La determinación de los montos se rige por los siguientes criterios:
grado de complejidad de cada servicio y de la zona donde el mismo se
desarrolla; el cupo de atención; la necesidad o no de ofrecer residencia;
y el tiempo y horarios a disposición. En todos los casos los montos no
deberán superar los máximos legales establecidos para retribuir estos
servicios.