(Disposiciones generales).- La inclusión social, laboral y productiva de los clasificadores en la gestión de residuos queda sujeta a lo que dispone la presente ley, sin perjuicio de otras políticas públicas en la materia.
La actividad de los clasificadores debe ser regulada por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las medidas que se establezcan a nivel departamental para facilitar su inclusión al sistema formal y la generación de condiciones adecuadas de trabajo.
Las acciones para la inclusión social, laboral y productiva derivadas de la política nacional de residuos y de los planes previstos en esta ley deben ser consideradas en forma conjunta con otras políticas públicas. El Poder Ejecutivo a través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo Social, debe realizar el seguimiento de las referidas acciones.