Todos los empleados públicos son directamente responsables de los muebles y útiles de la Nación que tuvieren en uso, y si por causa que les fuera imputable resultara comprobada la pérdida o deterioro de los mismos la Proveeduría exigirá la indemnización que corresponda por el importe de la reposición del artículo o mueble o su reparación, pudiendo hacer efectivo su importe en una retención mensual del sueldo que no sobrepase del 10% del mismo, hasta la completa cancelación del importe del deterioro o pérdida.