Otórgase un plazo de ciento ochenta días a partir de la fecha de la
publicación de la presente ley, para que los titulares de promesas de ventas a plazos, o ventas de contado con plazo de escrituración,
diferido, incluso de aquellos que han pagado totalmente el precio, expedidas por la Industrial Francisco Piria S.A., Málaga S.A., Alarcle S.A., Dorica S.A., Nifisa S.A. Surmex S. A., Parnaso S.A., Dylmar S.A., Cominium S.A., Lexington S.A., Anabó S.A., Nurse S.A., Bonus S.A., Densa S.A., Banco Atlántico, Banco Uruguayo de Administración y Crédito y
Banco Transatlántico del Uruguay, no inscriptas y cuya fecha anterior al
30 de abril de 1965, resultare comprobada mediante certificación notarial
o contable con expresa remisión a recibos de pago de cuotas,
escrituración o asiento en libros rubricados, u otro elemento similar a juicio y bajo la responsabilidad del certificante, soliciten la inscripción de las mencionadas promesas en el registro correspondiente. A
tales efectos y a petición de parte, se decretará el levantamiento total
o parcial de los embargos que afecten al padrón sobre el que recaiga la promesa de compraventa que se pretenda inscribir, siempre que los mismos sean posteriores a la fecha comprobada.
Esta inscripción no devengará ningún gasto y en cualquier problema que
pueda suscitarse con motivo de la misma, actuará el Juzgado Letrado de lo
Civil que corresponda, siguiéndose a tal efecto el procedimiento sumario de los artículos 1177 a 1183 del Código de Procedimiento Civil.
Dentro del mismo plazo y en las mismas condiciones del artículo
precedente, se podrá solicitar la inscripción de todo compromiso de enajenación de inmuebles a plazos que no hayan sido inscriptos por
omisión de los vendedores, de documentar el mismo de acuerdo a las exigencias de la ley N° 8.733 de 17 de junio de 1931.
Los gravámenes hipotecarios o embargos cualquiera sea su causa, a
favor de institucion bancarias, inmobiliarias o financieras intervenidas,
en liquidación, concordato o moratoria, sobre inmuebles prometidos en venta, no obstarán a la escrituración definitiva de las respectivas promesas de compra-venta firmadas con anterioridad a la fecha de la intervención, liquidación o concordato o moratoria siempre que las mismas
hayan sido debidamente inscriptas en cualquier tiempo.
Los interventores, liquidadores o síndicos quedan autorizados para
conceder formas de pago del gravamen hipotecario (capital e intereses) o
de los créditos que determinan los respectivos embargos, por un plazo no
mayor de quince años, siempre que se ofrezcan garantías suficientes.
En los casos en que corresponda continuar la amortización de la deuda
luego de terminada la liquidación, la intervención o proceso concordatorio, así como en plazo mayor al de la moratoria concedida, los pagos se imputarán a la cuenta que a favor del Estado se establece en el artículo 3° de la ley N° 13.330, de 30 de abril de 1965. A tales efectos se tendrán en cuenta los adeudos pendientes, de acuerdo a lo establecido en este artículo, para la liquidación del crédito privilegiado que, por subrogación se establece a favor del Estado en el apartado 1° del
artículo 3° antes citado.
Lo dispuesto en este artículo no obsta al ejercicio de las acciones
ordinarias que pudieran corresponder y el Estado subrogará a la
institución acreedora en caso de mora en el pago de las amortizaciones previstas en las circunstancias que determinan en el inciso anterior.