Las personas que hubieren prestado servicios de los comprendidos en
la ley N.o 11.617, de 20 de octubre de 1950, por espacio de veinte años
computables, como mínimo, y cesaron en la actividad con posterioridad al
20 de enero de 1943, sin causal jubilatoria configurada, tendrán derecho
a la jubilación cuando cumplan sesenta años de edad o cincuenta y cinco
si fueran mujeres, o cuando se incapaciten absolutamente para todo
trabajo, siempre que justifiquen no haber ingresado a una actividad
amparada por otras Cajas. Si el cese hubiere ocurrido con anterioridad a
la fecha expresada, se exigirá, además, el reintegro a actividades
amparadas por aquella ley por un plazo no menor de tres años.