El Poder Ejecutivo podrá reglamentar sobre destino, remate,
esterilización y sacrificio de animales errantes, abandonados o
confiscados.
El producido resultante de la venta de estos animales será devuelto a a
su propietario, luego de la deducción de los gastos ocasionados.
El sobrante de la venta de un animal que no tenga o se desconozca su
propietario, se destinará al Fondo de Protección Animal.