La adquisición de esos aviones la hará cada centro por licitación pública, con la fiscalización de la Dirección de Aeronáutica Civil, y aprobación del Ministerio de Defensa Nacional. Para resolver no se tendrá en cuenta exclusivamente el precio de los materiales, sino también el prestigio de la marca, la calidad y la adecuación a los fines a que se destinen.