El Poder Ejecutivo fijará la fecha a partir de la cual ninguna oficina
pública dará curso, trámite o entrada a escrito, petición o solicitud que
tenga relación con bienes inmuebles, si previamente no se exhibe un
ejemplar en forma de la declaración jurada del patrimonio inmobiliario a
que se refiere esta ley, o en su defecto, constancia del Registro
expedido por la Dirección General de Catastro y Administración de Inmuebles Nacionales.