Fecha de Publicación: 03/10/1991
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Carilla: 2

CONSEJO DE MINISTROS

Decreto 500/991

Reforma del texto del decreto 640/973 de 8 de agosto de 1973, que fija normas generales de actuación administrativa y regula el procedimiento en la Administración Central.

Ministerio del Interior
 Ministerio de Relaciones Exteriores
  Ministerio de Economía y Finanzas
   Ministerio de Defensa Nacional
    Ministerio de Educación y Cultura
     Ministerio de Transporte y Obras Públicas
      Ministerio de Industria, Energía y Minería
       Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
        Ministerio de Salud Pública
         Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
          Ministerio de Turismo
           Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio  
            Ambiente

                                   Montevideo, 27 de setiembre de 1991.

   Visto: La conveniencia de proceder a la reforma del texto del decreto
640/973, de 8 de agosto de 1973, que fija normas generales de actuación
administrativa y regula el procedimiento disciplinario en la
Administración Central.

   Resultando: I) Que si bien dicho cuerpo normativo significó un
importante avance en la línea progresista para las garantías del
administrado y para el desarrollo del principio de buena administración,
que iniciara el Decreto del 12 de mayo de 1964 y perfeccionara el decreto
575/966 de 23 de noviembre de 1966, es menester proceder a su
actualización en virtud de la evolución natural del derecho positivo y de
las profundas transformaciones ocurridas en el campo de la tecnología;

   II) Que la aplicación del decreto 640/973, de 8 de agosto de 1973, no sólo fue causa eficiente para generar un importante movimiento doctrinal que se ocupó de los procedimientos administrativos en nuestro país, sino que también fructificó en una valiosa jurisprudencia, cuyos aportes es
conveniente recoger en esta instancia;

   III) Que el Poder Ejecutivo ha definido claramente una política de
desburocratización, tendiente a eliminar trámites y formulismos
innecesarios y a la simplicidad del funcionamiento administrativo, en
defensa de los derechos del administrado;

   IV) Que por las razones expuestas, oportunamente se encomendó a la
Secretaría de la Presidencia de la República, a través del Programa
Nacional de  Desburocratización (PRO.NA.DE.), la elaboración de un
proyecto de reforma del citado reglamento.

   Considerando: I) Que el texto elaborado, además de dar satisfacción a
las exigencias precedentes, tiene el mérito de poner especial énfasis
en los principios generales de conformidad con los cuales debe actuar
la Administración a fin de servir con objetividad los intereses generales
con sometimiento pleno al Derecho y para mejor tutelar los derechos e
intereses legítimos de los administrativos;

   II) Que el nuevo texto agilita y da flexibilidad al procedimiento
administrativo, evitando la realización o exigencias de trámites,
formulismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen o
dificulten su desenvolvimiento, delimitando los casos en que se formará
expediente, acortando los plazos para producir informes, diligenciar
pruebas y para dictar y ejecutar las resoluciones de la Administración.

   En este sentido, es destacable la admisión y reglamentación del empleo
de avanzados medios tecnológicos, lo que implica el ahorro de tiempo y
de gastos, una mejor prestación de los servicios y un estímulo para la
especialización del personal;

   III) Que, asimismo, ordena y busca dar claridad a las distintas soluciones impuestas por la normativa vigente en materia de peticiones y recursos administrativos -dentro de los límites impuestos por su eficacia
normativa- con el fin de facilitar la tramitación y resolución de los
mismos, con un grado mayor de certeza para el administrado;

   IV) Que, por último, al implantar un sistema de libre flujo de información entre las unidades y reparticiones de la Administración, no sólo elimina caducas formas de control sobre la misma y sobre los canales por los que fluye, sino que también, por los mecanismos de la interacción y de la retroalimentación, agilita su precesamiento e impulsa la generación de nueva información, lo que actualmente constituye un factor esencial para el desarrollo y el progreso de la sociedad.

   Atento: a lo expuesto y a lo aconsejado en el marco de Programa Nacional de Desburocratización,

   El Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros

                              DECRETA:

                              LIBRO I

            DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN GENERAL

                              SECCION I

                        Principios Generales

                              TITULO UNICO
            Reglas generales de actuación administrativa

Artículo 1

   Las disposiciones de este decreto alcanzan el procedimiento
administrativo común, desenvuelto en la actividad de los órganos de la
Administración Central y a los especiales o técnicos en cuanto condigan
con su naturaleza.

Artículo 2

   La Administración Pública debe servir con objetividad los intereses
generales con sometimiento pleno al Derecho y debe actuar de acuerdo con
los siguientes principios generales:

a) imparcialidad;
b) legalidad objetiva;
c) impulsión de oficio;
d) verdad material;
e) economía, celeridad y eficacia;
f) informalismo en favor del administrado;
g) flexibilidad, materialidad y ausencia de ritualismos;
h) delegación material;
i) debido procedimiento;
j) contradicción;
k) buena fe, lealtad y presunción de verdad salvo prueba en contrario;
l) motivación de la decisión;
m) gratuidad.

   Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo
para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de
las reglas de procedimiento. 

Artículo 3

   Los funcionarios intervinientes en el procedimiento administrativo
podrán excusarse y ser recusados cuando medie cualquier circunstancia
comprobable que pueda afectar su imparcialidad por interés en el
procedimiento en que intervienen o afecto o enemistad en relación a las
partes, así como por haber dado opinión concreta sobre el asunto en
trámite (prejuzgamiento). La excusación del funcionario o su recusación
por los interesados no produce suspensión del procedimiento ni implica la
separación automática del funcionario interviniente; no obstante, la
autoridad competente para decidir puede disponer preventivamente la
separación, cuando existan razones que, a su juicio, lo justifiquen.

   Con el escrito de excusación recusación se formará un expediente
separado, al cual se agregarán los informes necesarios y se elevará 
dentro de los cinco días al funcionario jerarca inmediatamente superior, el cual decidirá la cuestión. Si admitiere la excusación o recusación, designará en el mismo acto qué funcionario deberá continuar con la tramitación del procedimiento de que se trate.

   Las disposiciones anteriores alcanzarán a toda persona que, sin ser
funcionario, pueda tener participación en los procedimientos
administrativos, cuando su imparcialidad sea exigible en atención a la
labor que cumpla (peritos, asesores especialmente contratados, etc.). 

Artículo 4

     La Administración está obligada a ajustarse a la verdad material de
los hechos, sin que la obliguen los acuerdos entre los interesados acerca
de tales hechos ni la exima de investigarlos, conocerlos y ajustarse a
ellos, la circunstancia de no haber sido alegados o probados por las
partes. 

Artículo 5

   Los interesados en el procedimiento administrativo gozarán de todos
los derechos y garantías inherentes al debido proceso, de conformidad con
lo establecido por la constitución de la República, las leyes y las normas
de Derecho Internacional aprobadas por la República.

   Estos derechos implican un procedimiento de duración razonable que
resuelva sus pretensiones.

Artículo 6

     Las partes, sus representantes y abogados patrocinantes, los
funcionarios públicos y, en general, todos los participantes del
procedimiento, ajustarán su conducta al respeto mutuo y a la lealtad y
buena fe.

Artículo 7

   Los vicios de forma de los actos de procedimientos no causan nulidad 
si cumplen con el fin que los determina y si no se hubieren disminuido las
garantías del proceso o provocado indefensión. La nulidad de un acto
jurídico procedimental no importa la de los anteriores ni la de los
sucesivos que sean independientes de aquél. La nulidad de una parte de un
acto no afecta a las otras que son independientes de ella, ni impide que
el acto produzca los efectos para los que es idóneo.

Artículo 8

   En el procedimiento administrativo deberá asegurarse la celeridad,
simplicidad y economía del mismo y evitarse la realización o exigencia
de trámites, formalismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que
compliquen o dificulten su desenvolvimiento, estos principios tenderán a
la más correcta y plena aplicación de los otros principios enunciados en
el artículo 2°.

Artículo 9

   En el procedimiento administrativo se aplicará el principio del
informalismo en favor del administrado, siempre que se trate de la
inobservancia de exigencias formales no esenciales y que puedan ser
cumplidas posteriormente.

Artículo 10

   Las direcciones o jefaturas de cada dependencia o repartición podrán
dirigir con carácter general la actividad de sus funcionarios, en todo
cuanto no haya sido objeto de regulación por los órganos jerárquicos,
mediante instrucciones que harán conocer a través de circulares. 

Artículo 11

   Corresponde a las distintas dependencias o reparticiones de la
Administración Central, sin perjuicio de los casos de delegación de
atribuciones, resolver aquellos asuntos que consistan en la simple
confrontación de hechos o en la aplicación automática de normas, tales
como libramiento de certificados, anotaciones e inscripciones, 
instrucción de expedientes, cumplimiento y traslado de los actos de las autoridades superiores, devolución de documentos, etc. 

Artículo 12

   No podrán, en cambio rechazar escritos ni pruebas presentadas por
los interesados, ni negar el acceso de éstos y sus representantes o
letrados a las actuaciones administrativas, salvo los casos de excepción
que se establecen más adelante, ni emitir al archivo expedientes sin
decisión expresa firme emanada de autoridad superior competente,
notificada al interesado, que así lo ordene.

Artículo 13

   El órgano superior de decisión podrá, en cualquier momento, suspender
el trámite de las actuaciones y ordenar la elevación de los antecedentes 
a fin de avocarse a su conocimiento.
   Asimismo podrá disponer que en determinados asuntos o trámites, el
inferior se comunique directamente con él, prescindiendo de los órganos
intermedios.

Artículo 14

   Es de interés público, para el mejor cumplimiento de los servicios, el intercambio permanente y directo de datos e información entre todas las unidades y reparticiones de la Administración Pública, sea cual fuere su naturaleza jurídicas o posición institucional, a través de cualquier
medio hábil de comunicación, sin más limitación que lo dispuesto en el
artículo 80.

   A efectos de implantar sistemas de libre flujo de información, se
propenderá a la interconexión de los equipos de procesamiento electrónico
de información u otros medios similares.

   Asimismo podrá la Administración brindar el sevicio de acceso
electrónico a sus bases de datos a las personas físicas o jurídicas,
estatales, paraestatales o privadas que así lo solicitaren. 

                              SECCION II
                     Del Trámite Administrativo

                              TITULO I
           De la iniciación del procedimiento administrativo


                              CAPITULO I
                        Disposiciones generales

Artículo 15

   El procedimiento administrativo podrá iniciarse a petición de la
persona interesada o de oficio. En este último caso la autoridad
competente puede actuar por disposición de su superior, por propia
iniciativa, a instancia fundada de los correspondientes funcionarios o 
por denuncia. 

Artículo 16

   Iniciado el procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para 
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieren elementos de juicio suficientes para ello.

   No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios
graves o irreparables. 

Artículo 17

   Si de la petición resultara que la decisión puede afectar derechos o
intereses de otras personas, se les notificará lo actuado a efecto de que
intervengan en el procedimiento reclamando lo que les corresponde.

   En el caso de comparecer, deberán hacerlo en la misma forma que el
peticionario y tendrán los mismos derechos que éste. 

Artículo 18

   En caso de ser varios los interesados, podrán comparecer conjuntamente por medio de un solo escrito con el que se formará un único expediente, o de un mismo formulario, según corresponda, siempre que pretendan un único acto administrativo. 

                              CAPITULO II
                      De la forma de los escritos

Artículo 19

   Toda petición o exposición que se formule ante cualquier órgano
administrativo, se efectuará en papel simple (florete, fanfold o de
similares características), de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en el artículo 44 del presente Decreto.

   Podrán utilizarse formularios proporcionados por la Administración,
admitiendose también los impresos que presenten las partes siempre que
respeten las reglas referidas en el inciso anterior.

   Asimismo las dependencias de la Administración Central podrán admitir
la presentación de los particulares por fax u otros medios similares de transmisión a distancia, en los casos que determinen. 

Artículo 20

   Los apoderados y, en general, el que actúe en virtud de una representación, deberán expresar en todos sus escritos, la calidad de
tales y el nombre o nombres de las personas o entidades que representan.

                              

Artículo 21

   Los particulares que efectúen gestiones ante la Administración,
suscribirán sus escritos con su firma usual, repitiendo a máquina, sello 
o manuscrito tipo imprenta en el renglón o línea inmediatamente siguiente y debajo de la firma, sus nombres y apellidos, siempre que éstos no consten claramente en el exordio del escrito.

   Cuando los particulares presenten documentos extendidos por terceros,
en los cuales no se haya repetido a máquina, sello o manuscrito tipo
imprenta las firmas que luzcan, el que lo presenta deberá establecer, en el escrito de gestión que acompañe el instrumento, quién es el firmante. 

                              CAPITULO III
              De la presentación y recepción de los escritos

Artículo 22

   Todo escrito que se presente a las autoridades administrativas deberá acompañarse de copia o fotocopia firmada, la que será devuelta al interesado con la constancia de la fecha y hora de la presentación, de
los documentos que se acompañan y de la oficina receptora.

Artículo 23

   En toda actuación administrativa, los documentos cuya agregación
exijan las normas legales o reglamentarias correspondientes, o aquéllos
que el gestionante agregue como prueba, podrán presentarse en fotocopia,
copia fascímil o reproducción similar, cuya certificación realizará en el
acto el funcionario receptor, previo cotejo con el original que exhibirá
el interesado y que le será devuelto una vez efectuada la certificación.
   En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los
documentos a certificar, la unidad de administración documental podrá
retener los originales, previa expedición de los recaudos 
correspondientes al interesado, por el término máximo de cinco días hábiles, a efectos de realizar la certificación de las correspondientes reproducciones. Cumplida, devolverá a la parte los originales 
mencionados.
   Sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, el órgano 
administrativo podrá exigir, en cualquier momento, la exhibición del original o de fotocopia certificada notarialmente (Ley 16.170 de 28 de diciembre de 1990, art. 651).
   Las dependencias de la Administración Central reglamentarán
internamente, dentro del plazo de ciento veinte días a partir de la
vigencia del presente Decreto, la forma de dar cumplimiento al régimen
establecido en los incisos precedentes, de acuerdo con la disponibilidad
de recursos humanos y materiales existente.

Artículo 24

   Cuando se actúa en representación de otro, se acompañará mandato o
documento que la acredite. La primera copia de los poderes o ducumentos
que acrediten representación, podrá ser suplida por reproducciones en la
forma señalada en el artículo anterior.
   Si la personería no es acreditada en el acto de la presentación del
escrito, igualmente será recibido, pero el funcionario receptor requerirá a quien lo presente que en el plazo de diez días hábiles salve la 
omisión, bajo apercibimiento de disponerse el archivo, de lo que se 
dejará constancia en el escrito con la firma de este último. 

Artículo 25

   Todo funcionario que reciba un escrito deberá anotar bajo su firma en
el propio escrito, la fecha en que lo recibe, el número de fojas que
contenga, la mención de los documentos que se acompañan y copias que se
presentan. Como constancia de la recepción del mismo, se entregará al
interesado la copia a que se refiere el artículo 22 del presente decreto,
sin perjuicio de otras formas de constancia que por razón del trámite sea
conveniente extender. 

Artículo 26

   En los casos en que el escrito presentado por el administrador
mereciere observaciones del funcionario receptor, se les hará conocer de
inmediato al interesado y si éste no las aceptase, igualmente admitirá el
escrito, consignando a su pie las referidas observaciones con las
alegaciones de la parte y con la firma de ambos.
   Si el jerarca correspondiente estimare fundadas las observaciones
formuladas, dispondrá se requiera a quien hubiese firmado el escrito
para que salve las mismas, bajo apercibimiento de archivarlo, salvo las
disposiciones especiales al respecto. 

                              TITULO II
                 De la documentación y del trámite

                              CAPITULO I
                    De las formas de documentación

Artículo 27

   La forma es el modo o manera de documentar y dar a conocer la voluntad administrativa.
  Los actos administrativos se documentarán por escrito cuando la norma
lo disponga expresamente o la importancia del asunto o su trascendencia
jurídica así lo impongan. Los actos administrativos contendrán lugar y
fecha de emisión, el órgano de quien emanan, funcionario interviniente y
su firma. 

Artículo 28

   Podrá prescindirse de la forma escrita, cuando correspondiere, si
mediare urgencia o imposibilidad de hecho. En el caso, sin embargo, 
deberá documentarse por escrito el acto en la primera oportunidad  posterior en que sea posible, salvo que se trate de actos cuyos efectos  se hayan agotado y respecto de los cuales la comprobación no tenga razonable justificación, caso en el cual tal documentación no será necesaria. 

Artículo 29

   Siempre que en un trámite escrito se dicten órdenes verbales, el
funcionario que las reciba deberá agregar, en la etapa del trámite en que
se encuentre, la anotación correspondiente, bajo su firma, mediante la
fórmula "De mandato verbal de..."  

Artículo 30

   Los procedimientos administrativos que se sustancien por escrito, se
harán a través de expedientes o formularios según lo establecido en los
capítulos siguientes. 

Artículo 31

   Las comunicaciones escritas entre las distintas reparticiones de la
Administración, se harán por medio del oficio, la circular, el memorando 
y la carta, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 32.
   El oficio será el documento utilizado cuando el órgano actuante deba
dar conocimiento de sus resoluciones a otro órgano o formularle alguna
petición para el cumplimiento de diligencias del procedimiento. Será
objeto de numeración y registro por parte de la respectiva unidad de
administración documental.
   La circular será el documento utilizado para poner en conocimiento de
los funcionarios órdenes o instrucciones de servicio, así como noticias o
informaciones de carácter general. Se identificarán a través de un número
correlativo anual asignado por la unidad emisora y se archivarán en la
correspondiente unidad de administración documental.
   El memorando se empleará para las instrucciones y comunicaciones
directas del jerarca a un subordinado, o para la producción de 
información del subordinado a su jerarca, o para la comunicación en
general entre las unidades. Los memorandos se identificarán por un número correlativo anual asignado por el emisor. El receptor guardará el 
original y la copia de la contestación que hubiere emitido en forma escrita o a través de otro medio de comunicación.
   Toda otra comunicación escrita no contemplada en este artículo se hará
por carta. 

Artículo 32

   La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios
electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí,
documentación auténtica y hará plena fe a todos sus efectos en cuanto a 
la existencia del original transmitido.
   El que voluntariamente transmitiere a distancia entre dependencias
oficiales un texto del que resulte un documento infiel, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda. (Ley 16.002 de 25 de noviembre de 1988, artículos 129 y 
130). 

Artículo 33

   En aplicación de lo dispuesto por el artículo 14, la Administración
propiciará el uso de soportes de información electrónicos, magnéticos,
audiovisuales, etc. siempre que faciliten la gestión pública. 

                              CAPITULO II
                          De los expedientes

Artículo 34

   Se formará con aquellos asuntos que se documentan por escrito siempre que sea necesario mantener reunidas todas las actuaciones para resolver.  Se iniciarán a instancia de persona interesada o por resolución
administrativa, las que formarán cabeza del mismo. 

Artículo 35

   Los expedientes se formarán siguiendo el ordenamiento regular de los
documentos que lo integran, en forma sucesiva y por orden de fechas.

Artículo 36

   No se formará expediente con aquellos documentos que por su naturaleza
no tengan relación directa con un acto administrativo ni lo hagan
necesario, ni sea de ellos menester para la sustanciación de un trámite.
Especialmente quedan comprendidos en esta prohibición las cartas, las
circulares y los memorandos.
   Tampoco se formará expediente con aquellos asuntos que se tramiten
exclusivamente a través de formularios.
   Lo dispuesto precedentemente es sin perjuicio de la agregación de esos
documentos a los expedientes que se formen de acuerdo con lo establecido
en el artículo 34, cuando así corresponda. 

Artículo 37

   Los expedientes se identificarán por su número correlativo anual único
para todo el organismo, el que será asignado por la unidad de
administración documental. 

Artículo 38

   El jerarca de cada dependencia o repartición fijará dentro del plazo 
de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto, la secuencia de las unidades administrativas que habitualmente
deban participar en la sustanciación de cada tipo o clase de expediente
por razón de materia, con la que se elaborará la correspondiente hoja de
tramitación.
   Dicha hoja será puesta por la unidad de administración documental como
foja inicial del expediente, a continuación de la carátula y antes de
toda actuación.
   La intervención de unidades o de órganos de asesoramiento no previstos
originalmente en la mencionada hoja, será debidamente justificada por
la unidad que la promueva. 

                              CAPITULO III
                           De los formularios

Artículo 39

   Los procedimientos de trabajo deberán ser diseñados y revisados con
arreglo a las reglas de racionalización administrativa. En los procedimientos administrativos reiterativos se procurará el uso de formularios. Su diseño, así como el trámite al que pertenecen, deberán
ser aprobados por el jerarca correspondiente para su puesta en práctica,
previa determinación de la necesidad de su existencia, de la evaluación 
de la relación costo-beneficio, de la congruencia de los datos que el formulario contiene en relación al procedimiento al que sirve, de su vinculación con otros formularios en uso y de la evaluación del diseño, formato y calidad propuestos para su confección. 

Artículo 40

   Especialmente se emplearán formularios para:
  a) Las gestiones de los funcionarios y la formulación de las documentaciones técnicas o administrativas rutinarias (licencias,
solicitud de materiales, partes de personal, control de vehículos,
control de documentos, informes de avance de obras, etc.);

  b) Las gestiones de los particulares relativas a prestaciones de      servicios, cumplimiento de exigencias legales o reglamentarias      (certificaciones, inscripciones, etc.), permisos autorizaciones y otros actos de trámite directo o inmediato entre las dependencias     competentes y los administrados. 

Artículo 41

   Los formularios se individualizarán por su denominación, código
identificatorio de la unidad emisora y número correlativo anual asignado
por la unidad que centralice el sistema de formularios o, en su defecto,
por la dependencia emisora. 

Artículo 42

   Los formularios no requerirán carta o memorando de presentación ni
expediente para su tramitación.
   Se tramitarán directamente entre la persona o entidad interesada y la
dependencia competente para actuar o prever.
   Las unidades de administración documental no registrarán ni harán
duplicados de los formularios correspondientes a trámites que se
sustancien ante las restantes unidades administrativas. 

Artículo 43

   Es de aplicación para los trámites realizados a través de formularios
lo dispuesto por los artículos siguientes, en cuanto corresponda. 

                              CAPITULO IV
                De los aspectos materiales del trámite

Artículo 44

   Las Oficinas de la Administración Pública, en sus actuaciones
administrativas, deberán usar papel simple en formatos normalizados, de
acuerdo a las series establecidas en las Norma U.N.I.T. correspondiente.
En particular los oficios, cartas circulares y memorandos utilizarán el
tamaño A4 de 210 mm. por 297 mm.; asimismo, para la confección de
formularios se propiciará el uso de tamaños derivados de la Serie A
mencionada. Los textos impresos por cualquier método respetarán los
siguientes márgenes mínimos; superior 5,5 cm.; inferior, 2cm.; en el
anverso: derecho 1,5 cm. e izquierdo 3,5 cm. y sus correspondientes en el
reverso. Deberán ser fácilmente legibles y las enmienda, entre renglones 
y testaduras, salvadas en forma. 

Artículo 45

   El papel que se utilice en las actuaciones administrativas podrá lucir
impresos, sellos, etc. que faciliten las mismas y permitan un mejor
aprovechamiento del papel, tales como la identificación de la repartición,
renglones, rayas, títulos fórmulas textos y números, según lo disponga el
respectivo jerarca. 

Artículo 46

   Queda prohibido escribir y hacer anotaciones al margen del papel
usado en actuaciones administrativas. 

Artículo 47

   Toda vez que haya que justificar la publicación de avisos, éstos se
recortarán y pegarán en una hoja de papel certificado el funcionario que
haga la agregación el número, fecha y nombre del diario o periódico a que
pertenecen los avisos. 

Artículo 48

  Toda actuación deberá realizarse a continuación de la inmediata
anterior. Siempre que existan espacios en blanco, la providencia
administrativa deberá escribirse utilizando el mismo y sólo se agregarán
nuevas hojas cuando no existan espacios disponibles. Se exceptúa de esta
forma las resoluciones definitivas. Cuando la unidad deba registrar el
ingreso de un expediente, dicha registración se anotará en la misma hoja
donde consta la última actuación.
   En caso de quedar entre actuaciones espacios en blanco, se anularán
mediante una línea cruzada. 

                              CAPITULO V
               De la compaginación, formación y agregación
                          de piezas y desgloses

Artículo 49

   Toda pieza documental de más de una hoja deberá ser foliada con
guarismos en forma manuscrita o mecánica. 

Artículo 50

   Cuando haya que enmendar la foliatura, se testará la existente y se
colocará a su lado la que corresponda, dejándose constancia de ello bajo
la firma del funcionario que la realice en nota marginal en la primera y
última fojas objeto de la enmienda. 

Artículo 51

   Las oficinas públicas, al agregar los escritos presentados por los
administrados al respectivo expediente, efectuarán su foliatura
correlativamente con la hoja que antecede, en forma tal que todo el
expediente quede compaginado del modo establecido por el presente
capítulo.
  Cuando deba agregarse un escrito con el que se adjuntan documento, 
éstos precederán al escrito con el cual han sido presentados. 

Artículo 52

   Todo expediente administrativo de más de cuarenta hojas, deberá ser
debidamente cosido.

Artículo 53

   Cuando un expediente administrativo alcance a cien hojas se formara 
una segunda pieza o las que sean necesarias con las subsiguientes, que tampoco deberán pasar el número de cien, siempre que no quedaren 
divididos escritos o documentos que constituyan un solo texto, en cuyo caso se deberá mantener la unidad de los mismos, prescindiendo del número de hojas.
   Las piezas correrán agregadas por cordón. Cada pieza llevará una
carátula en donde se repetirán las características del expediente y se
indicará el número que le corresponda a aquélla.
   La foliatura de cada pieza continuará la de la precedente. 

Artículo 54

   Toda vez que haya que realizar algún desglose se dejará constancia en
el expediente, colocándose una hoja en el lugar ocupado por el documento 
o la actuación desglosada, poniéndole la misma foliatura de las actuaciones que se separan y sin alterar la del expediente. 

Artículo 55

  Cada vez que se agregue un expediente se hará por cordón, precediendo
al principal, así como a los anteriormente agregados, los que conservarán
sus respectivas carátulas y foliaturas.
   Si la agregación por cordón de un expediente a otro obstare a la
normal sustanciación del que es agregado, se extraerá testimonio total o
parcial, según lo necesario, agregándoselo. 

                              CAPITULO VI
                   De la sustanciación del trámite

Artículo 56

   La impulsión del procedimiento se realizará de oficio por los órganos
intervinientes en su tramitación, a cuyos efectos la autoridad
correspondiente practicará las diligencias y requerirá los informes y
asesoramientos que correspondan, sin perjuicio de la impulsión que puedan
darle los interesados.
   La falta de impulsión del procedimiento por los interesados no produce
la perención de las actuaciones, debiendo la Administración continuar con
su tramitación hasta la decisión final. 

Artículo 57

   Cuando la autoridad administrativa disponga de oficio determinado acto
individual y concreto, deberá indicar la persona o personas físicas o
jurídicas a las cuales el acto se refiera, o en su defecto, los elementos
necesarios para su debida identificación. 

Artículo 58

   La instrucción del asunto deberá quedar terminada dentro del término
de treinta días a contar del día siguiente a la fecha en que se formuló 
la petición. (Ley 13.032, de 7 de diciembre de 1961, artículo 406; ley
14.106, de 14 de marzo de 1973, artículo 676; ley 15.869, de 22 de junio
de 1987, artículo 11). 

Artículo 59

   Los funcionarios técnicos y asesores deberán expedir sus dictámenes o
informaciones dentro de los cinco días de recibido el expediente. Este
plazo podrá extenderse hasta diez días, con la constancia fundada, en el
expediente, del funcionario consultado.
   Cuando la complejidad del asunto lo justifique, el funcionario asesor
podrá solicitar ante su superior una nueva prórroga, estándose a lo que
éste resuelva. 

Artículo 60

   Para dar al procedimiento la mayor rapidez, se acordarán en un solo
acto todos los trámites que por su naturaleza admitan una impulsión
simultánea, y se concentrarán en una misma audiencia todas las 
diligencias y medidas de prueba pertinentes. 

Artículo 61

   Cuando dos o más asuntos puedan ser resueltos por un mismo acto 
formal, se les sustanciará conjuntamente, salvo disposición contraria y fundada de aquel a quien la resolución corresponda.

   Varios asuntos podrán ser resueltos por un mismo acto formal cuando 
sea posible decidir sobre ellos por medio de un acto regla o cuando, aún
requiriéndose una pluralidad de actos subjetivos o de actos condición, la
identidad sustancial de las resoluciones posibles permita la unidad de su
formulación.
   Es condición fundamental para que varios asuntos sean resueltos por un mismo acto formal que ello pueda ocurrir sin quebrantar los términos legales o reglamentarios que tenga la autoridad administrativa para sustanciar el trámite y pronunciarse. Por tanto, no podrá postergarse la sustanciación y resolución de un asunto so pretexto de procurar la
formulación unitaria de una pluralidad de actos.

   Cada asunto de los que son resueltos por un mismo acto formal deberá formar un expediente, salvo que se tratase de designaciones, promociones, sanciones u otro tipo de asunto que tenga silimares características formales a estos aquí mencionados a vía de ejemplo, en cuyo caso se podrá formar un solo expediente.
    En cada uno de los expedientes de aquellos en que corresponda dictar
un solo acto formal se dejará testimonio de la resolución adoptada cuyo
original obrará en actuación especial, con la que se formara expediente
aparte, relacionándolo con sus antecedentes.
   Aquellos expedientes que sean conjuntamente sustanciados con el fin de
resolver en ellos mediante un único acto formal, correrán unidos por
cordón. 

Artículo 62

   Cuando en el transcurso de la tramitación de un asunto derive otro que
no pueda sustanciarse conjuntamente porque obsta al principal, se
extraerán los testimonios del caso o se harán los desgloses en la forma
indicada por el artículo 54, con los que se formarán piezas que correrán
por cuerda separada. 

Artículo 63

   El expediente sólo podrá remitirse a otros órganos o entes
administrativos siempre que les corresponda dictaminar o lo requiera el
correspondiente procedimiento especial.
   Todo pedido de informaciones o datos necesarios para sustanciar las
actuaciones, se hará directamente a través de las formas de comunicación
admitidas por el presente Decreto. 

Artículo 64

   Las unidades de administración documental, una vez registradas y
cursadas las actuaciones, no tendrán otra intervención respecto a ellas
que la de consignar en los registros respectivos los pases entre unidades.
   En ningún caso se hará duplicado de los expedientes; si en el transcurso de la tramitación fuere necesaria la recomposición de uno de éstos, se estará a las copias de las actuaciones que cada una de las unidades intervinientes mantendrá identificadas por número de expediente. 

Artículo 65

   En cualquier etapa de la sustanciación de un expediente podrá
solicitarse el informe técnico que se estime conveniente. 

Artículo 66

   Cuando se requiera informe de los asesores, deberá indicarse con
precisión y claridad las cuestiones sobre las que se estime necesario su
pronunciamiento.
   El técnico que deba pronunciarse podrá devolver sin informe todo
expediente en el que no se señale con precisión y claridad el punto
sobre el que se solicita su opinión.
   Cuando la cuestión revele ineptitud, negligencia o desconocimiento de la función por parte del funcionario que solicita el asesoramiento, el técnico devolverá el expediente con la información requerida, pero con la constancia del caso debidamente fundada. 

Artículo 67

   Salvo lo que se establezca a texto expreso en los procedimientos
especiales, en cualquier etapa del procedimiento administrativo las
oficinas técnicas donde se encuentre radicado el trámite podrán solicitar
por cualquier medio idóneo la concurrencia de los directamente
interesados en él, sus representantes o sucesores a cualquier título.
   El pedido de concurrencia, del que deberá quedar constancia en
autos, se efectuará a los solos fines de una mejor instrucción del asunto
y de lo tratado o acordado se podrá dejar minuta en el expediente, 
firmada por el funcionario y la o las partes que hayan concurrido.
   La no concurrencia no aparejará ningún perjuicio a la parte y no
podrá alegarse por el funcionario técnico como eximente de su obligación
de expedirse, ni por la Administración para decidir en tiempo y forma.

Artículo 68

   Cuando se produzcan informes en los expedientes administrativos y haya
que citar actuaciones del mismo expediente, deberá citarse la foja en
donde se encuentre la actuación respectiva. 

Artículo 69

   Todo funcionario, cuando eleve solicitudes, proyectos o produzca
informes, dictámenes, etc., fundamentará su opinión en forma sucinta.
Procurará en lo posible no incorporar a su texto el extracto de las
actuaciones anteriores, ni reiterar datos, pero hará referencia a todo
antecedente que permita ilustrar para su mejor resolución. Suscribirá
aquéllos con su firma habitual, consignando su nombre, apellido y cargo.

Artículo 70

   Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán
acreditarse por cualquier medio de prueba no prohibido por la ley.
   La valoración de la prueba se efectuará de conformidad con las reglas
contenidas en el Código General del Proceso. 

Artículo 71

   La Administración podrá disponer de oficio las diligencias probatorias
que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos acerca de los
cuales debe dictar resolución.
   Si mediare pedido de parte, deberá disponer la apertura de un período
de prueba por un plazo prudencial no superior a los diez días, a fin de
que puedan practicarse cuantas sean legalmente admisibles y juzgue
conducentes o concernientes al asunto en trámite. La resolución de la
Administración que rechace el diligenciamiento de una prueba por
considerarla inadmisible, inconducente o impertinente será debidamente
fundada y podrá ser objeto de los recursos administrativos
correspondientes.

   Las partes tienen derecho a controlar la producción de la prueba;
a tal efecto, la Administración les comunicará con antelación suficiente
el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba y les hará saber 
que podrán concurrir asistidos por técnicos. 

Artículo 72

   El proponente de la prueba de testigos tiene la carga de la 
comparecencia de los mismos en el lugar, fecha y hora fijados por la 
Administración. Si el testigo no concurriera sin justa causa, se 
prescindirá de su testimonio.
   La Administración, sin perjuicio del pliego presentado por la parte, 
podrá interrogar libremente a los testigos y en caso de declaraciones 
contradictorias podrá disponer careos, aún con los interesados.

   Las partes o sus abogados patrocinantes podrán impugnar las preguntas 
sugestivas, tendenciosas o capciosas y al término de las deposiciones de  
los testigos podrán hacer repreguntas y solicitar las rectificaciones que 
consideren necesarias para conservar la fidelidad y exactitud de la 
declaración. El funcionario actuante conservará en todo momento la 
dirección del procedimiento, pudiendo hacer nuevas preguntas, rechazar 
cualquier pregunta que juzgare inconducente, innecesaria, perjudicial o 
agraviante para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio. 

Artículo 73

   Los administrados podrán proponer la designación de peritos a su 
costa, debiendo en el mismo acto acompañar el cuestionario sobre el que éstos deberán expedirse. La Administración se abstendrá de contratar peritos por su parte, debiendo limitarse a recabar informes de sus 
agentes y oficinas técnicas, salvo que ello resultare necesario para la debida sustanciación del procedimiento. 

Artículo 74

   Los gastos que ocasione el diligenciamiento de la prueba serán de 
cargo de la Administración o de las partes por el orden causado, sin perjuicio de que pueda conferirse el beneficio de auxiliatoria de pobreza en casos debidamente justificados mediante una información sumaria. 

Artículo 75

   Terminada la instrucción o vencido el término de la misma, cuando de
los antecedentes resulte que pueda recaer una decisión contraria a la
petición formulada, o se hubiere deducido oposición, antes de dictarse
resolución, deberá darse vista por el término de diez días a la persona o
personas a quienes el procedimiento refiera.
   Al evacuar la vista, el interesado podrá pedir el diligenciamiento de pruebas complementarias que deberán cumplirse dentro del término de cinco días y de conformidad a lo establecido en los artículos precedentes.
   Cuando haya más de una parte que deba evacuar la vista, el término 
será común a todas ellas y correrá del día siguiente a la última
notificación. 

Artículo 76

   En los procedimientos administrativos seguidos de oficio, con motivo 
de la aplicación de sanciones o de la imposición de un perjuicio a
determinado administrado, no se dictará resolución sin previa vista al
interesado por el término de diez días para que pueda presentar sus
descargos y las correspondientes probanzas y articular su defensa. 

Artículo 77

   La exhibición de los expedientes administrativos a los fines de su
consulta es permitida en todos los casos, salvo con respecto a las piezas
que posean carácter confidencial, reservado o secreto y sólo se llevará a
cabo en las respectivas Oficinas de radicación de los mismos, bastando
para ello la simple solicitud verbal de la parte interesada, de su
apoderado constituido en forma o de su abogado patrocinante. En el caso
de que la solicitud se formulare por un abogado, si su calidad de
patrocinante no surgiere de las actuaciones relativas, deberá previamente
denunciarse por el interesado la existencia del patrocinio con indicación
del profesional que lo haya tomado a su cargo, lo que podrá efectuar 
aquél por simple manifestación verbal, cuyos extremos se harán constar 
por nota.

Artículo 78

   El derecho a tomar vista de las actuaciones reconocido a los
interesados o sus patrocinantes, comprende no sólo la facultad de revisar
y leer las actuaciones, sino también la de copiar o reproducir por
cualquier medio, todo o parte de ellas. 

Artículo 79

   También podrá el interesado retirar el expediente de la oficina para 
su estudio, siempre que tal retiro no represente un obstáculo para el trámite normal que se esté cumpliendo o un perjuicio cierto para los derechos de otros interesados. En tal caso, se deberá dar fotocopia del expediente a costa del peticionante.
   El retiro del expediente será en todos los casos bajo la
responsabilidad del abogado patrocinante individualizado en la forma
prescripta por el artículo 77, quien deberá firmar recibo en forma.
   El término durante el cual el expediente puede ser sacado de la
oficina no excederá de dos días hábiles, que podrán ser prorrogados
por el mismo término, previa solicitud fundada de la parte interesada.

   Se exceptúa del plazo establecido en el inciso anterior, el retiro de expedientes que tenga por finalidad el cumplimiento de trámites o la evacuación de vistas que tengan término para la parte interesada, 
señalado por ley o reglamento. En estos casos, el término para la saca
del expediente expirará con el establecido para aquellos efectos. 

Artículo 80

   Los documentos o piezas podrán ser calificados como secretos,
confidenciales o reservados, de acuerdo con las normas legales o
reglamentarias vigentes o a dictarse.

   El carácter del asunto puede asignárselo el funcionario o la persona
que lo origine, pudiendo ser modificado en cualquier sentido por el
órgano superior de decisión.
   El mero hecho de que los informes o dictámenes sean favorables o
adversos a los interesados no habilita a darles carácter de reservados.

Artículo 81

   Las normas de procedimiento a las que se ajustará el trámite de los
documentos o piezas a que se refiere el artículo anterior, se establecerá
en las reglamentaciones respectivas, las que podrán ser especiales o
particulares para determinado Ministerio u organismo. 

Artículo 82

   En cualquier etapa del procedimiento administrativo, el abogado
firmante, en su calidad de patrocinante de la parte interesada y siempre
que así se conviniere mediante escrito o acta administrativa, quedará
investido en especial y para ese trámite del carácter de representante de
aquélla, pudiendo seguirlo en todas sus etapas; notificarse, evacuar
vistas, presentar escritos, asistir a todas las diligencias, aun cuando 
no se encuentren presentes sus patrocinados; en tales casos, podrá formular las observaciones que considere pertinentes, ejercer la facultad de repreguntar y todas aquellas adecuadas para el mejor desempeño del derecho de defensa.
   Para que la autorización sea válida la parte deberá establecer en el escrito su domicilio real, así como comunicar en la misma forma los
cambios que el mismo experimentare.

   Deberá instruirse especialmente al interesado de la representación de que se trata y de sus alcances, dejándose constancia expresa de ello en 
el escrito o acta administrativa pertinente. 

Artículo 83

   Los jefes o funcionarios que tuvieren a su cargo el despacho de los
asuntos serán directamente responsables de la tramitación, debiendo
adoptar las medidas oportunas para que no sufran retraso. 

Artículo 84

   En cualquier etapa de la sustanciación el interesado podrá reclamar
contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan
paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados u
omisión de trámite, que puedan subsanarse antes de la resolución
definitiva del asunto.
   La reclamación debidamente fundada, con mención expresa del precepto
infringido, deberá presentarse ante el jerarca del organismo, quien 
previa vista de los funcionarios señalados en el artículo anterior, dispondrá las medidas administrativas o disciplinarias pertinentes. 

                              CAPITULO VII
                    De la terminación del trámite

Artículo 85

   Una vez concluida la sustanciación del expediente, la autoridad
competente deberá dictar resolución. En ningún caso el vencimiento de los plazos previstos a esos efectos eximirá a dicha autoridad de su 
obligación de emitir un pronunciamiento. 

Artículo 86

   Todo interesado podrá desistir de su petición o renunciar a su 
derecho. Si el escrito de petición se hubiere presentado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquéllos que la hubieren formulado. 

Artículo 87

   Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por escrito o
verbalmente. En este último caso se formalizará con la comparecencia del
interesado ante el funcionario encargado de la instrucción del asunto,
quien conjuntamente con aquél suscribirá la respectiva diligencia.

Artículo 88

   La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y
declarará concluido el procedimiento, salvo lo previsto en el artículo 
86, o que se hubieren presentado en el mismo terceros interesados que insten a su continuación, en el plazo de diez días a contar de la vista que del desistimiento otorgará la Administración.
   Si la cuestión en trámite fuese de interés general, la Administración
seguirá el procedimiento de oficio. 

Artículo 89

   Paralizado un trámite por causas imputables al interesado por un término de treinta días, la Administración intimará su comparecencia en 
un plazo prudencial, que fijará de acuerdo con la naturaleza del asunto.
   En caso omiso y no mediando causa debidamente justificada, la
Administración dejará la respectiva constancia y podrá continuar el
procedimiento hasta dictar resolución.
   Si el interesado compareciere antes de que ésta sea dictada, tomará
intervención en el estado en que se encuentre el procedimiento.
   Cuando la inactividad del interesado impida a la Administración continuar la sustanciación del expediente, vencidos los plazos a que se
refiere el inciso primero, aquélla se pronunciará sin más trámite sobre 
el fondo del asunto, de acuerdo con los elementos de juicio que obren en
autos. 

Artículo 90

   Autorízase la copia fotográfica y microfilmada de los expedientes y
demás documentos archivados en todas las dependencias del Estado y demás
Organismos Públicos, y la destrucción de los documentos originales cuando
ello sea indispensable, de conformidad con las normas reglamentarias
vigentes o a dictarse.
   Dichas copias tendrán igual validez que los antecedentes originales a
todos los efectos legales, siempre que fueren debidamente autenticadas 
por las Direcciones de las respectivas Oficinas. (Ley 14.106, de 14 de marzo de 1973, Art. 688). 

                              CAPITULO VIII
                          De las notificacines

Artículo 91

   Las resoluciones que den vista de las actuaciones, decreten la 
apertura a prueba, las que culminen el procedimiento y, en general, todas aquellas que causen gravamen irreparable o que la autoridad disponga expresamente que así se haga, serán notificadas personalmente al interesado en la oficina o en el domicilio que corresponda, de acuerdo 
con el artículo 97.
   La notificación personal en la oficina se practicará mediante la
comparecencia del interesado, su apoderado, o persona debidamente
autorizada para estos efectos.
   Si el interesado no compareciere espontáneamente, se intimará su
concurrencia a la oficina dentro del plazo de tres días hábiles, mediante
telegrama colacionado certificada con aviso de entrega, carta certificada
con aviso de retorno o por cualquier otro medio idóneo.
   Si al vencimiento de dicho plazo el interesado no hubiere concurrido,
se practicará la notificación personal en el domicilio correspondiente 
por medio de un funcionario comisionado, entendiéndose con el interesado 
o persona hábil que acreditará su identidad mediante el documento
respectivo. La persona con quien se practique la diligencia deberá firmar
la constancia respectiva. En el caso de no encontrarse ninguna de las
personas indicadas, así como cuando éstas se negaren a firmar la
constancia, el funcionario comisionado dejará cedulón en lugar visible,
del modo que mejor asegure su recepción por el interesado, levantando 
acta de la diligencia.
   También podrá practicarse la notificación a domicilio por telegrama
colacionado certificado con aviso de entrega, por carta certificada con
aviso de retorno, télex, fax o cualquier otro medio idóneo que
proporcione certeza en cuanto a la efectiva realización de la diligencia
y a su fecha, así en cuanto a la persona a la que se ha practicado. 

Artículo 92

   Las notificaciones se practicarán en el plazo máximo de quince días,
computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación.

Artículo 93

   Las resoluciones no comprendidas en el inciso primero del artículo 91,
se notificarán en la oficina, a cuyos efectos se establece la carga de
asistencia para todos los interesados que actúen en el procedimiento
respectivo, si la notificación se retardare tres días hábiles por falta 
de comparecencia del interesado, se tendrá por hecha a todos los efectos,
poniéndose la respectiva constancia en el expediente.
   Si el día en que concurriera el interesado la resolución no se hallare
disponible, la oficina donde se encontrare expedirá constancia, si aquél
lo solicitare.

Artículo 94

   Cuando corresponda notificar un acto administrativo y se desconozca el
domicilio de quien deba tener conocimiento de él, se le tendrá por
notificado del mismo mediante su publicación en el "Diario Oficial"
durante tres días seguidos.
   El emplazamiento, la citación, las notificaciones e intimaciones a
personas inciertas o a un grupo indeterminado de personas, podrá además
realizarse por difusión a través de las televisoras y radiodifusoras
estatales de conformidad con las directivas contenidas en el presente
capítulo. 

Artículo 95

   Los emplazamientos, citaciones y notificaciones e intimaciones a que 
se refiere este Capítulo, se documentarán mediante copia del documento
utilizado y el correspondiente aviso de recibo en el que deberán constar,
necesariamente, fecha y hora de recepción.
   Cuando hayan sido hechas por publicación en el "Diario Oficial", se
estará a lo dispuesto en el artículo 47. Si además se realizó por
radiodifusión, se dejará también constancia de ello, certificándose el
medio utilizado, fechas de propalación y contenido del texto difundido.

Artículo 96

   En las notificaciones por medio de telegrama colacionado con aviso de
entrega, publicación en el Diario Oficial o radiodifusión, se reproducirá
la parte dispositiva del acto íntegra o parcialmente. En este último caso
se hará en forma suficiente para que el interesado tenga cabal
conocimiento del acto de que se trata. La publicación incluirá la expresa
mención de la persona con la que se entiende practicada la diligencia y 
de los antecedentes en que el acto fue dictado.
   En los demás casos se proporcionará al notificado el texto íntegro del
acto de que se trata. 

Artículo 97

   Se entiende por domicilio a los efectos de este Capítulo, el constituido por el interesado en su comparecencia, o el real de éste si 
no lo hubiere constituido, o el lugar que haya designado (artículo 119).
   Tratándose de procedimientos administrativos seguidos de oficio,
respecto de funcionarios públicos, sin perjuicio de lo establecido en el
inciso precedente, se estará al último domicilio denunciado por aquél y
anotado en su legajo personal. 

Artículo 98

   Las citaciones y notificaciones que se hicieren serán firmadas por las
personas citadas o notificadas, sin insertar en la diligencia alegatos ni
respuesta alguna, a no ser que la resolución administrativa los autorice
para ello. 

Artículo 99

   Si el interesado no supiera o no pudiera firmar, lo expresará así,
firmando un testigo por el notificado.
   Si la parte se resistiera a firmar la notificación de la resolución
administrativa en la oficina, el funcionario encargado del trámite deberá
hacer la anotación correspondiente, firmándola con su jerarca inmediato.

Artículo 100

   La Administración podrá disponer que las notificaciones a domicilio en
las zonas rurales se practiquen por intermedio de la policía. 

Artículo 101

  Las notificaciones defectuosas surtirán, sin embargo, efecto a partir 
de la fecha en que se haga manifestación expresa en tal sentido por el
interesado o se interponga el recurso pertinente. 

Artículo 102

   Todo peticionario o recurrente podrá autorizar para examinar el
expediente a un letrado de su elección, sin su presencia, o para 
retirarlo en confianza, en la forma prevista en los artículos 77 y 79, siempre que se hubiere notificado debidamente del acto administrativo que
correspondiere en dicha oportunidad procesal; o, en su caso, puede el
interesado darse por notificado de lo actuado, conjuntamente con la
autorización dada a su letrado para el examen del expediente, en la
oficina correspondiente. 

Artículo 103

   Los procedimientos de notificación a que se refiere el presente
Capítulo se seguirán sin perjuicio de lo establecido por las 
disposiciones constitucionales y legales. 

Artículo 104

   Los decretos serán publicados sin más trámite en el "Diario Oficial". En casos de necesidad o urgencia se admitirá la publicación por medios
idóneos para ponerlos en conocimiento del público, sin perjuicio de
realizar igualmente la publicación en el "Diario Oficial".
   La falta de publicación no se subsana con la notificación individual del decreto a todos o parte de los interesados.
   El plazo para impugnarlos comenzará a correr desde el día siguiente a
su publicación en el "Diario Oficial", sin perjuicio de la facultad
establecida en el artículo 25 del decreto ley 15.524 de 9 de enero de
1984 de recurrir los actos de ejecución aun cuando se hubiere omitido
contener a propósito del acto de carácter general (Constitución, artículo
317; ley 15.869 de 22 de junio de 1987, artículo 4°). 

Artículo 105

   Cuando válidamente el acto administrativo no esté documentado por
escrito, se admitirá la notificación verbal o por el medio acorde con el
signo, señal o convención empleada. 

                              CAPITULO IX
                        De los términos y plazos

Artículo 106

   Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier
petición que le formule el titular de un interés legítimo en la ejecución
de un determinado acto administrativo, previo los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del término de
ciento veinte días a contar de la fecha de cumplimiento del último acto
que ordene la ley o el reglamento aplicable. Se entenderá desechada la
petición si la autoridad no resolviera dentro del término indicado
(Constitución artículo 318).
   En ningún caso el vencimiento de este plazo exime a la autoridad
correspondiente de su obligación de pronunciarse expresamente sobre el
fondo del asunto. (Ley 15.869 de 22 de junio de 1987, Art. 8). 

Artículo 107

   Los trámites para la debida instrucción del asunto, a los que se
refiere el artículo anterior, deberán cumplirse en el caso de las
peticiones dentro del término de treinta días contados a partir del día
siguiente a la fecha en que se formuló la petición. (Ley 13.032 de 7 de
diciembre de 1961, Art. 406; Ley 14.106 de 14 de marzo de 1973, Art. 676 
y Ley 15.869 de 22 de junio de 1987, Art. 11). 

Artículo 108

   Las peticiones que el titular de un derecho o de un interés directo,
personal y legítimo formule ante cualquier órgano administrativo, se
tendrán por desechados si al cabo de ciento cincuenta días siguientes al
de su presentación no se dictó resolución expresa sobre lo pedido.
   El vencimiento de dicho plazo no exime al órgano de su obligación de
pronunciarse expresamente sobre el fondo del asunto.
   La decisión expresa o ficta sobre la petición, podrá ser impugnada de
conformidad con las disposiciones vigentes.
   Cuando el peticionario sea titular de un derecho subjetivo contra la
Administración, la denegatoria expresa o ficta no obstará al ejercicio
de las acciones tendientes a hacer valer aquel derecho. (Ley 15.869
de 22 de junio de 1987, Art. 8). 

Artículo 109

   Los plazos señalados precedentemente se cuentan por días corridos y se
computan sin interrupción, y si vencen en día feriado se extenderán
hasta el día hábil inmediato siguiente. El plazo de que disponen las
autoridades administrativas para resolver las peticiones se suspenderá
solamente durante la Semana de Turismo. (Ley 15.869 de 22 de junio de
1987, Art. 10). 

Artículo 110

   Los términos y plazos señalados en este reglamento obligan por igual y
sin necesidad de apremio a las autoridades y funcionarios competentes 
para la instrucción de los asuntos y a los interesados en los mismos. 

Artículo 111

   Siempre que se tratare de plazos exclusivamente reglamentarios - esto
es, que no fueren impuestos por una norma constitucional o legal - la
Administración podrá conceder a petición de los interesados una prórroga
de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se
perjudican derechos de terceros.
   Si la Administración no se expidiera sobre la solicitud de prórroga en
el plazo de tres días, se reputará concedia.
   Podrá solicitarse prórroga por una sola vez y en ningún caso ésta
excederá de la mitad del plazo original. 

Artículo 112

   Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. 

Artículo 113

   Cuando los plazos reglamentarios se señalen por días se entiende que
éstos son hábiles.
   Los días son hábiles o inhábiles según funcionen o no, en ellos, las
oficinas de la Administración Pública. Son horas hábiles las
correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de las
respectivas oficinas de la Administración Pública.
   Si el plazo se fija en meses, éstos se computarán de fecha a fecha. Si
en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente a aquél en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Si en años, se entenderán naturales en todo caso. 

Artículo 114

   Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de la oficina
del día respectivo. Los términos o plazos administrativos que vencieren 
en día feriado se extenderán hasta el día hábil inmediato siguiente. (Ley 12.243, de 20 de diciembre de 1955, apartado 2º; Ley 15.869 de 22 de 
junio de 1987, Art. 10). 

Artículo 115

   Las providencias de trámite, deberán dictarse en el término máximo de
tres días a contar del siguiente al de la recepción del documento o
expediente por el órgano respectivo.
   Las diligencias o actuaciones ordenadas se cumplirán dentro del plazo
máximo de cinco días, el que se podrá ampliar a solicitud fundada del 
funcionario, por cinco días más. 

Artículo 116

    En todos los casos los jefes o encargados de las dependencias y
oficinas deberán fiscalizar si se han cumplido los términos y plazos
señalados, si comprobara su incumplimiento por parte del funcionario
actuante, deberán dar cuenta al jerarca de quien dependan para que
sancione la omisión.
   Al funcionario a quien por primera vez se le compruebe está omisión se
le sancionará con la anotación del hecho mismo en su legajo personal. La reiteración dará lugar a sanciones más graves del hecho que se graduarán teniendo en cuenta la medida en que la falta se haya reiterado y el lapso de la demora.
   La omisión en la fiscalización será sancionada de la misma manera y en
las mismas condiciones señaladas precedentemente. 

                              SECCION III
         De las Peticiones y de los Actos y Recursos Administrativos

                                TITULO I
                         Del derecho de petición

                                CAPITULO I
   De la titularidad del derecho y de la obligación de la Administración

Artículo 117

   Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y
cualesquiera autoridades de la República (Constitución, Art. 30). 

Artículo 118

   Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier
petición que le formule el titular de un derecho subjetivo o de un 
interés legítimo en que se dicte o ejecute un determinado acto administrativo. (Constitución, Art. 318).

                                 CAPITULO II
                  De las formalidades de las peticiones

Artículo 119

   La petición debe presentarse ante la autoridad competente para decidir
o proponer una decisión sobre lo pedido.

   Esa petición debe contener:

   1) Nombre y domicilio del peticionario con indicación del lugar donde
deben realizarse las notificaciones dentro del radio de la ciudad, villa 
o pueblo donde tenga su asiento aquella solicitud.

   Si el escrito estuviese firmado por varios interesados, se establecerá en él la persona con quien deben entenderse las actuaciones.

   Cuando se actúa en representación de otro, se procederá de conformidad
a lo establecido en los artículos 20 y 24 del presente decreto.

   2) Los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, expuestos con
claridad y precisión.
   El peticionario podrá acompañar los documentos que se encuentren en su poder, copia fehaciente o fotocopia simple que certificará la Administración de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 e indicar
las pruebas que deben practicarse para acreditar o que estime pertinente.
Si ofreciere prueba testimonial designará el nombre y domicilio de los
testigos y acompañará el interrogatorio respectivo.

   3) La solicitud concreta que efectúa, formulada con toda precisión.
   Si la petición careciere de alguno de los requisitos señalados en los numerales (1 y 3) de este artículo, o si del escrito no surgiere con claridad cuál es la petición efectuada se requerirá a quién la presente que en el plazo de diez días salve la omisión o efectúe la aclaración correspondiente, bajo apercibimiento de mandarla archivar, de lo que se dejará constancia en el escrito con la firma de aquél. 

                              TITULO II
                De los actos administrativos en general

                              CAPITULO I
              De la definición y nomenclatura de los actos

Artículo 120

   Acto administrativo es toda manifestación de voluntad de la
Administración que produce efectos jurídicos.

   Llámase Reglamento a las normas generales y abstractas creadas por
acto administrativo.

   Llámase Resolución a las normas particulares y concretas creadas por
acto administrativo.

   Llámase Disposición General, a las normas generales y concretas 
creadas por acto administrativo.

   Llámase Reglamento Singular, a las normas particulares y abstractas
creados por acto administrativo.

Artículo 121

   Los actos referidos en los incisos 2, 4 y 5 del artículo anterior y
cuando fueren dictados por el Poder Ejecutivo recibirán el nombre de
Decretos y cuando fueren dictados por los Ministerios se denominarán
Ordenanzas.

Artículo 122

   Las designaciones y promociones de funcionarios deben dictarse bajo la
forma de resoluciones. En general, los actos administrativos dictados en
un expediente a petición de parte, son resoluciones.

   Los decretos pueden dictarse en un expediente como consecuencia y
culminación de su trámite, o pueden dictarse sin que existan antecedentes
que posean la forma de expediente.

                              CAPITULO II
              De la estructura formal de los actos y de
                    algunas formalidades especiales

Artículo 123

   Todo acto administrativo deberá ser motivado, explicándose las razones
de hecho y de derecho que lo fundamentan. No son admisibles fórmulas
generales de fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa
y concreta de los hechos del caso específico en resolución, exponiéndose
además las razones que con referencia a él en particular justifican la
decisión adoptada.

Artículo 124

   Todo acto administrativo debe constar de una parte expositiva y una
dispositiva.
   La parte expositiva debe contener:

   1) Un "Visto". - La finalidad del "Visto" es situar la cuestión que va a ser objeto del acto.
 
   2) Uno o varios "Resultandos" puestos a continuación del "Visto", en
los que se deben exponer los hechos que constituyan los antecedentes del
acto administrativo de que se trate. Los decretos y ordenanzas pueden
prescindir de los "Resultandos".

   3) Uno o varios "Considerandos", en los que se desarrollan los fundamentos de derechos, las doctrinas aplicables, las razones de mérito 
y la finalidad perseguida.

   4) Un "Atento", en que se citan o se hace referencia a las reglas de
derechos y a las opiniones o asesoramiento recabados en que el acto se
fundamenta.

   En ciertos casos pueden ser sustituidos los "Considerandos", por el "Atento". Ello es pertinente en los siguientes casos:

   a) Cuando como solo fundamento del acto se citan una o varias     disposiciones legales o reglamentarias o se expresan en forma muy breve sus fundamentos;

   b) Cuando se hacen constar una o varias opiniones emitidas en el     expediente que constituye el antecedente del acto administrativo.

   Cuando no existe ninguna cuestión de hecho ni se plantea ningún
problema de derecho puede prescindirse de los "Resultandos" y de los
"Considerandos" y consistir la parte expositiva en un "Visto" y un
"Atento".
   La parte dispositiva debe ir numerada en las resoluciones y
articuladas en los Decretos y Ordenanzas.

   El acápite de la parte dispositiva debe mencionar al órgano que adopta el acto administrativo, a lo que seguirá un "Decreta" o un "Resuelve", si el acto es dictado por el Poder Ejecutivo, y un "Dispone" o un "Resuelve" si el acto es dictado por un Ministerio.
   No se admitirá en la parte expositiva ninguna otra expresión que las citadas precedentemente. 

Artículo 125

   El Presidente de la República firmará las resoluciones y 
comunicaciones del Poder Ejecutivo con el Ministro o Ministros a que el asunto corresponda, requisito sin el cual nadie estará obligado a obedecerlas. No obstante, el Poder Ejecutivo podrá disponer que determinadas resoluciones se establezcan por acta otorgada con el mismo requisito precedentemente fijado (Constitución, Art. 168, num. 25). 

Artículo 126

   Los Ministerios elevarán a la Presidencia de la República, para los
respectivos acuerdos del Poder Ejecutivo, resoluciones correspondientes a
distintas gestiones, por el procedimiento del acta prevista por el
artículo anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en
los artículos siguientes. 

Artículo 127

   Las resoluciones a que se refiere el artículo anterior deberán ser de
la misma naturaleza, es decir, que se han de referir a petitorios o
gestiones particulares o de oficio, que conduzcan a finalidades idénticas,
mediante un similar procedimiento.

Artículo 128

   En el texto de las actas deberán incorporarse los nombres o
denominaciones de los administrados y la decisión del Poder Ejecutivo. 
Las mismas serán refrendadas por el Presidente de la República y el Ministro o los Ministros correspondientes.

Artículo 129

   Aprobada un acta, el Director General de Secretaría del Ministerio,
certificará en los respectivos expedientes la decisión del Poder
Ejecutivo.

Artículo 130

   En todos los casos que los Ministerios eleven actas a consideración 
del Poder Ejecutivo, deberán ser acompañadas de las actuaciones
administrativas a que se refieren. 

Artículo 131

   En los casos en que un acto del Poder Ejecutivo deba ser refrendado 
por más de un Ministro, la firma del o de los que deban hacerlo además 
del titular del Ministerio en que se preparen, deberá solicitarse previamente a la elevación del proyecto a consideración del Presidente de la República.

Artículo 132

   Los proyectos se enviarán a los Ministros cuyas firmas se solicitan,
acompañados de sus antecedentes, a fin de que puedan requerir los
asesoramientos de sus reparticiones técnicas que juzguen necesarios,
dejando constancia de los mismos en las actuaciones antes de expedirse.

Artículo 133

   Las actuaciones aludidas en los artículos anteriores, serán tramitadas
y despachadas con especial diligencia, para no entorpecer con dilaciones
injustificadas su decisión final.

Artículo 134

   Los actos administrativos dictados en ejercicio de atribuciones
delegadas o subdelegadas deberán contener constancia de ello con
señalamiento de la correspondiente resolución delegatoria, y se reputarán 
a todos los efectos como dictados por el órgano delegante. 

Artículo 135

   Los Ministros enviarán a la Secretaría de la Presidencia de la
República copias de las resoluciiones que se dicten en ejercicio de
atribuciones delegadas o subdelegadas, dentro de las 48 horas de adoptadas, para que la Secretaría las remita a los demás Ministros a
los efectos de lo establecido en los artículos 165 de la Constitución
de la República y 2º del Reglamento del Consejo de Ministros y de
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 137 y 138 del presente
decreto.

                              CAPITULO III
                De la individualización de algunos actos
                         y numeración de leyes

Artículo 136

   Toda vez que un funcionario o particulares, en la actuación
administrativa, hagan referencia a las leyes o a los decretos del Poder
Ejecutivo, deberán citarlos con expresión del número y fecha. En el caso
de los decretos su número se citará cuando lo tuviere. 

Artículo 137

   Los decretos que expida el Poder Ejecutivo y las resoluciones de las
que ordene su publicación, serán numerados correlativamente en series que
abarcarán cada una un año completo. Cada serie se indicará con el número 
1 se diferenciará con el agregado - separado por un trazo - de las tres
últimas cifras del año correspondiente y la inserción de las letras D y 
R, respectivamente (Ej. D. 1/991 y R. 1/991.).

Artículo 138

   Dicha numeración compete a la Secretaría de la Presidencia de la
República quien deberá remitir a la Dirección del "Diario oficial" la
lista de los decretos aprobados y de las resoluciones dictadas y cuya
publicación se haya ordenado. Asimismo remitirá las leyes promulgadas,
cuya numeración también será correlativa, pero no encuadrado en series de
clase alguna. 

Artículo 139

   En los índices del Registro Nacional de Leyes se acotará al margen de
la anotación correspondiente a cada una de las leyes, el número y fecha 
de o de los decretos reglamentarios correspondientes, toda vez que hubieran sido dictados en el curso del mismo año de sanción de aquélla. 

                              CAPITULO IV
         De las prescripciones administrativas de orden interno

Artículo 140

   Las prescripciones administrativas de orden interno (directivas,
órdenes e instrucciones de servicio) no obligan a los administrativos,
pero éstos pueden invocar en su favor las disposiciones que contengan,
cuando ellas establezcan para los órganos administrativos o los
funcionarios obligaciones en relación a dichos administrados. 

Artículo 141

   Los actos administrativos dictados en contravención a las prescripciones administrativas de orden interno están viciados con los
mismos alcances que si contravinieren disposiciones reglamentarias,
cuando dichas prescripciones fueren en beneficio de los interesados. 

                              TITULO III
                  De los Recursos Administrativos

                              CAPITULO I
           De las clases y denominaciones y de los plazos
                   para interponerlos y resolverlos

Artículo 142

   Los actos administrativos, expresos o tácitos, podrán ser impugnados
con el recurso de revocación, ante el mismo órgano que los haya dictado,
dentro de los diez días corridos y siguientes al de su notificación
personal, si correspondiere, o de su publicación en el "Diario Oficial".

   Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente ni
publicado en el "Diario Oficial", según corresponda, el interesado podrá
recurrirlo en cualquier momento.

   Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido
a jerarquía, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico para
ante el jerarca máximo de dicho órgano, el que deberá interponerse
conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación.

   Cuando el acto administrativo haya sido dictado por el Directorio o
Director General de un Servicio Descentralizado, podrá interponerse
además, en forma conjunta y subsidiaria al de revocación, el recurso
de anulación para ante el Poder ejecutivo, el que deberá fundarse en
las mismas causas de nulidad previstas en el artículo 309 de la
Constitución de la República.

   Cuando el acto administrativo haya sido dictado por un órgano sometido
a jerarquía en un Servicio Descentralizado, podrán interponerse, además, 
en forma conjunta y sucesivamente subsidiaria al de revocación, el 
recurso jerárquico para ante el Directorio o Director General y el 
recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo. (Constitución, Art. 317; ley 15.869 de 22 de junio de 1987, Art. 4°). 

Artículo 143

   De conformidad con el principio general señalado en el inciso segundo
del artículo anterior, en ningún caso el conocimiento informal del acto
lesivo por parte del interesado, suple a la notificación personal o a la
publicación en el "Diario Oficial" según corresponda, por lo que no hace
correr el cómputo del plazo para recurrir. No obstante, el interesado, si
lo estimare del caso, podrá ejercitar sus defensas jurídicas dándose por
notificado. 

Artículo 144

   El plazo para la interposición de los recursos administrativos se
suspende durante las Ferias Judiciales y la Semana de Turismo y si vence
en día feriado se extiende al día hábil inmediato siguiente. (Ley 15.869
de 22 de junio de 1987, Art. 10).

Artículo 145

   Toda autoridad administrativa está obligada a resolver los recursos
administrativos que se interpongan contra sus decisiones, previo los
trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro
del término de ciento veinte días a contar de la fecha de cumplimiento
del último acto que ordene la ley o el reglamento aplicable.
   Si no lo hiciere, se entenderá rechazado el recurso administrativo. En
ningún caso el vencimiento de los plazos respectivos exime al órgano
competente para resolver el recurso de que se trate, de su obligación de dictar resolución sobre el mismo.
   Este plazo se contará por días corridos y se computará sin interrupción; se suspenderá durante la Semana de Turismo y si vence en 
día feriado se extenderá al día hábil inmediato siguiente. (Constitución, artículo 318; Ley 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 6 y 10).

Artículo 146

   Los trámites para la debida instrucción del asunto, deberán cumplirse
dentro del término de treinta días contados en la siguiente forma:
   a) En los recursos de revocación, a partir del día siguiente a la 
fecha en que se interpuso el recurso;
   b) En los recursos subsidiarios jerárquicos o de anulación, a partir     de los ciento cincuenta días a contar del día siguiente a la fecha en que se interpusieron los recursos, o a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó la decisión expresa, resolviendo el recurso de 
revocación;
   c) En el recurso subsidiario de anulación, cuando se hubiere  interpuesto en forma conjunta con los de revocación y jerárquico, según
corresponda, a partir de los trescientos días a contar del día
siguiente a la fecha en que se interpusieron los recursos, o a partir de los ciento cincuenta días siguientes a la fecha en que se notificó la decisión expresa resolviendo el recurso de revocación, o a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó la decisión expresa del recurso jerárquico.
   Estos plazos se cuentan por días corridos y se computan sin
interrupción, y si vencen en día feriado se extenderán hasta el día hábil inmediato siguiente. No se suspenden por la Semana de Turismo (ley 13.032 de 7 de diciembre de 1961, artículo 406; ley 14.106 de 14 de marzo de 1973, artículo 676; ley 15.869 de 22 de junio de 1987, artículos 10 y 
11).

Artículo 147

   A los ciento cincuenta días siguientes al de la interposición del
recurso de revocación, de ser éste el único correspondiente, si no se
hubiere dictado resolución sobre el mismo, se tendrá por agotada la vía
administrativa.
   A los trescientos días siguientes a la interposición conjunta de los
recursos de revocación y jerárquico, y de revocación y anulación, y a
los cuatrocientos cincuenta días siguientes al de la interposición
conjunta de los recursos de revocación, jerárquico y de anulación, si
no se hubiere dictado resolución sobre el último recurso se tendrá por
agotada la vía administrativa. (ley 15.869 de 22 de junio de 1987,
artículo 5).

Artículo 148

   Vencido el plazo de ciento cincuenta días o el de trescientos, en su
caso, se deberán franquear, automáticamente, los recursos 
subsidiariamente interpuestos reputándose fictamente confirmado el acto impugnado. 
   El vencimiento de los plazos a que se refiere el inciso anterior no
exime al órgano competente para resolver el recurso de que se trate, de 
su obligación de dictar resolución sobre el mismo (Constitución, artículo
318).
   Si los órganos competentes no resuelven esos recursos de revocación o
jerárquicos seguidos del subsidiario, dentro de los sesenta días
siguientes a aquel en que se configuró la denegatoria ficta, la omisión 
se tendrá como presunción simple a favor de la pretensión del 
administrado en el momento de dictarse sentencia por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para el caso que se promoviere acción de nulidad. (Ley 15.869 de 22 de junio de 1987, artículo 6°). 

Artículo 149

   Si la resolución expresa del único o del último recurso 
correspondiente interpuesto, fuere notificada personalmente al recurrente
o publicada en el Diario Oficial, según sea procedente, antes del
vencimiento del plazo total que en cada caso corresponda, la vía
administrativa quedará agotada en la fecha de la notificación o de
la publicación. (Ley 15.869 de 22 de junio de 1987, artículo 7°). 

Artículo 150

   Fuera de los casos preceptivamente fijados por la ley, en los recursos
administrativos interpuestos ante la Administración, ésta podrá, a
petición de parte interesada o de oficio, disponer la suspensión
transitoria, total o parcial, de la ejecución del acto impugnado, siempre
que la misma fuere susceptible de irrogar a la parte recurrente daños
graves y que de la mencionada suspensión no se siga perturbación grave a
los intereses generales o de los derechos fundamentales de un tercero.
   La reglamentación podrá asimismo prever la suspensión para todos o 
para determinada clase de actos, en las condiciones que se establezcan.
   Del mismo modo, se podrá disponer toda otra medida cautelar o
provisional que, garantizando la satisfacción del interés general, 
atienda al derecho o interés del recurrente durante el término del agotamiento de la vía administrativa, con el fin de no causarle injustos 
e inútiles perjuicios. 

Artículo 151

   Al Poder Ejecutivo corresponde el conocimiento del recurso subsidiario
de anulación interpuesto conjuntamente con el de revocación, cuando el
acto administrativo impugnado haya sido dictado por el Directorio o
Director General de un Servicio Descentralizado, o cuando haya sido
interpuesto en forma conjunta y sucesivamente subsidiaria con los de
revocación y jerárquico, cuando el acto administrativo haya sido dictado
por un órgano sometido a jerarquía en un Servicio Descentralizado.
   El recurso de anulación deberá fundarse en que dicho acto es contrario
a una regla de derecho o implica desviación, abuso o exceso de poder.
   El recurrente podrá fundar su impugnación en cualquier momento, mientras el asunto esté pendiente de resolución, indicando la norma o principio de derecho que, en el caso, considere violada, o las razones de la desviación, abuso o exceso de poder que vician el acto impugnado. 

                              CAPITULO II
              De las disposiciones que regulan especialmente
                       el trámite de los recursos

Artículo 152

   Podrán interponer recursos administrativos, los peticionarios y las
personas que se consideren directamente lesionadas en sus derechos o
intereses por el acto administrativo impugnado.

Artículo 153

   Cuando los recursos se interpusieren contra un acto administrativo
declarativo o constitutivo de una situación jurídica subjetiva, se dará
intervención en los procedimientos al interesado en que el acto impugnado
se mantenga.
   En el caso de comparecer deberá hacerlo en la misma forma que el
recurrente y tendrá los mismos derechos que éste. 

Artículo 154

   Cualquiera sea la forma documental utilizada para la interposición de
los recursos (escrito en papel simple, formulario o impreso, telegrama
colacionado, certificado con aviso de entrega, telex, fax o cualquier
otro medio idóneo), siempre deberá constar claramente el nombre y
domicilio del recurrente y su voluntad de recurrir traducida en la
manifestación de cuales son los recursos que se interponen y la
designación del acto administrativo que impugna.
   Si se actúa en representación de otro, se procederá de conformidad con
lo establecido en los artículo 20 y 24 del presente Decreto.
   Si la autoridad que dictó el acto estuviera radicada en los
departamentos del Interior, el recurrente deberá, en caso de franquearse
el recurso subsidiario, establecer domicilio en el radio de la Capital de
la República, donde se realizarán los emplazamientos, citaciones,
notificaciones e intimaciones que puedan disponerse en la tramitación del
recurso jerárquico o de anulación correspondiente. 

Artículo 155

   La fundamentación del recurso constituye un derecho del recurrente, 
que podrá cumplir posteriormente a la presentación del recurso, en cualquier momento, mientras el asunto esté pendiente de resolución.
   La omisión del recurrente, no exime a la Administración de su obligación de dictar resolución, de conformidad con los principios generales señalados en el presente decreto.

Artículo 156

   Llevarán firma de letrado los escritos en que se interpongan recursos
administrativos y los que se presenten durante su tramitación. 
(Decreto-ley 15.524 de 9 de enero de 1984, artículo 37).
   En caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá a  quien lo
presente que en el plazo de diez días hábiles salve la omisión de la
firma letrada, bajo apercibimiento de mandarlo archivar, de lo que se
dejará constancia en el escrito con la firma de aquél. 

Artículo 157

   En caso que los recursos se hayan interpuesto mediante telegrama
colacionado certificado con aviso de entrega, télex, fax, u otro
procedimiento similar, por razones de conservación de la documentación y
seguridad jurídica, la Administración procederá de inmediato a su
reproducción a través de los medios pertinentes y formará el
correspondiente expediente. El jefe o encargado de la unidad de
administración documental extenderá la correspondiente certificación de 
la reproducción realizada.
   En los casos señalados precedentemente, el recurrente o su
representante, dispondrá de un plazo de diez días hábiles a contar del
siguiente a la recepción del correspondiente documento por la
Administración, para comparecer en la oficina a efectos de ratificar
por escrito su voluntad de recurrir, de cumplir con la exigencia legal
de la firma letrada, para la agregación del mandato respectivo en caso
de representación  y, en general, para cumplir con todo otro requisito
que para el caso sea exigible. Si no lo hiciere dentro del plazo 
señalado, sin justa causa, la Administración tendrá el recurso por no presentado. 

Artículo 158

   En los casos de utilización del procedimiento del telegrama 
colacionado certificado con aviso de entrega, se tendrá por fecha y hora
de interposición del recurso la que estampe la oficina telegráfica al
recibir el texto a remitir. En los demás procedimientos referidos en el
artículo anterior, se tendrá por fecha y hora de recepción, la que luzca
el reporte emitido por el equipo utilizado o, en su defecto, la que
estampe el funcionario receptor.
   Se entenderá que el recurso no fue presentado en tiempo cuando sea
interpuesto el último día del término fijado por el artículo 142 después
de vencido el horario de la oficina donde deba presentarse. 

Artículo 159

   Cualquiera sea la forma documental utilizada para la interposición de
los recursos (artículo 154), el funcionario receptor deberá anotar la
fecha de recepción del documento, bajo su firma.
   Si se tratare de un escrito en papel simple, dejará constancia además,
del número de fojas que contenga y la mención de los documentos que se
acompañan y copias que se presentan. Deberá, asimismo, devolver una de
las copias que acompañan al escrito, dejando constancia de la fecha de
presentación, de los documentos que se acompañan y de la oficina
receptora. 

Artículo 160

   Tratándose de actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo,
actuando en acuerdo, el recurso de revocación podrá presentarse ante el
Ministerio actuante, de ser varios el que figure en primer término, o
bien ante la Secretaría de la Presidencia de la República. En este último
caso, previo registro de su entrada, será remitido al Ministerio que
corresponda, donde se sustanciará y someterá, oportunamente, al acuerdo
del Poder Ejecutivo, con el proyecto de Resolución respectivo.
   Si el acto administrativo hubiese sido dictado por el Consejo de
Ministros, el recurso de revocación se presentará ante la Secretaría
de la Presidencia de la República, la que procederá en la forma señalada
por el respectivo Reglamento del Consejo de Ministros.

Artículo 161

   Si el acto administrativo hubiese sido dictado por un órgano en
ejercicio de atribuciones delegadas por otro órgano, los recursos podrán
presentarse indistintamente ante el órgano delegante o ante el órgano
delegado. En este último caso el órgano delegado lo sustanciará y 
someterá oportunamente al órgano delegante con el proyecto de Resolución
respectivo.

Artículo 162

   La autoridad administrativa ante la cual se tramiten recursos
relacionados con un mismo acto administrativo, podrá disponer su 
acumulación y resolver en una sola decisión, en la forma dispuesta por el artículo 61.

Artículo 163

   El trámite de los recursos se regulará, en lo pertinente, de acuerdo
con las normas establecidas en la Sección II del presente decreto, y se
considerará falta grave el retardo u omisión de las providencias del
trámite o de la omisión de los informes, diligencias o asesoramientos
ordenados.

Artículo 164

   En los casos en que se hayan interpuesto en forma conjunta y subsidiaria los recursos de revocación y jerárquico, o de revocación y
de anulación, o de revocación, jerárquico y de anulación, el recurrente
podrá presentarse ante los órganos competentes para resolver los recursos
subsidiarios a efectos de urgir la resolución de los recursos en trámite,
a medida que se vayan operando las correspondientes confirmaciones fictas
del acto impugnado.
   Recibido el petitorio, el órgano referido requerirá sin más trámite,
al órgano que dictó la resolución recurrida o, en su caso, al órgano
competente para decidir el recurso subsidiario siguiente al de 
revocación, que cumpla con lo preceptuado en el artículo 148.

Artículo 165

   La resolución del recurso jerárquico confirmará, modificará o revocará 
total o parcialmente el acto impugnado. Cuando el jerarca estime que 
existe vicio de forma, podrá convalidar el acto impugnado, subsanando
los defectos que lo invaliden. 

Artículo 166

   La resolución que haga lugar al recurso interpuesto contra una norma
de carácter general, implicará la derogación, reforma o
anulación de dicha norma según los casos. Sus efectos serán generales
y, en los casos de anulación o derogación por reforma por razones de
legitimidad serán además con efectos retroactivos ("ex tunc"), sin
perjuicio de que subsistan:

   a) Los actos firmes y estables dictados en aplicación de la norma    impugnada; y,
   b) Los derechos adquiridos directamente al verificarse el supuesto de hecho previsto en dicha norma sin necesidad de acto de ejecución alguno que no resulten incompatibles con el derecho del recurrente;

   En todos los casos previstos en este artículo, la resolución del
recurso deberá publicarse en el "Diario Oficial". 

Artículo 167

   La Resolución del Poder Ejecutivo sobre el recurso de anulación se
limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin
reformarlo.

                              LIBRO II
                   DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

                              SECCION I
                        Principios Generales

Artículo 168

   El procedimiento disciplinario es el conjunto de trámites y
formalidades que debe observar la Administración en el ejercicio de sus
poderes disciplinarios. Se regulará por las normas del presente Libro, 
sin perjuicio de la aplicación, en lo pertinente, de las contenidas en el
anterior.

Artículo 169

   La falta susceptible de sanción disciplinaria, es todo acto u omisión
del funcionario, intencional o culposo, que viole los deberes 
funcionales.

Artículo 170

   El funcionario público sometido a un procedimiento disciplinario tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, y se
presumirá su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad por resolución firme dictada con las garantías del debido
proceso. (Convención Americana de Derechos Humanos, "Pacto de San José de
Costa Rica", Arts. 8 numeral 2 y 11). 

Artículo 171

   Declárase que el artículo 66 de la Constitución de la República, es
aplicable en todos los casos de imputación de una irregularidad, omisión
o delito, sin que la notoriedad objetiva del hecho imputado exima a la
autoridad respectiva de dar al interesado la oportunidad de presentar
prueba de descargo sobre los aspectos objetivos o subjetivos del caso y
de articular su defensa aduciendo circunstancias atenuantes de
responsabilidad o causas de justificación u otras razones. (Constitución
de la República, artículos 66, 72 y 168 numeral 10).

Artículo 172

   Las faltas administrativas prescriben:

a)  Cuando además constituyen delito, en el término de prescripción de
    ese delito;

b)  Cuando no constituyen delito, a los ocho años.

 El plazo de prescripción de la falta administrativa empieza a correr de
la misma forma que el previsto para el de la prescripción de los delitos
en el artículo 119 del Código Penal.

 La prescripción establecida en este artículo se suspende por la
resolución que disponga una investigación administrativa o la instrucción
de un sumario por la falta administrativa en cuestión. 

Artículo 173

   Ningún funcionario será llamado a responsabilidad disciplinaria más de
una vez por un mismo y único hecho que haya producido ("non bis in idem"),
sin perjuicio de las responsabilidades penal, civil o política
coexistentes. 

Artículo 174

   Todos los procedimientos a que se refiere el presente Libro serán de
carácter secreto, la obligación de mantener el secreto alcanza a todo
funcionario que por cualquier motivo o circunstancia tuviese conocimiento
de aquéllos. Su violación será considerada falta grave. 

                              SECCION II
           De las Denuncias y de las Informaciones de Urgencia

Artículo 175

   Todo funcionario público está obligado a denunciar las irregularidades
de que tuviera conocimiento por razón de sus funciones, de las que se
cometieren en su repartición o cuyos efectos ella experimentara
particularmente. Asimismo, deberá recibir y dar trámite a las denuncias
que se le formulen al respecto. En uno y otro caso, las pondrá en
conocimiento de sus superiores jerárquicos.

Artículo 176

   Lo dispuesto en el artículo anterior, es sin perjuicio de la denuncia
oficial o judicial de los delitos, de conformidad con lo establecido en
el artículo 168 numeral 10 de la Constitución de la República y en el
artículo 177 del Código Penal.

Artículo 177

   La omisión de denuncia administrativa y policial o judicial 
configurará falta grave. 

Artículo 178

   La denuncia podrá ser escrita o verbal. En el primer caso, se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de este decreto.

   Tratándose de denuncia verbal,  se labrará acta, que será firmada por
el denunciante y por el funcionario ante quien se formule. Si aquél no
supiese o no pudiere firmar lo hará otra persona a su ruego, ante dos
testigos.

Artículo 179

   La denuncia deberá contener en forma clara y precisa, en cuanto sea
posible, la siguiente información:

   a) Los datos personales necesarios para la individualización del     denunciante, denunciado y testigos, si lo hubiere;

   b) Relación circunstanciada de los actos, hechos u omisiones que     pudieran configurar la irregularidad;

   c) Cualquier otra circunstancia que pudiera resultar útil a los fines
de la investigación.

Artículo 180

   En conocimiento de alguna irregularidad administrativa, el jefe o
encargado de la repartición dispondrá la realización de una información
de urgencia. Esta consiste en los procedimientos inmediatos tendientes a
individualizar a los posibles autores, cómplices y testigos y para evitar
la dispersión de la prueba. A tales efectos, personalmente o por el
funcionario que designe, interrogará al personal directamente vinculado 
al hecho, agregará la documentación que hubiere y ocupará todo otro elemento que pueda resultar útil a los fines de ulteriores 
averiguaciones.

Artículo 181

   En todos los casos, la denuncia, con la información de urgencia, 
deberá ser puesta en conocimiento del jerarca del servicio dentro de las cuarenta y ocho horas. Ello sin perjuicio de la comunicación inmediata si la gravedad del hecho así lo justificare.

                              SECCION III
          De los Sumarios e Investigaciones Administrativas

                               TITULO I
                        Disposiciones Generales

Artículo 182

   La investigación administrativa es el procedimiento tendiente a
determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o
ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente aún siendo
extraños a él, y a la individualización de los responsables. 

Artículo 183

   El sumario administrativo es el procedimiento tendiente a determinar o
comprobar la responsabilidad de los funcionarios imputados de la comisión
de falta administrativa (artículo 169) y a su esclarecimiento. 

Artículo 184

   Si en el curso de la investigación administrativa fueran individualizados uno o más imputados, se solicitará que por la autoridad
pertinente se decrete a su respecto el sumario y se adopten las medidas a
que se refiere al respecto el sumario y se adopten las medidas a que se
refiere el artículo 187, sin que por ello se suspendan los 
procedimientos. Las actuaciones cumplidas se considerarán incorporadas al sumario, el que se continuará sustanciando en los mismos autos.

   Si la individualización ocurriere al finalizar la instrucción será
suficiente dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 215 a 223
del presente Decreto.

                              TITULO II
 
 De la iniciación de los sumarios e investigaciones administrativas y de                       
                       las suspensiones preventivas

Artículo 185

   Todo sumario o investigación administrativa se iniciará con resolución
fundada del jerarca de la respectiva Unidad Ejecutora que lo disponga, la
que formará cabeza del proceso. Conjuntamente se designará al funcionario
encargado de la investigación. Esta competencia es sin perjuicio de la 
que corresponde a los Ministros dentro de cualquiera de los servicios
jerarquizados de su Secretaría de Estado.
  
   El jerarca que decrete un sumario dispondrá se cursen las
comunicaciones pertinentes al Registro de Sumarios de la Oficina Nacional
del Servicio Civil, de conformidad con las normas vigentes. 

Artículo 186

   Al decretarse un sumario, el jerarca nombrado en el artículo anterior,
podrá disponer la suspensión preventiva del o de los funcionarios
imputados, de conformidad a lo establecido en el inciso 1° del artículo 187, dando cuenta de inmediato al Ministro, estándose a lo que éste resuelva.

   Asimismo, podrá proponer la adopción de otras medidas preventivas que
estime conveniente en función del interés del servicio y de acuerdo con
los antecedentes del caso.

Artículo 187

   La suspensión preventiva en el desempeño del cargo de los funcionarios sumariados es preceptiva cuando los hechos que motivan la información constituyan falta grave. Deberá decretarse con la resolución que ordena 
el sumario. La misma lleva aparejada la retención de los medios sueldos correspondientes.

   Cuando la causa del sumario sea las inasistencias del funcionario, no
será preceptiva la suspensión.

   La suspensión preventiva y la retención de los medios sueldos no 
podrán exceder de seis meses contados a partir del día en que se notifique al funcionario la resolución que disponga tales medidas. En cualquier
estado del sumario, el Ministro podrá dejar sin efecto la suspensión
preventiva.

   El Ministro respectivo, al dictar la resolución de suspensión o al
mantenerla, deberá pronunciarse acerca de si confirma o no al funcionario
instructor designado por el jerarca solicitante. En el segundo caso,
designará sumariante. (Decreto ley 10.388, de 13 de febrero de 1943,
Art. 22).

Artículo 188

   Cumplidos los seis meses de suspensión preventiva, el superior
inmediato del sumariado deberá comunicar el vencimiento de tal lapso al
jerarca máximo del servicio, quien dispondrá el cese inmediato de la
suspensión preventiva y de la retención de los medios sueldos, sin que
ello suponga pronunciamiento alguno sobre el fondo del sumario.

   En tal caso dicho jerarca podrá disponer que pase a desempeñar otras
funciones compatibles con el sumario que se le instruya, en la misma o
en otras reparticiones. 

Artículo 189

   Todos los antecedentes relacionados con los hechos que habrán de
investigarse, se pasarán de oficio al funcionario instructor.

   El funcionario sumariante no deberá desprenderse del expediente, por
ningún motivo, a fin de no interrumpir su labor y todo informe o trámite
que su actividad requiera, ha de sustanciarlo por requisitoria cuya
contestación o cumplimiento, una vez recibido su comunicado, agregará en
el orden cronológico en que lo reciba.

Artículo 190

   Los funcionarios suspendidos no podrán entrar en las oficinas ni
dependencias de su servicio, sin autorización del jerarca o del
sumariante. 

                              TITULO III

 Del procedimiento para la instrucción de los sumarios e investigaciones      
                           administrativas

Artículo 191

   El funcionario instructor deberá, como primera medida, notificar la
resolución que dispone el sumario o la investigación al jefe o director 
de la oficna donde se practicará o, en su caso, a las autoridades que
legalmente tengan la representación del servicio.

   La misma notificación se practicará a los funcionarios sumariados si
los hubiere.

Artículo 192

   El funcionario instructor que haya sido confirmado o designado por
el Ministerio, podrá suspender preventivamente a funcionarios que no lo
hubieran sido por la resolución ministerial respectiva, contra los que
resultare semiplena prueba de su complicidad o intervención dolosa en
alguna forma en el hecho o hechos investigados, siempre que se trate de 
la clase de hechos prevista en el artículo 187 inciso 1º de este decreto.

   En este caso, la suspensión preventiva importará la retención de los
medios sueldos correspondientes y se regirá en cuanto a su duración por 
lo dispuesto en el artículo 187 Inciso 3º.

   En todos los casos, las suspensiones dispuestas por el funcionario
instructor deberán ponerse en conocimiento inmediato del Ministerio,
estándose a lo que éste resuelva, sin que por ello se suspendan los
procedimientos.

   Los seis meses previstos en el artículo 187 comenzarán a contarse a
partir del día en que se notifique al suspendido la resolución del
funcionario instructor que disponga la suspensión.

   Cuando se trate de Directores Generales o jefes de oficinas, la
suspensión preventiva deberá ser decretada por el Ministro respectivo.

Artículo 193

   Cuando el funcionario instructor juzgue suficientemente avanzado el
trámite del sumario o investigación a su cargo, o cuando la naturaleza de
las irregularidades indagadas lo permita, podrá solicitar del Ministerio
correspondiente, si no deriva perjuicio para la normal investigación,
sean repuestos los funcionarios separados preventivamente de sus cargos o
algunos de ellos.
   Si el Ministerio adoptare resolución favorable, no supondrá ella
pronunciamiento alguno sobre el fondo del sumario.

Artículo 194

   El diligenciamiento del sumario o investigación lo efectuará el
instructor adoptando todas las medidas que considere necesarias y
convenientes, tendiendo al mejor y más completo esclarecimiento de los
hechos.
   todas las diligencias que dispusiera el instructor para el debido
cumplimiento de sus cometidos deberán ser instrumentadas en forma de
acta, que será firmada, en su caso, por las personas intervinientes en
aquéllas.

Artículo 195

   Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento disciplinario
podrán acreditarse por cualquier medio lícito de prueba (fotografías,
fotocopias, croquis, cintas magnetofónicas, así como por todo otro medio
hábil que provea la técnica).

Artículo 196

   Durante el curso del sumario o investigación, el instructor podrá
llamar cuantas veces crea necesario a los sumariados y a los testigos,
sean estos últimos funcionarios o particulares, para prestar declaración 
o ampliar las ya prestadas, y éstos podrán también ofrecerlas debiendo 
ser aceptadas de inmediato, siempre que tengan relación con el sumario o la investigación.

Artículo 197

   Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 203 de este decreto, el instructor procederá a tomar personalmente las declaraciones de las
personas llamadas al sumario o investigación; excepcionalmente podrá
solicitar por pliego cerrado la declaración de algún testigo cuando a su
juicio así sea conveniente.

   El instructor podrá delegar, bajo su responsabilidad, la práctica de
diligencias de orden material, inspecciones oculares, verificación y
ocupación de cualquier elemento que pueda resultar útil a los fines de
la instrucción y hacer las citaciones de los testigos.

   En el primer caso, el funcionario actuante procederá a citar a los
declarantes según las reglas que se expresan a continuación. 

Artículo 198

   Las citaciones a funcionarios y particulares que deban declarar en el
sumario o investigación, las practicará el instructor directamente o por
intermedio de las oficinas públicas respectivas según determine, sin
perjuicio de hacerlas por intermedio de la policía cuando la negativa
contumaz del citado o la ignorancia de su residencia lo justifique. 

Artículo 199

   Las citaciones serán personales y se extenderán en cédulas en las que
se expresará día, hora y lugar donde debe concurrir el testigo o 
sumariado y el motivo de la citación, siendo aplicables en lo pertinente las disposiciones de los artículos 91 y siguientes. 

Artículo 200

   Las declaraciones deberán ser tomadas por separado a cada testigo y
personalmente por el funcionario instructor.
   Las declaraciones deberán ser recogidas textualmente y en el acta que
se levantará se hará constar el nombre y apellidos, edad, cargo de que
es titular y funciones que desempeña, domicilio y las demás generales
de la ley (si el testigo es pariente por consanguinidad o afinidad, amigo
íntimo o enemigo del sumariado, y si tiene interés directo o indirecto en
el sumario). Terminada que fuere se le interrogará por la razón de sus
dichos y se leerá íntegramente el acta al declarante, quien deberá
manifestar de inmediato si se ratifica en sus declaraciones y si tiene
algo que agregar o enmendar. Si el declarante no se ratificare en sus
respuestas en la forma que hubiesen sido redactadas y leídas y tuviese
algo que enmendar o agregar, se harán constar las nuevas declaraciones o
enmiendas al final del acta, sin alterarse lo ya escrito.

Artículo 201

   El deponente será interrogado en forma concisa y objetiva y las
preguntas no serán sugestivas, tendenciosas o capciosas.

   No se permitirá leer apuntes o escritos, a menos que el funcionario
actuante lo autorice cuando se trate de preguntas referidas a cifras,
fechas o en los demás casos que se considere justificado.
   Tampoco podrán recibir asistencia en sus declaraciones con excepción
del funcionario sumariado, que podrá ser asistido de su abogado a los
fines y con las facultades previstas en el artículo 72, conservando el
funcionario instructor la dirección del procedimiento en la forma 
señalada en dicho artículo.

Artículo 202

   Las declaraciones serán firmadas en cada una de sus hojas por el
deponente y el funcionario instructor.

   Si el declarante no quisiere, no pudiere o no supiere firmar, la
declaración valdrá sin su firma, siempre que consten en el acta el nombre
y firma de dos testigos de actuación o de escribano público. 

Artículo 203

   El funcionario instructor procederá a recibir declaraciones de todas
las personas que hubieran sido indicadas en el sumario o investigación 
que considere que tienen conocimiento del hecho que lo motiva y que se trata de comprobar, o de otros que tengan relación con él, y si algunos 
de los expresamente indicados no fuere interrogado, se pondrá constancia de la causa que hubiera obstado al examen.

Artículo 204

   Siempre que deba interrogarse a algún testigo que se encuentre en
lugar distante del que se halle el funcionario instructor, éste podrá
librar oficio a un funcionario responsable de la localidad para que cite 
e interrogue al testigo y labre el acta correspondiente. A ese fin, remitirá en sobre cerrado el interrogatorio a que será sometido el 
testigo y dicho sobre únicamente será abierto en presencia de éste, extendiéndose su declaración a continuación del interrogatorio.

Artículo 205

   El funcionario que sin causa justificada no concurra a prestar
declaración cuando sea citado, será suspendido preventivamente por el
funcionario instructor en el ejercicio de las funciones de su cargo hasta
tanto lo haga. Esta medida importará la retención de sueldos prevista en
el inciso 2º del artículo 192 y deberá comunicarse de inmediato al
Ministerio, el que podrá declarar definitiva la retención preventiva de
sueldos operada.

   En caso de que el sumariado no concurriere al ser citado en forma por
el instructor éste lo comunicará de inmediato al jerarca máximo del
servicio quien adoptará las medidas administrativas que correspondan. 

Artículo 206

   Si el testigo o el sumariado estuvieran justamente impedidos de
concurrir a prestar declaración, el instructor adoptará las providencias
necesarias para recabar su testimonio en la forma que estime más
conveniente.

Artículo 207

   Podrá también el funcionario instructor disponer careos entre quienes
hayan declarado en el curso de la instrucción, con el fin de explicar
contradicciones entre sus respectivas declaraciones o para que procuren
convencerse recíprocamente.

Artículo 208

   El careo se verificará ante el funcionario instructor, quien leerá
a los careados las declaraciones que se reputen contradictorias y llamará
la atención sobre las discrepancias, a fin de que entre sí se reconvengan
o traten de acordarse para obtener la aclaración de la verdad. A tal
efecto, el instructor podrá formular las preguntas que estime 
convenientes: y si uno de los confrontados fuese el sumariado, podrá concurrir asistido de su abogado a los fines y con las facultades previstas en el artículo 72.
   De la ratificación o rectificación se dejará constancia, así como de
las reconvenciones que mutuamente se hicieren los careados y de cuanto
de importancia, para la aclaración de la verdad, ocurra en el acto.

Artículo 209

   Cuando se presenten documentos que tengan relación con los hechos que
motivan el sumario o investigación se mencionará en el acta respectiva su
presentación y se mandará agregar a los autos previa rubricación por el
instructor y la persona que lo ofreciese y, en su caso, según el
procedimiento a que alude el Inciso 2º del artículo 202.
  Ordenará simplemente la agregación bajo su firma, de todo documento que
reciba por cualquier otra vía.

Artículo 210

   A efectos de garantir el secreto de la investigación, el instructor
podrá dirigirse directamente a los distintos servicios del Poder 
Ejecutivo recabando los datos e información necesarios a su labor.
   Las diligencias solicitadas por el instructor revestirán carácter
urgente y tendrán preferencia especial en el trámite. 

Artículo 211

   Para el más rápido diligenciamiento, el instructor podrá habilitar
horas extraordinarias y días feriados, a fin de tomar declaraciones y
realizar las prácticas que estime del caso.

Artículo 212

   Todo sumario e investigación administrativa deberá terminarse en el
plazo de sesenta días corridos, contados desde aquél en que el 
funcionario instructor haya sido notificado de la resolución que lo ordena. En casos extraordinarios o circunstancias imprevistas, previa solicitud del funcionario instructor, el jerarca respectivo podrá prorrogar prudencialmente dicho plazo. 

Artículo 213

   El superior inmediato del instructor, en cuanto tenga intervención en
el trámite, deberá fiscalizar que el sumario o la investigación
administrativa hayan sido instruidos dentro del término correspondiente.
Si la instrucción hubiere excedido el término debido, dará cuenta al
jerarca de quien dependa para que sancione la omisión.
   Este deber de fiscalizar se extiende, asimismo, a los abogados de la
Administración, cuando tengan que dictaminar respecto del sumario o la
investigación administrativa.
   Al funcionario a quien por primera vez se le compruebe esta omisión se
le sancionará con la anotación del hecho mismo en su legajo personal. La
reiteración y la omisión dolosa serán circunstancias agravantes.

   La omisión en la fiscalización será sancionada de la misma manera y en
las mismas condiciones señaladas precedentemente. 

Artículo 214

   El instructor deberá agregar copia autenticada de la foja de servicios
de cada uno de los funcionarios implicados en la información, con las
anotaciones al día de sus faltas al servicio y demás circunstancias
registradas por la oficina a que pertenezcan. El instructor pedirá el
documento referido en el presente artículo por oficio directamente a 
quien corresponda.

                              TITULO IV
              
               Del trámite posterior a la instrucción

Artículo 215

   Concluida la instrucción, el instructor dispondrá de un plazo de diez
días para realizar un informe circunstanciado con las conclusiones a que
arribe; en su caso, la relación de los hechos probados y su calificación,
la participación que en ellos hubieren tenido los funcionarios sujetos al
procedimiento disciplinario en trámite y las circunstancias atenuantes y
agravantes que existan en favor o en contra de los mismos. Cuando lo creyere conveniente, podrá aconsejar se estudien las correcciones necesarias para un mejor funcionamiento del servicio.

Artículo 216

   Tratándose de investigaciones administrativas, serán elevadas al
jerarca que las decretó quien, previo informe letrado, adoptará decisión.
   Tratándose de sumario, el expediente se pondrá de manifiesto en la
oficina en la que se realizó, dando vista a los interesados por un
término no inferior a los diez días.
   El plazo fijado podrá ser prorrogado por otros diez días y por una
sola vez a petición de parte.
   Cuando haya más de una parte que deba evacuar la vista, el término
será común a todas ellas y correrá del día siguiente a la última
notificación.
   Vencidos los términos, la oficina dará cuenta al superior, agregando
los escritos que se hubiesen presentado o la constancia de no haberse
presentado ninguno, elevando el expediente a despecho, a los efectos
que corresponda, no admitiéndose después a los interesados, escritos
ni petitorios que tengan por fin estudiar el sumario.

Artículo 217

   El expediente sumarial no podrá ser sacado de la oficina en donde 
fuere puesto de manifiesto sino en casos muy excepcionales apreciados por las autoridades que conocen en él, debiendo, en tal caso, solicitarse por
escrito por los interesados con firma de letrado y bajo la 
responsabilidad de éste quien deberá dejar recibo en forma. 

Artículo 218

   Las oficinas pasarán el expediente en vista a su Asesoría Letrada, la
que deberá expedirse en el plazo de veinte días prorrogable por diez días
más si fuese necesario a juicio del jerarca.
   El abogado asesor fiscalizará el cumplimiento de los plazos para la
instrucción y controlará la regularidad de los procedimientos,
estableciendo las conclusiones y aconsejando las sanciones y medidas
que en su concepto corresponda aplicar.
   Asimismo podrá aconsejar la ampliación o revisión del sumario.
   Cuando el funcionario instructor sea el Asesor Jefe, o cuando la
medida aconsejada por la Asesoría Letrada sea la destitución, deberá
enviarse al Fiscal de Gobierno de Turno, quien dispondrá de los plazos
referidos en el Inciso primero de este artículo.
   Fuera de estos casos, el jerarca podrá solicitar vista al Fiscal de
Gobierno, en calidad de medida para mejor proveer.

Artículo 219

   Compete a la Comisión Nacional del Servicio Civil pronunciarse sobre
las destituciones de funcionarios en último término, una vez culminada la
instrucción correspondiente, antes de la resolución de la autoridad
administrativa, disponiendo para ello de un plazo de treinta días a 
contar de la recepción del expediente por la Oficina Nacional del 
Servicio Civil. (Ley 15.757, de 15 de julio de 1985, Art. 7º literal c);
Decreto 211/986, de 18 de abril de 1986, Art. 4). 

Artículo 220

   Devuelto el expediente por el órgano asesor, el Ministerio o la 
oficina que corresponda, resolverá o proyectará la resolución que 
proceda.
   Si se decidiera la ampliación o revisión del sumario o de la
investigación instruidos, en el mismo acto se designará el funcionario
que deba hacerse cargo de dicha tarea, el que la cumplirá también con
sujeción al presente Decreto en un plazo no mayor de treinta días. 

Artículo 221

   La resolución que recaiga en el sumario se notificará personalmente a
quienes corresponda, siguiéndose el procedimiento previsto en los
artículo 91 y siguientes del presente decreto, en lo que fueren
aplicables. La resolución admitirá los recursos comunes a los actos
administrativos.
   Asimismo, se librará las correspondientes comunicaciones al Registro
General de Sumarios Administrativos.

Artículo 222

   Cuando el sumario termine con la destitución del funcionario no
corresponde, en ningún caso, devolver los medios sueldos retenidos. 

Artículo 223

   El vencimiento de los plazos previstos para los procedimientos
disciplinarios no exonera a la Administración de su deber de pronunciarse.
   No obstante, dichos procedimientos se clausurarán si la Administración
no decide sobre el fondo en el plazo de dos años contados a partir de
la resolución que dispone la instrucción del sumario.
   Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación en el caso
de funcionarios sometidos a la justicia penal. 

                              TITULO V

              De la suspensión como sanción disciplinaria

Artículo 224

   Los funcionarios públicos no podrán ser suspendidos por más de seis
meses al año. La suspensión hasta de tres meses será sin goce de sueldo, 
o con la mitad de sueldo, según la gravedad del caso. La que exceda de este término, será siempre sin goce de sueldo (decreto ley 10.388, de 13 de febrero de 1943, Art. 22).

Artículo 225

   La privación del sueldo o parte del sueldo sólo se admitirá como
consecuencia del no ejercicio de la función que tiene asignada el
funcionario, ya sea por causa de suspensión como medida preventiva o
correccional, o por causa imputable al funcionario.
   Todo descuento por sanción se calculará sobre la retribución mensual
nominal percibida por el funcionario en el momento de la infracción,
con el valor que tenían los días no trabajados y nunca sobre la
retribución percibida en el momento de hacerse efectivo el descuento. 

Artículo 226

   Los funcionarios públicos que registren sanciones de suspensión como
consecuencia de su responsabilidad comprobada en el ejercicio de 
funciones o tareas relativas a la materia financiera, de adquisiciones, 
de gestión de inventarios o al manejo de bienes o dinero, no podrán prestar servicios vinculados dichas áreas o actividades. 

                              SECCION IV
           De los Funcionarios Sometidos a la Justicia Penal

Artículo 227

   En todos los casos de sometimiento a la justicia penal de un
funcionario público, el Poder Ejecutivo apreciará las circunstancias y
situación del encausado para dictar las medidas que correspondan con
relación al desempeño de sus cometidos, pudiendo disponer la continuidad
en el cargo, el pase provisional a otras tareas compatibles con la
imputación y asimismo la suspensión temporaria en el empleo.
   Conjuntamente se resolverá en lo relativo al goce total o parcial del
sueldo, entendiéndose que el no desempeño del cargo, aparejará siempre
la retención de la mitad cuando menos de los haberes, sin perjuicio de
las restituciones que pudieran proceder en caso de declararse por
sentencia no haber lugar a los procedimientos. Serán excluidos del
beneficio los funcionarios que obtengan la remisión procesal por gracia,
amnistía, sobreseimiento, etc. (decreto ley 10.329 de 29 de enero de 
1943, Art. 2).  

Artículo 228

   Siempre que el Juez de la causa decrete la suspensión del funcionario
inculpado, se retendrá la mitad de la dotación, a los mismos fines del
artículo anterior en lo aplicable. (Dec. Ley 10.329 de 29 de enero de
1943, Art. 2).

Artículo 229

   Decretada judicialmente la prisión del funcionario, el Poder Ejecutivo
podrá retener hasta la totalidad de los haberes, teniendo en cuenta los
requerimientos del servicio a cargo del inculpado y mientras no se defina
la situación de éste. (decreto ley 10.329 de 29 de enero de 1943, Art. 3°).

Artículo 230

   Las autoridades policiales que sometan a funcionarios públicos a la
justicia penal lo harán saber de inmediato, directamente, en forma 
oficial y por escrito, a los respectivos jerarcas. 

Artículo 231

   Las disposiciones que anteceden no obstan al necesario ejercicio de la competencia administrativa, independiente de la judicial, para instruir
sumarios y disponer las cesantías que correspondan, con arreglo a derecho
y mediante el procedimiento debido, sin esperar fallos judiciales, en los
casos claros de conducta incompatible con la calidad de funcionarios
públicos, la que será juzgada como grave falta disciplinaria. En tales
casos la autoridad administrativa podrá requerir de la magistratura
actuante, los datos que necesite y cuya revelación no afecte el secreto
de los procedimientos en curso de ejecución.

                              LIBRO III
                        DISPOSICIONES FINALES

                             SECCION UNICA
               De la aplicación del presente Reglamento

Artículo 232

   Derógase el decreto 640/973 de 8 de agosto de 1973.
   Mantiénense en vigencia los regímenes particulares que existan en
materia de procedimiento administrativo, en razón de la especialidad de
las reparticiones en los que se aplican, el presente Reglamento será de
aplicación supletoria en las tramitaciones administrativas cuyos 
regímenes especiales subsistan. 

Artículo 233

   Las normas del presente Reglamento se integrarán recurriendo a los
fundamentos de las reglas de derecho análogas, a los principios generales
de derecho, a la jurisprudencia y a las doctrinas generalmente admitidas,
atendidas las circunstancias del caso.

Artículo 234

   A efectos de la correcta aplicación de las normas de este Reglamento y
de toda disposición sobre procedimiento administrativo, los Ministerios y
demás organismos de la Administración Central, deberán establecer
servicios de información administrativa con el fin específico de
proporcionar información sobre los fines, competencia y funcionamiento
de sus distintos servicios, localización de dependencias, horarios de
oficina, trámites y documentación que exijan los diferentes tipos de
expedientes, formas de gestión, divulgación de las actividades del
organismo y, en general, cuantos medios sirvan de ilustración a quienes
hayan de relacionarse con él.

Artículo 235

   Exhórtase a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados a adoptar por decisiones internas las normas del presente Reglamento. El Poder Ejecutivo apreciará, en el ejercicio de sus poderes de contralor, el modo como se cumpla la exhortación que precede.

Artículo 236

   Las referencias a las normas del presente Reglamento se efectuarán
indicando el número del artículo seguido de la mención "del decreto
500/991".
 
                 Disposiciones Transitorias y especiales

Artículo 237

   El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1º de diciembre de
1991.

   La aplicación de la disposición contenida en el artículo 44 regirá a
partir de la extinción de los inventarios que a la fecha de la entrada
en vigencia de este Decreto mantengan las distintas reparticiones
estatales. 

Artículo 238

   Cométese a la Secretaria de la Presidencia de la República, a través
del Programa Nacional de Desburocratización, la información y divulgación
a los funcionarios de la Administración Central de las normas de este
Reglamento, a efectos de su correcta aplicación.

Artículo 239

   Comuníquese, publíquese, etc.-

LACALLE HERRERA. - JUAN ANDRES RAMIREZ. - EDUARDO MEZZERA. - ENRIQUE 
BRAGA SILVA. - MARIANO R. BRITO. - GUILLERMO GARCIA COSTA. - RICARDO GOROSITO. - AUGUSTO MONTESDEOCA. - ENRIQUE ALVARO CARBONE. - JULIO C. LEIVAS - GUSTAVO FERRES. - AMADEO OTTATI FOLLE. - RAUL LAGO.
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