Movilízanse a los ciudadanos funcionarios de la Dirección General de Telecomunicaciones, que sean requeridos para asegurar el funcionamiento normal en dicha Institución, quienes en el marco de las medidas prontas
de seguridad, quedarán sometidos a la Jurisdicción disciplinaria y penal militar respecto a los delitos y faltas militares en que pudieran
incurrir.