Cuando se adopte una nueva tecnología de almacenamiento, la misma deberá
permitir la migración de los datos existentes de forma confiable y
económica, previniéndose respecto de la posible pérdida de calidad, o
bien, optar por la selección de otra tecnología compatible con la actual
que involucre mejoras comparativas. La nueva tecnología deberá contar,
además, con el aval de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la
Comisión Nacional de Informática. Cada organismo deberá establecer
mecanismos de migración para un eventual traspaso de la información de
una tecnología a la otra, en caso de que no sean compatibles o de que se
verifique el desuso de la actual.