Prohíbase la iniciación de juicios de desalojos contra arrendatarios o
subarrendatarios dados por condóminos de origen contractual o por accionistas de sociedades anónimas o en comandita o por el sistema de
promesa de transformación de edificios al régimen de propiedad horizontal.
Clausúranse de oficio todos los desalojos pendientes o en trámite
iniciados en las condiciones establecidas precedentemente.