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CODIGO TRIBUTARIO
(aprobado por Decreto Ley N° 14.306)

Artículo 68

  (Facultades de la Administración).- La Administración dispondrá de las
más amplias facultades de investigación y fiscalización y especialmente
podrá:

A) Exigir a los contribuyentes y responsables la exhibición de los libros,
   documentos y correspondencia comerciales, propios y ajenos, y requerir
   su comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar
   informaciones.

B) Intervenir los documentos inspeccionados y tomar medidas de seguridad
   para su conservación.

C) Incautarse de dichos libros y documentos cuando la gravedad del caso lo
   requieran y hasta por un lapso de seis días hábiles; la medida será
   debidamente documentada y sólo podrá prorrogarse por los órganos
   jurisdiccionales competentes, cuando sea imprescindible para
 salvaguardar los intereses de la Administración.

D) Practicar inspecciones en bienes muebles e inmuebles detentados u
   ocupados, a cualquier título, por los contribuyentes y responsables.
   Sólo podrán inspeccionarse domicilios particulares con previa orden
   judicial de allanamiento.

E) Requerir informaciones a terceros pudiendo intimarles su comparecencia
   ante la autoridad administrativa cuando ésta lo considere conveniente o
   cuando aquéllas no sean presentadas en tiempo y forma.

     Los Bancos oficiales y privados, las casas bancarias, las cajas
populares y las sociedades financieras, están obligados a franquear a
los funcionarios de la Dirección General Impositiva o de los organismos
correspondientes, debidamente autorizados, los libros y comprobantes de
contabilidad, proporcionando todas las informaciones que se les requiera
sin excepción alguna, a cuyos efectos no regirá el secreto bancario.

F) Solicitar la constitución de garantía suficiente respecto de los
   créditos determinados cuyo adeudo esté pendiente.

G) Intervenir o incautarse de los bienes muebles cuando éstos carezcan de
   los elementos externos de contralor o de las estampillas, sellos o
   cuños de valor que acrediten el correcto pago del tributo.

  Cuando sea necesario para el cumplimiento de las diligencias
precedentes, la Administración requerirá orden judicial de allanamiento.

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