Todos los organismos del Estado, así como las personas de derecho público
no estatal y las sociedades anónimas en las que participa el Estado, se
encuentran obligados a brindar el asesoramiento que requieran los Juzgados
Letrados de Primera Instancia en lo Penal especializados en Crimen
Organizado, en las causas de su competencia, a través del aporte de
personal especializado.