Aprobado/a por: Ley Nº 19.198 de 04/04/2014 artículo 1.
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 de junio de
1995, en su octogésima segunda reunión;

Tomando nota de los convenios y recomendaciones internacionales del
trabajo pertinentes, y en particular el Convenio sobre la abolición del
trabajo forzoso, 1957; el Convenio y la Recomendación sobre la protección
contra las radiaciones, 1960; el Convenio y la Recomendación sobre la
protección de la maquinaria, 1963; el Convenio y la Recomendación sobre
las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, 1964; el Convenio y la Recomendación sobre la edad mínima
(trabajo subterráneo), 1965; el Convenio sobre el examen médico de los
menores (trabajo subterráneo), 1965; el Convenio y la Recomendación sobre
el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y
vibraciones), 1977; el Convenio y la Recomendación sobre seguridad y salud
de los trabajadores, 1981; el Convenio y la Recomendación sobre los
servicios de salud en el trabajo, 1985; el Convenio y la Recomendación
sobre el asbesto, 1986; el Convenio y la Recomendación sobre seguridad y
salud en la construcción, 1988; el Convenio y la Recomendación sobre los
productos químicos, 1990, y el Convenio y la Recomendación sobre la
prevención de accidentes industriales mayores, 1993;

Considerando que los trabajadores tienen la necesidad y el derecho de ser
informados, de recibir formación, así como de ser realmente consultados y
de participar en la preparación y la aplicación de medidas de seguridad y
salud relativas a los peligros y riesgos presentes en la industria minera;

Reconociendo que es deseable prevenir todo accidente mortal, lesión o
menoscabo de la salud de los trabajadores o de la población, o perjuicio
al medio ambiente que tenga su origen en las operaciones mineras;

Teniendo en cuenta la necesidad de cooperación entre la Organización
Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, el
Organismo Internacional de Energía Atómica y otras instituciones
competentes y tomando nota de los instrumentos, repertorios de
recomendaciones prácticas, códigos y directrices pertinentes publicados
por dichas organizaciones;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la
seguridad y la salud en las minas, tema que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un
convenio internacional,

adopta con fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y cinco, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre seguridad
y salud en las minas, 1995:

                          PARTE I. DEFINICIONES

                                Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio, el término «mina» abarca:

a) los emplazamientos, subterráneos o de superficie, en los que se
   lleven a cabo, en particular, las actividades siguientes:
    i) la exploración de minerales, excluidos el gas y el petróleo, que
       implique la alteración del suelo por medios mecánicos;
   ii) la extracción de minerales, excluidos el gas y el petróleo;
  iii) la preparación, incluidas la trituración, la molturación, la
       concentración o el lavado, del material extraído, y

b) todas las máquinas, equipos, accesorios, instalaciones, edificios
   y estructuras de ingeniería civil utilizados en relación con las
   actividades a que se refiere el apartado a) anterior.

2. A los efectos del presente Convenio, el término «empleador» designa a
toda persona física o jurídica que emplea a uno o más trabajadores en una
mina, y según proceda, al encargado de la explotación, al contratista
principal, al contratista o al subcontratista.

                 PARTE II. ALCANCE Y MEDIOS DE APLICACIÓN

                                Artículo 2

1. El presente Convenio se aplica a todas las minas.

2. Previa consulta con las organizaciones más representativas de
empleadores y de trabajadores interesadas, la autoridad competente de un
Miembro que ratifique el Convenio:

a) podrá excluir de la aplicación del Convenio o de algunas de sus
    disposiciones ciertas categorías de minas si la protección conferida
    en su conjunto en esas minas, de conformidad con la legislación y la
    práctica nacionales, no es inferior a la que resultaría de la
    aplicación íntegra de las disposiciones del Convenio;

b) deberá establecer, en caso de exclusión de ciertas categorías de
    minas en virtud del apartado a) anterior, planes para extender
    progresivamente la cobertura a todas las minas.

3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio y se acoja a la
posibilidad prevista en el apartado a) del párrafo 2 anterior deberá
indicar, en las memorias sobre la aplicación del Convenio que presente en
virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo, toda categoría específica de minas que haya quedado excluida
y los motivos de dicha exclusión.

                                Artículo 3

Teniendo en cuenta las condiciones y la práctica nacionales, y previa
consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas, el Miembro deberá formular, aplicar y revisar
periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y
salud en las minas, en especial en lo que atañe a las medidas destinadas a
hacer efectivas las disposiciones del presente Convenio.

                                Artículo 4

1. Las medidas destinadas a garantizar la aplicación del Convenio deberán
establecerse por medio de la legislación nacional.

2. Cuando proceda, dicha legislación nacional deberá completarse con:

a) normas técnicas, directrices o repertorios de recomendaciones
    prácticas, o

b) otros medios de aplicación conformes con la práctica nacional,
    según lo establezca la autoridad competente.

                                Artículo 5

1. La legislación nacional mencionada en el párrafo 1 del artículo 4
deberá designar a la autoridad competente encargada de vigilar y regular
los diversos aspectos de la seguridad y la salud en las minas.

2. Dicha legislación nacional deberá contener disposiciones relativas a:

a) la vigilancia de la seguridad y la salud en las minas;

b) la inspección de las minas por inspectores designados a tal efecto
    por la autoridad competente;

c) los procedimientos para la notificación y la investigación de los
   accidentes mortales o graves, los incidentes peligrosos y los
   desastres acaecidos en las minas, según se definan en la legislación
   nacional;

d) la compilación y publicación de estadísticas sobre los accidentes,
   enfermedades profesionales y los incidentes peligrosos, según se
   definan en la legislación nacional;

e) la facultad de la autoridad competente para suspender o restringir,
   por motivos de seguridad y salud, las actividades mineras, en
   tanto no se hayan corregido las circunstancias causantes de la
   suspensión o la restricción, y

f) el establecimiento de procedimientos eficaces que garanticen el
   ejercicio de los derechos de los trabajadores y sus representantes a
   ser consultados acerca de las cuestiones y a participar en las medidas
   relativas a la seguridad y la salud en el lugar de trabajo.

3. Dicha legislación nacional deberá disponer que la fabricación, el
almacenamiento, el transporte y el uso de explosivos y detonadores en la
mina se lleven a cabo por personal competente y autorizado, o bajo su
supervisión directa.

4. Dicha legislación nacional deberá especificar:

a) las exigencias en materia de salvamento en las minas, primeros
   auxilios y servicios médicos adecuados;

b) la obligación de proporcionar y mantener en condiciones apropiadas
   respiradores de autosalvamento a quienes trabajan en minas
   subterráneas de carbón y, en caso necesario, en otras minas
   subterráneas;

c) las medidas de protección que garanticen la seguridad de las
   explotaciones mineras abandonadas, a fin de eliminar o reducir al
   mínimo los riesgos que presentan para la seguridad y la salud;

d) los requisitos para el almacenamiento, el transporte y la
   eliminación, en condiciones de seguridad, de las sustancias peligrosas
   utilizadas en el proceso de producción y de los desechos producidos en
   la mina, y

e) cuando proceda, la obligación de facilitar y mantener en
   condiciones higiénicas un número suficiente de equipos sanitarios y de
   instalaciones para lavarse, cambiarse y comer.

5. Dicha legislación nacional deberá disponer que el empleador responsable
de la mina deberá garantizar que se preparen planos apropiados de la
explotación antes de iniciar las operaciones y cada vez que haya una
modificación significativa y que éstos se actualicen de manera periódica y
se tengan a disposición en el lugar de trabajo.

         PARTE III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA MINA

                 A. RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADORES

                                Artículo 6

Al adoptar las medidas de prevención y protección previstas en esta parte
del Convenio, el empleador deberá evaluar los riesgos y tratarlos en el
siguiente orden de prioridad:

a) eliminar los riesgos;

b) controlar los riesgos en su fuente;

c) reducir los riesgos al mínimo mediante medidas que incluyan la
   elaboración de métodos de trabajo seguros, y

d) en tanto perdure la situación de riesgo, prever la utilización de
   equipos de protección personal,

tomando en consideración lo que sea razonable, practicable y factible y lo
que esté en consonancia con la práctica correcta y el ejercicio de la
debida diligencia.

                                Artículo 7

El empleador deberá adoptar todas las disposiciones necesarias para
eliminar o reducir al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud
presentes en las minas que están bajo su control, y en particular:

a) asegurarse de que la mina se diseña, se construye y se dota de
   equipos eléctricos, mecánicos y de otra índole, incluido un sistema de
   comunicación, de tal manera que se garantice una explotación segura y
   un medio ambiente de trabajo salubre;

b) asegurarse de que la mina se pone en servicio, se explota, se
   mantiene y se clausura de modo que los trabajadores puedan realizar
   las tareas encomendadas sin poner en peligro su seguridad y salud ni
   las de terceras personas;

c) adoptar medidas para mantener la estabilidad del terreno en las
   áreas a las que las personas tengan acceso por razones de trabajo;

d) establecer, siempre que sea posible, dos vías de salida desde
   cualquier lugar subterráneo de trabajo, cada una de ellas comunicada
   con una vía independiente de salida a la superficie;

e) asegurar la vigilancia, la evaluación y la inspección periódica
   del medio ambiente de trabajo para identificar los diferentes riesgos
   a que puedan estar expuestos los trabajadores, y evaluar el grado de
   exposición a dichos riesgos;

f) asegurar un sistema de ventilación adecuado en todas las
   explotaciones subterráneas a las que esté permitido el acceso;

g) en las zonas expuestas a riesgos especiales, preparar y aplicar un
   plan de explotación y procedimientos que garanticen la seguridad del
   sistema de trabajo y la protección de los trabajadores;

h) adoptar medidas y precauciones adecuadas a la índole de la
   explotación minera para prevenir, detectar y combatir el inicio y la
   propagación de incendios y explosiones, e

i) garantizar la interrupción de las actividades y la evacuación de
   los trabajadores a un lugar seguro en caso de peligro grave para la
   seguridad y la salud de los mismos.

                                Artículo 8

El empleador deberá preparar un plan de acción de urgencia específico para
cada mina destinado a hacer frente a los desastres naturales e
industriales razonablemente previsibles.

                                Artículo 9

Cuando los trabajadores se encuentren expuestos a riesgos físicos,
químicos o biológicos, el empleador deberá:

a) informar a los trabajadores de manera comprensible de los riesgos
   relacionados con su trabajo, de los peligros que éstos implican para
   su salud y de las medidas de prevención y protección aplicables;

b) tomar las medidas necesarias para eliminar o reducir al mínimo los
   peligros derivados de la exposición a dichos riesgos;

c) proporcionar y mantener, sin ningún costo para los trabajadores,
   el equipo, la ropa según sea necesario y otros dispositivos de
   protección adecuados que se definan en la legislación nacional, cuando
   la protección contra los riesgos de accidente o daño para la salud,
   incluida la exposición a condiciones adversas, no pueda garantizarse
   por otros medios, y

d) proporcionar a los trabajadores que han sufrido una lesión o
   enfermedad en el lugar de trabajo primeros auxilios in situ, un medio
   adecuado de transporte desde el lugar de trabajo y el acceso a
   servicios médicos adecuados.

                               Artículo 10

El empleador deberá velar por que:

a) los trabajadores dispongan, sin ningún costo para ellos, de
   programas apropiados de formación y readaptación y de instrucciones
   comprensibles en materia de seguridad y salud, así como en relación
   con las tareas que se les asignen;

b) se lleven a cabo, de acuerdo con la legislación nacional, la
   vigilancia y el control adecuados en cada turno que permitan
   garantizar que la explotación de la mina se efectúe en condiciones de
   seguridad;

c) se establezca un sistema que permita saber con precisión y en
   cualquier momento los nombres de todas las personas que están bajo
   tierra, así como la localización probable de las mismas;

d) se investiguen todos los accidentes e incidentes peligrosos, según
   se definan en la legislación nacional, y se adopten las medidas
   correctivas apropiadas, y

(e) se presente a la autoridad competente, un informe sobre los
    accidentes e incidentes peligrosos, de conformidad con lo que disponga
    la legislación nacional.

                               Artículo 11

De acuerdo con los principios generales de la salud en el trabajo y de
conformidad con la legislación nacional, el empleador deberá asegurarse de
que se lleve a cabo de manera sistemática la vigilancia de la salud de los
trabajadores expuestos a los riesgos propios de las actividades mineras.

                               Artículo 12

Cuando dos o más empleadores realicen actividades en una misma mina, el
empleador responsable de la mina deberá coordinar la aplicación de todas
las medidas relativas a la seguridad y la salud de los trabajadores y
tendrá asimismo la responsabilidad principal en lo que atañe a la
seguridad de las operaciones. Lo anterior no eximirá a cada uno de los
empleadores de la responsabilidad de aplicar todas las medidas relativas a
la seguridad y la salud de los trabajadores.

   B. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES

                               Artículo 13

1. La legislación nacional a la que se refiere el artículo 4 deberá
conferir a los trabajadores el derecho a:

a) notificar los accidentes, los incidentes peligrosos y los riesgos
   al empleador y a la autoridad competente;

b) pedir y obtener, siempre que exista un motivo de preocupación en
   materia de seguridad y salud, que el empleador y la autoridad
   competente efectúen inspecciones e investigaciones;

c) conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan
   afectar a su salud o seguridad, y estar informados al respecto;

d) obtener información relativa a su seguridad o salud que obre en
   poder del empleador o de la autoridad competente;

e) retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos
   razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un
   peligro grave para su seguridad o salud, y

f) elegir colectivamente a los representantes de seguridad y salud.

2. Los representantes de seguridad y salud a los que se alude en el
apartado f) del párrafo 1 anterior deberán tener, de conformidad con la
legislación nacional, derecho:

a) a representar a los trabajadores en todos los aspectos relativos a
   la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, incluido, en su caso,
   el ejercicio de los derechos que figuran en el párrafo 1 anterior;

b) a:

   i) participar en inspecciones e investigaciones realizadas por el
      empleador y la autoridad competente en el lugar de trabajo, y

  ii) supervisar e investigar asuntos relativos a la seguridad y la
      salud;

c) a recurrir a consejeros y expertos independientes;

d) a celebrar oportunamente consultas con el empleador acerca de
   cuestiones relativas a la seguridad y la salud, incluidas las
   políticas y los procedimientos en dicha materia;

e) a consultar a la autoridad competente, y

f) a recibir notificación de los accidentes e incidentes peligrosos
   pertinentes para los sectores para los que han sido elegidos.

3. Los procedimientos para el ejercicio de los derechos previstos en los
párrafos 1 y 2 anteriores deberán determinarse:

a) en la legislación nacional, y

b) mediante consultas entre los empleadores y los trabajadores y sus
   representantes.

4. La legislación nacional deberá garantizar que los derechos previstos en
los párrafos 1 y 2 anteriores puedan ejercerse sin dar lugar a
discriminación ni represalias.

                               Artículo 14

La legislación nacional deberá prever que los trabajadores tengan, en
función de su formación, la obligación:

a) de acatar las medidas de seguridad y salud prescritas;

b) de velar de manera razonable por su propia seguridad y salud y por
   la de las personas que puedan verse afectadas por sus acciones u
   omisiones en el trabajo, incluidos la utilización y el cuidado
   adecuados de la ropa de protección, las instalaciones y el equipo
   puestos a su disposición con este fin;

c) de informar en el acto a su jefe directo de cualquier situación
   que consideren que puede representar un riesgo para su salud o
   seguridad o para la de otras personas y que no puedan resolver
   adecuadamente ellos mismos, y

d) de cooperar con el empleador para permitir que se cumplan los
   deberes y las responsabilidades asignados a éste en virtud de las
   disposiciones del presente Convenio.

                              C. COOPERACIÓN

                                Artículo 15

Deberán adoptarse medidas, de conformidad con la legislación nacional,
para fomentar la cooperación entre los empleadores y los trabajadores y
sus representantes destinadas a promover la seguridad y la salud en las
minas.

                           PARTE IV. APLICACIÓN

                               Artículo 16

El Miembro deberá:

a) adoptar todas las medidas necesarias, incluidas sanciones y medidas
   correctivas apropiadas, para garantizar la aplicación efectiva de las
   disposiciones del Convenio, y

b) facilitar servicios de inspección adecuados a fin de supervisar la
   aplicación de las medidas que se hayan de adoptar en virtud del
   Convenio, y dotarlos de los recursos necesarios para el cumplimiento
   de sus tareas.

                      PARTE V. DISPOSICIONES FINALES

                               Artículo 17

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

                               Artículo 18

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro,
doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su
ratificación.

                               Artículo 19

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la
expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La
denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un
año después de la expiración del período de diez años mencionado en el
párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este
artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo
sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de
diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

                               Artículo 20

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la
segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.

                               Artículo 21

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

                               Artículo 22

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria
sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir
en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o
parcial.

                               Artículo 23

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una
revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio
contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará,
   ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
   disposiciones contenidas en el artículo 19, siempre que el nuevo
   convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor,
   el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los
   Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido
actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el
convenio revisor.

                               Artículo 24

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente
auténticas.
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