(Protección de la víctima).- Siempre que se disponga la libertad de una persona que hubiere sido privada de la misma por delitos vinculados a la trata o la explotación de personas, el Tribunal competente debe notificar dicha resolución a la víctima con una antelación mínima de diez días y disponer medidas de protección a su respecto por un plazo no inferior a ciento ochenta días.