Las autoridades del Registro de Estado Civil y las de los
Registros Municipales respectivos quedan obligadas a dar trámite
preferencial a las solicitudes de partidas o certificados de estado civil,
procedentes de Juzgados de la materia penal.
El incumplimiento de ese deber de preferencia será considerada a todos
sus efectos disciplinarios, una falta grave del funcionario omiso.