Visto: la necesidad de dictar normas administrativas sobre el remate de
los efectos depositados en el Depósito Judicial de Bienes Muebles.
Resultando: I) Que los últimos remates en función de lo que se ordenara en
su momento por la jerarquía respectiva fueron hechos en agosto y setiembre
de 1976 por una firma de remates de plaza y en el local de dicha firma a
partir de esa fecha fueron suspendidos los remates de efectos depositados
en el Depósito Judicial;
II) Que los fondos emergentes de los respectivos remates fueron
depositados en la Cuenta Caja de Ahorro Valores del Banco Hipotecario del
Uruguay, ya fines del año pasado alcanzaba una cifra próxima a los
N$ 20.000.
Considerando: I) Que la falta de reglamentación en particular para los
remates de los efectos depositados en el Depósito Judicial de Bienes
Muebles ha conspirado contra la efectividad de los propios cometidos del
Depósito;
II) Que las leyes 8.298 de 8 de octubre de 1928 y de Rendición de Cuentas
y Balance de Ejecución Presupuestal 13.835 de fecha 7 de enero de 1970
(Artículo 107) normatizan sobre los términos en los que pueden autorizarse
la venta de efectos depositados.
Además la acordada 3.269 de 19 de mayo de 1954 de la Corte de Justicia
reglamenta el funcionamiento del Depósito, y se refiere brevemente a la
realización de remates en tanto que la acordada 3.539 de 17 de diciembre
de 1956 modifica en forma sucinta algunas disposiciones de la acordada
anterior; empero de todos modos es conveniente ir más allá de previsiones
aisladas para reglamentar todo lo concerniente al cumplimiento de uno de
los cometidos más importantes del Depósito Judicial de Bienes Muebles,
esto es cumplir con el remate de todo bien, cuyo depósito aparece dilatado
superando los términos expresamente fijados por disposiciones legales;
III) Que se invoca como causa de entorpecimiento -y esto es cierto- la
falta de una reglamentación que fije todas las pautas para la realización
de las subastas, desde la designación de martillero, hasta la
determinación del lugar de los remates, sus controles, etc.;
IV) Que de todos modos esta paralización de subastas que viene ocurriendo
desde hace mucho más de un año no hace más que tornar improductivo para
las finanzas del Estado y para la economía de la Administración de
Justicia el mantenimiento de un servicio que por concepto de sueldos,
gastos y arrendamientos insume mensualmente cifras muy importantes.
Atento: a lo precedentemente expuesto y a lo que dispone el artículo 168º
inciso 4º de la Constitución de la República,
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Serán sacados trimestralmente a remate aquellos efectos depositados en el
Depósito Judicial de Bienes Muebles, en virtud de hallarse dentro de los
siguientes casos:
a) Tener en depósito cinco o más años de antigüedad (Ley 13.835 de 7 de
enero de 1970, artículo 107º y siguientes);
b) Por encontrarse paralizado el expediente a que corresponde el
depósito, por el tiempo de un año (Ley 8.298 de 8 de octubre de 1928,
artículo 20º);
c) Por tratarse de efectos de difícil conservación cualquiera fuera el
tiempo del depósito. Para acreditar este extremo se notificará por
el Depositario Judicial al Ministerio de Justicia, quien recabará
sobre el particular las pericias que considerare del caso; de todo lo
cual se dará conocimiento al Juez de la causa;
d) Cuando los Juzgados que dispusieron el depósito, dentro del plazo de
30 días de recibido el oficio que deben enviar por disposición legal
el Depositario Judicial, no dieran a conocer su oposición expresa a
la realización de la diligencia de remate;
e) Los hallazgos, vencidos los plazos acordados por la ley vigente
(Código Civil, artículo 725º y siguientes).
El remate del que se ocupa el presente artículo deberá hacerse en lotes
no inferiores a cincuenta ni superiores a quinientos.