Sustitúyese el artículo 199 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 17 de la Ley N° 19.535, de 25 de setiembre de 2017, por el siguiente:
"ARTÍCULO 199.- Las personas públicas no estatales, los organismos
privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado,
las personas jurídicas cualquiera sea su naturaleza y finalidad en las
que el Estado participe directa o indirectamente en todo o en parte de
su capital social, los fideicomisos en donde el Estado sea
fideicomitente, fiduciario o beneficiario y en general los actos o
negocios jurídicos en los que el Estado participe directa o
indirectamente, siempre que no estén sometidos al contralor del Banco
Central del Uruguay, presentarán sus estados financieros, con dictamen
de auditoría externa, ante el Poder Ejecutivo y el Tribunal de
Cuentas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 589 de la Ley N°
15.903, de 10 de noviembre de 1987, con las modificaciones
introducidas por el artículo 482 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero
de 2001, y por el artículo 100 de la Ley N° 16.134, de 24 de setiembre
de 1990, en la redacción dada por el artículo 720 de la Ley N° 16.170,
de 28 de diciembre de 1990.
Dentro de los noventa días posteriores al cierre de cada ejercicio,
los sujetos referidos precedentemente presentarán ante la Auditoría
Interna de la Nación, una copia de los estados financieros con
dictamen de auditoría externa.
Facúltase a la Auditoría Interna de la Nación a establecer los
requisitos para la presentación de los citados estados financieros,
solicitar la información complementaria que estime pertinente y
aplicar sanciones para el caso de incumplimiento. Cométese a dicho
organismo la reglamentación de las sanciones a aplicar en cada caso,
las que podrán ser de carácter administrativo o pecuniario. La
resolución firme que imponga la sanción constituirá título ejecutivo.
Los estados financieros y demás información presentada por los sujetos
obligados, tendrán validez de declaración jurada, quedando sujetos a
lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal.
La Auditoría Interna de la Nación realizará una evaluación preliminar
de la documentación e información presentada pudiendo rechazarla in
límine, cuando no se ajuste a los requisitos o plazos establecidos por
la reglamentación. Asimismo, efectuará controles en forma selectiva,
de acuerdo con las normas y criterios técnicos que emita o adopte para
el ejercicio de la función de auditoría interna.
Los Directores, Administradores y Representantes de los sujetos
obligados son personal y solidariamente responsables por la
información y documentación que se presente ante la Auditoría Interna
de la Nación.
Las Cajas paraestatales de seguridad social quedan comprendidas en el
régimen de contralor de la Auditoría Interna de la Nación.
El Poder Ejecutivo incluirá en la Rendición de Cuentas, a efectos
informativos, los estados financieros referidos en el inciso primero
de este artículo, así como los correspondientes dictámenes de
auditoría externa e informes de la Auditoría Interna de la Nación y
del Tribunal de Cuentas".