Del importe de las multas que se perciban, así como de los decomisos que prevé esta ley corresponderá el 50 % al denunciante cuando se trate de denuncias particulares y el 40 % a los funcionarios que intervengan en la comprobación del fraude. El resto corresponderá al Fisco.
Cuando los funcionarios intervengan sin que medie denuncia particular, les corresponderá el 60 % de las multas, correspondiendo el resto al Fisco.