El Poder Ejecutivo suspenderá preventivamente, con retención de sus
haberes, a los funcionarios que en un período de tres años incurran en
más de 150 inasistencias, procediendo a instruir el sumario tendiente a
su destitución de acuerdo con el artículo 168, inciso 10 de la Constitución.
Exceptúanse las inasistencias debidas a casos de tuberculosis, así como
las motivadas por imposibilidad física transitoria, debidamente justificada ante una Junta de tres médicos de Salud Pública.