El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento preceptivo de la Oficina
Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación,
deberá someter a la consideración del Poder Legislativo, un proyecto de
ley destinado a racionalizar y adecuar la estructura escalafonaria y
salarial de los Incisos de la Administración Central, entes autónomos y
servicios descentralizados.