Producida la extinción del derecho del arrendatario a la permanencia
en el inmueble, a pedido de parte, el Juez competente decretará el
correspondiente desalojo.
El plazo para el desalojo no podrá exceder en dichos casos de quince días.
En los casos que deba procederse al lanzamiento del ocupante, además
de la causal de prórroga contemplada en el artículo 19 de la ley N° 8.153, de diciembre 16 de 1927, el Juzgado -en las circunstancias
previstas por el artículo 141 del Código Rural- concederá al arrendatario
el término estrictamente necesario para recoger el fruto de las
sementeras que hubiesen sido sembradas antes de la extinción del plazo
legal de cinco años, del contractual si fuere mayor, o del de prórroga
si correspondiere. En este último caso, los gastos judiciales estarán a
cargo de la parte obligada a conceder el plazo razonable para la
conclusión de las tareas agrícolas, sin perjuicio de su derecho a reiterar la petición de lanzamiento si el arrendatario no desocupare
oportunamente el predio.