En caso que los activos o ingresos del Fondo sean securitizados, el
Estado garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de las normas
legales y reglamentarias que incidan sobre los ingresos, fondos o
garantías afectadas. La garantía se extinguirá simultáneamente con el
cumplimiento de las obligaciones del Fondo derivadas de las operaciones
que se realicen.