Ley 13.597
Se acuerdan facilidades para el pago de adeudos a los contribuyentes del Banco de Previsión Social, Cajas de Asignaciones Familiares y de Seguros de Enfermedad, se fijan normas para la compensación de deudas por parte de los contribuyentes que sean acreedores del Estado y se dispone que el Banco de la República otorgue créditos a los productores agropecuarios o industriales, para la consolidación de deudas con la Banca Oficial, Privada, Cajas Populares, etc.
Poder Legislativo.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
CAPITULO I
Facilidades para el pago de sus adeudos a los contribuyentes del Banco de
Previsión Social, Cajas de Asignaciones Familiares y de Seguros de Enfermedad.
(No afiliación. Sanciones). Las empresas y los contribuyentes en general,
comprendidos en las leyes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Industria y Comercio, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los
Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, que aún no se
hubieren afiliado a las mismas, deberán hacerlo en el plazo indicado por
el artículo 9.o de la presente ley, bajo las sanciones previstas en el
artículo 11 de la ley número 13.296, de 29 de octubre de 1964.
Quienes lo hicieran dentro de este plazo estarán exentos de las referidas
sanciones.
(Facilidades). Las sumas adeudadas hasta el 30 de junio de 1967, a las
Cajas de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio y de
Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de
Pensiones a la Vejez, por concepto de aportes patronales y obreros,
impuestos, contribuciones y demás gravámenes, podrán abonarse del modo que
a continuación se expresa, y comprende tanto a los inscriptos como a los
que aún no los tuvieren, acogidos o no a los planes vigentes de
facilidades o regularización de sus deudas y se hallaren o no
al día en el pago de sus obligaciones.
El nuevo régimen podrá favorecer a los deudores acogidos a cualquier
sistema anterior de facilidades para el pago de las deudas que estuvieran
abonando con dichas facilidades.
(Avalúos. Declaraciones y Título Ejecutivo). La deuda se establecerá por
avaluación conforme a las disposiciones legales en vigor.
Mientras no se haya realizado el avalúo y la liquidación de los adeudos,
se admitirá provisionalmente la declaración del deudor sobre el monto de
los tributos adeudados, con cuya base se liquidará la cuota de provisoria
amortización que comenzará a pagarse inmediatamente. La declaración del
deudor constituirá título ejecutivo.
Si la diferencia entre el monto declarado por el deudor y el monto del
capital adeudado resultante del avalúo supera el 40% (cuarenta por ciento)
de éste, quedarán sin efecto las facilidades. Sin embargo, podrán
mantenerse si el deudor cancela el total de la diferencia con los
respectivos intereses de mora liquidados hasta la fecha de cancelación con
los recargos y multas correspondientes, a dicha diferencia, en el plazo de
treinta días a contar de la notificación.
Realizada la avaluación y la liquidación de la cuenta, se establecerán
las cuotas definitivas de amortización con los intereses correspondientes
al plazo elegido incluyendo el total en el período restante del convenio.
Suspéndese por el término de treinta días la aplicación del régimen de
avaluación vigente en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los
Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, para los
establecimientos agropecuarios.
Las deudas consolidadas a la fecha indicada en el artículo 2.o podrán
pagarse:
A) Con exoneración de intereses, multas y recargos, si el pago total de la
deuda se realiza dentro del plazo de sesenta días para los deudores de
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio, y de
ciento veinte días para los deudores de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la
Vejez.
Los plazos que anteceden, comenzarán a contarse desde la fecha de
entrada en vigor de esta ley (artículo 18).
B) Con exoneración de intereses, multas y recargos de las deudas
antedichas, en la parte proporcional a las sumas que abonen
parcialmente, dentro de los mismos plazos.
C) En cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por la cantidad total
declarada o por la cantidad pendiente de pago luego de verificado el
pago parcial en las condiciones establecidas en el apartado B). El
número de cuotas podrá extenderse hasta ciento veinte, atendiendo a la
importancia de la deuda, a los antecedentes de la empresa, a su
solvencia y su capacidad de pago y a los demás elementos de juicio que
puedan insumir razonablemente, en la decisión, según el régimen que
previamente establecerá el Banco de Previsión Social por la vía
reglamentaria.
La deuda generará los siguientes intereses anuales sobre los saldos:
hasta en treinta y seis cuotas, el 12% (doce por ciento); hasta en
sesenta y dos cuotas el 14% (catorce por ciento); hasta ciento ocho
cuotas, el 16% (dieciséis por ciento) y por mayor número de cuotas, el 18%
(dieciocho por ciento).
El Banco de Previsión Social, para dar trámite a los pedidos de
consolidación, podrá exigir a los solicitantes, la presentación de los
recaudos que justifiquen el pago puntual de sus obligaciones con las Cajas
por el tiempo transcurrido entre el 30 de junio de 1967 y la fecha de su
solicitud.
(Cese, caducidad y rehabilitación de los convenios). Treinta días después
del vencimiento del mes de cargo de cada cuota, el deudor caerá
automáticamente en mora, sin necesidad de previa intimación judicial ni
otro aviso.
El Banco de Previsión Social, en este caso, podrá ejecutar únicamente las
cuotas vencidas, si así lo justificase la importancia de su monto, con
independencia del resto de la deuda, a cuyo respecto subsistirán las
facilidades acordadas.
No obstante lo expuesto, caducará el convenio si el deudor incurre en
demora en el pago de tres cuotas mensuales consecutivas, así como también,
si no abonare por el mismo período las obligaciones correspondientes.
La caducidad del convenio aparejará la inmediata ejecución por el saldo
del crédito, con todos los recargos legales, a partir del atraso.
El Banco de Previsión Social podrá rehabilitar el convenio a solicitud
del deudor, siempre que éste asegure debidamente su cumplimiento
ofreciendo garantía real o personal o caución, que se juzguen bastantes
por el Banco.
En tal caso el plazo para el pago no podrá exceder de la mitad del que se
concedió originalmente.
(Bonificación tributaria). Las empresas que al 31 de mayo de 1967, se
encontraran al día tanto en el pago de los tributos corrientes como en el
de las cuotas de convenios que hubieren celebrado, gozarán de una
disminución de un 1% (uno por ciento) de la tasa de contribución patronal
en el curso del año 1968 y del 2% (dos por ciento) en el curso del año
1969, que regirá en tanto se mantenga el cumplimiento de las obligaciones
legales y convencionales.
Este artículo sólo se aplicará a los contribuyentes de las Cajas de
Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio y Caja de Jubilaciones
y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la
Vejez y con referencia a sus obligaciones con respecto a las mismas.
(Intervención y ejecución). En las situaciones previstas en los artículos
anteriores, una vez caído en mora el deudor, el Banco de Previsión Social
podrá intervenir o ejecutar a la empresa deudora según lo juzgue más
conveniente.
La intervención no tendrá otro objeto que el de retener periódicamente
las cantidades necesarias hasta completar la suma adeudada, acrecida con
los intereses legales y los gastos que se originen.
La intervención podrá cumplirse por funcionarios del Banco de Previsión
Social en forma extra-judicial siempre que así lo consienta expresamente
el deudor.
El Banco de Previsión Social establecerá previamente y mediante
reglamentación los requisitos y condiciones que deberán cumplir y
satisfacer los interventores para desempeñar el encargo, y podrá
removerlos cuando las circunstancias así lo justifiquen.
Los interventores que cobren honorarios como tales, no percibirán su
sueldo como funcionarios del Banco.
(Certificados). El Banco de Previsión Social librará los certificados de
rigor, a las empresas y contribuyentes que se acojan a las facilidades de
pago y los renovará periódicamente mientras subsista el convenio.
(Plazo para el acogimiento). Fíjase el plazo de sesenta días, para que
los deudores de tributos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Industria y Comercio, formalicen el acogimiento al régimen que se
establece en los artículos anteriores, en cualquiera de sus oficinas.
Para los deudores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los
Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, el plazo será
de ciento veinte días.
Las empresas deberán comunicar al Banco de Previsión Social, por escrito
del que conservarán copia sellada, todo cambio de domicilio. En caso de no
practicarse tal comunicación se tendrá por domicilio el denunciado en
último término ante el organismo, a todos los efectos administrativos y
judiciales.
(Régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares). El
Banco de Previsión Social podrá celebrar convenios de pago con organismos
públicos deudores de aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles
y Escolares, en los casos en que la situación financiera del organismo
deudor acreditara, a juicio del Banco de Previsión Social, la
imposibilidad del cumplimiento regular del pago de los aportes adeudados
al 30 de junio de 1967.
En dichos convenios se fijará el monto total del crédito, el plazo de
pago, que no podrá ser en ningún caso superior a los ciento veinte meses,
y las demás condiciones que correspondan. Se establecerá además la parte
del crédito que el Banco de Previsión Social deberá percibir
necesariamente en efectivo, esto es, una entrega inicial y las cuotas
acordadas.
Fíjase el plazo de sesenta días para que los organismos públicos deudores
formalicen su acogimiento a este régimen.
La celebración del convenio y el pago de la primera cuota, facultarán al
Banco de Previsión Social para expedir el certificado previsto por el
artículo 87 de la ley N.o 12.761, de 23 de agosto de 1960.
Los organismos públicos que cumplan con el convenio y con los aportes
generados por nuevas obligaciones, se tendrán como estando al día en los
pagos, a los efectos que correspondan.
Todo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 de la ley No. 13.426,
de 2 de diciembre de 1965.
Lo establecido en los artículos anteriores y en el presente no será
aplicable a los pagos de aportes que atiende el Ministerio de Hacienda, el
que convendrá con el Banco de Previsión Social las formas de pago que
fueren del caso.
El Banco de Previsión Social podrá dejar sin efecto el convenio en los
siguientes casos;
A) Si el organismo deudor omite abonar dos cuotas mensuales consecutivas.
B) Si el organismo deudor se atrasa dos meses consecutivos en el
cumplimiento de sus aportaciones normales.
En estos casos, el Banco de Previsión Social no expedirá el
certificado de rigor.
Los contribuyentes que sean acreedores de la Administración Central, del
Banco de Previsión Social, de Entes Autónomos o de Servicios
Descentralizados, podrán abonar sus adeudos por aportes jubilatorios, con
los créditos de referencia.
El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición estableciendo la forma
en que se efectuará la compensación indicada y las condiciones que deberán
reunir los créditos en cuanto a su exigibilidad, liquidación e imputación
para que puedan ser utilizados a los fines de este artículo.
A efectos del cálculo de intereses o recargos, se considerará que el pago
de los créditos a favor del Estado se efectuó en el momento en que se hizo
exigible el crédito contra el Estado que se compensa.
Asimismo se compensarán con las deudas por tributos nacionales las que
los Seguros de Enfermedad tengan con los particulares, cuando el Estado
mantenga deudas con los mencionados Seguros de Enfermedad, las que a su
vez resultarán compensadas, hasta el monto del crédito menor.
Sustitúyese lo dispuesto por los artículos 1o. de la ley No. 12.143, de 19
de octubre de 1954, 7o. de la ley No. 12.934, de 24 de octubre de 1961 y 37 de la ley No. 13.426, de 2 de diciembre de 1965, por el siguiente:
"Los afiliados patronos que al 31 de diciembre de 1966 tengan adeudos
con las Cajas de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio y de
los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, por cuya
causa no entraron al goce de la pasividad, conforme con la ley número
11.237, de 8 de enero de 1949, en su artículo 1o., podrán acogerse al
régimen de pago que se condiciona por los artículos siguientes".
El Banco de Previsión Social podrá disponer de cualquiera de los fondos
que administra, a los fines de dar cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones de cada uno de los sectores que lo integran y de las
pensiones a la vejez. El uso de dichos fondos será en carácter de oportuno
reintegro en un plazo no mayor de noventa días.
(Fecha de aplicación). Las disposiciones contenidas en el presente
Capítulo entrarán en vigor, a todos sus efectos, a partir del día primero
del mes siguiente al de su publicación.
El régimen establecido en este Capítulo se aplicará, en lo pertinente, a
las aportaciones de Asignaciones Familiares y Seguros de Enfermedad, con
excepción de lo dispuesto en el artículo 6o.
Se mantiene lo dispuesto por el artículo 6o. de la ley N.o 8.634, de 18 de
junio de 1930, modificativas y concordantes, en lo referente a las
aportaciones normales a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Industria y Comercio.
El Banco de Previsión Social deberá expedir el certificado correspondiente
dentro de los noventa días de presentados, por parte del interesado, los
recaudos necesarios, vencidos los cuales se dará por cumplido el extremo
exigido en el artículo 6o. de la ley referida.
CAPITULO II
Consolidación de Deudas Bancarias y Créditos a los Productores
Agropecuarios o Industriales
El Banco de la República Oriental del Uruguay concederá créditos por un
monto no mayor de $ 3:000.000.00 (tres millones de pesos) a un interés no
superior al 12% (doce por ciento) anual, a todo productor agropecuario o
industrial que haya contraído ante acreedores particulares, Banca Oficial
o privada y Cajas Populares, deudas vinculadas con el giro normal de esos
negocios y a los deudores por todo concepto del Instituto Nacional de
Colonización, y cuyo pago en las circunstancias actuales supusiera una
real descapitalización.
Los acreedores particulares a que se refiere el inciso precedente deberán
tener la calidad de productores agropecuarios, de cooperativas
agropecuarias o tratarse de la Cooperativa Nacional de Productores de
Leche.
En el caso de deudas ante acreedores particulares, sólo se tendrán en
cuenta las documentadas en escrituras públicas de fecha anterior al 1o. de
julio de 1967 o en vales, conformes o pagarés reconocidos o dados por
reconocidos, judicialmente, antes de la misma fecha.
Sólo se podrán tener en cuenta las deudas vencidas o a vencer dentro de
los próximos ciento ochenta días, siempre que hayan sido contraídas antes
del 1o. de julio de 1967.
Las Cooperativas Agropecuarias en actividad y amparadas en la ley N.o
10.008, de 5 de abril de 1941, con antigüedad superior a tres años de
funcionamiento, que justifiquen fehacientemente, ante el Banco de la
República Oriental del Uruguay, la existencia de deudas contraídas con sus
asociados, con anterioridad al 1o. de julio de 1967, deberán obtener del
referido Banco, los créditos a que se refiere este artículo.
Para obtener los créditos a que se refiere el artículo anterior, deberá
el interesado presentarse dentro de los noventa días de la fecha de
promulgación de la presente ley ante el Banco de la República Oriental del
Uruguay con un estado de situación y un detalle de todas sus deudas,
especificando las que mantenga con los acreedores particulares, la Banca
Oficial o privada, Cajas Populares o Instituto Nacional de Colonización.
El Banco de la República Oriental del Uruguay examinará la situación
planteada y dentro de los ciento ochenta días de presentada la solicitud,
deberá determinar si el deudor se encuentra en la situación de real
descapitalización prevista en el artículo 21, en cuyo caso concederá el
préstamo y fijará los plazos y forma de concertación y amortización del
mismo. El plazo no podrá exceder de cinco años.
El préstamo comprenderá la deuda o deudas contraídas en moneda nacional,
más la totalidad de sus intereses incluso los de mora, las comisiones y
tributos judiciales producidos hasta la fecha de concesión del préstamo.
Asimismo comprenderá los costos producidos hasta el 1o. de julio de 1967.
Los tributos y los costos referidos serán abonados a la institución
acreedora, la que para hacerlos efectivos, podrá girar por los respectivos
importes contra la cuenta mencionada en el inciso final de este artículo.
El importe total del préstamo será depositado en una cuenta especial que
se abrirá para cada institución acreedora en el Banco de la República
Oriental del Uruguay, pudiendo operarse su retiro total o parcial, de
conformidad con lo establecido en el artículo 26.
El depósito en la referida cuenta determinará la cancelación de la
obligación del deudor frente a la institución acreedora.
El Banco de la República Oriental del Uruguay podrá exigir, para la nueva
operación, el mantenimiento de todas las garantías existentes o exigir
otras nuevas, adecuadas a la situación del deudor.
El Banco Central del Uruguay redescontará al Banco de la República
Oriental del Uruguay los documentos extendidos de conformidad con lo
establecido en los artículos anteriores, cualquiera fuere el plazo de los
mismos. Los billetes que se emitan por este concepto serán retirados de la
circulación a medida que se amorticen los documentos redescontados.
El importe que se acredite a las instituciones acreedoras, en virtud de
lo establecido por el artículo 22 de esta ley, sólo podrá ser colocado en
préstamos dentro de las líneas de crédito agrario o industrial y de los
plazos mínimos que fije el Banco Central del Uruguay para asegurar su
inversión con fines reproductivos. Quienes reciban estos créditos no
pagarán por ello más del 12% (doce por ciento) de interés anual y un
porcentaje de hasta el 6% (seis por ciento) anual por concepto de
comisiones y gastos. Se exceptúa de esta disposición al Instituto Nacional
de Colonización y a los acreedores particulares mencionados en el artículo
21, que podrán disponer de los importes del modo que consideren más
conveniente.
Las instituciones acreedoras a medida que vayan concediendo los créditos
a que se refiere el artículo anterior, podrán efectuar retiros de la
cuenta especial abierta para cada una de ellas en el Banco de la República
Oriental del Uruguay, según lo establecido por el artículo 22 de esta ley.
El Banco Central del Uruguay mantendrá en todo tiempo los poderes de
fiscalización más amplios para controlar el cumplimiento de las normas de
la presente ley, por parte de los Bancos privados y Cajas populares y de
las disposiciones que dicte el mismo Banco en virtud de lo establecido en
los artículos anteriores.
Las infracciones a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos serán
sancionados, previo sumario, por el Banco Central del Uruguay con multas
de pesos 5.000.00 (cinco mil pesos) a $ 500.000.00 (quinientos mil pesos)
quedando además facultado dicho Banco para proponer al Poder Ejecutivo,
suspender o anular la autorización de funcionamiento de la institución
infractora.
Toda resolución sancionatoria que se adopte será publicada, a costa de los
infractores, en dos de los diarios de mayor circulación.
El Banco de la República Oriental del Uruguay establecerá una línea de
crédito especial, para la asistencia a los productores agropecuarios
perjudicados por los factores climáticos ocurridos en el país en el
período comprendido entre el 1.o de octubre de 1966 y la fecha de vigencia
de la presente ley con fines de reposición o reparación de los daños
emergentes.
El Banco de la República Oriental del Uruguay adoptará las medidas
conducentes a la comprobación de los hechos en que se fundamenta la
petición.
A los efectos establecidos en el inciso primero de este artículo,
autorízase al Banco de la República guay para redescontar al Banco de la
República Oriental del Uruguay, los documentos originados en los préstamos
que se otorguen y de conformidad con el artículo 20, apartado B) de la ley
N.o 9.808, de 2 de enero de 1939, en la nueva redacción dada en la ley N.o
13.243, de 20 de febrero de 1964.
Los créditos que por esta disposición conceda el Banco de la República
Oriental del Uruguay, deberán serlo por montos, plazos, y amortizaciones
adecuados al tipo y entidad de los perjuicios sufridos.
Tendrá en cuenta además, especialmente, las características de las
producciones intensivas y los efectos inmediatos que su deterioro tiene en
el consumo nacional.
Estos créditos serán otorgados independientemente de lo dispuesto en el
artículo 21.
A partir de la fecha de la promulgación de la presente ley, el Banco de
la República Oriental del Uruguay no aceptará nuevas solicitudes de
crédito de productores agropecuarios o industriales, por el régimen
establecido en la ley N.o 13.141, de 4 de julio de 1963.
Exonérase del impuesto establecido en el artículo 32 de la ley N.o 13.420,
de 2 de diciembre de 1965, y sus modificativas a los créditos que conceda
el Banco de la República Oriental del Uruguay en virtud de los artículos
21 y 25 de esta ley.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 25 de julio
de 1967.
HECTOR A. GRAUERT, Primer Vicepresidente.- Luis N. Abdala, Secretario.
_________________
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ministerio de Hacienda.
Montevideo, 27 de julio de 1967.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos.-