El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del Banco Hipotecario del
Uruguay, fijará anualmente el valor que debe alcanzar como máximo el bien
de familia, según se trate de casa habitación o finca rústica, en función
de la finalidad perseguida por esta ley. Estos valores podrán fijarse por
zonas de la República y mientras no se actualicen seguirán rigiendo los
anteriores.
El valor que se fija al inmueble al constituirse en bien de familia,
no se considerará alterado a los efectos de esta ley, por el mayor valor
que adquiera posteriormente en razón de las variaciones del mercado
inmobiliario.