que
se le exonere de la servidumbre, restituyendo lo que, al establecerse
ésta, se hubiere pagado por el valor del terreno.
587.-
Si se vende o permuta alguna parte de un predio o si se adjudica a
cualquiera de los que lo poseían pro indiviso y en consecuencia esta
parte viene a quedar separada del camino, se entenderá concedida a favor
de ella una servidumbre de paso sin indemnización alguna. (Artículo 931).
588.-
Si el camino público se pusiere accidentalmente intransitable, sea
cual fuere la causa, los propietarios contiguos deberán dar paso por su
fundo, durante el tiempo indispensable para la compostura del camino;
salvo el derecho a ser indemnizados convencionalmente o a juicio de
peritos por la respectiva Intendencia Municipal.
SECCION III
SERVIDUMBRES DE DEMARCACION,
CERRAMIENTO Y MEDIANERIA
589.-
La ley sujeta a los propietarios colindantes a diferentes obligaciones
recíprocas, independientes de toda convención.
590.- Todo propietario tiene derecho a que se fijen los límites que
separan su predio de los colindantes y podrá exigir de los respectivos
dueños que concurran a ello, haciéndose la demarcación o amojonamiento a
expensas comunes.
591.-
También tendrá derecho si se ha quitado alguno de los mojones que
deslindan su heredad, para pedir que el que lo ha removido lo reponga a
su costa y le indemnice de los daños que la remoción le haya causado.
Se entiende por mojón, en general, cualquiera separación natural o
artificial que señale el linde o línea divisoria de dos heredades
contiguas.
592.-
La mensura de un campo, sea o no protestada, no prueba por sí sola
posesión ni cambia el rol que las partes deban tener respectivamente en
el juicio de propiedad. (Artículo 666).
593.-
Todo propietario puede cerrar o cercar por todas partes su terreno,
sin perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de otros predios o
por leyes especiales.
594.-
En los pueblos, villas, ciudades o sus arrabales, cualquier
propietario puede obligar a su colindante a que contribuya a la
construcción o refacción de la divisoria entre sus edificios, patios,
corrales o jardines.
La altura de la divisoria se determinará por los reglamentos que
puedan existir y por la costumbre constante y reconocida.
A falta de reglamentos o de costumbre, la divisoria que se construya o
refaccione, tendrá tres metros de altura por lo menos.
595.-
La disposición del artículo precedente no es aplicable a los terrenos
cultivados o incultos que pueda haber en los arrabales, al lado de casas
o jardines.
596.-
Se entiende por arrabales, la continuidad de casas fuera del radio de
una ciudad.
Se acaban los arrabales, cuando cesa la continuidad.
597.-
El vecino que no quiera contribuir a los gastos de cerramiento o
divisoria, puede librarse de ellos cediendo la mitad del espacio en que
ha de levantarse el cerco o pared y renunciando la medianería.
598.-
Toda pared divisoria en la población o el campo se presume medianera,
si no consta ni hay señal de lo contrario.
Hay señal de no ser medianera, cuando no hay edificios sino de un lado
de la pared, sin que existan vestigios de que los haya habido del otro.
En tal caso, se presume pertenecer la pared al dueño del edificio.
599.-
La compostura y reedificación de la pared medianera son de cargo de
los que a ella tienen derecho proporcionalmente al que a cada uno
corresponda.
Sin embargo, todo condómino de pared medianera puede eximirse de
contribuir a la compostura y reedificación, cediendo la medianería,
siempre que la pared medianera no sostenga edificio que le pertenezca.
600.-
Para obligar al vecino a la compostura o reedificación, no es
necesario que la pared medianera amenace ruina; basta que su estado sea
tal que la refacción sea necesaria.
No estando de acuerdo los vecinos en cuanto a la necesidad de la
refacción o reedificación, se nombrarán peritos.
601.-
El condómino de pared medianera puede edificar contra ella y meter
vigas o tirantes en todo el ancho de la pared, menos un decímetro; salvo
el derecho que el vecino tiene de reducir esos maderos, sin dislocarlos,
a la mitad de la pared, en caso que quiera colocar otros maderos en el
mismo paraje o hacer una chimenea.
602.-
El condómino puede alzar la pared medianera, en cuanto lo permitan los
reglamentos generales o locales, sujetándose a las reglas siguientes:
1º La nueva obra será enteramente a su costa.
2º Pagará al vecino a título de indemnización por el aumento de peso
que va a cargar sobre la pared medianera, la sexta parte de lo que valga
la nuevamente levantada.
3º Pagará la misma indemnización todas las veces que se trate de
reconstruir la pared medianera.
4º Será obligado a elevar a su costa las chimeneas del vecino,
situadas en la pared medianera.
5º Si la pared medianera no es bastante sólida para soportar el
aumento de peso, la reconstruirá a su costa, indemnizando al vecino por
la remoción y reposición de todo lo que por el lado de éste cargaba sobre
la pared o estaba adherido a ella.
6º. Si reconstruyendo la pared medianera, fuese necesario aumentar su
espesor, se tomará este aumento sobre el terreno del que construya la
obra nueva.
7º El vecino podrá en todo tiempo adquirir la medianería de la parte
nuevamente levantada, pagando la mitad del costo total de ésta y el valor
de la mitad del terreno sobre que háyase extendido la pared medianera,
según el inciso anterior.
603.-
Todo propietario colindante tiene el derecho de hacer medianera la
pared en todo o en parte, aun sin consentimiento del dueño, abonándole la
mitad de su valor actual o la mitad del valor actual de la parte que
quiera hacer medianera y la mitad del valor del terreno en que está
edificada la pared.
604.-
El derecho de adquirir la medianería no existe cuando el dueño de la
pared ha adquirido servidumbre de no impedir la luz o la vista.
En tal caso, sólo podrá usarse del derecho concedido por el artículo
anterior, hasta la altura de las ventanas o balcones de la servidumbre.
605.-
El dueño de la pared no puede obligar a la colindante a que le compre
la medianería o le abone la mitad de la pared; lo que se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 594.
606.-
El condueño no puede hacer en la pared medianera obra alguna que
disminuya su espesor ni cargar sin anuencia del otro.
En caso de negativa, se hará determinar por peritos el medio necesario
para que la obra nueva no perjudique los derechos del colindante.
607.-
Cuando no hay constancia ni señal en contrario, se presumen medianeras
las zanjas que existen entre dos heredades.
608.-
Hay señal en contrario, cuando la tierra que se ha sacado de la zanja,
se encuentra solo de un lado.
Se considera en tal caso, que la zanja pertenece exclusivamente a
aquel de cuyo lado está la tierra.
Exceptúase de la disposición precedente, el caso en que el terreno de
cuyo lado se encontrase la tierra, se hubiera poblado mucho después del
inmediato.
609.-
La zanja medianera debe ser refaccionada a costa de ambos colindantes.
610.-
Todo cerco divisorio se reputa medianero, a menos que sólo una de las
heredades haya estado cercada o exista título o posesión por el tiempo
necesario para prescribir el dominio.
611.-
Los árboles del cerco medianero son comunes como el cerco.
Cualquiera de los dos condueños puede pedir que se derriben dichos
árboles, probando que de algún modo le dañan; y si por algún accidente se
destruyen, no se repondrán sin su consentimiento.
SECCION IV
DE LA DISTANCIA Y OBRAS INTERMEDIAS QUE SE REQUIEREN PARA CIERTAS
CONSTRUCCIONES Y PLANTACIONES
612.-
Nadie puede construir cerca de una pared, sea o no medianera, pozo,
letrina, caballeriza, horno, fogón, artefactos que se muevan por el vapor
u otra fábrica de que pueda resultar daño a los edificios o heredades
vecinas, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos
generales o locales o sin construir las obras de resguardo necesarias y
con sujeción, en el modo, a todas la condiciones que los mismos
reglamentos previenen. Esta prohibición se extiende a los depósitos de
pólvora, de materias húmedas o infectas y de todo lo que pueda dañar a la
solidez, seguridad y salubridad de los edificios.
A falta de reglamentos generales o locales, se recurrirá a juicio
pericial.
613.-
Cerca de las paredes de una casa ajena, no es permitido plantar
árboles a menor distancia que la de quince decímetros ni hortalizas o
flores a menos distancia que la de cinco decímetros.
Si los árboles fueren de los que extienden muy lejos sus raíces, el
mínimum de la distancia será de cuatro metros.
Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen las
plantaciones hechas en contravención de lo dispuesto por este artículo.
614.-
Aunque un árbol esté plantado a la debida distancia, si extiende sus
ramas sobre suelo ajeno o penetra en él con sus raíces, podrá el
propietario del suelo invadido exigir que se corte el excedente de
aquéllas y éstas o cortarlo él mismo.
615.-
Todo lo concerniente a mantener expedita la navegación de los ríos, la
conservación y reparación de los caminos y otras obras públicas, se
determina por leyes o reglamentos especiales.
SECCION V
DE LAS LUCES Y VISTAS EN LA PARED DEL VECINO
616.-
No se puede abrir ventana o claraboya de ninguna clase en una pared
medianera, sin consentimiento del condueño.
617.-
El dueño de pared divisoria, no medianera, puede abrir ventanas o
claraboyas, con tal que estén guarnecidas por rejas de hierro y de una
red de alambre y que disten del piso de la vivienda a que se quiera dar
luz, tres metros a lo menos.
El vecino no puede impedir que esas ventanas o claraboyas se abran en
pared que no le pertenece; pero lo podrá hacer, si compra la medianería
o, no habiendo prescripción, levanta pared en su terreno que cubra dichas
ventanas o claraboyas.
618.-
No pueden abrirse ventanas ni balcones que den vista a las
habitaciones, patios o corrales del predio vecino, cerrado o no, a menos
que intervenga una distancia de tres metros.
La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más
sobresaliente de la ventana o balcón y el plano vertical de la línea
divisoria de los dos predios en el punto en que dichas líneas se
estrechen más, si no son paralelas.
SECCION VI
DEL DESAGÜE DE LOS EDIFICIOS
619.-
No hay servidumbre legal de aguas pluviales.
Todo propietario debe disponer los techos de su edificio, de manera
que las aguas pluviales caigan en su terreno con salida o sin ella a la
calle; no puede hacerlas caer en el predio del vecino, sin consentimiento
de éste.
SECCION VII
DE LA OBLIGACION DE PREVENIR UN DAÑO QUE AMENAZA
620.-
Si un edificio o pared amenazare ruina, podrá el propietario ser
obligado a su demolición o a ejecutar las obras necesarias para evitar
que se arruine.
Si no cumpliera el propietario, la autoridad podrá hacerlo demoler a
costa de aquél.
Lo mismo se observará, cuando algún árbol corpulento amenazare caerse.
CAPITULO III
DE LAS SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS
SECCION I
DE LOS QUE PUEDEN CONSTITUIR SERVIDUMBRES
621.-
Cada cual podrá constituir en su predio las servidumbres que quiera y
adquirirlas sobre los predios vecinos, con la voluntad de sus
propietarios, con tal que no se dañe con ellas al orden público ni se
contravenga a las leyes.
622.-
Se requiere, en el que ha de constituir servidumbre, que tenga la
libre administración de sus bienes.
Sin embargo, para otorgarla en testamento, basta que el propietario
tenga la edad en que se adquiere la facultad de testar. (Artículo 831).
623.-
El que solo tiene la nuda propiedad de un fundo o sin el usufructo, no
puede constituir servidumbre sin consentimiento del usufructuario.
(Artículo 533).
624.-
Los que sólo tienen dominio resoluble, como el que ha comprado con
pacto de retroventa, aquel a quien se ha legado un fundo bajo condición
no realizada y otros semejantes, pueden otorgar servidumbre; pero queda
sin efecto, desde que se resuelve el derecho del constituyente.
625.-
El comprador de un fundo, aunque no se haya verificado la tradición,
puede al tiempo del contrato otorgar servidumbre en favor del fundo del
vendedor o de un tercero.
626.-
El dueño de un fundo hipotecado puede constituir servidumbre; pero si
por tal motivo bajase el valor de aquél, de modo que perjudique al
acreedor, tendrá derecho éste para hacer que se venda el fundo libre de
la servidumbre.
627.-
El dueño del predio sirviente puede imponerle servidumbre del mismo
género o de diverso, con tal que no perjudique los derechos adquiridos
por el dueño del predio dominante.
628.-
El comunero proindiviso no puede establecer válidamente servidumbre
sin el consentimiento expreso de sus condóminos.
629.-
No concediéndose la servidumbre a la persona sino al fundo, pueden
adquirirla los poseedores de éste, sean de buena o mala fe.
Pueden igualmente adquirirla los que no gozan de la libre
administración de sus bienes y los administradores de bienes ajenos en
provecho de éstos.
630.-
Puede adquirirse la servidumbre en favor de un fundo que se tiene la
esperanza de poseer; pero es una adquisición condicional que desaparece,
si la esperanza no se realiza.
SECCION II
COMO SE CONSTITUYEN LAS SERVIDUMBRES
631.-
Los predios todos se presumen libres, hasta que se pruebe la
existencia de la servidumbre.
632.-
Las servidumbres continuas y aparentes a la vez pueden constituirse en
virtud de título, es decir, de convención o última voluntad o en virtud
de la prescripción adquisitiva, con arreglo a lo determinado en el Título
respectivo del Libro Tercero de este Código.
633.-
Las servidumbres discontinuas de todas clases y las
continuas no aparentes, sólo pueden constituirse en virtud de título.
La posesión, aun la inmemorial, no basta para establecerlas.
634.-
El título constitutivo de las servidumbres que no pueden adquirirse
por sólo la posesión, según el artículo precedente, puede suplirse por el
reconocimiento expreso del dueño actual del predio sirviente.
635.-
La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos predios,
establecido por el propietario de ambos, se considera también como título
para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que al
tiempo de separarse la propiedad de los dos predios, se exprese lo
contrario en el título de la enajenación de cualquiera de ellos.
636.-
En las servidumbres constituidas por convención, no se adquiere el
derecho en la cosa, sino por la subsiguiente tradición o sea el uso del
derecho otorgado.
En las otorgadas por última voluntad, se adquiere sin tradición, al
instante de la muerte del testador.
637.-
Al constituirse una servidumbre, se entienden concedidos todos los
derechos necesarios para su uso.
Así, el que concede al vecino el derecho de sacar agua de una fuente
situada en su heredad, le concede el derecho de tránsito para venir a
ella, aunque no se haya establecido en el título.
SECCION III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DUEÑOS DE PREDIOS DOMINANTES Y SIRVIENTES
638.-
La extensión de las servidumbres voluntarias se determina por el
título o la prescripción de que habla el artículo 632 y en defecto de
aquél o de ésta, por las disposiciones siguientes.
639.-
El que goza de una servidumbre puede hacer las obras indispensables
para ejercerla; pero a su costa, si no se ha establecido lo contrario; y
aun cuando el dueño del predio sirviente se haya obligado a hacerlas o
repararlas, se podrá exonerar de la obligación, abandonando la parte del
predio en que deben hacerse o conservarse las obras.
640.-
El dueño del predio dominante debe usar de la servidumbme con
moderación, conformándose a la naturaleza de su título y sólo para las
necesidades de su predio. No puede hacer ni en el predio sirviente ni en
el dominante, alteraciones que agraven la condición del primero.
641.-
El dueño del predio sirviente tampoco puede alterar, disminuir ni
hacer menos cómoda para el predio dominante la servidumbre con que está
gravado el suyo.
Sin embargo, si por el transcurso del tiempo llegare a serle más
oneroso el modo primitivo de la servidumbre, podrá proponer que se varíe
a su costa; y si las variaciones no perjudican al predio dominante,
deberán ser aceptadas.
642.-
Si al establecerse una servidumbre de tránsito, no se hubiese pactado
el ancho que deba tener la senda, carrera o camino, se entenderá que la
primera debe tener un metro, cuatro metros la segunda y ocho el tercero.
En la parte en que la senda, carrera o camino haga recodo, los
espacios serán dobles respectivamente.
SECCION IV
COMO SE EXTINGUEN LAS SERVIDUMBRES
643.-
Las servidumbres se extinguen:
1º Por la consolidación o confusión, reuniéndose en una misma persona
la propiedad de los predios sirviente y dominante.
Así, cuando el dueño de uno de los predios compra el otro, perece la
servidumbre; y si por una nueva venta se separan, no revive, salvo lo
dispuesto en el artículo 635.
2º Por la remisión o renuncia del dueño del predio dominante.
3º Por la resolución del derecho del que ha constituido la
servidumbre.
4º Por la llegada del día o de la condición, si se ha constituido de
uno de estos modos.
5º Por el no uso durante diez años.
En las servidumbres discontinuas corre el tiempo desde que han dejado
de usarse; en las continuas, desde que se haya ejecutado un acto
contrario a la servidumbre.
6º Por venir los predios a tal estado, que no pueda usarse de la
servidumbre; pero ésta revivirá, si en lo sucesivo el estado de los
predios permitiera usar de ella, a no ser que, después de establecida la
posibilidad del uso, hayan transcurrido los diez años prescritos por el
inciso anterior.
644.-
El modo de ejercer la servidumbre puede prescribirse como la
servidumbre misma y de la misma manera.
645.-
Si el predio dominante pertenece a varios pro indiviso, el uso que
haga uno de ellos de la servidumbre, impide la prescripción con respecto
a los demás.
Si entre los condóminos, hay alguno contra quien, por leyes
especiales, no haya podido correrla prescripción, por ejemplo, un menor,
éste conservará el derecho de todos los demás.
TITULO V
DE LA POSESION
CAPITULO I
DE LA NATURALEZA DE LA POSESION Y DE SUS EFECTOS Y VICIOS
646.-
La posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por
nosotros mismos con ánimo de dueños o por otro en nombre nuestro.
647.-
La toma de posesión se verifica por la aprehensión efectiva; esto es,
haciendo sobre la cosa un acto material de los que sólo corresponden al
dueño.
En la posesión transmitida, el principio enunciado admite excepciones
según las diversas especies de tradición de que se habla en el título
respectivo del Libro siguiente. (Artículo 1039).
648.-
La posesión puede tomarse, no sólo por el que trata de adquirirla para
sí, sino por su mandatario o por sus representantes legales. (Artículo
1199).
649.-
La posesión da diferentes derechos al que la tiene:
1º Se le presume dueño, mientras no se pruebe lo contrario.
2º Puede instaurar las acciones posesorias, con sujeción a lo que se
dispone en el capítulo siguiente.
3º El que ha poseído tranquila y públicamente por un año completo, sin
interrupción, adquiere el derecho de posesión y se excusa de responder
sobre ésta. (Artículo 1196).
4º Hace suyos los frutos percibidos hasta el día de la contestación de
la demanda, cuando posee de buena fe.
5º. Puede prescribir el dominio y demás derechos reales, concurriendo
las circunstancias requeridas por la Ley.
6º Perdida la posesión, puede usar de la acción reivindicatoria,
aunque no sea dueño, contra el que posea la cosa con título inferior al
suyo.
650.-
Son posesiones viciosas relativamente al despojado: 1º la violenta; 2º
la clandestina.
651.-
Posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza. Esta puede ser
actual o inminente.
652.-
El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el
dueño lo repele, es también poseedor violento.
Existe el vicio de la violencia, sea que se haya empleado contra el
verdadero dueño de la cosa o contra el que la poseía sin serlo o contra
el que la tenía en lugar o a nombre de otro.
Lo mismo es que la violencia se ejecute por una persona o por sus
agentes y que se ejecute con su consentimiento o que después de ejecutada
se ratifique expresa o tácitamente. (Articulo 1198).
653.-
Se llama mera tenencia la del arrendatario, secuestre, comodatario,
acreedor prendario y demás que tienen una cosa en lugar y a nombre de
otro. La posesión es de la persona de quien la cosa tienen. (Artículo
1199).
654.-
El que ha empezado a tener la cosa como poseedor, se presume que
continúa en el mismo concepto, mientras no se pruebe lo contrario.
El que ha empezado por la mera tenencia de la cosa, se presume
continuar como mero tenedor hasta la prueba contraria.
Si alguien prueba haber poseído anteriormente y poseer actualmente, se
presume la posesión en el tiempo intermedio, sin perjuicio de la prueba
contraria. (Artículos 649, inciso 3º., 663, 1195 y 1196).
655.-
Se pierde la posesión de dos modos: por usurpación de un tercero o por
el abandono voluntario y formal del poseedor.
656.-
La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida, mientras se
halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su
paradero.
657.-
El que recupera legalmente la posesión perdida, se entenderá haberla
tenido durante todo el tiempo intermedio.
CAPITULO II
DE LAS ACCIONES POSESORIAS
658.-
Las acciones posesorias se dirigen a conservar o recuperar la posesión
de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos.
659.-
Sobre los objetos que no pueden adquirirse por prescripción, como las
servidumbres inaparentes o discontinuas, no puede haber acción posesoria.
660.-
El heredero tiene y está sujeto a las mismas acciones posesorias que
tendría y a que estaría sujeto su autor, si viviese. (Artículos 776 y
1039).
661.-
El que ha sido turbado en su posesión o privado injustamente de ella,
tiene derecho para pedir que se le ampare o restituya con indemnización
de costas, costos, daños y perjuicios.
662.-
La acción que tiene por objeto conservar la posesión, prescribe al
cabo de un año completo, contado desde el acto de la perturbación.
La que tiene por objeto recuperar la posesión expira por igual
término, contado desde que el poseedor anterior la ha perdido.
Si la nueva posesión ha sido violenta o clandestina, se contará el año
desde que haya cesado la violencia o clandestinidad.
663.-
Cuando la acción para conservar la posesión se dirigiese contra el
anterior poseedor, deberá probar el que la instaura, que ha poseído
tranquila y públicamente a lo menos por un año completo.
Esta misma prueba deberá hacer el que instaure la acción para
recuperar la posesión contra el despojarte o sucesor de éste que tuviese
la calidad de anterior despojado respecto del actor.
Fuera de los casos expresados en este artículo, el que instaure la
acción posesoria sólo tendrá que probar que era poseedor en el momento de
la perturbación o del despojo.
664.-
El reo será siempre citado y si compareciere, se le oirá, pero el
juicio no perderá en manera alguna su calidad de extraordinario.
**Redacción adaptada al texto del artículo 349 Nº 1 del Código Gral.
del Proceso
665.-
En los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por
una y otra parte se alegue.
666.-
Se debe probar la posesión del suelo por hechos positivos, de aquellos
a que sólo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la
construcción de edificios, la de cerrramientos, las plantaciones o
sementeras y otros de igual significación, ejecutados sin el
consentimiento del que disputa la posesión.
667.-
El usufructuario, el usuario y el que tiene el derecho de habitación
pueden ejercer por sí las acciones y excepciones posesorias, dirigidas a
conservar o recuperar el goce de sus respectivos derechos, aun contra el
propietario mismo.
Este es obligado a auxiliarlos contra todo turbador o usurpador
extraño, siendo requerido al efecto. (Artículo 530).
Las sentencias obtenidas contra el usufructuario, el usuario o el que
tiene el derecho de habitación, obligan al propietario; menos si se
tratare de la posesión del dominio de la finca o de derechos anexos a él:
en este caso no valdrá la sentencia contra el propietario que no haya
intervenido en el juicio. (Articulo 653).
668.-
La acción para la restitución puede dirigirse no sólo contra el
usurpador, sino contra toda persona cuya posesión se derive de la del
usurpador por cualquier título.
Pero no serán obligados a la indemnización del artículo 661 sino el
usurpador mismo o el tercero de mala fe; y habiendo varias personas
obligadas, todas lo serán in solidum. (Artículo 1331).
669.-
Todo el que violentamente ha sido despojado, sea de la posesión, sea
de la mera tenencia y que por poseer a nombre de otro o por no haber
poseído el año completo o por otra causa cualquiera, no pudiere instaurar
acción posesoria, tendrá, sin embargo, derecho para que se restablezcan
las cosas en el estado en que antes se hallaban, sin que para esto
necesite probar más que el despojo violento ni se le pueda objetar
clandestinidad o despojo anterior.
Este derecho prescribe en seis meses.
Restablecidas las cosas y asegurada la indemnización del articulo 661
o desechada la acción, podrá intentarse por una u otra parte la acción
posesoria que corresponda.
670.-
Es aplicable al caso de despojo violento lo dispuesto en los artículo
664 y 665.
671.-
Los actos de usurpación quedan además sujetos a las disposiciones de
la ley penal.
672.-
También tiene derecho el poseedor para pedir que se
prohiba toda obra nueva que se trate de ejecutar en el suelo de que está
en posesión. La acción concedida para esto se llama denuncia de obra
nueva.
Sin embargo, no podrá denunciar con este fin las obras necesarias para
precaver la ruina de un edificio, acueducto, canal, puente, acequia,
etc., siempre que se reduzcan a lo estrictamente indispensable y que,
terminadas, se restituyan las cosas al estado anterior, a costa del dueño
de las obras.
Tampoco tendrá derecho para embarazar los trabajos conducentes a
mantener la debida limpieza en los caminos, acequias, cañerías, etc.
673.-
Son obras nuevas denunciables las que, construidas en el predio
sirviente, embarazan el goce de una servidumbre constituida en él.
Son igualmente denunciables las construcciones que se trata de sustentar
en edificio ajeno que no esté sujeto a tal servidumbre.
Se declara especialmente denunciable toda obra voladiza que atraviesa
el plano vertical de la línea divisoria de dos predios, aunque no se
apoye en el predio ajeno ni de vista ni vierta aguas lluvias sobre él.
674.-
Las Intendencias Municipales y Juntas Locales y Autónomas de los
respectivos departamentos y sus localidades tendrán en favor de los
caminos, plazas u otros lugares de uso público, la acción de denuncia
concedida a los dueños de heredades o edificios privados; sin perjuicio
de otras facultades que les atribuyan leyes especiales.
675.-
Si la acción contra una obra nueva no se dedujere dentro del año, el
denunciado será amparado en el juicio posesorio y el denunciante sólo
podrá perseguir su derecho en la vía ordinaria.
TITULO VI
DE LA REIVINDICACION
CAPITULO I
DE LA NATURALEZA Y CONDICIONES DE LA REIVINDICACION Y DE LOS EFECTOS QUE
PRODUCE
676.-
El propietario tiene derecho para perseguir en juicio la propiedad de
su cosa, contra cualquiera que la posea y pretenda retenerla. La acción
que le compete en este caso se llama reivindicación o acción de dominio
(Artículo 1318).
677.-
Pueden reivindicarse las cosas raíces y muebles (Artículo
1213).
Pueden reivindicarse como el dominio, los otros derechos reales;
excepto el derecho hereditario que produce la acción llamada petición de
herencia.
Se puede reivindicar una cuota determinada pro indiviso de una cosa
singular.
678.-
Las cosas que tienen un nombre colectivo, como un ganado o una
biblioteca, pueden reivindicarse conjuntamente; pero tanto la demanda
como la sentencia, se entenderán limitadas a las cosas individuales que
pertenecen al reivindicante, de las que forman el cuerpo colectivo.
679.-
El reivindicante es obligado a presentar la prueba de su propiedad.
680.-
La acción reivindicatoria se dirige contra el actual poseedor.
681.-
El mero tenedor de la cosa que se reivindica, sólo es obligado a
declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene.
682.-
La acción reivindicatoria no se dirige contra un heredero, sino por la
parte que posea en la cosa; pero las prestaciones a que estaba obligado
el poseedor por razón de los frutos o de los deterioros que le eran
imputables, pasan a los herederos de éste a prorrata de las cuotas
hereditarias (Artículo 1168).
683.-
El que dolosamente, se da por poseedor de la cosa que se reivindica
sin serlo, deberá ser condenado a la indemnización de los daños y
perjuicios que de este engaño hayan resultado al actor.
684.-
El poseedor de cosa mueble que dolosamente dejase de poseerla, como si
la destruyese o la enajenase a persona desconocida para sustraerse a la
reivindicación será condenado a pagar el valor que el dueño jurase tenía
la cosa, previa la regulación del Juez, si pareciese excesivo.
685.-
Prohíbese al actor ceder sus derechos o acciones respecto de la cosa
reivindicada después de notificada la demanda a su contraparte. Tal
cesión será nula, no producirá alteración alguna en el orden del juicio
ni en sus resultados y responsabilizará al contraventor por los daños y
perjuicios.
La misma disposición se aplicará a la enajenación o hipoteca de la
cosa reivindicada, siempre que de la demanda se haya tomado razón en el
Registro correspondiente.
**Redacción adaptada a la regulación actual de medidas cautelares
(art. 311 y sgtes. Código Gral. Proceso).
686.-
Si reivindicándose una cosa mueble, temiere el actor que se pierda o
deteriore en manos del demandado, podrá pedir el secuestro de ella de
acuerdo a lo dispuesto en la ley procesal.
** Ver nota al artículo anterior.
687.-
Demandándose el dominio u otro derecho real constituido sobre un
inmueble, el demandado seguirá gozando de él, hasta la sentencia
definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada.
Pero el actor tendrá derecho de provocar las providencias necesarias
para evitar todo deterioro del fundo y de las cosas muebles anexas a él y
comprendidas en la reivindicación, si hubiere justo motivo de temerlo o
las facultades del demandado no ofreciesen suficiente garantía.
CAPITULO II
DE LA RESTITUCION DE LA COSA REIVINDICADA
688.-
El Juez en el caso de juzgar contra el demandante, debe de absolver al
poseedor; y si juzga contra éste, debe mandar que restituya la cosa que
es objeto de reivindicación con sus frutos y accesiones.
Puede el Juez no hacer condena especial en costas o imponerla
al vencido y aun condenarlo en costas y costos, según estime que aquel
litigó con alguna razón o por culpable ligereza o por malicia que merezca
la nota de temeridad, sin perjuicio de lo que dispone la ley procesal.
Se consideran costas todos los tributos, incluido el del pago de la
vicésima, así como los honorarios de los peritos, depositarios, tasadores
y demás auxiliares del tribunal. Se consideran costos, los honorarios de
los abogados y de los procuradores.
** Redacción adaptada al régimen de las condenas procesales previsto
en el Código Gral. del Proceso.
689.-
El poseedor vencido restituirá la cosa en el plazo que el Juez le
señalare.
690.-
Si la cosa fue secuestrada, el actor que se recibe de ella
pagará al secuestre los gastos de custodia y conservación, quedándole a
salvo el derecho para que el poseedor de mala fe se los reembolse.
(Artículos 2272 y 2288).
691.-
Si la cosa reivindicada es mueble y está en manos del demandado contra
quien se ha dado la sentencia, deberá restituirla en el lugar en que ella
se encuentra y el actor deberá enviar a busca a su costa.
Con todo, si durante el juicio el demandado hubiese trasladado la cosa
a lugar más distante del en que estaba, será obligado a reponerla a su
costa en este último lugar.
692.-
El poseedor condenado a restituir un inmueble, cumple con dejarlo
desembarazado; y si es un edificio, con entregar las llaves al que lo ha
obtenido en el juicio.
693.-
Se llama poseedor de buena fe, el que lo es en virtud de un título
traslativo de dominio, cuyos vicios ignora.
Es poseedor de mala fe, aquel a quien consta que le falta título para
poseer o que el que tiene es vicioso o insuficiente.
694.-
El poseedor de buena fe hace suyos los frutos y sólo debe restituir
los percibidos después de la contestación a la demanda.
Se entienden percibidos los frutos naturales o industriales, desde que
se alzan o separan.
Los frutosa civiles se producen día por día y pertenecen al poseedor
en esta proporción.
695.-
El poseedor de mala fe está obligado a restituir no solamente todos
los frutos percibidos desde su injusta detentación, sino también los que
dejó de percibir por su culpa y que un buen padre de familia hubiera
percibido. (Artículos 1246 y 1319).
Tratándose de restitución de ganados y procreos se estará a lo que
establezcan las leyes especiales sobre la materia.
696.-
En toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos
ordinarios que ha invertido en la producción de ellos. (Artículo 734).
697.-
Cuando la demanda de reivindicación tenga por objeto la nuda propiedad
de una cosa, no habrá lugar a la restitución de frutos, a menos que
después de la demanda se haya extinguido el usufructo.
698.-
Las expensas necesarias invertidas en la conservación de
la cosa, son abonables a todo poseedor de buena o mala fe, quien podrá
retener la cosa, hasta que se haya hecho el abono. (Artículo 1709).
699.-
Las expensas útiles o mejoras hechas antes de la contestación a la
demanda, son abonables al poseedor de buena fe, con el derecho de
retención de que habla el artículo precedente; pero el propietario tendrá
la elección de pagar el importe de las mejoras o el aumento de valor que
por ellas tenga la cosa.
Sólo se entenderá por mejoras o expensas útiles, las que hayan
aumentado el valor venal de la cosa.
En cuanto a las hechas después de contestada la demanda, el poseedor
de buena fe tendrá el derecho que por el artículo siguiente se le acuerda
al poseedor de mala fe.
700.-
El poseedor de mala fe sólo podrá llevarse los materiales de las
mejoras útiles, cuando pueda separarlos sin detrimento de la cosa
reivindicada y el propietario rehúse pagarle el precio que tendrían
dichos materiales después de separados. (Artículo 751).
701.-
Las expensas o mejoras volupruarias, esto es, de sólo placer y ornato,
no son abonables al poseedor de mala ni de buena fe, que únicamente
tendrán con respecto a ellas, el derecho que por el artículo anterior se
concede al poseedor de mala fe, respecto de las mejoras útiles.
702.-
Se entenderá que la separación de los materiales, permitida por los
artículos _ precedentes, es en detrimento de la cosa reivindicada, cuando
hubiere de dejarla en peor estado que antes de ejecutarse las mejoras;
salvo en cuanto el poseedor vendo pudiese reponerla en su estado anterior
y se allanare a ello.
703.-
Las mejoras provenientes de la naturaleza o del tiempo, ceden siempre
en beneficio del propietario. (Artículo 731).
704.-
El poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por su
hecho o culpa ha sufrido la cosa.
El poseedor de buena fe, mientras permanece en ella, no es responsable
de esos deterioros, sino en cuanto se hubiere aprovechado de ellos.
(Artículos 1343, 1549, 1551 y 1553).
LIBRO TERCERO
DE LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO
705.-
Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la
accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción
Los títulos de adquirir solo producen efecto personal, esto es, derecho a
la cosa, ad rem.
TITULO I
DE LA OCUPACION
706.-
La ocupación es un modo de adquirir el dominio de las cosas que no
pertenecen a nadie y cuya adquisición es prohibida por las leyes o por el
derecho iternacional. (Articulo 481 y 482).
Son especies de ocupación la caza y la pesca y también invención o
hallazgo.
707.-
Los derechos respecto de las cosas arrojadas al mar o que la mar
resaca, sea cual fuere su naturaleza, se determinan por leyes especiales.
También está sujeta a leyes especiales la ocupación bélica o
aprehensión en guerra nacional.
CAPITULO I
DE LA CAZA Y DE LA PESCA
708.-
Por la caza y la pesca se adquiere el dominio de los animales fieros o
salvajes.
709.-
Se llaman animales fieros o salvajes, los que viven naturalmente
libres e independiente del hombre, ya sean terrestres, acuáticos o
o volátiles; mansos, los que pertenecen a especies que viven
ordinariamente
bajo la dependencia del hombre, como los perros, las gallinas, el ganado
mayor y menor; y domesticados, los que sin embargo de ser fieros por su
naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen en cierto
modo el imperio del hombre.
Estos últimos, mientras conservan la costumbres de volver al amparo
del hombre, siguen la regla de los animales mansos y perdiendo esta
costumbre, vuelven a la clase de los animales fieros.
710.-
No se puede cazar sino en tierras propias o en las ajenas con permiso
del dueño.
711.-
Si algunos cazare en tieras ajenas sin permiso del dueño, lo que cace
será para el dueño, a quien, además, indemnizará de todo perjuicio.
712.-
Lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se extiende
a la pesca en los arroyos, estanques, lagunas o charcos de propiedad
particular.
713.-
Se podrá pescar libremente en el mar territorial, en los ríos y
arroyos deuso público.
714.-
Los animales fieros, si se escapan del poder de la persona que los
aprehendió, permanecerán suyos solamente mientras los persiga y tenga a
la vista con ánimo
De recobrarlos.
Por los mismos principios, nadie puede ocupar el animal fiero que otro
cazador haya herido, mientras éste lo siga y tenga a la vista.
715.-
En lo demás, el ejercicio de la caza y de la pesca estará sujeto a las
leyes o reglamentos que sobre esta materia se dicten.
No se podrá, pues, cazar o pescar sino en lugares, en temporadas y con
armas y procederes que no estén prohibidos.
716.-
Los animales mansos están sujetos a dominio, que se adquiere, se
conserva y transmite en la misma forma que el dominio de las demás cosas.
CAPITULO II
DEL HALLAZGO O INVENCION
717.-
La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que
encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie, adquiere su
dominio, apoderándose de ella.
718.-
Pueden ser objetos del hallazgo las piedras, conchas y otras
substancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y
arroyos de uso público (articulo 478) y que no presentan señales de
dominio anterior.
719.-
También pueden ser objeto de hallazgo de las cosas cuya propiedad
abandona voluntariamente su dueño, como las monedas que se arrojan para
que las haga suyas el primer ocupanrte.
720.-
El descubrimiento de un tesoro es otra especie de invención o
hallazgo.
Se llama tesoro las monedas, joyas u otros objetos precio sos que
elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos
sin que haya memoria ni indicio de su dueño.
721.-
El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales
entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento.
Sin embargo, esta últma no tendrá derecho a su porción sino cuando el
descubrimiento sea fortuito o cuando se haya buscado el tesoro con
permiso del dueño del terreno.
En los demás casos o cuando sea una misma persona el dueño del terreno
y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno.
722.-
Lo dispuesto en el artículo anterior es igualmente aplicable a los
tesoros que se descubran en sitios de propiedad nacional.
723.-
Cualquiera podrá pedir al dueño de una finca el permiso para cavar en
el suelo para sacar dinero o alhajas que alegare pertenecerle y estar
escondidas en él; y si señalare el paraje en que están despositados y
diere competente fianza de que probará su derecho sobre ellos y de que
abonará daños y perjuicios al dueño de la finca, no podrá éste negar el
permiso ni ponerse a la extracción de dichos dineros o alhajas.
724.-
No probando el que obtuvo el permiso, su derecho, sobre los dineros o
alhajas, serán considerados o como bienes perdidos o como tesoro
encontrado en suelo ajeno, según los antecedentes y señales.
En este segundo caso, deducidos los gastos, se dividirá el tesoro por
partes iguales entre el denunciador y el dueño del suelo; pero no podrá
este pedir indemnización de daños y perjuicios, a menos de renunciar su
porción.
725.-
El que hallare alguna especie mueble al parecer extraviada o perdida y
cuyo dueño se ignore, deberá presentarla al Juez más inmediato del lugar
en que se encontrare la especie.
El Juez, recibida información de cómo ha sido hallada, la pondrá en
depósito.
726.-
Si hechas las publicaciones legales pasare un año sin que se presente
persona que justifique su dominio sobre la especie depositada, procederá
el Juez a su venta en almoneda; y deduciéndose del producto las expensas
de aprehensión, conservación y demás que incidieren, se dividirá el
remanente por partes iguales entre las personas que encontró la especie y
la Intendencia Municipal del Departamento.
** Redacción adaptada al texto de la Ley Nº 5.418 de 5.5.16
727.-
Si apareciere el dueño antes de la almoneda, le será restituida la
especie, pagando las expensas y lo que a título de salvamento le
adjudique el Juez al que encontró y denunció aquella.
Si el dueño hubiese ofrecido recompensa por el hallazgo, el
denunciador elegirá entre el premio del salvamento y la recompensa
ofrecida.
728.-
Vendida en almoneda la especie, se mirará como irrevocablemente
perdida para su dueño.
729.-
Si la especie fuera corruptible o su custodia o conservación difícil,
podrá anticiparse la almoneda, depositándose el precio, que será
entregado al dueño, si se presentare en el plazo del artículo 726.
730.-
La persona que hallare cosas perdidas y no hiciese presentación de
ellas al Juez, perderá su porción en favor de la respectiva Intendencia
Municipal y aun quedará sujeta a la acción de daños y perjuicios y, según
las circunstancias, a la pena de apropiación indebida.
TITULO II
DE LA ACCESION
731.-
La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa
viene a serlo de lo que ella produce o de lo que a ella se incorpora
natural o artificialmente. (Articulo 487, inciso 1º).
CAPITULO I
DE LA ACCESION RESPECTO DEL PRODUCTO DE LAS COSAS
732.-
Los productos de las cosas son frutos naturales, industriales o
civiles. (Artículo 503).
733.-
Los frutos, cualquiera que sea su especie, pertenecen al dueño de la
cosa, sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes o por un
hecho del hombre, como, por ejemplo, al poseedor de buena fe, al
usufructuario o al arrendatario. 734.-
Los frutos de la cosa pertenecen al dueño, con obligación
de abonar las expensas hechas por un tercero, para la producción,
recolección y conservación de ellos.
735.-
No se consideran frutos naturales o industriales, sino desde que están
manifiestos o nacidos.
Respecto de los animales, basta que estén en el vientre de la madre.
El parto de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la
hembra, salvo que haya estipulación contraria y sin perjuicio de las
excepciones que establezcan leyes especiales.
CAPITULO II
DE LA ACCESION RESPECTO DE LAS COSAS MUEBLES
736.-
La accesión respecto de las cosas muebles de distintos dueños, queda
subordinada a los principios de la equidad natural.
Las reglas siguientes relativas a las diversas clases de accesión
artificial en las cosas muebles, servirán al Juez de ejemplo para
resolver los casos imprevistos, según las circunstancias particulares.
SECCION I
DE LA ADJUNCION
737.-
Cuando dos cosas muebles pertenecientes a diversos dueños, han sido
unidas de manera que formen una sola y no puedan separarse sin
inconveniente, el todo pertenece al dueño de la cosa principal, pero con
obligación de pagar al otro el valor de la accesoria.
Cuando las cosas unidas son separables, de suerte que una pueda
subsistir sin la otra, siguen perteneciendo a sus dueños respectivos y
deben separarse.
738.-
Se reputa principal, entre dos cosas incorporadas, aquella a que se ha
unido la otra para adorno o para su uso o perfección.
Sin embargo, cuando la cosa unida es más preciosa que la principal y
se empleó sin conocimiento del dueño, puede éste pedir que la cosa unida
sea separada para devolvérsele, aun cuando pudiese resultar algún
deterioro a la cosa a que se había adjuntado.
739.-
Si de dos cosas unidas para formar un todo, no hay ninguna que pueda
mirarse como accesoria de la otra, se reputa principal la más
considerable en valor o en volumen, si sus valores son poco más o menos
iguales.
SECCION II
DE LA ESPECIFICACION
740.-
Si alguien ha empleado materia ajena para formar cosa de una nueva
especie, sea que la materia pueda o no volver a su forma primitiva, tiene
el dueño derecho para reclamar la cosa que se ha formado, satisfaciendo
el valor de la mano de obra.
Pero si la mano de obra fuese de tal naturaleza, que excediese en
mucho el valor de la materia, se reputará entonces la industria como la
principal y el artesano o artista tendrá derecho de conservar la cosa
elaborada, satisfaciendo el precio de la materia.
741.-
Cuando una persona ha empleado a la vez materia suya y ajena, para
formar cosa de especie nueva y no pueden separarse sin inconveniente, la
cosa nueva pertenecerá en común a los dos propietarios: al uno a prorrata
del valor de su materia y al otro a prorrata del valor de la suya y de la
hechura.
SECCION III
DE LA CONMIXTION
742.-
Cuando se ha formado una cosa por la mezcla de materias áridas o
líquidas, pertenecientes a diversos dueños, es necesario distinguir si
las cosas pueden separarse sin inconveniente y si alguna de ellas puede
considerarse principal respecto de la otra.
Si pueden separarse sin inconveniente, tendrá derecho a pedir la
separación el dueño sin cuyo conocimiento se mezclaron.
Si alguna de las materias puede considerarse principal respecto de la
otra, el dueño de la principal tendrá derecho a reclamar la cosa
resultante de la mezcla, abonando al otro el valor de la materia.
743.-
Si las materias no pueden separarse sin inconveniente y ninguna de
ellas puede considerarse principal, sus dueños adquieren en común la
propiedad de la mezcla, en proporción de la cantidad, calidad y valor de
lo perteneciente a cada uno.
SECCION IV
REGLAS COMUNES A LAS TRES ESPECIES DE ACCESION EN COSAS MUEBLES
744.-
En todos los casos en que el dueño de una materia de que se ha hecho
uso sin su conocimiento, tenga derecho a la propiedad de la cosa en que
ha sido empleada, podrá renunciar a esta y pedir que en lugar de la
materia propia se le restituya otro tanto de la misma naturaleza, calidad
y aptitud o su valor en dinero.
745.-
El que haya tenido conocimiento del uso que de una materia suya se
hacía por otra persona, se presumirá haberlo consentido y solo tendrá
derecho a su valor.
746.-
Los que hayan empleado a sabiendas materia ajena, sin conocimiento del
dueño, estarán sujetos en todos los casos a perder la materia propia o la
industria y a pagar los daños y perjuicios irrogados al dueño; además de
la acción criminal a que pudiera haber lugar.
747.-
En todos los casos en que la cosa se hace común a los dueños de las
materias de que se ha formado, podrá licitarse en provecho de todos.
CAPITULO III
DE LA ACCESION RESPECTO DE LAS COSAS INMUEBLES
748.-
El derecho de propiedad no se limita a la superficie de la tierra,
sino que se extiende por accesión a lo que está sobre la superficie y a
lo que está debajo.
El propietario puede hacer arriba todas las plantaciones y
construcciones que juzgue convenientes, salvas las excepciones
establecidas por la ley o la convención.
Puede hacer debajo todas las construcciones y excavaciones que juzgue
a propósito y sacar de esas excavaciones todos los productos que puedan
darle, con las modificaciones de las leyes y reglamentos relativos a
minas o policía. (Artículo 484).
749.-
Todas las obras, siembras y plantaciones hechas en un terreno, se
presumen hechas por el propietario a sus expensas y que le pertenecen, si
no se prueba lo contrario.
750.-
El que de buena fe edificare en suelo o finca propia, con materiales
ajenos, se hará dueño de éstos por el hecho de incorporarlos en la
construcción; pero estará obligado a pagar al dueño de los materiales su
justo precio u otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud.
Si ha procedido con mala fe, será también obligado al resarcimiento de
daños y perjuicios, independientemente de la acción criminal a que
hubiere lugar; pero si el dueño de los materiales tuvo conocimiento del
uso que se hacía de ellos, sólo estará sujeto a la disposición del inciso
anterior.
La misma regla se aplica al que planta o siembra en suelo propio,
vegetales o semillas ajenas.
Mientras los materiales no están incorporados en la construcción o los
vegetales arraigados en el suelo, podrá reclamarlos el dueño.
751.-
El dueño del terreno en que otra persona, sin su conocimiento, hubiere
edificado, plantado o sembrado, tendrá el derecho de hacer suyo el
edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas
a favor de los poseedores de buena o mala fe en el Titulo De la
reivindicación (artículos 694 y siguientes) o de obligar al que edificó o
plantó a pagarle el justo precio del terreno con los intereses legales
por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder y al que sembró, a
pagarle la renta y a indemnizarle los daños y perjuicios.
Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del
dueño del terreno, será este obligado, para recobrarlo, a pagar el valor
del edificio, plantación o sementera.
**LOS ARTICULOS 752 A 757 HAN SIDO DEROGADOS POR EL DECRETO-LEY 14.859
(CODIGO DE AGUAS) del 15.12.78
TITULO III
DE LA TRADICION
758.-
La tradición o entrega, es la transferencia que hace una persona a
otra, de la posesión de una cosa, con facultad y ánimo de transferirle el
dominio de ella. (Artículos 1252, 1335, 1337 y 1680).
CAPITULO I
DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE TRADICION
759.-
La tradición es real o ficta.
SECCION I
DE LA TRADICION REAL
760.-
La tradición real es la que se verifica por la aprehensión de la cosa,
hecha por el adquirente u otro en su nombre.
761.-
Si se trata de un fundo, la tradición se verifica cuando el adquirente
se transporta a él por sí mismo o por otro que le represente, para tomar
la posesión, consintiéndolo el tradente.
Cuando el inmueble que se ha de entregar es un edificio, se entiende
verificada la tradición desde que el tradente saca sus muebles y permite
que el adquirente introduzca los suyos.
Si la cosa objeto de la entrega es mueble, se verifica la tradición
poniendo la cosa en manos del adquirente o de quien lo represente.
762.-
Si la cosa que se la de entregar hace parte de una heredad, como los
árboles en pie o las piedras de una cantera, etc., la tradición se
verifica por la separación de estos objetos de la tierra a que adhieren,
hecha con consentimiento del tradente.
SECCION II
DE LA TRADICION FICTA
763.-
La tradición se llama simbólica, siempre que no se entrega realmente
la cosa, sino algún objeto representativo de ella y que hace posible la
toma de posesión de la cosa.
764.-
La tradición simbólica, puede tener lugar:
1º.- Por la entrega de las llaves del almacén donde se encuentran las
cosas muebles que se han de entregar.
2º.- Por la entrega que el vendedor o donante de una finca haga de sus
llaves al compador o donatario, después de haber sacado sus muebles.
3º.- Por la entrega de los títulos de la cosa. Si ésta es un inmueble,
el tradente debe, además, dejarlo expedito, para que tome posesión el
adquirente.
765.-
La tradición por la vista, es la que se hace mostrando la cosa que se
quiere entregar y dando la facultad de tomar posesión de ella.
Se requiere, en este caso, la presencia del tradente y del adquirente,
por sí o por otros.
766.-
Cuando el que ha de recibir la cosa que le ha sido vendida, cambiada o
donada, la tiene ya en su poder por cualquier otro título no traslativo
de dominio, el mero consentimiento de las partes importa tradición.
767.-
Importa asimismo tradición ficta equivalente a la real:
1º.- La cláusula en que declara el enajenante que en lo sucesivo
tendrá la posesión a nombre del comprador o donatario.
2º.- La cláusula en que declara el donante que retiene para sí el
usufructo de la cosa cuya propiedad dona.
3º.- La cláusula por la cual en un contrato de donación o de venta, el
donante o vendedor toma en arrendamiento la cosa, del comprador o
donatario.
Para que esas cláusulas surtan efecto de tradición real, se necesita
que resulten de instrumento público.
768.-
La tradición de los derechos se verifica: o por la entrega de los
documentos que sirven de título o por el uso del uno y la paciencia del
otro, como en las servidumbres.
Sin embargo, la tradición de un crédito cedido no surte efecto,
mientras no se denuncie o notifique la cesión al deudor.
El inciso precedente no se refiere a los créditos transmisibles por
endoso o al portador o en otra forma, con arreglo a leyes particulares.
CAPITULO II
DE LAS CALIDADES QUE SE REQUIEREN PARA ADQUIRIR EL DOMINIO POR LA
TRADICION Y DEL EFECTO DE LA TRADICION
769.-
Para que se adquiera el dominio por la tradición, se requiere:
1º.- Que la tradición se haga por el dueño o por su representante.
2º.- Que el que hace la tradición o la consiente, sea capaz de
enajenar.
3º.- Que la tradición se haga en virtud del título hábil para
transferir el dominio.
4º.- Que haya consentimiento de partes.
En el contrato de venta, además de las cuatro circunstancias
indicadas, se requiere que el comprador haya pagado el precio dado
fiador, prenda o hipoteca, u obtenido plazo para el pago.
770.-
En las ventas forzadas, que se hacen por decreto judicial, a
petición de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se
tranfiere es el tradente y el Juez, su representante legal.
771.-
Invalida la tradición, el error en cuanto a la identidad de la especie
que debe entregarse o de la persona a quien se hace la entrega o en
cuanto al título.
Si el error recae sobre el nombre solo, es válida la tradición.
772.-
El error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola de
las partes supone un título traslativo de dominio, como cuando por una
parte se tiene el ánimo de entregar a título de comodato y por otra se
tiene el ánimo de recibir a título de donación o sea cuando por las dos
partes se suponen títulos traslativos de dominio, pero diferentes, como
si por una parte se supone mutuo y por otra donación.
773.-
Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se
transfiere el dominio sin ellas.
774.-
Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba, desde que no
haya plazo pendiente para el pago, salvo que intervenga decreto judicial
en contrario.
775.-
Por la tradición verificada con las calidades requeridas en este
Título, se transfiere al adquirente el dominio de la cosa, tal como lo
tenía el tradente.
Cuando la tradición no ha sido hecha o consentida por el verdadero
dueño, no se adquiere por ella el dominio; pero habiendo procedido título
hábil, servirá para adquirir el dominio por prescripción.
TITULO IV
DE LA SUCESION TESTAMENTARIA
776.-
La sucesión o herencia, modo universal de adquirir, es la acción de
suceder al difunto y representarle en todos sus derechos y obligaciones
que no se extinguen por la muerte.
Se llama heredero el que sucede en esos derechos y obligaciones.
777.-
La palabra herencia puede significar también la masa de bienes y
derechos que deja una persona después de su muerte, deducidas las cargas.
778.-
La sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en
testamento y a falta de éste, por disposición de la ley.
Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama
testamentaria y si en virtud de la ley, intestada o ab intestato.
La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte
testamentaria y parte intestada. (Artículo 893, número 3 y artículo
1011).
De la sucesión intestada y de las reglas relativas a ella, se trata en
el Título V de este Libro.
CAPITULO I
DEL TESTAMENTO
SECCION I
DE LA NATURALEZA Y EFECTOS DEL TESTAMENTO
779.-
El testamento es un acto esencialmente revocable (artículos 998 y
siguientes), por el cual una persona dispone, conforme a las leyes, del
todo o parte de sus bienes, para después de su muerte.
780.-
El testador puede disponer a título universal o de herencia y a título
particular o de legado. (Artículo 853).
Sin embargo, aún cuando el testador no haya usado materialmente la
palabra heredero, si su voluntad está clara acerca de este concepto,
valdrá la disposición como hecha a título universal o de herencia.
781.-
No pueden dos o más personas testar en un mismo acto, sea
recíprocamente en provecho suyo o de un tercero.
782.-
El testamento es un acto personalísimo; su formación no puede dejarse
en todo o en parte al arbitrio de un tercero.
Tampoco puede dejarse al arbitrio de un tercero la subsistencia de la
institución de heredero o del legado ni la designación de su cantidad;
pero sí el repartimiento, cuando la disposición comprende a toda una
clase de personas, como parientes, pobres y criados.
783.-
Es nula toda disposición captatoria.
Se entenderá por tal aquella en que el testador asigne alguna parte de
sus bienes a otro, a condición de que éste le deje por testamento parte
de los suyos.
Tampoco valdrá la disposición en que, bajo cualquier nombre o
concepto, se deja a uno el todo o parte de los bienes, para que los
aplique o invierta con arreglo a instrucciones reservadas que le hubiere
comunicado el testador. (Artículo 866, inciso 3).
784.-
Las cédulas o papeles a que se refiera el testador en el testamento,
no podrán mirarse como parte de éste, aunque el testador lo ordene; ni
valdrán más de lo que sin esta circunstancia valdrían.
785.-
Toda disposición a favor de persona incierta es nula, a menos que por
algún evento pueda resultar cierta.
Valdrán sin embargo, las disposiciones piadosas o donaciones
destinadas a objetos de beneficencia; debiendo observarse lo dispuesto en
el capítulo II de este Título. (Artículos 836 y 837).
786.-
La disposición hecha simple y generalmente a favor de los parientes
del testador, se entiende hecha a favor de sus herederos llamados por la
ley o según el orden de la sucesión intestada.
787.-
Si la persona del heredero o del legatario hubiere sido falsamente
designada, la disposición será válida, con tal que no haya duda respecto
del instituido.
Lo mismo sucederá, cuando se trate de la indicación de la cosa legada.
788.-
La falsedad de la causa o del motivo expresado por el testador no
vicia una disposición testamentaria, a no ser que se enuncie dicho motivo
en forma condicional o que resulte claramente de los términos del
testamento, que el testador ha querido hacer depender la eficacia de la
disposición de la existencia del motivo aducido para ella. (Artículos
952, 1289, 1408 a 1410).
789.-
El testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza, es
nulo en todas sus partes.
790.-
El testamento es solemne y menos solemne o especial.
Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las
solemnidades que la ley ordinariamente requiere.
El menos solemne o especial es aquel en que pueden omitirse algunas de
estas solemnidades, por consideración a circunstancias particulares
determinadas expresamente por la ley.
791.-
El testamento solemne es abierto o cerrado.
El testamento abierto es aquel en que el testador hace sabedores de
sus disposiciones al Escribano y a los testigos; y testamento cerrado es
aquel en que no es necesario que el Escribano y los testigos tengan
conocimiento de ellas.
792.-
El testamento es siempre escrito.
SECCION II
DEL TESTAMENTO SOLEMNE
793.-
El testamento solemne y abierto debe otorgarse ante Escribano público
y tres testigos.
794.-
El Escribano debe conocer al testador o asegurarse de la identidad de
la persona, haciéndolo constar en el instrumento.
Debe leer el testamento al otorgante a presencia de los testigos,
haciéndose constar esta lectura y el otorgamiento.
Durante la lectura y el otorgamiento deben estar presentes todos los
testigos sin que baste que la lectura se verifique separadamente.
795.-
El testamento debe ser firmado por el testador.
Si declara éste que no sabe o no puede firmar, se hará en el
testamento mención especial de su declaración y de su ruego a uno de los
testigos que firme por él, sin perjuicio de que el rogado firme también
como testigo.
796.-
El testamento debe también ser firmado por el Escribano y los
testigos.
Si alguno de los testigos no supiera firmar, otro de ellos firmará por
él y a ruego suyo, expresándolo así; pero en todo caso, han de firmar al
menos dos testigos.
797.-
Si un sordo quisiera hacer testamento abierto, deberá leer él mismo en
voz inteligible el instrumento a presencia del Escribano y testigos,
haciéndose constar esta lectura y su otorgamiento.
798.-
El ciego no puede hacer sino testamento abierto, el que será leído en
alta voz dos veces: la primera por el Escribano y la segunda por uno de
los testigos, elegido al efecto por el testador. Se hará mención especial
de esta solemnidad en el testamento. (Artículo 833).
799.-
Quien no conozca el castellano, pero se exprese claramente en otro
idioma y lo escriba, podrá otorgar testamento abierto en la siguiente
forma:
Presentará al Escribano el pliego que contenga su testamento, en el
papel de la clase que corresponda al protocolo, firmado de su puño y
letra, cuya presentación la hará ante dos intérpretes y tres testigos que
conozcan su idioma.
Los intérpretes harán su traducción fiel; y transmitida al testador en
presencia de los testigos y del Escribano, si aquel no tuviese
observación que hacer, la suscribirá juntamente con los traductores y
testigos. El Escribano levantará, a continuación de la traducción, acta
de haber presenciado lo ocurrido, la que será firmada por los
concurrentes y después de rubricadas por el Escribano cada una de las
fojas del testamento original y traducción, lo incorporará todo al
Registro de Protocolizaciones.
800.-
Cuando el testamento abierto ha sido otorgado con las solemnidades
prevenidas en los artículos anteriores, se le da fe para todos los
efectos de derecho, sin necesidad de diligencia alguna judicial.
801.-
En el testamento solemne cerrado deben intervenir cinco testigos de
los que tres al menos puedan firmar y un Escribano público.
El testador deberá firmar sus disposiciones, sea que estén escritas de
su mano o de la de otro a su ruego, salvo el caso del artículo 803.
Cerrará y sellará el pliego que contenga sus disposiciones, o el papel
que le sirva de cubierta; y lo presentará al Escribano y testigos,
declarando que allí se contiene su última voluntad, escrita y firmada por
él o escrita por otro, pero con la firma del testador.
En el sobrescrito o cubierta del testamento, levantará el Escribano un
acta en que conste la declaración expresada, firmándola el testador, el
Escribano y todos los testigos que puedan hacerlo por sí y los cuales
nunca serán menos de tres.
Si el testador por impedimento que le sobrevenga, no pudiese firmar en
el sobrescrito o cubierta, se hará mención de la declaración que haya
hecho y de su ruego a uno de los testigos para que firme a su nombre.
Por el testigo o testigos que no sepan o que no puedan firmar, deberá
hacerlo a ruego suyo y expresándolo así, cualquiera de los tres cuyas
firmas son necesarias.
802.-
Lo dispuesto en el inciso último del artículo 794, es aplicable al
otorgamiento que se hace constar en la cubierta del testamento cerrado.
803.-
Los que saben leer, pero no escribir o aunque sepan escribir no han
podido firmar la expresión de su última voluntad inclusa en el pliego,
deberán declarar, ante el Escribano y testigos, que la han leído y el
motivo que han tenido para no firmarla.
804.-
Los que no saben o no pueden leer, no podrán hacer testamento cerrado.
805.-
El que no pueda hablar, pero sí escribir, podrá hacer testamento
cerrado (articulo 833), observándose lo siguiente:
1º.- El testamento ha de estar enteramente escrito y firmado de su
mano, con expresión del lugar, año, mes y día.
2º.- El testador presentará el pliego cerrado al Escribano y testigos
y en la cubierta escribirá a presencia de ellos, que aquel pliego
contiene su última voluntad.
3º.- El Escribano extenderá en seguida el acta, haciéndose constar que
el testador escribió esas palabras a presencia del Escribano y testigos.
En lo demás se observará lo dispuesto en los artículos 801 y 802.
806.-
También podrá otorgar testamento cerrado quien se encuentre en las
condiciones previstas por el artículo 799, sujetándose a las
disposiciones que siguen:
Presentará al Escribano su testamento cerrado y lacrado, escribiendo
en el sobre, delante del mismo funcionario y de cinco testigos, de los
cuales tres cuando menos deben conocer el idioma del testador y el
castellano a la vez, que dicho pliego contiene su última voluntad,
escrita por él o por otro (nombrándolo) a su pedido y firmada por él,
--declaración que también suscribirá.
Cerciorado el Escribano de la identidad de la persona del otorgante,
en caso de no conocer a éste, cuando menos por el testimonio de dos de
los cinco testigos, que deben serle también conocidos, levantará acta en
la misma cubierta del testamento, haciendo constar que la declaración a
que se refiere al anterior inciso, cuyo significado se expresará, ha sido
escrita en su presencia y la de los testigos por el otorgante, que
manifiesta no entender el castellano. Dará lectura de esta acta a los
testigos y transmitido que sea su contenido al testador, lo que hará
constar, la suscribirá el otorgante, los testigos y el mismo Escribano.
807.-
El testamento cerrado, para recibir ejecución, debe llenar en su
apertura las formalidades previstas en la ley procesal.
808.-
Es reprobada toda convención acerca de lo que se deje en
un testamento cerrado, antes que se abra solemnemente. (Artículo 1053).
809.-
No pueden ser testigos en un testamento solemne otorgado en la
República:
1º.- **DEROGADO por art. 3º Ley 8.000 de 14.7.26
2º.- Los menores de 18 años.
3º.- Los ciegos.
4º.- Los mudos.
5º.- Los sordos.
6º.- Los que están fuera de la razón.
7º.- Los que con arreglo a la ley penal han sido inhabilitados, por
sentencia ejecutoriada, para ser testigos en juicio o en instrumento
público.
8º.- Los amanuenses del Escribano que autorizare el testamento.
9º.- Los que no tengan domicilio en el Departamento.
10º.- Las personas que no entiendan el idioma del testador.
Para juzgar de la capacidad del testigo, debe atenderse a la época en
que se otorgó el testamento.
810.-
Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo
anterior no se manifestase en el aspecto o comportación de un testigo y
se ignorase generalmente en el lugar donde el testamento se otorga,
fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se
invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo.
Sin embargo, la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de
los testigos.
SECCION III
DEL TESTAMENTO MENOS SOLEMNE O
ESPECIAL
811.-
El que por efecto de un ataque o accidente repentino, se hallare en
peligro inminente de la vida y en paraje donde no hubiere Escribano que
autorice su testamento, podrá otorgarlo por escrito ante tres testigos,
de los cuales dos por lo menos sepan firmar.
El que se encuentre en una población incomunicada, por razón de peste
u otra enfermedad contagiosa, podrá asimismo testar como en el caso del
anterior inciso o bien ante un Escribano y dos testigos que sepan firmar.
El testamento otorgado con arreglo a las disposiciones de este
artículo, quedará de todo punto ineficaz pasados ciento ochenta días
desde que el testador hubiere salido del peligro de muerte, se hubiere
abierto la comunicación o pasado a otro pueblo o lugar donde pudiese
hacer testamento solemne.
812.-
Cuando el testamento fuere otorgado sin Escribano, en los casos del
artículo anterior y el testador muriese dentro del tiempo prefijado en el
mismo, será necesario que se proceda a la publicación del testamento en
la forma siguiente:
El Juez competente en el caso previsto por el artículo 807, haciendo
constar ante todo la muerte del testador, ordenará que comparezcan los
testigos a practicar el reconocimiento de las firmas.
Si uno o más de ellos no compareciere, por muerte, enfermedad u otro
impedimento, bastará que el testigo instrumental presente reconozca la
firma del testador, la suya propia y la de los testigos que no hayan
podido comparecer.
En caso necesario y siempre que el Juez lo estimare conveniente,
podrán ser abonadas las firmas del testador y de los testigos que no
hayan podido comparecer, por declaraciones juradas de otras personas
fidedignas.
Los testigos instrumentales depondrán además sobre el día y hora, poco
más o menos, en que fue otorgado el testamento y sobre el peligro en que
a la sazón se encontraba el testador.
Terminadas las diligencias, pondrá el Juez la rúbrica al principio y
fin de cada página del testamento y lo mandará entregar con lo obrado al
Actuario para que lo incorpore en el Registro de Protocolizaciones.
** Redacción de la parte final del último inciso está adaptada a los
Registros Notariales previstos en el Decreto Ley 1.421 de 31 de diciembre
de 1878.
813.-
En tiempo de guerra, el testamento de los militares y de los demás
individuos empleados en un cuerpo de tropas de la República y asimismo el
de los voluntarios, rehenes y prisioneros que pertenecieren a dicho
cuerpo y de las personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de
los antedichos, podrá ser recibido por un capitán o por un oficial de
grado superior al de capitán, o por un comisario o un auditor de guerra.
Si el que desea testar estuviere enfermo o herido, podrá ser recibido
su testamento por el médico que le asista; y si se hallare en un
destacamento, por el oficial que lo mande, aunque sea de grado inferior
al de capitán.
En todos los casos de este artículo, será siempre necesaria la
presencia de dos testigos, de los que uno, a lo menos, sepa firmar.
** Se eliminó la expresión "capellán" por no existir con carácter
oficial y "cirujano" por quedar comprendida en el término "médico".
814.-
Para testar militarmente, será preciso hallarse en una expedición de
guerra que esté actualmente en marcha o campaña contra el enemigo o en la
guarnición de una plaza actualmente sitiada.
815.-
El testamento llevará al pie el visto bueno del jefe superior de la
expedición o del comandante de la plaza, si no hubiere sido otorgado ante
el mismo jefe o comandante y será siempre rubricado al principio y al fin
de cada página por dicho jefe o comandante; debiendo éste enseguida
remitirlo con la posible brevedad y seguridad al Ministerio que
corresponda, el que a su vez, abonando la firma del remitente, lo pasará
por el conducto respectivo al Juez competente del último domicilio del
testador.
No conociéndose a éste ningún domicilio en la República, será remitido
el testamento al Juez competente de la Capital para su incorporación en
el Registro de Protocolizaciones de su Oficina Actuaria.
816.-
Si el que ha testado militarmente, falleciere dentro de los ciento
ochenta días subsiguientes a aquel en que hubieren cesado, con respecto a
él, las circunstancias que habilitan para otorgar esta clase de
testamentos, valdrá el otorgado, como si hubiera sido lecho en la forma
ordinaria.
Si el testador sobreviviere a este plazo, caducará el testamento.
817.-
Los testamentos otorgados en la mar y en el curso de un viaje, podrán
ser recibidos, a saber.
A bordo de los buques nacionales de guerra, por el comandante, con el
contador o quien haga sus veces.
A bordo de los buques mercantes, bajo bandera oriental, por el capitán
o quien haga sus veces, con el sobrecargo si lo hubiere.
En todos los casos, deberán ser recibidos esos testamentos, a
presencia de dos testigos tomados de la dotación del buque, prefiriéndose
siempre los que sepan leer y escribir, aunque en su defecto bastará que
uno de los dos testigos sepa firmar.
En los buques mercantes, si no hubiere sobrecargo, se llamará otro
testigo más.
818.-
En los buques de guerra, el testamento del comandante o contador, y en
los mercantes, el del capitán, patrón o sobrecargo, podrán ser recibidos
por los que vienen después en el orden del servicio, conformándose por lo
demás a las disposiciones del articulo precedente.
819.-
Los testamentos mencionados en los dos artículos anteriores se harán
siempre por duplicado.
Si el buque llega a puerto extranjero, donde haya un agente
diplomático o consular de la República, los que hayan autorizado el
testamento depositarán uno de los ejemplares, cerrado y sellado, en manos
del referido agente, quien lo dirigirá por conducto respectivo al Juzgado
que corresponda.
Siempre que sea posible, el agente diplomático o consular examinará
los testigos que autorizan el testamento, les hará firmar sus
declaraciones y remitirá copia autorizada de ellas con dicho testamento y
a los efectos del artículo 815.
820.-
Al regreso del buque a la República, los dos ejemplares del testamento
igualmente cerrados y sellados o el que quedare, si el otro se hubiere
entregado en el curso del viaje, serán entregados a la autoridad
portuaria correspondiente, la que los elevará al Ministerio respectivo
para los efectos del mencionado artículo 815.
** Se refiere a "autoridad portuaria" por no existir el "Capitán del
Puerto".
821.-
En el rol del buque, al margen del nombre del testador, se anotará la
entrega que se haya hecho de los testamentos, sea al agente diplomático o
consular o sea a la autoridad portuaria.
** Ver nota al artículo anterior.
822.-
No se reputará hecho en el mar el testamento, aunque lo haya sido en
el curso del viaje, si en la época del otorgamiento se hallaba el buque
en puerto donde hubiere un agente diplomático o consul de la República.
En tal caso se observará lo dispuesto en los artículos 828 y 829.
823.-
Podrán testar en la forma prescrita por el artículo 817 y siguientes,
cualesquiera individuos que se hallen a bordo, aunque no hagan parte de
la dotación del buque.
824.-
El testamento hecho en el mar, en la forma prescrita por el artículo
817 y siguientes, no será válido, sino en cuanto el testador muera a
bordo o dentro de los ciento ochenta días de estar en tierra y en lugar
donde haya podido testar según la forma ordinaria
825.-
El testamento otorgado en el mar, no podrá contener disposición alguna
en favor del comandante, capitán, oficiales o individuos de la
tripulación, a no ser parientes del testador. (Artículo 840).
826.-
En todos los testamentos de que trata la presente sección, podrá
servir de testigo cualquier persona de sano juicio, mayor de 18 años que
vea, oiga y entienda al testador y que no tenga la inhabilidad designada
en el número 7 del artículo 809, a menos que sea en el caso previsto por
el artículo 810.
Esta disposición se entenderá sin perjuicio de lo que acerca de las
firmas de los testigos, previene el artículo siguiente.
827.-
Deberán asimismo, los antedichos testamentos ser firmados por los
otorgantes, autorizantes y testigos.
Si el testador no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego,
uno de los testigos, mencionándose expresamente esta circunstancia en el
testamento.
Por el testigo que no sepa o no pueda firmar, lo hará otro testigo
cuya firma sea necesaria.
SECCION IV
DEL TESTAMENTO OTORGADO POR EL ORIENTAL EN PAIS EXTRANJERO
828.-
El oriental que se hallare en país extranjero, podrá testar por
instrumento público, conforme a las leyes de ese país o ante el Agente
Diplomático o Consular de la República, observándose, en este último
caso, los requisitos siguientes:
1º.- Podrán autorizar este testamento los Embajadores, Encargados de
Negocios, Secretarios de Legación o Agentes Consulares. Se hará mención
expresa del cargo que ejerza la persona que autoriza el testamento.
2º- Los testigos del testamento serán dos por lo menos y orientales o
en su defecto, extranjeros domiciliados en la República o en el pueblo
donde se otorgue el testamento.
3º.- Se observarán en lo demás las reglas prescritas para el
testamento solemne abierto.
4º.- El instrumento llevará el sello de la Embajada, Legación,
Consulado o Viceconsulado.
5º.- Deberá ser también rubricado por el autorizante al principio y
fin de cada página.
** El texto del artículo se adecuó a la actual denominación de cargos.
829.-
Otorgado el testamento en la forma prescrita en el artículo anterior,
el autorizante remitirá una copia certificada al Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República, el cual a su vez, abonando la firma del
Agente Diplomático o Consular, pasará dicha copia por conducto respectivo
al Juez Letrado que corresponda, para los efectos del artículo 815.
DISPOSICION COMUN A LAS TRES SECCIONES ANTERIORES
830.-
Las formalidades a que respectivamente quedan sujetos los diversos
testamentos, por las disposiciones de las tres secciones anteriores,
deben observarse so pena de nulidad. (Artículo 1560).
CAPITULO II
DE LA CAPACIDAD PARA DISPONER Y ADQUIRIR POR TESTAMENTO
831.-
No pueden disponer por testamento:
1o.- Los impúberes, esto es, los varones menores de catorce años y las
mujeres menores de doce.
Los que hayan cumplido respectivamente esa edad, podrán testar
libremente, aunque se hallen bajo la patria potestad. (Artículo 265).
2o.- Los que se hallaren bajo interdicción, por razón de demencia
aunque tuvieren intervalos lúcidos.
3o.- Los que, sin estar bajo interdicción, no gozaren actualmente del
libre uso de su razón, por demencia, ebriedad u otra causa.
En este caso, el que impugnare la validez del testamento deberá probar
que el que lo hizo no gozaba del libre uso de su razón.
4o.- Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su
voluntad claramente.
Los individuos no comprendidos en las prohibiciones de este artículo,
son hábiles para disponer por testamento. (Artículo 1616).
832.-
Es nulo el testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de
las causas expresadas en el artículo precedente, aunque ella
posteriormente deje de existir.
Por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho
de sobrevenir después alguna de dichas causas.
833.-
El ciego sólo puede otorgar testamento abierto. (Artículo 798).
El que se halle en el caso del artículo 805 sólo puede otorgar
testamento cerrado.
834.-
Pueden adquirir por testamento todos los que la ley no declara
incapaces o indignos. (Artículo 1617).
835.-
Son incapaces:
1o.- El que no estuviere concebido al tiempo de abrirse la sucesión o,
aunque concebido, no naciere viable, conforme a lo dispuesto en el inciso
3o. del artículo 216.
2o.- Las asociaciones o corporaciones no permitidas por las leyes.
(Artículo 21 inciso 2o.)
836.-
La disposición hecha a favor de un establecimiento de beneficencia sin
designarlo, se aplicará al establecimiento de esa clase que el Presidente
de la República designe, prefiriendo alguno del Departamento o pueblo del
testador. 837.-
La disposición universal o de una parte alícuota de los bienes, que el
testador haya hecho en favor de su alma, sin especificar de otro modo la
inversión se entendera hecha a favor de un establecimiento de
beneficencia y se a la regla del articulo.
838.-
Lo que se dejase por el testador a los pobres en general sin otra
designación, se aplicará a los pobres del domicilio del testador en la
época de su muerte.
La calificación y la distribución se hará siempre por el Juez que
conozca de la testamentaría, si no hay albaceas.
El inciso anterior es aplicable también al caso de que el testador
haya dispuesto a favor de los pobres de una parroquia o pueblo
determinado.
** La redacción del inc. 2o. está adaptada al art. 5o. de la C
nstitución de la República.
839.-
El eclesiástico que ha confesado al testador en su última enfermedad,
no puede recibir cosa alguna a virtud del testamento que haya hecho
durante esa enfermedad.
Esta prohibición alcanza a los parientes o afines del confesor, dentro
del cuarto grado, a las personas que vivan en compañía del dicho confesor
y a su iglesia, cabildo, comunidad o instituto.
Exceptúase de las disposiciones precedentes el caso en que el confesor
sea pariente o afín del testador dentro del cuarto grado.
840.-
No valdrá disposición alguna testamentaria en favor del Escribano que
autorizare el testamento o de su cónyuge, de cualquiera de sus parientes
o afines dentro del cuarto grado o de los dependientes asalariados de
dicho Escribano. La misma prohibición se aplica a las disposiciones en
favor de cualquiera de los testigos.
841.-
Será nula la disposición hecha en favor de un incapaz, bien sea que se
disfrace bajo la forma de un contrato oneroso o usando el nombre de una
persona interpuesta.
842.-
Son indignos y como tales, no pueden adquirir por testamento:
(Artículo 1012)
1o.- El condenado en juicio por homicidio intencional o tentativa del
mismo contra la persona de cuya herencia se trata, contra el cónyuge y
contra los descendientes del mismo.
2o.- El heredero varón y mayor de edad que sabedor de la muerte
violenta del difunto, no la denuncia dentro de sesenta días a la justicia
cuando ésta no ha procedido ya de oficio sobre ella.
Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes o hermano o mujer
del heredero cesará en éste la obligación de denunciar.
3o.- El que voluntariamente acusó o denunció al difunto de un delito
capital.
4o.- El pariente que, sabiendo ser heredero presuntivo del difunto y
hallándose éste demente y abandonado, no cuida de recogerle o hacerle
recoger en un establecimiento público.
5o.- El que para heredar estorbó, por fuerza o fraude, que el difunto
hiciera testamento o revocara el ya hecho o sustrajo éste o forzó al
difunto para testar.
Las causas de indignidad, expresadas en este artículo, comprenden
también a los legatarios.
** PROPUESTA: LA COMISION PROPONE MODIFICAR EL NUMERAL 2o. POR EL
SIGUIENTE:
"El heredero mayor de edad que sabedor de la muerte violenta del
difunto, no la denuncia dentro de sesenta días a la justicia cuando ésta
no ha procedido ya de oficio sobre ella
Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes o hermanos del
heredero o cónyuge, cesará en éste la obligación de denunciar."
843.-
Pierden también todo derecho a lo que se les hubiere dejado en el
testamento, el tutor testamentario y el albacea que se excusen de admitir
su respectivo encargo o que sean removidos por sospechosos después de
haberlo admitido. (Artículos 359 y 989).
No se extiende esta causa de indignidad a los herederos forzosos en
cuanto a su legítima ni a los que, desechada por el Juez la excusa,
entren a desempeñar el encargo.
844.-
Las causas de indignidad no pueden alegarse contra disposiciones
testamentarias posteriores a los hechos que las producen, aunque se
ofrezca probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al
tiempo de testar ni después.
845.-
Para calificar la incapacidad o indignidad, se atenderá solamente al
tiempo de la muerte de aquel a quien se trata de heredar.
Si la institución o legado fueren condicionales, se atenderá además al
tiempo en que se cumpla la condición.
El heredero y el legatario que mueren antes de cumplirse la condición,
aunque sobrevivan al testador, no transmiten derecho alguno a sus
herederos.
Es lo mismo del heredero o legatario que muere antes de la época de la
viabilidad. (Número 1o. artículo 835).
846.-
La indignidad o incapacidad relativas a una persona o cosa, no se
extienden a otra cosa o persona
847.-
El indigno o incapaz que haya entrado en posesión de los bienes contra
lo dispuesto en los artículos anteriores, está obligado a restituirlos,
con todos los frutos y rentas que de ellos haya percibido y con las
accesiones que hayan tenido los mismos bienes.
848.-
Si el excluido de la herencia por indignidad, es hijo o descendiente
del testador y tiene hijos o descendientes, tendrán éstos derecho a la
legítima del excluido, aun en el caso de haber otros herederos
testamentarios. (Artículos 902,1011 No. 3 y 1024).
Sin embargo, el excluido no tendrá el usufructo y administración de
los bienes que por esta causa hereden sus hijos menores.
849.-
La incapacidad produce su efecto de pleno derecho.
850.-
La indignidad no produce efecto alguno si no es declarada
en juicio, a instancia de cualquiera de la exclusión del heredero o
legatario indigno.
851.-
La indignidad se purga en diez años de posesión de la herencia o
legado.
852.-
La acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe.
CAPITULO III
DE LA INSTITUCION DE HEREDERO
SECCION I
DE LA INSTITUCION DE HEREDERO
853.-
El que no tiene asignatarios forzosos (artículo 870) puede disponer en
testamento de todos o parte de sus bienes, por los títulos expresados en
el artículo 780.
854.-
La institución de heredero no es necesaria para la firmeza del
testamento.
Tampoco lo es la aceptación de la herencia por el heredero.
En uno y otro caso, se cumplirán las disposiciones testamentarias y en
el resto de los bienes de que no hubiere dispuesto el testador, se
heredará con arreglo a lo determinado en el Título siguiente.
855.-
Los herederos instituidos sin designación de partes heredan con
igualdad.
856.-
Si el heredero o herederos no han sido instituidos en la totalidad de
los bienes, sino en una parte o cuota determinada, el remanente pasará a
los herederos legítimos, a menos que haya otro u otros coherederos
instituidos sin designación de partes.
857.-
El heredero instituido en una cosa cierta y determinada es tenido por
legatario de ella.
SECCION II
DE LA SUSTITUCION
858.-
La sustitución de heredero en segundo o ulterior grado, para el caso
de que el nombrado en grado anterior no quiera o no pueda aceptar la
herencia, es la única sustitución reconocida por la ley.
859.-
Todo testador puede sustituir en los términos del artículo anterior.
La sustitución para uno de los dos casos comprende también al otro, a
menos que el testador haya declarado lo contrario.
La sustitución simple y sin expresión de casos, comprende los dos.
860.-
Pueden ser sustituidos dos o más personas a una sola; y al contrario,
una sola a dos o más herederos.
861.-
El sustituto del sustituto se entiende serlo también del heredero en
primer grado.
862.-
Cuando el testador sustituye recíprocamente los herederos instituidos
en partes designadas, tendrán éstos, en la sustitución, las mismas partes
que en la institución, si no apareciere claramente haber sido otra la
voluntad del testador.
863.-
El sustituto queda sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas
al instituido, si no apareciere claramente que el testador quiso
limitarlas a la persona del instituido.
864.-
El derecho de transmisión excluye al de sustitución y el de
sustitución al de acrecimiento.
865.-
Todo fideicomiso es nulo, cualquiera que sea la forma con que se le
revista.
Toda sustitución, fuera de la señalada en los artículos 858 y 859, se
considera fideicomiso.
866.-
Quedan comprendidas en la prohibición del artículo anterior:
1º.- La disposición por la que se declare inalienable toda o parte de
la herencia.
2º.- Aquella por la que es llamado un tercero al todo o parte de los
que reste de la herencia al morir el heredero.
3º.- La que, bajo cualquier nombre o forma, tenga por objeto dejar a
uno el todo o parte de los bienes hereditarios, para que los aplique o
invierta según las instrucciones que le hubiere comunicado el testador.
(Artículo 783).
867.-
La nulidad de la sustitución fideicomisaria no perjudica a la validez
de la institución de heredero ni a los derechos del primer llamado.
868.-
No se entiende contener sustitución, la disposición en que el testador
deja la propiedad a uno y el usufructo a otro u otros, con sujeción a lo
dispuesto en el Título Del usufructo.
869.-
Lo dispuesto en esta Sección se observará igualmente en los legados y
donaciones.
CAPITULO IV
DE LAS ASIGNACIONES FORZOSAS
870.-
Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer y
que se suplen cuando no las ha hecho, aun en perjuicio de sus
disposiciones testamentarias expresas.
Estas asignaciones son:
1º.- Los alimentos que se deben por la ley a ciertas personas.
2º.- La porción conyugal.
3º.- Las legítimas.
SECCION I
DE LAS ASIGNACIONES ALIMENTICIAS
871.-
Los alimentos que el difunto debía por la ley a ciertas personas y
que, en razón de la indigencia de éstas, eran exigibles antes de abrirse
la sucesión, gravan la masa hereditaria; excepto el caso en que el
testador haya impuesto ese gravamen a uno o más partícipes de la
sucesión.
** PROPUESTA: LA COMISION PROPONE EL SIGUIENTE TEXTO: (ver fundamento
en la Exposición de Motivos).
"Los alimentos que el difunto debía por ley a ciertas personas y que en
razón de la indigencia de éstas eran exigibles antes de abrirse la
sucesión, gravan, por una cuantía que se determinará en Unidades
Reajustables, la masa hereditaria; excepto el caso en que el testador
haya impuesto ese gravamen a uno o más partícipes en la sucesión".
872.-
Los asignatarios de alimentos no están obligados a devolución alguna
en razón de las deudas o cargas que graven el patrimonio del difunto,
pero podrán rebajarse los alimentos futuros que aparezcan
desproporcionados a las fuerzas del patrimonio efectivo.
873.-
Si las asignaciones que se hacen a alimentarios forzosos fueren más
cuantiosas de lo que en las circunstancias corresponda, se imputará el
exceso a la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su
arbitrio.
A la misma porción se imputarán las asignaciones alimenticias, en
favor de personas que por la ley no tengan derecho a alimentos.
SECCION II
DE LA PORCION CONYUGAL
874.-
La porción conyugal es aquella parte del patrimonio del cónyuge
premuerto, que la Ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo
necesario para su congrua sustentación.
875.-
Tendrá derecho a la porción conyugal aun el cónyuge separado (artículo
148), a menos que por sentencia haya sido declarado culpable de la
separación.
** Texto resultante de la introducción del divorcio vincular.
876.-
El derecho se entenderá existir al tiempo del fallecimiento del otro
cónyuge y no caducará en todo ni en parte por la adquisición de bienes
que posteriormente hiciere el cónyuge sobreviviente.
877.-
El cónyuge sobreviviente que, al tiempo de fallecer el otro cónyuge,
no tuvo derecho a porción conyugal, no la adquirirá después por el hecho
de caer en pobreza.
878.-
Si el cónyuge tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción
conyugal, sólo tendrá derecho al complemento, a título de porción
conyugal, (Artículo 893, número 2).
879.-
Asimismo se imputará a la porción conyugal todo lo que el cónyuge
sobreviviente tuviere derecho a percibir a cualquier otro título en la
sucesión del difunto, inclusa su mitad de gananciales. (Artículo 893,
número 2).
** Redacción adecuada a la derogación de los art. 2018 y siguientes.
880.-
El cónyuge sobreviviente podrá en todo caso retener lo que posea o se
le deba, renunciando la porción conyugal o pedir la porción conyugal
abandonando sus otros bienes y derechos.
881.-
La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes del difunto, en
todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos
o naturales reconocidos o declarados tales.
Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los
hijos a los efectos del artículo 887, inciso 1o. y recibirá como porción
conyugal la legítima rigorosa de un hijo (artículo 1043, numeral 4).
881-1.-
Si, una vez pagadas las deudas de la sucesión, quedare en el
patrimonio de la misma un inmueble, urbano o rural, destinado a vivienda
y que hubiere constituido el hogar conyugal, ya fuere propiedad del
causante, ganancial o común del matrimonio y concurrieren otras personas
con vocación hereditaria o como legatarios, el cónyuge supérstite tendrá
derecho real de habitación en forma vitalicia y gratuita.
En defecto del inmueble que hubiere constituido el hogar conyugal, los
herederos deberán proporcionarle otro que reciba la conformidad del
cónyuge supérstite. En caso de desacuerdo el Juez resolverá siguiendo el
procedimiento extraordinario.
881-2.-
Este derecho comprende, además, el derecho real de uso vitalicio y
gratuito de los muebles que equiparen dicho inmueble (inciso segundo del
articulo 469) ya fueren propiedad del causante, gananciales o comunes del
matrimonio.
881-3.-
Ambos derechos se perderán si el cónyuge supérstite contrajere nuevas
nupcias, viviere en concubinato o adquiriere un inmueble apto para
vivienda, de similares condiciones al que hubiera sido su hogar conyugal.
881-4.-
Tales derechos se imputarán a la porción disponible; en el supuesto de
que ésta no fuere suficiente, por el remanente se imputarán a la porción
conyugal y, en último término, a la porción legitimaria.
881-5.-
Para que puedan imputarse a la porción legitimaria los derechos reales
de habitación y de uso concedidos por este artículo, se requiere que el
matrimonio haya tenido una duración continua y mínima de dos años, salvo
que él se hubiere celebrado para regularizar un concubinato estable,
singular y público, de igual duración, durante el cual hubieren
compartido el hogar y vida en común.
La imputación a la porción legitimaria podrá alcanzar hasta la
totalidad de las legítimas rigorosas de los descendientes comunes del
causante y del beneficiario de los derechos reales de habitación y de uso
referidos. Tratándose de otros legitimarios, tal imputación sólo podrá
alcanzar hasta la mitad de las respectivas legítimas rigorosas.
881-6.-
En los demás casos, el plazo de duración mínima del matrimonio será de
treinta días, con la salvedad de la parte final del inciso primero del
numeral anterior, debiendo durar la relación concubinaria no, menos de
ciento ochenta días.
881-7.-
Si, a la apertura de la sucesión, el cónyuge supérstite tuviere otro
inmueble propio apto para vivienda, similar al que hubiera sido el hogar
conyugal, no tendrá el derecho real de habitación ni el de uso.
881-8.-
Si, a la apertura de la sucesión, los cónyuges estuvieren separados de
cuerpos, el cónyuge culpable no tendrá los derechos reales referidos. Si
estuvieren separados de hecho, el problema de la culpabilidad deberá
resolverse con los herederos, por el procedimiento extraordinario.
881-9.-
El cónyuge supérstite se considerará legatario legal de los derechos
reales recibidos con la responsabilidad que le es propia a éstos.
** El inciso 1º fue modificado por la Ley 15.855 del 25.3.87.
Los incisos 2º y siguientes fueron incorporados por la Ley 16.081 de
18.10.89.
882.-
Si el cónyuge sobreviviente hubiere de percibir en la sucesión del
difunto, a título de donación, herencia o legado, más de lo que le
corresponde a título de porción conyugal, el sobrante se imputará a la
parte de bienes de que el difunto pudo disponer a su arbitrio.
883.-
En lo que el viudo o viuda perciba a título de porción conyugal, sólo
tendrá la responsabilidad subsidiaria de los legatarios. (Artículo 1175).
Sin embargo, el cónyuge a quien por cuenta de su porción conyugal,
haya cabido a título universal alguna parte de la sucesión del difunto,
será responsable a prorrata de esa parte, como los herederos en sus
respectivas cuotas.
Si se imputare a la porción conyugal la mitad de gananciales,
subsistirá en ésta la responsabilidad especial que le es propia, según
las disposiciones legales que reglan la sociedad conyugal.
SECCION III
DE LAS LEGITIMAS
884.-
Llámase legítima la parte de bienes que la Ley asigna a cierta clase
de herederos, independientemente de la voluntad del testador y de que
este no puede privarlos, sin causa justa y probada de desheredación.
Los herederos que tienen legítima se llaman legitimarios o herederos
forzosos.
885.-
Tienen legítima:
1º. Los hijos legítimos, personalmente o representados por sus
descendientes legítimos o naturales.
2º. Los hijos naturales, reconocidos o declarados tales, personalmente
o representados por su descendencia legítima o natural.'
3º. Los ascendientes legítimos.
886.-
Los legitimarios o herederos forzosos concurren y son excluidos y
representados según el orden y reglas de la sucesión intestada
887.-
Habiendo un solo hijo legítimo o natural reconocido o declarado tal o
descendencia con derecho a representarle, la porción legitimaria será la
mitad de los bienes; si hay dos hijos, las dos terceras partes; si hay
tres o más hijos, las tres cuartas partes.
Dicha porción legitimarla se dividirá por partes iguales entre los
legitimarios que concurran.
No habiendo hijos legítimos ni naturales reconocidos o declarados
tales ni descendencia con derecho a representarlos, la mitad de la
herencia será la legítima de los ascendientes (artículos 885, numeral
3º).
Lo que resta del acervo, deducida la porción legitimaria según lo
dispuesto en los precedentes incisos, es la parte de los bienes de que el
difunto ha podido disponer en vida o en muerte, a favor de cualquiera
aunque sea extraño.
Lo que cupiese a cada uno de los herederos forzosos en la porción
legitimarla será su legítima rigorosa.
** El art. fue modificado por la Ley 15.855 de 25.3.87.
888.-
Toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre aquellos
que la deben y sus herederos forzosos, es nula; y los segundos podrán
reclamarla cuando mueran los primeros; sin perjuicio de traer a colación
lo que hubieren recibido por la renuncia o transacción.
889.-
Para fijar la porción legitimaria, se atenderá al valor de los bienes
que hayan quedado a la muerte del testador, previas las deducciones
indicadas en el Título VI de este Libro y sin comprender las deudas y
cargas impuestas en el testamento. (Artículos 893 y 1043).
Al valor liquido de los bienes hereditarios se agregará
imaginariamente el que tenían todas las donaciones del mismo testador en
el tiempo en que las hizo. (Artículos 1100,1613 y 1639).
*** PROPUESTA: LA COMISION PROPONE LA MODIFICACION DEL INCISO 2º POR
EL SIGUIENTE: (ver fundamentación en la Exposición de Motivos).
"Al valor liquido de los bienes hereditarios, se agregará
imaginariamente el que tenían todas las donaciones del mismo testador de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1108 y siguientes. (Artículo 1100,
1613 y 1639)."
890.-
Fijada la porción legitimaria con arreglo al artículo anterior, para
la reducción de las donaciones y legados a la porción disponible, se
observará lo siguiente:
1º. No se llegará a las donaciones mientras pueda cubrirse la porción
legitimaria reduciendo o dejando absolutamente sin efecto, si necesario
fuere, las disposiciones testamentarias.
2º. La reducción de éstas se hará a prorrata sin distinción alguna
Con todo, si el testador quiso que se pagara cierto legado con
preferencia a otros, no sufrirá reducción sino después de haberse
aplicado éstos por entero al pago de las legítimas.
3º. Si la disposición consiste en un usufructo o renta vitalicia, cuyo
valor se tenga por superior a la parte disponible, los herederos forzosos
podrán escoger entre ejecutar la disposición o abandonar la parte
disponible.
4º. Cuando haya lugar a la reducción de las donaciones, se hará en
orden inverso al de sus fechas, esto es, principiando por las más
recientes; y en lo demás se estará a lo dispuesto en el Libro Cuarto,
Título De las Donaciones.
891.-
Cuando el legado sujeto a reducción consiste en una finca que no
admite cómoda división, quedará la finca para el legatario, si la
reducción no absorbe la mitad de su valor y en caso contrario para los
herederos forzosos; pero aquél y éstos deberán abonarse su respectivo
haber en dinero.
892.-
Si los herederos o legatarios no quieren usar del derecho que se les
acuerda en el artículo anterior, podrá usarlo el que de ellos no lo
tenía; si éste tampoco quiere usarlo, se venderá la finca en pública
subasta, a instancia de cualquiera de los interesados.
893.-
La porción legitimaria se aumenta a beneficio de las legítimas
rigorosas (artículo 889):
1º. Con lo que un heredero forzoso dejare de llevar de su legítima,
por indignidad, desheredación o porque la haya repudiado y no tenga
descendientes con derecho de representarle.
2º. Con las deducciones que se hagan a la porción conyugal del cónyuge
sobreviviente que tiene otros bienes o que ha de suceder por cualquier
otro título según los artículos 878 y 879.
3º. Con toda aquella porción de que ha podido disponer libremente el
testador y no ha dispuesto o si lo ha hecho ha quedado sin efecto
(artículos 778, inciso 3º, 1011, inciso 2º).
Aumentadas así las legítimas rigorosas, se llama legítimas efectivas;
pero este acrecimiento no aprovecha al cónyuge sobreviviente cuando
concurra con hijos legítimos o naturales. (Artículos 881 y 887, incisos
1º y 2º).
** El último inciso fue modificado por la Ley 15.855 de 25.3.87.
894.-
La legítima rigorosa no admite gravamen, condición ni sustitución de
ninguna especie.
895.-
El que debe una legítima podrá en todo caso señalar las especies en
que ha de hacerse su pago; pero no podrá delegar esta facultad a persona
alguna ni tasar los valores de dichas especies. (Artículo 1153).
CAPITULO V
DE LA DESHEREDACION
896.-
La desheredación es una disposición testamentaria, por la cual se
priva o excluye de su legítima al heredero forzoso.
897.-
Para que valga la desheredación se requiere:
1º. Que se haga en testamento válido.
2º. Que sea hecha pura y simplemente y del total de la legítima.
3º. Que se designe al desheredado por su nombre y se exprese clara y
específicamente la causa de la desheredación.
4º. Si el desheredado es un hijo o descendiente, se requiere, además,
que haya cumplido dieciocho años.
898.-
La causa en que se funda la desheredación deberá ser alguna de las
señaladas expresamente en la ley y probarse, además, por las personas a
quienes interesare la desheredación, si no se hubiese probado
judicialmente en vida del testador.
899.-
Todas las causas de indignidad para suceder (artículo 842) lo son
también respectivamente de desheredación.
900.-
Son además justas causas de desheredación de los hijos y
descendientes:
1º. Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra al
padre o ascendiente que le deshereda.
2º. Haberle negado los alimentos, sin motivo legítimo.
3º. Haberse entregado la hija o nieta a la prostitución.
4º. Haber sido declarado por sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada, culpable de un delito y condenado como tal a la pena de cinco
años de penitenciaría o a otra pena de mayor gravedad.
*** PROPUESTA: LA COMISION PROPONE LA DEROGACION DEL NUMERAL 3º EN
VIRTUD DEL ART. 26º DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS DE 19.12.66.
901.-
El padre y la madre pueden ser desheredados por sus hijos:
1º. Cuando ha perdido la patria potestad, con arreglo a este Código.
(Artículos 284 y siguientes).
2º. Cuando les negaren los alimentos, sin motivo legítimo.
3º. Cuando el padre atentó contra la vida de la madre o ésta contra la
de aquél y no hubo reconciliación entre los mismos.
Las disposiciones de este artículo se aplican también a los otros
ascendientes legítimos.
902.-
Los hijos del descendiente desheredado que sobrevive al testador,
ocupan su lugar y derechos de herederos forzosos respecto a la legítima,
sin que el padre desheredado tenga el usufructo legal y administración de
los bienes que por esta causa hereden. (Artículos 848 y 885).
903.-
Los efectos de la desheredación no se extienden a los alimentos
necesarios y debidos por la ley.
904.-
La desheredación podrá revocarse como las otras disposiciones
testamentarias; pero no se entenderá revocada tácitamente por haber
intervenido reconciliación; ni el desheredado será admitido a probar que
hubo intención de revocarla.
CAPITULO VI
DE LAS MANDAS O LEGADOS
905.-
El testador puede gravar con legados no sólo a su heredero, sino
también a los mismos legatarios, y si estos aceptaren, deberán
cumplirlos, con tal que no importen más de lo que se les deja.
Lo dicho respecto del heredero se entenderá sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 884 y siguientes.
906.-
El obligado a la entrega de la cosa legada responde en caso de
evicción, si la cosa fue indeterminada y correspondía a un género o
clase.
907.-
Puede también el testador dar sustituto al legatario; y en este caso
regirá lo dispuesto en la Sección II, Capítulo III de este Título.
908.-
Cuando el testador haya legado alguna especie ajena, será nulo el
legado, supiese o no el testador que no le pertenecía.
Valdrá, sin embargo, el legado de una especie propia del heredero o
del legatario, si se hubiese hecho en forma de carga o de condición.
909.-
Cuando el testador legó una especie empeñada o hipotecada para la
seguridad de una deuda exigible del mismo testador, el pago de esta será
de cargo de la herencia, a menos que el testador hubiese impuesto
expresamente al legatario el gravamen de pagarla.
Si por no pagarla el heredero, lo hiciere el legatario que no tenga el
gravamen de ese pago, quedará subrogado en el lugar y derecho del
acreedor para reclamar contra el heredero.
Toda otra carga perpetua o temporal a que esté afecta la especie
legada, pasa con esta al legatario; pero en ambos casos las rentas,
intereses o réditos devengados hasta la muerte del testador, son carga de
la herencia.
910.-
En el legado de usufructo, si ocurriese el caso previsto en el
artículo 529, se observará lo dispuesto en el mismo.
911.-
La enajenación que de las especies legadas haya hecho el testador en
todo o en parte y por cualquier título o causa, deja sin efecto el legado
en lo que ha sido objeto de la enajeción, aunque esta haya sido nula y
dichas especies hayan vuelto al dominio del testador, a menos que hayan
vuelto por pacto de retroventa puesto por el mismo testador al hacer la
enajenación.
Sin embargo, el caso de empeño o hipoteca de la cosa ya legada se
regirá por lo dispuesto en el artículo 909.
912.-
Pueden legarse no solamente los objetos corporales, sino los derechos
y acciones.
913.-
El legado de una cosa futura vale con tal que llegue a existir.
(Artículos 1283 y 1625, inciso 3º y 1671).
914.-
El legado de crédito y el de perdón de una deuda sólo tienen efecto
por la parte del crédito o de la deuda existente al tiempo de la muerte
del testador.
En el primer caso, el heredero cumple con ceder al legatario todas las
acciones que le competirían contra el deudor.
En el segundo, el heredero cumple con dar al legatario carta de pago,
si la pidiere.
En ambos casos, el legado comprende los intereses que por el crédito o
deuda se debieran al testador.
915.-
Caducan los legados de que habla el artículo anterior, cuando el
testador demandó judicialmente al deudor para el pago, aunque este no se
haya realizado.
916.-
Si se lega a un deudor lo que debe, sin determinar suma, no se
comprenderán en el legado sino las deudas existentes a la fecha del
testamento.
917.-
Legado el instrumento privado de la deuda, se entiende remitida esta.
Por el legado hecho al deudor de la cosa recibida en prenda, sólo se
entiende remitido este derecho.
918.-
Lo que se deja a un acreedor no se entenderá que es a cuenta de su
crédito, si no se expresa.
En caso de expresarse, se deberá reconocerla deuda en los términos que
lo haya hecho el testador o en que se justifique haberse contraído la
obligación; y el acreedor podrá a su arbitrio exigir el pago, en los
términos a que estaba obligado el deudor o en los que expresa el
testamento.
919.-
Si el testador manda pagar lo que cree deber y no debe, la disposición
se tendrá por no escrita.
920.-
Si en razón de una deuda determinada, se manda pagar más de lo que
ella importa, no se deberá el exceso.
921.-
Las deudas confesadas en el testamento y de que por otra parte no
hubiese un principio de prueba por escrito, se tendrán por legados
gratuitos y estarán sujetos a las mismas responsabilidades y deducciones
que los otros legados de esta clase.
922.-
En los legados alternativos se presume haberse dejado la elección al
heredero.
923.-
No vale el legado de cosa fungible, cuya cantidad no se determine de
algún modo.
Si el legado se hiciere señalando el lugar donde ha de encontrarse la
cosa fungible, sin determinar cantidad, se deberá lo que allí se
encuentre al tiempo de la muerte del testador..
Si se encontrare menor cantidad que la designada, en caso de que se
hubiere hecho alguna designación, sólo se deberá la cantidad existente, y
si nada se encontrare, no valdrá el legado.
924.-
Si al legar una especie, se designa el lugar en que está guardada y no
se encuentra allí, sino en otra parte, se deberá la especie, y sino se
encuentra en parte alguna, será nulo el legado.
925.-
Si de muchas especies que existen en el patrimonio del testador, se
legare una sin decir cuál, será la elección del heredero, quien cumplirá
con dar una especie de mediana calidad o valor entre las comprendidas en
el legado.
La misma regla se seguirá en los legados de género que no se limitan a
lo que existe en el patrimonio del testador, como una vaca, un caballo,
etc.
926.-
Si se legó una cosa entre varias que el testador creyó tener y no ha
dejado más que una, se deberá la que ha dejado; y si no ha dejado
ninguna, no valdrá el legado.
Tampoco valdrá el legado de una cosa indeterminada, de aquellas cuyo
valor no tiene límites, como una casa, una hacienda de campo, si no
existiere alguna del mismo género entre los bienes del testador.
927.-
Siempre que la elección de una cosa entre muchas se diere expresamente
al heredero o al legatario, podrá respectivamente aquel o este ofrecer o
elegir a su arbitrio.
Lo mismo podrá hacer un tercero a quien se cometiere la elección; pero
si este no cumpliere su encargo en el tiempo señalado por el testador o
en su defecto por el Juez, tendrá lugar la regla del articulo 925.
Hecha una vez la elección, quedará irrevocable, excepto el caso de
engaño o dolo.
928.-
La especie legada debe entregarse en el estado en que existe al tiempo
de la muerte del testador, comprendiendo los utensilios necesarios para
su uso, que existan con ella.
Si se lega un carruaje, se entenderán legados los arneses y las
bestias de que el testador solía servirse para usarlo y que al tiempo de
su muerte existan con él.
929.-
En el legado de un predio no se comprenden los terrenos y edificios
que el testador le haya agregado después del testamento.
Si lo nuevamente agregado formare con lo demás, al tiempo de abrirse
la sucesión, un todo que no pueda dividirse sin grave pérdida y las
agregaciones valieren más que el predio en su estado anterior, sólo se
deberá al legatario el valor del predio.
Si las agregaciones valieren menos, se deberá todo ello al legatario,
con cargo de pagar el valor de dichas agregaciones.
930.-
El legado de una medida de tierra, como mil metros
cuadrados, no aumenta, en ningún caso, por la adquisición
que el testador hiciere de tierras contiguas y si estas no
pudieren separarse, sólo se deberá el valor de la medida
legada.
Si se lega un solar y después lo edifica el testador, sólo se deberá
el valor del solar.
931.-
Cuando se lega parte de un predio, se entiende con las servidumbres
que para su goce o cultivo le sean necesarias.
932.-
Si se lega un rebaño, se deberán los animales de que se componga al
tiempo de la muerte del testador y no más.
933.-
Cuando se leguen alimentos voluntarios sin determinar su forma y
cuantía, se deberán en la forma y cuantía en que el testador acostumbraba
suministrarlos a la misma persona; y a falta de esta determinación, se
regularán tomando en consideración la necesidad del legatario, sus
relaciones con el testador y las fuerzas del patrimonio, en la parte de
que el testador ha podido disponer libremente.
Si el testador no fija el tiempo que haya de durar la contribución de
alimentos, se entenderá que debe durar por todo el tiempo de la necesidad
del legatario.
El legado de educación durará hasta que el legatario sea mayor de
edad.
934.-
Siempre que se legue una cantidad determinada para satisfacerse
periódicamente, como en cada año, cada mes o en otro tiempo, el legatario
podrá exigir la del primer período así que muera el testador y la de los
siguientes en el principio de cada uno de ellos; y no habrá lugar a la
devolución, aun cuando el legatario muera antes de concluirse el período
a que correspondía la cantidad entregada.
935.-
Cuando el testador, en un mismo testamento o en diversos, ha dejado a
una misma persona varias veces la misma cosa, aunque sea género o
cantidad, se presume que lo ha hecho por error o inadvertencia; y el
legatario sólo una vez puede exigir el legado, a no ser que el testador
exprese su voluntad de repetirlo.
936.-
En los legados puros y simples el legatario adquiere derecho a ellos,
desde que muere el testador y lo trasmite a sus herederos. (Artículo
955).
937.-
Siendo el legado de una especie cierta, adquiere el legatario su
propiedad desde la muerte del testador y hace suyos los frutos pendientes
y futuros.
La especie legada correrá desde entonces a riesgo del legatario, para
el cual será la pérdida, aumento o deterioro de ella.
938.-
El legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada,
sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o albacea, cuando
este se halle autorizado para darla.
939.-
El heredero debe entregar la misma cosa legada, pudiendo hacerlo y no
cumple con dar su estimación.
Los legados en dinero deben ser pagados en esta especie, aunque no lo
haya en la herencia.
Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada se mirarán
como una parte del mismo legado.
940.-
Si no hubiere bienes suficientes para cubrir todos los legados, se
sacarán primero los de especie cierta; y los bienes restantes se
repartirán después a prorrata entre los legatarios de cantidad de dinero.
Los legados hechos expresamente en recompensa de servicios no estarán
sujetos a este descuento.
Tampoco lo estarán aquellos legados que el testador hubiere
expresamente querido que fuesen pagados con preferencia.
941.-
El legado hecho simplemente a un menor para tomar estado, sin
expresión de cuál haya de ser, se entregará al legatario así que cumpla
la mayor edad.
El hecho a un mayor de edad para tomar estado se entenderá para
casarse y se le entregará cuando se case.
942.-
El legatario puede exigir que el heredero afiance en todos los casos
en que pueda exigirlo el acreedor.
943.-
Cuando el legatario no pueda o no quiera aceptar el legado o este por
cualquier otra causa no pueda tener efecto, se refundirá en la masa de la
herencia, fuera de los casos de sustitución y acrecimiento, conforme a
este Código.
944.-
El legatario no puede aceptar una parte y repudiar la otra del mismo
legado. Pero si murió antes de aceptar o repudiar y dejó herederos, puede
cada uno de estos aceptar o repudiar su parte del legado. (Artículo 864).
945.-
Siendo dos los legados, puede el legatario aceptar uno y repudiar
otro, pero si uno de ellos fuese oneroso, no podrá repudiar este y
aceptar el otro.
946.-
Por la destrucción de la especie legada se extingue la obligación de
pagar el legado.
También queda sin efecto el legado de una cosa mueble, si el testador
la altera de modo que pierda la forma y denominación anterior.
CAPITULO VII
DE LAS CONDICIONES, PLAZOS Y OBJETO O
FIN DE LAS DISPOSICIONES
TESTAMENTARIAS
947.-
Lo dispuesto en el Capítulo III, Título II del Libro Cuarto, sobre las
obligaciones condicionales y aplazo rige también en las últimas
voluntades; sin perjuicio de lo que se dispone por los artículos
siguientes. (Artículo 1432-1).
948.-
La condición que consiste en un hecho presente o pasado, no suspende
el cumplimiento de la disposición: si el hecho existe o ha existido, se
mira como no escrita; y si no existe o no ha existido, no vale la
disposición.
Lo pasado, presente y futuro se considera en relación al momento de
testar, a menos que se exprese otra cosa.
949.-
Cuando la condición que se impone como para tiempo futuro, consiste en
un hecho que se ha realizado en vida del testador, si este lo supo al
tiempo de testar y el hecho es de los que pueden repetirse, se presumirá
que el testador exige su repetición.
Si el testador lo supo al tiempo de testar y el hecho es de aquellos
cuya repetición es imposible, se mirará la condición como cumplida.
Si el testador no lo supo, se mirará la condición como cumplida,
cualquiera que sea la naturaleza del hecho.
950.-
Si la condición impuesta al heredero o legatario, fuese negativa o de
no hacer o no dar, cumplirán aquellos con afianzar que no harán o no
darán lo que les fue prohibido por el testador; y que, en caso de
contravención, devolverán lo percibido con sus frutos e intereses.
951.-
La condición de no impugnar el testamento, impuesta al heredero o
legatario, no se extiende a las demandas de nulidad por falta de
solemnidades ni a las de interpretación de voluntad.
952.-
La condición de no contraer primero o ulterior matrimonio se tiene por
no puesta y en nada perjudica al heredero o legatario. (Artículo 1410).
953.-
El artículo precedente no se opone a que se provea a la subsistencia
de una mujer, mientras permanezca soltera o viuda, dejándose por ese
tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación o una pensión
periódica.
954.-
Las disposiciones testamentarias a plazo incierto, esto es, para
ejecutarse el día incierto en que se realice un hecho futuro necesario,
como la muerte de una persona, son condicionales y envuelven la condición
suspensiva de existir el heredero o legatario en ese día. (Artículo
1422).
955.-
Las disposiciones testamentarias bajo condición suspensiva no
confieren al heredero o legatario derecho alguno, mientras no se cumpla
la condición, salvo el de implorar las providencias conservatorias
necesarias.
Si el heredero o legatario muere antes de cumplirse la condición, no
trasmite derecho alguno.
Cumplida la condición, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el
tiempo intermedio, si el testador no se los hubiere expresamente cuido:
(Artículo 936).
956.-
Cuando se deja algo a una persona para que lo tenga por suyo con la
obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras
o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una
condición suspensiva.
Si pareciere dudosa la intención del testador, se juzgará que la
disposición es modal.
957.-
El modo no suspende la adquisición del derecho ni su ejercicio.
Lo dejado modalmente puede pedirse desde luego, sin necesidad de dar
fianza de restitución para el caso de no cumplirse el modo.
958.-
En las disposiciones modales se llama cláusula resolutoria, la que
impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple
el modo.
No se entenderá que envuelven cláusula resolutoria, cuando el testador
no la expresa.
959.-
Si el modo es en beneficio exclusivo de aquel a quien se impone, se
mirará como simple declaración de voluntad que no encierra obligación
jurídica, salvo que lleve cláusula resolutoria.
960.-
Si el hecho que constituye el modo es por su naturaleza imposible,
contrario a las buenas, costumbres o prohibido por las leyes, no valdrá
la disposición.
Si el modo, sin hecho o culpa del gravado, es solamente imposible en
la forma prescrita por el testador, deberá cumplirse en otra análoga que
no altere la sustancia de la disposición y que en este concepto sea
aprobada por el Juez, con citación de los interesados.
Si el modo se hace enteramente imposible, sin hecho o culpa del
gravado, subsistirá la disposición sin el gravamen.
961.-
Si el testador no determinare suficientemente el tiempo o la forma
especial en que ha de cumplirse el modo, podrá hacerlo el Juez,
consultando en lo posible la voluntad de aquel y dejando al gravado en el
modo, un beneficio que ascienda por lo menos a la quinta parte del valor
de lo que se le ceje por el testamento:
962.-
Si el modo consiste en un hecho tal, que para el fin que el
testador se haya propuesto, sea indiferente la persona que lo ejecute, es
transmisible a los herederos del gravado por la disposición modal.
963.-
Siempre que haya de llevarse a efecto la cláusula resolutoria,
restituyendo lo recibido por no cumplirse el modo, se deberá entregar a
la persona en cuyo favor se ha constituido el modo una suma proporcionada
al objeto y el resto del valor de la cosa dejado modalmente acrecerá a la
herencia, si el testador no hubiere ordenado otra cosa.
Aquel a quien se ha impuesto el modo, no gozará del beneficio que
pudiera resultarle de la disposición precedente.
CAPITULO VIII
DE LOS ALBACEAS
964.-
Albaceas o ejecutores testamentarios son aquellos a quienes el
testador da el encargo de hacer ejecutar sus disposiciones.
El testador puede nombrar uno o más albaceas.
965.-
No habiendo el testador nombrado albaceas o faltando el nombrado, el
encargo de hacer ejecutar las disposiciones del testador pertenece a los
herederos.
966.-
El que no puede obligarse no puede ser albacea.
La capacidad del albacea se refiere al tiempo de la ejecución del
testamento.
La incapacidad sobreviniente pone fin al albaceazgo.
967.-
No puede ser albacea el menor, aun habilitado de edad, (Artículo 310).
** Los incisos 2o. y 3o. fueron derogados por el art. 1o. de la Ley
No. 10.783 del 18.9.46.
968.-
El albacea nombrado puede rehusar libremente este cargo; pero
aceptándolo expresa o tácitamente; está obligado a desempeñarlo, excepto
en los casos en que es permitido al mandatario exonerarse del suyo.
Si rehusare el cargo, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 843.
969.-
El Juez, a instancia de cualquiera de los interesados en la sucesión,
señalará un plazo razonable dentro del cual el albacea acepte el cargo o
se excuse de servirlo; y podrá el Juez, en caso necesario, ampliar por
una sola vez el plazo.
Si el albacea estuviere en mora de comparecer, caducará su
nombramiento, quedando además sujeto a lo que dispone el artículo 843.
970.-
El albaceazgo no es transmisible a los herederos del albacea.
971.-
Tampoco es delegable el albaceazgo, sin expresa autorización del
testador. El albacea, con todo, podrá constituir mandatarios que obren a
sus órdenes; bien que será responsable de las operaciones de estos.
972.-
Cuando son dos o más los albaceas y no pueden o no quieren intervenir
todos, valdrá lo que bajo su responsabilidad hiciere el menor número,
aunque fuese uno solo.
973.-
Siendo varios los albaceas en el caso del artículo 986 y habiendo
entrado en la tenencia de los bienes, responderán todos solidariamente, a
menos que el mismo testador o el Juez de la testamentaria, a petición de
cualquiera de dichos albaceas o de los interesados en la sucesión, haya
dividido sus atribuciones y que cada uno se haya limitado a las que le
incumbían.
974.-
Incumbe al albacea velar sobre la seguridad de los bienes; hacer que
se guarde bajo llave y sello el dinero, muebles y papeles, mientras no
haya inventario solemne y cuidar de que se proceda a este inventario, con
citación de los herederos y de los demás interesados en la sucesión;
salvo que siendo todos los herederos capaces de administrar sus bienes,
determinen unánimemente que no se haga inventario solemne.
975.-
Todo albacea será obligado a dar noticia de la apertura de la sucesión
y citar a los acreedores conforme a la publicidad prevista en la ley
procesal.
** Redacción adaptada a los arts. 414-2 y 427 del Código Gral. del
Proceso.
976.-
Sea que el testador haya encomendado o no al albacea el pago de sus
deudas, será este obligado a exigir que en la partición de los bienes se
señale un lote suficiente para cubrir las deudas conocidas (Artículos
1131 y 1138).
977.-
La omisión de las diligencias prevenidas en los dos artículos
anteriores, hará responsable al albacea de todo perjuicio que ella
irrogue a los acreedores.
Las mismas obligaciones y responsabilidades recaerán sobre los
herederos presentes y capaces o sobre los representantes legítimos de los
que no tuvieren capacidad legal. (Artículo 1169).
978.-
El albacea encargado de pagar deudas hereditarias, lo hará,
precisamente, con intervención de los herederos presentes o del curador
de la herencia yacente en su caso.
979.-
Aunque el testador haya encargado al albacea el pago de sus deudas,
los acreedores tendrán siempre expedita su acción contra los herederos,
si el albacea estuviere en mora de pagarles.
980.-
El albacea pagará los legados que no se hayan impuesto a determinado
heredero o legatario, para lo cual exigirá a los herederos o al curador
de la herencia yacente en su caso, el dinero que sea menester y las
especies muebles o raíces en que consistan los legados, si el testador no
le hubiere dejado la tenencia del dinero o de las especies.
Los herederos, sin embargo, podrán hacer el pago de los dichos legados
por sí mismos y satisfacer al albacea con las respectivas cartas de pago;
a menos que el legado consista en una obra o hecho encomendado
particularmente al albacea y sometido a su juicio.
981.-
Si hubiere legados para objetos de beneficencia pública, el albacea
dará conocimiento de ellos, con inserción de las respectivas cláusulas,
al Fiscal de Hacienda; a quien igualmente denunciará la negligencia de
los herederos o legatarios obligados a prestar esos legados.
El Ministerio Fiscal perseguirá judicialmente a los omisos.
De las mandas piadosas como sufragios, misas, fiestas eclesiásticas y
otras semejantes, el albacea dará cuenta a la autoridad religiosa
respectiva, la que podrá implorar ante la autoridad civil, las
providencias judiciales necesarias, para que los obligados a prestar
estas mandas, las cumplan.
La autoridad religiosa podrá también proceder espontáneamente a la
diligencia antedicha contra el albacea, los herederos o legatarios
omisos.
El mismo derecho tendrán también los Municipios, en razón de los
legados de utilidad pública en que se interesen los respectivos
vecindarios.
** La redacción de los inc. 3o. y 4o. está adaptada al art. 5o. de la
Constitución de la República
Si no hubiere de hacerse inmediatamente el pago de especies legadas y
se temiere su pérdida o deterioro por negligencia de los obligados a
darlas, el albacea a quien incumbe hacer cumplir los legados, podrá
exigirles caución.
983.-
Si no hubiere dinero suficiente para el pago de las deudas o legados,
el albacea, con anuencia de los herederos presentes, procederá a la venta
de los bienes muebles y no alcanzando estos, a la de los inmuebles; salvo
que los herederos podrán oponerse a la venta, entregando al albacea el
dinero que necesite al efecto.
984.-
Lo dispuesto en los artículos 396, 407 y 412, número 1o., se extenderá
a los albaceas.
985.-
El albaceano podrá comparecer en juicio en calidad de tal, sino para
defender la validez del testamento o cuando le fuere necesario para
llevar a efecto las disposiciones testamentarias que le incumban; y en
todo caso, lo hará con la intervención de los herederos presentes o del
curador de la herencia yacente en su caso.
986.-
El testador podrá dar al albacea, la tenencia de cualquiera parte de
los bienes o de todos ellos y en este caso, tendrá el albacea las mismas
facultades y obligaciones del curador de la herencia yacente; con sólo la
diferencia de no estar obligado a rendir caución, sino cuando lo pidieren
los herederos o legatarios por justo temor sobre la seguridad de los
bienes.
Aunque se haya conferido al albacea la tenencia de los bienes, habrá
lugar a las disposiciones de los artículos precedentes.
987.-
El testador no podrá ampliar las facultades del albacea ni exonerarle
de sus obligaciones, según se hallan definidas en este capítulo.
988.-
El albacea es responsable de la culpa o falta de diligencia que se le
pueda imputar en el desempeño de su cargo.
989.-
El albacea podrá ser removido por culpa o dolo a petición de los
herederos.
En caso de dolo se hará indigno de lo que el testador le hubiese
legado; y además de indemnizar de cualquier perjuicio a los interesados,
restituirá todo lo que haya recibido a título de retribución. (Artículo
843).
990.-
Prohíbese al albacea llevar a efecto ninguna disposición del testador,
en lo que fuere contraria a las leyes, so pena de nulidad y de
considerársele culpable de dolo.
991.-
Cuando el testador no haya señalado la remuneración del albacea, se
fijará por resolución judicial, habida consideración al caudal
hereditario y a lo más o menos laborioso del cargo.
992.-
El albaceazgo durará el tiempo cierto y determinado que se haya
prefijado por el testador.
Si el testador no hubiere prefijado el tiempo con arreglo al
precedente inciso, durará el albaceazgo un año, contado desde el día en
que el albacea haya comenzado a ejercer el cargo.
El Juez podrá prorrogar el plazo señalado por el testador o por la
ley, si ocurrieren al albacea dificultades graves para evacuar su cargo,
dentro de él.
993.-
El plazo prefijado por el testador o por la ley o ampliado por el
Juez, se entenderá sin perjuicio de la partición de los bienes y de su
distribución entre todos los partícipes.
994.-
Los herederos podrán pedir la terminación del albaceazgo, desde que el
albacea haya evacuado su cargo, aunque no haya expirado el plazo de que
hablan los artículos anteriores.
995.-
No será motivo para la prolongación del plazo ni del albaceazgo, la
existencia de legados cuyo día o condición estuviere pendiente; a menos
que el testador haya dado al albacea expresamente la tenencia de las
respectivas especies o de la parte de los bienes destinados a cumplirlos;
en cuyo caso se limitará el albaceazgo a esta sola tenencia.
Lo dicho se extiende a las deudas cuyo pago se hubiere encomendado al
albacea y cuyo día, condición o liquidación estuviere pendiente; y se
entenderá sin perjuicio de los derechos concedidos a los herederos por
los artículos precedentes.
996.-
Terminada la ejecución de su cargo, el albacea dará cuentas
justificadas de su administración. No podrá el testador relevarle de esta
obligación.
997.-
El albacea, examinadas las cuentas por los respectivos interesados y
deducidas las expensas legítimas, pagará o cobrará el saldo que en su
contra o a su favor resultare, según lo prevenido para los tutores y
curadores en iguales casos.
CAPITULO IX
DE LA REVOCACION Y REFORMA DEL
TESTAMENTO
SECCION I
DE LA REVOCACION DEL TESTAMENTO
998.-
Todo testamento es revocable a voluntad del testador hasta su muerte.
(Artículo 779).
La renuncia que de este derecho se hiciere, será nula, así como la
cláusula en que el testador se obligare a no usarlo sino bajo ciertas
palabras, cláusulas o restricciones.
999.-
Un testamento no puede ser revocado expresamente, sino por otro
testamento.
1000.-
La revocación que de un testamento solemne se hiciere en otro menos
solemne o especial, otorgado en los casos previstos por la ley, caducará
con este testamento, después del plazo fijado en los artículos 811, 816 y
824 y subsistirá el anterior.
1001.-
Si el testamento que revoca otro anterior, es revocado a su vez, no
revive por esa revocación el primer testamento, a menos que el testador
exprese su voluntad a este respecto.
1002.-
Un testamento nulo no puede producir el efecto de revocar los
testamentos anteriores.
1003.-
La revocación hecha en un testamento posterior, surtirá todos sus
efectos, aunque la nueva institución quede sin cumplirse por la
incapacidad o indignidad del heredero instituido o su negativa de aceptar
la herencia.
1004.-
Si alguno hace segundo testamento, e instituye heredero, expresando
que lo hace por creer que ha muerto el instituido en el primer
testamento, cuando realmente vive, subsistirá la primera institución.
1005.-
Un testamento no se revoca tácitamente en todas sus partes por la
existencia de otro u otros posteriores.
Cuando estos no revoquen expresamente los anteriores testamentos,
dejarán subsistentes las disposiciones que no sean incompatibles o
contrarias a ellos.
SECCION II
DE LA REFORMA DEL TESTAMENTO
1006.-
Los herederos forzosos a quienes el testador no haya
dejado lo que les corresponde por la ley, tendrán derecho a que se
reforme a su favor el testamento y podrán intentar la acción de reforma
(ellos o las personas que les hubieren sucedido en sus derechos), dentro
de los cuatro años contados desde el día en que conocieron el testamento
del difunto o contados desde el día en que llegaron a la mayor edad, si
eran menores a la apertura de la sucesión.
1007.-
La acción de reforma da derecho a los herederos forzosos, para
reclamar la legítima rigorosa o la efectiva en su caso.
1008.-
El haber sido pasado en silencio un heredero forzoso deberá entenderse
como una institución en su legítima.
1009.-
Contribuirán a formar o integrar lo que en razón de su legítima se
debe al demandante, los herederos forzosos del mismo orden y grado.
1010.-
La acción de reforma corresponde también, según las mismas reglas, al
cónyuge sobreviviente para la integración de la porción conyugal.
TITULO V
LA SUCESION INTESTADA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1011.-
La sucesión intestada tiene lugar:
1o. Cuando uno muere sin testamento o con testamento nulo o con
testamento que perdió después su fuerza, aunque al principio fuese
válido.
2o. Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o
en alguna parte de los bienes. (Artículo 893).
3o. Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o el
instituido muere antes que el testador o es incapaz o indigno o repudia
la herencia; fuera de los casos de sustitución y acrecimiento con arreglo
a este Código.
Si el descendiente que repudia tuviese hijos o descendientes y hubiese
otros herederos testamentarios, regirá lo dispuesto en el artículo 848.
1012.-
Lo dispuesto en el capítulo II del Título anterior sobre incapacidad o
indignidad para recibir por testamento, tiene lugar respectivamente en
las herencias intestadas.
1013.-
Para reglar la sucesión intestada, la ley sólo considera los vínculos
de afecto y de parentesco; no la prerrogativa de la línea el sexo, la
naturaleza ni el origen de los bienes.
1014.-
Son llamados a la sucesión intestada, según las reglas que más
adelante se determinarán, los parientes legítimos y naturales del
difunto, los hijos adoptivos o padres adoptantes, el cónyuge
sobreviviente y el Estado.
1015.-
El parentesco se mide por líneas y éstas por grados.
Se llama línea recta la serie de personas que ascienden o descienden unas
de otras.
Colateral la de las personas que sin descender unas de otras, vienen
de un mismo tronco.
Se llama línea recta descendientel, la que liga a una persona con los
individuos que de ella descienden.
Línea recta ascendente, la que liga con el tronco a los que de él
provienen.
La distancia de los parientes entre sí se mide por grados.
1016.-
En todas las líneas hay tantos grados cuantas son las personas,
descontando la del tronco.
En la recta se sube únicamente hasta el tronco; así el hijo dista del
padre un grado, dos del abuelo, tres del bisabuelo.
En la colateral se sube hasta el tronco común y después se baja hasta
la persona con quien se quiere hacer la computación.
De este modo, el hermano dista dos grados del hermano; tres del tío,
hermano de su padre o madre; cuatro del primo hermano y así en adelante.
La computación de que trata este artículo rige en todas las materias.
1017.-
En la sucesión intestada se hereda ya por derecho propio, ya por
derecho de representación.
1018.-
La representación es una disposición de la ley por la que una persona
es considerada en el lugar y por consiguiente, en el grado y con los
derechos del pariente más próximo que no quisiese o no pudiese suceder.
Se puede representar al que si hubiese querido o podido suceder,
habría sucedido por derecho de representación.
1019.-
La representación tiene siempre lugar en la línea recta de
descendientes, ya sean éstos legítimos o naturales reconocidos o
declarados tales.
** Modificado por el art. 1o. de la Ley No. 15.855 del 25.3.87
1020.-
No hay representación en la línea recta ascendente.
El ascendiente más próximo excluye siempre al más remoto.
Los que están en un mismo grado heredan por partes iguales, aunque
sean de distintas líneas.
1021.-
En la línea colateral sólo se admite la representación a favor de la
descendencia legítima o natural de los hermanos legítimos o naturales,
bien sean de padre y madre o de un solo lado.
Se verifica la representación de que trata el anterior inciso, ya sea
que los descendientes de los hermanos estén solos y en igualdad de
circunstancias, ya concurran con sus tíos. (Artículo 1028).
** Modificado por el art. 1o. de la Ley No. 15.855 de 25.3.87.
1022.-
** DEROGADO por el art. 2o. de la Ley No. 15.855 de 25.3.87.
1023.-
Los que suceden por derecho de representación heredan en todos casos
por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de los hijos que
representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales partes la
porción que hubiera cabido al padre o madre representado.
Los que suceden por derecho propio heredan por cabezas, esto es, toma
cada uno por iguales partes la porción a que la ley los llama; a menos
que la misma ley establezca otra división diferente.
1024.-
Se puede representar al ascendiente, aunque se haya repudiado su
herencia y asimismo se puede representar al ascendiente indigno, al
desheredado y al que repudió la herencia del difunto.
CAPITULO II
DEL ORDEN DE LLAMAMIENTO
1025.-
La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a la línea
recta descendente.
Habiendo descendientes legítimos o naturales éstos excluyen a todos
los otros herederos, sin perjuicio de la porción conyugal que corresponda
al marido o a la mujer sobreviviente.
** Modíficado por el art. 1o. de la Ley No. 15.855 de 25.3.87
1026.-
A falta de posteridad legítima o natural del difunto lo sucederán sus
ascendientes de grado más próximo, sean legítimos o naturales, cuando ha
mediado reconocimiento anterior al fallecimiento del causante y su
cónyuge. La herencia se dividirá en dos partes, una para los ascendientes
y una para el cónyuge.-
Cuando sólo hubiese una de las dos clases llamadas a concurrir por
este artículo, ésta llevará toda la herencia.
** Modificado por el art. 1o. de la Ley No. 15.855 de 25.3.87.
1027.-
A falta de los llamados por el artículo anterior, sucederán al difunto
sus hermanos legítimos o naturales y sus hijos adoptivos; la herencia se
dividirá en dos partes: una para los hermanos y otra para los hijos
adoptivos y si falta una de estas clases, la otra se llevará toda la
herencia.
Entre los hermanos de que habla este artículo, se comprenderán aun los
que sólo lo sean por parte de padre o por parte de madre, pero la porción
del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano
carnal.
** Modificado por el art. 1o. de la Ley No. 15.855 de 25.3.87.
1028.-
A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, de cónyuge
sobreviviente y de hijos adoptivos, son llamados a la sucesión, el padre
o madre adoptante y los colaterales legítimos o naturales del difunto
fuera del segundo grado (artículo 1021), según las reglas siguientes
1o. El adoptante excluirá a los colaterales de que habla este
artículo.
2o. El colateral o los colaterales de grado más próximo, excluirán
siempre a los otros.
3o. Los derechos de sucesión de los colaterales no se extenderán más
allá del cuarto grado, sin perjuicio del derecho de representación.
4o. Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son
parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, gozarán de
los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción, esto es, los
que a la vez son parientes del difunto por parte de padre y por parte de
madre.
** Modificado por el art. 1o. De la Ley No. 15.855 de 25.3.87.
1029.-
** DEROGADO por el art 2o. De la Ley No. 15.855 de
25.3.87.
1030.-
Lo dispuesto en los artículos precedentes se entenderá sin perjuicio
del derecho de representación a que hubiere lugar. (Artículo 1021).
** Modificado por el art. 1o. de la Ley No. 15.855 de 25.3.87.
1031.-
El cónyuge separado (artículo 148) no tendrá parte alguna en la
herencia ab intestato de su mujer o marido, si por sentencia hubiese sido
declarado culpable de la separación.
** El inciso 2o. se suprime. Ver nota al artículo 875. 1032.-
El derecho de sucederse recíprocamente el adoptante y el adoptado, de
que hablan los artículos 1027 y 1028, es personal e intrasmisible.
1033.-
En el caso de ser la sucesión parte intestada y parte testamentaria,
los que sucedan a la vez por disposición del testado y a virtud de la
ley, imputarán a la porción que les corresponda ab intestato lo que
recibieren por testamento, sin peduicio de retener toda la porción
testamentaria si excediere ala otra. (Artículo 893 inciso 3o., 1011
inciso 2o. y 1026).
Con todo, prevalecerá la voluntad expresa del testador en lo que de
derecho corresponda.
1034.-
A falta de todos los que tengan derecho a heredar, conforme a lo
dispuesto en el presente capítulo, heredará el Estado.
1035.-
En el caso del artículo anterior se estará a lo que establecieren las
leyes especiales y al procedimiento previsto en la ley procesal.
** Redacción adaptada a los arts. 428 y sgtes. Código Gral. del
Proceso y 669 y sgtes. Ley No. 16.170 de 28.12.90. 1036.-
La falta de las formalidades establecidas en la legislación a que se
refiere el artículo anterior, dará lugar a condena por daños y
perjuicios.
** Redacción adaptada a las modificaciones del artículo anterior.
TITULO VI
DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA
SUCESION TESTADA O INTESTADA
CAPITULO I
DE LA SUCESION Y DE LOS DERECHOS DE
LOS HEREDEROS
1037.-
La sucesión, sea testamentaria o intestada, se abre en el
momento de la muerte natural de la persona o por la presunción de muerte
ausada por la ausencia, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III,
Título IV del Libro Primero.
1038.-
Se requiere que el sucesor a título universal o particular exista
(artículos 835, 845 y 1012) en el momento de abrirse la sucesión; salvo
que se suceda por derecho de transmisión según el artículo 1040, pues
entonces bastará existir al tiempo de abrirse la sucesión de la persona
por quien se transmite la herencia o legado.
1039.-
Por el hecho solo de abrirse la sucesión, la propiedad y la posesión
de la herencia pasa de pleno derecho a los herederos del difunto, con la
obligación de pagar las deudas y cargas hereditarias. (Artículo 677).
Lo cual se entenderá sin perjuicio de lo que acerca del Estado se
dispone por los artículos 1035 y 1036.
1040.-
Si el heredero o legatario, cuyos derechos a la sucesión no han
prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia que se
le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o
repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le
ha deferido.
Pero no se podrá ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la
persona que lo transmite. (Artículo 1052 inciso 3o.).
1041.-
Si dos o más personas llamadas a suceder unas a otras, hubieren
fallecido en un desastre común o en cualquiera otra circunstancia, de
modo que no se pueda saber cuál de ellas falleció primero, se presumirá
que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar
transmisión de derechos entre ellas.
1042.-
Desde el momento de abrirse una sucesión podrán adoptarse las medidas
cautelares previstas en la ley procesal tendientes a la comprobación y
seguridad de los bienes sucesorios.
** Redacción adaptada al Art. 416 Código Gral. del Proceso.
1043.-
Se llama acervo líquido de una sucesión, para ejecutar en él las
disposiciones del testador o de la ley, lo que queda en la masa de bienes
y derechos del difunto, después de las deducciones siguientes:
1o. Los gastos judiciales de la publicación del testamento y los
demás anexos a la apertura de la sucesión.
2o. Las deudas hereditarias.
3o. Las asignaciones alimenticias forzosas.
4o. La porción conyugal a que hubiere lugar, excepto el caso del
inciso 2o., artículo 881.
5o. Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria.
CAPITULO II
DEL DERECHO DE ACRECER
1044.-
En las sucesiones intestadas, la parte del que no puede o no quiere
aceptar, acrece a los coherederos, salvo el derecho de representación.
1045.-
En las sucesiones testamentarias, el derecho de acrecer sólo tiene
lugar cuando dos o más son llamados por el testador a una misma herencia
o a una porción de ella, sin designación especial de partes a cada uno de
los llamados.
En tal caso, la parte del que no quiere o no puede aceptar acrece a la
del coheredero o coherederos, llevando consigo todos sus gravámenes,
excepto los que suponen una calidad o aptitud personal del coheredero que
falta.
El coheredero o coherederos no pueden aceptar su parte propia y
repudiar la que se les defiere por acrecimiento ni al contrario.
1046.-
La expresión por partes iguales, no se tiene por designación para
impedir el derecho de acrecer.
1047.-
Lo dispuesto en los artículos anteriores se observará igualmente en
los legados.
1048.-
El derecho de transmisión, establecido por el artículo 1040 excluye el
derecho de acrecer.
1049.-
En el caso de ser dos o más llamados a un usufructo, un derecho de uso
o de habitación, se observará lo dispuesto en el artículo 513.
1050.-
El testador podrá, en todo caso, prohibir el acrecimiento.
CAPITULO III
DE LA ACEPTACION Y REPUDIACION DE LA
HERENCIA
1051.-
La aceptación y repudiación de la herencia son actos libres y
voluntarios. (Artículo 854, inciso 2o.).
Los efectos de la aceptación y repudiación se retrotraen siempre al
día en que se abrió la sucesión.
1052.-
No se puede aceptar o repudiar condicionalmente ni desde o hasta
cierto día.
La aceptación y repudiación son indivisibles y no pueden hacerse sólo
en parte.
Pero si la herencia deferida a una persona se transmite a sus
herederos, según el artículo 1040, puede cada uno de los transmisarios
aceptar o repudiar su cuota.
1053.-
Nadie puede aceptar o repudiar sin estar cierto de haberse abierto la
sucesión y de su calidad de heredero. (Artículo 1285).
1054.-
** DEROGADO por el art. 1o. de la Ley No. 10.783 de 18.9.46.
1055.-
El menor habilitado no puede aceptar la herencia, sino con beneficio
de inventario. (Artículo 307).
1056.-
La herencia deferida a individuos que están sujetos a tutela o
curaduría sólo puede ser aceptada o repudiada válidamente por el tutor o
curador; debiendo, además, observarse lo prevenido en el artículo 400 y
en el atículo 412 número 4o.
1057.-
La herencia deferida a los que se hallen bajo la patria potestad será
aceptada o repudiada por los padres, en la forma y con las limitaciones
impuestas a los tutores y curadores.
1058.-
En el caso del artículo 838 corresponde la aceptación de la herencia a
las mismas personas designadas en él para la distribución de las mandas y
legados.
1059.-
Las herencias que recaigan en el Fisco y en las corporaciones o
establecimientos capaces de adquirir, se aceptarán por sus representantes
legales tan sólo a beneficio de inventario.
1060.-
Ninguna persona tendrá derecho para que se rescinda su aceptación o
repudiación, a menos que la misma persona o su legítimo representante
hayan sido inducidos, por fuerza o dolo a esos actos.
1061.-
La herencia puede ser aceptada, pura y simplemente o a beneficio de
inventario.
1062.-
La aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita.
Expresa es, cuando se toma el título de heredero; y tácita, cuando el
heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de
aceptar y que no hubiera tenido derecho de ejecutar, sino en su calidad
de heredero.
1063.-
Se entiende que alguien toma el título de heredero, cuando lo hace en
escritura pública o privada, obligándose como tal heredero o en un acto
de tramitación judicial.
1064.-
Los actos puramente conservatorios, los de inspección y administración
provisoria urgente, no son actos que suponen por sí solos la aceptación.
1065.-
El que, por cualquier título, enajena su derecho hereditario o bien lo
repudia mediante algún precio, se entiende que ha aceptado la herencia.
1066.-
Los acreedores del que repudia en perjuicio de los derechos de ellos,
pueden hacerse autorizar por el Juez para aceptar por el deudor a
beneficio de inventario.
En este caso la repudiación no se rescinde sino en favor de los
acreedores y hasta la concurrencia de sus créditos; y en el sobrante
subsiste. (Artículo 1296).
1067.-
El heredero que ha sustraído u ocultado maliciosamente cualesquiera
efectos de la herencia, pierde la facultad de repudiar ésta y no obstante
su repudiación, quedará en la calidad de heredero puro y simple, sin
perjuicio de otras penas que por el delito correspondan.
1068.-
El que a instancia de un legatario o acreedor hereditario, ha sido
judicialmente declarado heredero o condenado como tal, se entenderá serlo
respecto de los demás legatarios o acreedores, sin necesidad de nuevo
juicio.
La misma regla se aplica a la declaración judicial de haber aceptado
pura y simplemente o con beneficio de inventario.
1069.-
Por la aceptación pura y simple queda el heredero responsable de todas
las obligaciones de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino
también con los suyos propios.
1070.-
El derecho de aceptar o repudiar la herencia, no habiendo tercero que
inste, se prescribe por el mismo tiempo que las otras acciones reales.
Sin embargo, pasados nueve días desde la muerte de aquel de cuya
herencia se trata, cualquiera que tenga interés en ello, podrá instar en
juicio para que el heredero declare si acepta o repudia; y deberá el Juez
señalar para esa declaración un término que no pase de cuarenta días,
contados desde el siguiente al de la notificación al heredero. Se
entenderá esto sin perjuicio de lo que se dispone sobre el beneficio de
inventario.
El heredero constituido en mora de declarar si acepta o repudia, se
entenderá que repudia.
1071.-
En el caso del inciso segundo del artículo anterior, el heredero
ausente y cuya residencia fuera conocida, será emplazado en persona,
designándole un termino prudencial.
Si la residencia del ausente no fuere conocida, procederá la citación
por edictos, con el término que dispone la ley procesal.
Si vencido el plazo, el ausente no hubiese comparecido por sí o por
legítimo representante, se le nombrará curador de bienes que lo
represente y acepte por él la herencia con beneficio de inventario.
1072.-
Cuando no hay herederos conocidos o estos han repudiado la herencia,
la misma se reputa yacente.
El Juez competente, a instancia de parte interesada o del Ministerio
Público y hasta de oficio, nombrará un curador a la herencia; debiendo
por lo demás observarse lo dispuesto en el Capítulo II del Título XI del
Libro Primero y en el artículo 1035.
** La redacción del inc. 1o. está adaptada al texto del art. 428 del
Código Gral. del Proceso y al art. 1o. Ley 15.860 de 10.4.87.
1073.-
Si son varios los herederos y no hay acuerdo entre ellos sobre la
aceptación de la herencia, aceptarán los que quieran y los que no,
repudiarán; pero los que acepten lo harán por la totalidad.
Si el desacuerdo recae únicamente sobre el modo de la aceptación,
todos ellos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario.
1074.-
La repudiación de la herencia no se presume de derecho sino en los
casos previstos por la Ley. (Aitículo 1070, inciso 3o.).
1075.-
La repudiación de la herencia debe hacerse en escritura pública
autorizada por Escribano del domicilio del repudiante o del difunto.
1076.-
El heredero testamentario que repudia la herencia, pierde el legado
que se le haya hecho.
1077.-
El que ha repudiado la herencia intestada de un individuo puede, sin
embargo, aceptar la herencia de ese mismo individuo que le fuera deferida
por testamento que no había llegado a su noticia.
CAPITULO IV
DEL BENEFICIO DE INVENTARIO
1078.-
Todo heredero puede pedir formación de inventario, antes de aceptar o
repudiar la herencia, aunque el testador se lo haya prohibido.
1079.-
El que quiere tomar la calidad de heredero a beneficio de inventario
debe manifestarlo por escrito ante el Juez competente del lugar donde se
verificó la sucesión.
1080.-
La manifestación de que trata el artículo anterior no produce efecto
sino en cuanto vaya precedida o seguida de un inventario solemne,
completo y estimativo de la herencia, con citación de los legatarios,
acreedores y demás interesados, en la forma prescrita por las leyes sobre
procedimientos y con sujeción a lo que se dispone por los artículos
siguientes.
1081.-
El heredero tiene para formalizar el inventario noventa días contados
desde que manifestó su intención de aprovechar este beneficio.
Si por la situación de los bienes o por ser éstos muy cuantiosos
parecieran insuficientes los noventa días, podrá el Juzgado conceder un
nuevo plazo que nunca excederá de otros noventa días.
No concluyéndose el inventario en el plazo prefijado por la ley o
prorrogado por el Juez, se entenderá aceptada la herencia pura y
simplemente.
1082.-
Durante la formación del inventario y hasta la aceptación de la
herencia tendrá el heredero el cuidado y la administración provisional de
los bienes hereditarios; sin que esté obligado a rendir caución a menos
que haya justo motivo de temor sobre la seguridad de esos bienes.
Lo cual se entenderá no habiendo curador de la herencia yacente ni
albacea a quien el testador haya dado la tenencia de los bienes.
(Artículo 1072).
1083.-
El heredero no podrá excederse de los actos que sean de pura y simple
administración.
Con todo, si existiesen en la herencia algunas cosas muebles que
fuesen susceptibles de deterioros o de conservación dispendiosa, podrá el
heredero, en su calidad de hábil para heredar, pedir se le autorice por
el Juez, para proceder a la venta de estos efectos, previa tasación.
La venta debe hacerse en remate y previos los avisos de costumbre.
1084.-
Mientras corren los plazos para el inventario y el prefijado en el
artículo 1086 para deliberar, no puede el heredero ser obligado al pago
de las deudas hereditarias o testamentarias, pero podrá serlo el albacea,
el curador de la herencia yacente o el fiador del difunto en sus casos.
(Artículo 1179).
1085.-
La dilación concedida al heredero por el precedente artículo no
obstará a que pueda ser demandado:
1o. Por una acción reivindicatoria o la de despojo causado por el
difunto.
2o. Por los gastos de sufragios y funeral.
3o. Por las asignaciones a favor de alimentarios forzosos.
4o. Por vía de reconvención en el caso de demandar el heredero a los
deudores hereditarios.
1086.-
Concluido el inventario, tiene el heredero un plazo de cuarenta días
para deliberar sobre la aceptación o repudiación de la herencia.
Los cuarenta días correrán desde el en que se concluyó el inventario;
y transcurridos sin que haya deliberado, se considerará aceptada la
herencia a beneficio de inventario.
Si declara que la repudia o que la acepta pura y simplemente o con
beneficio de inventario, se estará a su voluntad.
1087.-
La declaración del artículo anterior se hará a continuación del mismo
expediente de inventario en la forma determinada por las leyes sobre
procedimientos.
Esto mismo se observará aunque el heredero repudie o acepte Pura Y
Simplemente, mientras corren los plazos para la conclusión del
inventario.
1088.-
Cuando existe un inventario arreglado a las prescripciones legales,
cualquiera que sea la persona que haya cuidado del cumplimiento de esta
formalidad, no será obligado el heredero a la formación de nuevo
inventario y regirá a su respecto lo que se dispone por el artículo 1086,
contándose el término para deliberar desde que manifestó su intención de
aprovecharse del inventario existente.
1089.-
El heredero que en la confección del inventario omitiere de mala fe
hacer mención de cualquiera parte de los bienes, por pequeña que sea o
supusiere deudas que no existen, no gozará del beneficio de inventario.
1090.-
El que acepta con beneficio de inventario, se hace responsable no sólo
del valor de los bienes que entonces efectivamente reciba, sino de
aquellos que posteriormente sobrevengan a la herencia sobre que recaiga
el inventario.
Se agregará una relación estimativa de estos bienes al inventario
existente con las mismas formalidades que para hacerlo se observaron.
1091.-
Se hará asimismo responsable de todos los créditos como si los hubiese
efectivamente cobrado; sin perjuicio de que para su descargo en el tiempo
debido justifique lo que sin culpa suya haya dejado de cobrar, poniendo a
disposición de los interesados las acciones y títulos insolutos.
1092.-
Los efectos del inventario son:
1o. Que el heredero no queda obligado sino hasta donde alcanzan los
bienes hereditarios.
2o. Que conserva íntegras todas las acciones que tenía contra los
bienes del difunto. (Artículo 1547).
1093.-
Aceptada la herencia con beneficio de inventario, se entenderá
continuar en administración y a cargo del heredero hasta que resulten
pagados los créditos y legados. (Artículo 1082).
1094.-
El heredero beneficiario no puede ser apremiado en sus bienes propios
sino cuando ha dejado de presentar su cuenta, habiéndole sido exigida por
dos veces judicialmente.
Presentada la cuenta, no puede ser apremiado en sus bienes propios,
sino hasta la suma concurrente del saldo a favor de la herencia.
Los acreedores y legatarios pueden pedir al Juez que señale al
heredero un término perentorio para la rendición de su cuenta.
1095.-
El heredero beneficiario será responsable por las negligencias que se
le puedan imputar en la conservación de las especie o cuerpos ciertos que
se deban.
Es también de su cargo el peligro de los otros bienes de la herencia,
pero sólo será responsable de los valores en que hubiesen sido tasados.
1096.-
Cuando para el pago de los créditos y legados sea necesaria la venta
de bienes hereditarios, muebles o íninuebles, debe el heredero pedir
autorización judicial.
En la venta de bienes muebles se observará lo dispuesto en el inciso
3o. del artículo 1083.
La venta de los bienes raíces se hará en remate judicial, previa
tasación y después de los edictos y publicaciones de costumbre.
Por la contravención a lo dispuesto en este artículo, el heredero
perderá el beneficio de inventario.
1097.-
El heredero beneficiario podrá en todo tiempo exonerarse de sus
obligaciones abandonando a los acreedores y legatarios los bienes de la
sucesión que debe entregar en especie y el saldo que reste de los otros y
obteniendo de ellos o del Juez la aprobación de la cuenta que de su
administración deberá presentarles.
1098.-
Consumidos los bienes de la herencia o la parte que de ellos hubiese
cabido al heredero beneficiario, en el pago de las deudas y legados,
deberá el Juez, a petición de dicho heredero, citar por edictos a los
acreedores y legatarios que no hayan sido cubiertos, para que reciban la
cuenta exacta y en lo posible documentada de todas las inversiones que se
hayan hecho y aprobada la cuenta por ellos y en caso de discordia por el
Juez, el heredero beneficiario será declarado libre de toda
responsabilidad ulterior.
El heredero beneficiario que opuso a una demanda la excepción de estar
ya consumidos en el pago de las deudas y cargas los bienes hereditarios o
la porción que le hubiere cabido, deberá probarlo presentando a los
demandantes la cuenta de las inversiones de que habla el inciso anterior.
1099.-
Pagados los acreedores y legatarios, el heredero beneficiario entra en
el libre goce y propiedad de la herencia.
CAPITULO V
DE LA COLACION Y PARTICION
SECCION I
DE LA COLACION
1100.-
La colación consiste en la agregación al cúmulo de la herencia, que
hacen los herederos forzosos, de los bienes
que recibieron del difunto cuando vivía y que deben serles imputados en
su respectiva legítima. (Artículo 889, inciso 2o.).
La colación sólo se debe por el heredero forzoso a su coheredero.
1101.-
Toda donación que se hubiese hecho a un heredero forzoso que tenía
entonces la calidad de tal, se imputará a su legítima, a menos que en la
respectiva escritura o en acto auténtico posterior se exprese que la
donación ha sido hecha de la parte disponible a favor de extraños.
Aun en este último caso, si la donación excediere la cuota disponible,
el exceso estará sujeto a reducción. (Artículo 890).
1102.-
Lo que se hubiere legado al heredero forzoso se imputará a la parte de
libre disposición si el testador no dispusiere expresamente lo contrario.
1103.-
La donación hecha a título de legítima, a una persona que no era
entonces heredero forzoso, se resolverá, si ésta no adquiriese dicha
calidad.
Lo mismo se observará con la donación hecha a título de legítima al
que era entonces heredero forzoso, pero después dejó de serlo por
incapacidad, indignidad, desheredación o repudiación o por haber
sobrevenido otro legitimario de mejor derecho.
Si el donatario que era descendiente legítimo o natural reconocido o
declarado tal, ha llegado a faltar, las donaciones imputables a su
legítima se imputarán a la de sus descendientes que vienen en su
representación.
** Modificado por el art. 1o. de la Ley No. 15.855 del 25.3.87.
1104.-
No se colacionarán o no se imputarán a la legítima de una persona las
donaciones que el difunto haya hecho a otra, salvo el caso del artículo
anterior, inciso 3o.
1105.-
Se debe colacionar lo que se empleó para el pago de las deudas de un
heredero forzoso o proporcionarle los medios de establecerse.
** Se elimina la mención de la dote en virtud de lo dispuesto por el
art. 2o. Ley 10.783 de 18.9.46.
1106.-
Los gastos de alimentos, educación y aprendizaje, los ordinarios de
equipo o de bodas y los regalos de costumbre no deben colacionarse.
1107.-
Los gastos que los padres hayan hecho en dar a sus hijos la carrera
del foro, de las armas, del estado eclesiástico u otra que prepare para
ejercer una profesión que requiera título o para el ejercicio de las
artes liberales, se traerán a colación; pero se rebajará de ellos lo que
el hijo habría gastado viviendo en la casa y en compañía de sus padres.
Los padres podrán dispensar esta colación, en cuanto no exceda la
parte disponible.
1108.-
La colación se hace, no de las mismas cosas donadas, sino del valor
que tenían al tiempo de la donación, aunque no se hubiese hecho entonces
su justiprecio.
El aumento o deterioro posterior y aun su pérdida total, casual o
culpable, serán a cargo y riesgo del donatario.
** Se elimina la mención de la dote en virtud de lo dispuesto por el
art. 2o. Ley 10.783 de 18.9.46.
*** PROPUESTA: LA COMISION PROPONE MODIFICAR EL INCISO 1o. POR EL
SIGUIENTE:
"La colación se hace, no de las mismas cosas donadas, sino del
justiprecio en Unidades Reajustables que tenían al tiempo de la
donación".
1109.-
No habiendo sido estimados los bienes al tiempo de la donación, podrá
cualquiera de los coherederos pedir que se haga el justiprecio. (Artículo
1135).
1110.-
Se contará al colacionante por parte de su haber el importe de lo que
ya tiene recibido.
1111.-
Los frutos e intereses de los bienes sujetos a colación no se deben a
la masa sino desde el día en que se abrió la sucesión.
Para regularlos se atenderá a las rentas e intereses de los bienes
hereditarios y de la misma especie que los donados.
1112.-
Cuando el inmueble o inmuebles donados excedieren el haber del
donatario y éste los hubiese enajenado, los coherederos sólo podrán
repetir contra el tercer poseedor por el exceso y previa excusión de los
bienes del donatario.
1113.-
Aunque los herederos no estén conformes sobre lo que alguno debe traer
a colación, se irá adelante en la partición, asegurando previamente con
fianza, depósito u otro equivalente el derecho reclamado por aquéllos.
1114.-
Las disposiciones de esta Sección se entienden sin perjuicio de lo
dispuesto anteriormente sobre las legítimas.
SECCION II
DE LA PARTICION
1115.-
La partición de la herencia podrá siempre pedirse, cualquiera que sea
la prohibición del testador o el pacto que haya en contrario, salvo lo
que al respecto dispongan leyes especiales.
** La última parte del art. se agrega para mantener la vigencia de
leyes como el Decreto-Ley 15.597 de 19.7.84, entre otras.
1116.-
Puede pedir la partición cualquiera de los coherederos que tengan la
libre administración de sus bienes y el cónyuge sobreviviente por los
derechos que puedan corresponderle.
1117.-
Los tutores y curadores no podrán sin autorización judicial proceder a
la partición de la herencia en que tengan parte sus pupilos o
representados. (Artículo 399).
1118.-
** DEROGADO por el art. 1o. de la Ley 10.783 de 18.9.46
1119.-
Si alguno de los coherederos lo fuese bajo de condición suspensiva, no
tendrá derecho para pedir la partición mientras pende la condición. Pero
los otros coherederos podrán proceder a ella, asegurando competentemente
al coheredero condicional lo que cumplida la condición le corresponda.
1120.-
Si un heredero vende o cede a un extraño su parte a la herencia
indivisa, tendrá éste igual derecho que el heredero o cedente para pedir
la partición o intervenir en ella.
1121.-
Si falleciere uno de los coherederos antes de hacerse la partición,
cualquiera de los herederos del fallecido podrá pedirla; pero formarán en
ella una sola persona y no podrán obrar sino todos juntos o por medio de
un procurador común.
1122.-
En cuanto a la división de la herencia de un ausente, se estará a lo
dispuesto en el Título IV del Libro Primero.
1123.-
Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por
testamento, se pasará por ella, en cuanto no perjudique a la legítima de
los herederos forzosos ni sea contraria a derecho ajeno.
1124.-
Si alguno de los herederos estuviere ausente, se observará lo
dispuesto en el artículo 1071; y en el caso de nombrársele curador para
que lo represente en la partición, administrará éste lo que en ella se le
adjudique, según las reglas de la curaduría de bienes.
1125.-
Antes de procederse a la partición, habrán de decidirse, por sentencia
que cause ejecutoria, las controversias sobre derechos a la sucesión por
testamento o ab intestato, desheredación, incapacidad o indignidad de los
herederos.
1126.-
Las cuestiones sobre la propiedad de los objetos en que alguien alegue
un derecho exclusivo y que, en consecuencia, no deben entrar en la masa
partible, serán decididas por el Juez de la causa y no se retardará la
partición por ellas.
Decididas a favor de la masa partible, se dividirán entre los
partícipes los objetos obtenidos, según corresponda por derecho.
Sin embargo, cuando las cuestiones recayeren sobre una parte
considerable de la masa partible, podrá suspenderse la partición hasta
que aquéllas se decidan, si el Juez, a petición de los interesados a
quienes corresponda más de la mitad de la masa partible, lo ordenase así.
1127.-
Si todos los interesados tienen la libre administración de sus bienes
y concurren por sí o por legítimo representante, podrán de común acuerdo
partir la herencia extrajudicialmente, en el modo y forma en que
convengan.
** Elinc. 2o. está DEROGADO por el art. 1o. Ley 10.783 de 18.9.46.
1128.-
Toda partición extrajudicial, para que produzca efectos, habrá de
reducirse a escritura pública. (Artículo 1664).
1129.-
En el caso del artículo 1124 el curador del ausente podrá convenir con
los demás coherederos en hacer la partición extrajudicialmente (artículos
399 y 1117); pero concluida que sea, no podrá llevarse a efecto hasta
después de aprobada por el Juez.
Esta disposición se extiende a los representantes legales de que habla
el artículo 1059.
1130.-
Si todos los coherederos o alguno de ellos estuviese bajo tutela o
curaduría, podrá también hacerse la repartición (artículos 399 y 1117)
extrajudicialmente de común acuerdo entre los coherederos mayores y el
tutor o curador, debiendo, sin embargo, ser aprobada por el Juez con
previa audiencia del Ministerio Público.
Por falta de este requisito, la partición se entenderá ser
provisional.
1131.-
Aunque la partición se haga extrajudicialmente, si se ha nombrado
contador, comprenderá a éste la disposición del artículo 976.
1132.-
Faltando la conformidad de todos los interesados que se requiere por
los artículos 1127 y siguientes, la partición debe hacerse judicialmente
en la forma que a continuación se expresa.
Lo cual se entenderá sin perjuicio de que las partes puedan de común
acuerdo separarse de las reglas trazadas por la ley en lo concerniente a
alguna de los operaciones de la partición y aun desistir de la vía
judicial intentada para terminar aquella extrajudicialmente.
1133.-
La acción de partición y las cuestiones que se susciten en el curso de
las operaciones de aquélla son de la competencia de los Jueces que
correspondan conforme a la ley procesal.
Ante esos Jueces debe procederse a las subastas, a las acciones de
saneamiento de los lotes y a las de rescisión de la partición.
1134.-
Toda partición judicial debe ser precedida de un inventario solemne y
estimativo de los bienes que se han de partir.
Si el inventario se hubiere hecho entre los interesados en una época
anterior al juicio de partición, deberá servir de base a ésta, a menos
que alguno de aquéllos se oponga; en este caso, el Juez ordenará nueva
tasación.
1135.-
La tasación de los bienes raíces se hace por peritos elegidos por las
partes o por el Juez en su defecto.
Los peritos deben presentar las bases que les han servido para la
tasación; indicar si la cosa admite cómoda división y de qué manera; y
fijar para el caso de partición los lotes que puedan formarse y su valor.
La tasación de las cosas muebles debe verificarse por personas
inteligentes designadas por los interesados o por el Juez en su defecto.
1136.-
Los coherederos tienen derecho a que se haga la partición en los
mismos bienes de la herencia, sin perjuicio de lo que dispone el artículo
1039; pero si hay acreedores que se han opuesto o si la mayoría de los
coherederos juzga conveniente la venta de las cosas para atender a las
cargas hereditarias, se venderán públicamente en la forma determinada en
los artículos 1083 y 1096.
1137.-
Cuando por no admitir una cosa cómoda división o porque disminuirá
mucho en la división, no pueda guardarse la debida igualdad en los lotes
o adjudicaciones, bastará que cualquiera de los interesados pida su venta
pública con arreglo al artículo anterior para que así se haga.
1138.-
Después que se hayan tasado los bienes y vendido los que hubieran de
venderse, nombrarán las partes un contador o más o los designará el
juzgado, si no se acuerdan en el nombramiento.
Se procederá ante el contador o contadores a la rendición de cuentas
que puedan deberse los copartícipes, a la formación del cuerpo general, a
la composición de los lotes, inclusive el de las deudas que tuviere la
herencia (artículo 976) y a las compensaciones que deben hacerse.
(Artículo 1131).
Para ser designado contador se requerirá título habilitante del
contador, perito mercantil, abogado o escribano público.
** El inc. 3º surge de la Ley 5.566 de 27.4.17.
1139.-
El heredero forzoso colacionará, conforme a las reglas de la sección
precedente, las donaciones que le hayan sido hechas.
Los coherederos se abonarán recíprocamente en la partición las sumas
de que fuesen deudores por razón de lucro, de daño y de gastos. (Artículo
1138).
Las disidencias respecto a estas cuestiones o a las referidas en el
inciso 2º del artículo anterior y sobre las que no se haya podido lograr
la conciliación, serán resueltas por el tribunal mediante el
procedimiento extraordinario.
** El inciso 3º fue incorporado por el art. 420-1 del Código Gral. del
Proceso, debidamente adaptado.
1140.-
Hechas las deducciones a que haya lugar, se procederá en lo que reste
de la masa general a la formación de tantos lotes cuantos sean los
herederos o las estirpes copartícipes.
1141.-
La formación de lotes se hará con la posible igualdad, no sólo en
cuanto a la clase, sino también a la calidad de las cosas que se han de
aplicar.
Si la cosa divisible es inmueble, debe procurarse en cuanto sea
posible aplicarla a cada uno en porciones unidas y no separadas, de modo
que cada heredero tenga su cosa con independencia de los otros.
1142.-
La desigualdad que no se haya podido evitar en los lotes se compensará
en dinero.
1143.-
Efectuadas las operaciones a que se refieren los artículos precedentes
el contador procederá a la formación de los lotes y a la propuesta de las
adjudicaciones respectivas y solicitará al tribunal que convoque a los
herederos a audiencia, bajo apercibimiento de que se resolverá con los
que concurran.
Si en la audiencia los herederos que concurran no estuvieren conformes
con el proyecto de adjudicación, se procederá al sorteo de los lotes
entre los presentes y ausentes; de todo lo cual, se levantará acta.
** Texto dado por el art. 420-2 y 3 del Código Gral. del Proceso,
debidamente adaptado.
1144.-
Las reglas establecidas para las masas partibles, se observarán
igualmente en la subdivisión entre los individuos de las estirpes
copartícipes.
1145.-
El contador procederá a confeccionar la cuenta particionaria la que se
presentará en papel común y en duplicado. El tribunal ordenará ponerla de
manifiesto por el término de seis días, con noticia de todos los
interesados. Pasado el término sin oposición, el tribunal aprobará la
cuenta, mandando agregarla a los autos y el duplicado al Registro de
Protocolizaciones, con testimonio del auto aprobatorio.
** Texto dado por el art. 420-4 del Código General del
Proceso.
1146.-
En caso de no haber conformidad, por oposición formulada en escrito
fundado, se dará traslado a los que no se hubieren opuesto y, oído el
contador y, en su caso, el Ministerio Público, se resolverá la oposición
conforme al procedimiento extraordinario
** Texto dado por el art. 420-5 del Código General del Proceso.
1147.-
Se entregará a cada uno de los copartícipes los títulos particulares
que se hayan adjudicado, estableciéndose en los mismos constancia de
ello.
Los títulos de una propiedad dividida quedarán en poder de aquel que
tenga la mayor parte, con cargo de exhibirlos a favor de los otros
partícipes y de permitirles que tengan traslado de ellos cuando lo pidan.
Si las partes fueren iguales, se procederá con arreglo a lo dispuesto
en el artículo siguiente.
** El texto del inciso 1º fue dado por el art. 420-6 del Código Gral.
del Proceso, debidamente adaptado.
1148.-
Los títulos comunes a toda la herencia se entregarán al heredero a
quien sus copartícipes elijan por depositario, con cargo de exhibirlos y
de consentir en el traslado de ellos.
Si no pueden convenir en la elección, la hará el Juzgado. 1149.-
Los acreedores hereditarios, reconocidos como tales, pueden oponerse a
que se proceda a la partición de la herencia, mientras no se les pague o
afiance lo que se les debe.
1150.-
La acción para pedir la partición de la herencia expira a los treinta
años contra el coheredero que ha poseído el todo o parte de ella en
nombre propio o como único dueño.
Si todos los coherederos poseyeren en común la herencia o alguno de
ellos en nombre y como cosa de todos, no tiene lugar la prescripción.
SECCION IIII
DE LOS EFECTOS DE LA PARTICION
1151.-
Hecha la partición, cada coheredero se reputará haber sucedido
inmediata y exclusivamente al difunto en todas las cosas que le hubieren
cabido y no haber tenido jamás parte alguna en las otras cosas de la
sucesión. (Artículo 2330).
1152.-
Los coherederos están obligados recíprocamente al saneamiento por
evicción de las cosas que les cupieron en sus respectivos lotes o
hijuelas.
1153.-
Cesa la obligación de que habla el artículo anterior, cuando el mismo
difunto hizo la partición, salvo lo dispuesto sobre las legítimas.
(Artículo 895).
1154.-
Cesa también la obligación del artículo 1152, cuando expresamente se
pactó lo contrario y cuando la evicción proceda de causa sobreviniente a
la partición o por culpa del coheredero que la sufre.
1155.-
La obligación recíproca de los coherederos al saneamiento es
proporcionada a su respectivo haber hereditario; pero
si alguno de ellos resultare insolvente, responderán de su parte los
demás coherederos en la misma proporción, deduciéndose la parte que
corresponda al que ha de ser indemnizado.
No se eximirá el coheredero de contribuir al saneamiento a pretexto de
pérdida que por caso fortuito haya sufrido en los objetos que le cupieron
por la partición.
1156.-
El saneamiento se hará, atendido el valor que a la cosa evicta se
hubiere dado en la partición y no el valor que tenga al tiempo de la
evicción.
1157.-
La acción de saneamiento entre coherederos prescribirá por cuatro años
contados desde el día de la evicción.
1158.-
Los coherederos no se garantizan recíprocamente la solvencia posterior
del deudor hereditario y sí solo que éste se hallaba solvente al tiempo
de la partición.
La garantía de solvencia no puede ejercerse sino en los tres años
siguientes a la partición.
SECCION IV
DE LA NULIDAD O RESCISION DE LA
PARTICION
1159.-
Lo establecido sobre el dolo y la violencia en materia de obligaciones
y contratos, tiene también lugar en las particiones de herencia.
1160.-
La partición hecha por el difunto no puede ser impugnada por causa de
lesión, salvo la excepción del artículo 1123.
1161.-
Todas las demás particiones pueden ser rescindidas por causa de lesión
en más de la cuarta parte, atendiendo el valor de las cosas cuando fueron
adjudicadas.
1162.-
La acción rescisoria por causa de lesión prescribirá en cuatro años
contados desde que fue hecha la partición.
1163.-
Podrán los coherederos demandados escoger entre asegurar al demandante
el suplemento de su haber hereditario o consentir que se proceda a nueva
partición.
El suplemento puede hacerse en dinero o en las mismas cosas de que
resulta la lesión.
1164.-
Si seprocede a nueva partición, no alcanzará ésta a los que no han
sido perjudicados ni percibido más de lo justo.
1165.-
Cesa la acción rescisoria por lesión, cuando después de la partición
se transigió sobre dificultades suscitadas acerca de ella.
1166.-
La omisión de alguno o algunos objetos en la partición no da derecho
para que se rescinda lo ya hecho, sino para que se continúe en los
objetos omitidos.
1167.-
La partición hecha con un heredero falso es nula y se regirá por lo
dispuesto acerca del error en la Sección II, Capítulo I, Título I, Libro
Cuarto.
SECCION V
DEL PAGO DE LAS DEUDAS HEREDITARIAS
1168.-
La obligación de pagar las deudas hereditarias se divide ipso jure
entre todos los coherederos, aunque hayan aceptado la herencia con
beneficio de inventario. (Artículos 528 y 909).
Lo cual se entiende sin perjuicio de que el acreedor, antes de la
partición, pueda dirigir su acción contra el cúmulo hereditario.
Hecha la partición, cada heredero responde en proporción de su haber
hereditario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1170 y de lo
que se previene acerca de las obligaciones divisibles e indivisibles, en
el Capítulo I, Título II del Libro Cuarto. (Artículo 1384, inciso 2o.).
El heredero beneficiario sólo responde por su cuota en las deudas
hereditarias hasta la concurrencia del valor que hereda.
1169.-
La insolvencia de uno de los herederos no grava a los otros, excepto
en los casos del artículo 977, inciso 2o.
1170.-
El heredero usufructuario concurrirá con el heredero propietario al
pago de las deudas, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 527 y
529.
1171.-
Si el heredero puro y simple fuere acreedor o deudor del difunto, sólo
se confundirá con su porción hereditaria la cuota que en este crédito o
deuda le quepa y tendrá acción contra sus coherederos a prorrata por el
resto de su crédito y les estará obligado a prorrata por el resto de la
deuda.
1172.-
Si el testador dividiere entre los herederos las deudas hereditarias
de diferente modo que el que se prescribe en los artículos precedentes,
los acreedores podrán ejercer sus acciones o en conformidad con dichos
artículos o en conformidad con las disposiciones del testador. Mas en el
primer caso, los herederos que sufrieren mayor gravamen que el que por el
testamento se les impuso, tendrán derecho a ser indemnizados por sus
coherederos.
1173.-
La disposición del artículo anterior se aplica al caso en que, por la
partición o por convenio de los herederos, se distribuyan entre ellos las
deudas de diferente modo que el expresado en los referidos artículos.
1174.-
Las cargas testamentarias no se mirarán como cargas de los herederos
en común, sino cuando el testador no hubiere gravado con ellas a alguno o
algunos de los herederos o legatarios en particular.
Las que tocasen a los herederos en común se dividirán entre ellos como
el testador lo hubiese dispuesto y si nada ha expresado sobre la
división, se hará a prorrata de sus porciones hereditarias o en la forma
prescrita por los referidos artículos. (Artículo 527, inciso 4o.).
1175.-
Los legatarios no responden de las deudas hereditarias, sino cuando al
tiempo de abrirse la sucesión no haya habido bienes bastantes para
pagarlas.
La acción de los acreedores contra los legatarios es en subsidio de la
que tienen contra los herederos.
Llegado el caso, los legatarios contribuirán al pago de las deudas
hereditarias a prorrata de los valores de sus respectivos legados y la
porción del legatario insolvente no gravará a los otros.
1176.-
Si varios inmuebles de la sucesión están sujetos a una hipoteca, el
acreedor hipotecario tendrá acción por el total de la deuda contra cada
uno de dichos inmuebles, sin perjuicio del recurso del heredero a quien
pertenezca el inmueble contra sus coherederos, por la cuota que a ellos
toque de la deuda.
Aun cuando el acreedor haya subrogado al dueño del inmueble en sus
acciones, contra sus coherederos, no será cada uno de estos responsable,
sino de su cuota en la deuda.
Sin embargo, la porción del insolvente se repartirá entre todos los
herederos a prorrata.
1177.-
Los acreedores testamentarios no podrán ejercer las acciones a que les
da derecho el testamento sino conforme al artículo 1174.
Si en la partición de una herencia se distribuyen los legados entre
los herederos de diferente modo, podrán los legatarios entablar sus
acciones o en conformidad a esa distribución o en conformidad al artículo
1174 o en conformidad al convenio de los herederos.
1178.-
No habiendo juicio pendiente entre los acreedores hereditarios sobre
la preferencia de sus créditos, se les pagará a medida que se presenten;
y pagados los acreedores hereditarios, se satisfarán los legados.
Sin embargo, no apareciendo muy gravada la herencia, podrán pagarse
inmediatamente a los legatarios que ofrezcan caución de cubrir lo que les
quepa en la contribución a las deudas.
Aun no será exigible esta caución cuando la herencia esté
manifiestamente exenta de cargas que puedan comprometer a los legatarios.
1179.-
Los títulos ejecutivos contra el difunto lo son también contra los
herederos; pero no podrá hacerse uso de ellos hasta nueve días después de
la defunción y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1084.
1180.-
El seguro de vida, constituido en favor de los herederos del que lo
contrae, cuyo monto no exceda de 10.000 Unidades Reajustables, es un bien
de exclusiva propiedad de los mismos herederos y no responde, en ningún
caso, a los créditos que el constituyente quedare debiendo a su
fallecimiento.
SECCION VI
DEL BENEFICIO DE SEPARACION
1181.-
Los acreedores y legatarios del difunto, aunque lo sean a plazo o bajo
condición, podrán pedir que no se confundan los bienes de la herencia con
los del heredero; y en virtud de este beneficio de separación tendrán
derecho a que con aquellos se les cumplan las obligaciones hereditarias o
testamentarias con preferencia a las deudas propias del heredero.
1182.-
Los acreedores y legatarios podrán usar del derecho que se les concede
en el artículo anterior, dentro de tres años, a contar desde la
aceptación de la herencia, con tal que los bienes existan en poder del
heredero.
1183.-
Sin embargo, perderá ese derecho el acreedor o legatario
que libremente haya pactado con el heredero o hecho otro acto del que
aparezca haber seguido la fe del heredero.
1184.-
Obtenida la separación de patrimonios por alguno de los acreedores de
la sucesión, aprovechará a los demás acreedores de la misma que la
invoquen y que no se hallasen en el caso del artículo anterior.
El sobrante, si lo hubiere, se agregará a los bienes del heredero para
satisfacer a sus acreedores propios, con los cuales concurrirán los
acreedores de la sucesión que no gocen del beneficio.
1185.-
Los acreedores o legatarios que hayan obtenido la separación o
aprovechándose de ella en conformidad al inciso 1o. del artículo
precedente, no tendrán derecho contra los bienes del heredero, sino
después que se hayan agotado los del difunto; y aun entonces podrán
oponerse a este derecho los acreedores del heredero hasta que se les
satisfaga el total de sus créditos.
1186.-
Los acreedores del heredero no tendrán derecho a pedir a beneficio de
sus créditos la separación de patrimonios de que hablan los artículos
precedentes.
DISPOSICION TRANSITORIA
1187.-
Las sucesiones abiertas antes de la época en que este Código fue
obligatorio, se regirán por las leyes entonces en vigor y cuya
inteligencia no hubiese ofrecido duda o, en caso de haberla ofrecido, se
hubiese resuelto por la jurisprudencia práctica. De otro modo,
prevalecerán las disposiciones del Código. (Artículo 2391-1).
TITULO VII
DE LA PRESCRIPCION
CAPITULO I
DE LA PRESCRIPCION EN GENERAL
1188.-
La prescripción es un modo de adquirir o de extinguir los derechos
ajenos. (Artículo 1447, inciso 8o.).
En el primer caso se adquiere el derecho por la posesión continuada
por el tiempo y con los requisitos que la ley señala.
En el segundo, se pierde la acción por el no uso de ella en el tiempo
señalado por la ley. Para esta clase de prescripcion, la ley no exige
título ni buena fe.
1189.-
No se puede renunciar de antemano a la prescripción, pero sí a la que
ya se ha consumado.
La renuncia puede ser expresa o tácita.
Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un
hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor, por ejemplo,
cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor
de la cosa la toma en arriendo o el que debe dinero paga interés o pide
plazo y en otros casos semejantes.
1190.-
El que no puede enajenar no puede renunciar a la prescripción.
1191.-
La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, hasta
que se halle en situación de dictarse sentencia, en primera o segunda
instancia; pero los Jueces no pueden suplir de oficio la excepción que
resulta de la prescripción.
** Se suprime la mención a la tercera instancia en virtud del art. 13
Decreto-Ley 14.861 de 8.1.79 y art. 193 Código Gral. del Proceso.
1192.-
Los fiadores y todas las demás personas que tienen interés en que la
prescripción exista, pueden oponerla, aunque el deudor la haya
renunciado.
1193.-
Puede prescribirse todo lo que está en el comercio de los hombres, a
no prohibirlo alguna ley especial.
1194.-
El Estado, respecto de los bienes susceptibles de propiedad privada,
los establecimientos públicos y corporaciones, quedan sujetos a las
mismas prescripciones que los particulares y pueden oponerlas como ellos.
El poseedor de un campo u otro terreno que ha poseído por sí o por sus
causantes, a título universal o singular, por espacio de treinta años,
estará en todos los casos al abrigo de las Pretensiones del Fisco,
cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación especial.
** El inc. 2o. surge del art. 121 de la Ley 12.802 de 30.11.60, adaptado
a los requisitos de los arts. siguientes.
1195.-
Lo dispuesto por los artículos 646, 653 y 654, rige igualmente en
materia de prescripción. (Artículo 633).
1196.-
Para poder prescribir los bienes inmuebles se necesita una posesión
Continua y no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y en concepto
de propietario. (Artículos 649, inciso 3o. y 1233).
1197.-
La omisión de actos de mera facultad y la mera tolerancia de actos de
que no resulta gravamen, no confieren posesión ni dan fundamento a
prescripción alguna.
Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en
lo suyo, sin necesidad del consentimiento de otro.
1198.-
Los actos de violencia tampoco pueden servir de fundamento para la
posesión ni prescripción.
La posesión útil no principia hasta que ha cesado la violencia.
(Artículo 652).
1199.-
El que tiene la cosa en lugar o nombre de otro y sus herederos, no
puede jamás prescribirla, a menos que se haya mudado su mera tenencia en
posesión, sea por causa procedente de un tercero o por la oposición que
ellos mismos hayan hecho al derecho del propietario, poseyendo en
adelante con las condiciones requeridas por el artículo 1196. (Artículo
648).
1200.-
La persona a quien el mero tenedor de la cosa la hubiere transmitido
por un título traslativo de propiedad, podrá prescribirla.
1201.-
El tiempo para prescribir la obligación de dar cuentas no empieza a
correr sino desde el día en que los obligados cesaron en su respectivo
cargo.
El de la prescripción contra el resultado líquido de las cuentas, no
corre sino desde el día en que recayó la conformidad de las partes o
ejecutoria judicial.
1202.-
La prescripción adquirida a favor de un copropietario o comunero
aprovecha a los otros.
1203.-
El día en que empieza a correr la prescripción se tiene por entero;
pero el último debe cumplirse en su totalidad.
CAPITULO II
DE LA PRESCRIPCION CONSIDERADA COMO
MEDIO DE ADQUIRIR
SECCION I
DE LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE LOS
BIENES INMUEBLES
1º.
DE LA PRESCRIPCION DE DIEZ Y VEINTE AÑOS
1204.-
La propiedad de bienes inmuebles u otros derechos reales se adquiere
por la posesión de diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con
buena fe y justo título. (Artículo 693).
1205.-
Repútase ausente, para los efectos de la prescripción, el propietario
que reside en país extranjero. Si parte del tiempo estuvo presente y
parte ausente, cada dos años de ausencia se contarán por uno solo para
completar los diez de presente.
La ausencia que no fuere de un año entero y continuo no será tomada en
cuenta para el cómputo del anterior período.
1206.-
El poseedor actual puede completar el tiempo necesario para la
prescripción, añadiendo a su posesión la de aquel de quien hubo la cosa,
bien sea por título universal o particular, oneroso o lucrativo, con tal
que uno y otro hayan principiado a poseer de buena fe. (Artículos 646 y
647).
Cuando por falta de buena fe o de justo título en el autor, no pueda
el sucesor aprovecharse de la posesión de aquél, podrá, sin embargo,
prescribir, siempre que posea por sí, durante todo el tiempo señalado por
la ley.
1207.-
La buena fe consiste en creer que aquel de quien se recibe la cosa es
dueño y puede enajenarla con arreglo a lo dispuesto en el artículo 693.
La buena fe se presume, mientras no se pruebe lo contrario y hasta que
haya existido al tiempo de la adquisición.
1208.-
Entiéndese por justo título el legal y capaz de transferir la
propiedad.
El título para la prescripción ha de ser verdadero y válido.
El error, sea de hecho o de derecho, no bastará para subsanar la falta
de ninguna de estas dos cualidades.
1209.-
El que alegue la prescripción está obligado a probar el justo título:
éste nunca se presume.
1210.-
Cuando se ha mudado la mera tenencia en posesión conforme al artículo
1199, el poseedor solo podrá invocar la especie de prescripción de que se
trata en el párrafo siguiente.
2º.
DE LA PRESCRIPCION DE TREINTA AÑOS
1211.-
La propiedad de los bienes inmuebles y los demás derechos reales se
prescribe también por la posesión de treinta años, bien sea entre
presentes o entreausentes, sin necesidad, por partes del poseedor, de
presentar título y sin que pueda oponérsele la mala fe: salvo la
excepción establecida por el artículo 633.
SECCION II
DE LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
BIENES MUEBLES
1212.-
La propiedad de los bienes muebles se prescribe por la posesión no
interrumpida de tres años con justo título y buena fe, haya estado el
verdadero dueño ausente o presente. (Artículo 677, inciso 1o.).
1213.-
Si el poseedor actual de una cosa robada, la ha comprado en feria o
mercado o venta pública o a persona que vendía ordinariamente cosas
semejantes, el verdadero dueño no puede exigir la entrega, sin pagar el
precio desembolsado por el poseedor.
1214.-
El poseedor de un bien mueble por seis años no interrumpidos,
prescribe la propiedad, sin necesidad de presentar título y sin que pueda
oponérsele su mala fe.
Esta disposición es aplicable al caso de haberse mudado la mera
tenencia en posesión de alguno de los dos modos indicados en el artículo
1199.
Pero no comprende al que hurtó la cosa ni a sus cómplices o
encubridores, los cuales no pueden jamás prescribir y están además
sujetos a lo que se disponga por la ley penal.
CAPITULO III
DE LA PRESCRIPCION CONSIDERADA COMO
MEDIO DE EXTINGUIR LOS DERECHOS
SECCION I
DE LAS PRESCRIPCIONES DE TREINTA,
VEINTE Y DIEZ AÑOS
1215.-
Toda acción real se prescribe por treinta años, sin distinción entre
presentes y ausentes; salvo la excepción determinada en el artículo 643,
número 5 y lo que se dispone en los artículos 1204, 1212 y 1214.
En cuanto a la hipoteca, se estará a lo dispuesto en el Título
respectivo del Libro Cuarto.
1216.-
Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por veinte años,
sin perjuicio de lo que al respecto dispongan las leyes especiales.
El tiempo comienza a correr desde que la deuda sea exigible.
** El agregado hecho al inc. 1o. se fundamenta en la existencia de
diversas leyes especiales que se han dictado sobre esta materia.
1217.-
El derecho de ejecutar por acción personal se prescribe por diez años
contados como expresa el artículo anterior.
Transcurridos los diez años, la acción no adquiere el carácter
ejecutivo por la confesión judicial del deudor ni por el reconocimiento
que haga del documento privado.
1218.-
El tiempo de la prescripción en las obligaciones condicionales o a
plazo, no principia a correr sino desde el cumplimiento de la condición o
vencimiento del plazo.
En la obligación de saneamiento, no corre sino desde que tiene lugar
la evicción.
1219.-
En las obligaciones con interés o renta, el tiempo para la
prescripción del capital empieza a correr desde el último pago del
interés o renta.
Esta disposición es aplicable al capital del censo.
1220.-
Cuando haya recaído sentencia, el tiempo de la prescripción de los
derechos por ella declarados correrá desde que causó ejecutoria.
SECCION II
DE ALGUNAS PRESCRIPCIONES MAS
CORTAS
1221.-
Por el lapso de cinco años, quedan exonerados los Jueces, abogados y
procuradores, de la responsabilidad de los expedientes que han recibido.
El tiempo se cuenta desde el recibo.
Se prescribe también por cinco años:
1o. La obligación de pagar la construcción, compostura, refacción o
reedificación de las paredes y cercos divisorios medianeros y los arrimos
de obras apoyadas en la divisón medianera, a partir de la fecha de la
conclusión de la obra que origina la obligación.
2o. La obligación de pagar el impuesto de pavimentación de calles y
caminos, a partir de la fecha en que las cuentas respectivas fueran
aprobadas por la autoridad correspondiente o en su defecto, desde que la
calle o camino fue librado al servicio público.
1222.-
Se Prescribe Por cuatro años la obligación de pagar los
atrasos:
1o. De pensiones alimenticias.
2o. Del precio de los arriendos, bien sea la finca rústica o urbana.
3o. De interés de dinero prestado.
4o. De todo lo que debe pagarse por años o plazos periódicos más
cortos.
1223.-
Por el tiempo de dos años se prescribe la obligación de pagar:
1o. A los abogados, procuradores y toda clase de curiales sus
honorarios, derechos y salarios.
El tiempo de la prescripción corre desde que se feneció el proceso por
sentencia o conciliación de las partes o desde la cesación de los poderes
del procurador o desde que el ahogado cesó en su ministerio, ya por
convenio con el cliente, ya por resolución de este comunicada al primero.
2o. A los escribanos, los derechos de las escrituras o instrumentos
que autorizaren, corriendo el tiempo para la prescripción desde el día de
su otorgamiento.
3o. A los médicos, cirujanos, obstetrices y boticarios, sus visitas,
operaciones y medicinas, corriendo el tiempo desde el suministro de estas
o desde que tuvieron lugar aquellas.
4o. A los dueños de colegios o casas de pensionistas, el precio de la
pensión de sus discípulos y a los otros maestros el de aprendizaje.
5o. A los comerciantes y artesanos, el precio de los géneros o
artefactos que venden, teniendo el deudor su domicilio dentro de la
República.
Si el deudor estuviere domiciliado fuera de la República, la acción se
prescribirá por cuatro años.
6o. A los maestros de ciencias y artes, el estipendio que se les paga
mensualmente.
1224.-
Se prescribe por un año la obligación de pagar a los oficiales
mecánicos que se ajustan por año, el precio de sus trabajos y hechuras.
(Artículo 1694).
** La supresión realizada responde a la existencia de normas laborales
que regulan esta materia.
1225.-
Se prescribe por seis meses la obligación de pagar a los posaderos y
fonderos la comida y habitación que dieren.
Por igual tiempo se prescribe la acción de las personas indicadas en
el artículo anterior, cuando ajustan sus servicios por mes.
1226.-
En todos los casos de los cuatro artículos anteriores, corre la
prescripción aunque se hayan continuado los servicios, trabajo o
suministro y solo dejará de correr cuando haya habido ajuste de cuentas
aprobado por escrito, documento privado o público de obligación, o
hubiere mediado emplazarmento judicial, en cuyo caso se observará lo
dispuesto en el atículo l2l6.
1227.-
La persona a quien se opusiere alguna de las prescripciones
comprendidas en los artículos 1222 a 1225, podrá exigir que el que la
opone declare bajo juramento que la deuda está realmente pagada.
Este jurarnento podrá ser también deferido a los herederos y siendo
estos menores de edad, a sus tutores.
En ningún otro caso, fuera de los exceptuados por este artículo, podrá
el acreedor deferir el juramento al deudor ni a sus herederos.
SECCION III
DISPOSICIONES GENERALES
1228.-
Los delitos y sus penas se prescribirán según se disponga en la ley
penal.
La prescripción de los términos y dilaciones judiciales se regirá por
lo que dispongan las leyes de procedimientos civiles y criminales.
1229.-
En las prescripciónes por meses o por años se cuentan unos
y otros según el calendario Gregoriano.
Esta disposición se extiende los plazos señalados por la ley o por las
partes en cualquier otra materia, si en la misma ley o en los actos
jurídicos no se dispone de distinto modo.
1230.-
Lo dispuesto en este Título se entenderá sin perjuicio de las
prescipciones determinadas particularmente en otros Títulos de este
Código o en leyes especiales.
1231.-
Las prescripciones empezadas a la fecha en que este Código sea
obligatorio, se determinarán conforme a las leyes antiguas.
Sin embargo, las iniciadas para las que se necesitare todavía, según
las leyes antiguas, más de treinta años, contados desde la fecha indicada
en el inciso anterior, se consumarán por ese lapso.
CAPITULO IV
DE LAS CAUSAS QUE INTERRUMPEN LA
PRESCRIPCION O SUSPENDEN SU CURSO
SECCION I
DE LAS CAUSAS QUE INTERRUMPEN LA
PRESCRIPCION
1232.-
La prescripción se interrumpe natural o civilmente.
1233.-
Se interrumpe naturalmente la prescripcion adquisitiva:
1o. Cuando sin pasar la posesión a otras manos, se hace imposible el
ejercicio de los actos posesorios, como en el caso de una heredad que ha
sido permanentemente inundada.
2o. Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra
persona. (Artículo 657).
En el primer caso, la interrupción no produce otro efecto que el de
descontarse su duración; pero en el segundo hace perder todo el tiempo de
la posesión anterior, a menos que se haya recobrado judicialmente
conforme a lo dispuesto en el Título V del Libro Segundo, pues entonces
se consideraría no haber habido interrupción.
1234.-
Hay interrupción natural de la prescripcion extintiva:
1o. Cuando el dueño de una servidumbre en vía de prescribirse por el
no uso, vuelve a ejercer esta servidumbre.
2o. Cuando el deudor reconoce expresa o tácitamente la obligación.
(Artículo 1189, inciso 3o.).
En ambos casos, una nueva prescripción comenzará a correr desde la
fecha en que se ejercitó la servidumbre o tuvo lugar el reconocimiento.
1235.-
Toda prescripción se interrumpe civilmente por el emplazamiento
judicial notificado al poseedor o deudor.
El emplazamiento judicial interrumpe la prescripción, aunque sea dado
por Juez incompetente o sea nulo por vicio de forma.
Solo el que ha obtenido el emplazamiento, su causahabiente o sucesor
pueden alegar la interrupción.
1236.-
La citación a juicio de conciliación interrumpe también la
prescripción desde el día en que se hace, con tal que dentro de treinta
días contados desde la celebración del juicio y no haberse avenido las
partes o haberse dado por celebrado en rebeldía, sea seguida de demanda y
emplazamiento, con arreglo al artículo anterior. (Artículo 1348).
1237.-
El emplazamiento judicial, aunque haya litis contestación, se
considera como no hecho y no haber interrumpido la prescripción
adquisitiva:
1o. Si el actor desistiere expresamente de la demanda o se extinguiere
la instancia por perención.
2o. Si el demandado fuere absuelto de la demanda.
** Redacción adaptada al texto del art. 233 del Código Gral. del Proceso.
1238.-
Interrumpida por el emplazamiento la prescripción de las acciones
personales, aunque subsidiariamente haya hipoteca, comenzará a contarse
nuevamente el término legal de la prescripción, desde que se hizo la
última gestión en juicio a instancia de cualquiera de las partes
litigantes.
1239.-
Cuando la propiedad pertenece en común a varias personas, todo lo que
interrumpe la prescripción respecto de una de ellas la interrumpe también
respecto de las otras.
1240.-
La interpelación hecha conforme a los artículos precedentes a uno de
los deudores solidarios o su reconocimiento, interrumpe la prescripción
contra todos los demás y aun contra sus herederos.
La interpelación hecha a uno de los herederos de un deudor solidario o
el reconocimiento de ese heredero, no interrumpe la prescripción respecto
de los demás herederos, a no ser que la obligación sea indivisible.
Esa interpelación o ese reconocimiento no interrumpe la prescripción
sino en la parte a que está obligado ese heredero, corriendo respecto de
los otros.
1241.-
La interpelación hecha al deudor principal o su reconocimiento,
interrumpe la prescripción contra el fiador. (Artículo ll92).
SECCION II
DE LAS CAUSAS QUE SUSPENDEN EL CURSO
DE LA PRESCRIPCION
1242.-
Las prescripciones de este Código corren contra toda clase de
personas, a no ser que la ley dísponga expresamente lo contrario.
1243.-
Se suspende el curso de las prescripciones de tres, diez y veinte años
(artículos 1204, 1212 y 1216) a favor:
1o. De los menores, de los dementes, de los sordomudos y de todos los
que están bajo patria potestad o bajo tutela o curaduría. (Artículo 405).
2o. De la herencia yacente, mientras no tenga curador.
** Se elimina la referencia a la potestad marital, derogada por el art.
1o. Ley 10.783 de 18.9.46.
1244.-
Cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor o deudor
el tiempo anterior a ella, si lo hubo.
Transcurridos treinta años no se tomarán en cuenta las
suspensiones determinadas en el artículo anterior.
** El inciso 2o. fue derogado por el art. 1o. de la Ley No. 10.783 del
18.9.46.
LIBRO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES
PRIMERA PARTE
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL
TITULO I
DE LAS CAUSAS EFICIENTES DE LAS
OBLIGACIONES
1245.-
Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.
1246.-
Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos
o más personas, como en los contratos; ya de un hecho voluntario de la
persona que se encuentra obligada, como en los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona,
como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como
sucede en las relaciones de familia o en las relaciones civiles.
Las obligaciones que nacen de la ley se expresan en ella.
CAPITULO I
DE LOS CONTRATOS EN GENERAL
SECCION I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
1247.-
Contrato es una convención por la cual una parte se obliga
para con la otra o ambas partes se obligan recíprocamente a una
prestación cualquiera, esto es, a dar, hacer o no hacer alguna cosa.
Cada parte puede ser una o muchas personas.
1248.-
El contrato se llama unilateral cuando impone obligación a una de las
partes solamente; y bilateral o sinalagmático cuando impone a las dos
partes obligaciones recíprocas.
1249.-
El contrato se llama gratuito, cuando sólo tiene por objeto la
utilidad de una de las dos partes, sufriendo la otra el gravamen; y
oneroso, luando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes
gravándose cada uno a beneficio del otro.
Todos los contratos bilaterales entran en la clase de los
onerosos; pero los contratos unilaterales no siempre son
gratuitos.
1250.-
El contrato oneroso se llarna conmutativo cuando cada una de las
partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo
que la otra debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en
una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llana aleatorio.
1251.-
El contrato se llama principal cuando subsiste por sí mismo sin
necesidad de otra convención; y accesorio cuando tiene por objeto
asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no
puede subsitir sin ella.
1252.-
El contrato se llama solemne, cuando está sujeto a la observancia de
ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce
ningún efecto civil (artículo 1578); consensual cuando obliga por el
simple consentimiento de las partes; y se llama realcuando la obligación
principal que nace de él supone necesariamente la tradición de la cosa.
Antes de la tradición, la promesa aceptada de entregar o recibir la
cosa sobre que versare el contrato, entra en la clase de los contratos
consensuales.
1253.-
La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al
arbitrio de uno de los contrayentes.
1254.-
El contrato que hiciere una persona a nombre de otra estando facultado
por ella o por la ley, producirá respecto del representado, iguales
efectos que si hubiese contratado él mismo.
1255.-
El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su
representación voluntaria o legal (artículo 1311), será nulo; a no ser
que lo ratifique la persona a cuyo nombre se haga.
1256.-
Si contratando alguno a nombre propio, hubiese estipulado cualquier
ventaja en favor de tercera persona, aunque no tenga derecho de
representarla, podrá esta tercera persona exigir el cumplimiento de la
obligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado, antes de
ser revocada.
1257.-
Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una
tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de darse,
hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contrae
obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y si ella no
ratifica, el otro contratante tendrá acción de daños y perjuicios contra
el que hizo la promesa.
1258.-
No se admitirá juramento en los contratos; si se hiciere, se tendrá
por no puesto.
1259.-
Si para la existencia o validez de cierta especie de contratos se
exigiere por este Código una forma determinada y que no era requerida por
las leyes anteriores, sólo se entenderá afectar esa disposición del
Código a los contratos celebrados después de la fecha en que su
observancia sea obligatoria.
Lo mismo será tratándose de la prueba de las obligaciones en general.
1260.-
Los contratos, ya tengan o no, denominación particular, están sujetos
a unos mismos principios generales.
Las reglas particulares a los contratos nominados se establecen en los
títulos respectivos y las peculiares a las transacciones mercantiles en
la ley comercial.
SECCION II
DE LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA LA
VALIDEZ
DE LOS CONTRATOS
1261.-
Para la validez de los contratos son esenciales los cuatro requisitos
siguientes:
1o. Consentimiento de partes.
2o. Capacidad legal de la parte que se obliga.
3o. Un objeto lícito y suficientemente determinado que sirva de
materia de la obligación.
4o. Que sea lícita la causa inmediata de la obligación.
Esto se entenderá sin perjuicio de la solemnidad requerida por la ley
en ciertos contratos.
1o.
DEL CONSENTIMIENTO
1262.-
No habrá consentimiento obligatorio sin que la propuesta de una parte
haya sido aceptada por la otra.
La propuesta consiste en la manifestación que hace una de las partes
de querer constituirse en alguna obligación para con la otra.
En los contratos bilaterales, la primera propuesta importa
aceptación anticipada de la segunda; y la aceptación de aquella importa
segunda propuesta.
1263.-
La propuesta verbal debe ser inmediatamente aceptada.
No mediando aceptación inmediata, la propuesta verbal se mirará como
no hecha, a menos que el que la hizo quiera sostenerla.
1264.-
Si el contrato fuese solemne (artículo 1252) sólo se considerará
perfecto después de llenadas las formas especialmente requeridas por la
ley.
Mientras esas formas no hayan sido llenadas, cualquiera de las partes
puede arrepentirse y dejar sin efecto el contrato.
1265.-
El contrato ajustado por mensajero o por correspondencia epistolar o
telegráfica, se perfecciona en el lugar y en el acto en que la respuesta
del que aceptó el negocio llega al proponente.
Hasta ese momento, está en libertad el proponente de retractar su
propuesta, a no ser que al hacerla se hubiere comprometido a esperar
contestación y a no disponer del objeto del contrato sino después de
desechada la oferta o hasta que hubiere transcurrido un plazo
determinado.
El que acepta el negocio, tendrá la misma libertad que el que
proponente, conforme al inciso anterior.
1266.-
En caso de respuesta tardía, el proponente que se ha comprometido
simplemente o sin plazo a esperar contestación, debe participar su cambio
de determinación. De otro modo no podrá excepcionarse, fundado en la
tardanza, contra la validez del contrato.
Se considerará tardía una respuesta, cuando no se da dentro de
veinticuatro horas viviendo en la misma ciudad.
Residiendo en otra parte el que recibió la oferta, se mirará como
tardía la contestación que no se diere dentro de treinta días contados
desde que haya transcurrido el tiempo necesario para que las dos
comunicaciones llegaran a su destino.
1267.-
Se mirará la propuesta como no aceptada, si la otra parte la
modificare en cualquier sentido, aunque la modificación consista en
auniento o disminución de cantidad o precio.
La modifiCación de la propuesta primitiva importa una nueva propuesta
que viene a ser obligatoria, desde que el individuo que la hizo recibe la
contestación del primer proponente en que le avisa que se conforma con la
modificación.
1268.-
Será de ningún efecto la propuesta, si una de las partes falleciere o
perdiere su capacidad para contratar: el proponente antes de haber sabido
la aceptación y la otra parte antes de haber aceptado.
1269.-
El consentimiento no es válido cuando ha sido dado por error,
arrancado por violencia o sorprendido por dolo.
1270.-
La ignorancia de la ley o el error de derecho en ningún caso impedirán
los efectos legales del contrato.
El error material de aritmética sólo da lugar a su reparación.
1271.-
El error de hecho es causa de nulidad del contrato:
1o. Cuando recae sobre la especie de contrato que se celebra, como si
una de las partes entendiese empréstito y la otra donación.
2o. Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se
trata, como si en la venta el vendedor entendiere vender cierta cosa
determinada y el comprador entendiera que compra otra.
3o. Cuando la substancia o calidad esencial del objeto sobre que versa
el contrato es distinta de la que se cree, como si por alguna de las
partes se supone que el objeto es una barra de plata y realmente es una
barra de algún otro metal semejante. (Artículos 771 y 772).
El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el
contrato, sino cuando esa calidad es el principal motivo de uno de los
contrayentes para contratar y este motivo ha sido conocido de la otra
parte.
1272.-
La violencia es también causa de nulidad y puede ser física o moral.
Habrá violencia física cuando para producir el contrato, se empleare
una fuerza física irresistible.
Habrá violencia moral cuando se inspire a uno de los contrayentes el
temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes o
de su cónyuge, descendientes o ascendientes legítimos o ilegítimos.
1273.-
La violencia moral no afectará la validez del contrato, sino cuando
por la condición de la persona, su carácter, hábitos o sexo, pueda
juzgarse que ha debido naturalmente hacerle una fuerte impresión.
Tampoco afectará la validez de los contratos el mero temor
reverencial.
1274.-
La violencia física o moral invalidará el contrato, aunque se haya
empleado por un tercero que no intervenga en él.
1275.-
Para que el dolo pueda ser un medio de nulidad, es preciso que haya
dado causa al contrato.
Tendrá ese carácter cuando con palabras, o maquinaciones insidiosas de
parte de uno de los contrayentes, fuese inducido el otro a celebrar un
contrato, que en otro caso no hubiera otorgado.
1276.-
El dolo incidente no vicia el contrato; pero el que lo comete debe
satisfacer cualquier daño que hubiese causado. (Artículo 1319).
Es dolo incidente el que no fue causa determinante del contrato.
1277.-
La lesión por sí sola no vicia los contratos.
No puede, pues, la lesión servir de fundamento a restitución in
integrum alguna; sin perjuicio de lo dispuesto sobre la nulidad en el
Capítulo VII del Título III de este Libro.
2o.
DE LA CAPCIDAD DE LOS CONTRAYENTES
1278.-
Pueden contratar todas las personas que no estuviesen declaradas
incapaces por la ley.
1279.-
Son absolutamente incapaces, los impúberes, los dementes y los
sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.
Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten
caución.
1280.-
Son también incapaces los menores adultos que se hallan bajo la patria
potestad o que no han obtenido habilitación de edad con arreglo a lo
dispuesto en el Título VIII del Libro Primero y los comerciantes
fallidos.
Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos
pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos
determinados por las leyes.
** Redacción adaptada al texto del art. 1o. Ley 10.783 de 18.9.46.
1281.-
Además de las incapacidades declaradas por los artículos precedentes,
hay otras especiales que consisten en la prohibición que la ley ha
impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos.
3o.
DEL OBJETO DE LOS CONTRATOS
1282.-
El objeto de los contratos es el objeto de las obligaciones que por
ellos se contrajeren.
Pueden ser objeto de los contratos, las cosas o los hechos que no
estén fuera del comercio de los hombres.
1283.-
No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino
las que se espera que existan; pero es necesario que las unas y las otras
estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. (Artículos 913,
1625, 1651 y 1671).
La cantidad puede ser incierta con tal que el contrato fije reglas o
contenga datos que sirvan para determinarla.
Los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han
de tener interés los contrayentes.
1284.-
Los hechos son imposibles física o moralmente.
Es físicamente imposible el hecho que es contrario a la naturaleza.
Es moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las
buenas costumbres o al orden público.
1285.-
El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede
ser objeto de ningún contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de
la misma persona. (Artículos 1053 y 1651).
1286.-
Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público
Oriental. Así la promesa de someterse en la República a una jurisdicción
no reconocida por las leyes orientales, es nula por el vicio del objeto.
(Artículo 11).
4º
DE LA CAUSA PARA OBLIGARSE EN LOS CONTRATOS
1287.-
En todo contrato oneroso, es causa para obligarse cada parte
contratante, la ventaja o provecho que le procura la otra parte.
Si el contrato es gratuito, la causa se encuentra en la mera
liberalidad del bienhechor.
1288.-
La obligación y por consiguiente el contrato que se funda en una causa
falsa o ilícita, no puede tener efecto alguno.
La cansa es ilícita cuando es prohibida por la ley o contniria a las
buenas costumbres o al orden público.
Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que se creía existir,
pero que no existe, tiene una causa falsa; y la promesa de dar algo en
recompensa de un crimen o de un hecho inmoral se funda en una causa
ilícita.
Habrá también causa ilícita cuando una de las partes prometiere dar
algo a la otra por que cumpla con el deber que le impone de antemano la
ley o la moral.
1289.-
El contrato será válido aunque la causa en él expresada sea fasta con
tal que se funde en otra verdadera. (Artículo 788).
1290.-
Aunque la causa no se exprese en el contrario, se presume que existe y
que es lícita, mientras el deudor no pruebe lo contrario.
SECCION III
DE LOS EFECTOS JURIDICOS DE LOS
CONTRATOS
1291.-
Los contrátos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben
someterse las partes como a la ley misma.
Todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, no sólo
a lo que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su
naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley.
1292.-
Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los
herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario
resulte de una disposición especial de la ley, de una cláusula de la
convención o de la naturaleza misma del contrato.
1293.-
Los contratos no pueden oponerse a terceros ni invocarse por ellos,
sino en los casos de los artículos 1254 a 1256.
1.294.-
Las partes pueden, por mutuo consentimiento, extinguir las
obligaciones creadas por los contratos y retirar los derechos reales que
se hubiesen transferido; y pueden también por mutuo consentimiento,
revocar los contratos por las causas que la ley autoriza.
1295.-
Podrán los acreedores pedir al juez que los autorice para
ejercer todos los derechos y acciones de su deudor. (Artículo 2372).
Exceptúanse los derechos que no ofrezcan un interés pecuniario y
actual y aquellos que por su naturaleza o por disposición de la ley no
pueden ser ejercidos sino por el deudor o que a lo menos no pueden serlo
contra su voluntad por otra persona.
1296.-
Podrán también los acreedores pedir a nombre propio que se rescindan o
revoquen los enajenaciones otorgadas por el deudor con fraude y en
perjuicio de ellos. (Artículo 537 número 5º).
Consiste el fraude en el conocirruento de la insolvencia del deudor.
Si la enajenación fuere a título oneroso, deberán probar los
acreedores que medió fraude por parte de ambos contrayentes; si fuere a
título gratuito bastará que se pruebe el fraude respecto del deudor.
La acción de que habla este artículo, expira en un año contado desde
que el acreedor o acreedores supieren la enajenación. Para las
enajenaciones que se inscriban en el Registro de Traslaciones de Dominio
el plazo correrá a partir de la fecha de su inscripción.
** El texto del últirno inc. está dado por el art. 38 Ley 10.793 de
25.9.46
SECCION IV
DE LA INTERPRETACION DE LOS
CONTRATOS
1297.-
Las palabras de los contratos deben entenderse en el sentido que les
da el uso general, aunque el obligado pretenda que las ha entendido de
otro modo.
1298.-
Habiendo ambigüedad en las palabras, debe buscarse más bien la
intención común de las partes que el sentido literal de los términos.-
1299.-
Las cláusulas equívocas o ambiguas deben interpretarse por medio de
los términos claros y precisos empleados en otra parte del mismo escrito,
cuidando de darles no tanto el significado que en general les pudiera
convenir, cuanto el que corresponde por el contexto general.
1300.-
Las clásulas susceptibles de dos sentidos, del uno de los cuales
resultare la validez y del otro la nulidad del acto, deben entenderse en
el primero.
Si ambos dieren igualmente validez al acto, deben tomarse en el
sentido que más convenga a la naturaleza del contrato y a las reglas de
la equidad.
1301.-
Los hechos de los contrayentes, posteriores al contrato, que tengan
relación con lo que se discute, servirán para explicar la intención de
las partes al tiempo de celebrar el contrato.
1302.-
Las cláusulas ambiguas se interpretan por lo que es de uso y costumbre
en el lugar del contrato.
1303.-
Las clásulas de uso común deben suplirse en los contratos, aun cuando
no se hallen expresadas en ellos.
1304.-
En los casos dudosos que no puedan resolverse según las bases
establecidas, las cláusulas ambiguas deben interpretarse a favor del
deudor.
Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por
una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella,
siempre que la ambigüedad provenga de su falta de explicación.
1305.-
Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán
a la materia sobre que se ha contratado.
1306.-
Cuando el objeto de un contrato es un compuesto de diversas partes, la
denominación dada al todo comprende todas las partes que lo forman.
1307.-
La expresión de un caso se estima hecha por vía de ejemplo, a no ser
que aparezca claramente haberse hecho con el objeto de restringir la
obligación a ese caso.
CAPITULO II
DE LOS CUASICONTRATOS, DELITOS Y
CUASIDELITOS
SECCION I
DE LOS CUASICONTRATOS
1308.-
Todo hecho lícito del hombre que hace mejor la condición de una
persona en daño de otro, sin que haya mediado intención de hacer
liberalidad, da origen aun cuasicontrato que obliga al que ha mejorado su
condición a devolver la suma o la cosa convertida en su provecho.
1309.-
El que se encarga de la agencia o administración de los
bienes o negocios ajenos sin mandato ni conocimiento del dueño, está
obligado a continuar en su encargo con todo lo anejo dependiente hasta su
conclusión o hasta que el mismo dueño o interesado se halle en estado de
proveer por sí o bien hasta que puedan proveer sus herederos en caso de
que muriese aquél durante la referida agencia.
Las obligaciones del agente oficioso son las mismas que las del
mandatario.
1310.-
El agente oficioso está obligado a emplear en la gestión todos los
cuidados de un buen padre de famila y será responsable de los perjuicios
que por su culpa o negligencia resulten al dueño de los bienes o negocios
que tomó a su cargo.
Los Tribunales, sin embargo podrán moderar la indemnización según las
circunstancias del caso.
1311.-
Por su parte, el dueño de los bienes o negocios oficiosamente
administrados con la debida diligencia, está obligado a cumplir las
obligaciones contraídas en su nombre por su agente, a indemnizarle de las
que haya tomado sobre sí por causa de dicha agencia y a satisfacerle
todos los gastos necesarios o útiles que haya hecho, pero no a darle
salario.
1312.-
El que por error ha hecho un pago tiene derecho de repetir lo pagado,
si prueba que no lo debía.
Sin embargo, cuando una persona a consecuencia de un error suyo, ha
pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que a
virtud del pago ha suprimido o cancelado de buena fe un título necesario
para el cobro de su crédito; pero puede intentar contra el deudor las
acciones del acreedor.
1313.-
No se podrá repetir lo que se ha pagado para cumplir una obligación
puramente natural de las enumeradas en el Capítulo IV del siguiente
Título. (Artículo 2176).
1314.-
Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de derecho, cuando
el pago no tenía por fundamento ni siquiera una obligación puramente
natural.
1.315.-
Si el demandado confiesa el pago, el actor debe probar que no era
debido; pero si aquél lo niega, corresponde al actor probarlo; y probado,
se presumirá indebido.
1316.-
El que de buena fe recibe una cantidad indebida está obligado a
restituir otro tanto.
Si la ha recibido de mala fe, debe también los intereses corrientes.
El que ha recibido de buena fe una cosa cierta y determinada debe
restituirla en especie, si existe; pero no responde de las desmejoras o
pérdidas, aunque hayan sido ocasionadas por su culpa, sino en cuanto se
haya hecho más rico.
Con todo, desde que sabe que la cosa fue pagada indebidamente, se
somete a todas las obligaciones del poseedor de mala fe.
1317.-
El que de buena fe ha vendido la cosa cierta y determinada que se le
dio como debida, es sólo obligado a restituir el precio de venta y a
ceder las acciones que tenga contra el comprador que no la haya pagado
íntegramente.
Si estaba de mala fe cuando hizo la venta, es obligado como todo
poseedor que dolosamente ha dejado de poseer.
1318.-
El que pagó lo que no debía, no puede perseguir la especie poseída por
un tercero de buena fe a título oneroso; pero tendrá derecho para que el
tercero que la tiene por cualquier título gratuito, se la restituya, si
es reivindicable y existe en su poder.
Las obligaciones del donatario que restituye, son las mismas que las
de su causante, según el artículo 1316.
SECCION II
DE LOS DELITOS Y CUASIDELITOS
1319.-
Todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, impone a aquel
por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido, la obligación de
repararlo.
Cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo, esto es, con
intención de dañar, constituye un delito; cuando falta esa intención de
dañar, el hecho ilícito constituye un cuasidelito.
En uno y otro caso, el hecho ilícito puede ser negativo o positivo,
según que el deber infringido consista en hacer o no hacer.
1320.-
No son capaces de delito o cuasidelito los menores de diez años ni los
dementes; pero serán responsables del daño causado por ellos las personas
a cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles negligencia.
1321.-
El que usa de su derecho no daña a otro, con tal que no haya exceso de
su parte. El daño que puede resultar no le es imputable.
1322.-
Nadie es responsable del daño que proviene de caso fortuito a que no
ha dado causa.
1323.-
El daño comprende no sólo el mal directamente causado, sino también la
privación de ganancia que fuere consecuencia inmediata del hecho ilícito.
1324.-
Hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho
propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno
tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a
su cuidado.
Así, los padres son responsables del hecho de los hijos que están bajo
su potestad y viven en su compañía.
Los tutores y curadores lo son de la conducta de las personas que
viven bajo su autoridad y cuidado.
Lo son, igualmente, los directores de colegios y los maestros
artesanos respecto al daño causado por sus alumnos o aprendices, durante
el tiempo que están bajo su vigilancia.
Y lo son, por último, los dueños o directores de un establecimiento o
empresa, respecto del daño causado por sus domésticos en el servicio de
los ramos en que los tuviesen empleados.
La responsabilidad de que se trata en los casos de este artículo
cesará cuando las personas en ellos mencionadas prueben que emplearon
toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.
** La redacción del inc. 2º está adaptada`al texto del art. 1º y 11
Ley 10.783 de 18.9.46
1325.-
En cuanto a los posaderos, su responsabilidad se regirá por lo
dispuesto acerca del depósito necesario en el Título XIII, Parte Segunda
de este Libro.
1326.-
Las personas obligadas a la reparación del daño causado por las que de
ellas dependen, tienen derecho a ser indemnizadas sobre los bienes de
estas, si los hubiere y si el que causó el daño lo hizo sin orden ni
conocinuento de la persona a quien debía obediencia y era capaz de delito
o cuasidelito según el artículo 1320.
1327.-
El dueño de un edificio es responsable del daño que ocasione su ruina
acaecida por haber omitido las necesarias reparaciones o por haber
faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia.
Si la ruina proviniese de vicio en la construcción, el tercero
damnificado sólo puede repetir contra el arquitecto que dirigió la obra,
con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo II, Título IV, Parte Segunda de
este Libro. (Artículo 1844).
1328.-
El dueño de un animal es responsable del daño que este cause aun
después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío
o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o de sus dependientes
encargados de la guarda o servicio del animal.
Lo que se dispone respecto del dueño es aplicable a toda persona que
se sirva de un animal ajeno, salva su acción contra el dueño, si el daño
provino de un vicio del animal que aquel debía conocer o prevenir y de
que no le dio conocimiento.
1329.-
El daño causado por un animal salvaje o feroz será siempre imputable a
quien lo tenga bajo su guarda, sea o no su propietario, aunque no le
hubiese sido posible evitar el daño y aunque el animal se hubiese soltado
sin su culpa.
Lo dispuesto precedentemente no será aplicable a las autoridades y
funcionarios de los parques o jardines zoológicos estatales o
municipales, respecto de los cuales regirá lo establecido en el artículo
anterior. La misma regla se aplicará a los propietarios de parques o
jardines zoológicos privados guardianes de los mismos y dependientes
encargados de la guarda de los animales.
** Texto dado por la Ley 16.088 de 25.10.89
1329-1.-
A los efectos del artículo anterior, se consideran animales feroces o
salvajes los que no son ordinariamente domesticables o son peligrosos
para los seres humanos por su agresividad, costumbres, tamaño o fuerza,
tales como: grandes felinos, paquidermos, osos, cocodrilos, ofidios
venenosos y boas, primates grandes y medianos, lobos, gatos monteses,
jabalíes y similares.
No exime de esta calificación el hecho de que el animal haya sido
criado por seres humanos y en régimen de domesticidad.
** Texto resultante del art. 9º Ley Nº 16.088 de 25.10.89
1330.-
El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior
de un edificio, es imputable a todos los que habitan la misma parte del
edificio y la indemnización se dividirá entre todos ellos, a menos que se
pruebe que el daño se debe a la culpa o dolo de alguna persona
exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola.
1331.-
Si un delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de
ellas responde solidariamente del daño causado.
No es aplicable esta regla cuando el daño proviene de cuasidelito. Sus
autores responderán proporcionalmente.
1332.-
La acción concedida al damnificado prescribe en cuatro años contados
desde la perpetración del hecho ilícito.
**Texto dado por el art. 3º Ley Nº 16.162 del 18.12.90
TITULO II
DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE
OBLIGACIONES
CAPITULO I
DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION A SU
OBJETO
SECCION I
DE LA OBLIGACION DE DAR
1333.-
La obligación de dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa
mueble o inmueble.
El que se ha obligado a entregar una cosa debe verificarlo en el lugar
y en el tiempo estipulado; y en defecto de estipulación, en lugar y
tiempo convenible según el arbitrio judicial. (Artículo 1245).
1334.-
La obligación de entregar la cosa contiene la de conservarla como buen
padre de familia, hasta que la tradición se verifique, so pena de daños y
perjuicios.
1335.-
La cosa aumenta, se deteriora o perece para el que la tiene que
recibir, a no ser en los casos siguientes:
1º. Si pereciere o se deteriorare por dolo o culpa del que la debe
entregar.
2º Si se pactare que el peligro sea de cuenta del que la debe
entregar.
3º Si la cosa fuese de las que es costumbre gustar o probar antes de
recibirlas.
4º. Si el deudor ha caído en mora de entregar la cosa. (Artículos
1438, inciso 2º.; 1557 y 1805).
1336.-
El deudor cae en mora, sea por interpelación judicial o intimación de
la protesta de daños y perjuicios, sea por la naturaleza de la convención
o por efecto de la misma, cuando en ella se establece que el deudor caiga
en mora por solo el vencimiento del término.
1337.-
Si uno se obliga sucesivamente a entregar a dos personas diversas una
misma cosa, el que primero adquiere la posesión de buena fe, ignorando el
primer contrato, es preferido, aunque su título sea posterior en fecha,
con tal que haya pagado el precio, dado fiador o prenda u obtenido plazo
para el pago. (Artículo 1680).
SECCION II
DE LA OBLIGACION DE HACER O DE NO
HACER
1338.-
Toda obligación de hacer o de no hacer, se resuelve en resarcimiento
de daños y perjuicios, en caso de falta de cumplimiento de parte del
deudor.
Sin embargo, el acreedor tiene derecho a exigir que se destruya lo que
se hubiese hecho en contravención de la obligación y puede obtener
autorización judicial para destruirlo a costa del deudor, sin perjuicio
del resarcimiento de daños, si hubiere lugar.
1339.-
En caso de falta de cumplimiento, tratándose de cosa que pueda ser
ejecutada por un tercero, puede el acreedor obtener autorización para
hacer ejecutar la obligación por cuenta del deudor, si no prefiere
compelerle al pago de daños y perjuicios. (Artículo 1338).
El deudor, para librarse de los daños y perjuicios que se le reclaman,
puede ofrecerse a ejecutar la cosa prometida, si es tiempo todavía, sin
prejuicio del acreedor, pagando los daños ocasionados por la demora.
1340.-
Si la obligación es de no hacer, el contraventor debe los daños y
perjuicios por el solo hecho de la contravención.
SECCION III
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
1341.-
Los daños y perjuicios solo se deben cuando el deudor ha caído en mora
de cumplir su obligación (artículo 1336) o cuando la cosa que se había
comprometido a dar o hacer no podía ser dada o hecha, sino en el tiempo
determinado que ha dejado transcurrir.
La demanda de perjuicios supone la resolución del contrato. El que pide
su cumplimiento no puede exigir otros perjuicios que los de la mora.
1342.-
El deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, sea en
razón de la falta de cumplimiento de la obligación o de la demora en la
ejecución, aunque no haya mala fe de su parte, siempre que no justifique
que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña que no le es
imputable.
1343.-
No se deben daños y perjuicios, cuando el deudor no ha podido dar o
hacer la cosa a que estaba obligado o ha hecho lo que le estaba
prohibido, cediendo a fuerza mayor o por caso fortuito. (Artículo 1549).
No se entienden comprendidos en la regla antedicha, los casos
siguientes:
1o. Si alguna de las partes ha tomado sobre sí especialmente los casos
fortuitos o la fuerza mayor.
2o. Si el caso fortuito ha sido precedido de alguna culpa suya, sin la
cual no habría tenido lugar la pérdida o inejecución.
3o. Si el deudor había caído en mora antes de realizarse el caso
fortuito; debiéndose observar lo dispuesto en el Capítulo VI, Título III,
Parte Primera de este Libro.
1344.-
Se entiende por culpa la falta del debido cuidado o diligencia. Puede
ser grave o leve.
Sea que el negocio interese a una sola de las partes, ya tenga por
objeto la utilidad común de ellas, sujeta al obligado a toda la
diligencia de un buen padre de familia, esto es, a prestar la culpa leve.
Esa obligación, aunque regulándose por un solo principio, es más o
menos extensa según la naturaleza del contrato o el conjunto de
circunstancias, en los casos especialmente previstos por este Código.
1345.-
Lo daños y perjuicios debidos al acreedor, a no ser de los fijados por
la ley o convenidos por los contratantes, son en general, de la pérdida
que ha sufrido y del lucro de que se le ha privado, con las
modificaciones de los artículos siguientes.
1346.-
El deudor no responde sino de los daños y perjuícios que se han
previsto o podido prever al tiempo del contrato, cuando no ha provenido
de dolo suyo la falta de cumplimiento de la obligación.
Aun en el caso de que la falta de cumplimiento provenga de dolo del
deudor, los daños y perjuicios que no están fijados por la ley o
convenidos por los contratantes, no deben comprender, respecto de la
pérdida sufrida por el acreedor y el lucro de que se le ha privado, sino
lo que ha sido consecuencia inmediata y directa de la falta de
cumplimiento.
1347.-
Cuando en la convención se hubiere establecido que, si ella no se
cumpliere, se pagará cierta suma por vía de daños y peijuicios, no puede
darse en su lugar una cantidad ni mayor ni menor.
1348.-
En las obligaciones que se limitan al pago de cierta suma, los daños y
perjuicios provenientes de la demora en la ejecución, no consisten sino
en la condenación en los intereses legales, excepto las reglas peculiares
al comercio y a las fianzas.
Esos daflos y peduicios se deben sin que el acreedor tenga que
justificar pérdida alguna y aunque de buena fe el deudor no se considere
tal.
Sólo se deben desde el día de la demanda o la citación a juicio de
conciliación seguido de demanda con arreglo al artículo 1236; excepto los
casos en que la ley hace correr los intereses ipso jure o sin acto alguno
del acreedor.
SECCION IV
DE LAS OBLIGACIONES ALTERNATIVAS
1349.-
La obligación es alternativa cuando se deben varias cosas, de manera
que el deudor por la entrega o la ejecución de una de ellas, se libra de
dar o hacer la otra.
1350.-
La elección pertenece siempre al deudor, si no se ha concedido
expresamente al acreedor.
Si el que ha de hacer la elección muere sin ejecutarla, ese derecho
pasa a sus herederos.
1351.-
El deudor puede librarse entregando cualquiera de las dos cosas
prometidas; pero no puede obligar al acreedor a recibir parte de una y
parte de otra.
1352.-
Si una de las dos cosas prometidas no podía ser materia de la
obligación, se considera esta pura y simple, aunque contraída como
alternativa.
1353.-
La obligación alternativa se convierte en simple si una de las dos
cosas prometidas perece, aunque sea por culpa del deudor y no puede ser
entregada.
En este caso, el deudor debe entregar la que hubiere quedado, sin que
ni él cumpla con ofrecer ni el acreedor pueda exigirle el precio de la
otra.
Si ambas han perecido y sólo una por culpa del deudor, debe entregar
el precio de la última que ha perecido.
1354.-
En los casos del artículo precedente, si el acreedor tuviese
la elección por haberse así convenido, se observarán las reglas
siguientes:
1o. Si una de las cosas ha perecido sin culpa del deudor, este cumple
con entregar al acreedor la que haya quedado.
2o. Si pereció por culpa del deudor, podrá el acreedor reclamar a su
elección la cosa que haya quedado o el precio de la que pereció.
3o. Si han perecido las dos cosas por culpa del deudor respecto de las
dos o de una de ellas, el acreedor puede reclamar a su arbitrio el precio
de cualquiera de las dos.
4o. Si las dos cosas han perecido sin culpa del deudor, la obligación
se extingue.
Los mismos principios se aplican al caso en que hay más de dos cosas
comprendidas en la obligación alternativa.
1355.-
Si la alternativa consiste en dar o hacer alguna cosa a favor de tal o
cual persona, el deudor se libra cumpliendo respecto de una de ellas cual
más quisiere; y estas no pueden obligarle a satisfacer por mitad a las
dos.
1356.-
Cuando la obligación alternativa consiste en prestaciones anuales, la
opción hecha para un año no obliga para los otros.
SECCION V
DE LAS OBLIGACIONES FACULTATIVAS
1357.-
Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa
determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta
cosa o con otra que se designa.
1358.-
En la obligación facultativa el acreedor no tiene derecho para pedir
otra cosa que aquella a que el deudor es directamente obligado y si dicha
cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse este constituido en
mora, no tiene derecho para pedir cosa alguna.
1359.-
En caso de duda, sobre si la obligación es alternativa o facultativa,
se tendrá por alternativa.
SECCION VI
DE LAS OBLIGACIONES DE GENERO
1360.-
Obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente
un individuo de una clase o género determinado.
1361.-
En la obligación de género el acreedor no puede pedir determinadamente
ningún individuo y el deudor queda libre de ella, entregando cualquier
individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana.
1362.-
La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación y el
acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya,
mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe.
SECCION VII
DE LAS OBLIGACIONES CON CLAUSULA
PENAL
1363.-
La cláusula penal es aquella en cuya virtud una persona para asegurar
la ejecución de la convención, se obliga a alguna pena, en caso de falta
de cumplimiento.
1364.-
La nulidad de la obligación principal trae consigo la de la cláusula
penal.
La nulidad de esta no importa la de la obligación principal.
1365.-
La cláusula penal es válida aun cuando se agrega a obligación cuyo
cumplimiento no puede exigirse judicialmente, pero que no es reprobada
por derecho.
1366.-
El acreedor, cuyo deudor ha incurrido en mora, puede a su arbitrio
exigir la pena estipulada o la ejecución de la obligación principal.
1367.-
La cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios que se
irrogan al acreedor, por la falta de cumplimiento de la obligación
principal.
No puede, pues, pedir a la vez la obligación principal y la pena, a no
ser que se haya así pactado expresamente.
Sin embargo, si habiendo optado por el cumplimiento de la obligación,
no consiguiera hacerla efectiva, puede pedir la pena.
1368.-
Sea que la obligación principal contenga o no, plazo en que deba
cumplirse, no se incurre en la pena, sino cuando el obligado a entregar o
tomar o a hacer, ha incurrido en mora.
Si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en la pena desde
el momento que ejecute el acto del cual se obligó a abstenerse.
1369.-
Incurre en la pena estipulada el deudor que no cumple dentro del
tiempo debido, aun cuando la falta de cumplimiento provenga de justas
causas que le hayan imposibilitado de verificarlo.
Sin embargo, si la obligación principal es de entregar una cosa
determinada y esta perece, no tiene lugar la pena en los casos en que el
deudor no sea responsable de la obligación principal.
1370.-
Cuando la obligación principal se haya cumplido en parte, la pena se
pagará a prorrata por lo no ejecutado.
1371.-
Cuando la obligación primitiva contraída con cláusula penal, es de
cosa indivisible y son varios los deudores por sucesión o por contrato,
se incurre en la pena por la contravención de uno solo de los deudores y
puede ser exigida por entero del contraventor o de cada uno de los
codeudores por su parte y porción, salvo el derecho de estos para exigir
del contraventor que les devuelva lo que pagaron por su culpa.
1372.-
Si la obligación indivisible contraída con cláusula penal es a favor
de varios contra varios, sea por herencia o por contrato, no se incurre
en la pena total, caso de obstáculo puesto por uno de los deudores a
alguno de los acreedores, sino que sólo el causante del obstáculo incurre
en la pena y se adjudica únicamente al perturbado; ambos
proporcionalmente a su haber hereditario o cuota correspondiente.
1373.-
Cuando la obligación primitiva con cláusula penal es divisible, sólo
se incurre en la pena por aquel de los herederos del deudor que
contraviniere a la obligación y sólo por la parte que le toca en la
obligación principal, sin que haya acción contra los que la han cumplido.
Esta regla admite excepción, cuando habiéndose agregado la cláusula
penal con el fin expreso de que la paga no pudiese verificarse por
partes, un coheredero ha impedido el cumplimiento de la obligación en su
totalidad.
En tal caso, puede exigirse de él toda la pena.
1374.-
Si a la pena estuviere afecto hipotecariamente un inmueble, podrá
perseguirse en él toda la pena, salvo el recurso de indemnización contra
quien hubiere lugar.
SECCION VIII
DE LAS OBLIGACIONES DIVISIBLES E
INDIVISIBLES
1375.-
La obligación es divisible o indivisible, según que su objeto sea o no
susceptible de división, bien material, bien intelectual.
1376.-
Aunque la cosa o el hecho, objeto de la obligación, sea divisible por
su naturaleza, vendrá a ser indivisible la obligación, si la relación
bajo que los contrayentes han considerado dicho objeto impide que este y
por consiguiente la obligación, admita ni división ni ejecución parcial.
1377.-
La solidaridad no da a la obligación el carácter de indivisible ni
viceversa.
1o.
DE LOS EFECTOS DE LA OBLIGACION DIVISIBLE
1378.-
La obligación que es susceptible de división debe ejecutarse entre
deudor y acreedor como si fuese indivisible.
La divisibilidad sólo tiene aplicación, cuando son varios los
acreedores o deudores por contrato o por sucesión.
1379.-
Cuando en la obligación divisible son varios los acreedores o deudores
por contrato, el crédito y la deuda se dividen de pleno derecho y por
iguales partes entre todos los individuos enumerados conjuntamente, sea
como acreedores o deudores de una misma cosa, a no ser que se disponga de
otro modo en el título constitutivo de la obligación.
La insolvencia de uno de los deudores no grava a los otros. (Artículo
2127).
1380.-
Cuando en la obligación divisible son varios los acreedores o deudores
por título de sucesión, no pueden exigir la deuda ni están obligados a
pagarla, sino por las partes que les corresponden, como representantes
del acreedor o deudor.
1381.-
El principio establecido en los dos artículos precedentes admite
excepción, pero sólo con respecto a los codeudores o herederos del
deudor:
1o. Cuando la deuda es de especie determinada.
2o. Cuando uno de los deudores o uno de los coherederos del deudor,
tuviere a su cargo el pago de toda la deuda, en virtud del título de la
obligación o por haberlo así ordenado el testador o determinándose en la
partición de la herencia.
3o. Cuando resulta, sea de la naturaleza de la obligación, sea de la
cosa objeto de ella, sea del fin que se han propuesto
las partes en el contrato, que la intención de los contrayentes ha sido
que la deuda no pueda cubrirse parcialmente.
En el primer caso, el poseedor de la especie debida puede ser
perseguido por el todo, salva su acción contra sus codeudores o
coherederos. Con esta misma calidad, el encargado del pago en el segundo
caso y en el tercero cualquiera de los codeudores o coherederos puede ser
reconvenido por el todo de la obligación.
1382.-
En caso que la deuda sea hipotecaria o prendaria, sus efectos se
reglarán por lo que se dispone en los Títulos correspondientes de este
Libro Cuarto.
1383.-
En el caso de una deuda alternativa a elección del acreedor de dos
cosas, de las cuales una es indivisible, optando por esta el acreedor,
con conocimiento del deudor, el pago de la obligación quedará sujeto a
las reglas del párrafo siguiente.
2o.
DE LOS EFECTOS DE LA OBLIGACION INDIVISIBLE
1384.-
Cada uno de los que contrajeron conjuntamente una obligación
indivisible (artículos 1375 y 1376) está obligado por el todo, aunque la
obligación no se haya contraído solidariamente.
Lo mismo sucederá con respecto a los herederos de aquel que contrajo
semejante obligación. (Artículo 1168).
1385.-
Cualquiera de los herederos del acreedor puede exigir en su totalidad
la ejecución de la deuda indivisible; pero no puede uno solo hacer
remisión de la deuda ni recibir en lugar de la cosa, el precio de ella.
Sin embargo, si alguno de los herederos ha remitido la deuda o
recibido el precio de la cosa indivisible, su coheredero no puede
reclamarla, sin abonar la porción del que ha hecho la remisión o ha
recibido el precio.
1386.-
El heredero del deudor que es demandado por la totalidad de la
obligación, puede pedir término para citar a sus coherederos, a no ser
que sea de tal naturaleza la obligación, que sólo pueda ser cumplida por
el demandado. En tal caso, sólo este será condenado, dejándole a salvo la
acción contra sus coherederos.
1387.-
La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores de la
obligación indivisible lo es igualmente respecto de los otros.
CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION A
LAS PERSONAS
1388.-
En la obligación puede haber un solo deudor y un solo acreedor o más
de un deudor o más de un acreedor. Si hubiere más de un deudor o más de
un acreedor y una misma cosa fuere el objeto de la obligación,
simultáneamente entre ellos, la obligación será mancomunada, que también
se dice conjunta.
1389.-
La obligación mancomunada puede ser simplemente tal o solidaria. No
habiendo solidaridad, los efectos de la obligación mancomunada se
reglarán como ya está dispuesto en la Sección VIII del Capítulo anterior,
sobre las obligaciones divisibles e indivisibles.
SECCION UNICA
DE LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS
1o.
DISPOSICIONES GENERALES
1390.-
La solidaridad de las obligaciones puede ser activa o pasiva, según se
considere respecto de los acreedores o con relación a los deudores.
La solidaridad activa o entre los acreedores de una misma cosa, es el
derecho que cada uno tiene de reclamar el pago en su totalidad.
La solidaridad pasiva o entre los deudores, es la obligación impuesta
a cada uno de ellos de pagar solo, por todos, la cosa que deben en común.
1391.-
La solidaridad no se presume: es preciso que se declare
inequívocamente en la convención o en el testamento.
Sólo cesa esta regla en los casos que tenga lugar de pleno derecho, en
virtud de disposición de la ley.
1392.-
Para que la obligación se tenga por solidaria, no es indispensable que
se use de esta expresión; y bastará que las palabras de que se sirvan los
contrayentes manifiesten de un modo inequívoco la voluntad de estipular
en su favor la solidaridad o de someterse a ella; como si dijeren que
renuncian al beneficio de división y excusión o que uno de los deudores
se obliga por todos o cada uno por el todo.
1393.-
La obligación no deja de ser solidaria, cuando debiéndose una sola y
misma cosa, ella sea para alguno de los acreedores o para alguno de los
deudores obligación pura y simple y para otro, obligación condicional o a
plazo o pagadera en otro lugar.
1394.-
Aunque uno de los acreedores o uno de los deudores fuese incapaz de
adquirir el derecho o contraer la obligación, esta no dejará de ser
válida y solidaria para los otros.
1395.-
Si falleciere alguno de los acreedores o deudores, con más de un
heredero, ninguno de los coherederos tendrá derecho para exigir o recibir
ni será obligado a pagar sino la cuota que le corresponda en el crédito o
en la deuda, según su haber hereditario.
2o.
DE LOS EFECTOS DE LA SOLIDARIDAD ACTIVA
1396.-
Los efectos de la solidaridad activa son:
1o. Que cualquiera de los acreedores tiene el derecho de exigir y
recibir el pago total del crédito.
2o. Que el pago hecho a uno de los acreedores libra al deudor respecto
de los otros.
3o. Que cualquier acto que interrumpa la prescripción, respecto de uno
de los acreedores, aprovecha a los otros.
Sin embargo, no produce el mismo efecto la suspensión de la
prescripción en favor de uno de ellos.
4o. Que el deudor puede pagar indistintamente a cualquiera de los
acreedores, mientras no ha sido judicialmente demandado por alguno de
ellos.
5o. Que la remisión hecha por uno de los acreedores libra al deudor
respecto de los otros, si estos no le habían judicialmente demandado
todavía.
1397.-
El acreedor que hubiere cobrado el todo o parte de la deuda o que
hubiere hecho quita o remisión de ella, responderá a los otros acreedores
de la parte que a estos corresponda, dividido el crédito entre ellos.
El crédito se dividirá entre los acreedores, según lo que hubieren
pactado; y en su defecto, por partes iguales.
3º
DE LOS EFECTOS DE LA SOLIDARIDAD PASIVA
1398.-
Los efectos de la solidaridad pasiva son:
1º. Que el acreedor tiene el derecho de pedir la totalidad del crédito
al deudor que eligiere, el cual está obligado a pagarlo por entero.
2º. Que la demanda deducida contra uno de los deudores no impide al
acreedor que demande a los otros.
3º. Que la demanda deducida contra uno de los deudores, interrumpe la
prescripción respecto de todos.
4º. Que produce el mismo efecto el reconocimiento de la deuda,
verificado por uno de los codeudores.
5º. Que la demanda de intereses contra uno de los deudores, los hace
correr respecto de todos.
6º. Que el pago verificado por uno de los codeudores libra a todos
respecto del acreedor.
7º. Que si la cosa debida ha perecido por culpa de uno o más de los
deudores o después de haber incurrido en mora, los otros no quedan
exonerados de pagar el precio de la cosa; pero sólo aquéllos responderán
de los daños y prejuicios.
Sin embargo, cuando se haya estipulado expresamente el resarcimiento
de daños y perjuicios para el caso de inejecución o falta de
cumplimiento, la responsabilidad será solidaria, salvo el recurso de los
inculpables contra el moroso o culpable.
1399.-
El deudor solidario, demandado por el acreedor, puede oponer todas las
excepciones que le sean comunes con todos sus codeudores.
Puede oponer también las que le sean personales, pero no las que lo
sean a los demás deudores.
1.400.-
El acreedor que consiente en la división de la deuda, respecto de uno
de los deudores, conserva su acción solidaria contra los demás, con
dedución de la parte correspondiente al deudor a quien ha exonerado de la
solidaridad.
1401.-
El acreedor que reciba la parte de uno de los deudores, aunque no
reserve en el resguardo la solidaridad o sus derechos en general, no se
entiende que renuncia a la solidaridad, sino en lo que toca a ese deudor.
No se considera que el acreedor exonera de la solidaridad al deudor,
aun cuando reciba de él una suma igual a la parte que le corresponde, si
no dice en el resguardo que la recibe por su parte.
Lo mismo sucede con la demanda deducida contra uno de los deudores por
su parte, si este no se ha conformado con la demanda o no ha intervenido
sentencia definitiva.
1402.-
El acreedor que recibe separadamente y sin reserva la parte de uno de
los deudores en los intereses del crédito, aunque en el resguardo exprese
que la recibe por la parte de este, no pierde la solidaridad, sino
relativamente a los intereses vencidos; pero no a los futuros ni al
capital, a no ser que el pago separado se haya continuado por diez años.
1403.-
Cuando uno de los deudores viene a ser heredero único del acreedor o
cuando este viene a ser heredero único de alguno de los deudores, la
confusión extingue el crédito, solo en la parte correspondiente al
acreedor o deudor a quien se hereda.
1404.-
La obligación contraída solidariamente respecto al acreedor se divide
entre los deudores de la manera que ellos hayan establecido por pacto; y
a falta de este, por partes iguales.
El deudor solidario que pagase íntegra la deuda, solo puede reclamar
contra los otros codeudores por la parte que a cada uno corresponda; y si
alguno resultare insolvente, la pérdida se repartirá proporcionalmente
entre los otros codeudores y el que hizo el pago.
Sin embargo, en el caso que el acreedor hubiere exonerado de la
solidaridad a uno de los deudores, sufrirá personalmente la parte
proporcional con que ese deudor debía contribuir a la cuota del
insolvente, sin que pueda repetirla contra los otros deudores. (Artículo
1539).
1405.-
Si el negocio que ha dado lugar a la deuda solidaria no interesare
sino a uno de los codeudores, responderá este de toda la deuda a sus
correos que no serán considerados con relación a él, sino como sus
fiadores.
CAPITULO III
DE LAS OBLIGACIONES CON RESPECTO AL
MODO DE CONTRAERSE
SECCION I
DE LAS OBLIGACIONES CONDICIONALES
1º.
Disposiciones Generales
1406.-
La obligación es pura, cuando su cumplimiento no depende de condición
alguna.
1407.-
La obligación es condicional, cuando se contrae bajo condición.
La condición es el suceso futuro e incierto, del cual se hace depender
la fuerza jurídica de una obligación.
Un hecho presente o pasado, pero desconocido de las partes, puede ser
objeto de una condición en el sentido de quedar subordinada la obligación
a la prueba de la existencia de ese hecho.
1408.-
La condición de cosa físicamente imposible, contraria a las buenas
costumbres o prohibida por las leyes, es nula e invalida la convención
que de ella pende.
Se mirará también como imposible la condición que esté concebida en
términos ininteligibles.
1409.-
Son especialmente prohibidas las condiciones siguientes:
1º. De mudar o no mudar de religión.
2º. De no contraer absolutamente primero o ulterior matrimonio.
3º. De abrazar un estado incompatible con el del matrimonio.
4º. De casarse con determinada persona o con aprobación de un tercero
o en cierto lugar o en cierto tiempo.
5º. De no casarse con determinada persona o divorciarse. (Artículo
188).
6º. De habitar siempre en lugar determinado o sujetar la elección de
domicilio a voluntad de un tercero.
1410.-
Las reglas de los dos artículos precedentes se aplican aun a las
disposiciones testamentarias; sin perjuicio de lo establecido para el
caso del artículo 952.
1411.-
La condición de no hacer una cosa físicamente imposible no anula la
obligación que con ella se contrae, sino que se tiene por no escrita.
1412.-
La condición de no ejecutar un acto contrario a la ley o a las buenas
costumbres, anula la obligación.
1413.-
La obligación contraída bajo de una condición que haga depender
absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor, es de ningún
efecto; pero si la condición hiciere depender la obligación de un hecho
que puede o no ejecutar la persona obligada, la obligación es válida.
1414.-
Toda condición debe cumplirse de la manera en que verosímilmente han
querido los contrayentes que lo fuese.
1415.-
Aunque el cumplimiento de la condición dependa en todo o en parte de
la voluntad de un tercero, debe cumplirse, para que sea eficaz la
obligación.
1416.-
El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque el objeto de
ella sea una cosa divisible.
Cumplida en parte la condición, no hace nacer en parte la obligación.
1417.-
Cuando en la obligación se han puesto varias condiciones
disyuntivamente, basta que una de ellas se cumpla para que la obligación
sea eficaz; pero si las condiciones han sido puestas copulativamente, una
sola que deje de cumplirse, la obligación queda sin efecto.
1418.-
La obligación contraída bajo condición de verificarse algún suceso
para día determinado, caduca, si llega este sin realizarse aquel. Si no
hay tiempo determinado para la realización del suceso, puede cumplirse la
condición en cualquier tiempo.
1419.-
Contraída la obligación bajo condición de que no se verifique algún
suceso en tiempo determinado, queda cumplida si transcurre el tiempo sin
verificarse. Se cumple igualmente, si antes del transcurso del tiempo se
hace evidente que el suceso no puede realizarse.
Si no hay tiempo determinado, solo se considera cumplida la condición
cuando viene a hacerse evidente que el suceso no puede realizarse.
1420.-
La condición se reputa cumplida, cuando ya sea el que la estipuló o
aquel que se obligó bajo ella, es el que ha impedido su cumplimiento, a
no ser que el obstáculo puesto al cumplimiento de la condición, solo sea
la consecuencia del ejercicio de un derecho.
1421.-
La condición cumplida, en las obligaciones de dar, se retrotrae al día
en que se contrajo la obligación y se considera esta como contraída
puramente desde el principio.
Si la condición no se realiza, se considera la convención como no
celebrada.
1422.-
Si alguno de los contrayentes fallece antes del cumplimiento de la
condición, sus derechos y obligaciones pasan a sus herederos.
Exceptúase el caso en que la condición sea esencialmente personal o no
pueda ser cumplida por los herederos.
La regla del presente artículo no se aplica a las disposiciones
testamentarias ni a las donaciones entre vivos. (Artículo 954).
1423.-
El acreedor puede, pendiente el cumplimiento de la condición, ejercer
todos los actos conservatorios de su derecho
2º.
De la condición suspensiva
1424.-
La condición se llama suspensiva si mientras no se cumple, suspende la
adquisición de un derecho.
Podrá repetirse lo que se hubiere pagado antes de cumplirse la
condición suspensiva.
1425.-
Cuando la obligación se ha contraído bajo condición suspensiva y la
cosa cierta y determinada, objeto de la obligación, perece por culpa del
deudor, queda este obligado al precio y al resarcimiento de daños y
perjuicios, en caso de realizarse la condición.
Si la cosa perece sin culpa del obligado, la obligación se extingue.
Si la cosa se ha deteriorado sin culpa del obligado o si ha tenido
aumento, esos deterioros o aumentos son de cuenta del acreedor.
Si la cosa se ha deteriorado por culpa del deudor, puede optar el
acreedor entre resolver la obligación o exigir la cosa en el estado en
que se encuentra, con los daños y perjuicios en uno y otro caso.
1426.-
Con relación a terceros poseedores, el efecto retroactivo de la
condición suspensiva cumplida, se reglará por lo dispuesto en el párrafo
siguiente.
3º
De la condición resolutoria
1427.-
La condición se llama resolutoria, cuando por su cumplimiento se
extingue un derecho.
1428.-
La condición resolutoria no suspende la ejecución de la obligación;
obliga solamente al acreedor a restituir lo que ha recibido, en caso de
verificarse el suceso previsto en la condición.
Los frutos se compensan con los intereses del precio.
Para determinar a quién pertenecen la pérdida, aumentos o deterioros
que sobrevienen, pendiente la condición, se atiende a las reglas
establecidas en el artículo 1425.
1429.-
En el caso que la condición resolutoria hubiese sido puesta
exclusivamente en favor del acreedor, podrá éste renunciarla, pero será
obligado a declarar su determinación, si el deudor lo exigiere.
1430.-
Sea la cosa mueble o inmueble, el cumplimiento de la condición no
podrá hacer que se resuelvan los derechos conferidos a terceros
poseedores de buena fe.
En este caso, a salvo queda al acreedor el derecho de demandar a la
persona obligada por el pago de lo equivalente y la indemnización de
daños y perjuicios.
1431.-
La condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en
todos los contratos bilaterales o sinalagmáticos, para el caso en que una
de las partes no cumpla su compromiso.
En tal caso el contrato no se resuelve ipso jure como
cuando se ha pactado la condición resolutoria. La parte a
quien se ha faltado puede optar entre obligar a la otra a la ejecución de
la convención, cuando es posible o pedir la resolución con daños y
perjuicios.
La resolución debe reclamarse judicialmente y según las
circunstancias, pueden los Tribunales conceder un plazo al demandado.
(Artículo 1740).
1432.-
Lo dispuesto en el Capítulo VII, Título IV del Libro Tercero sobre las
disposiciones testamentarias, es aplicable a las convenciones en lo que
no pugne con las reglas de la presente Sección.
1432-1.-
En el caso de donaciones onerosas o de disposiciones de última
voluntad, que impongan al Estado o a persona pública no estatal un plazo,
modo o condición, se estará a lo que dispone la ley especial.
**Texto resultante del art. 516 de la Ley N" 15.903 de 10.11.87, en la
redacción dada por el art. 653 de la Ley Nº 16.170 de 28.12.90
SECCION II
DE LAS OBLIGACIONES A PLAZO
1433.-
La obligación es a plazo, cuando el ejercicio del derecho que a ella
corresponde está subordinado a un plazo suspensivo o resolutorio.
1434.-
El plazo suspensivo o resolutorio puede ser cierto o incierto.
Será cierto, cuando fuere fijado para terminar en designado año, mes o
día o cuando fuere comenzado desde la fecha de la obligación o de otra
fecha cierta.
Incierto será, cuando fuere fijado con relación a un hecho futuro
necesario, cuya realización tendrá indudablemente lugar en una época más
o menos remota, que es imposible determinar de antemano.
1435.-
Cualesquiera que fuesen las expresiones empleadas en la obligación, se
entenderá haber plazo y no condición, siempre que el hecho fuese
necesario, aunque sea incierto el día de su realización; y se entenderá
haber condición y no plazo, cuando el hecho pudiere o no realizarse.
1436.-
El plazo se presume siempre estipulado en favor del deudor y del
acreedor, a menos que lo contrario resulte de la convención o de las
circunstancias especiales del caso.
1437.-
El plazo, mientras subsiste, impide la compensación de la deuda.
1438.-
Lo que se debe a plazo, fuera de los casos de quiebra o notoria
insolvencia, no puede exigirse antes de su vencimiento; pero lo que el
deudor, conociendo el plazo, pagare anticipadamente, no lo podrá repetir.
En las obligaciones a plazo los riesgos o peligros de la cosa son de
cuenta del acreedor. (Artículo 1335).
1439.-
En el plazo nunca se cuenta el día de la fecha; de manera que una
obligación a diez días, pactada el primero de enero, no vence el diez,
sino el once.
Siendo feriado el día del vencimiento, la obligación será exigible el
día inmediato posterior que no fuere feriado.
**El texto del inc. 2º está dado por el art. 2º Ley 8.888 de 28.9.32
1440.-
La obligación en que por su naturaleza no fuere esencial la
designación del plazo o que no tuviera plazo cierto estipulado por las
partes o señalado en este Código, será exigible diez días después de la
fecha.
CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES CON RELACION A
SUS EFECTOS
SECCION UNICA
DE LAS OBLIGACIONES CIVILES Y DE LAS
MERAMENTE NATURALES
1441.-
Las obligaciones son civiles o meramente naturales.
Civiles son aquellas que dan derecho para exigir en juicio el
cumplimiento.
Naturales las que, procediendo de la sola equidad, no confieren acción
para exigir su cumplimiento; pero que cumplidas, autorizan para retener
lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.
1442.-
Son obligaciones naturales:
1º. Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y
discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes;
como los menores púberes no habilitados de edad.
2º. Las que procedan de actos o instrumentos nulos por falta de alguna
solemnidad que la ley exige para su validez.
3º. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción.
4º. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba o
cuando el pleito se ha perdido por error o malicia del Juez.
5º. Las que derivan de una convención que reúne las condiciones
generales requeridas en materia de contratos; pero a las cuales la ley
por razones de utilidad general, les ha denegado toda acción, como las
deudas de juego. (Artículo 2118 número 5º).
**El numeral 1º está adaptado al texto del art. 1º Ley 10.783 de
18.9.46
1443.-
La sentencia que rechaza la demanda intentada contra el naturalmente
obligado, no extingue la obligación natural.
1444.-
La ejecución parcial de una obligación natural no le da el carácter de
obligación civil ni el acreedor puede reclamar el pago de lo restante de
la obligación.
1445.-
El efecto de las obligaciones naturales es que, cuando el pago de
ellas se ha hecho voluntariamente por el que tenía capacidad para
hacerlo, no puede reclamar lo pagado. (Artículo 2176).
1446.-
Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por
terceros para seguridad de las obligaciones naturales, valen y puede
pedirse el cumplimiento de esas obligaciones accesorias. (Artículos 1365
y 2105).
TITULO III
DE LOS MODOS DE EXTINGUIRSE LAS
OBLIGACIONES
1447.-
Los modos generales de extinguirse las obligaciones son:
1º. La paga.
2º. La compensación.
3º. La remisión.
4º. La novación.
5º. La confusión.
6º. La imposibilidad del pago.
7º. La anulación o declaración de nulidad.
8º. La excepción que resulta de la prescripción con arreglo a lo
dispuesto en el Título VII del Libro Tercero. (Artículo 1188).
9º. El efecto de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo
resolutorio explicados ya en el Título precedente.
CAPITULO I
DE LA PAGA EN GENERAL
SECCION I
DE LA PAGA
1448.-
La paga es el cumplimiento por parte del deudor, de la dación o hecho
que fue objeto de la obligación.
1449.-
Cuando por el pago debe transferirse la propiedad de la cosa, es
preciso para su validez que el que lo hace sea propietario de ella y
tenga capacidad de enajenarla.
Sin embargo, si el pago hecho por el que no sea propietario de la cosa
o no tenga capacidad de enajenarla, consistiere en dinero u otra cosa
fungible, no habrá repetición contra el acreedor que lo haya consumido de
buena fe.
1450.-
La paga puede hacerse no solo por el mismo deudor, sino por cualquier
interesado en ella, como el correo de deber o el fiador.
La paga puede también hacerse por un tercero, no interesado, que obre
consistiéndolo expresa o tácitamente el deudor.
Puede hacerse igualmente por un tercero, ignorándolo el deudor.
En este caso, el tercero tendrá derecho para repetir contra el deudor
lo que hubiere pagado; si pagó contra la voluntad del deudor, no podrá
repetir contra éste.
1451.-
El tercero que paga, ignorándolo el deudor, no se entenderá subrogado
por la ley en el lugar y derechos del acreedor ni podrá compeler a este a
que lo subrogue. (Artículos 1470 y 1526 número 3º.).
1452.-
La obligación de hacer no puede ser cumplida por un tercero, contra la
voluntad del acreedor, cuando este tiene interés en que sea ejecutada por
el mismo deudor.
1453.-
Puede hacerse la paga no sólo al acreedor (bajo cuyo nombre se
entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito, aun a título
singular) sino también a la persona que lo represente en virtud de un
mandato emanado del acreedor mismo o de autorización de la justicia o de
la ley.
La paga hecha a persona incompetente es válida, si el acreedor la
ratifica o se aprovecha de ella.
1454.-
El poder conferido por el acreedor a una persona para demandar en
juicio al deudor, no le faculta por sí solo para recibir el pago de la
deuda.
1455.-
La paga hecha de buena fe al que estaba en posesión del crédito es
válida, aunque el poseedor sufra después evicción; como, por ejemplo, si
el heredero tenido por sucesor legítimo y sin contradicción fuese después
vencido en juicio.
Se considera en posesión al que presenta el título del crédito, si
este es de un pagaré al portador; salvo el caso de hurto o graves
sospechas de no pertenecer al portador.
1456.-
El pago hecho a una persona incapaz de administrar sus bienes, no es
válido sino en cuanto se pruebe que la suma pagada se ha empleado en
provecho del acreedor y en cuanto este provecho se justifique con arreglo
a lo dispuesto sobre la anulación en el Capítulo VII de este Título.
(Artículo 402).
1457.-
La paga hecha por el deudor, a pesar de un embargo o retención
judicial, no es válida respecto de los acreedores ejecutantes o
demandantes. Pueden estos, según la naturaleza de sus derechos, obligarle
a pagar de nuevo, salvo en este caso su recurso contra el acreedor a
quien había pagado.
1458.-
La paga, para ser legítima, debe hacerse de la misma cosa debida y no
de otra ni su valor, a no ser de consentimiento del acreedor. De otro
modo no está obligado a recibirla.
Sin embargo, si el deudor no pudiese hacer la entrega en la misma cosa
o de la manera estipulada, debe cumplirla en otra equivalente a arbitrio
del Juez, pagando los daños y perjuicios que por esa razón puedan
irrogarse al acreedor.
Toda obligación contraída a pagar en moneda corriente o sin expresar
su especie, se entenderá que es en moneda nacional.
**En el inc. 3º se eliminó la referencia al oro sellado, de acuerdo a
las leyes que impusieron el curso legal y forzoso del papel moneda (Ley
Nº 5150 del 8.8.14 y concordantes)
1459.-
El deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes el pago de
una deuda, aunque sea divisible.
Ni aun basta ofrecer todo el capital, si devenga intereses. Estos son
un accesorio que el deudor debe pagar con el capital, sin lo que puede el
acreedor negarse a recibirlo.
1460.-
El artículo precedente no es aplicable al caso en que se trate de
diversas deudas, aunque sean todas exigibles.
Cada año de alquileres, arrendamientos y aun de réditos, cuando no se
trata de reembolsar el capital, se considera como deuda diversa.
1461.-
Si la deuda fuese en parte líquida y en parte ilíquida, podrá exigirse
por el acreedor y hacerse por el deudor, el pago de la parte líquida, aun
antes de que pueda tener lugar el pago de la que no lo sea.
1462.-
Cuando el pago deba hacerse en prestaciones parciales y en períodos
determinados, el recibo o carta de pago correspondiente al último período
hace presumir el pago de los anteriores, salvo la prueba en contrario.
Lo cual se entenderá cuando el pago haya debido efectuarse entre los
mismos acreedor y deudor.
1463.-
El deudor de especie determinada cumple con darla al plazo estipulado,
en el estado en que se halle, con tal que no haya incurrido en mora ni el
deterioro provenga de su hecho o culpa ni de las personas de que
responde.
1464.-
Si la deuda es de cosa determinada solo en cuanto al género se
observará lo dispuesto en la Sección VI, Capítulo I del Título anterior.
1465.-
La paga debe ejecutarse en el lugar y tiempo señalado en la
convención.
Si no se hubiese designado lugar, la paga debe hacerse, tratándose de
cosa cierta y determinada, en el lugar en que estaba al tiempo de la
obligación la cosa que le sirve de objeto.
Fuera de estos dos casos, el pago debe hacerse en el domicilio que
tenga el deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación. (Artículo
1728).
1466.-
La paga, desde el momento en que se verifica, extingue la obligación
principal y las accesorias.
1467.-
Los gastos que ocasionare la paga son de cuenta del deudor; pero no se
comprenden en esta disposición los judiciales que se hubieren causado,
respecto de los cuales el Juez decidirá con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 688 y a las leyes del procedimiento.
Si contentándose el deudor con un documento simple de resguardo, el
acreedor no supiere firmar, serán de cuenta de este los gastos para el
otorgamiento del resguardo correspondiente.
SECCION II
DE LA SUBROGACION
1468.-
La subrogación es una ficción jurídica por la cual una obligación
extinguida por el pago hecho por un tercero, se juzga que continúa a
favor de este, como si formase una misma persona con el acreedor.
1469.-
La subrogación tiene lugar convencionalmente o por disposición de la
ley.
1470.-
La subrogación convencional tiene lugar, independientemente de la
voluntad del deudor, cuando el acreedor recibe el pago de manos de un
tercero, no interesado (artículo 1451) y le subroga en todos sus
derechos, acciones y garantías contra el deudor. Esta subrogación debe
verificarse al mismo tiempo que la paga y debe expresarse claramente que
se ceden los derechos ya se use o no de la palabra subrogación.
1471.-
La subrogación convencional puede hacerse también por el deudor, sin
consentimiento del acreedor, cuando toma prestada una suma para pagar su
deuda y subroga al prestamista en los derechos del acreedor.
Para que la subrogación sea válida, se requiere que los documentos de
empréstito y de resguardo se hagan por
Escritura pública y en el documento de empréstito se declara que la suma
ha sido prestada para verificar el pago y en el resguardo que el pago se
ha efectuado con el dinero del nuevo acreedor.
1472.-
La subrogación es por disposición de la ley o se verifica ipso jure:
1º. En favor del que siendo acreedor, paga a otro acreedor de
preferencia en razón de su privilegio o hipoteca.
2º. En favor del que estando obligado con otros o por otros al pago de
la deuda, tenía interés en cubrirla.
3º. A favor del que habiendo adquirido un inmueble es obligado a pagar
a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado.
4º. En favor del heredero beneficiario que paga con su propio dinero
la deuda de la herencia.
5º. En favor del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o
tácitamente el deudor.
1473.-
La subrogación establecida por los artículos precedentes traspasa al
nuevo acreedor todos los derechos, acciones y garantías del antiguo
acreedor, así contra el deudor principal y codeudores, como contra los
fiadores, con las modificaciones siguientes:
1º. El subrogado no puede ejercer los derechos y acciones del
acreedor, sino hasta la concurrencia de la suma que él ha desembolsado
realmente para la liberación del deudor.
2º. El efecto de la subrogación convencional puede ser
limitado a ciertos derechos y acciones por el acreedor o por el deudor
que la hace.
3º. La subrogación legal, establecida en provecho de los que han
pagado una deuda a la cual estaban obligados con otros, no los autoriza a
ejercer los derechos y acciones del acreedor contra los coobligados, sino
hasta la concurrencia de la parte por la cual cada uno de estos últimos
era obligado a contribuir para el pago de la deuda.
1474.-
Si el crédito tiene privilegio u otra garantía particular y el
acreedor ha sido pagado solo en parte, podrá ejercer sus derechos por el
resto con preferencia al subrogado que hizo el pago parcial del crédito.
SECCION III
DE LA IMPUTACION DE LA PAGA
1475.-
La imputación es convencional, cuando se estipula por el deudor en el
acto del pago o se indica por el acreedor en el recibo que diese el
deudor.
Es legal, cuando se hace por la ley, a falta de la que el deudor y
acreedor habrían podido hacer.
1476.-
Si varias deudas de una persona en favor de un solo acreedor tuvieren
un objeto semejante, el deudor goza de la facultad de declarar al tiempo
de hacer el pago, por cuál de ellas quiere que se entienda hecho.
La elección del deudor no podrá ser sobre deuda ilíquida o que no sea
de plazo vencido.
1477.-
El que debe un capital con intereses no puede sin consentimiento del
acreedor, imputar al capital la paga que verifica.
La paga por cuenta del capital e intereses se imputa a estos en primer
lugar.
Sin embargo, si declarando el deudor que pagaba por cuenta del
capital, consintiese el acreedor en recibir bajo esa calidad, no podrá
después oponerse a la imputación.
1478.-
El pago hecho por error de una deuda que no exista, se imputa ipso
jure sobre la deuda que existe. Así, el pago verificado por intereses que
no son debidos, debe imputarse al capital.
1479.-
Cuando el que tiene diversas deudas ha aceptado un recibo en que su
acreedor imputa la paga a alguna de ellas especialmente, no puede ya
pedir se impute en cuenta de otra, a no ser que haya mediado dolo o, al
menos, sorpresa por parte del acreedor.
1480.-
No expresándose en el recibo a cuál deuda se haya hecho la imputación,
debe imputarse entre las de plazo vencido, a la que por entonces tenía el
deudor más interés en pagar, sea porque devengara réditos, porque se
hubiese señalado alguna pena, por mediar prenda o hipoteca o por otra
razón semejante. Si las demás deudas no son de plazo vencido, se aplicará
la paga a la vencida, aunque menos gravosa. Si todas son de igual
naturaleza, la imputación se hace a la más antigua y siendo de una misma
fecha, a prorrata.
SECCION IV
DE LA OBLACION Y CONSIGNACION
1481.-
Cuando el acreedor rehúsa recibir la suma debida, puede el deudor
hacer oblación de la deuda y caso de negarse el acreedor a recibirla,
consignar la suma oblada u ofrecida. La consignación, precedida de la
oblación, libra al deudor, surte a su respecto efectos de paga y la suma
así consignada perece para el acreedor.
1482.-
Para que la oblación sea válida se requiere:
1º. Que se haga al acreedor que tenga capacidad de recibir, o al que
pueda verificarlo a su nombre.
2º. Que se haga por persona capaz de pagar.
3º. Que sea de la totalidad de la suma exigible, de los intereses
vencidos, de los gastos liquidados y de una cantidad cualquiera para los
ilíquidos, con calidad de complementarla oportunamente.
4º. Que el plazo haya vencido, si se ha estipulado en favor del
acreedor o del acreedor y deudor.
5º. Que se haya realizado la condición, si la deuda es
condicional.
6º. Que la oblación se verifique en el lugar señalado para el pago y
si no lo hubiere por la convención, en el domicilio del acreedor o en el
lugar del contrato.
7º. Que la oblación se haga por medio de Juez de Paz o Alguacil.
**El numeral 7º está modificado conforme al art. 66 Ley 13.355 de
17.8.65
1483.-
No se requiere para la validez de la consignación que haya sido
autorizada por Juez competente; basta:
1º. Que haya sido precedida de intimación hecha al acreedor con
especificación del día, hora y lugar en que se consignará o depositará el
dinero.
2º. Que el deudor se haya desprendido de la suma oblada, entregándola
en el lugar señalado por la ley para recibir las consignaciones, con los
intereses hasta el día de la oblación legítima. En caso de no haber lugar
señalado para recibir las consignaciones, se hará en poder de un vecino
de probidad y arraigo, designado por el Juez de Paz del domicilio del
acreedor.
3º. Que se haya levantado un acta ante el Juez de Paz
respectivo, de la naturaleza de las especies obladas, de la negativa del
acreedor a recibirlas o de su no comparecencia y en fin, de la
consignación o depósito.
4º. Que en caso de no comparecencia del acreedor, se le haga saber el
acta, intimándole que se haga cargo de la suma consignada.
El Juez de Paz dará un testimonio de lo actuado al deudor, si lo
pidiere.
1484.-
Podrá el deudor, acompañando el testimonio de que habla el inciso
final del artículo anterior, pedir al Juez competente que declare bien
hecha la oblación y consignación y mande cancelar la deuda.
Obteniéndose por el deudor esta declaración, todos los gastos causados
serán de cuenta del acreedor.
1485.-
Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación o no hubiere
recaído la declaración judicial de que se trata en el artículo
precedente, podrá el deudor retirar la cantidad consignada y en este caso
queda subsistente la obligación, como si no se hubiese hecho la oblación
y consignación.
1486.-
Después de aceptada la consignación o después de hecha la declaración
judicial, no podrá retirarse la cantidad consignada sin el consentimiento
del acreedor.
1487.-
Si en el caso del artículo anterior, se retirase con consentimiento
del acreedor la cantidad consignada, perderá el acreedor toda preferencia
por razón de privilegio o hipoteca que tuviese y los codeudores y
fiadores quedarán libres.
Si por voluntad de las partes se renovasen las hipotecas precedentes,
se inscribirán de nuevo y su fecha será la del día de la nueva
inscripción.
1488.-
Si la cosa debida es especie cierta y se encuentra en el lugar en que
debe ser entregada, se requiere que el deudor haga intimar por el Juez
competente al acreedor para que la reciba, notificándose a su persona o a
su domicilio real o convencional; y desde entonces la intimación surtirá
todos los efectos expresados en el artículo 1481, con tal que llegue a
establecerse que ha sido legítima y regularmente hecha, sea por la
aceptación del acreedor o por la declaración del Juez.
Si hecha la intimación, el acreedor no recibe la cosa debida, puede
ser depositada en otra parte con autorización judicial.
Si la cosa se hallare en otro lugar que aquel en que debe ser
entregada, es a cargo del deudor transportarla a donde debe ser entregada
y hacer entonces la intimación al acreedor para que la reciba.
1489.-
Si la cosa debida no es determinada sino por su género, el deudor
debe, en la intimación que haga según el artículo anterior, designar
precisa e individualmente el objeto que ofrece.
Si la elección perteneciere al acreedor, deberá el deudor hacerle
intimar judicialmente que elija; y rehusando elegir aquel, podrá el
deudor ser autorizado por el Juez para verificarlo el mismo.
Hecha la elección, el deudor debe hacer la intimación al acreedor para
que reciba la cosa, como si se tratase de cuerpo cierto.
SECCION V
DE LA PAGA POR ENTREGA DE BIENES
1490.-
Tiene lugar el pago por entrega de bienes, cuando el acreedor recibe
voluntariamente por pago de la deuda alguna cosa que no sea dinero en
sustitución de lo que se le debía entregar o del hecho que se le debía
prestar. (Artículo 1663).
1491.-
Si la cosa recibida por el acreedor fuese un crédito a favor del
deudor, se juzgará por las reglas de la cesión de derechos.
Si se deteminare el precio por el cual el acreedor recibe la cosa en
pago, sus relaciones con el deudor serán juzgadas por las reglas del
contrato de compraventa.
1492.-
Los representantes legales o voluntarios del acreedor no están
autorizados para aceptar pago por entrega de bienes.
1493.-
Si el acreedor fuese vencido en juicio sobre la propiedad de la cosa
dada en pago, tendrá derecho para ser indemnizado, como comprador, pero
no podrá hacer revivir la obligación primitiva.
SECCION VI
DE LA PAGA CON BENEFICIO DE
COMPETENCIA
1494.-
El beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores,
para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles
en consecuencia lo indispensable para su modesta subsistencia, según su
clase y circunstancias y con cargo de devolución cuando mejoren de
fortuna.
1495.-
El acreedor es obligado a conceder este beneficio:
1º. A sus descendientes o ascendientes.
2º. A su cónyuge no estando separado de cuerpos por su culpa.
3º. A sus hermanos.
4º. A sus consorcios; pero solo en las acciones recíprocas que nazcan
del contrato de sociedad.
5º. Al donante, pero solo en cuanto se trate de hacerle cumplir la
donación prometida.
6º. Al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes y es perseguido en
los que después ha adquirido, para el pago completo de la deuda anterior
a la cesión; pero solo le deben este beneficio los acreedores a cuyo
favor se hizo.
**Ver nota al artículo 875
1496.-
No se puede pedir alimentos y beneficios de competencia a un mismo
tiempo. El deudor elegirá.
CAPITULO II
DE LA COMPENSACION
1497.-
Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una
compensación que extingue ambas deudas del modo y en los casos que van a
expresarse.
1498.-
La compensación se verifica ipso jure por el solo ministerio de la
ley, aun sin noticia de los deudores; las deudas se extinguen
recíprocamente en el instante en que existen a la vez, hasta la suma
concurrente de sus cantidades respectivas.
1499.-
Para que la compensación de dos deudas se verifique ipso jure, se
requiere:
1º. Que el objeto de ambas sea del mismo género.
2º. Que ambas sean líquidas.
3º. Que sean actualmente exigibles.
4º. Que sean personales al que opone y a aquel a quien se opone la
compensación.
1500.-
Solo procede la compensación entre deudas de dinero o de cosas
fungibles o de las que, no siéndolo, son igualmente indeterminadas, v.
gr., un caballo por un caballo.
Aun en las cosas susceptibles de compensación, ambas deudas deben ser
de un mismo género que sea de igual calidad y bondad.
1501.-
La incapacidad personal de las partes no es un obstáculo para la
compensación.
Tampoco lo es la diversidad de las causas en que se funden las dos
deudas.
La compensación puede renunciarse, como cualquier otra ventaja.
1502.-
El crédito se tiene por líquido si se justifica dentro de diez días y
por exigible cuando ha vencido el plazo y cumplídose la condición.
1503.-
El fiador, no solo puede compensar la obligación que le nace de la
fianza con lo que el acreedor le deba, sino que también puede invocar y
probar lo que el acreedor deba al deudor principal, para causar la
compensación o el pago de la obligación. Pero el deudor principal no
puede invocar como compensable su obligación con la deuda del acreedor al
fiador. (Artículos 1241 y 2125).
1504.-
El deudor solidario no puede invocar la compensación del crédito del
acreedor con la deuda de otro de los codeudores solidarios.
1505.-
El deudor que ha aceptado pura y simplemente la cesión que haya hecho
el acreedor de sus derechos a otra persona, no puede oponer a ésta la
compensación que habría podido, antes de la aceptación, oponer al
cedente.
La cesión que no ha sido aceptada por el deudor, pero que se le ha
notificado, sólo impide la compensación de los créditos posteriores a la
notificación.
La disposición del primer inciso se entenderá salvo los derechos
adquiridos por terceros, con arreglo al artículo 1514.
1506.-
Cuando ambas deudas no sean pagaderas en un mismo lugar, ninguna de
las dos partes puede invocar la compensación, a menos que una y otra
deuda sean de dinero y el que invoca la compensación tome a su cargo los
costos de la remesa.
1507.-
Cuando existen varias deudas compensables debidas por las mismas
personas, se siguen para la compensación las reglas establecidas en el
artículo 1480 para la imputación de la paga.
1508.-
No son compensables las obligaciones de ejecutar algún hecho.
1509.-
El principio de la compensación no es aplicable a los casos de
demandarse la restitución de una cosa que fue objeto de despojo, depósito
o comodato. (Artículo 2226).
La ley niega la compensación en dichos casos, aun cuando por haberse
perdido la cosa, se tratase de pagarla en dinero.
1510.-
No puede oponerse compensación a la demanda de alimentos ni a la
indemnización por algún acto de violencia o fraude. (Artículo 125).
1511.-
Las deudas y créditos entre particulares y el Fisco son compensables,
menos en los casos siguientes:
1º. Si las deudas de los particulares provinieren de remate de cosas
del Estado o de rentas fiscales o si provinieren de contribuciones
directas o indirectas o de alcance de otros pagos que deben hacerse en
las aduanas, como derechos de almacenaje, depósito, etc.
2º. En el caso que las deudas de los particulares se hallen
comprendidas en la consolidación de los créditos contra el Estado que
hubiese ordenado la ley.
1512.-
La compensación no tiene lugar en perjuicio de derechos ya adquiridos
por un tercero. Así, el que siendo deudor ha venido a ser acreedor,
después del embargo trabado en el crédito por un tercero, no puede en
perjuicio del ejecutante oponer la compensación.
1513.-
Verificada la compensación, se extinguen también las fianzas, prendas
y demás garantías y cesa el curso de los intereses, si alguna de las
deudas los devengase.
1514.-
Por el pago que una de las partes hiciere de la deuda compensada ipso
jure, no revivirán en perjuicio de tercero las garantías de que gozaba
para el cobro de su crédito.
Exceptúase el caso de que una de las partes hiciere el pago, ignorando
por justa causa el crédito que podía oponer a la deuda.
Lo dispuesto por este artículo se aplica al que, en vez de pagar la
deuda compensada, hubiese aceptado la cesión de ella pura y simplemente.
CAPITULO III
DE LA REMISION
1515.-
La remisión de la deuda es la renuncia del acreedor a los derechos que
le pertenecen contra el deudor.
1516.-
Todo el que tiene facultad de contratar puede hacer remisión de lo que
se le adeuda.
1517.-
No hay forma especial para hacer la remisión, aunque la deuda conste
de un documento público.
La remisión puede ser expresa o tácita. Expresa es, cuando el acreedor
declara que perdona la deuda o pacta con el deudor que nunca la
reclamará. Tácita, cuando ejecuta algún acto que haga presumir la
intención de remitir la deuda.
1518.-
Los hechos que constituyen remisión tácita son:
1º. La entrega del documento simple o no protocolizado que sirve de
título, hecha al deudor por el propio acreedor.
2º. La rotura o cancelación del referido documento por el acreedor.
Sin embargo, si el acreedor probare que entregó el documento de
crédito en pura confianza y sin intención de remitir la deuda o que no
fue entregado por él mismo o por otro debidamente autorizado o que lo
rompió inadvertidamente, no se entiende que ha habido remisión.
1519.-
La entrega del testimonio de un documento protocolizado hace presumir
la remision de la deuda; pero si el acreedor la negare, pertenece al
deudor probar que la entrega ha sido voluntaria.
1520.-
La entrega del documento simple o del testimonio del título a uno de
los deudores solidarios, produce el mismo efecto en favor de sus
codeudores.
1521.-
La remisión total del crédito hecha en favor de uno de los codeudores
solidarios, libra a todos los demás, a no ser que el acreedor se haya
reservado expresamente sus derechos contra éstos.
Verificada la remisión con esa reserva, es aplicable lo dispuesto por
el artículo 1400.
1522.-
La devolución voluntaria que hace el acreedor de la cosa recibida en
prenda, importa la remisión del derecho de prenda, pero no de la deuda.
1523.-
La remisión hecha al deudor principal, libra a los fiadores.
La concedida al fiador, no libra al deudor principal.
La concedida a uno de los fiadores no libra a los otros, sino en el
caso del artículo 1521 y conforme a lo que allí se dispone.
1524.-
Lo que el acreedor ha recibido de un fiador para libertarle de la
fianza, debe imputarse en la deuda y aprovecha al deudor principal y a
los otros fiadores.
CAPITULO IV
DE LA NOVACION
1525.-
La novación es la sustitución de una nueva obligación a la antigua que
queda extinguida.
1526.-
La novación se verifica de tres maneras:
1º. Entre deudor y acreedor, sin intervención de nueva persona,
sustituyéndose nueva obligación en vez de la anterior.
2º. Sustitúyese en virtud de otro contrato, nuevo acreedor al antiguo,
respecto del cual queda exonerado el deudor.
3º. SustItúyese nuevo deudor al antiguo que queda exonerado por el
acreedor.
Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el
consentimiento del primer deudor (artículo 1451). Cuando se efectúa con
su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del primero.
1527.-
Si la primera obligación había dejado de existir cuando se contrajo la
segunda, no se verifica novación. La segunda obligación quedará sin
efecto, a no ser que tuviera causa propia.
1528.-
La novación sólo puede verificarse entre personas capaces de contratar
y de renunciar el derecho introducido a su favor.
Es aplicable a la novación lo dispuesto por el artículo 1492.
1529.-
Cuando una de las dos obligaciones, la antigua o la nueva, pende de
una condición suspensiva y la otra es pura, no habrá novación mientras
esté pendiente la condición o si ésta llegase a faltar o si antes de su
cumplimiento se extinguiese la obligación antigua.
Pero si las partes, al celebrar el segundo contrato, convienen en que
el primero quede desde luego abolido sin aguardar el cumplimiento de la
condición, se estará a la voluntad de las partes.
1530.-
La novación no se presume: es necesario que se declare la voluntad de
verificarla o que resulte claramente del acto por la incompatibilidad de
las obligaciones o en otra manera inequívoca, aunque no se use de la
palabra novación.
1531.-
La delegación por la que un deudor da a otro que se obligue hacia el
acreedor, no produce novación, a no ser que el acreedor haya declarado
expresamente su voluntad de exonerar al deudor primitivo.
De otro modo, se entenderá que el tercero es solamente diputado para
hacer el pago o que dicho tercero se obliga con él solidaria o
subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor o espíritu del acto.
1532.-
El acreedor que ha exonerado expresamente al deudor primitivo pierde
toda acción contra él, aunque el delegado llegue a estado de insolvencia,
a no ser que el documento contenga reserva expresa de este caso o que la
insolvencia sea anterior y pública o a lo menos conocida del deudor
primitivo.
1533.-
La nulidad relativa del nuevo título, la pérdida o la evicción de la
cosa dada en pago, no hacen revivir los derechos que resultaban de la
obligación extinguida por la novación.
1534.-
De cualquier modo que se haga la novación, quedan por ella extinguidos
los intereses de la primera obligación, si no se expresa lo contrario.
1535.-
Sea que la novación se opere por la sustitución de un nuevo deudor o
sin ella, los privilegios de la primera deuda se extinguen por la
novación.
1536.-
Las prendas o hipotecas de la primera deuda no pasan a la deuda
posterior, aunque la novación se opere dejando el mismo deudor, a manos
que éste y el acreedor convengan expresamente en la reserva.
Pero esta reserva no valdrá si las cosas empeñadas o hipotecadas
pertenecieren a terceros que no hayan accedido a la segunda obligación.
Tampoco valdrá la reserva en lo que la segunda obligación tuviere de
más que la primera. Si, por ejemplo, la primera deuda no producía
intereses y la segunda los produjere, la hipoteca de la primera no se
extenderá a los intereses.
1537.-
Si la novación se opera sustituyendo un nuevo deudor, la reserva no
puede tener efecto sobre los bienes del nuevo deudor, ni aun con su
consentimiento.
Cuando se opera la novación entre el acreedor y uno de sus deudores
solidarios, la reserva no puede tener efecto sino relativamente a éste.
Las prendas e hipotecas constituidas por los otros codeudores solidarios
se extinguen, a pesar de toda estipulación contraria; salvo que éstos
accedan expresamente a la segunda obligación.
1538.-
En los casos y cuantías en que no puede tener efecto la reserva,
podrán, sin embargo, renovarse las prendas e hipotecas con las mismas
formalidades que si se constituyesen por primera vez. Su fecha será
entonces la de la renovación.
1539.-
La novación hecha por el acreedor con alguno de sus deudores
solidarios, extingue la obligación de los demás deudores de esta clase
respecto del acreedor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1404.
La producida respecto del deudor principal, libra a los fiadores.
Sin embargo, si el acreedor ha exigido en el primer caso la aceptación
de los codeudores solidarios o en el segundo la de los fiadores, subsiste
el antiguo crédito, siempre que los codeudores o los fiadores rehúsen
acceder al nuevo arreglo.
1540.-
Cuando la segunda obligación consiste simplemente en añadir o quitar
una especie, género o cantidad a la primera, los codeudores solidarios y
subsidiarios podrán ser obligados hasta concurrencia de aquello en que
ambas obligaciones convienen.
1541.-
La simple mutación de lugar para el pago dejará subsistentes los
privilegios, prendas e hipotecas de la obligación y la responsabilidad de
los codeudores solidarios y subsidiarios, en todo lo que no diga relación
al lugar.
1542.-
Por la mera ampliación del plazo de una deuda no se verifica novación;
pero cesa la responsabilidad de los fiadores y se extinguen las prendas e
hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del deudor; salvo que
los fiadores o los dueños de las cosas empeñadas o hipotecadas accedan
expresamente a la ampliación.
Tampoco la mera reducción del plazo constituye novación; pero no podrá
reconvenirse a los codeudores solidarios o subsidiarios sino cuando
expire el plazo primitivo. (Artículo 2146).
1543.-
Para que haya novación por sustitución de acreedor, se requiere que
sea hecho con consentimiento del deudor el contrato entre el acreedor
precedente y el que lo sustituye.
Si el contrato fuese hecho sin consentimiento del deudor, no habrá
novación sino cesión de derechos.
CAPITULO V
DE LA CONFUSION
1544.-
Habrá confusión cuando se reúnan en una misma persona, sea por
herencia o por otro suceso legal, dos calidades incompatibles cuyo
concurso haga imposible la obligación.
Si ésta fuese principal, se extinguirán con ellas todos sus accesorios.
1545.-
La confusión que se verifica por la reunión de las calidades de
acreedor y de deudor principal aprovecha a los fiadores.
La que se verifica por la reunión de las calidades de acreedor y de
fiador o de las calidades de fiador y de deudor principal, si bien
extingue la fianza, no lleva consigo la extinción de la obligación
principal ni de las demás garantías, si las hubiere.
La que se verifica por la reunión de las calidades de acreedor y de
codeudor solidario no aprovecha a los otros codeudores solidarios, sino
en la parte en que aquél era deudor. La misma regla tiene lugar en el
caso de solidaridad activa.
1546.-
La confusión puede ser total o parcial, como el concurso de las dos
calidades incompatibles.
1547.-
Los créditos y deudas del heredero que acepta con beneficio de
inventario, no se confunden con las deudas, y créditos hereditarios.
(Artículo 1092).
1548.-
Si la confusión que se había operado viene a ser revocada por la
nulidad legal de su causa, se desvanecen también los efectos que había
producido, recobrando las partes interesadas sus derechos anteriores con
los privilegios, hipotecas y demás accesorios de la obligación.
Pero revocada la confusión por mero convenio de partes, aunque sea
eficaz entre ellas la revocación, no podrá hacer revivir, en peduicio de
tercero, los accesorios de la obligación.
CAPITULO VI
DE LA IMIPOSIBILIDAD DEL PAGO
1549.-
La obligación, sea de dar o de hacer o de no hacer, se extingue sin
responsabilidad de daños y perjuicios, cuando la prestación que forma la
materia de ella viene a ser física o legalmente imposible; salvo los
casos ya designados en el artículo 1343 y lo que se dispone por los
siguientes.
1550.-
La cosa cierta y determinada que debía darse, sólo se entenderá que ha
perecido, en el caso que se haya destruido completamente o que se haya
puesto fuera del comercio o que se haya perdido de modo que no se sepa de
su existencia.
1551.-
Si la cosa cierta y determinada perece por culpa o durante la mora del
deudor, la obligación de éste subsiste, pero varía de objeto: el deudor
es obligado al precio y a los daños y perjuicios.
Con todo, si estando en mora el deudor, la cosa cierta y determinada
perece por caso fortuito que prueba el deudor que habría sobrevenido
igualmente a dicha cosa en poder del acreedor, sólo deberá los daños y
perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sobrevenido
igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los
daños y perjuicios de la mora. (Artículo 696).
1552.-
El deudor tiene que probar el caso fortuito que alega.
Si se ha constituido responsable de todo caso fortuito o de alguno en
particular, se observará lo pactado.
1553.-
Al que ha hurtado o robado una cosa, no le será permitido alegar que
ella ha perecido por caso fortuito, aun de los que habrían producido la
destrucción o pérdida de la cosa en poder del acreedor. (Artículo 704).
1554.-
Si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor que
inculpablemente ignoraba la obligación, se deberá solamente el precio sin
más indemnización.
1555.-
En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las
personas por quienes fuere responsable.
1556.-
Cuando la cosa ha perecido sin hecho ni culpa del deudor, pasan al
acreedor los derechos y acciones que por razón de ese suceso puedan
competir al deudor.
1557.-
Tratándose de una obligación de dar, su extinción por la imposibilidad
de la paga no hace extinguir la obligación recíproca del acreedor.
En las obligaciones de hacer o de no hacer, la extinción es no sólo
para el deudor sino también para el acreedor, a quien aquel debe volver
todo lo que hubiese recibido por motivo de la obligación extinguida.
(Artículo 1335).
1558.-
Las disposiciones precedentes no se extienden a las obligaciones de
género o cantidad que perecen siempre para el deudor.
CAPITULO VII
DE LA ANULACION O DECLARACION DE
NULIDAD
1559.-
Los contratos y obligaciones consiguientes que adolecen del vicio de
una nulidad relativa se extinguen por la declaración judicial de esa
nulidad.
1560.-
La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la producida por
la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para
el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a su naturaleza y
no a la calidad o estado de las personas que en ellos intervienen, son
nulidades absolutas.
Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas
absolutamente incapaces.
Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho
a la anulación del acto o contrato.
1561.-
La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez de oficio,
cuando aparece de manifiesto; puede alegarse por todo el que tenga
interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el
contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede
asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés
de la moral y de la ley; y no puede subsanarse por la ratificación de las
partes ni por un lapso que no pase de treinta años.
**Se elimina la referencia al art. 144 ya que el mismo fue derogado
por el art. 1º Ley 10.783 de 18.9.46.
1562.-
La nulidad relativa no puede ser declarada por el Juez sino a
instancia de parte ni puede ser alegada por el Ministerio Público ni por
otros individuos que aquellos en cuyo beneficio la han establecido las
leyes o por sus herederos o cesionarios; y puede subsanarse por el
transcurso del tiempo o por la ratificación de las partes.
1563.-
Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato
ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar la nulidad.
Con todo, la aserción de mayor edad o de no existir la causa de
incapacidad, no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento
de nulidad.
1564.-
Los actos y contratos de los incapaces en que no se ha faltado a las
formalidades y requisitos necesarios, no podrán declararse nulos ni ser
atacados sino por las causas por que gozarían de este beneficio las
personas que administran libremente sus bienes.
Esta disposición es aplicable también a los actos y contratos de las
personas jurídicas.
1565.-
La nulidad pronunciada por sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada da a las partes derecho para ser repuestas al mismo estado en que
se hallarían, si no hubiese existido el acto o contrato nulo, con tal que
la nulidad no sea por lo ilícito del objeto o de la causa del contrato,
en cuyo caso no puede repetirse lo que se ha dado o pagado a sabiendas.
La nulidad judicialmente declarada da también acción reivindicatoria
contra terceros poseedores, sin perjuicio de las excepciones legales.
1566.-
En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes, en
virtud de la sentencia, cada cual es responsable de la pérdida de las
especies o de su deterioro, de los intereses y frutos y del abono de las
mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los
casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes, según las
reglas generales.
Con todo, si la declaración de nulidad recae sobre un contrato
celebrado con una persona incapaz sin los requisitos legales, el que
contrató con ella no puede pedir que se le restituya o reembolse lo que
pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probase haberse hecho más
rica con ello la persona incapaz.
Se entenderá haberse hecho ésta más rica, en cuanto las cosas pagadas
o las adquiridas por medo de ellas le hubieren sido necesarias y faltando
esta circunstancia, en cuanto las cosas subsistan y se quiera retenerlas.
1567.-
Cando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad
declarada en favor de una de ellas no aprovechará a las otras.
1568.-
El plazo para pedir la anulación durará cuatro años, contándose, en
caso de violencia, desde el día en que hubiere cesado; en el caso de
error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato; y en
el caso de incapacidad legal, desde el día en que haya terminado esta
incapacidad.
A las personas jurídicas que, por asimilación a los menores, tengan
derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el
cuadrienio y se contará desde la fecha del acto o contrato.
Todo lo cual se entiende, ya se alegue la nulidad relativa por vía de
acción o de excepción y se observará en los casos en que leyes especiales
no hubiesen designado otro plazo.
1569.-
Los herederos mayores de edad gozarán del cuadrienio íntegro, si no
hubiere principiado a correr en vida de su antecesor y del residuo en
caso contrario.
Los herederos menores empezarán a gozar del cuadrienio o su residuo
desde que hubieren llegado a la mayor edad.
Sin embargo, en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad
pasados treinta años desde la celebración del acto o contrato.
1570.-
La ratificación necesaria para subsanar la nulidad, cuando el vicio
del acto o contrato es susceptible de este remedio, puede ser expresa o
tácita.
La expresa debe hacerse con las solemnidades a que por ley está sujeto
el acto o contrato que se ratifica.
La tácita consiste en la ejecución voluntaria de la obligación.
1571.-
Ni la ratificación expresa ni la tácita valdrán, si no emanan de la
parte que tiene derecho de alegar la nulidad y si el que ratifica no es
capaz de contratar.
1572.-
Las disposiciones de este Capítulo no se extienden a las causas de
nulidad del matrimonio, las cuales se gobiernan por leyes especiales.
TITULO IV
DEL MODO DE PROBAR LAS OBLIGACIONES
Y LIBERACIONES
1573.-
Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o
ésta.
Las reglas concernientes a la prueba instrumental, a la testimonial, a
las presunciones, a la confesión de parte y al juramento se determinan en
otros tantos capítulos, sin perjuicio de las que sobre las mismas
establezcan las leyes de procedimiento.
CAPITULO I
DE LA PRUEBA INSTRUMENTAL
SECCION I
DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS
1574.-
Instrumentos públicos son todos aquellos que, revestidos de un
carácter oficial, han sido redactados o extendidos por funcionarios
competentes, según las formas requeridas y dentro del límite de sus
atribuciones. Todo instrumento público es un título auténtico y como tal
hace plena fe, mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de
falsedad.
Otorgado ante Escribano e incorporado en un protocolo o registro
público, se llama escritura pública.
Se tiene también por escritura pública la otorgada ante funcionario
autorizado al efecto por las leyes y con los requisitos que ellas
prescriban.
**El agregado al inc. 1º responde a una adecuación con el art. 170-1
del Código Gral. del Proceso.
1575.-
El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse
otorgado y su fecha. En este sentido, la fuerza probatoria del
instrumento público será la misma para todos.
1576.-
El instrumento público produce el efecto de probar plenamente las
obligaciones y descargos en él contenidos respecto de los otorgantes y de
las personas a quienes dichas obligaciones y descargos se transfieran por
título universal o singular.
1577.-
Para el efecto indicado en el artículo anterior, la fuerza probatoria
del instrumento público se extiende aun respecto de lo que no se haya
expresado sino en términos enunciativos, con tal que tenga relación
directa con lo dispositivo del acto o contrato: en otro caso, no puede
servir la enunciación más que de un principio de prueba por escrito.
En ningún caso la enunciación produce efecto contra tercero.
1578.-
La falta de instrumento público, no puede suplirse por otra prueba en
los actos y contratos en que la ley requiere esa formalidad; y se mirarán
como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa
reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una
cláusula penal; esta cláusula no tendrá efecto alguno. (Artículos 2147 y
1599 número 4).
Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento
defectuoso por incompetencia del funcionario o por otra falta en la
forma, valdrá como instrumento privado, si estuviere firmado por las
partes.
1579.-
Las reglas precedentes son aplicables a los contratos e instrumentos
públicos extendidos en país extranjero, según las formas en él
establecidas y que se presentan debidamente legalizados, salvo excepción
establecida por leyes o tratados.
**El agregado realizado responde a una adecuación al art. 72-2 del
Código Gral. del Proceso.
1580.-
Los contradocumentos surten efecto entre los contrayentes y sus
herederos; pero no pueden perjudicar a sus sucesores por título singular,
los cuales se consideran como terceros.
SECCION II
DE LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS
1581.-
El instrumento privado cuyas firmas estén autenticadas por notario o
autoridad competente, el reconocido judicialmente por la parte a quien se
opone o el declarado por reconocido en los casos y con los requisitos
prevenidos por la ley, tiene el mismo valor que la escritura pública
respecto de los que aparecen o se reputan haberlo suscrito y de las
personas a quienes se han transferido sus obligaciones y derechos por
título universal o singular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
1583.
Es aplicable a los instrumentos privados lo dispuesto por el artículo
1577.
**El texto del inc. 1º responde a una adecuación al art. 170-1 del
Código Gral. del Proceso.
1582.-
El reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el
cuerpo del instrumento quede también reconocido.
1583.-
El documento privado cuyas firmas estén autenticadas por notario o
autoridad competente, se presume auténtico mientras no se demuestre lo
contrario mediante tacha de falsedad.
Los demás documentos privados emanados de las partes se tendrán por
auténticos, salvo que se desconozca su firma si están suscritos o la
autoría si no lo están, en las oportunidades que señale la ley procesal o
se les impugne mediante tacha de falsedad.
Sin perjuicio de ello, la parte que desee servirse de un documento
privado emanado de la contraparte, podrá, si lo creyere conveniente o en
los casos en que la ley lo determina, pedir su reconocimiento por el
autor o sus sucesores o representantes, en la forma establecida en la ley
procesal. La parte contra quien se presente el instrumento privado está
en la obligación de declarar si la firma o en su defecto la autoría es o
no suya.
**El texto de los inc. 1º y 2º responden a una adecuación de los arts.
170-1 y 170-2 del Código Gral. del Proceso y el tercero del art. 173-1 de
dicho Código y del antiguo texto del art. 1583 del Código Civil.
1584.-
En los casos de desconocimiento de las firmas o de manifestación de
ignorancia de su autoría, la parte que intenta servirse del documento
podrá recurrir, para demostrar su autenticidad, a la pericia caligráfica
mediante el cotejo con otros documentos indubitables o a cualquier otro
medio de prueba.
**Texto resultante del art. 174 del Código Gral. del Proceso.
1585.-
Cuando la parte no sepa o no pueda firmar, lo hará por ella uno de los
testigos simultáneamente presentes al acto, los cuales no podrán ser
menos de dos y deberán saber firmar. En este caso, tratándose de suma o
valor de más de 100 Unidades Reajustables (artículo 1595) si mediare
desconocimiento de la parte (Artículo 1583 inciso 2º), servirá el
instrumento como principio de prueba por escrito, desde que fuere
reconocido por los testigos instrumentales.
**Ver nota al artículo 1583.
1586.-
La prueba que resulta del reconocimiento judicial de los instrumentos
privados es indivisible y tiene la misma fuerza contra aquellos que los
reconocen que contra aquellos que los presentaren.
1587.-
La fecha de un instrumento privado no se contará respecto de terceros,
sino:
1º. Desde el día de su exhibición en juicio o en cualquiera
repartición pública, cuando quedase allí archivado.
2º. Desde el día del fallecimiento de alguno de los que lo firmaron.
3º. Desde el día de su transcripción en cualquier registro público.
1588.-
Los asientos, registros y papeles domésticos únicamente hacen fe
contra el que los ha escrito o firmado, pero solo en aquello que aparezca
con toda claridad y con tal que el que quiera aprovecharse de ellos no
los rechace en la parte que le fuere desfavorable.
1589.-
La nota escrita o firmada por el acreedor a continuación, al margen o
al dorso de una escritura que siempre ha estado en su poder, hace fe en
todo lo que sea favorable al deudor.
Lo mismo se entenderá de la nota escrita o firmada por el acreedor a
continuación, al margen o al dorso del duplicado de una escritura,
encontrándose dicho duplicado en poder del deudor.
Pero el deudor que quisiere aprovecharse de lo que en la nota le
favorezca tendrá que pasar por lo que en ella fuera desfavorable.
1590.-
Las cartas misivas dirigidas a tercero, aunque en ellas se mencione
alguna obligación, no serán admitidas para su reconocimiento o
verficiación judicial, quedando por consecuencia excluidas como medio de
prueba, sin perjuicio de las excepciones legales.
**El agregado corresponde a una adecuación al art. 175-2 del Código
Gral. del Proceso.
SECCION III
DE LAS COPIAS DE ESCRITURAS PUBLICAS
1591.-
Las copias en debida forma, sacadas de la matriz, hacen plena fe de su
contenido, en juicio y fuera de él.
1592.-
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando
resultare alguna variante entre la matriz y la copia, se estará a lo que
contenga la matriz.
1593.-
Aunque no exista la matriz, hacen fe:
1º. Las primeras copias, sacadas de la matriz por el Escribano que las
autorizó.
2º. Las copias ulteriores sacadas por mandato judicial.
3º. **DEROGADO por el art. 65 de la Ley 10.793 de 25.9.46 en la
redacción dada por el art. 1º de la Ley 11.759 de 19-11-51.
A falta de las copias mencionadas, las copias de copias servirán de
principio de prueba por escrito o únicamente de meros indicios, según las
circunstancias.
**El texto del numeral 2º está dado por el art. 2 de la Ley 11.759 de
19.11.51.
La última parte del art. está adaptada a la derogación realizada por
el art. 72 Decreto Ley 1421 de 31.12.878.
CAPITULO II
DE LA PRUEBA TESTIMONIAL
1594.-
No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya
debido consignarse por escrito. (Artículo 11).
1595.-
Deberá consignarse por escrito público o privado, toda obligación que
tenga por objeto una cosa o cantidad cuyo valor exceda de 100 Unidades
Reajustables. (Artículo 2107).
No se incluirán en esta suma los frutos, intereses u otros accesorios
de la cosa o cantidad debida.
Lo dispuesto en este artículo y el anterior es aplicable a cualquier
acto por el que se otorgue la liberación o descargo de una obligación de
la expresada cuantía.
1596.-
No será admisible a las partes la prueba de testigos para acreditar
una cosa diferente del contenido de los instrumentos, ni para justificar
lo que se hubiere dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento,
aunque se trate de una suma o valor de menos de 100 Unidades
Reajustables.
1597.-
Al demandante de más de 100 Unidades Reajustables no se admitirá
prueba testimonial, aunque limite su demanda primitiva a una suma menor.
Tampoco se admitirá prueba testimonial en las demandas de menos de 100
Unidades Reajustables, cuando se declarase que la cosa demandada es parte
o resto de un crédito más cuantioso que no está consignado por escrito.
1598.-
La prohibición de la prueba testimonial, de que se trata en los
artículos precedentes, no tiene lugar cuando existe un principio de
prueba por escrito.
Hay principio de prueba por escrito:
1º. Cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en los
artículos 1577, 1585 y 1593 inciso final.
2º. Cuando existe algún documento que emana del demandado o de quien
lo represente, que haga verosímil el hecho litigioso.
1599.-
Exceptúanse también los casos en que la falta de prueba escrita no se
puede imputar de modo alguno a la persona, por resultar de la fuerza de
las cosas.
Esta excepción tiene lugar:
1º. En las obligaciones que se forman sin convención, toda vez que el
reclamante no haya podido procurarse una prueba escrita.
2º. En los depósitos necesarios y en los verificados por los viajeros
en las posadas; todo, según la calidad de las personas y las
circunstancias del hecho. (Artículo 2274).
3º. En las obligaciones contraídas en casos de accidentes imprevistos,
en que no se hubiera podido extender documento.
4º. En el caso de haber perdido el acreedor el documento que le servía
de título, a consecuencia de un caso fortuito o que provenga de una
fuerza mayor.
CAPITULO III
DE LAS PRESUNCIONES
1600.-
Las presunciones son consecuencias conjeturales que la ley o el
magistrado sacan de un hecho conocido a otro desconocido.
1601.-
La presunción legal es la inherente a actos o hechos determinados por
una disposición especial de la ley. Tales son entre otros:
1º. Los actos que la ley declara nulos, presumiéndolos verificados en
fraude de sus disposiciones, por la sola calidad de las personas.
2º. Los casos en que la ley declara el dominio o la liberación, como
el resultado de ciertas circunstancias determinadas.
3º. La autoridad que la ley atribuye a la cosa juzgada.
Las demás presunciones legales establecidas por este Código se
encuentran indicadas en sus lugares respectivos.
1602.-
Toda presunción legal exime a la persona en cuyo favor existe, de
probar el hecho presumido por la ley.
Sin embargo, el que invoca la presunción legal debe probar la
existencia de los hechos que sirven de base a la ley para establecer
aquella.
1603.-
Las presunciones legales son absolutas o simples.
Son absolutas aquellas en que se funda la ley para anular ciertos
actos o para acordar una excepción perentoria contra la demanda. Las
demás son simples.
1604.-
No es admisible la prueba contra las presunciones absolutas de la ley.
Esta disposición se entiende sin prejuicio de los casos especiales en
que la ley misma haya reservado expresamente la prueba contra la
presunción que produce una excepción perentoria.
Así, la presunción de paternidad del marido podrá ser atacada en la
circunstancias particulares de los artículos 217 y siguientes.
Las presunciones legales simples podrán siempre ser destruidas por una
prueba contraria.
1605.-
Las presunciones judiciales o que no se han establecido por la ley,
quedan confiadas a las luces y a la prudencia del magistrado, que no debe
admitir sino las que sean graves.
En los casos en que la ley rechaza la prueba testimonial,
no tienen lugar las presunciones judiciales, a no ser que el acto sea
atacado por causa de fraude o dolo.
CAPITULO IV
DE LA CONFESION DE PARTE
1606.-
La confesión de la parte es judicial o extrajudicial.
1607.-
La confesión judicial es la que hace en juicio la parte por sí o por
medio de apoderado especial o de sus representantes legales y
relativamente a un hecho personal de la misma parte o de su conocimiento.
**Redacción adaptada al texto del art. 153-1 del Código Gral. del
Proceso
1608.-
La confesión judicial hace prueba contra la parte que la realiza. Cesa
de hacer fe cuando constare haber sido determinada por error, violencia o
dolo.
**Redacción adaptada al texto del art. 153-2 del Código Gral. del
Proceso
1609.-
La confesión judicial, aunque no haya un principio de prueba por
escrito, tiene lugar en todos los casos, menos los comprendidos en el
artículo 1578, inciso 1º o cuando se tratare de hechos respecto de los
cuales la ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos
indisponibles.
**Ver nota al artículo anterior
1610.-
La confesión extrajudicial y puramente verbal es ineficaz siempre que
no sea admisible la prueba testimonial. En el caso de serlo, el valor de
la confesión queda sujeto al criterio judicial.
CAPITULO V
DEL JURAMENTO JUDICIAL
1611.-
En los juicios sobre obligaciones civiles, procedentes de delito, o
cuasidelito o dolo, puede el Juez deferir el juramento al demandante, con
las circunstancias y efectos siguientes:
1º El delito, cuasidelito o dolo han de resultar debidamente probados.
2º La duda del Juez ha de recaer sobre el número o valor real y de
afección de las cosas o sobre el importe de los daños o perjuicios.
3º El Juez no estará obligado a pasar por la declaración jurada del
demandante sino que podrá moderarla según su prudente arbitrio.
**Se suprime la remisión art. 1227 por no corresponder al juramento
estimatorio.
1612.-
El juramento ha de hacerse por la parte o por el apoderado especial o
su representante legal.
SEGUNDA PARTE
DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS
CONTRATOS
TITULO I
DE LAS DONACIONES
CAPITULO I
DE LA NATURALEZA DE LA DONACION Y DE
SUS DIFERENTES ESPECIES
1613.-
La donación entre vivos es un contrato por el cual el donante,
ejerciendo un acto de liberalidad, se desprende desde luego e
irrevocablemente del objeto donado en favor del donatario que lo acepta.
1614.-
Las donaciones hechas para después de la muerte del donante quedan
sujetas a las reglas establecidas para las últimas voluntades.
1615.-
La donación entre vivos puede ser simple, onerosa y remuneratoria.
Se requiere en la donación onerosa que el modo o gravamen impuesto al
donatario y apreciable en dinero no sea equivalente al valor del objeto
donado.
1616.-
Puede donar entre vivos toda persona que la ley no haya declarado
inhábil.
Son inhábiles para donar los que no tienen la libre administración de
sus bienes; salvo en los casos y con los requisitos que las leyes
prescriben. (Artículos 831 y 1656, inciso 2).
1617.-
Toda persona legalmente capaz de recibir por testamento, lo es en
iguales términos y con las mismas limitaciones para recibir por donación.
(Artículos 834 y siguientes).
1618.-
La capacidad del donante debe ser juzgada respecto al momento en que
se hizo la donación; salvo los casos indicados en el artículo 1268.
La capacidad del donatario será juzgada respecto al momento de aceptar
la donación. Si esta fuese condicional, esto es, bajo una condición
suspensiva, se atenderá además al tiempo en que la condición se
cumpliere.
CAPITULO II
EL MODO DE HACERSE LAS DONACIONES
1619.-
No valdrá la donación entre vivos de cualquier clase de bienes
inmuebles, si no es otorgada por escritura pública. (Artículo 1664).
En las donaciones de bienes muebles se observará lo dispuesto en el
Título Del modo de probar las obligaciones.
1620.-
Mientras la donación no ha sido aceptada y se ha hecho conocer la
aceptación al donante, podrá este revocarla a su arbitrio.
1621.-
Las donaciones de que habla el inciso 1º del artículo 1619 deben ser
aceptadas por el donatario en la misma escritura. Si estuviere ausente,
por otra escritura de aceptación que se hará saber en forma auténtica al
donante.
1622.-
El donatario debe aceptar por sí mismo o por medio de quien tenga su
poder especial para el caso o poder general para la administración de sus
bienes.
1623.-
Los que tienen facultad para aceptar herencias y mandas hechas a
individuos que están sujetos a la patria potestad, tutela o curaduría, a
los pobres (artículo 1058) y a cualquiera persona jurídica, podrán
también aceptar en su nombre respectivamente las donaciones que se les
hicieren.
1624.
**DEROGADO por el art. 1º de la Ley 10.783 del 18.9.46.
CAPITULO III
DE LOS LIMITES Y EFECTOS DE LA
DONACION
1625.-
Nadie puede hacer donación de todos sus bienes, aunque la limite a los
presentes.
Pero si el donante se reservase lo suficiente para su congrua
manutención, a título de alimentos, usufructo u otro semejante, será
válida la donación.
En todos los casos será nula respecto de los bienes futuros.
(Artículos 913, 1283 y 1651).
En los bienes presentes se comprenden todas las cosas o valores, con
relación a los cuales el donante puede conferir desde luego un derecho
cierto.
1626.-
Prohíbese donar entre vivos más de aquello de que pudiera disponerse
libremente por última voluntad. (Artículo 887).
Se podrá donar la propiedad a una persona y el usufructo a otra u
otras, con las limitaciones prescritas por regla general en el Capítulo
I, Título III del Libro Segundo.
1627.-
En caso de que el donante se haya reservado la facultad de disponer a
su arbitrio de alguna cosa comprendida en la donación o de una cantidad
fija sobre los bienes donados, si muere sin disponer de dicha cosa o
cantidad, pertenecerá a sus herederos, sean cuales fueren las cláusulas
en contrario.
1628.-
Podrá pactarse la reversión en favor de solo el donante para
cualquiera caso y circunstancias; pero no en favor de otra persona sino
en los mismos casos y con iguales limitaciones que determina este Código
para la sustitución testamentaria. El derecho de reversión nunca se
presume.
1629.-
El donante no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas si no
lo hubiese estipulado. (Artículo 1952).
Con todo, si se ha impuesto al donatario un gravamen pecuniario o
apreciable en dinero, tendrá siempre derecho para que se le reintegre lo
que haya invertido en cubrirlo, con los intereses corrientes que no
resultaren compensados por los frutos de la cosa donada.
1630.-
El donante reconvenido para el cumplimiento de la donación goza del
beneficio de competencia. (Artículo 1495).
CAPITULO IV
DE LA RESCISION, REVOCACION Y
REDUCCION DE LAS DONACIONES
1631.-
No se resuelve la donación entre vivos por que después de ella le
hayan nacido al donante uno o más hijos legítimos o naturales, a no ser
que esta condición resolutoria se haya expresado en la escritura de
donación.
**Se incorporan los hijos naturales en virtud de la calidad de
legitimarios de estos (art. 885 Nº 2 Código Civil y Art. 1º Ley de
12.7.09).
1632.-
La donación onerosa es rescindible cuando el donatario estuviere en
mora de cumplir las obligaciones que se le han impuesto. En este caso,
tendrá derecho el donante o para que se obligue al donatario al
cumplimiento o para que se rescinda la donación.
Ejercitándose la acción rescisoria, será considerado el donatario como
poseedor de mala fe para la restitución de las cosas donadas y los
frutos, siempre que, sin causa grave, hubiese dejado de cumplir la carga
impuesta.
Pero se abonará al donatario lo que haya invertido en el desempeño de
su obligación y de que se aprovechare el donante.
1633.-
La acción rescisoria concedida por el artículo anterior terminará en
cuatro años desde el día en que el donatario haya sido constituido en
mora de cumplir la obligación impuesta.
En lo demás que no se oponga a lo dispuesto en este artículo y el
anterior, se observarán las reglas ya dadas sobre la condición
resolutoria.
1634.-
La donación simple puede ser revocada a instancia del donante por
causa de ingratitud, en los casos siguientes:
1º Si el donatario cometiere algún delito contra la persona, honra o
bienes del donante.
2º Si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que den
lugar al procedimiento de oficio, aunque lo pruebe, a menos que el delito
se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o hijos
constituidos bajo su potestad.
Ni la donación onerosa ni la remuneratoria se pueden revocar por causa
de ingratitud.
**Redacción del numeral 2º adaptada al texto del art. 1º de la Ley
10.783 del 18.9.46
1635.-
La acción revocatoria por ingratitud se prescribe por un año contado
desde que pudo el donante conocer el hecho ofensivo.
1636.-
No se trasmitirá esta acción a los herederos del donante si este,
pudiendo, no la hubiere dejado intentada.
Tampoco podrá ejercitarse contra el heredero del donatario, a no ser
que, a la muerte de este, se hallare intentada contra él.
1637.-
También cesa la acción revocatoria cuando ha mediado remisión expresa
o tácita de la ofensa.
La ejecución voluntaria de la donación por parte del donante o sus
herederos en una época en que tenían ya conocimiento de la ofensa,
importará remisión tácita de ella.
1638.-
La revocación por ingratitud será sin perjuicio de las enajenaciones
hechas por el donatario y de los derechos reales que hubiere constituido
sobre la cosa donada antes de interponerse la demanda revocatoria.
En caso de revocación, será condenado el donatario a la restitución
del valor de las cosas enajenadas con arreglo al tiempo de la demanda; y
si las entregase en especie, pero gravadas, a la indemnización del
donante por el menos valor de ellas.
Además, será condenado a la devolución de los frutos, desde el día de
la demanda.
1639.-
Las donaciones que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1626
tengan el carácter de inoficiosas, hecho el cálculo general de los bienes
del donante al tiempo de su muerte podrán reducirse en cuanto al exceso,
a instancia de los herederos forzosos ya sea que estos hayan aceptado la
herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario.
Para la reducción de las donaciones se estará a lo dispuesto en los
artículos 889 y 890 y en el Capítulo V, Título VI del Libro Tercero.
1640.-
Si las donaciones no cupieren todas en la porción disponible, se
suprimirán a reducirán las más recientes por el orden posterior de la
fecha de su otorgamiento en lo que resultare exceso.
La insolvencia del donatario ocurrida en vida del donante gravará
proporcionalmente a los otros donatarios y al heredero. (Artículo 1112).
En este caso no entrará en el cálculo general de bienes el valor de la
donación hecha al insolvente; sin perjuicio de que si viniere después a
mejor fortuna sea obligado a reintegrar a los otros donatarios y al
heredero de lo que les hizo perder el estado de insolvencia.
1641.-
La donación onerosa que impone al donatario un gravamen pecuniario o
apreciable en dinero, sólo es reducible hasta concurrencia de la
liberalidad contenida en ella.
Las donaciones remuneratorias siguen la regla de las simples.
1642.-
La reducción no obstará para que las donaciones tengan efecto durante
la vida del que las hizo y pertenezcan los frutos al donatario.
1643.-
Se extinguirá en todos casos la acción de reducción por el transcurso de
cuatro años, contados desde que se abrió la sucesión del donante.
CAPITULO V
DE LAS DONACIONES POR CAUSA DE
MATRIMONIO
SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES
1644.-
Donaciones por causa de matrimonio son las que se hacen en
consideración a este y antes de celebrarse, en favor de los esposos o de
uno de ellos.
1645.-
En cuanto no se halle especialmente determinado en este capítulo, las
donaciones por causa de matrimonio se sujetarán a las reglas generales de
las donaciones.
1646.-
Las donaciones por causa de matrimonio no pueden ser atacadas ni
anuladas por falta de aceptación expresa.
1647.-
En toda donación por causa de matrimonio se subentiende la condición
de celebrarse este.
1648.-
En el caso de declararse nulo el matrimonio, subsistirán las
donaciones hechas en favor del cónyuge o cónyuges que procedieron de
buena fe.
Si uno solo de los cónyuges procedió de mala fe, las donaciones que le
hubieren sido hechas recaerán en sus hijos.
Cuando fue común a ambos cónyuges la mala fe, quedarán sin efecto las
donaciones.
1649.-
Las donaciones por causa de matrimonio no podrán ser revocadas por
ingratitud.
1650.-
Estas donaciones podrán hacerse con la condición de que el donatario
pague la deudas del donante sin determinarlas o con otras condiciones
dependientes de la voluntad de este; y en tal caso tendrá aquel opción
para cumplir la condición y el pago de las deudas o para renunciar la
donación.
SECCION II
DE LAS DONACIONES POR CAUSA DE
MATRIMONIO HECHAS PARA DESPUES DE LA
MUERTE DEL DONANTE
1651.-
Los principios establecidos en los artículos 1285 y 1625 admiten
excepción respecto de las donaciones por causa de matrimonio, las cuales
pueden hacerse del todo o parte de los bienes que el donante dejare a su
muerte.
En todos los casos el donante ha de ser capaz de hacer donación con
arreglo a lo dispuesto en el Capítulo I de este Título.
1652.-
El donante no podrá revocar esta clase de donaciones ni enajenar a
título gratuito los objetos comprendidos en ellas, si no es en pequeños
valores para recompensa de servicios o por otras justas consideraciones.
En cuanto a disponer de dichos bienes por título oneroso, conservará
la facultad de hacerlo, sean cuales fueren las cláusulas o estipulaciones
en contrario.
1653.-
Las donaciones de que se trata subsistirán aun en el caso de que el
donante sobreviva al donatario, siempre que este dejare hijos o
descendientes del matrimonio en cuya consideración hubieren sido
otorgadas.
Si no hubiere dejado hijos o descendientes o estos fuesen de otro
matrimonio posterior, el donante podrá revocar la donación por acto entre
vivos o por testamento.
1654.-
Lo dispuesto en el primer inciso del artículo anterior se entenderá
para el caso de que el donante no hubiere excluido expresamente a los
hijos o descendientes del donatario.
En todos los casos, el donatario que sobrevive al donante podrá
disponer libremente de los bienes donados.
1655.-
El derecho de acrecer, regulado por lo que se determina en el Capítulo
II, Título VI del Libro III, en cuanto no se oponga a las disposiciones
de la presente Sección, tiene lugar entre los esposos a quienes se
hubiere donado conjuntamente alguna cosa.
SECCION III
DE LAS DONACIONES MATRIMONIALES DE
UN ESPOSO A OTRO
1656.-
Los esposos pueden hacerse donaciones recíprocamente o uno de ellos al
otro, antes de contraer matrimonio, de los bienes presentes o de los que
dejaren a la muerte.
En caso de ser alguno de ellos menor de edad (artículos 831 y 1616), les
bastará que concurran al otorgamiento la persona o personas de cuyo
consentimiento necesita el menor para contraer matrimonio; debiendo
observarse lo dispuesto en el Capítulo I, Título VII De la sociedad
conyugal.
1657.-
Toda donación de un cónyuge a otro, durante el matrimonio será nula.
No se comprende en esta regla los regalos módicos que los casados
acostumbran a hacerse en ocasiones de regocijo para la familia.
1658.-
Lo dispuesto en el artículo 1653 se aplica a las donaciones
matrimoniales o entre esposos, si son de los bienes que el donante dejare
al morir.
1659.-
Las donaciones entre esposos (artículo 1656) no pueden exceder de la
medida fijada en el artículo 887.
1660.-
Se tendrá por simulada y por consiguiente nula la donación hecha
durante el matrimonio, por uno de los cónyuges a los hijos que el otro
cónyuge tenga de diverso matrimonio o a las personas de quienes este sea
heredero presuntivo al tiempo de la donación.
TITULO II
DE LA COMPRAVENTA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1661.-
La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar
una cosa y la otra a pagarla en dinero.
1662.-
Si el precio, esto es, lo que el comprador da por la cosa vendida,
consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se calificará el contrato
por la intención manifiesta de los contrayentes; y no constando esta, se
tendrá por permuta si es mayor el valor de la cosa y por venta en el caso
contrario.
1663.-
Cuando las cosas se entregan en pago de lo que se debe (artículos 1490
a 1493) el acto tendrá los mismos efectos que la compraventa; pero la
deuda que así fuese cubierta será juzgada por las reglas generales del
pago.
1664.-
La compraventa queda perfecta desde que las partes convienen en la
cosa y en el precio; salvas las excepciones siguientes:
1º. La venta de bienes inmuebles, servidumbres, censos y la de una
sucesión hereditaria no se consideran perfectas ante la ley mientras no
se haya otorgado escritura pública.
Será, además, necesaria su inscripción en el Registro respectivo para
que surta efecto.
Esta disposición relativa al Registro es también aplicable a las
escrituras públicas de división de bienes raíces entre condueños o
socios, de permuta y donaciones de toda clase de inmuebles, a las
escrituras o instrumentos públicos de partición hereditaria, de cesión de
derechos hereditarios y a toda escritura pública que importe traslación
de dominio, a cualquier título que sea.
No obstante, la promesa de compraventa de inmuebles hecha en
instrumento privado da acción para reclamar el resarcimiento de daños y
perjuicios en caso de no cumplimiento. Los contratos previstos en la Ley
Nº 8.733 de 17 de junio de 1931 y sus ampliatorias, quedan sujetos a las
normas respectivas.
2º. Si los contratantes estipularen que la venta de otras cosas que
las enumeradas en el inciso anterior no se considere perfecta hasta el
otorgamiento de la escritura pública o privada, podrá cualquiera de las
partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya
principiado de común acuerdo la entrega de la cosa vendida.
** La segunda parte del inc. 4º del numeral 1º fue incoporada en
virtud de las normas que se citan.
1665.-
Las cantidades que con el nombre de señal o arras, se suele entregar
en las ventas, se entiende siempre que lo han sido por cuenta del precio
y en signo de ratificación del contrato, sin que pueda ninguna de la
partes retractarse perdiendo las arras.
Cuando el vendedor y comprador convengan en que mediante la pérdida de
las arras o cantidad anticipada, les sea lícito arrepentirse y dejar de
cumplir lo estipulado, deberán expresarlo así por cláusula especial del
contrato.
Todo lo cual se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo
anterior.
1666.-
El precio debe ser determinado por los contrayentes y en ningún caso
por uno solo de ellos.
Podrá hacerse la determinación del precio por cualesquiera medios o
indicaciones que lo fijen.
Si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de plaza, se
entenderá el del día de la entrega, a menos de expresarse otra cosa.
1667.-
También podrá dejarse el precio al arbitrio de tercera persona
determinada.
Si esta no quisiere o no pudiere señalarlo, no habrá venta.
En caso de señalar el precio, quedará este fijado irrevocablemente.
1668.-
Pueden venderse todas la cosas que están en el comercio de los
hombres, salvas las prohibiciones o restricciones que resulten de leyes
especiales.
1669.-
La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño
de la cosa vendida, mientras no se extingan por la prescripción.
1670.-
La compra de cosa propia no vale: el comprador tendrá derecho a que se
le restituya lo que hubiere dado por ella. (Artículos 758 y 769).
1671.-
La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se
entenderá hecha bajo la condición de existir; salvo que se estipule lo
contrario o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la
suerte. (Artículo 1283).
1672.-
Si al tiempo de celebrarse la venta se había perdido la cosa en su
totalidad, el contrato es nulo y puede el comprador repetir el precio.
Si la pérdida ha sido parcial, el comprador que la ignoraba puede
optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, haciendo
que por tasación se determine el precio.
En uno y otro caso, el que vendió a sabiendas responde de los daños y
perjuicios al comprador de buena fe.
La repetición concedida al comprador, en el primer caso de este
artículo, no lo exime de responder por los daños y perjuicios, cuando
sabía la pérdida de la cosa ignorándola el vendedor.
1673.-
Los gastos de escritura y demás accesorios a la venta serán de cargo
del comprador, a menos de pactarse otra cosa.
1674.-
La venta puede ser pura o bajo condición suspensiva o resolutoria.
Puede hacerse a plazo para la entrega de la cosa o del precio.
Puede tener por objeto dos o más cosas alternativas.
Bajo todos estos respectos se rige por las reglas generales de los
contratos en lo que no fueren modificadas por las de este Título.
(Artículos 1424,1427 y 1433).
CAPITULO II
DE LAS INCAPACIDADES ESPECIALMENTE
RELATIVAS AL CONTRATO DE
COMPRAVENTA
1675.-
Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados de
cuerpos.
** Ver nota al artículo 875
1676.-
Los tutores, curadores y los padres no pueden en ninguna forma vender
bienes de ellos para los que están bajo su guarda o potestad.
1677.-
Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender
los bienes que administran y cuya enajenación no está comprendida en sus
atribuciones administrativas, a no ser con autorización expresa de la
autoridad competente.
1678.-
Es prohibida la compra, aunque sea en remate público, por sí o por
interpuestas personas:
1º. A los padres, de los bienes de los hijos que están bajo su
potestad.
2º. A los tutores y curadores, bienes de las personas que estén a su
cargo ni comprar bienes para estos, sino en los casos y por el modo
ordenado por las leyes.
3º. A todo empleado público, los bienes que se venden por su
ministerio, sean aquellos públicos o particulares.
4º. A los Jueces, Actuarios, alguaciles y procuradores de las partes,
los bienes en cuyo litigio han intervenido y que se vendan a consecuencia
del litigio.
1679.-
Los mandatarios, los síndicos de concursos y los albaceas están
sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por
sus manos en virtud de estos encargos, a lo dispuesto en el Título Del
mandato.
CAPITULO III
DE LOS EFECTOS INMEDIATOS
DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
1680.-
En el caso de venderse sucesivamente una misma cosa a dos personas; se
estará a lo dispuesto en los artículos 1337, 1341 y siguientes. (Artículo
2078).
1681.-
La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al
comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta.
Lo mismo sucede si el vendedor adquiere el dominio de la cosa ajena
después de entregada al comprador y por consiguiente, si el vendedor la
vendiere a otra persona después de adquirido el dominio, subsistirá el
dominio de ella transferido al primer comprador.
1682.-
Desde que está perfecto el contrato de venta, la pérdida, deterioro o
mejora de la cosa vendida se regula por lo dispuesto en los artículos
1335, 1343, 1550 y siguientes.
Si la venta es condicional, se aplicarán las reglas de los artículos
1425 y 1428.
1683.-
Si las cosas fungibles que suelen venderse a peso, cuenta o medida, se
venden en masa o formando un solo todo y por un solo precio, como el
trigo de cierto granero por mil pesos, la pérdida, deterioro o mejora
pertenecerá al comprador, aunque la cosa no se haya pesado, contado ni
medido.
No concurriendo las dos circunstancias sobredichas- de venderse en
masa y por un solo precio- la venta de las cosas fungibles se entiende
que es a peso, cuenta o medida y hasta que se verifique la
correspondiente operación, no se transfiere al comprador el riesgo o
provecho de la cosa vendida.
1684.-
Si en el contrato se hubiere fijado día para el peso, cuenta a medida
y el vendedor o el comprador no compareciere en él, será el omiso
obligado a resarcir al otro los daños y perjuicios que de su negligencia
resultaren; y el contrayente que no faltó a la cita podrá, si le
conviniere, desistir del contrato.
1685.-
Si se estipula que se vende aprueba, se entiende reservarse el
comprador la facultad de rescindir libremente la convención, si no le
conviniere la cosa de que se trata. La pérdida, daño o mejora pertenecerá
entretanto al vendedor.
Aunque no se estipule expresamente, se entiende hacerse a prueba la venta
de todas las cosas que se acostumbra vender de ese modo.
Así, en uno como en otro caso, retardándose por el comprador el acto
de la prueba más de tres días después de la interpelación hecha por el
vendedor, se considerará el contrato sin efecto.
CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR
1686.-
Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos, la entrega
o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. (Artículos 758 y 769).
La tradición se verifica conforme a las reglas establecidas en el
Título III del Libro Tercero.
SECCION I
DE LA ENTREGA DE LA COSA VENDIDA
1687.-
La entrega debe hacerse en el lugar convenido y si no hubiere lugar
designado, en el lugar en que se encontraba la cosa vendida a la época
del contrato.
Si se hubieren designado para la entrega dos localidades
alternativamente, sin indicar de cuál de los interesados será la
elección, se entenderá que esta corresponde al vendedor.
1688.-
El vendedor debe entregar la cosa vendida inmediatamente después del
contrato a la época prefijada en él.
Si por hecho o culpa suya ha retardo la entrega, podrá el comprador a
su arbitrio pedir el cumplimiento o la resolución del contrato y en ambos
casos con derecho para ser indemnizado de los daños y perjuicios según
las reglas generales.
Todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a
pagar el precio o estipulado pagar a plazo.
Pero si después del contrato se hallare el comprador en estado de
insolvencia o estuvieren sus intereses comprometidos de tal manera que el
vendedor corra riesgo inminente de perder el precio, no se podrá exigir
la entrega, aunque se haya estipulado plazo para el pago de aquel, sino
afianzando pagar al vencimiento del plazo. (Artículo 1735).
1689-
El vendedor debe entregar la cosa vendida tal cual se hallaba al
tiempo del contrato, es decir, no deteriorada por una causa que le sea
imputable.
1690.-
La obligación de entregar la cosa comprende la de sus accesorios.
1691.-
La venta de un predio determinado puede hacerse:
1º. Sin indicación de la superficie que contiene y por un solo precio,
como la venta del terreno comprendido entre tales limites por veinte mil
pesos.
2º. Sin indicación de la superficie, pero a razón de un precio la
medida.
3º. Con indicación de la superficie, pero bajo un cierto número de
medidas a tomarlas en un terreno de mayor extensión.
4º. Venta de un predio determinado con indicación de la superficie por
un precio cada medida, haya o no indicación del precio total.
5º. Venta de un predio determinado con indicación de la superficie,
pero por un precio único y no a tanto la medida.
6º. Venta de uno o más predios con indicación de superficie, pero bajo
la convención que no se garantiza el contenido y que la diferencia, sea
más sea menos, no producirá en el contrato variación alguna.
1692.-
En los casos de los números 1º y 6º del artículo anterior, la venta es
perfecta y pura desde su otorgamiento en la forma de ley, sin que los
contratantes puedan hacerse cargo alguno en razón de la cabida que se
encuentre.
En los casos de los números 2º y 3º del mismo artículo, la venta es
condicional, como subordinada a la operación de mensura del predio, que
debe practicarse.
En el caso del número 4º del sobredicho artículo, el vendedor es
obligado a dar la superficie indicada en el contrato. Resultando una
superficie menor, el vendedor debe completarla, si la otra parte lo
exige. Pero si esto no es posible, o si el comprador no lo exige, debe el
vendedor rebajar proporcionalmente el precio.
Si por el contrario, resultare mayor superficie que la expresada en el
contrato, el comprador tendrá la opción entre pagar el excedente al
vendedor, al mismo precio estipulado o devolverle ese exceso de
superficie donde conviniere al comprador.
En fin, en el caso del número 5º del citado artículo, no habrá lugar a
suplemento de precio a favor del vendedor por el exceso de la superficie
ni respecto del comprador por resultar menor superficie, sino cuando la
diferencia entre la superficie real y la expresada en el contrato es de
un vigésimo en relación al valor de la totalidad de los objetos vendidos.
Es indiferente que se trate de un sólo terreno o de varios de diversas
calidades.
Es asimismo indiferente que la superficie se indique por aproximación,
diciendo tantas medidas poco más o menos.
1693.-
Si en un mismo contrato se han vendido dos o más terrenos por un sólo
precio, con indicación especial de la superficie de cada uno, en vez de
la indicación única de toda la superficie y se encontrase menos cabida en
un terreno y más en otro, se verificará la compensación hasta la suma
concurrente; y la acción complementaria o disminutoria a que hubiere
lugar, seguirá la regla establecida en el artículo precedente.
1694.-
Las acciones que nacen de los dos artículos precedentes se prescriben
al año, contado desde el día de la entrega.
1695.-
Los gastos de la entrega de la cosa vendida son de cuenta del vendedor
y los de la conducción o transporte de cargo del comprador, como otra
cosa no se hubiere estipulado.
SECCION II
DEL SANEAMIENTO
1696.-
Por el saneamiento expresado en el artículo 1686, el vendedor responde
al comprador:
1º. De la posesión pacífica de la cosa vendida.
2º. De los defectos ocultos que tuviere, llamados vicios
redhibitorios.
1º
Del saneamiento en caso de evicción
1697.-
Hay evicción de la cosa comprada, cuando el comprador es privado del
todo o parte de ella por sentencia judicial.
1698.-
El vendedor es obligado a sanear al comprador todas las evicciones que
tengan una causa anterior a la venta, aunque nada se haya estipulado a
ese respecto en el contrato.
1699.-
Los contrayentes pueden por estipulaciones particulares hacer más
extensiva la obligación de derecho o disminuir sus efectos; y hasta
pueden convenir en que el vendedor no quedará obligado al saneamiento.
Sin embargo, aunque se diga que el vendedor no se obliga a sanear,
queda siempre obligado al saneamiento que resulta de sus hechos
personales posteriores al contrato y de los anteriores que no hubiere
declarado al comprador; la convención en contrario es nula.
1700.-
Aunque se haya estipulado conforme a lo prescrito en el artículo
precedente que el vendedor no se compromete al saneamiento, queda
obligado siempre en caso de evicción a restituir el precio, a no ser que
se verifique el caso del artículo siguiente o que, habiéndose declarado
expresamente al tiempo de la venta un riesgo especial de evicción, lo
haya tomado sobre sí el comprador.
1701.-
Si el comprador de cualquier modo conocía el peligro de la evicción
antes del contrato, nada puede reclamar del vendedor por los efectos de
la evicción que suceda, a no ser que ésta hubiese sido expresamente
convenida.
1702.-
En las transacciones, habrá lugar a la evicción o saneamiento respecto
a las cosas no comprendidas en la cuestión sobre la cual se transigió;
pero no en cuanto a los derechos litigiosos o dudosos que una de las
partes reconoció a favor de la otra. (Artículo 2160).
1703.-
Cuando la evicción resultare de una prescripción comenzada antes de
venderse la cosa y cumplida después, los jueces apreciarán todas las
circunstancias del caso y resolverán si el vendedor debe o no sanear la
evicción.
1704.-
La obligación de saneamiento es indivisible y puede demandarse y
oponerse a cualquiera de los herederos del vendedor; pero la condenación
hecha a éstos sobre restitución del precio de la cosa o de los daños y
perjuicios causados por la evicción, es divisible entre dichos herederos.
La misma regla se aplica a los vendedores que por un solo acto de
venta hayan enajenado la cosa.
1705.-
El comprador a quien se demanda en razón de la cosa vendida, deberá
hacer citar al vendedor para que comparezca a defenderla.
Esta citación se hará de acuerdo a lo que establece la ley procesal.
** Redacción adaptada a lo dispuesto por el art. 51 Código Gral. del
Proceso.
1706.-
Cuando se ha prometido el saneamiento en general o nada se ha
estipulado a ese respecto, si la evicción se verifica, puede el comprador
reclamar del vendedor:
1º. La devolución del precio pagado por él.
2º. La de los frutos, cuando tiene que restituirlos al verdadero
dueño.
3º. Las costas y costos de la demanda de saneamiento y los causados en
la demanda primitiva. (Artículo 1715).
4º. Los gastos del contrato.
5º. Los demás daños y perjuicios ocasionados y no comprendidos en los
números 2º, 3º y 4º.
1707.-
El vendedor está obligado a la restitución de todo el precio, aunque
al tiempo de la evicción la cosa vendida valga menos o se halle
deteriorada por caso fortuito o negligencia del comprador.
Sin embargo, si el comprador ha reportado de los deterioros algún
género de lucro, tiene el vendedor derecho de retener su importe al
devolver el precio.
1708.-
Si al tiempo de la evicción se viere que había aumentado el valor de
la cosa vendida, sin que haya tenido parte en ello el comprador, está
obligado el vendedor a pagarle aquel tanto que importa más sobre el
precio de la venta.
Sin embargo, en esta disposición no se comprende el caso en que el
aumento de valor nazca de circunstancias imprevistas y extraordinarias,
como la apertura de un canal, el establecimiento de un pueblo, etc.
1709.-
La reglas sentadas en los artículos 698 y siguientes se observarán
entre el comprador y el demandante respecto de las tres clases de mejoras
y el vendedor de buena fe no tendrá que responder de ellos.
El vendedor de mala fe será responsable de lo que importen dichas
mejoras, en cuanto el comprador, sea cual fuese el motivo, no haya sido
pagado por el demandante.
1710.-
Si el comprador ha perdido, a consecuencia de la evicción, una parte
de la cosa vendida, de tal entidad con relación al todo, que sin ella no
la hubiera comprado, puede exigir la rescisión del contrato; pero con la
obligación de devolver la cosa libre de los gravámenes a que entretanto
la haya sujetado.
Si la parte evicta no fuere de tanta importancia o si prefiere el
comprador reclamar su importe, deberá abonársele proporcionalmente al
precio de venta con las indemnizaciones a que haya lugar, según los
artículos precedentes.
Esto mismo se observará, cuando se hubiese comprado dos o más cosas
conjuntamente, si apareciere que el comprador no habría comprado la una
sin la otra.
1711.-
En las ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia, el
vendedor no es obligado por causa de la evicción que sufriere la cosa
vendida, sino a restituir el precio que haya producido la venta.
1712.-
El saneamiento no puede reclamarse hasta que haya recaído sentencia
judicial que cause ejecutoria y por la cual se condene al comprador a la
pérdida de la cosa comprada o de una parte de ella.
1713.-
No tiene lugar el saneamiento por causa de evicción:
1º. Cuando sin consentimiento del vendedor, compromete el comprador el
negocio en árbitros, antes o después de principiado el pleito.
2º. Cuando habiéndosele emplazado, no hace citar al vendedor con
arreglo al inciso 2º. del artículo 1705.
3º. Si por su culpa perdió la posesión de la cosa.
4º. Si dejó de oponer en juicio la prescripción, pudiendo haberse
servido de esta defensa.
5º. Si perdió el pleito por razón de su contumacia o rebeldía.
6º. Si consintió la sentencia condenatoria apelable, no estando
delante el vendedor o no habiéndosele notificado a éste.
1714.-
La acción de saneamiento se prescribe en cuatro años contados desde la
sentencia de evicción.
A la misma prescripción está sujeta la acción rescisoria del artículo
1710.
1715.-
Cuando el comprador venciere en la demanda de que pudiera resultar una
evicción, no tendrá ningún recurso contra el vendedor ni aun por razón de
los gastos que hubiese hecho. (Artículo 1706, número 3º).
1716.-
El que ha sufrido evicción de la cosa comprada, podrá intentar contra
la persona de quien su vendedor insolvente la hubiese adquirido, la
acción de saneamiento que contra dicha persona competiría al vendedor si
la cosa hubiese sido evicta en poder de éste.
Lo cual se entenderá habiendo sido citado el enajenante primitivo con
arreglo al inciso 2º del artículo 1705 y sin que pueda el comprador
reclamar mayor precio que el que dio por la cosa a su vendedor.
1717.-
Si la finca se halla gravada, sin haberse hecho mención de ello en la
escritura, con alguna carga o servidumbre no aparente de tal naturaleza
que haya a presumir que el comprador no la hubiese adquirido si la
hubiera conocido, puede optar entre las rescisión del contrato o la
indemnización respectiva.
En ambos casos, la acción se prescribe por un año contado desde el día
en que el comprador haya descubierto la carga o servidumbre.
2º
Del saneamiento por defectos o vicios redhibitorios
1718.-
El vendedor responde de los defectos o vicios ocultos de la cosa
vendida, mueble o inmueble, siempre que la hagan impropia para el uso a
que se la destina o que disminuyan de tal modo este uso que a haberlos
conocido el comprador, no la hubiera comprado o no habría dado tanto
precio por ella.
Pero no es responsable de los defectos manifiestos o que están a la
vista ni tampoco de los que no lo están, si eran conocidos del comprador
o éste ha podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio.
1719.-
El vendedor debe sanear los vicios ocultos, aunque los ignorase, no
habiendo estipulación en contrario.
La estipulación en términos generales de que el vendedor no responde
por vicios redhibitorios de la cosa, no le exime de responder por el
vicio oculto de que tuvo conocimiento y de que no dio noticia al
comprador.
Es lo mismo si el vendedor debiese conocer el vicio en razón de su
oficio o arte.
1720.-
En los casos de los dos artículos anteriores el comprador puede optar
entre rescindir la venta abonándosele los gastos causados por ella o
rebajar una cantidad proporcional del precio a juicio de peritos.
El ejercicio de una de estas acciones excluye necesariamente el de la
otra.
1721.-
Si el vendedor conocía o debía conocer (artículo 1719) los vicios
ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste a
más de la opción del artículo precedente, el derecho a ser indemnizado de
los daños y perjuicios, si optare por la rescisión del contrato.
1722.-
Vendiéndose dos o más cosas juntamente, sea que se haya ajustado un
precio por el conjunto o por cada una de ellas, sólo habrá lugar a las
acciones concedidas en el artículo 1720 respecto de la cosa viciosa y no
respecto del conjunto; a no ser que aparezca que el comprador no hubiera
comprado éste sin aquélla o si la venta fuese de un rebaño o piara y el
vicio fuese contangioso.
1723.-
Si la cosa vendida perece por efecto del vicio inherente a ella,
sufrirá la pérdida el vendedor, quedando además obligado según las reglas
de los artículos precedentes.
Si la cosa viciosa ha perecido por caso fortuito o por culpa del
comprador, le quedará sin embargo a éste el derecho que hubiere tenido a
la rebaja del precio.
1724.-
Incumbe al comprador probar que el vicio existía al tiempo de la venta
y no probándolo se juzga que el vicio nació después.
1725.-
No tiene lugar el saneamiento de los vicios ocultos en las ventas
forzadas hechas por autoridad de la justicia.
1726.-
Las acciones a que dé lugar el saneamiento de los vicios ocultos,
según las disposiciones precedentes, se extinguen a los seis meses
contados desde la entrega de la cosa vendida.
1727.-
Lo dispuesto en este párrafo es aplicable a la venta de animales y
ganados, con la modificación siguiente:
EL término para ejercer el comprador las acciones de que habla el
artículo precedente será el establecido por la ley especial.
** Se eliminó la mención al plazo y se adaptó al texto de los arts.
209 y ss. del Cód. Rural vigente, Ley 10.024 de 14.6.41.
CAPITULO V
DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR
1728.-
La principal obligación del comprador es pagar el precio de la cosa
comprada, en el lugar y en la época determinados por el contrato.
Si no hubiese convenio a este respecto, debe hacer el pago en el
tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida.
Si la venta ha sido a crédito o si el uso del país acuerda algún
término para el pago, el precio debe abonarse en el domicilio del
comprador. (Artículo 1465).
1729.-
El comprador debe intereses del precio de la venta, mientras no
verifique el pago del capital en los casos siguientes:
1º. Si así se hubiere convenido.
2º. Si la cosa vendida a dinero de contado produce frutos o renta.
(Artículo 1735).
3º. Si el comprador se hubiere constituido en mora. (Artículo 1336).
1730.-
Si el comprador es perturbado o tiene fundado temor de serlo por
alguna acción real, puede suspender el pago del precio, hasta que el
vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro; a no ser que este
último afiance o que se haya estipulado que, no obstante cualquier
contingencia, el comprador verifique el pago. (Artículo 1688).
El vendedor que por falta de fianza no puede tomar el precio tiene
derecho de obligar al comprador a que lo deposite. El comprador puede
también solicitar el depósito para librarse de los intereses, cuando
éstos se debieren.
Si el comprador ha pagado, antes de la perturbación de que habla el
primer inciso, no puede pedir la restitución del precio ni que se le
afiance las resultas del juicio.
1731.-
Si el comprador estuviese constituido en mora de pagar el precio en el
tiempo y lugar indicados en el artículo 1728, el vendedor tendrá derecho
para exigir el precio o la resolución de la venta, con indemnización de
daños y perjuicios. (Artículo 1431).
1732.
La cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud del pago del
precio, no producirá otro efecto que el de la opción enunciada en el
artículo precedente; y pagando el comprador el precio, subsistirán en
todo caso las enajenaciones que hubiere hecho de la cosa o los derechos
que hubiere constituido sobre ella en el tiempo intermedio.
1733.-
La resolución de la venta por no haberse pagado el precio dará derecho
al vendedor para que se le restituyan los frutos, ya en su totalidad, si
ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que
corresponda a la parte del precio que no hubiere sido pagada.
El comprador, a su vez, tendrá derecho a que se le restituya la parte
que hubiere pagado del precio.
Tratándose de abonar expensas al comprador y deterioros al vendedor,
se considerará al primero como poseedor de mala fe, a menos que pruebe
haber sufrido en su fortuna menoscabos inculpables que le hayan impedido
cumplir lo pactado.
1734.-
Mas la resolución del contrato no da derecho contra terceros
poseedores de buena fe; debiendo observarse en este caso lo dispuesto en
el artículo 1430.
Si en la escritura de venta de un inmueble aparece haberse pagado el
precio, no se admitirá prueba en contrario, sino la de nulidad o
falsificación de la escritura y sólo en virtud de esta prueba, habrá
acción contra terceros poseedores.
1735.-
Las obligaciones del comprador suponen la entrega de la cosa por parte
del vendedor. Si éste no la verificare, cesan aquéllas a no ser que se
hubiera señalado plazo para la entrega. (Artículo 1688).
CAPITULO VI
DE LOS PACTOS ACCESORIOS AL
CONTRATO DE VENTA
1736.-
Puede agregarse al contrato de venta cualesquiera pactos accesorios
lícitos; y se regirán por las reglas generales de los contratos.
Aquí se trata de las cláusulas resolutorias llamadas pacto comisorio,
pacto de mejor comprador y retroventa.
SECCION I
DEL PACTO COMISORIO
1737.-
Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el
precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta.-
1738.-
El pacto comisorio no priva al vendedor de la elección de acciones que
le concede el artículo 1731.
1739.-
Los efectos de la resolución serán los determinados en el articulo
1733.
En relación a terceros, el pacto comisorio sólo será eficaz, si
constare del respectivo título o escritura. (Artículos 1430 y 1734).
1740.-
Aunque se haya estipulado que por no pagarse el precio al tiempo
convenido se resolverá ipso facto el contrato de venta, podrá hacerlo
subsistir el comprador, pagando el precio, lo más tarde, a las
veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la
demanda. El Juez no podrá acordar plazo alguno al demandado. (Artículo
1431).
1741.-
El pacto comisorio se prescribe en el plazo prefijado por las partes,
si no excediere de tres años, contados desde la fecha del contrato.
Tanscurridos esos tres años, se prescribe necesariamente, sea que se haya
estipulado un plazo más largo o ninguno.
SECCION II
DEL PACTO DE MEJOR COMPRADOR
1742.-
Si se pacta que, presentándose dentro de cierto tiempo otra persona
que mejore la compra, se resuelva el contrato, se cumplirá lo pactado; a
menos que el comprador o la persona a quien éste hubiere enajenado la
cosa, se allane a mejorar en los mismos términos la compra.
1743.-
En ningún caso este pacto podrá exceder del término de seis meses.
1744.-
La mejora ofrecida debe ser por la misma cosa como estaba cuando se
vendió.
El vendedor debe hacer saber al comprador quién sea el mejor comprador
y qué mejores ventajas le ofrece.
No habrá mejora por parte del nuevo comprador, cuando se propusiese
adquirir la cosa por cualquier otro contrato que no fuese el de
compraventa.
1745.-
Cuando la venta sea hecha por dos o más vendedores en común o a dos o
más compradores en común, ninguno de ellos podrá presentarse como mejor
comprador.
1746.-
El pacto de mejor comprador puede ser cedido y pasa a los herederos
del vendedor.
Los acreedores del vendedor pueden ejercer ese derecho en caso de
concurso.
1747.-
La disposición del artículo 1430 se aplica al pacto de mejor
comprador. (Artículos 1734, 1739 y 1752).
Resuelto el contrato, tendrán lugar las prestaciones mutuas, como en
el pacto de retroventa.
SECCION III
DE LA RETROVENTA
1748.-
Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de
recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad
determinada que se estipulare o el precio de la compra.
1749.-
Lo dispuesto en el artículo 1746 es aplicable al derecho que nace del
pacto de retroventa.
1750.-
Si el derecho ha pasado a dos o más herederos del vendedor o si la
venta ha sido hecha conjuntamente por dos o más copropietarios de la cosa
vendida, deben todos los interesados ponerse de acuerdo sobre recobrar
aquella por entero; y si así no lo hicieren, no puede el comprador ser
obligado a consentir la retroventa parcial.
Se entenderá haber vendido dos o más conjuntamente una cosa, cuando lo
hicieren en el mismo acto y por un solo precio.
1751.-
Si el comprador ha dejado dos o más herederos, la acción del vendedor
no puede ejercitarse contra cada uno, sino por su parte respectiva, bien
se halle indivisa la cosa vendida o bien se haya distribuido entre los
herederos.
Pero si se ha dividido la herencia y la cosa vendida se ha adjudicado
a uno de los herederos, la acción del vendedor puede intentarse contra él
por el todo.
1752.-
El pacto de retroventa en sus efectos contra tercero se sujeta a lo
dispuesto en el artículo 1430. (1734 y 1739).
1753.-
El vendedor tendrá derecho a que el comprador le restituya la cosa con
sus accesorios y a que le indemnice los deterioros imputables a su hecho
o culpa.
A su vez el vendedor está obligado al pago de las expensas necesarias,
pero no de las invertidas en mejoras útiles o voluptuarias que se hayan
hecho sin su consentimiento.
Los frutos de la cosa vendida se compensarán con los intereses del
precio de la venta
1754.-
El tiempo en que se podrá intentar la retroventa no pasará en ningún
caso de tres años, contados desde la fecha del contrato.
Pero tendrá siempre derecho el comprador a que se le de noticia
anticipada que no bajará de noventa días para los bienes raíces ni de
quince días para los objetas muebles; y si la cosa fuere fructíera y no
diere frutos sino de tiempo en tiempo y a consecuencia de trabajos e
inversiones preparatorias, no podrá exigirse la restitución demandada,
sino después de la previa percepción de frutos.
CAPITULO VII
DE LA VENTA DE UNA COSA COMUN POR
LICITACION O SUBASTA
1755.-
Si una cosa común a muchos no puede ser dividida cómodamente y sin
menoscabo o si en una partición de bienes comunes se encuentra una cosa
que ninguno de los copropietarios quiere o puede admitir por entero, se
hará la venta a martillo o en subasta pública y el precio se repartirá
entre los interesados. (Artículo 1136).
1756.-
Cada uno de los copropietarios tiene derecho a reclamar que la venta
se haga en subasta pública. Cuando alguno de ellos fuese ausente o
persona jurídica o menor habilitado o estuviere sujeto a tutela o
curaduría, la venta se hará en la forma establecida por el artículo 396
de este Código.
** Texto dado por el art. 3º de la Ley 14.766 de 18.4.78
CAPITULO VIII
DE LA CESION DE DERECHOS CREDITORIOS
Y HEREDITARIOS
SECCION I
DE LA CESION DE CREDITOS
1757.-
El cesionario no se considera dueño del crédito con respecto a
terceras personas, mientras no denuncie o notifique la cesión al deudor.
(Artículos 1473 y 1543).
La notificación deberá hacerse con exhibición del título (artículo
768), que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del
cesionario y bajo la firma del cedente.
1758.-
La cesión de un crédito es ineficaz en cuanto al deudor, mientras no
se le notifique y la consienta o renueve su obligación en favor del
cesionario.
Cualquiera de ambas diligencias liga al deudor con el nuevo acreedor y
le impide que pague lícitamente a otra persona.
1759.-
El deudor que no quiere reconocer al cesionario como acreedor y que se
proponga deducir excepción que no resulte de la misma naturaleza del
crédito, debe hacer conocer su negativa de aceptación dentro de tres
días, contados desde la notificación que se le haga de la cesión.
Pasados esos tres días, se supone que consiente la cesión.
1760.-
Siempre que el deudor no haya consentido la cesión o verificado
novación, puede oponer al cesionario todas las excepciones que habría
podido oponer al cedente, aun las meramente personales. (Artículo 1505).
1761.-
La venta o cesión de un crédito comprende sus accesorios, como las
fianzas, prendas, hipotecas o privilegios.
1762.-
El cedente de buena fe responde de la existencia y legitimidad del
crédito a su favor, al tiempo de cederlo, a no ser que lo haya cedido
como dudoso; pero no responde de la solvencia del deudor o de sus
fiadores, a menos de haberse estipulado expresamente o que la insolvencia
fuese anterior y pública.
Aún en estos dos casos, sólo responderá del precio recibido y de los
gastos del contrato.
El cedente de mala fe responde siempre de la solvencia, de todos los
gastos, daños y perjuicios.
1763.-
Cuando se ha garantido convencionalmente la solvencia del deudor, esa
garantía se refiere a la solvencia actual y nunca se extiende a la
futura, a no ser que se haya pactado expresamente.
En todos los casos cesa la garantía de solvencia, si por el hecho o
culpa del cesionario, hubiese perecido el crédito o las seguridades que
lo garantían.
1764.-
La persona contra quien se ha cedido un crédito litigioso, podrá
mientras dure el litis, compeler al cesionario a que le libere,
abonándole el precio verdadero de la cesión con los intereses, desde el
día en que se efectuó el pago y el importe de todos los gastos que se le
hubieren ocasionado.
Se considera litigioso un crédito, desde que hay demanda y
contestación sobre el fondo del derecho.
1765.-
La disposición del artículo precedente cesa:
1o. Si la cesión ha tenido lugar entre coherederos o comuneros del
crédito cedido.
2o. Si ha sido hecha a un acreedor del cedente en pago de su deuda.
1766.-
Las disposiciones de esta sección no se aplicarán a las letras,
pagarés a la orden, acciones al portador y otras especies de transmisión
que se rigen por la ley comercial.
Los sueldos, dietas, pensiones, jubilaciones y retiros que paga el
Estado, las pensiones alimenticias, los sueldos de los empleados de
empresas industriales, comerciales o de particulares, los jornales y
salarios de los obreros y criados, no podrán cederse a ningún título, no
estando vencidos; si estuvieren vencidos, podrán enajenarse hasta la
tercera parte de su monto.
Los actos o contratos en que directa o indirectamente se contravenga a
lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y sin ningún valor.
SECCION II
DE LA CESION DE DERECHOS
HEREDITARIOS
(ARTICULO 1664)
1767.-
El que vende o cede a título oneroso un derecho de herencia sin
especificar los efectos de que se compone, sólo es responsable de su
calidad de heredero.
1768.-
Si el heredero se había aprovechado ya de los frutos o percibido
créditos o vendido efectos hereditarios, deberá reembolsar su valor al
cesionario, a no ser que expresamente se los haya reservado en el
contrato.
El cesionario deberá por su parte satisfacer al heredero todo lo que
éste haya pagado por las deudas y cargas de la herencia y sus propios
créditos contra la misma, salvo si se hubiere pactado lo contrario.
La cuota o cuotas hereditarias, que por el derecho de acrecer
sobrevinieren al heredero, se entenderán comprendidas en la cesión, salvo
que se haya estipulado otra cosa.
TITULO III
DE LA PERMUTA O CAMBIO
1769-
La permuta o cambio es un contrato por el cual los contrayentes se
obligan a dar una cosa por otra.
1770.-
La permuta se perfecciona por el mero consentimiento; salvo que una de
las dos cosas que se permutan o ambas sean bienes raíces o derechos de
sucesión hereditaria, en cuyo caso, para la perfección del contrato ante
la ley será necesaria escritura pública. (Artículo 1664).
1771.-
No pueden permutar los que no pueden comprar y vender.
No puede permutarse las cosas que no pueden venderse. 1772.-
Si uno de los contratantes ha recibido ya la cosa que se le prometió
en permuta y acredita que no era propia del que la dio, no puede ser
obligado a entregar la que él ofreció en cambio y cumple con devolver la
que recibió.
1773.-
El contratante que sufriere evicción de la cosa recibida en permuta
podrá optar entre pedir su valor con daños y perjuicios o repetir la cosa
que dio en cambio; pero si ella hubiese sido ya enajenada, sólo tendrá
lugar el primer arbitrio.
1774.-
Si una cosa cierta y determinada, prometida en cambio, perece sin
culpa del que debía darla, deja de existir el contrato y la cosa que ya
se hubiere entregado, será devuelta al que la hubiere dado.
1775.-
En todo lo que no se halle especialmente determinado en este título,
la permuta se rige por las disposiciones concernientes a la venta.
TITULO IV
DEL ARRENDAMIENTO
1776.-
El arrendamiento es un contrato en que las dos` partes se obligan
recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una cosa, o a ejecutar
una obra o a prestar un servicio y la otra a pagar por este uso, goce o
servicio; un precio determinado.
El que recibe el precio es arrendador y el que lo paga arrendatario.
El arrendamiento se perfecciona por el mutuo consentimiento de las
partes.
CAPITULO I
DEL ARRENDAMIENTO DE COSAS
SECCION I
DISPOSICIONES GENERALES
1777.-
El arrendamiento de cosas se rige por las normas de este Capítulo, sin
perjuicio de lo que dispongan leyes especiales.
Pueden ser objeto del arrendamiento los bienes muebles no fungibles y
todos los inmuebles. Exceptúanse aquellas cosas que la ley prohibe
arrendar y los derechos estrictamente personales como los de uso y
habitación. (Artículo 549).
** Se agrega el inc. 1o. de forma de contemplar la existencia de leyes
especiales que se han dictado en la materia desde el año 1914.
1778.-
El precio puede consistir en dinero o en frutos naturales de la cosa
arrendada y en éste segundo caso puede fijarse una cantidad determinada o
una cuota de los frutos de cada cosecha.
Llámase renta, cuando se paga periódicamente.
1779.-
El precio podrá determinarse del mismo modo que en el contrato de
venta. (Artículos 1666 y 1667).
1780.-
Si se ha arrendado separadamente una misma cosa a dos personas, será
preferido el arrendatario a quien se haya entregado la cosa; y si a
ninguno se ha entregado, prevalecerá el título anterior.
1781.-
Los administradores de bienes ajenos no pueden tomarlos en arriendo
sin consentimiento expreso de su dueño.
Los que están privados de ser adjudicatarios de ciertos bienes, no
pueden ser arrendatarios de ellos ni con autorización judicial. (Artículo
1678).
1782.-
El arrendamiento no podrá contratarse por más de quince años. El que
se hiciere por más tiempo caducará a los quince años.
Exceptúase el arrendamiento de aquellos inmuebles que tengan como
destino apoyar una presa o embalsar el agua, en cuyo caso el plazo máximo
será de treinta años. El que se hiciere por un mayor tiempo caducará a
los treinta años.
El plazo del arrendamiento de los bienes hipotecados se regulará por
lo establecido en el artículo 2.328 incisos 2o. y 3o.
** El texto del inciso 1o. surge del art. 29 de la Ley 8153 de
16.12.27.
El texto del inciso 2o. surge del art. 4º del Decreto Ley 15.576 de
15.6.84.
El texto del inciso 3o. surge del art. 52 inc. 2 y 3 de la ley 10.793
de 25.9.46.
1783.-
Los derechos y obligaciones que nacen del contrato de arrendamiento
pasan a los herederos del arrendador y del arrendatario.
Tratándose de arrendamiento de inmuebles, los sucesores del arrendador
a título de herederos o legatarios, tendrán los mismos derechos y
obligaciones que aquél.
El plazo no obliga a los herederos del arrendatario.
** El texto de los inc. 2o. y 3o. surge del art. 52 inc. 1o. de la Ley
10.793 de 25.9.46.
1784.-
Cuando se disputare sobre el precio del arrendamiento verbal que ya se
hubiere comenzado a ejecutar y no exista recibo, se estará exclusivamente
al juicio de peritos y los costos de esta operación se dividirán entre el
arrendador y el arrendatario por partes iguales.
Esta disposición tendrá lugar, sea cual fuere el precio del
arrendamiento.
1785.-
Durante el término del contrato, no es lícito al arrendador retirar la
cosa arrendada del poder del arrendatario, aunque alegue que la necesita
para uso propio ni a éste devolverla al arrendador antes de concluirse el
tiempo convenido, a no ser pagando el precio de todo el que falte para el
vencimiento del contrato.
1786.-
Los arrendamientos de fincas urbanas o de predios rústicos, no
comprendidos en leyes especiales, en que no se haya establecido término
para la duración del contrato, no darán derecho al inquilino o
arrendatario para oponerse al desalojo, sea cual fuere la razón que el
dueño alegue para exigirlo.
En esta clase de arrendamientos, serán de ningún efecto las
estipulaciones verbales sobre términos.
No se admitirá otra prueba de término establecido, que la que resulte
de documento público o privado.
** El texto del inc. 1o. se adaptó de forma de contemplar las leyes
especiales que se han dictado en la materia.
1787.-
El arrendador de bienes inmuebles no podrá promover el desalojo sin
dar al inquilino o arrendatario el plazo que corresponda.
** El texto del inc. 1o. está adaptado al régimen especial de la Ley
8.153 de 16.12.27, sus modificativas y concordantes; y el resto de la
disposición está derogado en virtud de las modificaciones efectuadas por
dicha legislación especial.
1788.-
Si el arrendamiento verbal o escrito fuese de bienes muebles y no se
hubiese fijado término para la duración del contrato o el tiempo no
estuviese determinado por el servicio especial a que se destina la cosa
arrendada o por la costumbre, el arrendador que quisiere hacer cesar el
contrato debe dar al arrendatario un plazo ajustado al período o medida
del tiempo que regula los pagos. Así, arrendándose a tanto por día,
semana o mes, el plazo será respectivamente de un día, semana o mes.
Dicho plazo se contará desde la intimación judicial.
** La redacción del art. se adaptó a la corrección efectuada en el
art. anterior.
1789.-
No habiendo tiempo fijo para la duración del contrato conforme a lo
dispuesto en los artículos precedentes, el arrendatario puede a su
voluntad hacer cesar el arriendo.
1790.-
Si vencido el término convencional del arrendamiento, el arrendatario
permanece en el uso o goce de la cosa arrendada, no se entenderá que hay
tácita reconducción, sino la continuación del arrendamiento concluido y
bajo las mismas condiciones, hasta que el arrendador pida la devolución
de la cosa; y podrá éste pedirla en cualquier tiempo, sea cual fuere el
que el arrendatario hubiere continuado en el uso de la cosa.
Pero las fianzas como las prendas o hipotecas constituidas por
terceros, no se extenderán a las obligaciones que resulten de la
continuación del arriendo fenecido.
** El inciso 3o. se elimina en virtud de las disposiciones de la Ley
8.153 de 16.12.27, sus modificativas y concordantes.
1791-
El arrendatario no tiene la facultad de ceder el arriendo.
Sin embargo, puede subarrendar para el mismo uso para que arrendó y
dentro del plazo que tiene para sí, cuando no se le hubiere prohibido
expresamente en el contrato.
La prohibición puede ser parcial o total; y esta cláusula se
interpreta siempre estrictamente.
1792.-
Si la cosa arrendada fuere enajenada, voluntaria o forzosamente, la
persona que suceda en el derecho al propietario, estará obligada
personalmente a cumplir el arriendo por el plazo convenido, siempre que
el contrato conste por escritura pública o privada debidamente
registrada.
Exceptúase el caso de haberse reservado expresamente el arrendador en
el contrato de arriendo la facultad de enajenar.
Si el contrato no estuviese inscripto, el adquirente no estará
obligado a respetar el plazo y podrá dar al inquilino el desalojo como en
los casos de arrendamiento sin plazo.
** El texto del último inciso surge del art. 52 inc. 1o. Ley. 10.793
de 25.9.46.
1793.-
En el caso del inciso segundo del artículo anterior, enajenada la cosa
antes de cumplirse el plazo del arriendo, no se deberá indemnización de
daños y perjuicios, a no ser que se hubiere pactado.
Si se hubiere estipulado indemnización, el arrendatario no podrá ser
privado del uso y goce de la cosa sin que se le satisfaga por el
arrendador o por el nuevo dueño los daños y perjuicios. (Artículo 1809).
El arrendatario gozará además del respectivo plazo legal según los
artículos 1787 y 1788; y si el tiempo que resta del estipulado en el
contrato fuese menor, se computará en aquél.
1794.-
Los arrendamientos hechos por el cónyuge administrador extraordinario,
por el tutor o curador de los bienes que tiene a su guarda y por el
usufructuario de los que corresponden al usufructo, se regirán (en cuanto
a su duración) por lo dispuesto en los respectivos Títulos del Código.
(Artículos 406, 511 y 1983).
** Redacción adaptada al texto del art. 1o. de la ley 10.783 de
18.9.46.
1795.-
Los arrendamientos de bienes fiscales, municipales o de
establecimientos públicos están sujetos a reglamentos particulares y en
lo que no lo estuvieren, a las disposiciones de este Título.
SECCION II
DE LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR
1796.-
El arrendador es obligado:
1o. A entregar la cosa arrendada.
2o. A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido
arrendada.
3o. A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce
de la, cosa arrendada.
1797.-
El arrendador debe entregar la cosa al arrendatario con los accesorios
que dependen de ella al tiempo del contrato en buen estado de
reparaciones de toda clase, salvo si se conviniesen en que la entrega se
verifique en el estado en que se halla la cosa.
Este convenio se presume cuando se arriendan edificios arruinados y
cuando se entra en el goce de la cosa sin exigir reparaciones en ella.
1798.-
La obligación de mantener la cosa en buen estado, consiste en hacer
durante el arriendo todas las reparaciones necesarias a excepción de las
locativas, las cuales corresponden generalmente al arrendatario.
El arrendador será obligado aun a las reparaciones locativas, si los
deterioros que las han hecho necesarias provinieren de fuerza mayor o
caso fortuito o de mala calidad de la cosa arrendada.
1799.-
El arrendador, en virtud de la obligación de librar al arrendatario de
toda turbación o embarazo, no podrá sin consentimiento de éste, mudar la
forma de la cosa arrendada ni hacer en ella obras o trabajos algunos que
puedan turbarle o embarazarle en su goce.
Con todo, si se trata de reparaciones indispensables que no puedan
diferirse hasta la conclusión del arriendo, será el arrendatario obligado
a tolerarlas, aunque le priven del goce de una parte de la cosa
arrendada; pero tendrá derecho a que se le rebaje entretanto el precio o
renta a proporción de la parte de que fuere privado.
Si las reparaciones recaen sobre tan grande parte de la cosa que el
resto aparezca insuficiente para el objeto con que se arrendó, podrá el
arrendatario dar por terminado el arrendamiento.
Lo mismo será cuando las reparaciones hayan de embarazar el goce de la
cosa demasiado tiempo, de manera que no pueda subsistir el arriendo sin
grave molestia o perjuicio del arrendatario.
También tendrá el arrendatario los derechos expresados, cuando el
arrendador fuese obligado a sufrir trabajo del propietario vecino en las
paredes divisorias o hacerlas éstas de nuevo.
1800.-
Fuera de los casos previstos en el artículo precedente si el
arrendatario es turbado en su goce por el arrendador o por cualquiera
persona a quien éste pueda vedarlo, tendrá derecho a ser indemnizado de
los daños y perjuicios.
1801.-
El arrendador no está obligado a garantir al arrendatario de las vías
de hecho de terceros, que no pretendan derecho a la cosa arrendada. En
este caso el arrendatario, a nombre propio, perseguirá a los autores del
daño y aunque estos fuesen insolventes, no tendrá acción contra el
arrendador.
1802.-
La acción de terceros que pretendan derecho a la cosa arrendada se
dirigirá contra el arrendador.
El arrendatario será solo obligado a noticiarle la turbación o
molestia que reciba de dichos terceros, por consecuencia de los derechos
que aleguen y si lo omitiere o dilatare culpablemente, abonará los daños
y perjuicios que de ellos se sigan al arrendador.
En cuanto al ejercicio de las acciones posesorias y la que se concede
para el caso de violento despojo, se estará a lo dispuesto en el Capítulo
II, Título V del Libro Segundo.
1803.-
Si el arrendador fuese vencido en juicio sobre una parte de la cosa
arrendada, podrá el arrendatario reclamar una disminución del precio o la
rescisión del contrato, si la parte de que se le priva fuese una parte
principal de la cosa o del objeto del arrendamiento y los daños y
perjuicios que le sobrevinieren.
Sin embargo, el arrendatario no podrá pedir indemnización de daños y
pejuicios, si al hacer el contrato, hubiese conocido el peligro de 1a
evicción.
1804.-
El arrendador responde de los vicios o defectos graves de la cosa
arrendada, que impidieran el uso de ella, aunque él no los hubiese
conocido o hubiesen sobrevenido en el curso del arriendo y el
arrendatario puede pedir la disminución del precio o la rescisión del
contrato, salvo si hubiere conocido los vicios o defectos de la cosa.
Si el vicio o defecto era conocido del arrendador al tiempo del
contrato o era tal que debiera por los antecedentes preverlo o por su
profesión conocerlo, tendrá ademas derecho el arrendatario a que se le
indemnicen los daños y perjuicios.
1805.-
Si durante el contrato la cosa arrendada fuese destruida en su
totalidad por caso fortuito o fuerza mayor, el contrato queda rescindido.
Si ella es destruida sólo en parte, puede el arrendatario pedir la
disminución de precio o la rescisión del contrato, según fuese la
importancia de la parte destruida.
Si la cosa fuese solamente deteriorada, el contrato subsistirá, pero
el arrendador es obligado a reparar el deterioro hasta poner la cosa en
buen estado.
En los casos de este artículo, no ha lugar a la indemnización de daños
y perjuicios.
1806.-
Si por caso fortuito o fuerza mayor, el arrendatario es obligado a no
usar o gozar de la cosa o que esta no pueda servir para el objeto de la
convención, el arrendatario podrá pedir la rescisión del contrato o la
cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de
la cosa.
Pero si el caso fortuito o de fuerza mayor no afecta a la cosa misma,
las obligaciones del arrendario continuarán cono antes.
1807.-
El arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las
reparaciones indispensables, no locativas, que el arrendatario hiciere en
la cosa arrendada, siempre que este no las haya hecho necesarias por su
culpa y que haya dado pronta noticia al arrendador para que las hiciese
por su cuenta. Si la noticia no pudo darse en tiempo o si el arrendador
no trató de hacer oportunamente las reparaciones, se abonará al
arrendatario el costo razonable, probada la necesidad.
1808.-
El arrendador no es obligado a reembolsar el costo de las mejoras
útiles en que no ha consentido con la expresa condición de abonarlas;
pero el arrendatario podrá separar y llevarse los materiales, sin
detrimento de la cosa arrendada, a menos que el arrendador esté dispuesto
a abonarle lo que valdrían los materiales considerándolos separados.
1809.-
En todos los casos en que se deba indemnización al arrendatario, no
podrá este ser expelido o privado de la cosa arrendada sin que
previamente se le pague o asegure el importe por el arrendador.
Esta regla no se extiende al caso de extinción involuntaria del
derecho del arrendador sobre la cosa arrendada.
1810.-
El arrendador es obligado a pagar las cargas y contribuciones sobre la
cosa arrendada.
SECCION III
DE LAS OBLIGACIONES DEL
ARRENDATARIO
1811.-
Las principales obligaciones del arrendatario son:
1o. Usar de la cosa según los términos o espíritu del contrato.
2o. Emplear en la conservación de la cosa al cuidado de un buen padre
de familia.
3o. Pagar el precio o renta.
1812.-
No podrá el arrendatario destinar la cosa a otros objetos que los
convenidos o a falta de convención expresa, a aquellos a que la cosa es
naturalmente destinada o que deben presumirse de las circunstancias del
contrato o de la costumbre del país.
Si el arrendatario contraviniere a esta regla, podrá el arrendador
reclamar la rescisión del contrato con indemnización de daños y
perjuicios o limitarse a esta indemnización dejando subsistir el
arriendo.
1813.-
Si el arrendatario no usare de la cosa como un buen padre de familia,
responderá de los daños y perjuicios y aun tendrá derecho el arrendador
para demandar la rescisión del arrendamiento en el caso de un grave y
culpable descuido.
1814.-
Será un goce abusivo en los predios rústicos arrancar árboles, hacer
cortes de montes, salvo si el arrendatario lo hiciera para sacar la
madera necesaria para los trabajos del cultivo de la tierra o mejora del
predio o a fin de proveerse de leña o carbón para el gasto de la casa.
1815.-
El pago del precio o renta se hará en los plazos convenidos y a falta
de convención, conforme a la costumbre del país.
1816.-
Si se hubiese estipulado plazo y el arrendatario no abonase el
alquiler o renta, previa la intimación correspondiente podrá demandarse
la resolución del contrato con la sanción que establece el inciso 1o. del
artículo 1823, siempre que se adeuden dos períodos de alquiler o renta,
si el pago es por períodos que no excedan de tres meses; pero si la paga
fuese por períodos mayores, bastará que el arrendatario no pague uno solo
para que se pueda pedir la resolución del contrato.
** Texto dado por el art. 11 de la Ley No. 8.153 de 16.12.27.
1817.-
El arrendatario de predio rústico no tendrá derecho para pedir rebaja
del precio o renta, alegando casos fortuitos extraordinarios que han
deteriorado o destruido la cosecha.
Exceptúase el colono aparcero, pues en virtud de la especie de
sociedad que media entre el arrendador y él, toca al primero una parte
proporcional de la pérdida que por caso fortuito sobrevenga al segundo,
antes o despés de percibirse los frutos, salvo que el accidente acaezca
durante la mora del colono aparcero en contribuir con su cuota de frutos
al arrendador.
1818.-
El arrendatario es obligado a las reparaciones locativas.
Se entiende por reparaciones locativas las que según la costumbre del
lugar son de cargo del arrendatario y en general, las de aquellas
especies de deterioro que ordinariamente se producen por culpa del
arrendatario o de sus dependientes.
1819.-
Las reparaciones locativas a que es obligado el arrendatario o
inquilino de una casa, se reducen a mantener el edificio en el estado en
que lo recibió; pero no es responsable de los deterioros que provengan
del tiempo y uso legítimo o de fuerza mayor o caso fortuito o de la mala
calidad del edificio, por su vetustez, por la naturaleza del suelo o por
defectos de construcción.
1820.-
El inquilino será obligado especialmente:
1o. A conservar la integridad interior de las paredes, azoteas,
pavimentos y cañerías, reponiendo las paredes, revoques, baldosas o
ladrillos que durante el arrendamiento se destruyan o se desencajen.
2o. A reponer los cristales quebrados en las ventanas, puertas y
tabiques.
3o. A mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y
cerraduras.
4o. A conservar las paredes, pavimentos y demás partes interiores del
edificio medianamente aseados.
La negligencia grave bajo cualquiera de estos respectos, dará derecho
al arrendador para pedir indemnización de daños y perjuicios y aún para
demandar la rescisión del contrato.
1821.-
El subarrendatario tiene respecto del arrendatario las mismas
obligaciones que este hacia el arrendador originario.
No está obligado respecto del arrendador originario sino hasta la suma
concurrente del precio que adeuda del subarrendamiento al tiempo del
embargo o de la intimación judicial que se le haga a nombre del
arrendador originario.
1822.-
El arrendatario es responsable no solo de su propia culpa, sino de la
de su familia, dependientes, huéspedes o subarrendatarios.
1823.-
Cuando por culpa del arrendatario se rescinde el arrendamiento, estará
obligado a la indemnización de daños y perjuicios y especialmente al pago
del precio o renta por el tiempo que falte para vencerse el término del
contrato.
Sin embargo, podrá eximirse de este pago, proponiendo bajo su
responsabilidad persona idónea que le sustituya por el tiempo que falta y
prestando al efecto fianza u otra seguridad competente.
1824.-
No siendo notorio el accidente de fuerza mayor o caso fortuito que
motivó la pérdida o deterioro de la cosa arrendada, la prueba de haber
ocurrido ese accidente incumbe al arrendatario. En defecto de prueba
responderá de la pérdida o deterioro.
Si fuere notorio el accidente de fuerza mayor o caso fortuito o lo
probase el arrendatario, la prueba de que hubo culpa por parte de este,
su familia, dependientes, huéspedes o subarrendatarios corresponderá al
arrendador.
1825.-
Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable al caso de
incendiarse la cosa arrendada. El incendio será reputado caso fortuito
hasta que el arrendador o el que fuere perjudicado, pruebe haber habido
culpa por parte de las personas designadas en el citado artículo.
1826.-
En el arrendamiento de fincas urbanas o rústicas corresponderá al
arrendador aunque el contrato esté afianzado, acción ejecutiva para el
cobro de los alquileres o rentas, requiriendo mandamiento de embargo
sobre los bienes embargables del deudor.
** Se elimina la última parte del art. en virtud del art. 21 Ley 8.153
de 16.12.27
1827.-
Finalizado el contrato, debe el arrendatario devolver la cosa en el
mismo estado en que se le entregó, tomándose en consideración el
deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos.
Si en el contrato no se ha especificado el estado en que se encontraba
al tiempo de la entrega, se presume que el arrendatario la ha recibido en
buen estado de conservación y debe así devolverla, salvo la prueba en
contrario.
En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidos durante su goce, deberá
probar que no sobrevinieron por su culpa ni por culpa de las personas por
quienes responde, salvo lo dispuesto en los artículos 1824 y 1825.
1828.-
Si el arrendamiento hubiere sido de un predio rústico con animales de
trabajo o de cría y no se previno en el contrato el modo de restituirlos,
pertenecerán al arrendatario todas las utilidades de dichos animales y
los animales mismos, con la obligación de dejar en el predio, al fin del
arriendo, igual número de cabezas de las mismas edades y calidades.
1829.-
La restitución de la cosa raíz se verificará desocupándola
enteramente, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las
llaves.
1830.-
El arrendatario de bienes muebles será condenado al resarcimiento de
daños y perjuicios y a lo demás que contra él competa como injusto
detentador, si, finalizado el término del arriendo, no restituye la cosa,
siendo requerido por el arrendador.
Todo arrendatario constituido en mora será responsable de cualquier
daño que sufra la cosa, aunque provenga de fuerza mayor o caso fortuito.
** Redacción adaptada al artículo 1787.
CAPITULO II
DEL ARRENDAMIENTO DE OBRAS
1831.-
Habrá arrendamiento de obras cuando una de las partes se hubiere
obligado a prestar un servicio y la otra a pagarle por ese servicio un
precio en dinero.
1832.-
Si una de las partes se hubiere obligado a prestar un servicio sin
retribución o por una retribución que no sea un precio en dinero o se
hubiere obligado a abstenerse de un hecho, estos contratos serán
innominados; pero se regirán por las disposiciones de este capítulo en
todo lo que fuere aplicable.
1833.-
Toda especie de servicio o trabajo material o inmaterial, mecánico o
liberal puede ser objeto de este contrato.
Aunque la retribución del servicio o trabajo tenga el nombre de
honorarios o derechos, el contrato será arrendamiento de obras y no
mandato, si no colocare a quien presta el servicio, respecto de tercero,
como representante o mandatario de la persona a quien se hace el
servicio.
En la disposición de este artículo están comprendidos los servicios
profesionales de los abogados y aun de los procuradores, cuando
funcionaren sin poder de las partes.
1834.-
El que hiciere algún trabajo o prestare algún servicio a otro puede
demandar el precio, aunque ningún precio o retribución se hubiese
ajustado, siempre que el tal servicio o trabajo fuese de su profesión o
modo de vivir honesto. En este caso se presumirá que los interesados
ajustaron el precio de costumbre para ser determinado judicialmente, si
hubiere duda.
Si el servicio o trabajo, aunque honesto, no fuere relativo a la
profesión o modo de vivir del que lo hizo, solo tendrá lugar lo dispuesto
en el inciso anterior cuando, por las circunstancias, no se presumiere la
intención de beneficiar a la persona a quien el servicio se hacía. Esta
intención se presume si el servicio no fue solicitado o si el que lo
prestó habitaba en casa de la otra parte.
En los casos de este artículo, si ha habido ajuste sobre el precio o
retribución, lo pactado se cumplirá, siendo entre personas capaces y no
probándose que intervino fuerza, error, dolo o fraude.
1835.-
El que hubiese criado alguna persona no puede ser obligado a pagarle
sueldos por servicios prestados, hasta la edad de quince años cumplidos.
Tampoco serán obligados a pagar sueldos los tutores que conservaren en
su compañía a los menores de quince años, por no poder darles acomodo.
1836.-
Nadie puede obligar sus servicios personales, sino temporalmente o
para obra determinada.
1837.-
Los criados domésticos podrán ser despedidos y despedirse ellos mismos
en todo tiempo sin expresión de causa
Se observará, además, con respecto a patrones y sirvientes lo que
determinen las disposiciones especiales.
** La redacción de la última parte del art. está adaptada a lo
dispuesto por la normativa laboral.
1838.-
Están igualmente sujetos a disposiciones especiales, las relaciones
entre artesanos y aprendices y las de maestros y discípulos.
1839.-
Los menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados por cierto
término no pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del
contrato sin justa causa.
El contraventor responderá de los daños y perjuicios.
1840.-
Si se da a uno el encargo de hacer una obra, puede convenirse que
pondrá solo su industria o que suministrará también los materiales.
1841.-
Si el obrero solo pone su trabajo o industria, pereciendo la cosa, no
responde sino de los efectos de su impericia.
Sin embargo, no puede reclamar ningún estipendio, si perece la cosa
antes de haber sido entregada, a no ser que haya habido morosidad para
recibirla o que la destrucción haya provenido de la mala calidad de los
materiales, con tal que haya advertido oportunamente esta circunstancia
al dueño.
1842.-
Si el obrero pone también los materiales, son de su cuenta las
pérdidas y deterioros de cualquier manera que acaezcan, a no ser que el
que mandó hacer la obra incurriere en mora de recibirla.
1843.-
El obrero que, por impericia o ignorancia de su arte, inutiliza o
deteriora alguna obra para la que hubiere recibido los materiales, está
obligado a pagar el valor de estos, guardando para sí la cosa inutilizada
o deteriorada.
1844.-
El arquitecto y el empresario de un edificio son responsables por
espacio de diez años, si aquel se arruina en todo o en parte por vicio de
la construcción o por vicio del suelo o por la mala calidad de los
materiales, haya suministrado estos o no el propietario y a pesar de
cualquiera cláusula en contrario.
El término en que la acción puede nacer es de dichos diez años
contados desde la entrega; pero una vez nacida la acción por haberse
manifestado el vicio, dura el tiempo ordinario de las acciones
personales.
La disposición del primer inciso se entiende salvo la prueba en
contrario que haga el arquitecto o empresario. (Artículo 1327).
1845.-
Cuando un empresario se ha encargado por un tanto de la ejecución de
una obra conforme a un plan acordado, no puede reclamar aumento alguno de
precio, ni bajo pretexto de la mano de obra o de los materiales ni de
modificaciones hechas en el plan, a no ser que haya sido autorizado para
estas por escrito y por un precio convenido con el propietario.
1846.-
Si la obra encomendada se hubiere ajustado por número o medida, sin
determinar la cantidad cierta de número o medida, tanto el que mandó
hacer la obra como el empresario, pueden dar por concluido el contrato,
pagándose el importe de la obra verificada.
1847.-
El que encarga una obra para la que el obrero debe poner los
materiales, puede a su arbitrio rescindir el contrato, aunque la obra ya
esté empezada a ejecutar, indemnizando al obrero de todos los gastos y
trabajos y de todo lo que hubiera podido ganar en la misma obra.
1848.-
Concluida la obra conforme a la estipulación o en su defecto con
arreglo al uso general, el que la encargó está obligado a recibirla; pero
si creyere que no está con la solidez y lucimiento estipulados o de uso,
tiene derecho a que sea examinada por peritos nombrados por ambas partes.
Si resultare no haberse verificado la obra en la forma debida, tiene
el obrero que ejecutarla de nuevo o devolver el precio que menos valiese,
con indemnización de los perjuicios.
1849.-
Cuando se ha encargado cierta obra a una persona por razón de sus
cualidades personales, el contrato se rescinde por la muerte de esta
persona, pero nunca por la muerte del que encargó la obra.
Sin embargo, este debe abonar a los herederos a proporción del precio
convenido el valor de la parte de la obra ejecutada y de los materiales
preparados, siempre que de estos materiales reporte algún beneficio.
Lo mismo será, si el que contrató la obra la obra no puede acabarla
por alguna causa independiente de su voluntad.
1850.-
El empresario de una obra responde de las faltas y omisiones de las
personas que sirven bajo sus órdenes, salva su acción contra esas
personas.
1851.-
Los albañiles, carpinteros y demás obreros que han sido empleados por
un empresario para la construcción de obra estipulada por un tanto, no
tienen acción contra el propietario para quien se ejecuta la obra sino
hasta la suma concurrente de lo que este adeuda al empresario en el
momento en que le hagan saber judicialmente la acción deducida.
1852.-
Los carpinteros, herreros y demás obreros que hacen directamente obras
por un tanto, en lo relativo a su especialidad, están sujetos a las
reglas arriba prescriptas y son empresarios en la parte sobre que
contratan.
1853.-
El precio de la obra debe pagarse al hacerse la entrega, salvo pacto
en contrario.
No pagándose el precio en el tiempo estipulado, correrán los intereses
legales desde la interpelación judicial.
1854.-
El que ha ejecutado una obra sobre cosa mueble, tiene el derecho de
retenerla hasta que se le pague.
1855.-
El servicio de los empresarios o agentes de transportes, tanto por
tierra como por agua, así de personas como de cosas, se regirá por las
disposiciones de la ley comercial.
TITULO V
DEL CENSO
CAPITULO I
DE LA NATURALEZA Y FORMA DEL CENSO
1856.-
Se constituye un censo cuando una persona contrae la obligación de
pagar a otra un rédito anual, reconociendo el capital correspondiente que
el acreedor no podrá exigir fuera de los casos determinados por la ley y
gravando una finca suya con la responsabilidad del rédito y del capital.
Este rédito se llama también censo o cánon; la persona que lo debe se
dice censuario y su acreedor censualista.
1857.-
El censo puede constituirse por testamento, por donación, venta o de
cualquier otro modo equivalente a estos.
1858.-
No podrá constituirse censo sino sobre predios urbanos o rústicos y
con inclusión del suelo.
1859.-
El capital deberá siempre consistir o estimarse en dinero. Sin este
requisito, no habrá constitución de censo.
1860.-
La constitución de un censo deberá siempre constar por escritura
pública inscrita en el Registro correspondiente y sin este requisito no
valdrá como constitución de censo, pero el obligado a pagar la pensión lo
estará en los términos del testamento o contrato y la obligación será
personal.
1861.-
No podrá estipularse que el censo se pague en cierta cantidad de
frutos. La infracción de esta regla viciará de nulidad la constitución
del censo.
1862.-
Todo censo, aun estipulado con la calidad de perpetuo, es redimible.
Sin embargo, las partes pueden convenir en que la redención no se
verifique antes de un plazo que no podrá exceder de diez años o sin
haberse advertido al censualista con la antelación que se determine.
La cláusula de no poder el censuario redimir en un plazo que exceda de
diez años, será reducida a ese plazo, subsistiendo en lo demás la
constitución del censo.
1863.-
No vale, en la constitución del censo, el pacto de no enajenar la
finca acensuada ni otro alguno que imponga al censuario más cargas que
las expresadas en este título.
1864.-
El acreedor censualista, al tiempo de entregar el recibo de cualquier
pensión o cánon, puede obligar al deudor a que le dé un resguardo en que
conste haberse hecho el pago.
1865.-
El censo se prescribe por treinta años, contados en conformidad a lo
que se dispone en el artículo 1219.
Transcurrido ese tiempo, no se podrá demandar las pensiones devengadas
ni el capital del censo.
CAPITULO II
DE LOS EFECTOS DEL CENSO
1866.-
La obligación de pagar el censo sigue siempre al dominio de la finca
acensuada, aun respecto de los cánones devengados antes de la adquisición
de la finca; salvo siempre el derecho del censualista para dirigirse
contra el censuario constituido en mora, aún cuando deje de poseer la
finca y salva además la acción de saneamiento del nuevo poseedor de la
finca contra quien haya lugar.
1867.-
El censuario no es obligado al pago del capital ni de los cánones
devengados antes de la adquisición de la finca acensuada, sino con esta
misma finca; pero al pago de los cánones vencidos durante el tiempo que
ha estado en posesión de la finca, es obligado con todos sus bienes.
1868.-
Lo dispuesto en los artículos precedentes tendrá lugar aun cuando la
finca hubiere perdido mucha parte de su valor o se hubiere hecho
totalmente infructífera.
Pero el censuario se descargará de toda obligación, poniendo la finca,
en el estado en que se hallare, a disposición del censualista y pagando
los cánones vencidos según la regla del artículo precedente.
Con todo, si por dolo o culpa grave del censuario pereciere o se
hiciere infructífera la finca, será responsable de los daños y
perjuicios.
1869.-
Siempre que la finca acensuada se divida por sucesión hereditaria, se
entenderá dividido el censo en partes proporcionales a los valores de las
hijuelas o nuevas fincas resultantes de la división.
Para la determinación de los valores de estas, se tasarán y será
aprobada la tasación por el Juez con audiencia del censualista.
El Juez mandará inscribir en el competente Registro, a costa de cada
censuario, la providencia que fija la porción de capital con que haya de
quedarse gravada la respectiva hijuela.
Quedarán así constituidos tantos censos distintos e independientes y
separadamente redimibles, cuantas fuesen las hijuelas gravadas.
A falta de la inscripción antedicha, subsistirá el censo primitivo y
cada hijuela quedará gravada con la responsabilidad de todo el censo.
Si de la división hubiese de resultar que toque a una hijuela menos de
500 Unidades Reajustables del primitivo capital, no podrá dividirse el
censo y cada hijuela será responsable de todo él.
1870.-
El capital impuesto sobre una finca podrá en todo caso reducirse a una
parte determinada de ella o trasladarse a otra finca, con las
formalidades y bajo las condiciones prescriptas en el artículo
precedente.
Será justo motivo para no aceptar esta traslación o reducción la
insuficiencia de la nueva finca o hijuela para soportar el gravamen y se
tendrá por insuficiente la finca o hijuela, cuando el total de los
gravámenes que haya de soportar exceda de la mitad de su valor.
Se contarán en el gravamen los censos o hipotecas con que estuviere ya
gravada la finca.
La traslación o reducción se hará con las formalidades indicadas
arriba y a falta de ellas quedará subsistente el primitivo censo.
1871.-
La redención del censo se verificará pagando al censualista o
consignando en forma el capital y cánones atrasados, si los hubiere.
La declaración de estar redimido el censo se inscribirá en el
competente registro.
1872.-
No habiendo pacto en contrario, la redención no puede hacerse por
partes.
1873.-
El censualista no puede exigir el capital del censo u obligar al
censuario a que lo redima, sino en caso de quiebra o insolvencia de este
o cuando hubiere dejado pasar tres períodos seguidos sin pagar el cánon y
requerido judicialmente no pagase dentro de diez días contados desde el
requerimiento.
1874.-
El censo perece por la destrucción completa de la finca acensuada,
entendiéndose por destrucción completa la que hace desaparecer totalmente
el suelo.
Reapareciendo el suelo, aunque solo en parte, revivirá todo el censo,
pero nada se deberá por pensiones del tiempo intermedio.
TITULO VI
DE LAS COMPAÑIAS O SOCIEDADES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1875.-
La compañía o sociedad es un contrato en que dos o más personas
estipulan poner algo en común con la mira de repartirse entre sí los
beneficios que de ello provengan. (artículo 1922).
1876.-
La simple comunidad de bienes o de intereses, aun resultantes de un
hecho voluntario de las partes, no constituye una sociedad.
1877.-
Es de esencia de toda sociedad que cada socio ponga en ella alguna
parte de capital, ya consista en dinero, créditos o efectos, ya en una
industria, servicio o trabajo apreciable en dinero.
1878.-
Es nula la convención por la cual se estipulare que la totalidad de
las ganancias haya de pertenecer a uno solo de los asociados; así como la
que estableciere que alguno de los socios no haya de tener parte en los
beneficios.
No se entiende por beneficio el puramente moral, no apreciable en
dinero.
1879.-
Es igualmente nula la estipulación por la que quedasen exonerados de
toda contribución en las pérdidas las sumas o efectos aportados al fondo
social por uno o más de los socios. (Artículo 1892, número 3o.).
1880.-
Se prohíbe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes o
futuros o de unos y otros.
Se prohíbe asimismo toda sociedad de ganancias a título universal,
excepto lo que se dispone acerca de los esposos en el título respectivo.
Puede con todo ponerse en sociedad cuantos bienes se quiera,
especificándolos.
1881.-
Si se formare de hecho una sociedad que no pueda existir legalmente ni
como sociedad ni como donación ni como contrato alguno, cada socio tendrá
la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de
sacar sus aportes.
Esta disposición no se aplicará a las sociedades que son nulas por lo
ilícito de la causa u objeto, las cuales se regirán por la ley penal.
1882.-
La nulidad del contrato de sociedad no perjudica a las acciones que
corresponden a terceros de buena fe contra todos y cada uno de los
asociados por las operaciones de la sociedad, si existiere de hecho.
1883.-
La existencia del contrato de sociedad, se probará con arreglo a lo
dispuesto en el Capítulo II, Título IV, Parte Primera de este Libro.
1884.-
El valor del contrato será el de todo el fondo social para la tasa de
la ley.
1885.-
Las reglas de este Título no son aplicables a las compañías o
sociedades de comercio, sino en los puntos que en nada se opongan a las
disposiciones de la legislación comercial.
1886.-
Podrá estipularse que la sociedad que se contrae, aunque civil por su
naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercial.
CAPITULO II
DE LAS PRINCIPALES CLAUSULAS DEL
CONTRATO DE SOCIEDAD
1887.-
No expresándose plazo o condición para que tenga principio la
sociedad, se entenderá contraida desde el momento mismo de la celebración
del contrato.
Si no se expresare plazo o condición para que tenga fin, se entenderá
contraida por toda la vida de los asociados, salvo el derecho de
renuncia.
Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración limitada,
se entenderá contraida por todo el tiempo que durase el negocio.
1888.-
A falta de estipulación expresa, las ganancias y pérdidas se dividen
entre los socios a prorrata de sus respectivos capitales.
Si habiéndose expresado la parte de ganancias, no se hizo mención de
las pérdidas, se dividirán éstas como se habrían dividido aquellas y al
contrario. No habiéndose determinado en el contrato de sociedad la parte
que en las ganancias deberá llevar el socio mere industrial, sacará éste
una parte igual a la del socio que introdujo menos capital.
Si hubiere un solo socio de capital y otro u otros de industria, las
ganancias, a falta de pacto especial, se dividirán por partes iguales.
En cuanto a las pérdidas, no se incluirá en el repartimiento de ellas
al industrial, a menos que por pacto expreso se hubiere éste contituido
partícipe.
1889.-
Si los socios se han convenido en confiar a un tercero la designación
de la parte de cada uno en las gnancias y pérdidas, solamente podrá ser
impugnada la designación hecha por él, cuando evidentemente haya faltado
a la equidad; y ni aún con este motivo podrá reclamar el socio que haya
principiado a ejecutar la decisión del tercero o que no la haya impugnado
en el término de tres meses contados desde que le fue conocida.
A ninguno de los socios puede cometerse esta designación.
Si el tercero a quien se ha cometido fallece antes de cumplir su
encargo o por otra causa cualquiera no lo cumple y la sociedad hubiere
marchado sin designación, se aplicará el artículo anterior.
1890.-
La distribución de beneficios y pérdidas no podrá hacerse en
consideración a la gestión de cada socio ni respecto de cada negocio en
particular.
Los negocios en que la sociedad sufre pérdida deberán compensarse con
aquellos en que reporta ganancias y las cuotas estipuladas recaerán sobre
el resultado definitivo de las operaciones sociales.
1891.-
La mayoría de los socios, si no hay estipulación en contrario, no
tiene facultad de variar ni modificar las convenciones sociales ni puede
entrar en operaciones diversas de las determinadas en el contrato, sin el
consentimiento unánime de todos los socios.
En los demás casos, todos los negocios sociales serán decididos por el
voto de la mayoría.
Los votos se computan en proporción de los capitales, contándose el
menor capital por un voto y fijándose el número de votos de cada uno por
la multiplicación del capital menor. El socio industrial tendrá un voto.
1892.-
Se prohiben las estipulaciones siguientes:
1º Que ninguno de los socios pueda renunciar a la sociedad, aunque
haya justa causa.
2º Que cualquiera de los socios pueda retirar lo que tuviere en la
sociedad, cuando quisiera.
3º Que al socio o socios capitalistas se les ha de restituir sus
partes con un premio designado o con sus frutos o con una cantidad
adicional, haya o no ganancias.
4º Asegurar al socio capitalista su capital o las ganancias
eventuales.
5º Estipular en favor del socio industrial una retribución fija por su
trabajo, haya o no ganancias.
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
1893.-
La administración de la sociedad puede confiarse a uno o más de los
socios, sea por el contrato de sociedad, sea por acto posterior
unánimemente acordado.
En el primer caso, las facultades administrativas del socios o socios
hacen parte de las condiciones esenciales de la sociedad, a menos de
expresarse otra cosa por el contrato.
1894.-
El socio constituido administrador por el contrato social, no puede
renunciar su cargo, sino por causa prevista en el acto constitutivo o
unánimemente aceptada.
Tampoco podrá ser removido de su cargo, sino en los casos previstos o
por causa grave y se tendrá por tal la que lo haga indigno de la
confianza o incapaz de administrar útilmente. Cualquiera de los socios
podrá exigir la remoción, justificando la causa.
Faltando alguna de las causas antedichas, la renuncia o remoción pone
fin a la sociedad.
1895.-
En el caso de justa renuncia o justa remoción del socio administrador
designado en el acto constitutivo, podrá continuar la sociedad, siempre
que todos los socios convengan en ello y en la designación de un nuevo
administrador o en que la administración pertenezca en común a todos los
socios.
Habiendo vario socios administradores designados en el acto
constitutivo, podrá también continuar la sociedad, acordándose
unánimemente que ejerzan la administración los que restan.
1896.-
Si la administración se confiere por acto posterior al contrato, puede
renunciarse y revocarse por mayoría de los socios, según las reglas del
mandato ordinario.
1897.-
El socio encargado de la administración por cláusula especial del
contrato, puede a pesar de la oposición de sus compañeros, ejercer todos
los actos que dependan de su administración, con tal que sea sin fraude.
(Artículo 1920).
1898.-
Cuando se encarga a varios socios de la administración, sin que se
determinen sus funciones y sin que se exprese que no podrá el uno obrar
sin el otro, puede cada uno ejercer todos los actos de la administración.
Si se ha estipulado que nada pueda hacer el uno sin el otro, ninguno
puede sin nueva convención, obrar en ausencia del compañero, aun en el
caso de que éste se hallara en la imposibilidad personal de concurrir a
los actos de la administración.
1899.-
El socio o socios administradores deben ceñirse a los términos de su
mandato y en lo que éste callare se entenderá que no les está permitido
contraer a nombre de la sociedad otras obligacioens ni hacer otras
adquisiciones o enajenaciones que las comprendidas en el giro ordinario
de ella.
1900.-
Corresponde al socio administrador cuidar de la reparación y mejora de
los objetos que constituyen el capital fijo de la sociedad; pero no podrá
empeñarlos ni hipotecarlos ni alterar su forma, aunque las alteraciones
le parezcan convenientes.
Con todo, si las reparaciones hubieren sido tan urgentes, que no le
hayan dado tiempo para consultar a los asociados, se le considerará en
cuanto a ellas como agente oficioso de la sociedad.
1901.-
En todo lo que obre dentro de los límites legales o con poder especial
de sus compañeros, obligará a la sociedad; obrando de otra manera, él
sólo será responsable.
1902.-
El socio administrador es obligado a dar cuenta de su gestión en los
períodos designados al efecto por el acto que le ha conferido la
administración y a falta de esta designación, anualmente.
1903.-
La prohibición legal o convencional de la injerencia de los socios en
la administración de la sociedad, no priva que cualquiera de ellos
examine el estado de los negocios sociales y exija a ese fin la
presentación de los libros, documentos y papeles y haga las reclamaciones
que juzgue convenientes.
1904.-
Si no se ha confiado la administración a ninguno de los socios, se
entiende que cada uno de ellos ha recibido de los otros el poder de
administrar con las facultades expresadas en los artículos precedentes y
sin perjuicio de las reglas que siguen:
1º Cualquier socio tendrá el derecho de oponerse a los actos
administrativos de los otros, mientras esté pendiente su ejecución o no
haya producido efectos legales.
2º Cada socio podrá servirse para su uso personal de las cosas
pertenecientes al haber social, con tal que las emplee según su destino
ordinario y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros.
3º Cada socio tendrá el derecho de obligar a los otros a que hagan con
él las expensas necesarias para la conservación de las cosas sociales.
4º Ninguno de los socios podrá hacer innovaciones en los inmuebles que
dependan de la sociedad, sin el consentimiento de los otros.
CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS
ENTRE SI Y CON RESPECTO A TERCEROS
SECCION I
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS
ENTRE SI
1905.-
Cada socio es deudor a la sociedad de lo que ha prometido aportar a
ella.
En cuanto a las cosas ciertas y determinadas que haya aportado a la
sociedad, es también obligado, en caso de evicción, al pleno saneamiento
de los daños y perjuicios.
1906.-
El socio que se ha obligado a aportar una suma de dinero y no lo ha
cumplido, responde de los intereses, desde el día en que debió hacerlo,
sin necesidad de interpelación judicial.
Esta disposición se aplica al socio que haya tomado dinero de la caja
para uso propio.
En cualquiera de estos casos será además responsable de los daños y
perjuicios ocasionados a la sociedad.
1907.-
No consistiendo en dinero el aporte ofrecido, el socio que aun por
culpa leve retarde la entrega, resarcirá a la sociedad los daños y
perjuicios que le haya ocasionado el retardo.
Comprende esta disposición al socio que retarda el cumplimiento del
servicio industrial que ha ofrecido aportar.
1908.-
Si se aporta la propiedad, el peligro de la cosa pertenece a la
sociedad según las reglas generales y la sociedad quedará exenta de
restituirla en especie.
Si sólo se aporta el uso o goce, la pérdida o deterioro de la cosa no
imputable a culpa de la sociedad, pertenece al socio que hizo el aporte.
Si éste consiste en cosas fungibles, en cosas que se deterioran por el
uso, en cosas tasadas o cuyo precio se ha fijado de común acuerdo, en
materiales de fábrica o artículos de venta pertenecientes al negocio o
giro de la sociedad, corresponderá la propiedad a ésta con la obligación
de restituir al socio su valor.
Este valor será el que tuvieren las mismas cosas al tiempo del aporte;
pero de las cosas que se hayan aportado apreciadas, se deberá la
apreciación.
1909.-
Si el aporte consistiere en créditos, la sociedad después de la
tradición se considera cesionaria de ellos, bastando que la cesión conste
del contrato social.
El aporte será el valor nominal de los créditos y los premios vencidos
hasta el día de la cesión, si no hubiese convención expresa de que la
cobranza fuere por cuenta del socio cedente.
Habiendo esta estipulación, el aporte será de lo que la sociedad
cobrare efectivamente del capital y premios.
1910.-
A ningún socio podrá exigirse aporte más considerable que aquel a que
se haya obligado.
Con todo, si por un cambio de circunstancias no pudiere obtenerse el
objeto de la sociedad, sin aumentar los aportes, el socio que no
consienta en ello podrá retirarse y deberá hacerlo, exigiéndolo sus
compañeros.
1911.-
Ningún socio, aun ejerciendo las más amplias facultades
administrativas, puede incorporar a un tercero en la sociedad sin el
consentimiento unánime de sus consocios; pero puede sin este
consentimiento asociarle a sí mismo y se formará entonces entre él y el
tercero una sociedad particular, que sólo será relativa a la parte del
socio antiguo en la primera sociedad.
1912.-
Todo socio debe responder a la sociedad de los daños y perjuicios que
por su culpa le haya causado; y no puede compensarlos con los beneficios
que por su industria le haya proporcionado en otros negocios.
1913.-
El socio industrial debe a la sociedad las ganancias que durante ella
haya obtenido en el ramo de industria que sirve de objeto a la compañía.
1914.-
Cuando un socio autorizado para administrar cobra una cantidad que le
era debida particularmente de una persona que debe a la sociedad otra
cantidad también exigible, debe imputarse lo cobrado a los dos créditos,
a proporción de su importe, aunque hubiese dado el recibo por cuenta de
su crédito particular.
Si el socio hubiere dado el recibo por cuenta del crédito de la
sociedad, todo se imputará a ésta.
Las reglas precedentes se entenderán sin perjuicio del derecho que
tiene el deudor para hacer la imputación al crédito más gravoso.
1915.-
Si uno de los socios hubiere cobrado su cuota en un crédito social y
sus consocios no pudiesen después obtener sus respectivas cuotas del
mismo crédito, por insolvencia del deudor u otro motivo, deberá el
primero comunicar con los segundos los que haya recibido, aunque no
exceda a la cuota y aunque en la carta de pago lo haya imputado a ella.
1916.-
Cada socio tendrá derecho a que los demás le indemnicen a prorrata de
su interés social, las sumas que hubiere adelantado con consentimiento de
la sociedad por obligaciones que para los negocios sociales hubiere
contraído legítimamente y de buena fe; y los perjuicios que los peligros
inseparables de su gestión le hayan ocasionado.
En el caso de este artículo la parte del socio insolvente se reparte a
prorrata entre todos.
1917.-
Los socios tienen entre sí el beneficio de competencia por sus deudas
a la sociedad. (Artículo 1495).
SECCION II
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS
RESPECTO DE TERCEROS
1918.-
Los socios, en cuanto a sus obligaciones respecto de terceros, deberán
considerarse como si entre ellos no existiese sociedad.
1919.-
No se entenderá que el socio contrata a nombre de la sociedad, sino
cuando lo expresa en el contrato o las circunstancias lo manifiestan de
un modo inequívoco. En caso de duda, se entenderá que contrató a su
nombre particular.
1920.-
Si el socio contrata a nombre de la sociedad, pero sin poder
suficiente, no la obliga a terceros sino en subsidio y hasta concurrencia
del beneficio que ella hubiere reportado del negocio.
Si contr ata a su nombre propio, no la obliga respecto de tercero ni
aún en razón de este beneficio y el acreedor sólo podrá intentar contra
la sociedad las acciones que contra ella correspondan al socio deudor.
Las disposiciones de este artículo y del anterior, comprenden aun al
socio exclusivamente encargado de la administración.
1921.-
Siendo obligada la sociedad respecto de terceros, responderán los
socios por partes iguales, aunque su interés en aquéllas sea desigual;
pero serán responsables entre sí en proporción a su interés social.
No se entenderá que los socios son obligados solidariamente, sino
cuando así se exprese en el título de la obligación y ésta se haya
contraído por todos los socios o con poder especial de éstos.
1922.-
Los acreedores de un socio no tienen acción sobre los bienes sociales,
sino en razón de hipoteca constituida por el socio que aportó el inmueble
hipotecado.
Podrán, sin embargo, pedir que se embarguen a su favor las
asignaciones que se hagan a su deudor por cuenta de los beneficios
sociales o de sus aportes.
También podrán intentar contra la sociedad las acciones indirectas y
subsidiarias que se les conceden por el artículo 1920.
CAPITULO V
DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
1923.-
La sociedad se disuelve por la terminación del plazo o por el evento
de la condición que se haya prefijado para que tenga fin.
Podrá sin embargo prorrogarse por unánime consentimiento de los
socios.
La prórroga sólo puede probarse por los medios que se prueba el
contrato de sociedad.
Los codeudores de la sociedad no serán responsables de los actos que
inicie durante la prórroga si no hubieren accedido a ella.
1924.-
La sociedad se disuelve por la consumación del negocio para que fue
contraída.
Pero si se ha prefijado un día cierto para que termine la sociedad y
llegado ese día antes de finalizarse no se prorroga, si disuelve la
sociedad.
1925.-
La sociedad se disuelve asimismo por su insolvencia y por la extinción
completa de la cosa o cosas que forman su objeto.
Si la extinción es parcial, continuará la sociedad, salvo el derecho
de los socios para exigir su disolución, si en la parte que resta no
pudiese continuar útilmente y sin perjuicio de lo prevenido en el
artículo siguiente.
1926.-
Si cualquiera de los socios por su hecho o culpa deja de poner en
común las cosas o la industria a que se ha obligado en el contrato, los
otros tendrán derecho para dar la sociedad por disuelta.
1927.-
Si un socio ha aportado la propiedad de una cosa, subsiste la sociedad
aunque esta cosa perezca, a menos que sin ella no pueda continuar
útilmente.
Si sólo se ha aportado el uso o goce, la pérdida de la cosa disuelve
la sociedad, a menos que el socio que la hubiere aportado la reponga a
satisfacción de sus consocios o que éstos determinen continuar la
sociedad sin ella.
1928.-
Disuélvese asimismo la sociedad, por la muerte de cualquiera de los
socios; menos cuando por ley o pacto especial haya de continuar entre los
socios sobrevivientes con los herederos del difunto o sin ellos.
Sin embargo, en todo caso se entenderá continuar la sociedad, mientras
los socios administradores no reciban noticia de la muerte; y aun
recibida por éstos la noticia, las operaciones iniciadas por el difunto
que no supongan una aptitud peculiar a éste, deberán llevarse a cabo.
1929.-
La estipulación de continuar la sociedad con los herederos del difunto
se subentiende en las que se forman para el arrendamiento de un inmueble
o para el laboreo de minas.
1930.-
Si la sociedad sólo hubiere de continuar entre los sobrevivientes, los
herederos del difunto no podrán reclamar sino lo que tocare a su autor,
según el estado de los negocios sociales al tiempo de saberse la muerte;
y no participarán de los emolumentos y pérdidas posteriores, sino en
cuanto fueren consecuencia de las operacioens que, al tiempo de saberse
la muerte, estaban ya iniciadas.
1931.-
También expira la sociedad por la incapacidad sobreviniente o la
insolvencia de uno de los socios.
Sin embargo, podrá continuar la sociedad con el incapaz o el fallido y
en tal caso el representante legal o los acreedores ejercerán sus
derechos en las operaciones sociales.
1932.-
La sociedad podrá expirar en cualquier tiempo por el consentimiento
unánime de los socios.
1933.-
La sociedad puede expirar también por la renuncia que haga uno de los
socios de buena fe y en tiempo oportuno.
Pero si la sociedad se ha contratado por tiempo fijo o para negocio de
duración limitada, no tendrá efecto la renuncia si por el contrato de
sociedad no hubiere facultad de hacerla o si no ocurriese algún motivo
grave, como la inejecución de las obligaciones de otro socio, la pérdida
de un administrador inteligente que no pueda reemplazarse entre los
socios, enfermedad habitual del renunciante que lo inutilice para las
funciones sociales, mal estado de los negocios por circunstancias
imprevistas u otros de igual importancia.
1934.-
La renuncia de un socio no produce efecto alguno sino en virtud de su
notificación a todos los demás.
La notificación al socio o socios que exclusivamente administran se
entenderá hecha a todos.
Aquellos de los socios a quienes no se hubiese notificado la renuncia,
podrán aceptarla después, si lo creyeren conveniente o dar por
subsistente la sociedad en el tiempo intermedio.
1935.-
El socio que renuncia de mala fe o intempestivamente, queda obligado a
los daños y perjuicios que causare su separación.
Renuncia de mala fe el socio que lo hace para apropiarse de una
ganancia que debe pertenecer a la sociedad.
Es intempestiva la renuncia, cuando al hacerse no se hallan las cosas
integras y la sociedad está interesada en que la disolución se dilate.
La disposición del primer inciso, comprende al socio que de hecho se
retira de la sociedad sin renuncia.
1936.-
La disolución de la sociedad no podrá alegarse contra terceros, sino
en los casos siguientes:
1º Cuando la sociedad ha expirado por la llegada del día prefijado
para la terminación del contrato.
2º Cuando se ha dado aviso de la disolución por medio de las
publicaciones legales.
3º Cuando se prueba que el tercero ha tenido oportunamente noticia de
ella por cualquiera medios.
**Ver nota al artículo 726.
1937.-
Disuelta la sociedad se procederá a la división de los objetos que
componen su haber.
Las reglas relativas a la partición de biene hereditarios y a las
obligaciones entre coherederos, se aplicarán a la división del caudal
social y a las obligaciones entre los miembros de la sociedad disuelta,
salvo en cuanto se opongan a las disposiciones de este Título.
TITULO VII
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
**Ajustado a los artículos 1º y 2º Ley 10.783 del 18.9.46
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1938.-
Antes de la celebración del matrimonio, los esposos pueden hacer las
convenciones especiales que juzguen convenientes, con tal que no se
opongan a las buenas costumbres y se conformen a las disposiciones
establecidas en los artículos siguientes.
La ley, sólo a falta de convenciones especiales, rige la asociación
conyugal en cuanto a los bienes.
1939.-
Los esposos no pueden derogar a los derechos conferidos por el Título
De la patria potestad ni a las disposiciones prohibitivas de este Código.
(Artículo 188).
**Redacción adaptada al texto del art. 1º de la ley 10.783 de 18.9.46.
1940.-
No pueden hacer convenciones ni renunciación alguna que tenga por
objeto trastornar el orden legal de las sucesiones, sea con relación a sí
mismos, en la sucesión de los descendientes, sea con relación a sus hijos
entre sí.
La disposición precedente se entiende sin perjuicio de las donaciones
entre vivos o para después de su muerte, que pueden hacer según las
formas y en los casos determinados en este Código.
1941.-
A falta de estipulaciones especiales que modifiquen la sociedad
conyugal, las reglas establecidas en el capítulo siguiente formarán el
derecho común de la República.
1942.-
Las convenciones matrimoniales se deberán hacer antes de celebrarse el
matrimonio; so pena de nulidad; pero podrán comprender los bienes que los
cónyuges adquieran después de celebrado.
1943.-
Las convenciones matrimoniales deben hacerse en escritura pública, so
pena de nulidad, si el valor de los bienes aportados por cualquiera de
los esposos pasare de 500 Unidades Reajustables o si se constituyeren
derechos sobre bienes raíces.
Fuera de los dos casos expresados, bastará para la validez que las
convenciones matrimoniales consten por escritura privada firmada por las
partes y tres testigos domiciliados en el Departamento.
No surtirán efecto contra terceros mientras no sean inscriptas en el
correspondiente Registro.
**El inc. 3º surge de los arts. 16 y 17 de la Ley 10.783 de 18.9.46
1944.-
Desde el día de la celebración del matrimonio, se entenderán
irrevocablemente otorgadas las convenciones matrimoniales.
No podrán después modificarse, alterarse o destruirse ni aun con el
consentimiento de las personas que intervinieron en el contrato de
matrimonio.
1945.-
No se admitirán en juicio escrituras que alteren o adicionen las
convenciones matrimoniales, a no ser que se hayan otorgado antes del
matrimonio y con las mismas solemnidades que la capitulaciones
primitivas.
Ni valdrán contra terceros las adiciones o alteraciones que se hagan
en ellas, aun cuando se hayan otorgado en el tiempo y con los requisitos
debidos; a menos que se ponga un extracto o minuta de las escrituras
posteriores, al margen del protocolo de la primera escritura y se
inscriban en el Registro respectivo, conforme a lo dispuesto en el inciso
final del artículo 1943, a los efectos allí indicados.
**El texto de la última parte del art. está adaptada a la redacción
del art. 1943, conservándose la exigencia de la minuta por ser
conciliable con la publicidad registral.
1946.-
El menor hábil para contraer matrimonio, tiene habilidad para
consentir todas las convenciones de que el contrato es susceptible; y son
válidas las convenciones y donaciones hechas, con tal que le hayan
asistido en el contrato aquellas personas cuyo consentimiento es
necesario para contraer matrimonio.
1947.-
La escritura de capitulaciones matrimoniales deberá contener:
1º La designación de los bienes que los esposos aportaren al
matrimonio, con expresión de su valor.
2º Una razón circunstanciada de las deudas de cada uno.
Las omisiones o inexactitudes que a ese respecto hubiere, no
producirán nulidad, pero el escribano funcionario que autorizare la
escritura, incurrirá en la multa de 100 Unidades Reajustables, si no
advirtiere a las partes la precedente disposición e hiciere constar en la
escritura esta advertencia.
1948.-
La sociedad conyugal, sea legal o modificada por pacto escrito,
empezará desde el día de la celebración del matrimonio. No puede
estipularse que empiece en otra época.
1949.-
Esta sociedad sólo puede tener lugar entre personas capaces de
contraer válidamente matrimonio.
Sin embargo, la buena fe de uno de los contrayentes atribuye efectos
civiles a su enlace, aunque éste no sea válido, y se verifica la sociedad
conyugal entre aquéllos. (Artículo 211).
CAPITULO II
DE LA SOCIEDAD LEGAL
1950.-
La sociedad que se verifica por el simple hecho del matrimonio, queda
sometida a las reglas establecidas en las secciones siguientes.
También se gobierna por las reglas del contrato de sociedad, en cuanto
no se opongan a lo que está expresamente determinado en este Capítulo.
SECCION I
DEL CAPITAL RESPECTIVO DE LOS
CONYUGES Y HABER DE LA SOCIEDAD
1951.-
Son bienes propios de los cónyuges, los que constituyen el capital de
cada uno.
**Redacción adaptada al texto del art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
1952.-
El que dona capital al marido o a la mujer, no queda sujeto a evicción
sino en caso de fraude y en el del artículo 1629.
**Redacción adaptada al texto del art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
1953.-
Los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges
conjuntamente, con designación de parte determinada, pertenecen a cada
uno como capital propio en la proporción determinada por el donante o
testador y a falta de designación por mitad a cada uno de ellos, salvo lo
dispuesto en el artículo 1655.
**Redacción adaptada al texto del art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
1954.-
Si las donaciones fuesen onerosas, se deducirá de los bienes del
donatario, marido o mujer, el importe de las cargas que hayan sido
soportadas por la sociedad.
1955.-
Son bienes gananciales:
1º Los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del
caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad o para uno
solo de ellos.
2º Los obtenidos por la industria, profesión, empleo, oficio o cargo
de los cónyuges o de cualquiera de ellos.
3º Los adquiridos por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuesta,
etc.
4º Los frutos, rentas e intereses percibidos o devengados durante el
matrimonio, sean procedentes de los bienes comunes o de los propios de
cada uno de los cónyuges.
5º Lo que recibiere alguno de los cónyuges por el usufructo de los
bienes de los hijos de otro matrimonio.
6º El aumento de valor en los bienes propios de cualquiera de los
cónyuges por anticipaciones de la sociedad o por la industria del marido
o de la mujer.
Será también ganancial el edificio construido durante el matrimonio,
en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al
cónyuge a quien pertenecía.
1956.-
La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía con otra
persona pro indiviso y de que durante el matrimonio se hiciere dueño por
cualquier título oneroso, pertenecerá pro indiviso a dicho cónyuge y a la
sociead, a prorrata del valor de la cuota que perteneció al primero y de
lo que haya costado la adquisición del resto.
**PROPUESTA**: LA COMISION PROPONE EL SIGUIENTE TEXTO:
"La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía con otra
persona pro indiviso y de que durante el matrimonio se hiciere dueño por
cualquier título oneroso, pertenecerá pro indiviso a dicho cónyuge y a la
sociedad en proporción a las respectivas cuotas".
1957.-
No es ganancial el inmueble subrogado debidamente a otro inmueble
propio de alguno de los cónyuges.
Tampoco lo serán las cosas compradas con valores propios de uno de los
cónyuges, destinados a este objeto en las capitulaciones matrimoniales o
en la donación hecha a uno de ellos.
1958.-
Para que un inmueble se entienda subrogado a otro inmueble de uno de
los cónyuges, es necesario que el segundo se haya permutado por el
primero; o que, vendido el segundo durante el matrimonio, se haya
comprado con su precio el primero; y que en la escritura de permuta o en
las escrituras de venta y de compra, se exprese el ánimo de subrogar.
Puede también subrogarse un inmueble a valores propios de uno de los
cónyuges y que no consistan en bienes raíces; mas para que valga la
subrogación será necesario que los valores hayan sido destinados a ello,
en conformidad al inciso 2º del artículo anterior y que en la escritura
de compra del inmueble aparezca la inversión de dichos valores y el ánimo
de subrogar. (Artículo 1960).
1959.-
Si se subroga una finca a otra y el precio de venta de la antigua
finca excediere el precio de compra de la nueva, la sociedad deberá este
exceso al cónyuge subrogante y si por el contrario el precio de compra de
la nueva finca excediese el precio de venta de la antigua, el cónyuge
subrogante deberá este exceso a la sociedad.
Si permutándose dos fincas, resulta un saldo en dinero, la sociedad
deberá este saldo al cónyuge subrogante; y si por el contrario se pagara
un saldo, lo deberá dicho cónyuge a la sociedad.
La misma regla se aplicará en caso de subrogante un inmueble a
valores.
Pero no se entenderá haber subrogación, cuando el saldo en favor o en
contra de la sociedad excediere a la mitad del precio de la finca que se
recibe, la cual pertenecerá entonces al haber social; quedando la
sociedad obligada al cónyuge por el precio de la finca enajenada o por
los valores invertidos y conservando éste el derecho de llevar a efecto
la subrogación, comprando otra finca.
1960.-
**DEROGADO en virtud del art. 1º de la Ley 10.783 de 18.9.46
1961.-
No se reputará ganancial la especie adquirida durante el matrimonio,
aun a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición ha
precedido a él. Por consiguiente:
1º. No pertenecerá a los bienes gananciales la propiedad de las
especies que uno de los cónyuges poseía a título de dominio antes de la
sociedad, aunque la prescripción o transacción con que las haya hecho
verdaderamente suyas se complete o verifique durante ella.
2º. Ni los bienes que poseía antes del matrimonio por un título
vicioso, pero cuyo vicio se ha purgado durante él, por la ratificación o
por otro medio legal.
3º. Ni los bienes que vuelvan a uno de los cónyuges por la nulidad o
la resolución de un contrato o por haberse revocado una donación.
4º. Ni los bienes litigiosos y de que durante la sociedad ha adquirido
uno de los cónyuges la posesión pacífica.
5º. Tampoco pertenecerá a la sociedad el derecho de usufructo que se
consolida con la propiedad que pertenece al mismo cónyuge; los frutos
sólo pertenecerán a la sociedad.
6º. Lo que se paga a cualquiera de los cónyuges por capitales de
crédito constituidos antes del matrimonio pertenecerá al cónyuge
acreedor. Lo mismo se aplicará a los intereses devengados por uno de los
cónyuges, antes del matrimonio y pagados después.
1962.-
Se reputarán adquiridos durante el matrimonio los bienes que durante
él debieron adquirirse por uno de los cónyuges y que de hecho no se
adquirieron sino después de disuelta la sociedad, por no haberse tenido
noticias de ellos o por haberse embarazado injustamente su adquisición o
goce.
1963.-
Cuando el capital propio de cada uno de los cónyuges se componga, en
todo o en parte, de ganados que existan al tiempo de la disolución de la
sociedad, se reputarán gananciales las cabezas que excedan de las
aportadas al matrimonio.
**Redacción adaptada al texto del art. 2º de la Ley 10.783 de 18.9.46
1964.-
Se reputarán gananciales todos los bienes existentes en poder de
cualquiera de los cónyuges al tiempo de disolverse la sociedad, si no se
prueba que pertenecían privativamente al marido o a la mujer, a la
celebración del matrimonio o que los adquirió después por herencia,
legado o donación.
SECCION II
DE LAS CARGAS Y OBLIGACIONES DE LA
SOCIEDAD LEGAL
1965.-
Son de cargo de la sociedad legal:
1º. Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio
por cualquiera de los cónyuges.
2º.- Los atrasos o réditos devengados, durante el matrimonio, de las
obligaciones a que estuvieren afectos así los bienes propios de los
cónyuges, como los gananciales.
3º. Los reparos menores o de simple conservación ejecutados durante el
matrimonio en los bienes propios del marido o de la mujer. Los reparos
mayores no son de cargo de la sociedad.
4º. Los reparos mayores o menores de los bienes gananciales.
5º. El mantenimiento de la familia y educación de los hijos comunes y
también de los hijos legítimos de uno solo de los cónyuges.
Asimismo se tendrá como carga de la familia los alimentos que uno de
los cónyuges está por ley obligado a dar a sus ascendientes.
6º. Lo que se diere o gastare en la colocación de los hijos o hijas
del matrimonio.
7º. Lo perdido por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas,
etc.
**La redacción del numeral 1º está adaptada al texto del art. 2º Ley
10.783 de 18.9.46
1966.-
Las deudas contraídas por el marido o la mujer antes del matrimonio,
no son de cargo de la sociedad.
Tampoco lo son las multas y condenaciones pecuniarias que se les
impusieren.
**El inc. 3º fue derogado en virtud del art. 4º Ley 10.783 de 18.9.46
1967.-
Lo ya gastado o satisfecho y aun lo disipado durante el matrimonio por
alguno de los cónyuges, no disminuye su parte respectiva de gananciales.
1968.-
La sociedad debe el precio de cualquiera cosa del marido o de la
mujer, que se haya vendido, siempre que no se haya invertido en
subrogarla por otra propiedad (artículo 1958) o en negocio personal del
cónyuge cuya era la cosa vendida.
**PROPUESTA: LA COMISION PROPONE EL SIGUIENTE TEXTO (ver
fundamentación en la Exposición de Motivos)
"La sociedad debe el precio, en Unidades Reajustables, de cualquiera
cosa del marido o de la mujer que se haya vendido, siempre que no se haya
invertido en subrogarla por otra propiedad (Artículo 1958) o en un
negocio personal del cónyuge cuya era la cosa vendida".
1969.-
Se debe compensar a la sociedad, siempre que se tome de los
gananciales alguna suma, sea para pagar deudas u obligaciones personales
de uno de los cónyuges, como el precio o parte del precio de cosas que le
pertenezcan o la redención de servidumbres, sea para la cobranza de sus
bienes propios; y en general, siempre que alguno de los cónyuges, saca
provecho personal de los bienes de la sociedad.
Cada cónyuge deberá asimismo compensar a la sociedad los daños y
perjuicios que le hubiere causado con dolo o culpa grave.
**PROPUESTA: LA COMISION PROPONE AGREGAR EL SIGUIENTE INCISO 3º. (Ver
fundamentación en Exposición de Motivos)
"El provecho personal y los daños y perjuicios a que se refiere este
artículo se calcularán en Unidades Reajustables al tiempo de obtener el
provecho o causar el daño".
SECCION III
DE LA ADMINISTRACION ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD LEGAL
1970.-
Cada cónyuge tiene la lib administración y disposición de sus bienes
propios, de sus frutos, del producto de sus actividades y de los bienes
que pueda adquirir, sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos
siguientes.
**Redacción adaptada al texto de los art. 1º y 2º Ley 10.783 de
18.9.46
1971.-
Los inmuebles de carácter ganancial adquiridos a nombre de uno de los
cónyuges o de la comunidad, no podrán ser enajenados ni afectados por
derechos reales sin la conformidad expresa de ambos cónyuges.
Esta misma conformidad deberá expresarse cuando se trate de enajenar
una casa de comercio, un establecimiento agrícola o ganadero o una
explotación industrial o fabril, de carácter ganancial.
Cuando esa conformidad se otorgue por mandatario, éste deberá actuar
con facultad expresa para ese género de operaciones.
**Texto dado por el art. 5 Ley 10.783 de 18.9.46
1972.-
Cualquiera de los cónyuges podrá disponer de los bienes gananciales
que administra para los fines expresados en el artículo 1965, número 6º;
y también podrá durante el matrimonio, hacer donaciones módicas para
objetos de piedad o beneficencia.
**Redacción adaptada al texto del art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
1973.-
Ninguno de los cónyuges puede disponer por testamento sino de su mitad
de gananciales.
Si uno de los cónyuges ha legado una especie que pertenece a la
sociedad, no puede el legatario reclamarla, ano ser que por la
participación, dicha especie caiga en el lote de los herederos. Si no
cayere, se abonará al legatario el valor de la especie con la parte de
gananciales correspondientes al testador y con los bienes particulares de
éste.
**Redacción adaptada al texto del art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
1974.-
Toda enajenación o convenio que sobre bienes gananciales haga
cualquiera de los cónyuges en contravención de la ley o en fraude del
otro, no perjudicará a éste ni a sus herederos.
**Redacción adaptada al texto del art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
1975.-
Durante la vigencia de la sociedad conyugal, los acreedores de un
cónyuge podrán hacer efectivos sus derechos sólo contra sus bienes
propios y los gananciales cuya administración le corresponda por ley o
por capitulación matrimonial; sin perjuicio de los abonos o
compensaciones que a consecuencia de ello deba el cónyuge ala sociedad o
la sociedad al cónyuge.
**Redacción adaptada al texto del art. 4º Ley 10.783 de 18.9.46
1976.-
Ninguno de los cónyuges puede obligar los bienes gananciales cuya
administración le corresponde al otro, sin el consentimiento de éste.
Se exceptúan de esta regla los casos previstos en la Sección
siguiente.
**Redacción adapta al texto del art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
1977.-
**DEROGADO en virtud del art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
1978.-
El cónyuge que ejecuta actos de administración autorizado por el Juez
por impedimento accidental del otro y respecto a los bienes
administrativos por éste, lo obliga como si el acto hubiera sido hecho
por él.
**Redacción adaptada al art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
SECCION IV
DE LA ADMINISTRACION EXTRAORDINARIA
DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
1979.-
La administración de los bienes del matrimonio se confiere
exclusivamente a uno de los cónyuges:
1º. Siempre que sea curador del otro con arreglo al artículo 441.
2º. Cuando se oponga a la declaración de ausencia del otro, según lo
dispuesto en el artículo 62.
El Juez conferirá también la administración a uno de los cónyuges, con
las limitaciones que estime convenientes, de los bienes propios y
gananciales cuya administración corresponda al otro, si hallándose éste
absolutamente impedido, no hubiere provenido sobre la administración.
**Redacción adaptada al texto del art. 1º Ley 10.783 de 18.9.46
1980.-
El cónyuge en quien recaiga la administración extraordinaria de la
sociedad, quedará sometido a lo que se dispone en el inciso último del
artículo anterior y en los siguientes.
**Redacción adaptada al texto del art. 1º Ley 10.783 de 18.9.46
1981.-
No podrá sin autorización especial del Juez, previo conocimiento de
causa, enajenar ni gravar los bienes raíces de su cónyuge ni los
gananciales cuya administración le correspondía ni aceptar sin beneficio
de inventario la herencia deferida al otro cónyuge ni ejecutar los actos
previstos en el artículo 1971.
Todo acto en contravención a estas restricciones lo hará responsable
con sus bienes, de la misma manera que en la administración ordinaria se
responde del abuso de las facultades administrativas.
**Redacción adaptada al texto del art. 1º Ley 10.783 de 18.9.46
1982.-
Todos los actos y contratos del cónyuge administrador extraordinario
que no le estuviesen vedados por el artículo precedente, se mirarán como
actos y contratos del otro cónyuge y obligarán en consecuencia a éste y a
la sociedad; salvo en cuanto apareciere que dichos actos y contratos se
hicieron en negocio personal del administrador.
**Redacción adaptada al texto del art. 1º Ley 10.783 de 18.9.46
1983.-
El cónyuge en que caiga la administración extraordinaria no podrá dar
en arriendo los bienes rústicos que pertenecen al otro por más de cinco
años ni los urbanos por más de tres. (Artículo 1794 y 406).
**Redacción adaptada al texto del art. 1º. Ley 10.783 de 18.9.46
1984.-
Cesando la incapacidad o impedimento del cónyuge o declarándose la
presunción de su muerte (artículo 68), cesará también la administración
extraordinaria.
**Redacción adaptada al texto del art. 1º Ley 10.783 de 18.9.46
SECCION V
DE LA SEPARACION JUDICIAL DE BIENES
DURANTE EL MATRIMONIO
1985.-
En todo momento, cualquiera de los cónyuges o ambos de conformidad,
podrán pedir, sin expresión de causa, la disolución y liquidación de la
sociedad conyugal.
El Juez deberá decretarla sin más trámite y ordenará la inscripción de
la sentencia en el correspondiente Registro. Mientras la sentencia no sea
inscripta no surtirá efecto contra terceros.
Dispondrá además la citación por edictos de los que tuvieren interés,
para que comparezcan dentro del término de sesenta días.
Los interesados que no comparecieren dentro del término sólo tendrán
acción contra los bienes del cónyuge deudor.
**Redacción adaptada al texto de los art. 6º y 7º Ley 10.783 de
18.9.46
1986.-
Ninguno de los cónyuges podrá renunciar, en las capitulaciones
matrimoniales, la facultad de pedir la separación de bienes, a que le dan
derecho las leyes.
**Redacción adaptada al texto del art. 8º Ley 10.783 de 18.9.46
1987.-
Para que el cónyuge menor de edad pueda pedir la separación de bienes,
se requiere que sea autorizado por un curador especial, sin perjuicio de
la intervención que deberá darse al Ministerio Público.
**Redacción adaptada al texto del art. 1º Ley 10.783 de 18.9.46
1988.-
**DEROGADO en virtud del art. 6º Ley 10.783 de 18.9.46
1989.-
Deducida la acción de separación y aun antes de ella si hubiere
peligro en la demora, podrá el Juez a petición de parte o de oficio
dictar las providencias que estime convenientes, aplicándose lo
preceptuado en el artículo 157.
**Redacción adaptada al texto del art. 6º Ley 10.783 de 18.9.46
1990.-
**DEROGADO en virtud del art. 6º Ley 10.783 de 18.9.46
1991.-
Cualquiera de los cónyuges podrá argüir de fraude cualquier acto o
contrato del otro, anterior a la demanda de separación de bienes, en
conformidad a lo que está dispuesto acerca de los hechos en fraude de los
acreedores. (Artículo 1296).
**Redacción adaptada al texto de los arts. 1º y 2º Ley 10.783 de
18.9.46
1992.-
Decretada la separación de bienes, se dividirán los gananciales, si
los hubiere, siguiéndose las mismas reglas que en el caso de disolución
de matrimonio.
Desde entonces, ninguno de los cónyuges tendrá parte en las ganancias
que hiciere el otro.
**Redacción adaptada al texto del art. 6º Ley 10.783 de 18.9.46
1993.-
La separación de bienes no perjudica los derechos adquiridos con
anterioridad por los acreedores, sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso final del artículo 1985.
**La última parte del art. fue agregada en virtud del art. 7º Ley
10.783 de 18.9.46
1994.-
En el estado de separación, el marido y la mujer deben contribuir a su
propio mantenimiento y a los alimentos y educación de los hijos, a
proporción de sus respectivas facultades.
El Juez, en caso necesario, reglará la contribución.
1995.-
Para el cónyuge menor de edad subsistirá su incapacidad para los actos
comprendidos en el artículo 310.
**Redacción adaptada al texto del art. 1º Ley 10.783 de 18.9.46
1996.-
La separación judicial de bienes sólo podrá cesar por decreto del Juz
a petición de ambos cónyuges.
Sin embargo, el cese de la separación no surtirá efectos contra
terceros, sino a partir de su inscripción en el Registro correspondiente.
El restablecimiento de la sociedad conyugal restituye las cosas al
estado anterior como si la separación de bienes no hubiese tenido lugar,
sin perjuicio de los actos ejecutados legítimamente por cualquiera de los
cónyuges durante el intervalo de la separación.
**Redacción adaptada al texto de los arts. 6 y 16 Ley 10.783 de
18.9.46
1997.-
**DEROGADO en virtud del art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
SECCION VI
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD
1998.-
La sociedad conyugal se disuelve:
1º. Por la disolución del matrimonio.
2º. Por la sentencia de separación de cuerpos.
3º. Por la separación judicial de bienes.
4º. Por la declaración de ausencia, en conformidad a lo dispuesto en
el Capítulo III, Título IV del Libro Primero.
5º. Por la declaración de nulidad del matrimonio.
En este último caso, el cónyuge que hubiere obrado con mala fe, no
tendrá parte en los gananciales.
1999.-
Disuelta la sociedad, se procederá, si se solicitare, a la confección
de un inventario solemne y tasación de todos los bienes del matrimonio,
como se dispone para la sucesión por causa de muerte.
**Redacción adaptada a los art. 1º, 2º y 6º Ley 10.783 de 18.9.46
2000.-
El inventario y tasación que se hubiere hecho sin solemnidad judicial,
no tendrá valor en juicio sino contra el cónyuge, sus herederos o los
acreedores que lo hubieren debidamente aprobado y firmado.
2001.-
**DEROGADO en virtud de los arts. 1·y 2º Ley 10.783 de 18.9.46
2002.-
Aquel de los cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiere ocultado
o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma
cosa y será obligado a restituirla doblada.
2003.-
El inventario comprenderá numéricamente y se traerán a colación las
cantidades que, habiendo sido satisfechas por la sociedad, sean
rebajables del capital de cualquiera de los cónyuges.
También se traerá a colación el importe de las donaciones y
enajenaciones que deban considerarse ilegales o fraudulentas con arreglo
al artículo 1974.
**La redacción del inc. 1º está adaptada al texto de los arts. 1º y 2º
Ley 10.783 de 18.9.46
**PROPUESTA: LA COMISION PROPONE EL SIGUIENTE TEXTO (ver
fundamentación en la Exposición de Motivos).
"El inventario comprederá numéricamente y se traerán a colación,
determinados en Unidades Reajustables, las cantidades que, habiendo sido
satisfechas por la sociedad, sean rebajables del capital de la mujer y
del marido.
También se traerá a colación, en Unidades Reajustables, el importe de
las donaciones y enajenaciones que debanconsiderarse ilegales o
fraudulentas con arreglo al artículo 1974. Exceptuánse los casos en que
proceda la colación real".
2004.-
No se incluirán en el inventario los efectos que compusieren el lecho
de que usaban ordinariamente los esposos y se entregarán libremente al
que de ellos sobreviviere.
También se entregará libremente a la viuda su vestido ordinario.
2005.-
**DEROGADO en virtud de los arts. 1º y 2º Ley 10.783 de 18.9.46
2006.-
INTERPRETACION "A":
Se liquidarán y pagarán los capitales de los cónyuges y las deudas,
cargas y obligaciones de la sociedad.
Cuando el caudal no alcanzare para cumplir todo lo dispuesto en este
artículo, se observará lo determinado sobre los créditos privilegiados y
graduación de acreedores.
INTERPRETACION "B":
En primer lugar se liquidarán y pagarán las deudas y las cargas y
obligaciones de la sociedad.
Cuando el caudal no alcanzare para cumplir todo lo dispuesto en este
artículo, se observará lo determinado sobre los créditos privilegiados y
graduación de acreedores.
INTERPRETACION "C":
Después de liquidarse y pagarse el capital propio de cada cónyuge se
pagarán las deudas y las cargas y las obligaciones de la sociedad.
Cuando el caudal no alcanzare para cumplir todo lo dispuesto en este
artículo, se observará lo determinado sobre los créditos privilegiados y
graduación de acreedores.
2007.-
INTERPRETACION "A":
**DEROGADO en virtud de los arts. 1º y 2º Ley 10.783 de 18.9.46
INTERPRETACION "B":
Seguidamente se liquidará y pagará el capital de los cónyuges hasta
donde alcance el caudal inventariado de acuerdo a las reglas de la
presente Sección.
INTERPRETACION "C":
**DEROGADO en virtud de los arts. 1º y 2º Ley 10.783 de 18.9.46
2008.-
Hechas las reducciones determinadas en los artículos anteriores, el
resto del caudal compondrá el fondo de gananciales.
Las pérdidas o deterioros ocurridos en las especies o cuerpos ciertos,
pertenecientes a cualquiera de los cónyuges, deberá sufrirlas el dueño,
salvo qe procedan de dolo o culpa grave del otro cónyuge, en cuyo caso
deberá éste resarcirlas.
Los bienes propios existentes, muebles o inmuebles, los conservará
cada cónyuge en el estado en que se hallaren.
Si durante el matrimonio hubiesen sido enajenados, se pagará el precio
que se les dio al tiempo de ser aportados y si entonces no se estimaron,
se entregará el precio de su enajenación. (Artículo 1947).
A falta de convenio de los interesados los créditos de los capitales
propios deberán pagarse siempre en dinero. Las restituciones que deban
hacerse en dinero, si éste no existe, se harán en los términos de seis
mess, vencidos los cuales empezarán a deberse los intereses de ley.
**El texto de los incisos 3º, 4º y 5º resulta de la incorporación de
los artículos 2044, 2046 y 2050 inc. 2º, adaptados a la supresión de "La
Dote" dispuesta por los arts. 1º y 2º de la Ley 10.783 de 18.9.46
**PROPUESTA: LA COMISION PROPONE MODIFICAR EL INC. 4º POR EL SIGUIENTE
(ver fundamentación en la Exposición de Motivos):
"Si durante el matrimonio hubiesen sido enajenados, se restituirá el
precio en Unidades Reajustables que se les dio al tiempo de ser
aportados; y si entonces no se estimaron, se entregará el precio en
Unidades Reajustables de enajenación. (Artículo 1947).
2009.-
Los frutos pendientes al tiempo de disolverse la sociedad se
prorratearán, dividiéndose entre todos los días del año y aplicando a la
sociedad lo correspondiente a los días que ella hubiere durado en el
último año, el cual se empezará a contar desde el aniversario de la
celebración del matrimonio.
La restitución de bienes fungibles se hará con otro tanto de las
mismas especies o su valar, con arreglo al inciso 4º del artículo
anterior.
**El inciso 2º resulta de la incorporación del artículo 2045, adaptado
a la supresión de "La Dote" dispuesta por los artículos 1º y 2º de la Ley
10.783 de 18.9.46
2010.-
El fondo liquido de gananciales se dividirá por mitad entre marido y
mujer o sus respectivos herederos.
2011.-
Del haber del marido se sacarán los gastos del luto de la viuda.
(Artículo 2369, número 2º).
2012.-
No se imputará a la mitad de gananciales del cónyuge sobreviviente el
legado que le haya hecho el otro cónyuge difunto, a menos que éste lo
haya así ordenado; pero en tal caso podrá el cónyuge sobreviviente
repudiar el legado, si prefiere atenerse a lo que le toque por la
partición.
2013.-
La división de los bienes sociales se sujetará a las reglas dadas para
la partición de los bienes hereditarios.
2014.-
Ninguno de los cónyuges es responsable de las deudas de la sociedad
contraídas por el otro sino hasta la concurrencia de su mitad de
gananciales. (Artículo 1975).
Mas, para gozar de este beneficio, deberá probar el exceso de la
contribución que se le exige sobre su mitad de gananciales, sea por el
inventario y tasación, sea por otros documentos auténticos.
**Redacción adaptada al texto del art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
2015.-
Cada cónyuge es responsable del total de las deudas de la sociedad
contraídas por él, salva su acción contra el otro cónyuge para el
reintegro de la mitad de estas deudas, según el artículo precedente.
**Redacción adaptada al texto del art. 2º Ley 10.783 de 18.9.46
2016.-
Aquel de los cónyuges que por efecto de una hipoteca o prenda sobre
una especie que le ha cabido en la división de la masa, paga una deuda de
la sociedad, tendrá acción contra el otro cónyuge para el reintegro de la
mitad de lo que pagare; y pagando una deuda del otro cónyuge, tendrá
acción contra él para el reintegro de todo lo que pagare.
2017.-
Los herederos de cada cónyuge gozan de los mismos derechos y están
sujetos a las mismas acciones que el cónyuge que representan.
2018.- (Disposición Especial)
Declárase derogada desde la vigencia de la Ley Nº 10.783 de 18 de
setiembre de 1946, la Sección VII del presente Capítulo 2º del Título VII
Parte Segunda del Libro IV.
Las renuncias de gananciales efectuadas con posterioridad a dicha ley
y hasta la vigencia de la presente disposición, son válidas siempre que
no hubiere recaído sentencia ejecutoriada en contrario.
***TEXTO PROPUESTO POR LA COMISION** a fin de evitar los conflictos a
que pudieran dar lugar las renuncias de gananciales que, no obstante la
interpretación que aquí se recoge, no se hubiere discutido su validez.
** EL RESTO DEL ARTICULADO DE ESTE TITULO ESTA DEROGADO POR LOS
ARTICULOS 1º Y 2º DE LA LEY Nº 10.783 DE 18.9.46
TITULO VIII
DEL MANDATO
CAPITULO I
DE LA NATURALEZA, EFECTOS Y ESPECIES
DEL MANDATO
2051.-
El mandato es un contrato por el cual una de las partes confiere a
otra, que lo acepta, el poder para representarla en la gestión de uno o
más negocios por cuenta y riesgo de la primera.
Los negocios ilícitos o contrarios a las buenas costumbres, no pueden
ser objeto del mandato.
2052.-
El mandato puede ser gratuito u oneroso.
Se presumirá que es gratuito, cuando no se hubiere convenido que el
mandatario perciba una retribución por su trabajo.
Se presumirá que es oneroso, cuando consista en atribuciones o
funciones conferidas a alguno por la ley y cuando consiste en trabajos
propios de la profesión lucrativa del mandatario o de su modo de vivir.
2053.-
El mandato puede ser expreso o tácito.
El expreso puede otorgarse por escritura pública o privada, por carta
o correspondencia y aún verbalmente.
El tácito tiene lugar cuando el dueño del negocio está presente o sabe
la gestión que otro hace por él y calla o no lo contradice.
Con todo, no se admitirá en juicio la prueba testimonial sino en
conformidad a las reglas establecidas en los artículos 1594 y siguientes
ni la escritura privada cuando las leyes requieran un instrumento
público.
La escritura, sea pública o privada, que contenga revocación,
sustitución, ampliación, limitación, suspensión o renuncia de un mandato,
deberá además ser inscripta en el Registro correspondiente, para que
surta eectos legal con relación a terceros.
**El inc. 5º fue parcialmente derogado por el art. 254 de la Ley
13.640 de 26.12.67, que suprimió la inscripción del mandato.
2054.-
El mandato es general o especial.
Si el mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados,
se llama especial; si se da para todos los negocios del mandante es
general; y lo será igualente, si se da para todos con una o más
excepciones determinadas.
2055.-
El mandato especial puede ser absoluto, esto es, tal que se deje al
mandatario obrar como le parezca o limitado prescribiéndole reglas bajo
las que deba dirigirse.
Cuando en el poder se hace referencia a las reglas o instrucciones, se
considera éstas como incorporadas en aquél.
2056.-
El mandato concebido en términos generales no comprende más que los
actos de administración, aunque el mandante declare que no se reserva
poder alguno y que el mandatario puede hacer todo lo que juzgue
conveniente o aunque el mandato contenga la cláusula de general y libra
administración.
Para transigir, enajenar, hipotecar o hace cualquier acto de riguroso
dominio, se requiere poder expreso.
La facultad de transigir no encierra la de comprometer ni viceversa.
2057.-
El mandatario no puede transpasar los límites del mandato. No se
consideran traspasados los límites del mandato, en cuanto ha sido
cumplido de una manera más ventajosa para el mandante, que la señala por
éste.
2058.-
El mandato no se perfecciona hasa la aceptación del mandatario.
La aceptación puede ser tácita, que es la ue resulta de haberse
empezado a ejecutar el encargo por el mandatario.
2059.-
Las personas que por su oficio, profesión o modo de vivir se encargan
de negocios ajenos, están obligados declarar lo más pronto posible si
aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace y transcurrido
un término razonable, su silencio se mirará como aceptación.
Aún cuando se excusen del encargo, deberán tomar las providencias
conservativas urgentes que requiera el negocio que se les encomienda.
2060.-
El mandato puede tener por objeto un negocio del interés exclusivo del
mandante o del interés común del mandante y mandatario o del interés
común del mandante y de terceros o del interés exclusivo de un tercero;
pero no puede tener por objeto el interés exclusivo del mandatario.
El encargo que interese exclusivamente al mandatario es un mero
consejo que no produce obligación alguna, sino cuando se ha hecho de mala
fe y en este caso obliga a la indemnización de los daños y perjuicios que
causare.
2061.-
Puede haber uno o más mandantes y uno o más mandatarios.
Si se constituye dos o más mandatarios y el mandante no ha dividido la
gestión, podrán dividirla entre sí los mandatarios; pero si se les ha
prohibido obrar separadamente, lo que hicieren de este modo, será nulo.
2062.-
Si se constituye mandatario a un menor no habilitado de edad, los
actos ejecutados por el mandatario serán válidos respecto de terceros, en
cuanto obliguen a éstos y al mandante; pero las obligaciones del
mandatario para con el mandante y terceros, no podrán tener efecto sino
según las reglas relativas a los menores.
**Redacción adaptada al texto del art. 1º de la Ley 10.783 de 18.9.46.
2063.-
El mandato es judicial o extrajudicial. De aquél se ocupa la ley
procesal.
CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDATARIO
2064.-
El mandatario queda obligado por la aceptación a cumplir el mandato y
responde de los daños y perjuicios que se ocasionare la mandante por la
inejecución total o parcial del mandato.
2065.-
El mandatario responde no sólo del dolo, sino de las omisiones o
negligencias que cometa en la administración del mandato.
La responsabilidad relativa a las culpas se aplica con menos rigor al
mandato gratuito que al retribuido. (Artículo 1342).
2066.-
El mandatario está obligado a poner en conocimiento del mandante los
hechos que sean de tal naturaleza, que puedan influir para revocar el
mandato.
Debe abstenerse de cumplirlo, cuando la ejecución sea manifiestamente
dañosa al mandante.
2067.-
El mandatario puede nombrar sustituto, con tal que el mandante no se
lo haya prohibido; pero responde de los actos del sustituto:
1º. Cuando no se le hubiera dado facultad de sustituir.
2º. Cuando esa facultad le hubiese sido conferida sin designar persona
y él hubiese elegido una notoriamente incapaz e insolvente.
En ambos casos, puede también el mandante dirigir su acción contra el
sustituto.
Lo hecho por el sustituto nombrado contra la prohibición del mandante,
será nulo.
2068.-
El mandatario puede en el ejercicio de su cargo contratar a nombre
propio o al del mandante: si contrata a su propio nombre, no obliga
respecto de terceros al mandante.
2069.-
Cuando un mandato ha sido dado a dos o más personas conjuntamente, no
hay solidaridad entre ellas, a menos de una convención en contrario.
(Artículo 2085).
2070.-
No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona, comprar las
cosas que el mandante le ha ordenado vender ni vender de lo suyo al
mandarte lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuese con su
aprobación expresa.
2071.-
Si fuese encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo
al interés corriente; pero facultado para colocar dinero a interés, no
podrá tomar lo prestado para sí, sin aprobacion del mandante.
2072.-
No podrá el mandatario colocar a interés dineros del mandante sin
expresa autorización.
Si los colocare a mayor interés que el designado por el mandarte, debe
abonárselo íntegramente, amenos que se le haya autorizado para apropiarse
del resto.
2073.-
El mandatario debe intereses de las cantidades que aplicó a usos
propios, desde el día que lo hizo y de lo que reste a deber fenecido el
mandato, desde que se ha constituído en mora.
2074.-
El mandatario está obligado a dar cuenta de su administración
entregando los documentos relativos y a abonar al mandante lo que haya
recibido en virtud del mandato, aún en el caso de que lo que hubiese
recibido no le fuese debido al mandante.
La relevación de rendir cuentas no exonera al mandatario de los cargos
que contra él justifique el mandante.
2075.-
El mandatario que obra bajo este concepto no es responsable a la otra
parte, sino cuando se obliga expresamente a ello o cuando traspasa los
límites del mandato, sin darle conocimiento de sus poderes.
CAPITULO III
DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE
2076.-
El mandarte responde por todos los actos del mandatario, siempre que
sea dentro de los términos del mandato. (Artículo 2057, inciso 2º).
No está obligado por lo que se ha hecho excediendo el mandato, sino en
cuanto lo haya ratificado expresa o tácitamente.
2077.-
El que encarga cierto negocio se entiende que faculta para todos los
actos que son indispensables para ejecutarlo, aún cuando no se expresen
al conferir el mandato.
Si la ejecución se deja al arbitrio del mandatario, queda obligado el
mandante a cuanto aquél prudentemente hiciere con el fin de consumar su
encargo.
2078.-
Si el mandante y el mandatario contratan sobre un mismo objeto con dos
diferentes personas, la fecha decidirá cuál de los dos contratos deba
subsistir, en caso de duda, subsistirá el del mandatario. (Artículo
1680).
En el caso de este artículo, si el mandatario hubiese contratado de
buena fe, el mandante será responsable del perjuicio causado al tercero
cuyo contrato no subsista. Si hubiese contratado de mala fe, es decir,
estando prevenido por el mandane, él solo será responsable de tal
perjuicio.
2079.-
El mandarte debe anticipar al mandatario, si éste lo pidiere, las
cantidades necesarias para la ejecución, del mandato.
2080.-
El mandante que no cumple por su parte aquello a que es obligado,
autoriza al mandatario para desistir de su encargo.
2081.-
El mandarte debe abonar al mandatario todos los gastos que haya tenido
para llenar su encargo, indemnizándole de las anticipaciones que haya
hecho y de las pérdidas que haya sufrido, procedentes de sus gestiones y
pagándole la emuneración estipulada o la que fuere de uso, a menos que el
mandato sea gratuito.
Si no hay culpa imputable al mandatario, no puede el mandante
excusarse de hace ese abono aún cuando el negocio hubiese dado malos
resultados ni pedir la reducción del importe, alegando que pudiera
haberse gastado menos.
2082.-
El interés de las anticipacionees hechas para el cumplimiento del
mandato, se debe por el mandante, desde el día de esas anticipaciones
debidamente justificadas.
2083.-
El mandatario no está obligado a esperar la presentación de sus
cuentas o el entero cumplimiento del mandato para exigir las
anticipaciones o gastos que hubiere hecho.
2084.-
El mandatario podrá retener en su poder, de los bienes o valores que
se hallen a su disposición, cuanto baste para el pago de sus adelantos y
gastos y de la remuneración o salario
2085.-
Si dos o más personas han nombrado un mandatario para un negocio
común, le quedan obligados in solidum para todos los efectos del mandato.
(Artículo 2069).
CAPITULO IV
DEL MODO DE ACABARSE EL MANDATO
2086.-
El mandato se acaba:
1º. Por el desempeño del encargo para que fue constituido.
2º. Por la expiración del tiempo o por el evento de la condición
prefijados para que termine el mandato.
3º. Por la revocación del mandato
4º. Por la renuncia del mandatario
5º. Por la muerte del mandante o del mandatario
6º. Por la quiebra o insolvencia del uno o del otro.
7º. Por la incapacidad sobreviniente del uno o del otro.
8º. **DEROGADO po el art. 1º Ley 10.783 de 18.9.46.
9º. Por la cesación de las funciones del mandante, si el mandarte ha
sido dado en ejercicio de ellas.
2087.-
El mandante puede revocar el mandato cuando le parezca y obligar al
mandatario, si fuere necesario, a que le devuelva el instrumento que
encierra la prueba del mandato.
2088.-
La revocación del mandato puede ser expresa o tácita.
En uno y otro caso, la revocación produce su efecto desde el día que
el mandatario ha tenido conocimiento de ella; sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 2101.
2089.-
El nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio, importa
revocación del primero.
Si el primer mandato es general y el segundo especial, subsiste aquél
para los negocios no comprendidos en éste.
2090.-
Interviniendo el mandante directamente en el negocio encomendado al
mandatario y poniéndose en relación con los terceros, queda revocado el
mandato, si él expresamente no manifestare que su intención no es revocar
el mandato. 2091.-
El mandato que constituye un nuevo mandatario, revocará la primero,
aunque no produzca efecto por el fallecimiento o incapacidad del segundo
mandatario o aunque no lo acepte o aunque el instrumento del mandato sea
nulo por falta o vicio de forma.
2092.-
Cuando el mandato fue constituido por dos o más mandantes para un
negocio común, cada uno de ellos, sin dependencia de los otros, puede
revocarlo por su parte.
2093.-
La renuncia del mandatario no pondrá fin a sus obligaciones, sino
después de transcurrido el tiempo razonable para que el mandante pueda
proveer a los negocios encomendados.
De otro modo, deberá indemnizar al mandante, si es perjudicado; a
menos que él se halle en la imposibilidad de administrar por enfermedad u
otra causa o sin grave perjuicio de sus intereses propios
2094.-
Sabida la muerte del mandante, cesará el mandatario en sus funciones;
pero si de suspenderlas se sigue perjuicio a los herederos del mandante,
será obligado a finalizar la gestión principiada.
2095.-
En caso de muerte del mandatario, sus herederos que fueren hábiles
para la administración de sus bienes, deberán hacer saber al mandante el
fallecimiento y mientras reciban nuevas órdenes, cuidarán de los
intereses de este y concluirán los actos de gestión empezados por el
mandatario, si de la demora pudiera resultar daño al mandante.
La misma obligación tienen los albaceas, los representantes legales y
todos aquellos que suceden en la administración de los bienes del
mandatario que ha fallecido o se ha hecho incapaz.
2096.-
No se extingue por la muerte del mandante el mandato destinado a
ejecutarse después de ella.
Tendrá lugar esta disposición, aunque los herederos fueren menores o
incapaces.
2097.-
Cualquier mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del
mandante, será nulo, si no puede valer como disposición de última
voluntad.
2098.-
También continúa subsistiendo el mandato aún después de la muerte del
mandante, cuando ha sido dado en el interés común de este y del
mandatario o en el interés de un tercero.
2099.-
** Derogado por el art. 1o. Ley 10.783 de 18.9.46
2100.-
Si son dos o más mandatarios y por la constitución del mandato están
obligados a obrar conjuntamente, la muerte o incapacidad de cualquiera de
ellos pondrá fin al mandato.
2101.-
En general, todas las veces que el mandato expira por una causa
ignorada del mandatario, lo que este haya hecho en ejecución del mandato
será válido y dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante.
Este quedará también obligado, como si subsistiera el mandato, a lo
que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere
pactado con terceros de buena fe; pero tendrá derecho a que el mandatario
le indemnice.
Cuando el hecho que ha dado causa a la expiración del mandato hubiere
sido notificado al público por los periódicos y en los casos en que no
pareciere probable la ignorancia de tercero, podrá el Juez, en su
prudencia, absolver al mandante.
TITULO IX
DE LA FIANZA
CAPITULO I
DE LA NATURALEZA Y EXTENSION DE LA
FIANZA
2102.-
Fianza es la obligación de pagar o cumplir por un tercero en el caso
de que este no lo haga.
La fianza puede constituirse, no solo a favor del principal deudor,
sino de otro fiador.
Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal, se
observará lo dispuesto en el Capítulo II del Título II, Parte Primera de
este Libro.
2103.-
La fianza puede ser convencional, legal o judicial.
La primera es constituida por contrato, la segunda es ordenada por la
ley, la tercera por decreto del Juez.
La fianza legal y la judicial se sujetarán a las mismas reglas de la
convencional, salvo en cuanto la ley disponga otra cosa.
2104.-
La fianza también puede ser gratuita o a título oneroso.
2105.-
La fianza no puede existir sin que acceda a una obligación civil o
natural.
2106.-
Puede afianzarse no solo una obligación pura y simple, sino
condicional o a plazo.
Podrá también afianzarse una obligación futura; y en este caso podrá
el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista quedando
sin embargo responsable al acreedor y terceros de buena fe, como el
mandante en los casos del artículo 2101.
2107.-
La fianza, no mediando confesión de parte, solo puede probarse por
escrito, aunque su valor no exceda de 100 Unidades Reajustables.
(Artículo 1595).
La fianza no puede extenderse fuera de los límites en que se contrajo.
Sin embargo, la fianza simple o indefinida de una obligación principal
comprenderá todos los accesorios de la deuda.
2108.-
El fiador no puede obligarse a más ni en términos más gravosos que el
deudor principal, tanto en la cantidad como respecto al tiempo, al lugar,
a la condición, al modo de pago o a la pena impuesta por la inejecución
del contrato a que acceda la fianza; pero puede obligarse a menos o en
términos menos gravosos.
La fianza que exceda bajo cualquiera de los respectos indicados,
deberá reducirse a los términos de la obligación principal.
En caso de duda, se adoptará la. interpretación más favorable a la
conformidad de las dos obligaciones principal y accesoria.
2109.-
Lo dispuesto en el artículo anterior no impide que el fiador pueda
obligarse de un modo más eficaz, por ejemplo, con una hipoteca, aunque la
obligación principal no la tenga.
Afianzándose un hecho ajeno, se afianza sólo la indemnización en que
el hecho por su inejecución se resuelva.
2110.-
Se puede afianzar sin orden y aun sin noticia y contra la voluntad del
principal deudor.
2111.-
La fianza no puede ser sustituida por una prenda o hipoteca y
recíprocamente, contra la voluntad del acreedor.
La disposición anterior no rige en caso de ser la fianza de ley o
judicial. Los Jueces pueden admitir en lugar de esta, prendas o hipotecas
suficientes. (Artículos 368, inciso 2o., 514, número 2o., 2118, número
6o.).
2112.-
El obligado a dar fiador debe presentar por tal a persona que sea
capaz de obligarse, que tenga bienes suficientes para responder de la
obligación y que esté domiciliado en la jurisdicción del Juez a quien
correspondería el conocimiento del negocio.
Para calificar la suficiencia de los bienes, solo se tomarán en cuenta
los raíces; excepto en materia comercial o cuando la deuda afianzada es
módica.
Pero no se tendrá en cuenta los bienes raíces embargados o litigiosos
ni los bienes que no existan en el territorio del Estado o que se hallen
sujetos a hipotecas gravosas o a condiciones resolutorias.
Si el deudor estuviere recargado de deudas que pongan en peligro aún
los inmuebles no hipotecados a ellas, tampoco se contará con estos.
2113.-
Si el fiador, aceptado por el acreedor espontánea o judicialmente,
llega a estado de insolvencia, debe darse otro que reúna las cualidades
exigidas en el artículo anterior, si no prefiere pagar la deuda.
Exceptúase el caso de haber exigido y pactado el acreedor, que se le
diera por fiador una persona determinada.
2114.-
En las obligaciones a plazo o de tracto sucesivo, el acreedor que no
exige fianzas al celebrar el contrato, podrá exigirlas, si después de
celebrado se temiese fundadamente la ausencia del deudor del territorio
del Estado, con ánimo de establecerse en otra parte sin dejar bienes
suficientes para la seguridad de sus obligaciones.
2115.-
Los derechos y obligaciones de los fiadores son trasmisibles a sus
herederos.
2116.-
El menor habilitado no puede ser fiador, aún con venia judicial ni por
cantidad menor de 500 Unidades Reajustables. (Artículos 283 y 310).
CAPITULO II
DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA
SECCION I
DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE EL
FIADOR Y EL ACREEDOR
2117.-
El fiador no puede ser reconvenido sin previa excusión de todos los
bienes del deudor.
2118.-
La excusión no tiene lugar:
1o. Cuando el fiador renunció expresamente este beneficio.
2o. Cuando se obligó solidariamente con el deudor.
3o. En el caso de quiebra o concurso del deudor.
4o. Si el deudor no puede ser demandado judicialmente dentro del
Estado.
5o. Si la obligación afianzada fuese puramente natural.
6o. Si la fianza fuese judicial.
2119.-
El subfiador goza del beneficio de excusión tanto respecto del fiador
como del deudor principal y no se entiende que lo renuncia, aunque lo
haya renunciado el fiador.
2120.-
No se tomará en cuenta para la excusión:
1o. Los bienes existentes fuera del territorio del Estado.
2o. Los bienes embargados o litigiosos o los créditos de dudoso o
difícil cobro.
3o. Los bienes cuyo dominio esté sujeto a una condición resolutoria.
4o. Los hipotecados a favor de deudas preferentes, en la parte que
pareciere necesaria para el pago completo de estas.
2121.-
Aunque el fiador no sea reconvenido, podrá requerir al acreedor, desde
que sea exigible la deuda, para que proceda contra el deudor principal; y
si el acreedor no lo hiciere, el fiador no será responsable por la
insolvencia del deudor sobrevenida durante el retardo.
2122.-
Cuando varios deudores principales se han obligado solidariamente y
uno de ellos ha dado fianza, el fiador reconvenido tendrá derecho para
que se excutan, no sólo los bienes de este deudor, sino los de sus
codeudores.
2123.-
Se entenderá que el fiador reconvenido para el pago renuncia el
beneficio de excusión, si no lo reclamase expresamente, designando bienes
del deudor dentro del término señalado por la ley procesal para la
admisión de las excepciones previas.
** La expresión "excepciones previas" responde a lo dispuesto por el
art. 133 Cód. Gral. del Proceso.
2124.-
Si los bienes excutidos no produjeran más que un pago parcial de la
deuda, será sin embargo el acreedor obligado a aceptarlo y no podrá
reconvenir al fiador, sino por la parte insoluta.
Si reclamada por el fiador la excusión, el acreedor es omiso o
negligente en ella y el deudor cae entre tanto en insolvencia, cesa la
responsabilidad del fiador.
2125.-
El fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones resultantes
del contrato principal y las que él mismo tenga, pero no las puramente
personales al deudor. (Artículos 1241 y 1503).
2126.-
La transacción hecha por el fiador con el acreedor no surte efecto
para con el deudor principal.
La hecha por este, tampoco surte efecto para con el fiador contra su
voluntad. (Artículo 1524).
2127.-
Si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda, que no se hayan
obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre
ellos por partes iguales y no podrá el acreedor exigir a ninguno de ellos
sino la cuota que le corresponda. Es aplicable, en este caso, a los
fiadores lo dispuesto por el artículo 1379.
SECCION II
DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE EL
DEUDOR Y EL FIADOR Y ENTRE VARIOS
FIADORES
2128.-
El fiador tendrá derecho para que el deudor principal le obtenga el
relevo o le caucione las resultas de la fianza o consigne medios de pago,
en los casos siguientes:
1º. Cuando el fiador es judicialmente demandado para el pago.
2o. Cuando vencida la deuda, el deudor no la pagase.
3o. Cuando el deudor disipase sus bienes o los diese en seguridad de
otras obligaciones.
4o. Cuando el deudor se obligó a relevarlo de la fianza en un tiempo
determinado y este ha vencido.
5o. Si hay temor fundado de que el deudor principal se ausente fuera
de la República, no dejando bienes raíces suficientes para el pago de la
deuda.
6o. Si hubiesen transcurrido cinco años desde el otorgamiento de la.
fianza, a menos que la obligación principal fuese de tal naturaleza que
no esté sujeta a extinguirse en tiempo determinado o que ella se hubiese
contraído por un tiempo más largo.
2129.-
Si el fiador cobra retribución por haber prestado la fianza, no puede
pedir aplicación del número 6o. del artículo precedente.
Tampoco se extienden al que afianzó contra la voluntad del deudor, los
derechos concedidos al fiador por el mismo artículo.
2130.-
Si el deudor quebrare antes de pagar la deuda afianzada, el fiador
tendrá derecho para ser admitido preventivamente en el pasivo de la masa
concursada.
2131.-
El fiador que ha pagado por el deudor debe ser indemnizado por este.
La indemnización comprende:
1o. La cantidad pagada por la deuda.
2o. Los intereses legales desde que se hizo saber el pago al deudor.
3o. Los gastos ocasionados al fiador y lealmente hechos por este,
después de haber puesto en noticia del deudor que se le requería para el
pago.
4o. Los daños y perjuicios, cuando procedan según las reglas
generales.
La disposición de este artículo tiene lugar aun cuando se haya dado la
fianza, ignorándolo el deudor.
2132.-
El fiador con derecho a ser indemnizado según el precedente artículo,
queda subrogado en todos los derechos que el acreedor tenía contra el
deudor principal.
Sin embargo, si el fiador ha transigido con el acreedor, no puede
pedir al deudor más de lo que realmente haya pagado, a no ser que el
acreedor le haya hecho cesión expresa del resto.
2133.-
El fiador a quien el acreedor ha condonado la deuda en todo o en
parte, no podrá repetir contra el deudor por la cantidad condonada, a
menos que el acreedor le haya cedido la acción al efecto.
2134.-
Las acciones concedidas por el artículo 2131 no tendrán lugar:
1o. Cuando el fiador se obligó contra la voluntad del deudor.
2o. Cuando no fue válido el pago hecho por el fiador.
3o. Cuando la obligación del principal deudor es puramente natural y
no se ha validado por la ratificación o por el transcurso del tiempo.
2135.-
Si la obligación principal era a plazo y el fiador la pagó antes de su
vencimiento, no podrá reconvenir al deudor, sino después de vencido el
plazo.
2136.-
El deudor que paga sin avisar al fiador, será responsable para con
este de lo que, ignorando la extinción de la deuda, pagare de nuevo; pero
tendrá acción contra el acreedor por el pago indebido.
Si el fiador pagó sin ser demandado y sin haber avisado al deudor,
podrá este oponerle todas las excepciones de que hubiera podido servirse
contra. el acreedor al tiempo del pago.
Si el deudor, ignorando, por falta de aviso, la extinción de la deuda,
pagare de nuevo, no tendrá el fiador recurso contra él; pero podrá
intentar contra el acreedor la acción de pago indebido que corresponde al
deudor.
2137.-
El deudor no está obligado a abonar al fiador lo que este hubiese
pagado, si sabiendo que aquel tenía alguna excepción, que opuesta,
destruiría la acción del acreedor, no la dedujo.
No comprende esta disposición las excepciones que son meramente
personales al deudor o al mismo fiador.
2138.-
Cuando existen varios deudores principales y solidarios de una misma
deuda, el fiador que ha afianzado a todos tiene acción contra cada uno de
ellos por el todo.
El fiador particular de uno de ellos, solo contra, él podrá repetir
por el todo; y no tendrá contra los socios sino las acciones que le
correspondan como subrogado en las del deudor a quien ha afianzado.
2139.-
El cofiador que paga la deuda afianzada, queda subrogado en todos los
derechos del acreedor contra los otros cofiadores, para cobrar a cada uno
de estos la parte que le corresponde.
El cofiador que pagó más de lo que proporcionalmente le corresponde,
es subrogado por el exceso en los derechos del acreedor contra los
cofiadores, en los términos del inciso anterior.
2140.-
Al fiador que hubiese hecho el pago, podrán los otros cofiadores
oponer las mismas excepciones que habrían correspondido al deudor
principal contra el acreedor y que no fuesen puramente personales del
mismo deudor.
Tampoco podrán oponer al cofiador que ha pagado, las excepciones
puramente personales que corresponden a este contra el acreedor y de que
no quiso valerse.
2141.-
El subfiador, en caso de insolvencia del fiador por quien se obligó,
queda responsable a los otros cofiadores en los mismos términos que lo
estaba el fiador.
CAPITULO IIID
DE LOS MODOS DE. ACABARSE LA FIANZA
2142.-
La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor
y por las mismas causa que las demás obligaciones. (Artículos 1513, 1523,
1539 y 1544).
2143.-
La confusión que se verifica en la persona del deudor y fiador, cuando
uno de ellos hereda al otro, no extingue la obligación del subfiador.
2144.-
Los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de su obligación,
siempre que por hecho o culpa del acreedor, no pueden quedar subrogados
en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo.
No se extiende esta disposición a las seguridades o privilegios
constituidos después del otorgamiento de la fianza.
2145.-
Si el acreedor aceptó voluntariamente del deudor principal, en
descargo de la deuda, un objeto distinto del que este era obligado a
darle, queda irrevocablemente libre el fiador, aunque después sobrevenga
evicción del objeto.
2146.-
En cuanto a la simple prórroga de plazo concedida por el acreedor, se
estará a lo que dispone el artículo 1542.
TITULO X
DE LA TRANSACCION
2147.-
La transacción es un contrato por el cual, haciéndose recíprocas
concesiones, terminan los contrayentes un litigio pendiente o precaven un
litigio eventual.
Cualquiera que sea la entidad del objeto u objetos sobre que verse la
transacción, se requiere para su validez que conste por acto judicial o
por escritura pública o privada.
2148.-
No puede transigir el que no puede disponer de los objetos que se
abandonan por la transacción.
2149.-
No puede transigir una persona en nombre de otra, sino con su poder
especial en el que deben mencionarse los derechos y bienes sobre que ha
de recaer la transacción.
2150.-
El tutor y curador no pueden transigir en nombre de la persona que
tienen en su guarda, sino en la forma prescrita en el artículo 401.
Se observará además, lo dispuesto en el artículo 426.
Los padres pueden transigir sobre los bienes del hijo que tienen bajo
su potestad; pero si la transacción recayere sobre bienes raíces o sobre
un objeto de valor de más de 500 Unidades Reajustables, la transacción no
surtirá efecto sin la aprobación judicial.
2151.-
** Derogado por el art. 2o. de Ley 10.783 de 18.9.46.
2152.-
Las personas jurídicas sólo pueden transigir en conformidad a las
leyes o reglamentos especiales que les conciernen.
2153.-
La transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un
delito, pero no sobre la acción criminal que corresponda, sea a la parte
ofendida, sea al Ministerio Público.
2154.-
No se puede transigir sobre el estado civil de las personas.
Pero valdrá la transacción sobre intereses puramente pecuniarios
subordinados al estado de una persona, aunque este sea objeto de
contestación, con tal que al mismo tiempo la transacción no verse sobre
el estado de ella.
2155.-
La transacción sobre alimentos futuros no surtirá efectos, sino
después de ser aprobada judicialmente.
2156.-
La transacción no perjudica ni aprovecha sino a los contratantes.
2157.-
Cuando haya fiador de las obligaciones sobre que se transige, se
observará lo dispuesto en el artículo 2126.
2158.-
Las diferentes cláusulas de una transacción son indivisibles, a menos
que las partes declaren expresamente lo contrario.
2159.-
Las transacciones deben interpretarse estrictamente.
La transacción no comprende sino los objetos expresados general o
específicamente en ella o que por una inducción necesaria de sus
palabras, deben reputarse comprendidos.
La renuncia general de derechos no se extiende a otros que a los que
tienen relación con el objeto o los objetos sobre que se transige.
2160.-
Por la transacción no se trasmiten sino que se declaran o reconocen
los derechos que hacen el objeto de las diferencias sobre que ella recae.
(Artículo 1702).
La declaración o reconocimiento de esos derechos no obliga al que lo
hace a garantirlos ni le impone responsabilidad alguna en caso de
evicción ni importa un título propio en que fundar la prescripción.
2161.-
La transacción, en cuanto extingue los derechos y obligaciones que las
partes hubiesen renunciado, tiene respecto de ellas toda la autoridad de
la cosa juzgada.
2162.-
La transacción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de
documentos, está sujeta a lo dispuesto en el artículo 1269 y siguientes.
Sin embargo, no podrá una de las partes oponer el error de hecho a la
otra, siempre que esta se haya apartado por la transacción de un pleito
comenzado o haya desistido de intentarlo, si podía hacerlo sin temeridad.
2163.-
El descubrimiento de nuevos documentos no es causa para anular o
rescindir la transacción, si no ha habida mala fe.
2164.-
Es anulable la transacción sobre un pleito que estuviese ya decidido
por sentencia ejecutoriada y no susceptible de reforma por los medios
ordinarios, en caso que la parte que pidiere la rescisión de la
transacción hubiese ignorado la existencia de la ejecutoria.
2165.-
Si se ha estipulado una pena contra el que deje de ejecutar la
transacción, habrá lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto la
transacción en todas sus partes.
2166.-
Si una de las partes ha renunciado el derecho que le correspondía por
un título y después adquiere otro título sobre el mismo objeto, la
transacción no le priva del derecho posteriormente adquirido.
TITULO XI
DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS
2167.-
Los principales contratos aleatorios son:
1o. El contrato de seguros.
2o. El préstamo a la gruesa.
3o. El juego, apuesta o suerte.
4o. La constitución de renta vitalicia.
Los dos primeros pertenecen a la ley comercial.
CAPITULO I
DEL JUEGO, APUESTA Y SUERTE
2168.-
El contrato de juego tendrá lugar, cuando dos o más personas
poniéndose a jugar, se obligan a pagar a la que ganare, una suma de
dinero u otro objeto determinado.
Habrá apuesta cuando dos personas, que son de opinión contraria sobre
cualquier materia, convienen que aquella cuya opinión resulte fundada,
recibirá de la otra una suma de dinero o cualquier otro objeto
determinado.
Se aplicará a la suerte las disposiciones de este capítulo, si a ella
se recurre como apuesta o como juego.
2169.-
La ley no acuerda acción alguna para reclamar lo ganado al juego o en
apuesta.
Exceptúanse los casos previstos en el artículo 2178.
2170.-
La deuda de juego o apuesta no puede compensarse ni ser convertida por
novación en una obligación civilmente eficaz.
2171.-
El que hubiere firmado una obligación que tenía en realidad por causa
una deuda de juego o de apuesta, conserva, a pesar de la indicación de
otra causa civilmente eficaz, la excepción concedida por el artículo
anterior y puede probar por todos los medios, la causa real de la
obligación.
2172.-
Si una obligación de juego o apuesta hubiere sido revestida como
título a la orden, el que la suscribió debe pagarlo al portador de buena
fe; pero tendrá acción para repetir el importe al que recibió el billete.
La entrega de este no equivaldrá a pago que hubiese hecho. (Artículo
2176).
2173.-
Tampoco hay acción alguna para reclamar el reembolso del dinero
prestado a sabiendas para jugar o para apostar.
2174.-
El que ha recibido y ejecutado el mandato de pagar sumas perdidas en
el juego o apuesta, puede exigir del mandante el reembolso de ellas; pero
si el mandato hubiese sido de jugar por cuenta del mandante o en sociedad
de este con el mandatario, no puede exigirse del mandante el reembolso de
lo anticipado por el mandatario.
2175.-
El tercero que, sin mandato, hubiese pagado una deuda de juego o
apuesta, no goza de acción alguna contra aquel por quien hizo el pago.
2176.-
El que ha pagado voluntariamente deudas de juego o de apuestas no
puede repetir lo pagado, a menos que hubiese dolo o fraude de parte del
ganancioso. (Artículos 1313 y 1445).
Habrá dolo en el juego o apuesta, cuando el que ganó tenía certeza del
resultado o empleó algún artificio para conseguirlo.
2177.-
Lo pagado por las personas que no tienen la libre administración de
sus bienes, podrá repetirse en todos los casos por sus representantes
legales, no solo de aquellos que ganaron, sino también de aquellos en
cuya casa tuvo lugar el juego, siendo unos y otros considerados como
deudores solidarios.
2178.-
Las disposiciones precedentes no comprenden las deudas de juego o de
apuesta que provengan de ejercicio de fuerza, destreza de armas, carreras
y otros juegos o apuestas semejantes, los cuales producen acción
civilmente eficaz, con tal que en ellos no se haya contravenido a alguna
ley o reglamento de Policía.
En caso de contravención, desechará el Juez la demanda en el todo.
2179.-
Cuando las personas se sirvieren del medio de la suerte, no como
apuesta o juego, sino para dividir cosas comunes o terminar alguna
cuestión, producirá, en el primer caso, los efectos de una partición; y
en el segundo, los de una transacción, con tal que el convenio conste de
un modo legal.
2180.-
Lo dispuesto en este capítulo, se entiende que es sin perjuicio de lo
que sobre el juego prescriba la ley penal.
2181.-
Las loterías y rifas, cuando se permitan, serán regidas por
disposiciones especiales o por los reglamentos de Policía.
CAPITULO II
DE LA CONSTITUCION DE RENTA VITALICIA
2182.-
El contrato de renta vitalicia es un contrato aleatorio, en que una
persona se obliga, a título oneroso, a pagar a otra una renta o pensión
periódica, durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un
tercero.
Cuando la renta vitalicia se constituye gratuitamente, no hay contrato
aleatorio y se sujetará a las reglas de las donaciones y legados, sin
perjuicio de regirse por las de este capítulo, en lo que fueren
aplicables.
2183.-
El contrato de renta vitalicia deberá otorgarse, pena de nulidad, por
escritura pública y no se perfeccionará sino por la entrega del precio.
2184.-
El precio de la renta vitalicia o lo que se paga por el derecho de
percibirla, puede consistir en dinero o en cosas raíces o muebles.
La pensión no puede ser sino en dinero.
2185.-
Será nula toda cláusula de no poder el acreedor enajenar su derecho a
percibir la renta.
2186.-
Una renta vitalicia puede constituirse sobre la vida del que da el
precio o sobre la de una tercera persona y aun sobre la del deudor o
sobre varias vidas. Ella puede ser creada a favor de una sola persona o
de muchas, sea conjuntamente o sea sucesivamente.
2187.-
Es nulo el contrato, si antes de perfeccionarse, muere la persona de
cuya existencia pende la duración de la renta o al tiempo del contrato
adolecía de una enfermedad que le haya causado la muerte dentro de los
treinta días subsiguientes, aunque las partes tuviesen conocimiento de la
enfermedad.
2188.-
Cuando la renta vitalicia fuese constituida a favor de dos o más
personas para que la perciban simultáneamente, se debe declarar la parte
que corresponde a cada uno de los pensionistas y si el que de estos
sobrevive, tiene o no derecho de acrecer. A falta de declaración, se
entenderá que la renta les corresponde por partes iguales y que cesa, en
relación a cada uno de los pensionistas que falleciere.
2189.-
Si la renta vitalicia es constituida sobre dos o más vidas a favor del
que da el precio o de un tercero, la renta se deberá íntegra hasta la
muerte de todos aquellos sobre cuya vida fue constituida.
2190.-
Si el deudor no presta las seguridades estipuladas, podrá el acreedor
pedir que se anule el contrato.
2191.-
El acreedor no podrá pedir resolución del contrato aun en el caso de
no pagársele la pensión ni podrá pedirla el deudor aun ofreciendo
restituir el precio y abonar o condonar las pensiones devengadas, salvo
que los contratantes hayan estipulado otra cosa.
2192.-
En caso de no pagarse la pensión, podrá procederse contra los bienes
del deudor para el pago de lo atrasado y obligarle a prestar seguridades
para el pago futuro.
2193.-
Para exigir el pago de la renta vitalicia será necesario probar la
existencia de la persona de cuya vida depende.
2194.-
Si el tercero de cuya existencia pende la duración de la renta
sobrevive al acreedor, pasará el derecho de este a sus herederos hasta la
muerte del tercero.
2195.-
Muerta la persona sobre cuya existencia fue constituida la renta
vitalicia, se deberá la de todo el año corriente, si en el contrato se ha
estipulado que se pagase con anticipación; y a falta de esta
estipulación, se deberá solamente la parte que corresponda al número de
días corridos.
TITULO XII
DEL PRESTAMO
2196.-
Hay dos clases de préstamo: el de las cosas fungibles y el de las
cosas no fungibles.
El primero se llama mutuo o préstamo de consumo; y el segundo comodato
o préstamo de uso.
CAPITULO I
DEL MUTUO O PRESTAMO DE CONSUMO
2197.-
El mutuo o préstamo de consumo, es un contrato por el cual se da
dinero u otra cosa de las fungibles, con cargo de volver otro tanto de la
misma especie y calidad.
2198.-
El mutuario se hace dueño de la cosa mutuada, la cual perece para él,
de cualquier manera que se pierda.
2199.-
La obligación que resulta de un préstamo de dinero nunca es mayor que
la suma numérica enunciada en el contrato. Si hay alza o baja de la
moneda antes del pago, el deudor cumple, no habiendo estipulación
contraria, con devolver la suma numérica prestada en la moneda corriente
al tiempo en que deba verificarse el pago.
2200.-
El que habiendo firmado un documento por dinero prestado, oponga la
excepción de dinero no contado, tendrá que probarla como cualquiera de
las otras excepciones y sea cual fuere el tiempo en que la oponga.
2201.-
Si se han prestado cosas fungibles que no sean dinero, se deberá
devolver igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad, sea que
el precio de ellas haya bajado o subido en el intervalo; y si esto no
fuese posible o no lo exigiere el acreedor, deberá el mutuario pagar lo
que valgan en el tiempo y lugar en que ha debido hacerse el pago.
2202.-
El mutuario está obligado a devolver la cosa mutuada en el plazo y
lugar estipulados.
Si nada se ha estipulado acerca del plazo y lugar en que debe hacerse
la devolución, debe verificarse luego que la reclame el mutuante, pasados
diez días de la celebración del contrato y en el domicilio del deudor.
(Artículo 1440).
2203.-
Si se ha convenido expresamente que el mutuario pagaría cuando pudiese
o cuando tuviese medios de hacerlo y las partes no llegasen a ponerse de
acuerdo sobre la época del pago, fijará el Juez según las circunstancias,
el tiempo en que deba hacerse aquel.
2204.-
El mutuante es responsable de los perjuicios que sufra el mutuario por
la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada.
2205.-
El mutuo puede ser gratuito y puede también intervenir en él la
obligación de pagar interés por la cosa prestada.
Se puede estipular interés en dinero o cosas fungibles.
No será válida la estipulación sobre intereses, si no constase por
escrito.
Los intereses deberán ser especificados documentalmente en forma
expresa, con mención concreta de valores numéricos. Es nula toda
estipulación en contrario.
No obstante, podrá establecerse una tasa variable referida a plazas o
promedios determinados.
** La redacción del inc. 4o. surge de una adaptación al art. 11 inc.
3o. y 5o. Ley 14.095 de 17.11.72.
La redacción del inc. 5o. surge de una adaptación al art. 2o. Decreto
Ley 15.226 de 1.12.81.
2206.-
El interés convencional no tiene más tasa que la que se fija en el
contrato, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y legales.
** La última parte del inc. responde al precepto constitucional del
art. 52 y a la legislación sobre usura.
2207.-
El interés legal o sea el que la misma ley impone en determinados
casos, es el de doce por ciento al año.
En los casos en que sean de aplicación los artículos 1o., 2o. y 3o.
del Decreto Ley 14.500 de 8 de marzo de 1976, la tasa fijada en el inciso
precedente será del seis por ciento anual.
** La tasa del 12% fue dada por el art. 74 de la Ley 13.355 de
17.8.65.
2208.-
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2205, en toda
estipulación de intereses que no determine la cuota o el tiempo en que
empezarán a correr, se presume que las partes se han sujetado a los
intereses legales desde el tiempo en que debió satisfacerse el capital.
** Redacción adaptada al texto del art. 2205.
2209.-
Si se ha pagado intereses aunque no estipulados, no podrán repetirse
ni imputarse al capital.
2210.-
Si se ha estipulado intereses y el mutuante ha dado carta de pago por
el capital sin reservar expresamente los intereses, se presumirán
pagados.
2211.-
El recibo de intereses posteriormente vencidos, dado sin condición ni
reserva, hace presumir el pago de los anteriores.
2212.-
La estipulación sobre pago de intereses durante el plazo prefijado
para que el deudor goce de la cosa prestada, se entiende prorrogada
después de transcurrido aquel, por el tiempo que se demore la devolución
del capital.
2213.-
En los casos en que la ley no hace correr expresamente los intereses o
cuando estos no están estipulados en el contrato, la tardanza en el
cumplimiento de la obligación hace que corran los intereses desde el día
de la demanda, aunque esta excediera el importe del crédito y aunque el
acreedor no justifique pérdida o perjuicio alguno y el obligado creyese
de buena fe no ser deudor.
2214.-
En las deudas ilíquidas, los intereses corren desde la demanda
judicial por la suma del crédito que resulte de la liquidación.
2215.-
Los intereses no pueden producir intereses sino por una convención
especial.
CAPITULO II
DEL COMODATO O PRESTAMO DE USO
SECCION I
DE LA NATURALEZA DEL COMODATO
2216.-
El comodato o préstamo de uso es un contrato por el cual una de las
partes entrega a la otra alguna cosa no fungible, mueble o raíz, para que
use de ella gratuitamente y se la devuelva en especie.
Este contrato podrá probarse por testigos, cualquiera que sea el valor
de la cosa prestada.
2217.-
Es prohibido prestar cualquiera cosa para un uso contrario a las leyes
o buenas costumbres o prestar cosas que están fuera del comercio por
nocivas al bien público.
2218.-
El comodante conserva la posesión y la propiedad o el derecho en cuya
virtud hace el comodato: el comodatario adquiere la mera tenencia y el
uso, pero no los frutos; si interviene algún emolumento pagable por el
que recibe la cosa para usar de ella, la convención dejará de ser
comodato.
2219.-
Las obligaciones y derechos que nacen del contrato pasan a los
herederos de ambos contratantes, a menos que por las circunstancias
aparezca que se han hecho en contemplación a solo la persona del
comodatario, en cuyo caso los herederos de este no tienen derecho a
continuar en el uso de la cosa. (Artículo 2233).
SECCION II
DE LAS OBLIGACIONES DEL COMODATARIO
2220.-
El comodatario está obligado a velar como un buen padre de familia en
la conservación de la cosa prestada. El no puede servirse de ella sino
para el uso convenido o a falta de convención, para el uso ordinario de
las cosas de su clase.
En caso de contravención podrá el comodante exigir el abono de los
daños y perjuicios y la restitución inmediata de la cosa prestada, aunque
para la restitución se haya estipulado plazo.
2221.-
Si por culpa del comodatario la cosa prestada sufriere un deterioro
tal que no sea ya susceptible de emplearla en su uso ordinario, podrá el
comodante exigir el precio anterior de ella, abandonando su propiedad al
comodatario.
2222.-
El comodatario no responde de los casos fortuitos o de fuerza mayor,
si no es:
1o. Cuando el accidente ha sido precedido de alguna culpa suya, sin la
cual el daño en la cosa prestada no hubiera tenido lugar.
2o. Cuando la cosa prestada no ha perecido por caso fortuito o fuerza
mayor, sino porque el comodatario la empleó en otro uso o porque la
empleó por un tiempo más largo que el designado en el contrato.
3o. Cuando ha podido garantir del accidente la cosa prestada,
empleando su propia cosa y no se ha servido de esta; o si no pudiendo
conservar más que una de las dos, ha preferido la suya.
2223.-
El comodatario no responde de los deterioros en la cosa prestada por
efecto del uso legítimo de ella o cuando la cosa se ha deteriorado por su
propia calidad, vicio o defecto.
2224.-
Si después de haber pagado el comodatario el valor de la cosa que se
había perdido y de la cual debía responder, la recuperase el mismo
comodatario o el comodante, no tendrá derecho aquel para repetir el
precio pagado y obligar a este a recibirla.
Pero el comodante tendrá derecho para exigir la restitución de la cosa
y obligar al comodatario a recibir el precio pagado.
2225.-
El comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo
convenido o a falta de convención, después del servicio para que ha sido
prestada, salvo lo dispuesto en los artículos 2219 y 2234.
La restitución deberá hacerse al comodante o a la persona que tenga
derecho para recibirla a su nombre, según las reglas generales.
2226.-
El comodatario no puede retener la cosa prestada a pretexto de lo que
el comodante le debe, aunque sea por razón de expensas. (Artículos 1500 y
1509).
2227.-
El comodatario no tendrá derecho para suspender la restitución,
alegando que la cosa prestada no pertenece al comodante; salvo que haya
sido perdida, hurtada o robada a su dueño o que se embargue judicialmente
en manos del comodatario.
Si se ha prestado una cosa perdida, hurtada o robada, el comodatario
que lo sabe y no lo denuncia al dueño, dándole un plazo razonable para
reclarmarla, se hará responsable de los daños y perjuicios que de la
restitución se sigan al dueño.
Y si el dueño no la reclamare oportunamente, podrá hacerse la
restitución al comodante.
El dueño por su parte tampoco podrá exigir la restitución, sin el
consentimiento del comodante o sin decreto del Juez.
2228.-
Cesa la obligación de restituir, desde que el comodatario descubre que
él es el verdadero dueño de la cosa prestada.
Pero si el comodante le disputa el dominio, deberá restituir, a no ser
que se halle en estado de probar, breve y sumariamente, que la cosa
prestada le pertenece.
2229.-
Si los herederos del comodatario, con conocimiento del préstamo,
hubiesen enajenado la cosa prestada, deberán pagar todo el valor de ella
y resarcir los daños y perjuicios; y aun podrán ser perseguidos
criminalmente por abuso de confianza.
Si los herederos no tuvieron conocimiento del préstamo, el comodante
podrá, a su arbitrio, ejercer la acción reivindicatoria de la cosa o
exigir de los herederos el precio recibido o que le cedan las acciones
que en virtud de la enajenación les competan.
2230.-
Si la cosa no perteneciere al comodante y el dueño la reclamare antes
de terminar el comodato, no tendrá el comodatario acción de daños y
perjuicios contra el comodante, salvo que este haya sabido que la cosa
era ajena y no lo haya advertido el comodatario.
2231.-
Todos los comodatarios a quienes se presta conjuntamente una cosa,
responden solidariamente por la restitución o daño sufrido en ella.
2232.-
Los gastos hechos por el comodatario para servirse de la cosa que tomó
prestada, no puede repetirlos.
SECCION III
DE LAS OBLIGACIONES DEL COMODANTE
2233.-
El comodante debe dejar al comodatario o a sus herederos el uso de la
cosa prestada durante el tiempo convenido o hasta que el servicio para
que se prestó fuese hecho; salvo la excepción contenida en el artículo
2219 y la que se va a expresar en el siguiente.
2234.-
Si antes de llegado el plazo o de concluirse el uso para que se prestó
la cosa, sobreviene al comodante alguna imprevista y urgente necesidad de
la misma cosa, podrá exigir del comodatario su restitución.
2235.-
El comodante debe abonar las expensas extraordinarias causadas durante
el contrato para la conservación de la cosa prestada, siempre que el
comodatario lo ponga en su conocimiento antes de hacerlas, salvo cuando
fueren tan urgentes que no pueda anticipar el aviso sin grave peligro.
2236.-
El comodante que conociendo los vicios o defectos ocultos de la cosa
prestada no previno de ellos al comodatario, responde a este de los daños
que por esa causa sufriere.
2237.-
El comodato toma el nombre de precario, si el comodante se reserva la
facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo.
2238.-
Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio
particular ni se fija tiempo para su restitución.
Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo
contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño.
TITULO XII
DEL DEPOSITO
CAPITULO I
DEL DEPOSITO EN GENERAL Y DE SUS
DIVERSAS ESPECIES
2239.-
El depósito en general es un acto (artículo 2287, inciso 3o.) por el
cual alguno recibe una cosa ajena con la obligación de guardarla y de
restituirla en especie.
La cosa depositada se llama también depósito.
2240.-
El depósito es de dos maneras: el depósito propiamente dicho y el
secuestro.
El primero es un contrato en que una de las partes entrega a la otra
una cosa para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del
depositante.
2241.-
Pueden ser objeto del depósito las cosas muebles o raíces, aunque, por
lo general, sólo se verifica en las primeras.
2242.-
El depósito es ordinariamente gratuito; pero puede intervenir salario,
sin que el contrato degenere.
2243.-
No se transfiere por el depósito la propiedad de la cosa, que, con
todos los derechos que de ella emanan, permanece en el depositante.
2244.-
El depósito propiamente dicho es voluntario o necesario.
CAPITULO II
DEL DEPOSITO VOLUNTARIO
SECCION I
DE LA NATURALEZA DEL DEPOSITO
VOLUNTARIO
2245.-
El depósito voluntario se forma por el consentimiento recíproco del
depositante y depositario, sin que de ocasión a él una calamidad.
2246.-
La prueba del depósito voluntario se regirá por lo dispuesto en los
artículos 1594 y siguientes.
2247.-
Cuando, según los mencionados artículos, deba otorgarse el contrato
por escrito y se hubiere omitido esta formalidad, será creído el
depositario por su declaración, tanto sobre el hecho mismo del depósito,
como sobre la cosa que formaba su objeto y sobre su restitución.
2248.-
No habiendo contestación sobre el hecho del depósito y sólo sí sobre
su autor, podrá probarse esto por testigos.
2249.-
El error acerca de la sustancia, calidad o cantidad de la cosa
depositada, no invalida el contrato.
El depositario, sin embargo, descubriendo que la guarda de la cosa
depositada le acarrea peligro, podrá restituir inmediatamente el
depósito.
2250.-
El depósito voluntario no puede tener pleno efecto sino entre personas
capaces de contratar.
Si no lo fuere el depositante, el depositario, sin embargo, contraerá
todas las obligaciones de tal.
Y si no lo fuere el depositario, el depositante tendrá sólo acción
para reclamar la cosa depositada mientras esté en poder del depositario y
a falta de esta circunstancia, tendrá sólo acción personal contra el
depositario hasta concurrencia de aquello en que por el depósito se
hubiese hecho más rico; quedándole a salvo el derecho que tuviere contra
terceros poseedores y sin perjuicio de la pena que las leyes impongan al
depositario en caso de dolo.
SECCION II
DE LAS OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIO
2251.-
El depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla al
depositante siempre que se la pidiere: su responsabilidad, en cuanto a la
guarda y pérdida de la cosa, se regirá por lo dispuesto en el Capítulo I,
Título II, Parte Primera de este Libro.
Es aplicable al depósito, la diferencia que establece el inciso 2o.
del artículo 2065.
2252.-
Es obligación del depositario dar aviso al depositante de las medidas
y gastos que sean de necesidad para la conservación de la cosa y de hacer
aquellos gastos que tengan el carácter de urgentes, los que serán a
cuenta del depositante.
Faltando a estas obligaciones, será responsable de los daños y
perjuicios que su omisión causare.
2253.-
El depositario no puede servirse de la cosa depositada, sin permiso
expreso del depositante.
En caso contrario, responderá de los daños y perjuicios.
2254.-
Cuando el depositario tiene permiso de servirse o usar de la cosa
depositada, el contrato cambia de naturaleza y ya no es depósito, sino
préstamo o comodato.
No se presumirá concedido este permiso en nigún caso, si no consta
expresamente.
2255.-
Cuando las cosas depositadas se entregan cerradas y selladas, debe
restituirlas el depositario en la misma forma y responderá de los daños y
perjuicios si ha sido forzado el sello o cerradura por su culpa, en cuyo
caso se estará a la declaración del depositante en cuanto al valor de lo
depositado.
Si esto acaeció sin culpa del depositario, incumbe al depositante la
prueba del valor de lo depositado.
En todo caso de fractura o forzamiento, se presumirá culpa en el
depositario, salva a este la prueba de que no la hubo.
2256.-
El depositario no debe violar el secreto de un depósito de confianza
ni podrá ser obligado a revelarlo.
2257.-
El depositario debe devolver la cosa en el estado en que se halla al
tiempo de la restitución. Los deterioros que no provengan de culpa suya,
son de cuenta del depositante.
2258.-
La cosa depositada ha de ser devuelta con todos sus frutos y
accesiones.
Consistiendo el depósito en dinero, se aplicará al depositario lo
dispuesto para con el mandatario en el artículo 2073.
2259.-
Cuando el depositario no sea responsable del casó fortuito o fuerza
mayor, si a consecuencia de accidente, recibe el precio de la cosa
depositada u otra en lugar de ella, es obligado a restituir al
depositante lo que se le haya dado.
2260.-
El heredero del depositario, cuando ha vendido con buena fe la cosa
mueble que no sabía fuese depositada, cumple con entregar el precio, que
hubiese recibido o ceder su acción contra el comprador, si aún no la
hubiere pagado.
Lo cual se entenderá sin perjuicio de la acción reivindicatoria que
corresponda al depositante.
2261.-
Las reglas de los artículos 2227 y 2228 son aplicables al depósito.
2262.-
El depositario no debe restituir la cosa sino al que se la entregó o a
aquel en cuyo nombre se hizo el depósito o fue designado para recibirla.
2263.-
En caso de haber muerto el depositante, la devolución deberá hacerse a
su heredero, aunque al constituirse el depósito se hubiere indicado un
tercero para la devolución.
Si hay dos o más herederos y no se ha hecho la partición, deberán
ponerse de acuerdo sobre la devolución del depósito; después de la
partición, será devuelto al que, según la misma, resulte tener derecho.
2264.-
Sin son dos o más los depositantes y no se ha indicado el que haya de
recibir el depósito, deberán ponerse de acuerdo sobre el particular.
A falta de ese acuerdo, el depositario deberá poner la cosa depositada
a la orden del Juez.
2265.-
Si el depositante ha mudado de estado, por ejemplo, siendo mayor de
edad ha sido bajo curaduría, sólo debe entregarse el depósito al que
tiene la administración de los bienes y derechos del depositante.
** Redacción adaptada al texto del art. 1o. de Ley 10.783 de 18.9.46.
2266.- Si el depósito ha sido hecho por un tutor u otro administrador
cualquiera de negocios ajenos, en una de esas calidades, sólo puede ser
devuelto a la persona a quien representaba ese tutor o administrador, si
su representación ha concluido.
** Redacción adaptada del texto del art. 2o. de Ley 10.783 de 18.9.46.
2267.-
Si el contrato de depósito designa el lugar en que debe hacerse la
devolución, los gastos de transporte son de cuenta del depositante.
Si el contrato no designa el lugar para la devolución, debe hacerse
donde se verificó el depósito o donde la cosa se halla, sin dolo por
parte del depositario.
2268.-
El depósito debe ser restituido al depositante cuando quiera que lo
reclame, aunque en el contrato se haya fijado un plazo o tiempo
determinado para la restitución.
Esta disposición se entiende sin perjuicio de lo que se prescribe en
el artículo 2261.
2269.-
El depositario que tiene justos motivos para descargarse de la guarda
de la cosa, podrá, aun antes del término designado en el contrato,
restituirla al depositante; y si éste lo resiste, podrá obtener del Juez
su consignación.
2270.-
El depositario no puede compensar la obligación de devolver el
depósito con ningún crédito suyo ni por otro depósito que él hubiese
hecho al depositante, aunque fuese de mayor suma o de cosa de más valor.
2271.-
El depositario podrá retener la cosa depositada en razón de las
expensas que haya hecho para la conservación de la cosa (artículo 2252);
pero no por el pago del salario que se hubiere estipulado ni por
perjuicios que el depósito le hubiere causado ni por ninguna otra causa
extraña al depósito.
SECCION III
DE LAS OBLIGACIONES DEL DEPOSITANTE
2272.-
El depositante está obligado a reembolsar al depositario todos los
gastos que hubiese hecho para la conservación de la cosa depositada y a
indemnizarle de todos los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado
por el depósito.
CAPITULO III
DEL DEPOSITO NECESARIO
2273.-
Depósito necesario, que también se llama miserable, es el que se hace
por ocasión de alguna calamidad, como incendio, ruina, saqueo, naufragio
u otras semejantes.
2274.-
En el depósito necesario se admite la prueba por testigos, aunque se
trate de cantidad de 100 Unidades Reajustables o más. (Artículo 1599,
número 2)
2275.-
Si una persona adulta que no tiene la libre administración de sus
bienes, pero que está en su sana razón, se hace cargo de un depósito
necesario, responderá de él aunque para recibirlo no haya sido autorizada
por su representante legal.
2276.-
En todo lo demás, el depósito necesario se regirá por las reglas del
voluntario.
2277.-
Los equipajes que los traseúntes o viajeros introducen en una posada,
con conocimiento del posadero o de sus dependientes, se miran como
depositados bajo la custodia del dueño del establecimiento. Este depósito
se asemeja al necesario y se le aplican los artículos 2274 y siguientes.
2278.-
El posadero es responsable de todo daño que se cause a dichos
equipajes por culpa suya o de sus dependientes o de los extraños que
visiten la posada y hasta de los hurtos y robos; pero no responde de
fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se le pueda imputar culpa o dolo.
2279.-
El posadero es además obligado a la seguridad de los efectos que el
traseúnte o viajero conserva alrededor de sí. Bajo este respecto, es
responsable del daño causado o del hurto o robo cometido por los mozos o
sirvientes de la posada o por personas extrañas, que no sean familiares o
visitantes del alojado.
2280.-
El traseúnte o viajero que se queje de daño, hurto o robo, deberá
probar el número, calidad y valor de los objetos desaparecidos.
El Juez estará autorizado para rechazar la prueba testimonial ofrecida
por el demandante, cuando éste no le inspire confianza o las
circunstancias le parezcan sospechosas.
2281.-
El viajero que trajere consigo efectos de gran valor, de los que
generalmente no llevan consigo los transeúntes o viajeros, deberá hacerlo
saber al posadero y aun mostrarle dichos efectos, si lo exigiere, para
que se emplee especial cuidado en su custodia; y de no hacerlo así, el
posadero no será responsable de la pérdida..
2282.-
Si el hecho fuere de algún modo imputable a negligencia del transeúnte
o viajero, será absuelto el posadero.
2283.-
El posadero no se eximirá de la responsabilidad que le imponen los
artículos precedentes, por medio de sus reglamentos, programas o avisos
que pusiere, anunciando que no responde de los efectos introducidos en la
posada ni de otro modo alguno que no sea por una convención especial,
firmada por las partes.
2284.-
Lo dispuesto por los artículos anteriores se aplica a los
administradores de fondas, hoteles, cafés, casas de billar y otros
establecimientos, cualquiera que sea su denominación, en que se dé
alojamiento a los transeúntes o viajeros.
CAPITULO IV
DEL SECUESTRO
2285.-
El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más
individuos, en manos de otro que se obliga a restituirla, concluido el
pleito, al que según la sentencia deba obtenerla.
El depositario se llama secuestre.
2286.-
El secuestro se gobierna por las reglas del depósito voluntario, salvo
las que se expresan en los artículos siguientes y lo que disponga la ley
procesal.
2287.-
El secuestro es convencional o judicial.
El convencional se constituye por el solo consentimiento de los
litigantes.
El judicial se constituye por decreto del Juez y no ha menester otra
prueba.
2288.-
Los depositantes contraen para con el secuestre las mismas
obligaciones que el depositante respecto del depositario, por lo que toca
a los gastos y daños que le haya causado el secuestro.
2289.-
Si el secuestre perdiere la tenencia de la cosa, podrá reclamarla
contra toda persona, incluso cualquiera de los depositantes que la haya
tomado sin consentimiento del otro o sin decreto del Juez, según el caso
fuere.
2290.-
El secuestre de un inmueble tiene, relativamente a su administración,
las facultades y deberes de mandatario y deberá dar cuenta de sus actos
al futuro adjudicatario.
2291.-
Mientras no recaiga sentencia de adjudicación pasada en autoridad de
cosa juzgada, no podrá el secuestre exonerarse de su cargo sino por una
necesidad imperiosa, de que dará aviso a los depositantes, si el
secuestro fuere convencional o al Juez, en el caso contrario, para que
dispongan su relevo.
Podrá también cesar, antes de dicha sentencia, por voluntad unánime de
las partes, si el secuestro fuere convencional o por decreto del Juez, en
el caso contrario.
TITULO XIV
DEL CONTRATO DE PRENDA
2292.-
Por el contrato de prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor
para la seguridad de su crédito.
La cosa entregada se llama prenda.
El acreedor que la toma se llama acreedor prendario.
2293.-
El contrato de prenda supone siempre una obligación principal a que
accede.
2294.-
Puede dar prenda legalmente, el que tiene derecho de enajenar la cosa.
Vale sin embargo, la prenda de cosa ajena, cuando el dueño, capaz de
contratar, presta su ratificación o estando delante calla y no
contradice.
2295.-
La prenda puede ser constituida por una deuda eventual o condicional,
siendo a cargo del acreedor la prueba de haberse cumplido la condición.
2296.-
La prenda puede constituirse no sólo por el deudor, sino por un
tercero cualquiera que hace este servicio al deudor.
2297.-
La prenda confiere al acreedor el derecho de hacerse pago en la cosa
dada en prenda, con preferencia a los demás acreedores en caso de
concurso, con tal que medien las circunstancias requeridas en el Título
De la graduación de acreedores.
Pero entre acreedor y deudor o no tratándose de preferencia respecto
de tercero, la prueba del contrato de prenda seguirá las reglas
generales.
2298.-
Se puede dar en prenda un crédito entregando el título; pero será
necesario que el acreedor lo notifique al deudor del crédito consignado
en el título, prohibiéndole que lo pague en otras manos.
El acreedor a quien se haya dado crédito en prenda podrá cobrarlo en
juicio o fuera de él, en la misma forma en que podría verificarlo el que
lo empeñó.
2299.-
El acreedor a quien se ha prometido prenda, tiene derecho de exigir al
deudor que se la entregue y no pudiendo verificarlo por haberla enajenado
o perdido, estará obligado a dar otra en su lugar.
2300.-
En todos los casos, el acreedor no adquiere el derecho de prenda, sino
en cuanto la cosa ha sido entregada y ha permanecido en su poder o en el
del tercero en quien las partes convinieron o que fue designado por el
Juez.
2301.-.
Nadie puede apoderarse por autoridad propia de la cosa de su deudor
por vía de prenda, a no ser que expresamente se le hubiere conferido esa
facultad por el deudor.
Tampoco se puede retener una cosa del deudor en seguridad de la deuda
sin su consentimiento, excepto en los casos que las leyes expresamente
designan. (Artículo 1854)
2302.-
El acreedor que pierde la tenencia de la prenda, tendrá acción para
reclamarla contra cualquiera persona, sin exceptuar al deudor, mientras
estuviere pendiente el pago de la deuda.
2303.-
Si la cosa dada en prenda no pertenece al deudor sino a un tercero que
no ha consentido en el empeño, subsiste sin embargo el contrato mientras
no la reclama su dueño; a menos que el acreedor sepa haber sido perdida,
hurtada o robada, en cuyo caso se aplicará a la prenda lo dispuesto en el
artículo 2227.
Si el dueño reclama la cosa empeñada sin su consentimiento y se
verificare la restitución, el acreedor podrá exigir que se le entregue
otra prenda de igual valor o se le otorgue otra caución competente; y en
defecto de una y de otra, se le pague inmediatamente su crédito, aunque
haya plazo estipulado para el pago.
2304.-
El acreedor es obligado a guardar y conservar la prenda como buen
padre de familia y responde de los deterioros que la prenda haya sufrido
por su hecho o culpa
No puede servirse de la prenda en manera alguna, si el deudor no le ha
concedido expresamente el derecho de hacerlo.
Bajo este respecto, sus obligaciones son las mismas que las del
depositario.
2305.-
El deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda en todo o en
parte, mientras no haya pagado la totalidad de la deuda en capital e
intereses y en su caso las expensas de conservación de la prenda: si el
acreedor abusare de ésta, se pondrá en secuestro.
2306.-
En los contratos de préstamo se considerará como legal todo lo que en
ellos dispongan las partes contratantes, excepto cuando por sus
disposiciones se afecte la moral y el orden público.
Es nula toda cláusula que prive al acreedor de la facultad de pedir la
venta de la cosa dada en prenda.
2307.-
Vencido el término estipulado en el contrato, podrá el acreedor
solicitar la venta en subasta pública o la adjudicación por el precio
mínimo admisible a un tercero.
Si no hay término estipulado, podrá solicitar la venta transcurridos
diez días después de la interpelación hecha al deudor para que cumpla la
obligación.
2308.-
En el caso de haberse pactado entre acreedor y deudor prendario, que
si al vencimiento de la obligación ésta no fuese satisfecha, podrá el
acreedor realizar extrajudicialmente la prenda; si ésta es de un valor de
Bolsa, cualquiera que sea su especie, se entregará a un corredor de
número para su venta; y tratándose de cualquier otra clase de bienes
muebles, a un rematador público al mismo fin.
2309.-
La cuenta de venta del rematador público y el boleto del corredor de
número serán los comprobantes exigibles para certificar el resultado de
las operaciones a que se refiere el artículo anterior.
2310.-
Con el producto de la venta realizada se cubrirá el acreedor de su
crédito sin intervención del deudor y le entregará a éste el excedente,
si lo hubiese; si el deudor se rehusase a recibirlo, lo consignará en la
forma establecida para las consignaciones en general.
2311.-
Contra el procedimiento establecido en el artículo anterior, no se
admitirá recurso alguno judicial de efecto suspensivo; y el deudor que
algo tuviese que reclamar, sólo podrá hacerlo en vía ordinaria.
2312.-
Mientras no se ha consumado la venta o la adjudicación prevenida en
los artículos anteriores, podrá el deudor pagar la deuda, con tal que sea
completo el pago, incluyéndose los gastos que la venta o la adjudicación
hubiesen ya ocasionado.
2313.-
En el caso de venta judicial, si el valor de la prenda no excediere de
100 Unidades Reajustables, podrá el Juez, a petición del acreedor,
adjudicársela por su tasación sin que se proceda a subastarla.
2314.-
Si vendida o adjudicada la prenda, su precio no alcanzare a cubrir la
deuda, se imputará primero a los intereses y gastos y el resto al
capital; observándose en caso de ser dos o más las deudas, lo dispuesto
en el Título De los modos de extinguirse las obligaciones, Capítulo I,
Sección III De la imputación de la paga.
2315.-
Una vez satisfecho el crédito en todas sus partes, deberá restituirse la
prenda; pero el acreedor podrá retenerla si tuviere contra el mismo
deudor otros créditos que reúnan los requisitos siguientes:
1o. Que sean líquidos y ciertos.
2o. Que se hayan contra'Ido después que la obligación para la cual se
constituyó la prenda.
3o. Que se hayan hecho exigibles antes del pago de esta obligación.
2316.-
La restitución de la prenda deberá hacerse con los aumentos que haya
recibido de la naturaleza o del tiempo y si ha dado frutos, podrá
imputarlos el acreedor al pago de la deuda, dando cuenta de ellos.
2317.-
La prenda es indivisible, aunque la deuda se divida entre los
herederos del deudor o del acreedor.
En consecuencia, el heredero del deudor que ha pagado su parte de la
deuda, no pues reclamar la restitución de la prenda, mientras la deuda no
esté completamente pagada; y recíprocamente, el heredero del acreedor que
ha recibido parte de la deuda, no puede entregar la prenda en todo o en
parte, con perjuicio de los herederos que no han sido pagados.
2318.-
Ofreciéndose el deudor a redimir la prenda, pagando toda la deuda con
arreglo a lo dispuesto en este Título o consignando su importe total en
juicio, está obligado el acreedor, so pena de daños y perjuicios, a la
entrega inmediata de la cosa.
2319.-
El acreedor prendario que de cualquier modo enajenare o negociare la
cosa dada en prenda, sin observar las formas establecidas en el presente
Título, incurrirá en la pena del delito de apropiación indebida, sin
perjuicio de la indemnización del daño.
** Redacción adaptada al Código Penal de 1934
2320.-
Se extingue el derecho de penda por la destrucción completa de la
cosa; por haber pasado su propiedad al acreedor; y cuando en virtud de
una condición resolutoria, pierde su dominio el que la había dado en
empeño; pero en este caso, el acreedor de buena fe tiene el mismo derecho
que en el caso de haberse empeñado una cosa ajena que se restituye.
(Artículo 2303).
2321.-
Respecto de los montes de piedad y demás establecimientos autorizados
para prestar sobre prendas, se observarán las leyes y reglamentos que les
conciernan y subsidiariamente las disposiciones de este Título.
Los contratos previstos en las leyes 5.649 de 21 de marzo de 1918,
8.292 de 24 de setiembre de 1928 y 12.367 de 8 de enero de 1957, quedan
sujetos a las normas respectivas.
** Se agrega el inc. 2o. para contemplar la existencia de leyes
especiales comúnmente conocidas como prenda sin desplazamiento.
TITULO XV
DE LA HIPOTECA
2322.-
La hipoteca es un derecho de prenda constituido por convención y con
las formalidades de la ley, sobre determinados bienes raíces, que no por
eso dejan de permanecer en poder del deudor.
2323.-
La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública e inscribirse
además en el Registro respectivo, sin cuyos requisitos no tendrá valor
alguno ni se contará su fecha sino desde la inscripción.
2324.-
Los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero producirán
hipoteca sobre los bienes situados en la República, con tal que se
inscriban en el competente Registro.
2325.-
Si la constitución de la hipoteca adolece de nulidad relativa y
después se valida por el transcurso del tiempo o la ratificación, la
fecha de la hipoteca será siempre la fecha de la inscripción.
2326.-
La hipoteca podrá otorgarse bajo condición y desde o hasta cierto día.
Otorgada bajo condición suspensiva o desde cierto día, no valdrá sino
desde que se cumpla la condición o desde que llegue el día; pero cumplida
la condición o llegado el día, será su fecha la misma de la inscripción
Podrá asimismo otorgarse en cualquier tiempo, antes o después de los
contratos a que acceda y correrá desde que se inscriba.
2327.-
No podrá constituirse hipoteca sino por la persona que sea capaz de
enajenar o en caso de incapacidad, con los requisitos necesarios para la
enajenación.
Pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad
de una obligación ajena; pero no habrá acción personal contra el dueño,
si éste no se ha sometido expresamente a ello.
2328.-
El dueño de los bienes hipotecados podrá siempre enajenarlos, haya o
no pacto en contrario.
Podrá también arrendarlo o darlo en anticresis sin consentimiento del
respectivo acreedor hipotecario, cuando el plazo del arriendo o
anticresis no exceda de cuatro años. Los contratos que realice con
violación de esta disposición serán nulos.
Sólo el acreedor hipotecario o quien lo suceda en sus derechos, podrá
solicitar esa anulación.
** El texto de los inc. 2 y 3 surge del art. 52 inc. 2 y 3 de la Ley
10.793 de 25.9.46
2329.-
Los que no tienen en la cosa sino un derecho eventual, limitado o
rescindible, sólo pueden constituir hipoteca sujeta a las mismas
condiciones o limitaciones a que lo estaba el derecho del constituyente.
Si el derecho está sujeto a una condición resolutoria, se observará lo
dispuesto en el artículo 1430.
2330.-
El comunero puede hipotecar su cuota antes de la división de la cosa
común; pero verificada la división, la hipoteca afectará solamente los
bienes que en razón de dicha cuota se adjudiquen si fueren hipotecables;
si no lo fueren, caducará la hipoteca.
(Artículos 1151, 2334 número 3 y 2322).
Sin embargo, podrá subsistir la hipoteca sobre los bienes adjudicados
a los otros partícipes, si éstos consintieren en ello y así constare por
escritura pública, de que se tome razón al margen de la inscripción
hipotecaria.
2331.-
La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se
posean en propiedad o usufructo y sobre naves, aeronaves o diques
flotantes. (Articulo 2329).
Las reglas particulares relativas a la hipoteca de naves, aeronaves o
de los diques flotantes se establecen en las leyes correspondientes.
** Texto dado por el art. 3o. de Decreto Ley 15.080 de 18.11.80
2332.-
Los bienes futuros no pueden hipotecarse.
2333.-
No puede hipotecarse, para seguridad de una deuda, bienes por más
valor que el del duplo del importe conocido o estimativo de la
obligación, cuyo importe se determinará en la escritura inequívocamente.
2334.-
La inscripción de la hipoteca deberá contener:
1o. El nombre, apellido y domicilio del acreedor y las mismas
designaciones relativamente al deudor y a los que en representación del
uno o del otro requieran la inscripción.
2o. La fecha y la naturaleza del contrato a que acceda la hipoteca y el
archivo en que se encuentre.
3o. La situación de la finca hipotecada y sus linderos o si es nave,
aeronave o dique flotante, las designaciones específicas de ella.
4o. La suma determinada a que se extiende la hipoteca.
5o. La fecha de la inscripción y la firma del Escribano encargado del
registro respectivo.
** La redacción del No. 3 está adaptada al texto del Decreto Ley
15.080 de 18.11.80
2335.-
La hipoteca de una cosa se extiende a todos los accesorios y mejoras
que le sobrevengan. También se extiende a la indemnización debida por los
aseguradores de la cosa hipotecada.
Afecta, asimismo, los frutos de cualquiera especie pendientes al
tiempo de ejercer el acreedor sus derechos hipotecarios.
2336.-
La hipoteca es indivisible.
En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada
parte de ellas, son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de
ella.
2337.-
El acreedor hipotecario, cuando haya llegado el tiempo del pago, tiene
derecho a hacer vender judicialmente la cosa hipotecada en subasta
pública o a que se le adjudique a falta de postura legalmente admisible,
por el precio mínimo en que un tercero habría podido rematarla con
arreglo a la ley.
2338.-
Es nula toda cláusula que autorice al acreedor a apropiarse la cosa
hipotecada o a disponer de ella privadamente.
Es también nula la que prive al acreedor de la facultad de pedir la
venta de la cosa, aun cuando el crédito sea liquido y exigible.
2339.-
Si la finca se perdiese o deteriorase en términos de no ser suficiente
para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor a que se mejore
la hipoteca, a no ser que consienta que se le dé otra seguridad
equivalente; y en defecto de ambas cosas, podrá demandar el pago
inmediato de la deuda, aunque no esté cumplido el plazo.
2340.-
La hipoteca da derecho al acreedor de perseguir la finca hipotecada,
sea quien fuese el que la posea y a cualquier título que la haya
adquirido.
Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que
haya adquirido los bienes hipotecados en subasta judicial, practicada con
citación personal de los acreedores que tengan constituidas hipotecas
sobre la misma finca.
2341.-
El tercer poseedor reconvenido para el pago de la hipoteca,
constituida sobre la finca que después pasó a sus manos con este
gravamen, no tendrá en ningún caso el beneficio de excusión.
Haciendo el pago el tercer poseedor, se subroga plenamente en los
derechos del acreedor.
Si fuere desposeído de la finca, será plenamente indemnizado por el
deudor con inclusión de las mejoras que haya hecho.
2342.-
Es facultativo de las partes contratantes establecer en la escritura
de hipoteca el precio del inmueble hipotecado para el caso de la
ejecución y la renuncia de los trámites del juicio ejecutivo. En tal
caso, si la renuncia estuviera acompañada de la fijación del precio del
inmueble, la almoneda podrá verificarse, por las dos terceras partes del
precio fijado en la escritura, aun cuando el inmueble hipotecado haya
adquirido mayor valor con el tiempo.
**Redacción adaptada al texto del art. 377 inc. 2 y 379 y ss. del
Código Gral. del Proceso.
2343.-
Si el mayor valor proviene de las mejoras hechas por el deudor o su
causa-habiente con anuencia del acreedor, el importe de las mejoras se
unirá al precio fijado en la escritura al celebrarse la almoneda. Si las
mejoras se han hecho sin anuencia del acreedor, no tendrá derecho el
deudor o su causa-habiente a que el importe de las mejoras se tome en
cuenta para la almoneda ni el causa-habiente, en el caso del artículo
2341, inciso 3o., podrá pretender indemnización por dichas mejoras.
2344.-
Si la renuncia de los trámites del juicio ejecutivo no está acompañada
de la fijación del precio del inmueble, se establecerá éste por tasación,
con arreglo a la ley procesal.
2345.-
Si en la escritura de obligación las partes hubiesen convenido que la
venta se verifique al mejor postor, se hará así.
2346.-
Realizada la almoneda, en el caso de renuncia de los trámites del
juicio ejecutivo, según los artículos anteriores, el deudor podrá hacer
valer en juicio ordinario los derechos que le asistan a causa de la
ejecución, pero sin que por eso deja de quedar firme y subsistente la
venta del inmueble hecha en almoneda a favor de un tercero.
2347.-
La hipoteca se extingue con la obligación principal y por todos los
medios por que se extinguen las demás obligaciones.
Se extingue, asimismo, por la resolución del derecho del
constituyente; por la llegada del día hasta el cual fue constituida; y en
el caso excepcional del artículo 2340, inciso 2º.
Se extingue además por la cancelación que el acreedor otorgare por
escritura pública, de que se tome razón al margen de la inscripción
hipotecaria.
Todo interesado en obtener la cancelación de inscripción de hipotecas,
que se encuentre imposibilitado para lograrlo por la vía extrajudicial,
podrá solicitarlo en la vía judicial. Se consideran casos de
imposibilidad respecto del acreedor, entre otros, los de fallecimiento,
resistencia, ausencia, concurso, quiebra, incapacidad y similares.
**El texto del último inciso corresponde al art. 1º del Decreto Ley
14.857 de 15.12.78
2348.-
La prescripción para que se extinga la hipoteca, ha de ser de treinta
años, en cualquiera mano que estén los bienes hipotecados.
TITULO XVI
DE LA ANTICRESIS
2349.-
La anticresis es un contrato por el que se entrega al acreedor una
cosa raíz para que se pague con sus frutos.
2350.-
La anticresis no produce efecto, si no consta por escritura pública.
2351.-
Es aplicable a la anticresis lo que respecto de la prenda se dispone
en el artículo 2294, inciso 1º.
2352.-
El acreedor anticrético no adquiere derecho real sobre la cosa ni vale
la anticresis contra los derechos reales ni en perjuicio de los
arrendamientos constituidos anteriormente en la finca.
Pero serán obligados a respetar el derecho del acreedor anticrético,
todos aquellos a quienes se transfiera el derecho del dueño de la cosa
con posterioridad a la constitución de la anticresis, siempre que ésta se
haya inscrito en el Registro correspondiente.
2353.-
Podrá darse al acreedor en anticresis el inmueble anteriormente
hipotecado al mismo acreedor; y podrá asimismo hipotecarse al acreedor
con las formalidades y efectos legales, el inmueble que se le ha dado en
anticresis.
2354.-
El acreedor anticrético goza de los mismos derechos que el
arrendatario para el abono de las mejoras, perjuicios y gastos; y está
sujeto a las mismas obligaciones relativamente a la conservación de la
cosa.
2355.-
El acreedor no se hace dueño del inmueble por la sola falta de pago;
ni tendrán preferencia en él sobre los otros acreedores, sino la que le
diere el contrato accesorio de hipoteca, si lo hubiere. Toda estipulación
en contrario es nula, salvo lo dispuesto por la ley procesal para el caso
de ejecución.
2356.-
Si el crédito produjere intereses, tendrá derecho el acreedor para que
la imputación de los frutos se haga primeramente a ellos.
2357.-
Se puede estipular que los frutos se compensen con los intereses en su
totalidad o hasta cierto valor.
2358.-
El deudor no podrá pedir la restitución de la cosa sino después de la
extinción total de la deuda; pero el acreedor podrá restituirla en
cualquier tiempo y perseguir el pago de su crédito por los otros medios
legales, sin perjuicio de lo que se hubiere estipulado en contrario.
TITULO XVII
DE LA CESION DE BIENES
2359.-
La cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de
todos los suyos al acreedor o acreedores cuando, a consecuencia de
accidentes inevitables, no se halle en estado de pagar sus deudas.
2360.-
Esta cesión de bienes será admitida por el Juez con conocimiento de
causa y el deudor podrá implorarla no obstante cualquiera estipulación en
contrario.
2361.-
Para obtener la cesión, deberá el deudor probar su inculpabilidad en
el mal estado de sus negocios, siempre que lo exigiere alguno de los
acreedores.
2362.-
Los acreedores serán obligados a aceptar la cesión, excepto en los
casos siguientes:
1º Si el deudor ha sido condenado por hurto, robo, falsificación o
quiebra fraudulenta.
2º Si ha obtenido quitas o esperas de sus acreedores.
3º Si ha dilapidado sus bienes.
4º Si no ha hecho una exposición circunstanciada y verídica del estado
de sus negocios o se ha valido de cualquier otro medio fraudulento, para
perjudicar a sus acreedores.
2363.-
El deudor no está obligado a comprender en los bienes que cede,
aquellos que no son embargables para el pago por acción ejecutiva.
No son embargables:
1º Las remuneraciones por cualquier concepto, de los empleados
públicos y privados y las pensiones, jubilaciones y retiros.
Cuando se tratare de deudas por tributos, de pensiones alimenticias
decretadas judicialmente, podrán embargarse hasta la tercera parte; en
los casos de pensiones alimenticias en favor de menores e incapaces
servidas por sus ascendientes, serán embargables hasta la mitad.
2º Las prendas de uso personal del deudor y de su familia y los
muebles y útiles contenidos en su casa habitación, salvo que la deuda
provenga de la adquisición de los mismos muebles o de alquileres de la
casa; se exceptúan de la inembargabilidad, los bienes suntuarios de alto
valor.
3º Los libros relativos a la actividad laboral del deudor.
4º Las máquinas e instrumentos de que se sirva el deudor para la
enseñanza de alguna ciencia o arte o para el ejercicio de su oficio o
profesión, salvo el caso de bienes prendados para garantizar el precio de
la adquisición.
5º Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado.
6º Los utensilios del deudor, artesano o trabajador del campo,
necesarios para su trabajo individual. Tratándose del trabajador del
campo, además: un arado, una sembradora, una cortadora, una rastra, un
vehículo, una yunta de caballos con los arneses correspondientes, una
yunta de bueyes, una vaca, dos cerdos, los animales menores y aves para
el consumo de la familia durante un año y la semilla de la cosecha anual
próxima en una cantidad que no exceda de la necesaria para el cultivo de
una chacra de cincuenta hectáreas.
El beneficio que acuerda este inciso no podrá invocarse contra el
vendedor en su reclamación del precio de las cosas que se declaran
inembargables.
7º Los alimentos y combustibles que existan en poder del deudor, hasta
la concurrencia de lo necesario para el consumo de su familia durante
tres meses.
8º Los derechos cuyo ejercicio es meramente personal, como los de uso
y habitación.
9º Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no
embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la
entrega, por tasación aprobada judicialmente; pero podrán embargarse por
el valor adicional que después adquiriesen.
10º Las propiedades y rentas públicas y municipales, sin perjuicio de
lo establecido en la ley procesal.
11º Las cosas sagradas y religiosas y los bienes afectados al culto de
cualquier religión.
12º Los derechos funerarios.
13º El derecho de propiedad literaria y artística del autor y de sus
herederos.
Ningunos otros bienes se considerarán exceptuados, salvo lo que
declare una ley especial; con todo, no podrá impedirse que funcionen,
mientras permanezcan embargados, los telégrafos, ferrocarriles, tranvías,
diques y toda otra empresa de utilidad pública, así como las cosas
afectadas a un servicio público.
**La redacción del art. está adaptada al texto de los arts. 381 y 382
inc. 2º Código Gral. del Proceso.
El texto del numeral 1º está adaptado al art. 214 del Código del Niño.
El texto del numeral 6º surge del art. 26 de la Ley 8.153 de 16.12.27.
2364.-
La cesión de bienes produce los efectos siguientes:
1º El cedente no puede ser reconvenido judicialmente por ninguno de
los acreedores, mientras no se resuelva acerca de ella.
2º Admitida que sea, da a los acreedores la facultad de disponer de
los bienes y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos, pero no les
transfiere la propiedad.
3º Los créditos se extinguen hasta la cantidad en que sean
satisfechos.
4º El deudor que después de la cesión adquiere bienes, goza del
beneficio de competencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1494.
2365.-
Podrá el deudor arrepentirse de la cesión antes de la venta de los
bienes o de cualquiera parte de ellos y recobrar los que existan, pagando
a sus acreedores.
2366.-
Hecha la cesión de bienes, podrán los acreedores dejar al deudor la
administración de ellos y hacer con él los arreglos que tuvieren por
conveniente, siempre que en ello se conformare la mayoría de los
acreedores concurrentes.
El acuerdo de la mayoría obtenido en la forma prescripta por la ley
procesal, es obligatorio para todos los acreedores que hayan sido
citados, según se prescriba en la misma.
Pero los acreedores privilegiados, prendarios o hipotecarios, no serán
perjudicados por la resolución de la mayoría, si se hubieren abstenido de
votar.
2367.-
La cesión de los bienes de un deudor no aprovecha a sus codeudores
solidarios ni a los fiadores, sino hasta el importe de los pagos hechos
con los bienes cedidos.
Tampoco aprovecha a los herederos del que hizo la cesión, si han
aceptado la herencia sin beneficio de inventario.
TITULO XVIII
DE LOS CREDITOS PRIVILEGIADOS
2368.-
Privilegio es un favor especial con que la ley mira ciertos créditos
personales en concurso de acreedores, sin que por eso pasen en caso
alguno contra terceros poseedores.
2369.-
La primera clase de créditos personales privilegiados comprende los
que nacen de las causas que aquí se enumeran:
1a. Las costas y costos judiciales en el interés común de los
acreedores y los gastos de administración durante el concurso.
2a. Las expensas funerales del deudor difunto.
3a. Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor.
4a. El honorario del abogado, procurador y médico y los salarios de
los dependientes y criados por lo que se les adeuda en todo el año
anterior a la declaración del concurso, sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 1224 a 1226.
Para los efectos del privilegio, el honorario del abogado y procurador
será regulado en la forma establecida por la ley procesal y con
prescindencia de toda iguala o contrato que se invoque por el interesado.
5a. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y
su familia durante el último año.
El Juez, a petición de los acreedores, tendrá la facultad de tasar
este cargo, si le pareciere excesivo.
6a. Los atrasos de impuestos públicos o municipales.
7a. Las sumas que los despachantes de Aduana pagan a ésta por los
derechos correspondientes a las mercaderías cuyo derecho se les
encomienda y las abonadas por concepto de derechos fiscales de Aduana,
eslingaje, almacenaje, acarreos y demás gastos correspondientes a las
mercaderías hasta llegar a su destino.
**El texto del inc. 7º está dado por la Ley 8.301 de 15.10.28.
2370.-
A la segunda clase de créditos personales privilegiados corresponde:
1º El precio del transporte, sobre los efectos transportados.
2º El haber de los posaderos por razón de hospedaje, sobre los efectos
existentes en la posada.
3º Las semillas, su importe, gastos de cultivo, recolección y
conservación, anticipados al deudor y los créditos de fomento agrario
concedidos por el Banco de la República sobre las cosechas del último
año.
4º Los alquileres y rentas de bienes raíces, sobre los bienes muebles
propios del arrendatario y que éste tiene dentro de la finca arrendada; y
también sobre la cosecha del año, tratándose de heredades.
A la misma clase pertenecen los privilegios especiales establecidos
expresamente a favor de ciertos créditos por la ley comercial.
** El texto del numeral 3º está dado por el art. 11 de la Ley 8.461 de
5.9.29.
2371.-
La tercera clase de créditos personales privilegiados comprende:
1º Los del Fisco contra los recaudadores y administradores de bienes
fiscales.
2º Los de los establecimientos nacionales de caridad o de educación y
los de las municipalidades, iglesias y comunidades religiosas, contra los
recaudadores y administradores de sus fondos.
3º **DEROGADO por el art. 2º de Ley 10.783 de 18.9.46.
4º Los de los hijos, por los bienes de su propiedad no existentes en
especie, que fueron administrados por sus padres, sobre los bienes de
éstos.
5º Los de las personas que están bajo tutela o curaduría, contra los
respectivos tutores o curadores y fiadores de éstos.
6º ** DEROGADO. Ver nota a los artículos 294 y 332.
** El texto del numeral 4º corresponde al art. 1º Ley 15.855 de
25.3.87.
TITULO XIX
DE LA GRADUACION DE ACREEDORES Y
DISTRIBUCION
DE LOS BIENES EN CONCURSO
2372.-
Los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables (artículo
2363), son la garantía común de sus acreedores y el precio de ellos se
distribuye entre éstos a prorrata, a no ser que haya causas legítimas de
preferencia.
(Artículo 1295).
La ley no reconoce otras causas de preferencia que la prenda, la
hipoteca y los privilegios.
2373.-
Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por
razón de dominio y existan en poder del deudor insolvente, conservarán
sus derechos los respectivos dueños; sin perjuicio de los derechos reales
que sobre ellos competan al deudor como usufructuario o prendario o del
derecho de retención que le concedan las leyes, en todos los cuales
podrán subrogarse los acreedores.
2374.-
Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los
bienes de que ha hecho cesión o de que se ha abierto concurso a los
acreedores.
2375.-
Los diversos créditos contra el deudor concursado se pagarán según el
orden de precedencia y sobre los bienes que se les asignan en los grados
siguientes.
2376.-
El primer grado comprende los créditos enumerados en el artículo 2369.
Estos créditos afectan todos los bienes del deudor, salvo lo dispuesto
por los artículos 2380 y 2383 y no habiendo lo necesario para cubrirlos
íntegramente, preferirán unos a otros en el orden de su numeración en el
citado artículo 2369, cualquiera que sea su fecha: y los comprendidos en
cada número concurrirán a prorrata.
2377.-
El segundo grado comprende los créditos enumerados en el artículo 2370
y los indicados en el mismo con referencia a la ley comercial.
Estos créditos son pagados con el producto de los bienes en que tienen
su respectivo privilegio; y en el caso de concurrir algunos contra la
misma especie, se pagarán a prorrata.
Afectando a una misma especie créditos del primer grado y del segundo,
excluirán éstos a aquéllos; pero si fuesen insuficentes los demás bienes
para cubrir los créditos del primer grado, tendrán éstos la preferencia
en cuanto al déficit y concurrirán en dicha especie en el orden y forma
que se expresa en el artículo anterior.
2378.-
El tercer grado comprende los privilegios enumerados en el artículo
2371.
Estos créditos prefieren indistintamente unos a otros, según las
fechas de las causas, es a saber:
La fecha del nombramiento de administradores y recaudadores, respecto
de los créditos de los números primero y segundo del citado artículo
2371.
La del nacimiento del hijo, en los del número cuarto del referido
artículo.
La del discernimiento de la tutela o curatela, en los del número
quinto del mismo artículo.
**La eliminación del inc. 4º responde a la derogación de los numerales
3 y 6 del art. 2371.
2379.-
Las preferencias de los créditos del tercer grado afectan todos los
bienes del deudor, pero no dan derecho contra terceros poseedores y sólo
tienen lugar después de cubiertos los créditos de los dos primeros
grados, de cualquiera fecha que éstos sean.
2380.-
Son acreedores hipotecarios los que tienen garantidos sus créditos con
hipoteca convencional, especial y registrada, según lo dispuesto en el
Título XV, Parte Segunda de este Libro; y los demás a quienes se reconoce
esa calidad en el artículo 2383.
Prendarios, son los que tienen sus créditos garantidos con prenda de
que se encuentren en posesión y con tal que el contrato conste por
escritura pública o por documento privado, cuya fecha resulte comprobada
con arreglo al artículo 1587.
Todos los demás acreedores que no tienen algunas de las causas
expresadas de preferencia, son simples o quirografarios.
2381.-
Los acreedores hipotecarios y prendarios a que se refiere el artículo
anterior, no están obligados a aguardar a las resultas del concurso
general para proceder a ejercitar sus acciones contra los respectivos
inmuebles o muebles hipotecados o dados en prenda.
La acción se ejercitará con completa independencia del concurso
general; y éste sólo tendrá derecho a percibir el saldo que deje la
ejecución, después de cubierto el crédito hipotecario o prendario y las
costas y costos del juicio.
2382.-
A cada propiedad raíz gravada con hipoteca, podrá abrirse a petición
de los respectivos acreedores o de cualquiera de ellos, un concurso
particular para que se les pague inmediatamente según el orden de las
respectivas inscripciones.
En este concurso se pagarán ante todo, las costas y costos judiciales
causados en él.
2383.-
Para los efectos de la prelación en este concurso particular de
acreedores hipotecarios, se considerarán también como hipoteca:
1º Los censos debidamente inscriptos.
2º Los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de
una cosa, siempre que el contrato de construcción o las deudas, hayan
sido inscriptos en el registro respectivo.
Estos créditos concurrirán indistintamente entre sí y con las
hipotecas, estableciéndose la prelación según las fechas de las
respectivas inscripciones.
2384.-
El concurso, con autorización del Juez, puede levantar la hipoteca o
retirar la prenda, pagando el importe de la deuda.
En tal caso, la cosa hipotecada o dada en prenda, vuelve a la masa
concursada.
2385.-
Las preferencias del primer grado a que estaban afectos los bienes del
deudor difunto, afectarán de la misma manera los bienes del heredero,
salvo que éste haya aceptado la herencia con beneficio de inventario o
que los acreedores gocen del beneficio de separación, pues en ambos casos
afectarán solamente los bienes inventariados o separados.
2386.-
La misma regla se aplica a los créditos del tercer grado, los cuales
conservarán su fecha sobre todos los bienes del heredero, cuando no
tengan lugar los beneficios de inventario o separación y sólo la
conservarán en los bienes inventariados o separados, cuando tengan lugar
los respectivos beneficios.
2387.-
El cuarto y último grado comprende los créditos que no gozan de
preferencia. Estos créditos se pagarán a prorrata sobre el sobrante de la
masa concursada, sin consideración a su fecha.
2388.-
Los créditos preferentes que no puedan cubrirse en su totalidad por
los medios indicados en los artículos anteriores, pasarán por el déficit
a la lista de los créditos de cuarto grado, con los cuales concurrirán a
prorrata.
2389.-
Los intereses seguirán hasta la extinción de la deuda y se cubrirán
con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales.
TITULO FINAL
DE LA OBSERVANCIA DE ESTE CODIGO
2390.-
Quedan absolutamente derogadas todas las leyes y costumbres que han
regido hasta aquí sobre las materias que forman el objeto del presente
Código.
Las leyes relativas a materias extrañas al Código y de que sólo se
ocupa incidentalmente, no se considerarán derogadas, sino en cuanto se
opongan a las prescripciones del mismo.
2391.-
Todos los asuntos pendientes en que no haya recaído una sentencia
sobre el fondo, a la época en que este Código se hizo obligatorio, serán
juzgados por sus disposiciones, a no ser que en el mismo Código se
encuentre prescripción expresa en contrario.
Aunque haya mediado sentencia, si ésta no se funda en ley o
jurisprudencia práctica en los términos del artículo 1187 y no causa
ejecutoria, prevalecerán también las disposiciones del Código.
2391-1.-
Las modificaciones incorporadas al texto del Código, se regirán, en
cuanto a su vigencia, por las leyes respectivas.
**El art. responde a la existencia de normas modificativas de
disposiciones de este Código que fijan fechas de vigencia diferentes.
*** PROPUESTA: LA COMISION PROPONE AGREGAR AL INC. ANTERIOR DOS
INCISOS REFERIDOS AL TEMA DE LA CORRECCION MONETARIA (ver fundamentación
en la Exposición de Motivos).
"Los artículos 1108 inciso 1º, 871, 889 inciso 2º, 1968, 1969 inciso
3º, 2003 y 2008 inciso 4º, en la redacción dada por la presente ley, se
aplicarán a las sucesiones que se abran y las sociedades conyugales que
se disuelvan con posterioridad a la vigencia de ésta.
Se exceptúan los casos en los que resulte de aplicación el artículo
1112, siempre que la enajenación del donatario haya tenido lugar con
anterioridad a esa fecha."
2392.-
Todos los Tribunales o Jueces tienen el deber de aplicar las
disposiciones de este Código a los casos ocurrentes, haciendo mención
expresa de la prescripción aplicada.
APENDICE DEL TITULO FINAL DE ESTE
CODIGO
2393.-
El estado y la capacidad de las personas se rigen por la ley de su
domicilio.
2394.-
La existencia y capacidad de la persona jurídica se rige por la ley
del Estado en el cual ha sido reconocido como tal. Mas para el ejercicio
habitual en el territorio nacional, de actos comprendidos en el objeto
especial de su institución, se ajustará a las condiciones prescritas por
nuestras leyes.
2395.-
La ley del lugar de la celebración del matrimonio rige la capacidad de
las personas para contraerlo y la forma, existencia y validez del acto
matrimonial.
2396.-
La ley del domicilio matrimonial rige las relaciones personales de los
cónyuges, la separación de cuerpos y el divorcio y las de los padres con
sus hijos.
2397.-
Las relaciones de bienes entre los esposos se determinan por la ley
del Estado del primer domicilio matrimonial en todo lo que no esté
prohibido por la ley del lugar de la situación de los bienes, sobre
materia de estricto carácter real.
2398.-
Los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente
regidos por la ley del lugar en que se encuentran, en cuanto a su
calidad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas
las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles.
2399._
Los actos jurídicos se rigen, en cuanto a su existencia, naturaleza,
validez y efectos, por la ley del lugar de su cumplimiento, de
conformidad, por otra parte, con las reglas de interpretación contenidas
en los artículos 34 a 38 inclusive del Tratado de Derecho Civil de 1889.
2400.-
La ley del lugar de la situación de los bienes hereditarios al tiempo
del fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate, rige todo lo
relativo a la sucesión legítima o testamentaria.
2401.-
Son competentes para conocer en los juicios a que dan lugar las
relaciones jurídicas internacionales, los jueces del Estado a cuya ley
corresponde el conocimiento de tales relaciones. Tratándose de acciones
personales patrimoniales, éstas también pueden ser ejercidas, a opción
del demandante, ante los jueces del país del domicilio del demandado.
2402.-
Las formas del procedimiento se rigen por la ley del lugar en que se
radica el juicio.
2403.-
Las reglas de competencia legislativa y judicial determinadas en este
Título, no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Esta
sólo podrá actuar dentro del margen que le confiera la ley competente.
2404.-
No se aplicarán en nuestro país, en ningún caso, las leyes extranjeras
que contraríen manifiestamente los principios esenciales del orden
público internacional en los que la República asienta su individualidad
jurídica.
** Redacción adaptada a lo dispuesto por el art. 525-5 del Código
Gral. del Proceso.
2405.-
** Se entiende que este artículo no corresponde incluirlo en el Código
Civil.