Las autoridades censales directamente responsables quedan facultadas
para reclamar de los Jueces de Paz, en los territorios respectivos, la
aplicación de las penas que prescriben las disposiciones legales, a toda
persona que, durante la realización del censo rehusare dar datos o los
diere tales, que configuren tergiversaciones o falseamiento de los mismos.
La aplicación de las penas correspondientes se extenderá a los
funcionarios censales, que haciendo uso indebido de los datos recogidos,
incurrieran en infidencias, tergiversación o uso particular de esos datos
obtenidos como consecuencia del desempeño de sus funciones.