Cada organismo del Estado deberá contar con más de un dispositivo de
lectura (hardware y software) para cada tipo de tecnología empleada, a
fin de asegurar el acceso a la información almacenada. Dicho equipamiento
deberá permitir la migración de los datos contenidos a un medio de
almacenamiento temporal, a efectos de permitir la migración hacia nuevas
tecnologías de almacenamiento.