ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE SUDAFRICA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION EN MATERIA TRIBUTARIA
Aprobado/a por: Ley Nº 19.527 de 24/08/2017 artículo 1.
PREÁMBULO
CONSIDERANDO que el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Sudáfrica ("las Partes") han realizado durante mucho tiempo esfuerzos internacionales de manera activa en la lucha contra crímenes financieros y otros, incluyendo la focalización en el financiamiento del terrorismo;
CONSIDERANDO que las Partes desean mejorar y facilitar los términos y condiciones que gobiernan el intercambio de información en materia tributaria;
EN VIRTUD DE LO CUAL las Partes desean concluir el siguiente Acuerdo que contiene las obligaciones solamente por parte de las Partes,
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
ARTÍCULO 1
ÁMBITO DEL ACUERDO
Las Partes, a través de sus autoridades competentes se prestarán asistencia mediante el intercambio de la información previsiblemente relevante para la administración y la aplicación del Derecho interno de las Partes relativa a los impuestos a que se refiere el presente Acuerdo, incluyendo la información previsiblemente relevante para la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias respecto a personas sujetas a dichos impuestos, o la investigación en materia tributaria o enjuiciamiento en casos en materia penal tributaria en relación a dichas personas. La información se intercambiará de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y se tratará de manera confidencial según lo dispuesto en el Artículo 8. Los derechos y garantías reconocidos a las personas por la legislación o la práctica administrativa de la Parte requerida seguirán siendo aplicables siempre que no impidan o atrasen indebidamente el intercambio efectivo de información.
ARTÍCULO 2
JURISDICCIÓN
La Parte requerida no estará obligada a facilitar información que no obre en poder de sus autoridades o que no esté en posesión o bajo el control de personas que se hallen en su jurisdicción territorial.
ARTÍCULO 3
IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1. Este Acuerdo aplicará a los siguientes impuestos establecidos por las
Partes:
(a) en el caso de Uruguay, todos los impuestos establecidos o
administrados por el Gobierno de Uruguay; y
(b) en el caso de Sudáfrica:
(i) el impuesto normal;
(ii) el impuesto retenido sobre regalías;
(iii) el impuesto a los dividendos;
(iv) el impuesto retenido sobre intereses;
(v) el impuesto sobre artistas y deportistas extranjeros; y
(vi) el impuesto al valor agregado.
2. Este Acuerdo se aplicará también a los impuestos de naturaleza
idéntica que se establezcan después de la fecha de la firma del
Acuerdo que se añadan a los actuales o los sustituyan, o impuestos
sustancialmente similares si las Partes así lo acordaran. La autoridad
competente de cada Parte notificará a la otra sobre cambios
sustanciales en las leyes que puedan afectar las obligaciones de
aquella Parte en virtud del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 4
DEFINICIONES GENERALES
1. En este Acuerdo
(a) el término "Uruguay" significa el territorio de la República Oriental
del Uruguay, y cuando sea usado en sentido geográfico significa el
territorio en el cual las leyes tributarias se aplican, incluyendo el
área marítima bajo los derechos de soberanía o jurisdicción de Uruguay
de conformidad con el derecho internacional y la legislación nacional;
y
(b) el término "Sudáfrica" significa la República de Sudáfrica, y cuando
sea usado en sentido geográfico incluye el mar territorial de la misma
así como, cualquier área fuera del mar territorial, incluyendo la
plataforma continental, que ha sido o pueda ser designada en lo
sucesivo, bajo las leyes de Sudáfrica y de acuerdo con la ley
internacional, como un área dentro de la cual Sudáfrica pueda ejercer
sus derechos soberanos de jurisdicción;
(c) el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o
cualquier entidad que sea tratada como persona jurídica a efectos
tributarios;
(d) el término "autoridad competente" significa:
(i) en el caso de Uruguay, el Ministro de Economía y Finanzas o un
representante autorizado del Ministro; y
(ii) en el caso de Sudáfrica, el Comisionado del Servicio de Impuestos de
Sudáfrica o un representante autorizado del Comisionado;
(e) el término "derecho penal" significa todas las disposiciones legales
penales designadas como tales según el derecho interno,
independientemente de que se encuentren comprendidas en la legislación
fiscal, en el código penal o en otros cuerpos de leyes;
(f) el término "asuntos penales fiscales" significa los asuntos fiscales
que entrañen una conducta intencionada susceptible de enjuiciamiento
conforme al derecho penal de la Parte requirente;
(g) el término "información" significa todo dato, declaración, documento
o registro con independencia de su naturaleza;
(h) el término "medidas para recabar información" significa las leyes y
procedimientos administrativos o judiciales que permitan a la Parte
requerida obtener y proporcionar la información solicitada;
(i) el término "persona" comprende las personas físicas, las sociedades y
cualquier otra agrupación de personas;
(j) el término "sociedad cotizada en Bolsa" significa toda sociedad cuya
clase principal de acciones se cotice en un mercado de valores
reconocido siempre que sus acciones cotizadas estén a disposición
inmediata del público para su venta o adquisición. Las acciones pueden
ser adquiridas o vendidas "por el público" si la compra o venta de las
acciones no está restringida implícita o explícitamente a un grupo
limitado de inversores;
(k) el término "clase principal de acciones" significa la clase o clases
de acciones que representen la mayoría de los derechos de voto y del
valor de la sociedad;
(l) el término "mercado de valores reconocido" significa cualquier
mercado de valores convenido entre las autoridades competentes de las
Partes;
(m) el término "fondo o plan de inversión colectiva" significa cualquier
vehículo de inversión colectiva, independientemente de su forma
jurídica. El término "fondo o plan de inversión colectiva público"
significa todo fondo o plan de inversión colectiva siempre que las
unidades, acciones u otras participaciones en el fondo o en el plan
estén a disposición inmediata del público para su adquisición, venta o
reembolso. Las unidades, acciones u otras participaciones en el fondo
o en el plan están a disposición inmediata del público para su compra,
venta o reembolso si la compra, venta o reembolso no está restringida
implícita o explícitamente a un grupo limitado de inversores;
(n) el término "Parte requerida" significa la Parte contratante a la que
se solicita que proporcione o haya proporcionado información en
respuesta a un requerimiento;
(o) el término "Parte requirente" significa la Parte contratante que
presenta una solicitud de información o haya recibido información de
la Parte requerida;
(p) el término "impuesto" significa cualquier impuesto al que sea
aplicable el presente Acuerdo; y
(q) el término "nacional" significa:
(i) en relación a Sudáfrica, cualquier persona fisica que posea
nacionalidad o ciudadanía de Sudáfrica y cualquier persona jurídica o
asociación cuyo status derive del derecho vigente en Sudáfrica; y
(ii) en relación a Uruguay, cualquier persona fisica que posea
nacionalidad o ciudadanía uruguaya y cualquier persona jurídica,
asociación u otra entidad cuyo status derive del derecho vigente en
Uruguay.
2. En lo que respecta a la aplicación del presente Acuerdo en cualquier
momento por una Parte, todo término no definido en el mismo tendrá, a
menos que del contexto se infiera una interpretación diferente, el
significado que tenga en ese momento conforme al derecho de esa Parte,
prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal
aplicable de esa Parte sobre el que resultaría de otras ramas del
derecho de esa Parte.
ARTÍCULO 5
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PREVIO REQUERIMIENTO
1. La autoridad competente de la Parte requerida proporcionará, previo
requerimiento de la Parte requirente, la información para los fines
previstos en el Artículo 1. Dicha información se intercambiará
independientemente de si la misma es necesaria para los fines
tributarios de la Parte requerida o si la conducta objeto de
investigación pudiera constituir un delito penal según las leyes de la
Parte requerida si dicha conducta hubiera ocurrido en el territorio de
la Parte requerida. La autoridad competente de la Parte requirente
sólo realizará un requerimiento de información conforme a este
Artículo cuando no pueda obtener la información requerida por otros
medios, excepto cuando recurrir a dichos medios diera lugar a
dificultades desproporcionadas.
2. Si la información en posesión de la autoridad competente de la Parte
requerida no fuera suficiente para poder dar cumplimiento al
requerimiento de información, esa Parte recurrirá a todas las medidas
que considere pertinentes para recabar la información con el fin de
proporcionar a la Parte requirente la información solicitada, con
independencia de que la Parte requerida pueda no necesitar dicha
información para sus propios fines tributarios.
3. Si así lo solicita expresamente la autoridad competente de la Parte
requirente, la autoridad competente de la Parte requerida
proporcionará información en virtud del presente Artículo, en la
medida permitida por su derecho interno, en forma de declaraciones de
testigos y copias autenticadas de documentos originales.
4. Cada Parte garantizará que posee la autoridad, bajo los términos del
Artículo 1, para obtener y proporcionar, a través de su autoridad
competente y previo requerimiento:
(a) información que obre en poder de bancos, otras instituciones
financieras, y de cualquier persona, incluyendo agentes designados y
fiduciarios, actuando en calidad representativa o fiduciaria;
(b) (i) información relativa a la propiedad de sociedades, sociedades
personales, fundaciones y otras personas, incluida en el caso de
planes de inversión colectiva, información sobre acciones, unidades y
otras participaciones;
(ii) en el caso de fideicomisos, información sobre los fideicomitentes,
fiduciarios y beneficiarios; y en el caso de fundaciones, información
sobre los fundadores, miembros del consejo de la fundación y
beneficiarios.
5. Este Acuerdo no crea a una Parte la obligación de obtener o
proporcionar información sobre la propiedad respecto a sociedades
cotizadas en Bolsa o fondos o planes de inversión colectiva públicos,
a menos que dicha información pueda obtenerse sin ocasionar
dificultades desproporcionadas.
6. Cualquier requerimiento de información será formulado con el mayor
nivel de detalle posible especificando por escrito:
(a) la identidad de la persona sometida a inspección o investigación;
(b) el período respecto al cual la información es requerida;
(c) la naturaleza de la información requerida y la forma en que la Parte
requirente preferiría recibirla;
(d) el propósito fiscal para el que se solicita la información;
(e) las razones para creer que la información requerida es
previsiblemente relevante para la administración y ejecución
tributaria de la Parte requirente, respecto a la persona identificada
en el subapartado (a) de este apartado;
(f) los motivos para creer que la información solicitada se encuentra en
la Parte requerida u obra en poder o es pasible de ser obtenida por
una persona que se encuentra en la jurisdicción de la Parte
requerida;
(g) en la medida en que se conozcan, el nombre y dirección de cualquier
persona que se crea posee o pueda obtener la información solicitada;
(h) una declaración en el sentido de que el requerimiento es conforme con
el derecho y las prácticas administrativas de la Parte requirente, de
que si la información solicitada se encontrase en la jurisdicción de
la Parte requirente la autoridad competente de la Parte requirente
estaría en condiciones de obtener la información según el derecho de
la Parte requirente o en el curso normal de la práctica
administrativa, y de que es conforme con el presente Acuerdo;
(i) una declaración en el sentido de que la Parte requirente ha utilizado
todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la
información, salvo aquellos que dieran lugar a dificultades
desproporcionadas.
7. La autoridad competente de la Parte requerida acusará recibo del
requerimiento a la autoridad competente de la Parte requirente y
realizará sus mayores esfuerzos para enviar la información solicitada
a la Parte requirente con la mayor celeridad posible.
ARTÍCULO 6
INSPECCIONES FISCALES EN EL EXTRANJERO
1. Con un plazo razonable, la Parte requirente podrá solicitar que la
Parte requerida permita a representantes de la autoridad competente de
la Parte requirente ingresar al territorio de la Parte requerida, en
la medida permitida bajo su derecho doméstico, para entrevistar
personas y examinar registros con el previo consentimiento de los
individuos u otras personas interesadas. La autoridad competente de la
Parte requirente notificará a la autoridad competente de la Parte
requerida el momento y el lugar de la reunión prevista con las
personas implicadas.
2. A petición de la autoridad competente de la Parte requirente, la
autoridad competente de la Parte requerida podrá permitir que
representantes de la autoridad competente de la Parte requirente estén
presentes en el momento apropiado de una inspección fiscal en el
territorio de la Parte requerida.
3. Si se accede a la petición a que se refiere el apartado 2, la
autoridad competente de la Parte requerida que realice la inspección
deberá, tan pronto como sea posible, notificar a la autoridad
competente de la Parte requirente el momento y el lugar de la
inspección, la autoridad o persona autorizada para llevarla a cabo y
los procedimientos y condiciones exigidos por la Parte requerida para
la realización de la misma. Todas las decisiones respecto a la
inspección serán tomadas por la Parte requerida que lleve a cabo la
misma.
ARTÍCULO 7
POSIBILIDAD DE DENEGAR UN REQUERIMIENTO
1. La autoridad competente de la Parte requerida podrá denegar su
asistencia:
(a) cuando el requerimiento no se formule de conformidad con este
Acuerdo;
(b) cuando la Parte requirente no haya utilizado todos los medios
disponibles en su propio territorio para obtener la información,
excepto cuando recurrir a dichos medios diera lugar a dificultades
desproporcionadas; o
(c) cuando la revelación de la información requerida fuera contraria al
orden público (ordre public) de la Parte requerida.
2. Las disposiciones de este Acuerdo no impondrán a la Parte requerida
ninguna obligación de proporcionar datos bajo privilegio legal, o
proporcionar información que pudiera revelar cualquier secreto
comercial, empresarial, industrial o profesional o un proceso
comercial, a condición de que la información a la que se hace
referencia en el apartado 4 del Artículo 5 no será tratada como tal
secreto o proceso comercial por el sólo hecho de ajustarse a los
criterios de dicho apartado.
3. No se denegará un requerimiento de información por existir
controversia en cuanto a la reclamación tributaría que origine el
requerimiento.
4. La Parte requerida no estará obligada a obtener o proporcionar
información que, si estuviera en la jurisdicción de la Parte
requirente, la autoridad competente de la Parte requirente no pudiera
obtener bajo su derecho o en el curso normal de la práctica
administrativa.
5. La Parte requerida podrá denegar un requerimiento de información si la
información es requerida por la Parte requirente para administrar o
hacer cumplir una disposición del derecho fiscal de la Parte
requirente, o cualquier requisito relacionado con ella, que resulte
discriminatoria contra un nacional de la Parte requerida en
comparación con un nacional de la Parte requirente en las mismas
circunstancias.
ARTÍCULO 8
CONFIDENCIALIDAD
1. Toda información proporcionada y recibida por las autoridades
competentes de las Partes se tratará como confidencial.
2. Dicha información sólo podrá revelarse a las personas o autoridades
(incluidos los tribunales y órganos administrativos) relacionadas con
los propósitos especificados en el Artículo 1, y ser usada por esas
personas o autoridades sólo para esos propósitos, incluyendo la
resolución de cualquier recurso. Para dichos propósitos, la
información podrá ser revelada en juicios públicos o en sentencias
judiciales.
3. Dicha información no deberá ser usada para ningún propósito ajeno a
los propósitos establecidos en el Artículo 1 sin el consentimiento
expreso y escrito de la autoridad competente de la Parte requerida.
4. La información proporcionada a la Parte requirente bajo este Acuerdo
no deberá ser revelada a ninguna persona o entidad o autoridad o
ninguna otra jurisdicción sin el consentimiento expreso y escrito de
la autoridad competente de la Parte requerida.
ARTÍCULO 9
COSTOS
A menos que las autoridades competentes de las Partes acordaran de otra manera, los costos indirectos incurridos en proveer asistencia serán de cargo de la Parte requerida, y los costos directos incurridos en proporcionar asistencia (incluyendo costos de contratar asesores externos en relación con litigios u otros) serán de cargo de la Parte requirente. Las autoridades competentes respectivas deberán consultarse de vez en cuando respecto a este Artículo, y en particular la autoridad competente de la Parte requerida deberá consultar con anticipación a la autoridad competente de la Parte requirente, si se espera que los costos de proveer la información respecto a un requerimiento específico sean significativos.
ARTÍCULO 10
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTUO
1. Cuando surjan dificultades o dudas entre las Partes en relación con la
aplicación o la interpretación de este Acuerdo, las autoridades
competentes respectivas harán lo posible por resolverlas mediante el
mutuo acuerdo.
2. Adicionalmente a los acuerdos a que refiere el apartado 1, las
autoridades competentes de las Partes podrán convenir mutuamente los
procedimientos que deban seguirse en virtud de los Artículos 5, 6 y
9.
3. Las autoridades competentes de las Partes podrán comunicarse
directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo al amparo del
presente Artículo.
4. Si fuera necesario, las Partes podrán convenir otras formas de
resolución de disputas.
ARTÍCULO 11
ENTRADA EN VIGOR
El presente Acuerdo entrará en vigor a los 30 días de la fecha de recibo de la última notificación escrita por las Partes del cumplimiento de todas las formalidades legales necesarias para la entrada en vigor. Una vez que entre en vigor, surtirá efecto:
(a) en materia penal tributaria a partir de esa fecha; y
(b) con relación a todos los demás aspectos contemplados en el Artículo 1
en esa fecha, pero sólo con relación a períodos fiscales que comiencen
en o con posterioridad a esa fecha, o cuando no exista período fiscal,
todas las obligaciones tributarias que surjan en esa fecha o
posteriormente.
ARTÍCULO 12
TERMINACIÓN
1. El presente Acuerdo mantendrá vigencia hasta que sea terminado por
cualquiera de las Partes.
2. Cualquiera de las Partes podrá terminar el presente Acuerdo mediante
notificación escrita. Dicha terminación se hará efectiva el primer día
del mes siguiente a la finalización de un período de seis meses
contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de
terminación por la otra Parte. Todos los requerimientos recibidos
hasta la fecha efectiva de terminación serán tratados en virtud de los
términos de este Acuerdo.
3. En caso de que el Acuerdo termine, las Partes -seguirán obligadas por
las disposiciones del Artículo 8 con respecto a cualquier información
obtenida bajo este Acuerdo.
EN FE DE LO CUAL los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus Gobiernos respectivos, han firmado y sellado este Acuerdo en español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos. En caso de interpretaciones divergentes, prevalecerá el texto en inglés.
HECHO en Pretoria el día 7 de agosto de 2015.
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