Autorízase al Poder Judicial a realizar la digitalización del Archivo
Judicial, existente y futuro, de todos los procedimientos judiciales y
administrativos, el que debidamente certificado mantendrá idéntica
eficacia jurídica y valor probatorio que el equivalente en soporte papel.
La Suprema Corte de Justicia reglamentará el uso del sistema y su
implantación gradual, quedando facultada para ordenar la destrucción de
expedientes judiciales y administrativos archivados.