Las leyes sólo son obligatorias en virtud de su promulgación por el
Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo determinará la forma de la promulgación; y desde
que ésta pueda saberse, las leyes serán ejecutadas en todo el territorio
de la República.
La promulgación se reputará sabida diez días después de verificada en
la Capital.
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto
de 1986. La referencia se entiende realizada a la Ley Nº 10.084 de
fecha 3 de diciembre de 1941, artículo 1.
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986. La referencia se entiende realizada a la Ley Nº 10.084 de fecha
3 de diciembre de 1941, artículo 1.
La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país
en que hayan sido otorgados.
En los casos en que las leyes orientales exigieren instrumento público
para pruebas que han de rendirse y producir efecto en la República, no
valdrán las escrituras privadas, cualquiera sea la fuerza de éstas en el
país en que hubieren sido otorgadas.
La renuncia general de las leyes no surtirá efecto.
Tampoco surtirá efecto la renuncia especial de leyes prohibitivas: lo
hecho contra éstas será nulo, si en las mismas no se dispone lo contrario.
Las leyes no pueden ser derogadas, sino por otras leyes; y no valdrá
alegar, contra su observancia, el desuso ni la costumbre o práctica en
contrario.
La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se
remite a ella. (Artículo 594, inciso 2º).
La derogación de las leyes puede ser expresa o tácita.
Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la
antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden
conciliarse con las de la ley anterior.
La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque
versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las
disposiciones de la nueva ley.
La derogación de una ley puede ser total o parcial.
Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley, de un modo
generalmente obligatorio.
Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto
de las causas en que actualmente se pronunciaren.
La interpretación auténtica o hecha por el legislador, tendrá efecto
desde la fecha de la ley interpretada; pero no podrá aplicarse a los casos
ya definitivamente concluidos.
La Suprema Corte de Justicia, siempre que lo crea conveniente, dará
cuenta al Poder Legislativo de las dudas y dificultades que hayan ocurrido
en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que note en
ellas, a fin de estimular, sea la interpretación de las leyes
preexistentes, sea la sanción de nuevas leyes.
Cuando ocurra un negocio civil, que no pueda resolverse por las
palabras ni por el espíritu de la ley de la materia, se acudirá a los
fundamentos de las leyes análogas; y si todavía subsistiere la duda, se
ocurrirá a los principios generales de derecho y a las doctrinas más
recibidas, consideradas las circunstancias del caso.
Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor
literal, a pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley,
recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma
o en la historia fidedigna de su sanción.
Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio,
según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las
haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su
significado legal.
Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido
que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca
claramente que se han tomado en sentido diverso.
El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de
sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia
y armonía.
Son personas todos los individuos de la especie humana.
Se consideran personas jurídicas y por consiguiente capaces de
derechos y obligaciones civiles, el Estado, el Fisco, el Municipio, la
Iglesia y las corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidas
por la autoridad pública.
Son ciudadanos los que la Constitución del Estado declara tales. Los
demás son extranjeros.
La ley oriental no reconoce diferencia entre orientales y extranjeros,
en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este
Código.
El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o
presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.
El domicilio civil es relativo a una sección determinada del
territorio del Estado.
No se presume el ánimo de permanecer ni se adquiere consiguientemente
domicilio en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún
tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar
doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es
accidental, como la del viajero o la del que ejerce una comisión temporal
o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante.
Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y
avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, almacén,
fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para
administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo
concejil o un empleo fijo, de los que regularmente se confieren por largo
tiempo; y por otras circunstancias análogas.
El domicilio no se muda por el hecho de residir voluntariamente el
individuo largo tiempo en otra parte o forzadamente o por vía de pena, con
tal que conserve su familia y el asiento principal de sus negocios en
aquel domicilio.
Cuando concurran en varias secciones territoriales, con respecto a un
mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio, se entenderá
que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación
especial a una de dichas secciones exclusivamente, ésta sola será para
tales casos el domicilio del individuo.
Se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio
especial para los actos judiciales y extrajudiciales a que diera lugar el
mismo contrato.
El menor no emancipado o habilitado, así como el mayor a quien se ha
nombrado curador, no tiene otro domicilio que el de sus padres, tutores o
curadores.
Los mayores de edad que sirven o trabajan en casa de otros, tendrán el
mismo domicilio de la persona a quien sirven o para quien trabajan, si
viven en la misma casa.
El domicilio del difunto, siendo en territorio nacional, determina el
lugar en que debe radicarse la testamentaría, sin perjuicio de lo
dispuesto por la ley procesal.
El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones
reconocidas por la autoridad pública, es el lugar donde está situada su
dirección o administración, si en sus estatutos o en la autorización que
se les dio, no tuvieren su domicilio señalado.
Las reglas de este Título se entenderán sin perjuicio de lo que por
disposiciones especiales se estableciere, con relación a objetos
particulares de gobierno, policía y administración.
El estado civil de casados, de padres o hijos legítimos, se probará por
las respectivas partidas de matrimonio o nacimiento, extraídas de los
Registros Civiles correspondientes. La edad y la muerte se probarán por
las partidas de nacimiento y defunción.
Para que toda partida o testimonio extraído de los Registros
Parroquiales produzca efectos en juicio o fuera de él, con el fin de
comprobar un estado civil anterior al 1º de julio de 1879, es necesario
que sea autorizado por un certificado del Director General del Registro
del Estado Civil, cuyas resultancias se tomarán por base para apreciar la
fuerza probatoria de aquel instrumento.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo que
establezca la ley respecto al valor probatorio de los certificados de las
partidas.
Las disposiciones sobre los Registros del Estado Civil y los deberes
que a su respecto incumben a los funcionarios públicos encargados de ellos
son objeto de leyes especiales.
El estado civil de padre o madre o hijo natural se probará por las
respectivas partidas del Registro de Estado Civil o por la escritura
pública entre vivos o por el testamento que al efecto se hubiese otorgado
o por sentencia ejecutoriada que establezca la filiación natural.
Estando en debida forma los testimonios de los registros mencionados en
los artículos 40 y 42, se presume la verdad de ellos; salvo, sin embargo,
a los interesados el derecho de impugnar, en todo o en parte, las declaraciones contenidas en esos documentos o la identidad de la persona de que esos documentos trataren.
La falta de los referidos testimonios podrá suplirse, en caso
necesario, por otros documentos auténticos, por declaraciones de testigos
que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se
trata y, en defecto de estas pruebas, por la posesión notoria de ese
estado civil.
La posesión notoria del estado de matrimonio consiste principalmente en
haberse tratado los supuestos cónyuges como marido y mujer en sus
relaciones domésticas y sociales; y en haber sido cada uno recibido en ese
carácter por los deudos y amigos del otro y por el vecindario de su
domicilio en general.
La posesión notoria del estado de hijo legítimo consiste en que sus
padres le hayan tratado como tal, proveyendo a su educación y
establecimiento de un modo competente y presentándole en ese carácter a
sus deudos y amigos; y en que éstos y el vecindario de su domicilio en
general, le hayan reputado y reconocido como hijo legítimo de tales
padres.
La posesión notoria del estado civil se probará por un conjunto de
testimonios fidedignos, que la establezcan de un modo irrefragable;
particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente
la falta de la respectiva partida o la pérdida o extravío del libro o
registro, en que debiera encontrarse.
En falta absoluta de prueba de la edad por documentos o declaraciones
que fijen la época del nacimiento y cuando su determinación fuese
indispensable, se decidirá por el aspecto físico del individuo, a juicio
de facultativos nombrados por el Juez.
TITULO IV - DE LOS AUSENTES CAPITULO I - DE LA PRESUNCION DE AUSENCIA
La ley sólo considera ausente para los efectos de este Título, al
individuo cuya residencia actual se ignora o de quien no se tienen
noticias y cuya existencia es por consiguiente dudosa.
El ausente a los ojos de la ley ni está vivo ni está muerto.
A los que tienen interés en que esté vivo, toca probar la existencia,
como el fallecimiento, a los que tienen interés en que haya muerto.
Si hay necesidad real de proveer a la administración de todos o parte
de los bienes dejados por un ausente presunto, que no tiene apoderado
bastante, se proveerá por el Juez del lugar en que se hallen situados los
bienes, a solicitud de los interesados o del Ministerio Público.
Sólo se llaman interesados, a los efectos de este artículo, a los que
tienen interés existente y actual en provocar las medidas que solicitan,
como los acreedores, socios, comuneros y coherederos.
(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos:53, 70, 75, 451 y 1122.
El Juzgado, a solicitud de cualquiera de los interesados, nombrará
persona hábil para representar a los ausentes en los inventarios,
particiones y liquidaciones en que tengan interés.
En el caso de este artículo o del anterior, el cónyuge ausente será
representado por el que esté presente.
El Ministerio Público queda especialmente encargado de vigilar los
intereses de las personas que se presumen ausentes y será oído en todos
los negocios que les conciernan.
Los parientes y amigos del ausente pueden estimular al Ministerio
Público, participándole el perjuicio que sufren los intereses del
ausente.
Cuando se haya dejado de ver a una persona en el lugar de su domicilio
y en cuatro años no se hayan recibido noticias suyas, podrán los
interesados solicitar ante el Juez competente del último domicilio
conocido, la declaración de ausencia.
Los interesados a los efectos de este artículo, son los herederos
presuntivos y todos los demás que tienen en los bienes del ausente
derechos que se subordinan a la condición de su fallecimiento.
Si el ausente había dejado apoderado, la declaración de ausencia no
podrá reclamarse hasta pasados seis años, contados desde la ausencia o las
últimas noticias; y eso, aun en el caso de que el mandato hubiese caducado
antes de vencidos los seis años.
Si después que una persona recibió una herida grave en la guerra o
naufragó la embarcación en que navegaba o le sobrevino otro peligro
semejante, no se ha sabido más de ella y han transcurrido desde entonces
dos años, podrá solicitarse la declaración de ausencia.
Los dos años serán contados desde el día de la acción de guerra,
naufragio o peligro o no pudiendo ser determinado ese día, desde un
término medio entre el principio y fin de la época en que pudo ocurrir el
suceso.
El que solicite la declaración de ausencia, tendrá que justificar los
extremos en que la funde, con arreglo a los artículos precedentes, a lo
menos, por una información, con citación del Ministerio Público.
La declaración de ausencia no podrá decretarse por el Juez hasta pasado
un año desde la primera publicación, con arreglo al artículo anterior.
Decretada que sea, el Juez mandará que se publique por los periódicos.
Declarada la ausencia, si hubiese testamento cerrado, se abrirá a
solicitud de los interesados o del Ministerio Público.
Los herederos testamentarios, con citación de los herederos ab
intestato o a falta de testamento, los que fueren herederos ab intestato
del ausente a la fecha de la desaparición o de las últimas noticias o del
suceso de que habla el artículo 57, podrán pedir la posesión
interina de los bienes que tenía el ausente, ofreciendo fianza idónea para garantía de su administración.
Los legatarios y demás que tienen derechos eventuales que se hacen
exigibles con la muerte, podrán también ejercerlos provisoriamente, dando
fianzas.
El cónyuge presente, cuando no tenga la calidad de heredero, podrá
oponerse a la misión en posesión interina, solicitada por los que tuvieren
esa calidad, y conservar la administración de los bienes del cónyuge
ausente. (Artículos 58 y 1979).
Si prefiere la disolución provisoria de la sociedad, podrá ejercer sus
derechos legales y convencionales, con obligación de afianzar, por lo que
toca a las cosas sujetas a restitución.
La posesión interina sólo dará a los que la obtengan, la administración
de los bienes del ausente, con calidad de rendirle cuentas, si volviese o
nombrare apoderado.
Los que hubieren obtenido la misión en posesión interina o el cónyuge
en el caso del artículo 62, deberán proceder inmediatamente a un
inventario formal, con citación del Ministerio Público, de todos los
bienes raíces, muebles y acciones del ausente.
Los que hayan obtenido la posesión provisoria podrán exigir para su
garantía, que se proceda por peritos designados por el Juzgado, a un
reconocimiento del estado de los bienes raíces.
Los gastos que se ocasionen saldrán de los bienes del ausente.
Si el ausente volviere o nombrare apoderado, los poseedores interinos
no tendrán que devolverle sino el quinto de los frutos o rentas, quedando
a su beneficio los cuatro quintos.
Los que no tengan sino posesión interina, no podrán enajenar ni
hipotecar los bienes raíces del ausente.
Si conviniera a los intereses del ausente la enajenación de los
muebles, podrá procederse a ella, con la venia judicial.
Si la ausencia ha continuado por ocho años contados desde que se hizo
la declaración, en los casos de los artículos 55 y 56 o por cinco años
en el caso del artículo 57 o si han pasado ochenta años contados
desde el nacimiento del ausente, quedarán sin efecto las fianzas; los interesados podrán solicitar la partición de los bienes y pedir que la posesión interina se declare definitiva.
Al efecto deben dirigirse al mismo Juzgado que declaró la ausencia y
les otorgó la misión en posesión.
El Juez, en la forma del artículo 58, declarará si la ausencia ha
continuado sin interrupción o no; y, según el resultado, dará la posesión
definitiva, si hubiese lugar.
No podrá impedir los efectos definitivos de esa declaración el cónyuge
que administra, por haber usado del derecho que le acuerda el artículo
62.
Desde el día del fallecimiento probado del ausente, quedará expedita la
herencia a los herederos testamentarios o a falta de testamento, a los
que, en la época de la muerte, fuesen herederos ab intestato.
Si otros hubieren obtenido la posesión, sea provisoria, sea definitiva,
de los bienes del ausente, tendrán que restituirlos, salvo los frutos,
conforme al artículo 66.
Si el ausente vuelve o se acredita su existencia, durante la posesión
provisoria, cesarán los efectos de la declaración de ausencia, sin
perjuicio, si el caso lo exigiere, de las medidas conservatorias
prescritas en el capítulo I del presente Título, para la administración de
sus bienes.
Si el ausente vuelve o si se acredita su existencia, aun después de la
posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado en que se
encuentren, el precio de los que se hubiesen enajenado o las cosas
adquiridas con el precio en unidades reajustables de las que se hubiesen
vendido; pero no podrá reclamar frutos ni rentas.
Los descendientes del ausente podrán asimismo dentro de quince años
contados desde la posesión definitiva, solicitar la restitución de sus
bienes, en la forma expresada en el artículo anterior.
Después del auto de declaración de ausencia, cualquiera persona que
tenga algo que demandar al ausente, tendrá que dirigirse a los que han
obtenido la administración o posesión de los bienes.
Cuando se reclame un derecho que recaiga en individuo cuya existencia
no sea legalmente reconocida, conforme a lo establecido en el artículo 51, deberá probarse que ese individuo existía en la época en que el derecho recayó en él.
Si se verifica herencia a que sea llamado individuo que se presume
ausente, se procederá en la forma de los artículos 52 y 53. (Artículos
1071 y 1124.
Si ya ha tenido lugar la declaración de ausencia, la sucesión
corresponderá exclusivamente a los que habían de concurrir con él o a los
que habían de entrar en su representación o en su defecto.
Las disposiciones de los dos artículos precedentes se entienden sin
perjuicio de las acciones de petición de herencia, y otras que competan a
los ausentes y a sus sucesores universales o singulares.
Mientras que el ausente no se presente o no se deduzcan acciones a su
nombre, los poseedores de la herencia harán suyos los frutos percibidos de
buena fe. (Artículo 694).
La presunción que resulta de la ausencia, por larga que sea, no basta
para disolver el matrimonio.
Sin embargo, sólo el cónyuge ausente, por sí o por apoderado que
presente prueba acabada de su existencia, podrá atacar la validez del
matrimonio contraído por el otro cónyuge.
Pasados seis meses después de la desaparición del padre o madre
ausentes, sin haberse recibido noticias suyas, se proveerá de tutor a los
hijos menores cuando el otro padre no exista o no esté en ejercicio de la
patria potestad.
Los esponsales o sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es
un hecho privado, que la ley somete enteramente al honor y conciencia del
individuo y que no produce obligación alguna en el foro externo.
No se puede alegar esta promesa ni para pedir que se efectúe el
matrimonio ni para demandar indemnización de perjuicios.
Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los esposos se
hubiese estipulado a favor del otro, para el caso de no cumplirse lo
prometido.
Pero si se hubiese pagado la multa, no podrá pedirse su devolución.
(Artículos 1441 y 1445).
El matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo a la ley, de dos personas de distinto o igual sexo.
El matrimonio civil es obligatorio en todo el territorio del Estado,
no reconociéndose, a partir del 21 de julio de 1885, otro legítimo que el
celebrado con arreglo a este Capítulo y con sujeción a las disposiciones
establecidas en las leyes de Registro de Estado Civil y su
reglamentación. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 1.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:84, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 83.
Efectuado el matrimonio civil a que se refiere el artículo 83 ,los contrayentes podrán libremente solicitar la ceremonia religiosa de la Iglesia a que pertenezcan, pero ningún ministro de la Iglesia Católica o pastor de las diferentes comuniones disidentes en el país, podrá proceder a las bendiciones nupciales sin que se le haya hecho constar la celebración del matrimonio civil, por certificado expedido en forma por el Oficial del Estado Civil y si lo efectuase sin dicha constancia incurrirá en la pena de seis meses de prisión y en caso de reincidencia un año de prisión.
Exceptúase de la disposición que antecede, los matrimonios in
extremis, que no producirán, sin embargo, efectos civiles.
Si al acto a que se refiere la excepción del inciso último del artículo
precedente, fuere llamado el Oficial del Estado Civil, éste procederá
previa presentación de certificado médico que acredite el peligro de
muerte de uno de los contrayentes, a efectuar el contrato civil de
matrimonio, con anotación de las circunstancias especiales que lo motivan.
En los puntos de la República donde no resida médico, suplirá el
certificado de éste la declaración de dos testigos de respetabilidad.
En el mismo día y, si no fuese posible, en el siguiente a la
celebración del contrato, el Oficial del Estado Civil fijará y publicará
edictos anunciando el acto practicado, llenando las demás formalidades
prevenidas en los números 1 a 4 del artículo 92.
Llenados estos requisitos y corrido el término de la publicación, el
Oficial del Estado Civil pasará los antecedentes al Juez Letrado
competente del domicilio de los contrayentes, quien no teniendo reparo que
hacer al procedimiento seguido y no habiéndose interpuesto oposición
justificada, declarará válido el contrato de matrimonio civil celebrado
in extremis.
Tratándose de viudo o viuda, divorciado o divorciada, el Juez Letrado
exigirá que acredite la presentación de la declaración jurada prescripta
por el artículo 113.
Todos los matrimonios efectuados civilmente durante la vigencia de las
leyes anteriores, aunque hayan tenido lugar entre personas católicas, que
por razones de conciencia o cualesquiera otras prefirieron el acto civil
con prescindencia de la ceremonia religiosa establecida por las leyes
canónicas o eclesiásticas, se declaran válidos y legítimos ante las leyes
civiles; considerándose que esos matrimonios producen todos sus efectos
legales desde el día de su celebración.
Los hijos que procedan de dichos matrimonios se declaran legítimos,
cualquiera que sea la anotación que a su respecto arrojen los libros
parroquiales de la Iglesia.
Son impedimentos dirimentes para el matrimonio:
1°.- Ser cualquiera de los contrayentes menor de dieciséis años de
edad.(*)
2º.- La falta de consentimiento en los contrayentes.
Los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito son hábiles
para contraer matrimonio, siempre que se compruebe que pueden otorgar
consentimiento. La comprobación se hará por informe médico aprobado
judicialmente.
3º.- El vínculo no disuelto de un matrimonio anterior.
4º.- El parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad, sea
legítimo o natural.
5º.- En la línea transversal, el parentesco entre hermanos legítimos o
naturales.
6º.- El homicidio, tentativa o complicidad en el homicidio contra la
persona de uno de los cónyuges, respecto del sobreviviente.
7º.- La falta de consagración religiosa, cuando ésta se hubiere
estipulado como condición resolutoria en el contrato y se reclamase el
cumplimiento de ella en el mismo día de la celebración del matrimonio.
(*)Notas:
Numeral 1º) redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 26.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:94, 197, 200, 202, 204, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 91.
El expediente informativo que debe preceder al matrimonio para
acreditar los novios hallarse desimpedidos y haber cumplido los demás
requisitos civiles del caso, se instruirá ante el Oficial del Estado Civil
del domicilio de cualquiera de los contrayentes.
El mismo funcionario publicará el proyectado matrimonio por medio de la
prensa y edicto, que permanecerá fijado en la puerta de la oficina por
espacio de ocho días y contendrá:
1º.- Los nombres y apellidos de los novios.
2º.- La nacionalidad de cada uno de ellos, su edad, profesión y
domicilio.
3º.- Si alguno de ellos fuese viudo o ambos lo fuesen, los nombres de
los cónyuges fallecidos, según lo que conste de la partida de óbito que
debe presentarse o de otra prueba subsidiaria.
4º.- Intimación a los que supieren algún impedimento para el matrimonio
proyectado que lo denuncien o hagan conocer la causa. (*)
Si son diversos los domicilios de los contrayentes, se pasará oficio
deprecatorio al otro Oficial del Estado Civil que corresponda, para que
también haga fijar en las puertas de la oficina el edicto de que habla el
artículo precedente.
En este caso, el Oficial del Estado Civil en cuya oficina debe
celebrarse el matrimonio, no podrá pasar adelante sin haber recibido la
contestación del otro Oficial, avisándole que, hecha la publicación, no ha
habido denuncia de impedimento o acompañándole la denuncia si se le
hubiese presentado.
Las denuncias de impedimentos (artículo 91) serán dadas por escrito al Oficial del Estado Civil, quien mandará agregarlas al expediente con noticia de los novios y remitirá al Juzgado Letrado competente para su trámite y posterior resolución.
Al Ministerio Público incumbe dar esas denuncias, si tuviere prueba de
cualquier impedimento.
Siempre que se declare improcedente la denuncia del impedimento, será
condenado el denunciante en las costas, costos, daños y perjuicios.
Exceptúase el caso de haberse dado la denuncia por el Ministerio
Público o agente de éste.
Juzgada improcedente la denuncia, o no habiéndose presentado alguna,
el Oficial de Estado Civil procederá a celebrar el matrimonio en público, pro tribunali, a presencia de cuatro testigos parientes o extraños, recibiendo la declaración de cada contrayente, que quieren unirse en matrimonio civil. Acto continuo declarará el Oficial de Estado Civil, a nombre de la ley, que quedan unidos en matrimonio legítimo, y levantará
en forma de acta la partida de matrimonio, dando copia a los
contrayentes, si la pidieren. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 2.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 97.
En el acta o partida de matrimonio se enunciará:
1°.- Lugar, fecha y hora de realización del acta, nombre, edad, nacionalidad, documento de identidad, estado civil y domicilio de los contrayentes. (*)
2º.- El nombre y apellido de los padres. (*)
3º.- El consentimiento de los padres, ascendientes, tutores o
curadores, conforme a los artículos 105 y siguientes.
4º.- La circunstancia de haber precedido al matrimonio el edicto y
publicación del caso.
5º.- La denuncia, si la ha habido, con la sentencia sobre ella recaída,
declarándola improcedente, o la constancia de no haberse denunciado
impedimento alguno.
6º.- La declaración de los contrayentes de recibirse por esposos y la
de su unión por el Oficial del Estado Civil.
El consentimiento del sordomudo contrayente que no pueda darse a
entender por escrito, será expresado por su representante legal, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 105 y siguientes.
7º.- Nombre, apellido y documento de identidad de los testigos. (*)
(*)Notas:
Numerales 1º), 2º) y 7º) redacción dada por: Ley Nº 19.670 de 15/10/2018
artículo 188.
Ver en esta norma, artículos:105, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 98.
Por causas que a su juicio sean bastantes podrá el Oficial del Estado
Civil, celebrar el matrimonio fuera de su oficina, pero en el caso del
artículo 85 deberá necesariamente concurrir donde fuere solicitado.
SUPRIMIDA LA "SECCION II - DEL MATRIMONIO CELEBRADO O DISUELTO EN PAIS
EXTRANJERO" (arts. 101 a 104 incl.) por los arts. 2395, 2396 y 2404 del
Apéndice del Código). (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986.
Ver en esta norma, artículos:280 y 283.
SUPRIMIDA LA "SECCION II - DEL MATRIMONIO CELEBRADO O DISUELTO EN PAIS
EXTRANJERO" (arts. 101 a 104 incl.) por los arts. 2395, 2396 y 2404 del
Apéndice del Código). (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986.
Ver en esta norma, artículos:280 y 283.
SUPRIMIDA LA "SECCION II - DEL MATRIMONIO CELEBRADO O DISUELTO EN PAIS
EXTRANJERO" (arts. 101 a 104 incl.) por los arts. 2395, 2396 y 2404 del
Apéndice del Código). (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986.
Ver en esta norma, artículos:280 y 283.
SUPRIMIDA LA "SECCION II - DEL MATRIMONIO CELEBRADO O DISUELTO EN PAIS
EXTRANJERO" (arts. 101 a 104 incl.) por los arts. 2395, 2396 y 2404 del
Apéndice del Código). (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986.
Ver en esta norma, artículos:280 y 283.
CAPITULO III - DE LOS REQUISITOS CIVILES PREVIOS AL MATRIMONIO EN GENERAL
No se procederá a la celebración de matrimonio alguno, sin el asenso o
licencia de la persona o personas, cuyo consentimiento sea necesario,
según las reglas que van a expresarse o sin que conste que el respectivo
contrayente no ha menester para casarse el consentimiento de otra persona
o que ha obtenido el de la justicia en subsidio.
Los hijos legítimos que no hayan cumplido dieciocho años de edad
necesitan para casarse el consentimiento expreso de sus padres y a falta
de ambos el del ascendiente o ascendientes en grado más próximo.
En igualdad de votos contrarios, preferirá el favorable al
matrimonio. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 16.719 de 11/10/1995 artículo 2.
Ver en esta norma, artículos:109, 204, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 106.
A falta de dichos padres o ascendientes, será necesario al que no haya
cumplido dieciocho años el consentimiento expreso de su tutor o curador
especial. (Artículo 308). (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 16.719 de 11/10/1995 artículo 2.
Ver en esta norma, artículos:109, 204, 280, 283 y 308.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 107.
Se entenderá faltar el padre, madre u otro ascendiente, no sólo por
haber fallecido, sino por estar demente o fatuo o por hallarse ausente del
territorio de la República y no esperarse su pronto regreso o por
ignorarse el lugar de su residencia.
Los hijos naturales reconocidos que no hayan cumplido la edad de
dieciocho años, según el artículo 106, están obligados a obtener el
consentimiento del padre o madre que los haya reconocido con las
formalidades legales; y de los dos si ambos los han reconocido y viven,
siendo de aplicación para este último caso lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 106.
A falta de dichos padres se aplicará lo dispuesto en el artículo 107.
A los efectos de este artículo y de los anteriores se entenderá faltar
el padre y la madre si han perdido la patria potestad pero no si les ha
sido simplemente limitada, salvo resolución expresa. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 16.719 de 11/10/1995 artículo 2.
Ver en esta norma, artículos:106, 107, 204, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 109.
Cuando el consentimiento para el matrimonio se niegue por la persona o
personas que deben prestarlo, habrá recurso ante el Juzgado competente,
para que declare irracional el disenso.
No se procederá a la celebración del matrimonio entre el tutor o
curador ni sus descendientes, con la persona que ha tenido en guarda,
mientras que fenecida la guarda, no haya recaído la aprobación judicial de
las cuentas de su cargo.
Tampoco se procederá a la celebración del matrimonio de la viuda o
divorciada, hasta los trescientos y un días después de la muerte del
marido o de la separación personal, según el caso, bien que si hubiese
quedado encinta, podrá casarse después del alumbramiento.
Esta disposición es aplicable al caso en que la separación de los
cónyuges se verifique por haberse declarado nulo el matrimonio.
No obstante la mujer que se encuentre en las situaciones previstas
precedentemente podrá contraer nuevo matrimonio antes del lapso prefijado
y siempre que hubieren transcurrido noventa días naturales desde que se
consumó su viudez, la separación personal o se ejecutorió la sentencia de
nulidad respectiva, si acreditare que no se encuentra embarazada mediante
certificación de médico especialista, la que se agregará al expediente
respectivo.
No permitirá la autoridad civil el matrimonio del viudo o viuda,
divorciado o divorciada, que tratare de volver a casarse, sin que presente
en el expediente matrimonial, declaración jurada de que no tiene hijos
bajo su patria potestad o de que sus hijos no tienen bienes o de que, si
los tuvieren, han hecho de ellos inventario ante Juez competente.
Igual declaración deberá formular el padre o madre naturales respecto
de sus hijos reconocidos o dados por reconocidos.
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986.
Ver en esta norma, artículo:204.
El funcionario público que bajo cualquier forma infringiera las
disposiciones que le incumban relativamente al matrimonio incurrirá en la
misma pena que el artículo 162 del Código Penal establece.
CAPITULO IV - DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO SECCION I - DE LOS DEBERES DE LOS CONYUGES PARA CON SUS HIJOS Y DE SU
OBLIGACION Y LA DE OTROS PARIENTES A PRESTARSE RECIPROCAMENTE
ALIMENTOS (*)
Por el mero hecho del matrimonio, contraen los cónyuges la obligación
de mantener y educar a sus hijos, dándoles la profesión u oficio
conveniente a su estado y circunstancias. (Artículo 250).
Los padres no tienen obligación de dar a sus hijos los medios de
formar un establecimiento.
(*)Notas:
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:117, 148, 250, 280 y 283.
En defecto o imposibilidad de los padres, se extiende la obligación
expresada en el artículo precedente a los abuelos y demás ascendientes,
sean legítimos o naturales.
(*)Notas:
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:116, 148, 250, 280, 283 y 388.
Los yernos o nueras deben igualmente y en las mismas circunstancias,
alimentar a sus suegros y éstos a aquéllos; pero esa obligación cesa:
1º.- Cuando el suegro o suegra, yerno o nuera, pasa a segundas nupcias.
2º.- Cuando ha fallecido aquel de los cónyuges que producía la afinidad
y los hijos nacidos de su unión con el otro.
Subsistirá, sin embargo, la obligación en este caso cuando el cónyuge
sobreviviente no tenga ascendientes, descendientes ni hermanos en
condiciones de prestar alimentos y prueba que observa buena conducta.
(*)Notas:
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:148, 250, 280 y 283.
La obligación de alimentar se extenderá a los hermanos legítimos,
en caso de que por vicio corporal, debilidad de la inteligencia u otras
causas inculpables, no puedan proporcionarse los alimentos.
(*)Notas:
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:148, 250, 280, 283 y 388.
Bajo la denominación de alimentos se comprende, no sólo la casa y
comida, sino el vestido, el calzado, las medicinas y salarios de los
médicos y asistentes, en caso de enfermedad.
Se comprende también la educación cuando el alimentario es menor de
veintiún años. (*)
(*)Notas:
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Inciso 2º) redacción dada por: Ley Nº 16.719 de 11/10/1995 artículo 4.
Ver en esta norma, artículos:129, 148, 250, 260, 277, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 121.
Los alimentos han de ser proporcionados al caudal de quien los da y a
las necesidades de quien los recibe.
El Juez, según las circunstancias del caso, reglará la forma y cuantía
en que hayan de prestarse los alimentos.
(*)Notas:
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:148, 250, 280 y 283.
Cuando el que suministra los alimentos o el que los recibe, llega a un
estado tal, que el uno ya no puede darlos o el otro no los necesita en
todo o en parte, puede solicitarse la exoneración o reducción de la cuota
señalada.
(*)Notas:
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:148, 250, 280 y 283.
El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de
muerte ni venderse o cederse de modo alguno ni renunciarse. (Artículo 2155).
(*)Notas:
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:126, 148, 250, 280, 283 y 2155.
El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo
que el demandante le deba a él. (Artículo 1510).
(*)Notas:
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:126, 148, 250, 280, 283 y 1510.
No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, las pensiones
alimenticias atrasadas podrán renunciarse y el derecho de demandarlas
transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse, sin perjuicio de la
prescripción que competa al deudor y de la limitación establecida en el
artículo 1766 inciso 2º. (Artículo 1222).
(*)Notas:
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:123, 124, 125, 148, 250, 280, 283, 1222 y
1766.
SECCION II - DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE LOS CONYUGES (*)
Los cónyuges se deben fidelidad mutua y auxilios recíprocos.
La obligación de fidelidad mutua cesa si los cónyuges no viven de
consuno. (*)
(*)Notas:
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Redacción dada por: Ley Nº 18.246 de 27/12/2007 artículo 22.
Ver en esta norma, artículos:148, 280, 283 y 305.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 127.
DEROGADO por art. 1o. Ley No. 10.783 de 18.9.46 (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986.
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
El deber de convivencia es recíproco entre los cónyuges.
Ambos contribuirán a los gastos del hogar (artículo 121)
proporcionalmente a su situación económica. (*)
(*)Notas:
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 4.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:121, 280, 283 y 305.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 129.
Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los
cónyuges, según las reglas que se expondrán en el Título VII Parte II del
Libro IV de este Código.
DEROGADO el inc. 2o. por el art. 2397, que fue incorporado por la ley
10.084 del 3.12.41, pero vigente para matrimonios anteriores a dicha
ley. (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986. La referencia se entiende realizada a la Ley Nº 10.084 de fecha 3
de diciembre de 1941, artículo 1.
La denominación de las Secciones I y II fue dada por Ley Nº 19.075 de
3/05/2013 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:280, 283 y 305.
DEROGADOS por arts. 1o. y 2o. Ley No. 10.783 de 18.9.46. (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986.
Ver en esta norma, artículos:280, 283 y 305.
LIBRO PRIMERO - DE LAS PERSONAS TITULO V - DEL MATRIMONIO CAPITULO V - DE LA SEPARACION DE CUERPOS Y DE LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO
Los juicios de separación de cuerpos, disolución y nulidad de
matrimonio, se regirán privativamente por las leyes y las judicaturas
civiles, con absoluta prescindencia de las autoridades eclesiásticas.
Los efectos civiles de dichos juicios, esto es, todo lo que concierne a
los bienes de los cónyuges, a su libertad personal, a la crianza y
educación de los hijos, se rigen por las leyes y judicaturas civiles.
Es Juez competente para entender en ellos el Juez de Familia o quien
hiciera sus veces, del domicilio del demandado. Si se ignorase el
domicilio de éste, o no lo tuviera en la República, será Juez competente
el del último domicilio que se le hubiere conocido. (*)
De acuerdo con el artículo 145, en todas las cuestiones relacionadas
con los matrimonios, incumbe conocer a los Tribunales ordinarios, los cuales resolverán los casos, de conformidad a las leyes civiles de la República. (*)
La separación de cuerpos solo puede tener lugar:
1°) Por el adulterio de cualquiera de los cónyuges.
Existe adulterio, cuando se hubieran mantenido relaciones sexuales
fuera del matrimonio con personas del mismo o diferente sexo, lo que se
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 127, inciso
segundo, de este Código.
2°) Por la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro,
pronunciada la sentencia criminal condenatoria.
3°) Por sevicias o injurias graves del uno respecto del otro.
Estas causales serán apreciadas por el Juez teniendo en cuenta la
educación y condición del cónyuge agraviado.
La violencia basada en género contra la cónyuge y el abuso sexual
contra hijas e hijos se considerarán, en todos los casos, injurias
graves que acreditan esta causal. (*)
4°) Por la propuesta de cualquiera de los cónyuges para prostituir al
otro cónyuge.
5°) Por el conato de cualquiera de los cónyuges para prostituir a sus
hijos o menores a cargo y por la connivencia en la prostitución de
aquellos.
6°) Cuando hay entre los cónyuges riñas y disputas continuas, que les
hagan insoportable la vida común.
7°) Por la condena de uno de los cónyuges a pena de penitenciaría por
más de diez años.
8°) Por el abandono voluntario del hogar que haga uno de los cónyuges,
siempre que haya durado más de tres años.
9°) Por la separación de hecho, ininterrumpida y voluntaria de por lo
menos uno de los cónyuges durante más de tres años, sea cual fuere el
motivo que la haya ocasionado.
10) Por la incapacidad de cualquiera de los cónyuges cuando haya sido
declarada por enfermedad mental permanente e irreversible (artículo 431 y
siguientes en cuanto sean aplicables) y siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
A) Que haya quedado ejecutoriada la sentencia que declaró la
incapacidad.
B) Que, a juicio del Juez, apoyado en dictamen pericial, la enfermedad
mental sea de tal naturaleza que racionalmente no pueda esperarse el
restablecimiento de la comunidad espiritual y material propia del estado
de matrimonio.
Ejecutoriada la sentencia, el cónyuge o excónyuge en su caso deberá
contribuir a mantener la situación económica del incapaz, conjuntamente
con todos los demás obligados por ley a la prestación alimenticia según
las disposiciones aplicables (artículos 116 y siguientes).(*)
11) Por el cambio de identidad de género cuando este se produzca con
posterioridad a la unión matrimonial, aun cuando este cambio retrotrajera
a una identidad anterior. (*)
(*)Notas:
Fe de erratas publicada/s:20/05/2013.
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 5.
Numeral 3º) redacción dada por: Ley Nº 19.580 de 22/12/2017 artículo 72.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:116, 127, 153, 172, 187, 189, 280, 283, 431,
875 y 1031.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 5,
Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 148.
La acción de separación de cuerpos no podrá ser intentada, sino por
uno de los cónyuges, pero ninguno de ellos podrá fundar la acción en su propia culpa. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 6.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:189, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 149.
Si alguno de los cónyuges fuere menor de edad, no podrá comparecer en
juicio ni como demandante ni como demandado, sin la asistencia de un
curador especial que elegirá la parte o nombrará el Juez en su defecto,
con la intervención del Ministerio Público. (*)
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986. La referencia se entiende realizada a la Ley Nº 16.077 de fecha 11
de octubre de 1989, artículo 1.
Presentada al Juzgado cualquier demanda que no se funde clara y
terminantemente en alguna de las causales establecidas en la ley, el Juez
la desechará de plano. (*)
Si la demanda se funda en una de las causas establecidas en los números
2 y 7 del artículo 148, deberá presentarse la sentencia condenatoria
ejecutoriada y probarse que la acción no ha prescrito. (*)
En todos los casos, al proveer sobre la demanda o antes de ella en caso
de urgencia apreciada por el Juez, a instancia de parte, el Juzgado
decretará la separación provisoria de los cónyuges.
En la audiencia preliminar se resolverá lo relativo a las pensiones
alimenticias, al régimen de tenencia y de visitas de los hijos menores o
incapaces y la cuestión de cuál de los cónyuges habrá de permanecer en el
hogar conyugal, así como las expensas necesarias para el juicio al cónyuge
que las necesitare y no tuviere derecho a auxiliatoria de pobreza.
El Juzgado fijará dichas cantidades, teniendo en consideración las
circunstancias del caso. (*)
Mientras no se hagan efectivas las litis expensas, podrá el cónyuge
diferir el pago de tributos y demás gastos judiciales. Todo sin perjuicio
de imputarse al haber del cónyuge deudor al tiempo de liquidarse la
sociedad conyugal, las sumas que debió abonar por los conceptos expresados
y las condenas que estableciere la sentencia definitiva. (*)
Decretada la separación provisional, el Juez a instancia de parte mandará que se proceda a la facción del inventario de los bienes del matrimonio, así como todas las medidas conducentes a garantizar su buena administración, pudiendo separar a cualquiera de los cónyuges de la administración o exigirle fianza.(*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 7.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:189, 205, 280, 283 y 1989.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 157.
Serán nulas todas las obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges a cargo de la sociedad conyugal, así como las enajenaciones que se hagan de los bienes de esa sociedad, toda vez que fueren en contravención de las providencias judiciales que se hubieren dictado e inscripto en el Registro respectivo. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 7.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:189, 205, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 158.
Mientras dure el juicio de separación, la situación de los hijos
menores será determinada de acuerdo con lo que prescriben los artículos
171 y siguientes. (*)
Cesa la acción de separación cuando ha habido reconciliación entre los
cónyuges después de los hechos que dieron mérito a la acción, aun cuando
ésta ya hubiera sido intentada.
Si la reconciliación tuvo lugar después de deducida la demanda, se
restituirá todo al estado de cosas anterior a ella. (*)
Producida la reconciliación, el cónyuge demandante podrá nuevamente iniciar la acción, ya por causa superviniente -en cuyo caso podrá hacer uso de las anteriores para apoyarla-, ya por causa anterior que hubiera sido ignorada por el actor al tiempo de la reconciliación.
La ley presume reconciliación cuando ambos cónyuges cohabitan, después de haber cesado la habitación común. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 8.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:189, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 161.
La reconciliación anterior a la demanda debe oponerse con la
contestación de ésta, como excepción previa; pero si fuere posterior a la
contestación a la demanda, podrá oponerse en cualquier estado del juicio y
se sustanciará en incidente por separado. Si el demandante niega que haya
habido reconciliación, la prueba incumbe al demandado. (*)
Esta acción se prescribe a los seis meses de conocer el cónyuge el
hecho que le da mérito; en caso de ignorancia, a los tres años de
producido el hecho.
Si el hecho ha continuado o se ha reproducido, el término para la
prescripción se contará desde que cesó o dejó de reproducirse.
La excepción sólo podrá oponerse por cualquiera de los cónyuges, en
cualquier estado del juicio y hasta que los autos estén en situación de
dictarse sentencia. (*)
Todas las especies de pruebas serán admitidas en estos juicios; pero la
confesión o juramento de los cónyuges no será bastante para que la
separación sea decretada.
Queda excluido el testimonio de los descendientes y ascendientes de los
cónyuges; la circunstancia de otro parentesco no constituye tacha
legal. (*)
En los autos no se dictará sentencia definitiva si antes no se acredita
que se ha resuelto la situación de los hijos menores de edad o incapaces,
en cuanto a su guarda, régimen de visitas y pensión alimenticia.
El tiempo que transcurra como consecuencia de lo dispuesto en el inciso
precedente, no se computará a los efectos de la perención de la
instancia. (*)
Las sentencias dictadas en los juicios de separación, nunca pasan en
autoridad de cosa juzgada, para el efecto de impedir que los cónyuges
separados se reconcilien. (*)
Comienzan entre los cónyuges los efectos de la separación desde el día
en que pasare en autoridad de cosa juzgada la sentencia pronunciada en el
juicio respectivo. (*)
DEROGADO por art. 151 Código del Niño y art. 350 del Código Gral.
del Proceso (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986. La referencia se entiende realizada a las Leyes Nº 9.342 y Nº
15.982, de fechas 6 de abril de 1934 y 18 de octubre de 1988
respectivamente.
En todo tiempo podrán los cónyuges celebrar acuerdos relativos a la
situación de los hijos, salvo que la separación personal fuera motivada
por la causal comprendida en el inciso 5º del artículo 148. (*)
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez, de
oficio o a instancia de cualquiera de los cónyuges, proveerá sobre la
situación de los menores, teniendo en cuenta el interés de éstos y con
arreglo a lo dispuesto en los artículos siguientes.
En todo caso se oirá al Ministerio Público. (*)
Salvo motivo grave, a juicio del Juez, los hijos que tengan menos de
cinco años serán confiados a la madre.
En cuanto a los que tengan más de cinco años, el Juez proveerá
contemplando las razones que expusieran los padres y la opinión del
Fiscal. (*)
DEROGADO por art. 151 Código del Niño y 350 Código Gral. del Proceso(*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986. La referencia se entiende realizada a las Leyes Nº 9.342 y Nº
15.982, de fechas 6 de abril de 1934 y 18 de octubre de 1988
respectivamente.
Las convenciones que celebren los cónyuges y las resoluciones
judiciales a que se refieren los artículos anteriores, sólo podrán recaer
válidamente sobre la tenencia de los hijos, que podrán ser confiados a
uno, a ambos cónyuges o a un tercero o repartida entre ellos, pero todos
los demás derechos y deberes de la patria potestad corresponderán a los
cónyuges con arreglo a las disposiciones del Título VIII de este
Libro.(*)
El cónyuge que diere causa a la separación, perderá todo lo que se le
hubiere dado o prometido por su consorte o por cualquiera otra persona, en
consideración al matrimonio; el cónyuge inocente conservará lo recibido y
podrá reclamar lo prometido en su provecho. (Artículos 875 y 1031).
Si la separación fuera pronunciada contra los dos cónyuges, en caso de
reconvención, perderán ambos las ventajas referidas, conforme a lo
dispuesto en el inciso anterior. (*)
Las revocaciones impuestas por el artículo anterior serán inscritas de
oficio en el Registro correspondiente y sólo después de la inscripción
producen efectos contra terceros de buena fe. (*)
Cuando el matrimonio hubiere durado más de un año, el cónyuge o
excónyuge quedará en la obligación de contribuir a la congrua y decente
sustentación del cónyuge o excónyuge no culpable de la separación,
por un plazo igual a la duración del matrimonio, con una pensión que
permita al beneficiario conservar en lo posible la posición que tenía
durante el matrimonio.
También se fijará una pensión alimenticia congrua, si el matrimonio
hubiere durado al menos un año y quien pide la pensión probare que fue
el encargado de las tareas dentro del hogar. Esta pensión deberá servirse
por el tiempo que haya durado el matrimonio.
La pensión congrua se determinará teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
1) Las posibilidades del obligado y las necesidades del beneficiario,
en especial, los bienes que este recibiere al liquidar y partir la
indivisión poscomunitaria.
2) Específicamente respecto del beneficiario:
A) El apartamiento total o parcial del beneficiario de la vida
laboral, como consecuencia de su dedicación a la vida
matrimonial o familiar.
B) Las posibilidades efectivas de inserción o de reinserción en
la vida laboral, atendiendo a sus aptitudes personales,
edad, salud y demás factores del caso concreto y, en general,
todos aquellos elementos que incidieran o hubieran incidido
en dificultar o impedir su decente sustentación.
En situaciones que así lo justifiquen, el beneficiario de los
alimentos podrá mantener su derecho a percibir pensión aun vencido el
plazo establecido en el inciso primero de este artículo, atento a la
duración de la vida de consuno matrimonial, a la edad del beneficiario,
y su incidencia en la dificultad o alta improbabilidad de reinserción
de este en la vida laboral. De no existir acuerdo, ni demandarse dentro
de dichos plazos el mantenimiento del derecho, se producirá
automáticamente el cese del servicio pensionario.
En caso de producirse el divorcio por sentencia recaída en juicio de
sola voluntad de uno de los cónyuges, la culpabilidad de la separación
podrá acreditarse en el juicio de alimentos.
El cónyuge o excónyuge que se encuentre en la indigencia tiene
derecho a ser socorrido por su consorte, en lo que necesite para su
modesta sustentación, aunque él sea el que ha dado motivo a la
separación, pero en este caso, el Juez al reglar la asignación, tomará
en cuenta la conducta del beneficiario. Esta pensión se servirá por el
mismo tiempo que haya durado el matrimonio, salvo que la indigencia
cesara antes.
A los efectos de los plazos referidos en los incisos anteriores, se
computará como duración del matrimonio el tiempo transcurrido entre su
celebración y la sentencia que decrete la separación provisional de los
cónyuges, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 154 de este Código.
(*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.119 de 02/08/2013 artículo 1.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 9.
Ver en esta norma, artículos:154, 189, 194, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 9,
Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 183.
En las cuestiones a que diere lugar la separación de bienes, como
efecto de la de cuerpos, se determinará la competencia del Juez por las
reglas del procedimiento civil. (*)
Transcurridos tres años de una sentencia de separación personal,
cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la conversión en divorcio
basándose en la sentencia.
Solicitada la conversión, debe concederla el Juez, de acuerdo a la ley
procesal. (*)
El divorcio solo puede pedirse:
1°) Por las causas enunciadas en el artículo 148 de este Código.
2°) Por el mutuo consentimiento de los cónyuges.
En este caso será necesario que los cónyuges comparezcan
personalmente en el mismo acto ante el Juez Letrado de su domicilio, a
quien expondrán su deseo de separarse. El Juez propondrá los medios
conciliatorios que crea convenientes y si estos no dieren resultado,
decretará desde luego la separación provisoria de los cónyuges y las
medidas provisionales que correspondan.
De todo se labrará acta que el Juez firmará con las partes y al
final de la que fijará nueva audiencia con plazo de tres meses a fin de que comparezcan nuevamente los cónyuges a manifestar que persisten en sus
propósitos de divorcio. También se labrará acta de esta audiencia y se
citará nuevamente a las partes que comparezcan en un nuevo plazo de tres
meses, a fin de que hagan manifestación definitiva de su voluntad de
divorciarse. Si así lo hicieren se decretará el divorcio, pero si los
cónyuges no comparecieren a hacer la manifestación, se dará por terminado
el procedimiento.
3°) Por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges.
En este caso el cónyuge solicitante deberá comparecer personalmente
ante el Juez Letrado de su domicilio, a quien expondrá su deseo de
disolver el matrimonio. El Juez hará constar en acta este pedido y en el
mismo acto fijará audiencia para celebrar un comparendo entre los cónyuges
en el que se intentará la conciliación y se resolverá la situación de los
hijos, si los hubiere, se fijará la pensión alimenticia que el otro
cónyuge debe suministrar a quien ejerce efectivamente la tenencia de los
hijos mientras no se decrete la disolución del vínculo y se resolverá
sobre la situación provisoria de los bienes. Si no comparece el cónyuge
contra quien se pide el divorcio, el Juez resolverá, oídas las
explicaciones del compareciente, sobre la situación de los hijos y la
pensión alimenticia decretando en todos los casos la separación provisoria
de los cónyuges y fijando una nueva audiencia con plazo de sesenta días a
fin de que comparezca la parte que solicita el divorcio a manifestar que
persiste en sus propósitos.
También se labrará acta de esta audiencia y se señalará una nueva,
con plazo de sesenta días, para que el cónyuge peticionante concurra a
manifestar que insiste en su deseo de divorciarse.
En esta última audiencia el Juez citará a los cónyuges a un nuevo
comparendo e intentará de nuevo la conciliación entre ellos y, comparezca
o no el cónyuge demandado, decretará siempre el divorcio, en caso de no
conciliarse sea cual fuere la oposición de este.
Siempre que el cónyuge que inició el procedimiento dejara de
concurrir a alguna de las audiencias o comparendos prescritos en este
numeral, se lo tendrá por desistido.
El divorcio por esta sola voluntad no podrá solicitarse sino después de haber transcurrido dos años de la celebración del matrimonio.
Cada cónyuge tendrá derecho, desde el momento que se decrete la
separación provisoria, a elegir libremente su domicilio. Cuando al cónyuge
que no ha pedido el divorcio no se le pudiera citar personalmente o
estuviera ausente del país, el Juez lo citará por edictos y si no
compareciese, vencido el término del emplazamiento, se le nombrará
defensor de oficio. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 10.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:148, 189, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 187.
Lo dispuesto en las cuatro secciones anteriores rige en materia de
divorcio, sin perjuicio de lo que se dispone especialmente en esta
Sección.
En los casos previstos por los numerales 2º y 3º del artículo 187, se cumplirá también con lo previsto por el artículo 167. (*)
Disuelto legalmente el matrimonio, los cónyuges quedan facultados para contraer nueva unión matrimonial.
Los cónyuges divorciados podrán volver a unirse entre sí, celebrando
nuevo matrimonio.
No es aplicable al caso del inciso anterior lo dispuesto por el artículo 112 de este Código. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 11.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:112, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 190.
Ejecutoriada la sentencia de divorcio, no podrá el excónyuge, usar el apellido del otro. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 12.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 191.
Ejecutoriada una sentencia de divorcio, será inmediatamente comunicada
por el Juez de la causa a fin de que sea anotado al margen de las actas de
matrimonio. En caso de matrimonio cuya celebración no se hubiere realizado
civilmente o hubiese sido realizado en el extranjero por cuyas razones no
estuviera registrado, se tomará nota en un libro especial. (*)
Cesa la obligación de servir pensión que impone al cónyuge o
excónyuge el artículo 183 de este Código, si el beneficiario contrajere
nuevo matrimonio o viviere en unión concubinaria declarada judicialmente,
o si mantuviere vida de consuno estable con una duración mínima de un
año.
También corresponderá el cese de la obligación alimentaria si el
concubinato en el cual el acreedor se encontrare cumple con los
requisitos establecidos para su reconocimiento aun cuando este no
estuviera declarado; en este caso, el interesado en el cese podrá
probarlo judicialmente a los solos efectos del cese de la obligación
alimentaria.
El límite temporal del servicio pensionario previsto por el inciso
primero del artículo 183 de este Código, no regirá respecto de las
personas cuya sentencia de divorcio o pensión alimenticia haya quedado
ejecutoriada con anterioridad a la vigencia de la misma. No obstante
ello, en los procesos de revisión de la pensión alimenticia ya iniciados,
o en aquellos a iniciarse en el futuro, serán de aplicación los
criterios previstos en dicha disposición con el fin de ponderar el monto
y la procedencia del mantenimiento del servicio pensionario.(*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.119 de 02/08/2013 artículo 2.
Redacción dada anteriormente por:
Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 13,
Ley Nº 18.246 de 27/12/2007 artículo 24.
Ver en esta norma, artículos:183, 280 y 283.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 13,
Ley Nº 18.246 de 27/12/2007 artículo 24,
Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 194.
Después del divorcio la afinidad que había creado el matrimonio sólo
continúa como impedimento dirimente a los efectos del artículo 91 número 4º de este Código y tal como existía al pasar la sentencia en autoridad de cosa juzgada. (*)
No puede decirse de nulidad del matrimonio contraído sin el
consentimiento libre de los cónyuges, sino por el contrayente, cuyo
consentimiento no ha sido libre.
Si el vicio del consentimiento proviniese de violencia o de error sobre
la persona, no será admisible la demanda de nulidad, cuando haya mediado
cohabitación continuada por sesenta días, desde que el cónyuge adquirió su
libertad absoluta o conoció el error de que había sido víctima. (*)
De los matrimonios contraídos con alguno de los impedimentos dirimentes
de los números 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 91 , puede decirse de
nulidad, según el caso, por los mismos cónyuges, por cualquier interesados el Ministerio Público.
Esta disposición es aplicable al caso del matrimonio clandestino, esto
es, que no se haya contraído públicamente, en presencia del funcionario
competente y de acuerdo con las disposiciones de este Código. (*)
No podrá, sin embargo, decirse de nulidad del matrimonio contraído
por individuos, de los cuales uno o los dos eran menores de 16
(dieciséis) años al tiempo de la celebración:
1) Cuando han pasado 180 (ciento ochenta) días, desde que ambos
cónyuges cumplieron 16 (dieciséis) años.
2) Cuando la mujer ha concebido antes de los 16 (dieciséis) años
o antes de vencerse los 180 (ciento ochenta) días sobredichos.(*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.119 de 02/08/2013 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:280 y 283.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 201.
Si en el caso del número 3 del artículo 91, los cónyuges se excepcionan con la nulidad del primer matrimonio, debe juzgarse previamente sobre la calidad de ese matrimonio. (*)
En todo juicio de nulidad, aunque se siga a instancia de parte
interesada, intervendrá el Ministerio Público.
Al Ministerio Público se le dará la voz del pleito, por rebeldía o
abandono de los litigantes, hasta que recaiga sentencia que pase en
autoridad de cosa juzgada. (*)
Si la nulidad es de las de que hablan los incisos 1, 3, 4, 5 y 6
del artículo 91, el Ministerio Público no sólo puede, sino que debe pedir que ella se pronuncie y obtener la separación, sin perjuicio de las penas impuestas por la ley.
Si el matrimonio no ha sido precedido del edicto requerido por los
artículos 92 y 93 o se ha faltado a lo que respectivamente disponen
los artículos 105 a 114 del Capítulo III de este Título, el Ministerio
Público hará condenar al Oficial del Estado Civil de conformidad con el artículo 115 y a los contrayentes o a aquellos bajo cuya potestad obraron, en una multa proporcionada a sus facultades.
Esta disposición penal se entenderá aun en el caso de declararse
válido el matrimonio. (*)
Ejecutoriada la sentencia declarando la nulidad del matrimonio, el
Juez a que se refiere el artículo 198 deberá dar los avisos que
correspondan para que se haga la anotación en los libros respectivos. (*)
El matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades de la
ley, produce los mismos efectos civiles que el válido, tanto respecto de
los hijos, como del cónyuge que de buena fe y con justa causa de error lo
contrajo; pero dejará de producir efectos civiles desde que falta la
buena fe por parte de ambos cónyuges. (*)
La nulidad producirá, respecto de los bienes del matrimonio, los
efectos siguientes:
1º.- Si hubo buena fe de parte de ambos cónyuges, cobrará cada uno
sus bienes, incluso la mitad de gananciales y conservará las donaciones y
ventajas pactadas al contraer el matrimonio.
2º.- Si hubo mala fe en los dos, se practicará lo mismo, salvo que
las donaciones y ventajas pactadas serán nulas.
3º.- Si la mala fe estuvo de parte de uno solo, éste recobrará sus
bienes propios, mas perderá la mitad de gananciales y todas las
donaciones y ventajas matrimoniales. (*)
Se considerarán legítimos únicamente los hijos que procedan de
matrimonio civil y los legitimados adoptivamente.
DEROGADO el inc. 2o. por Ley No. 15.855 de 25.3.87 (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986.
Viviendo los cónyuges de consuno, y sin perjuicio de la prueba en contrario, la ley considera al otro cónyuge, jurídicamente progenitor de la criatura concebida por su esposa durante el matrimonio.
Las personas legitimadas por la ley, podrán destruir esta presunción
acreditando que el vínculo biológico no existe.
Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior, las personas que
están imposibilitadas biológicamente entre sí para la concepción y antes
de la fecundación del óvulo ambos acepten bajo acuerdo expreso y escrito
ser progenitores jurídicos del hijo matrimonial.
El consentimiento para la concepción con persona ajena al matrimonio,
será revocable con las mismas formalidades, hasta el momento de la
concepción.
Es nulo todo acuerdo firmado entre cónyuges o concubinos referido a
la concepción de una criatura fruto de la unión carnal entre hombre y
mujer, sin perjuicio de las obligaciones que la ley prevé para el cónyuge
no concibiente respecto del hijo concebido. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 14.
Redacción dada anteriormente por: Código de la Niñez y la Adolescencia de
07/09/2004 artículo 29.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:215, 217, 218 y 219.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 17.823 de 07/09/2004 artículo 29,
Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 214.
Se considera concebida dentro del matrimonio, a la criatura nacida fuera de los ciento ochenta días después de contraído este y dentro de
los trescientos días siguientes a su disolución. Esta presunción es relativa salvo en los casos de acuerdo expreso y escrito bajo las condiciones establecidas en el artículo 214. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 14.
Redacción dada anteriormente por: Código de la Niñez y la Adolescencia de
07/09/2004 artículo 29.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:214, 216, 217 y 222.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 17.823 de 07/09/2004 artículo 29,
Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 215.
Se considera, asimismo, la existencia de vínculo filial con el cónyuge que no concibió a la criatura nacida del otro cónyuge, dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio, siempre que aquel haya conocido el embarazo antes de contraer matrimonio o haya admitido su relación filiatoria expresa (no se incluye en esta circunstancia el acuerdo expreso referido anteriormente) o tácitamente por cualquier medio inequívoco. Fuera de estos casos, bastará al cónyuge no concibiente
negar judicialmente la relación filiatoria con la criatura habida por su
cónyuge, de lo que se le dará conocimiento a este. Si la madre se
opusiera surgirá el contradictorio. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 14.
Redacción dada anteriormente por: Código de la Niñez y la Adolescencia de
07/09/2004 artículo 29.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:217 y 835.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 17.823 de 07/09/2004 artículo 29,
Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 216.
La presunción de existencia de relación filiatoria del cónyuge no concibiente que se configura conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215 y 216 de este Código, podrá ser libremente impugnada por el mismo, el hijo o los herederos de uno u otro, dentro de los plazos y en las condiciones que se disponen en los artículos siguientes con excepción de los casos en que exista acuerdo expreso y escrito como lo disponen los artículos 214 y siguientes de este Código. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 14.
Redacción dada anteriormente por: Código de la Niñez y la Adolescencia de
07/09/2004 artículo 29.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:214, 215, 216 y 1604.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 17.823 de 07/09/2004 artículo 29,
Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 217.
El cónyuge que no concibió podrá ejercer la acción de desconocimiento de relación filiatoria a efectos de impugnar la presunción de legitimidad que hubiera surgido, dentro del plazo de un año contado desde que tomó conocimiento del nacimiento de la criatura cuyo vínculo filiatorio la ley le atribuye fuera de los casos de acuerdo expreso antes referido.
Sus herederos podrán continuar la acción intentada por este, o iniciar
la misma, si el cónyuge no concibiente hubiera muerto dentro del plazo
hábil para deducirla. Los herederos dispondrán del plazo de un año a
contar desde el fallecimiento de este siempre y cuando no se hubiese
producido la situación mencionada en el inciso anterior (acuerdo expreso
y escrito en las condiciones establecidas en el artículo 214 de este
Código). (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 14.
Redacción dada anteriormente por: Código de la Niñez y la Adolescencia de
07/09/2004 artículo 29.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:214 y 1604.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 17.823 de 07/09/2004 artículo 29,
Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 218.
Hallándose el hijo en posesión del estado filiatorio legítimo, tenga o no su título, podrá impugnar la presunción de existencia de relación filiatoria durante su minoría de edad actuando debidamente representado por un curador 'ad litem'. Si la acción no hubiera sido intentada durante la menor edad del hijo, podrá ejercerla este dentro del plazo de cinco años a partir de su mayoría.
En caso de fallecer el hijo dentro del plazo hábil para interponer la
demanda de impugnación de la relación filiatoria o durante su minoría de
edad sin haberla interpuesto, la acción podrá ser ejercida por los
herederos de este dentro del plazo que aquel contaba.
Todo esto sin perjuicio del derecho del hijo o sus herederos a
conocer su ascendencia biológica en cualquier momento y a esos solos
efectos, aun existiendo el acuerdo referido en el artículo 214. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 14.
Redacción dada anteriormente por: Código de la Niñez y la Adolescencia de
07/09/2004 artículo 29.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:214, 220 y 1604.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 17.823 de 07/09/2004 artículo 29,
Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 219.
De faltar la posesión de estado de filiación legítima aun cuando
exista su título, la acción de desconocimiento de existencia de relación filiatoria podrá ser intentada indistintamente por cualquiera de sus progenitores biológicos, por un curador 'ad litem' que actúe en representación del hijo, o por el hijo al llegar a la mayoría de edad. Los
progenitores biológicos no podrán accionar una vez que su hijo haya
llegado a la mayoría de edad. En ausencia de posesión de estado de
filiación legítima, la acción será imprescriptible para el hijo.
En los casos en que este artículo, el artículo 219 y el inciso cuarto
del artículo 227, en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley N°
17.823, de 7 de setiembre de 2004, se refieren a posesión de estado, no se
requiere el transcurso del tiempo reclamado por el artículo 47 de este
Código.
El acogimiento de la acción deducida por cualquiera de los
progenitores biológicos, dejará al hijo emplazado en el estado civil de
hijo natural del demandante. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 14.
Redacción dada anteriormente por: Código de la Niñez y la Adolescencia de
07/09/2004 artículo 29.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículos:47, 219, 227 y 1604.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 17.823 de 07/09/2004 artículo 29,
Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 220.
El proceso no será válidamente entablado si no intervienen en el
mismo, en calidad de sujetos activos o pasivos, en su caso, el cónyuge no concibiente, la madre y el hijo de esta. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.075 de 03/05/2013 artículo 14.
Redacción dada anteriormente por: Código de la Niñez y la Adolescencia de
07/09/2004 artículo 29.
Reglamentado por: Decreto Nº 221/013 de 01/08/2013.
Ver en esta norma, artículo:1604.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 17.823 de 07/09/2004 artículo 29,
Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 221.
La legitimidad del hijo, cuya madre no fuere dudosa, puede ser
contestada:
O por no haber habido matrimonio entre sus padres.
O por ser nulo o haberse anulado el matrimonio.
O por haber sido adulterina la concepción del hijo nacido
dentro de los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio.
O por haber nacido fuera de los trescientos días siguientes a
la disolución del matrimonio. (Artículo 215).
La contestación de legitimidad pertenece a cualquiera persona que
tenga interés actual en deducirla.
DEROGADO el inc. 4o. en virtud del nuevo texto del art. 210 (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986.
Ver en esta norma, artículos:210, 215 y 1604.
La mujer que, muerto el marido, se creyese embarazada, debe
denunciarlo a los que serían herederos del difunto, si no existiera el
hijo póstumo.
Los interesados pueden pedir todas las medidas que fuesen necesarias
para asegurarse de que el parto es efectivo y ha tenido lugar dentro de
los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio. (*)
La filiación de que el hijo está en posesión, aunque sea conforme a
la partida de nacimiento o bautismo, puede ser contestada en razón de
parto supuesto o por haber habido sustitución del verdadero hijo o, en
general, por no ser la mujer la madre propia del hijo que pasa por
suyo. (*)
Durante la vida del hijo, sólo a él compete la acción para reclamar
su filiación legítima. Sus herederos y descendientes podrán continuar la
acción intentada por él o intentarla cuando el hijo hubiese muerto en la
menor edad.
Esta acción deberá ser dirigida contra el padre y madre conjuntamente
y, por fallecimiento de éstos, contra sus herederos. (*)
El derecho de reclamar la filiación o de contestarla o de contestar
la legitimidad, no se extingue ni por prescripción ni por renuncia
expresa o tácita; pero los derechos pecuniarios ya adquiridos pueden
renunciarse y prescribirse. (*)
Son hijos naturales los nacidos de padres que, en el acto de la
concepción, no estaban unidos por matrimonio.
No tienen, sin embargo, la calidad legal de hijos naturales, sino
cuando son reconocidos o declarados tales, con arreglo a lo dispuesto en
la Sección siguiente.
(*)
No se admitirá el reconocimiento de hijos naturales, aún después de disuelto el matrimonio, cuando ese reconocimiento se pretenda hacer a favor de una persona que tenga la posesión notoria de hijo legítimo, sin
perjuicio de las acciones que, legalmente, se admiten para contestar esa
filiación. (*)
(*)Notas:
Inciso 3º) derogado/s por: Código de la Niñez y la Adolescencia de
07/09/2004 artículo 28.
Inciso 4º) redacción dada por: Código de la Niñez y la Adolescencia de
07/09/2004 artículo 28.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 227.
En los casos de legitimación de hijos naturales por subsiguiente
matrimonio válido de sus padres, la inscripción de los mismos como
legítimos se hará en idéntica forma a la de los hijos nacidos durante el
matrimonio, en el Registro de Nacimientos. El acta de matrimonio de los
padres, la de inscripción del hijo legítimo y la anotación en la libreta
de Organización de Familia deberán extenderse sin mención ni referencia
alguna a la legitimación, de manera que nada las diferencie de las
comunes de matrimonio ni de las de inscripción ni anotación de hijos
legítimos.
Presentada la partida de matrimonio respectiva y la de reconocimiento
del hijo natural, el Oficial del Estado Civil efectuará la inscripción en
la forma establecida en el inciso anterior. Realizada ésta, quedarán sin
valor las partidas y constancias preexistentes, sean de nacimiento o de
reconocimiento y prohibida su exhibición, así como la expedición de
testimonio, salvo en los casos en que se dispusiere lo contrario, con
citación e intervención de los interesados.
En el caso de simple inscripción de hijo natural no reconocido, la
presentación de la partida de matrimonio deberá ser hecha por los padres.
En lo demás se estará a lo dispuesto por la ley 12.689 de 29 de
diciembre de 1959.
El reconocimiento de un hijo natural puede hacerse expresa o
tácitamente.
El reconocimiento expreso debe hacerse por escritura pública o por
testamento o ante el Oficial del Estado Civil en el acto de la
inscripción del nacimiento o después de verificada.
Cuando se efectúe el reconocimiento ante el Oficial del Estado Civil,
si la persona que lo hace no fuese de conocimiento del funcionario,
deberá justificar su identidad con dos testigos de conocimiento de éste,
todo lo cual deberá constar en el acta.
Cuando se haga el reconocimiento después de la inscripción del
nacimiento, deberá acompañarse la partida respectiva.
El reconocimiento tácito es el que resulta de la constatación, ante
el Juez competente, de la posesión notoria del estado de hijo natural de
conformidad con los artículos 44, 46, 47 y 48 de este Código en lo que fueren aplicables. (*)
El hijo natural podrá ser reconocido por su padre y su madre de
común acuerdo o por uno solo de ellos.
En el segundo caso, el reconocimiento no tendrá efecto, sino
relativamente al que lo ha practicado.
Cuando el padre o la madre reconozca separadamente un hijo natural,
no podrá revelar en el acto del reconocimiento el nombre de la persona
con quien lo hubo, a menos que ésta ya lo hubiese reconocido.
El que fuere reconocido como hijo natural, podrá quitar al
reconocimiento sus efectos legales toda vez que lo repudie dentro del año
en que tuvo conocimiento del hecho, si es mayor de edad y dentro del
mismo plazo y condición al llegar a la mayoría de edad. Sin perjuicio de
este derecho, podrá impugnar el reconocimiento del padre o la madre, lo
propio que todos los que en ello tengan interés actual, así como podrán
también, todos los que se hallen en esta condición, oponerse a las
reclamaciones de parte del hijo.
Podrá el hijo o el Fiscal respectivo, en su caso, pedir en cualquier
tiempo se quite al reconocimiento, los efectos legales, únicamente en lo
que se refiere a la patria potestad, cuando haya mediado la causal que
establece el artículo 285, inciso 7º de este Código. (*)
El reconocimiento del hijo natural, sea hecho por escritura pública
o por testamento, es irrevocable y no admite condiciones, plazos o
cláusulas de cualquier naturaleza, que modifiquen sus efectos regulares,
sin ser necesaria la aceptación por parte del hijo ni la notificación a
éste, sin perjuicio de lo que al respecto establece la Ley de Registro de
Estado Civil.
Si alguno fuese reconocido como hijo natural por más de un hombre
como su padre, o por más de una mujer como su madre, no habrá prueba de
paternidad o de maternidad, mientras que uno de estos reconocimientos
contradictorios no fuese excluido por sentencia que cause ejecutoria.
Se atenderá en tal caso el reconocimiento que tuviese a favor más
presunciones o probabilidades.
La paternidad ilegítima puede ser judicialmente declarada:
1º.- Si ha habido rapto o violación, cuando la época de la concepción
coincida con el rapto o violación.
2º.- En el caso en que el marido haya desconocido la paternidad del
hijo, obteniendo sentencia ejecutoriada a su favor.
3º.- Cuando el padre haya reconocido por escrito la paternidad que se
reclama.
4º.- Cuando el pretendido padre haya vivido en concubinato notorio
con la madre durante el período de la concepción.
5º.- Cuando el padre haya provisto al mantenimiento, educación y
vestido del hijo, de manera pública y continuada por un año, por lo
menos, invocando su calidad de padre.
6º.- En el caso de seducción de la madre, cumplida con abuso de
autoridad o con promesa de matrimonio, en época contemporánea de la
concepción y siempre que para el segundo caso exista principio de prueba
por escrito.
Sin perjuicio de las excepciones del derecho común, el demandado
podrá excepcionarse contra la acción, probando:
A) Que durante el período legal de la concepción la madre observaba
notoriamente costumbres deshonestas o mantenía comercio con otro
individuo.
B) Que durante el período de la concepción le ha sido físicamente
imposible tener acceso con la madre.
La acción no pertenece sino al hijo, pero durante su menor edad sólo
podrá ser deducida por la madre o por su representante legal, salvo que
esté habilitado de edad. Si la madre es menor, se la proveerá de curador
especial. La madre sólo podrá iniciar la acción dentro de los dos años de
producido el alumbramiento y el tutor dentro de los seis meses de su
nombramiento. En los casos de los números 4º y 5º estos plazos empezarán
a correr desde la cesación de los hechos a que se refieren y en el caso
del número 2º, desde que quede ejecutoriada la sentencia que haga lugar
al desconocimiento de la paternidad. Si la acción no ha sido intentada
durante la menor edad del hijo, éste podrá deducirla dentro de los cinco
años de su mayor edad.
Cuando el demandado sea absuelto, si el Juez establece que el actor
ha procedido con intención dolosa, se pasarán los autos al Juzgado
competente en materia penal que corresponda.
Cuando el presunto hijo o su representante legal ejercite
conjuntamente con la acción que este artículo le acuerda, la de petición
de herencia, el Actuario, bajo la pena de 100 unidades reajustables de
multa lo comunicará dentro de quince días al Registro correspondiente
para la inscripción que corresponda, que producirá los efectos enunciados
en el artículo 685. Si entre los demandados hubiese herederos, testamentarios o de los llamados a la herencia por el artículo 1025 o cónyuge con derecho a gananciales o a porción conyugal, cualquiera de ellos podrá obtener que se limite la interdicción a un bien o lote de bienes hereditarios cuyo valor cubra ampliamente la legítima del actor, quien sólo sobre ese bien o lote podrá perseguir el pago de su haber hereditario en caso de que le sea reconocida la filiación invocada
y sin perjuicio de la acción personal que le corresponda por restitución de frutos. Cuando por la naturaleza de los bienes sea imposible separar
parte de ellos para garantizar la efectividad del derecho hereditario
invocado, cualquiera de los demandados a que se refiere el párrafo
anterior podrá pedir que en vez de limitarse la interdicción se cancele
totalmente, constituyendo garantía hipotecaria o prendaria que asegure al
actor el pago de su legítima y de sus intereses. (*)
Se admite la investigación de la maternidad, cuando no se trate de
atribuir el hijo a una mujer casada.
Si la demandada negare ser suyo el hijo, será admitido el demandante
a probarlo con testimonios fehacientes que establezcan el hecho del parto
y la identidad del hijo.
La partida de nacimiento o bautismo no hace por sí sola prueba alguna.
242-1
El padre o madre naturales declarados judicialmente tales de acuerdo a
los artículos anteriores quedan obligados en los términos del artículo 277. (*)
La adopción se permite a toda persona que tenga más de treinta años
de edad, cualquiera sea su estado civil y siempre que tenga por lo menos
veinte años más que el adoptado.
Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por dos
cónyuges.
Ninguno de los cónyuges puede adoptar o ser adoptado sin el
consentimiento del otro, salvo que estuviere impedido de manifestar su
voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos.
Realizada la adopción, la separación o divorcio ulterior de los
cónyuges no les exime de sus obligaciones con respecto al adoptado, si
fuese menor, aun cuando fueran privados del ejercicio de la patria
potestad o de su tenencia.
Para la adopción de una persona mayor de dieciocho años se requiere
su expreso consentimiento.
Cuando el adoptado sea un demente o sordomudo que no sepa darse a
entender por escrito, prestará el consentimiento su representante legal.
Si se trata de un menor de edad que tenga padre y madre, es necesario
el consentimiento de ambos padres. Si uno ha muerto o está impedido de
manifestar su voluntad el consentimiento del otro es suficiente.
Si los padres están divorciados o separados basta el consentimiento
de aquel que tenga la guarda del menor.
Cuando el menor no tenga padres en ejercicio de la patria potestad o
ambos estén impedidos de manifestar su voluntad, deberá prestar el
consentimiento su representante legal.
El consentimiento deberá ser otorgado en la escritura pública de
adopción, pudiendo en el extranjero efectuarse ante los agentes
diplomáticos o consulares uruguayos. (*)
La adopción ha de ser necesariamente hecha por escritura pública,
aceptada por el adoptado o sus representantes legales de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo anterior, debiendo ser inscripta dentro de
treinta días contados desde el otorgamiento de la escritura en un libro
especial que llevará al efecto la Dirección General del Registro de
Estado Civil y deberá constar, además, al margen del acta de nacimiento.
La omisión de la inscripción será penada con multa al escribano
autorizante de la escritura, de 12 a 50 unidades reajustables, a más de
no surtir efecto la adopción hasta después de ser inscripta.
Una vez inscripta surtirá efecto desde la fecha de su otorgamiento.
Cuando se trate de la adopción de un menor de edad, ningún escribano
podrá autorizar la escritura respectiva sin previa autorización del
Instituto Nacional del Menor en que se acredite:
1º.- La idoneidad moral y la capacidad del adoptante probada por
todos los medios de investigación que el Instituto Nacional del Menor
juzgue necesarios.
2º.- Que el adoptante ha tenido durante dos años bajo su protección y
cuidado al adoptado. (*)
El adoptado continúa perteneciendo a su familia natural donde
conserva todos sus derechos.
Los padres que consienten la adopción pierden la patria potestad que
pasa al adoptante.
En caso de interdicción, de desaparición comprobada judicialmente, de
muerte del adoptante o de revocación de la adopción, producida durante la
menor edad del adoptado, la patria potestad pasa de pleno derecho a los
padres de éste.
249-1
La adopción confiere el apellido del adoptante al adoptado agregando
éste a su apellido propio el del primero. Si el adoptante y el adoptado
tienen el mismo apellido patronímico no se modificará el apellido del
adoptado. Si el adoptado es un hijo natural el nombre del adoptante se le
puede conceder pura y simplemente, previo consentimiento de las partes, en
el acta misma de adopción, quedando anulado el apellido propio del
adoptado.
La adopción sólo establece relaciones jurídicas entre el adoptante
y el adoptado y no entre cualquiera de ellos y la familia del otro.
No produce otros efectos que los declarados expresamente en este
Código y son:
1º.- Obligación del adoptado de respetar y honrar al adoptante.
2º.- Obligación recíproca de prestarse alimentos; no obstante los
ascendientes y descendientes del adoptado no están obligados a
suministrar alimentos a éste mientras los pueda obtener del adoptante,
observándose en cuanto sea aplicable, lo dispuesto en la Sección I
Capítulo IV del Título V.
3º.- Derecho a heredarse sin testamento en los casos y con la
distinción que se determina en el Título De la Sucesión Intestada.
La revocación de la adopción cuando existan motivos graves puede
solicitarse por el adoptante o el adoptado ante el Juzgado competente,
con apelación ante el Tribunal respectivo.
La revocación hace cesar para el porvenir todos los efectos de la
adopción.
TITULO VIII - DE LA PATRIA POTESTAD CAPITULO I - DE LA PATRIA POTESTAD EN LOS HIJOS LEGITIMOS
La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley
atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores
de edad.
La patria potestad será ejercida en común por los padres, sin
perjuicio de las resoluciones judiciales que priven, suspendan o limiten
su ejercicio o lo confieran a uno de ellos y de los convenios previstos
en el artículo 172.
Cuando no se obtenga el acuerdo de los padres, cualquiera de ellos
podrá recurrir ante el Juez competente. (*)
Cualquiera de los padres podrá solicitar la intervención del Juez
Letrado competente para corregir o prevenir los actos o procedimientos
del otro que considere perjudiciales para la persona o bienes del menor,
con arreglo a lo determinado en los artículos 288 y siguientes de este Código. (*)
Si el progenitor que ha perdido la patria potestad contrajere nuevo
matrimonio, su cónyuge podrá pedir al Juez, en caso de nacer hijos, que
se le otorgue la patria potestad exclusiva sobre éstos, de acuerdo a la
ley procesal. (*)
Los hijos menores de edad no pueden, sin permiso de sus padres,
dejar la casa paterna o aquella en que sus padres los han puesto;
debiendo en todos los casos ser auxiliada la autoridad doméstica por la
pública, al efecto de hacer volver los hijos al poder y obediencia de sus
padres. (*)
Los padres pueden exigir de los hijos que están en su poder, que
les presten los servicios propios de su edad, sin que ellos tengan
derecho a reclamar recompensa alguna. (*)
Si el hijo de menor edad ausente de la casa paterna, no pudiese ser
atendido por sus padres con lo que necesita por razón de alimentos
(Artículo 121), las suministraciones que con ese objeto se le hagan por cualquier persona, se juzgarán hechas con autorización de aquéllos.
El que haga las suministraciones deberá dar noticia de ellas a los
padres lo más pronto posible.
Toda omisión voluntaria en ese punto, hará cesar la responsabilidad
de los padres. (*)
Derogado/s por: Ley Nº 18.214 de 09/12/2007 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:275, 384, 1280 y 1939.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 261.
Los hijos no pueden demandar a sus padres sino por sus intereses
propios y previa licencia del Juez, quien, al otorgarla, proveerá al hijo
de curador ad litem. (*)
No es necesaria la intervención paterna para proceder criminalmente
contra los hijos, pero los padres serán obligados a suministrarles los
auxilios que necesiten para su defensa. (*)
La patria potestad no se opone a la facultad de testar de que goza
el hijo, en llegando a la edad establecida en el Título De la sucesión
testamentaria. (Artículo 831, inciso 1º). (*)
Los padres tienen el usufructo de todos los bienes de sus hijos
legítimos que estén bajo su patria potestad, con excepción de los
siguientes:
1º.- De los bienes que los hijos adquieran por sus servicios civiles,
militares y eclesiásticos.
2º.- De los que adquieran por su trabajo o industria.
3º.- De los que adquieran por caso fortuito.
4º.- De los adquiridos por los hijos a título de donación, herencia,
o legado, cuando el donante o testador ha dispuesto expresamente que el
usufructo corresponda al hijo.
5º.- De las herencias o legados que hayan pasado al hijo por
indignidad del padre o madre o por haber sido estos desheredados.
Los bienes comprendidos bajo los números 1º y 2º, forman el peculio
profesional o industrial del hijo; aquellos en que el hijo
tiene la propiedad y los padres el derecho de usufructo, forman el peculio
adventicio ordinario y los comprendidos bajo los números 3º, 4º y
5º el peculio adventicio extraordinario. (*)
Los padres son los administradores legales de los bienes de los
hijos que están bajo su potestad, tengan o no el usufructo de los mismos.
Podrán acordar que la referida administración sea ejercida por uno solo
de ellos, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.
Los convenios que se celebren al efecto, sus modificaciones o su
rescisión, se inscribirán en la respectiva sección del Registro
correspondiente, sin cuyo requisito no surtirán efecto alguno contra
terceros.
En caso de desacuerdo entre los padres, cualquiera de ellos podrá
ocurrir ante el Juez competente, observándose el trámite del proceso
extraordinario y la resolución que recaiga se comunicará al Registro
respectivo dentro del quinto día de quedar ejecutoriada a los fines
previstos en el inciso anterior.
El hijo tendrá la administración del peculio profesional o
industrial, para cuyos efectos se le considera como emancipado o
habilitado de edad. (Artículo 249 del Código del Niño).
Tampoco tienen los padres la administración de los bienes donados o
dejados por testamento a los hijos bajo condición de que aquéllos no los
administren. (*)
La condición de que no administre alguno de los padres impuesta por
el donante o testador, no se entiende que le priva del usufructo ni la
que le priva del usufructo se entiende que le quita la administración, a
menos que se exprese lo uno y lo otro por el donante o testador. (*)
Los padres tienen, relativamente a los bienes del hijo, en que la
Ley les concede el usufructo, las obligaciones de todo usufructuario,
excepto la de afianzar.
Respecto de aquellos bienes en que no se les concede el usufructo y
sí, la administración, son responsables para con el hijo de la propiedad
y los frutos. (*)
En los noventa días subsiguientes al fallecimiento del padre o de
la madre, el sobreviviente debe hacer inventario judicial de los bienes
del matrimonio y determinarse en él los bienes que correspondan a los
hijos, so pena de no tener el usufructo de los bienes de los hijos
menores. (*)
Prohíbese a los padres:
1º.- Enajenar los bienes raíces de los hijos o las rentas
constituidas sobre la deuda nacional, si no es por causas de necesidad o
utilidad evidente de dichos hijos y previa autorización del Juez, con
audiencia del Ministerio Público.
2º.- Constituir, sin igual autorización, derechos reales sobre los
bienes de los hijos o transferir derechos reales que pertenecen a los
hijos sobre los bienes de otros.
3º.- Comprar por sí mismos ni por interpuesta persona, bienes de
cualquier clase de sus hijos, aunque sea en remate público.
4º.- Constituirse cesionarios de créditos, derechos o acciones contra
los hijos, a no ser que las cesiones resulten de una subrogación legal.
5º.- Hacer remisión voluntaria de los derechos de los hijos.
6º.- Hacer transacciones privadas con sus hijos, sobre la herencia
del cónyuge premuerto o sobre herencia en que sean con ellos coherederos
o legatarios.
7º.- Obligar a sus hijos como fiadores de ellos o de terceros.
Los actos de los padres contra las prohibiciones de este artículo,
son nulos. (*)
No valdrán tampoco las enajenaciones que los padres hicieren, sin
previa autorización judicial, de los ganados de cualquier clase que
forman los establecimientos rurales, salvas las ventas que pueden hacer
los usufructuarios que tienen el usufructo de rebaños.
272-1
Para contratar sociedad comercial o adquirir participaciones, cuotas
sociales o acciones en sociedades comerciales por sus hijos o si éstos las
recibieren por herencia, legado o donación o para celebrar o participar
con ellos en esta clase de sociedades, los padres estarán a lo establecido
en la ley comercial. (*)
El Juez, a instancia de los parientes o del Ministerio Público
podrá quitar a uno o ambos padres la administración de los bienes de los
hijos, probándose que es ruinosa al haber de éstos.
En el caso de que le fuere quitada a ambos padres, el Juez encargará
la administración a un curador especial (artículo 458) y éste
entregará a los padres el sobrante de rentas de aquellos bienes en que la
ley les da el usufructo, deducidos los gastos de administración. (*)
Si alguno falleciere, dejando encinta a su mujer, conservará ésta
la administración de los bienes como si ya hubiera nacido la criatura;
y aunque no nazca viable o resulte que la mujer no ha estado embarazada, no será obligada a restituir a los que fueren herederos (artículo 223) lo que hubiere consumido por razón de alimentos o en gastos del parto. (*)
Reconocidos legalmente los hijos naturales, se verifica a su
respecto la patria potestad en los términos expresados en el anterior
capítulo, con las excepciones de los artículos siguientes.
La tenencia de los hijos naturales reconocidos por el padre y la
madre se regirá por lo dispuesto en el artículo 177. (*)
La ley no concede a los padres naturales el usufructo de los bienes
de sus hijos.
No hacen más que administrarlos, con la obligación de rendir
cuentas. (*)
La persona casada que antes de su matrimonio o durante éste, ha
reconocido un hijo natural habido de otro que su cónyuge, no puede
traerlo a su casa, sin el consentimiento de su consorte. (*)
La acción de reclamar alimentos es recíproca entre padres e hijos
naturales y tendrá lugar siempre que unos u otros se hallaren en
circunstancias de no poder proveer a sus necesidades.
En defecto o imposibilidad de los padres, se extiende la obligación
de alimentos en favor del menor o incapaz, a sus ascendientes. (*)
La patria potestad se acaba:
1º.- Por la muerte de los padres o de los hijos.
2º.- Por la mayor edad de los hijos, sin perjuicio de lo dispuesto en
el Título Del Matrimonio.
Se fija la mayor edad en los dieciocho años cumplidos.
3º.- Por el matrimonio legítimo de los hijos.
Los menores que contrajeran matrimonio con anterioridad a los
dieciocho años (inciso primero del artículo 91 requerirán
autorización judicial para realizar los actos a que refieren los
artículos 309 y 310 hasta que hayan cumplido dicha edad. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 16.719 de 11/10/1995 artículo 1.
Ver en esta norma, artículos:91, 309, 310, 328, 1280 y 1939.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 280.
La emancipación debe hacerse por escritura pública en que los
padres o el que ejerce la patria potestad en su caso, declaren emancipar
al hijo y éste consienta en ello.
No valdrá la emancipación si no es autorizada por el Juez competente,
con audiencia del Ministerio Público.
La emancipación, válidamente hecha, es irrevocable. (*)
Por el matrimonio adquieren los hijos el usufructo de todos sus
bienes.
En el caso de emancipación, pueden los padres emancipantes reservarse
la mitad del usufructo, hasta la mayor edad de los hijos. (*)
El matrimonio y la emancipación producen el efecto de poder ejercer
los hijos menores todos los actos de la vida civil, excepto aquellos que
por este Código se prohiben a los menores habilitados de edad.
Por lo que hace al emancipado, está además sujeto a las restricciones
expresadas en el Título Del matrimonio. (*)
Los padres perderán, de pleno derecho y sin que sea necesario
declaración expresa al respecto, la patria potestad sobre sus hijos en
los casos siguientes:
1º.- Si fueren condenados por el delito previsto por el artículo 274
inciso 3º del Código Penal contra la persona de cualquiera de sus
descendientes.
2º.- Si fueren condenados a pena de penitenciaría como autores o
cómplices de un delito contra la persona de uno o varios de sus hijos.
3º.- Si fueren condenados dos veces con pena de prisión, como autores
o cómplices de un delito contra la persona de uno o varios de sus hijos.
4°.- Si fuesen condenados por femicidio, consumado o en grado de
tentativa, respecto a la madre de sus hijos. (*)
El Actuario del Juez que hubiere conocido en primera instancia,
comunicará de oficio y dentro del término de cinco días al Instituto
Nacional del Menor y al Ministerio Público las sentencias ejecutoriadas a
que se refiere este artículo, bajo pena de multa de hasta 25 unidades
reajustables.
La pérdida de la patria potestad comprende la de todos los derechos a
ella inherentes, pero no la de las obligaciones establecidas en los
artículos 118 y 279 de este Código.
Tampoco afecta a las relaciones jurídicas emanadas del derecho
sucesorio. (*)
(*)Notas:
Numeral 4º) agregado/s por: Ley Nº 19.580 de 22/12/2017 artículo 73.
Ver en esta norma, artículos:118, 279, 285, 287, 288, 328, 352, 362, 901,
1280 y 1939.
Los padres podrán perder la patria potestad a instancia de parte,
previa sentencia del Juez competente, en los casos siguientes:
1º.- Si fueren condenados a penitenciaría como autores o cómplices de
un delito común.
2º.- Si por dos veces fueren condenados por sustitución, ocultación, atribución de falsa filiación o paternidad, exposición o abandono de niños; o en el caso de mendicidad establecido por el artículo 348-1 inciso 1º, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior.
3º.- Si fueren condenados por cualquiera de los delitos del artículo
274 del Código Penal, con excepción del caso previsto en el numeral 1º
del artículo 284.
4º.- Si fueren condenados por dos veces a pena de prisión como
autores o cómplices de delitos a que hubieren concurrido con sus hijos.
5º.- Los que fuera de los casos expresados en este artículo y el
anterior, excitaren o favorecieren en cualquier forma la corrupción de
menores.
6º.- Si por sus costumbres depravadas o escandalosas, ebriedad
habitual, malos tratamientos o abandono de sus deberes, pudieren
comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de sus hijos, aun
cuando esos hechos no cayeren bajo la ley penal.
7º.- Si se comprobare en forma irrefragable que durante un año han
hecho abandono culpable de los deberes inherentes a su condición de
tales, no prestando a sus hijos los cuidados y atenciones que les deben.
El Ministerio Público y el Juez competente apreciarán la prueba,
atendida la situación de los padres y muy especialmente las conveniencias
del menor.
Sólo por causas excepcionales acreditadas debidamente, el Juez podrá
conceder a los padres la readquisición de los derechos de que hubieran
sido privados por la causal expresada en el presente numeral séptimo.
8º.- Cuando hicieren abandono de sus hijos y a juicio del Instituto
Nacional del Menor sea posible la inmediata entrega en tenencia con fines
de posterior legitimación adoptiva o adopción.
Para que se configure el abandono será necesario comprobar que los
padres rehúsan el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria
potestad en términos tales, que hagan presumir fundadamente el abandono
definitivo.
9º.- Cuando no se conociere quienes son los padres y éstos no
comparecieren a hacerse cargo de sus deberes en el término de quince
días, luego que hubieren expuesto al niño, abandonándolo en lugar público
o privado.
Es aplicable a los casos de este artículo lo dispuesto en cuanto a
los derechos y obligaciones de los padres y demás, en la última parte del
artículo 284. (*)
Cuando la conducta de los padres con sus hijos no bastase, según el
criterio de los Jueces, para declarar la pérdida de la patria potestad,
podrán limitar ésta hasta donde lo exija el interés bien entendido de los
hijos. (*)
Son nulos con respecto al menor o menores los actos y contratos de
los padres que hubieren perdido la patria potestad, posteriores a las
sentencias a que se refieren los artículos precedentes. Los anteriores
podrán ser anulados a petición de parte, pero la incapacidad de los
padres no podrá retrotraerse a una fecha anterior a la inscripción de la
demanda en el Registro respectivo. Son igualmente nulos los actos
posteriores a la inscripción de la interdicción provisoria que se
decretare, la que, así como su levantamiento, deberán inscribirse.
Deberán inscribirse también, en la forma y plazos establecidos por
las leyes que lo rigen, sin lo cual no causarán efectos contra terceros y
el Juez así lo dispondrá de oficio, todas las sentencias ejecutoriadas en
los casos de los artículos anteriores, que traigan como consecuencia la
incapacidad legal de los padres para administrar los bienes de sus hijos,
así como los de la limitación o suspensión de la patria potestad y los de
rehabilitación en la capacidad.
El Juez o Actuario que no cumpliere con el requisito de ordenar o
enviar las respectivas comunicaciones al Registro, será responsable de
los daños y perjuicios a que hubiere lugar a favor del menor o
menores. (*)
Es Juez competente para conocer en los juicios sobre pérdida,
limitación o suspensión de la patria potestad, en los casos previstos en
los artículos 284-1, 285, 286 y 295, el del domicilio del demandado
y cuando el de éste no fuere conocido, el de la residencia del menor.
Redacción actual adecuada al texto del artículo 143 del Código del
Niño. (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986. La referencia se entiende realizada a la Ley Nº 9.342 de fecha 6 de
abril de 1934.
Ver en esta norma, artículos:284, 285, 286, 295, 328, 901, 1280 y 1939.
Sólo podrán deducir la acción para provocar la pérdida, limitación
o suspensión de la patria potestad el padre, la madre, los ascendientes,
los colaterales dentro del cuarto grado y el Ministerio Público.
Sin embargo podrán deducirla los tenedores del niño, siempre que
promuevan el juicio con fin de legitimarlo adoptivamente, invocando la
causal prevista en el numeral 7º del artículo 285 y el Instituto Nacional del Menor en los casos previstos por la ley.
Los padres deberán ser oídos en todos los casos. (*)
El Ministerio Público siempre que tenga conocimiento de alguno de
los hechos que puedan dar lugar a la pérdida, limitación o suspensión de
la patria potestad, podrá hacer levantar una información sumaria ante el
Juez Letrado competente o ante el Juez de Paz del domicilio o residencia
del menor. El Juez competente podrá de oficio o a instancia del
Ministerio Público, antes o después de recibida la información aludida,
tomar las medidas que crea convenientes en defensa de la persona y bienes
del menor. (*)
La demanda formulada con arreglo a la ley procesal, se sustanciará
por el procedimiento extraordinario.
La intervención del Ministerio Público será preceptiva y con las
mismas facultades de las partes.
Cuando la acción no hubiere sido deducida por el Ministerio Público,
no podrá desistirse de ella sin audiencia del mismo, el cual podrá
continuarla cuando lo crea procedente. (*)
La acción de rehabilitación a que se refiere el artículo 296 de
este Código, deberá iniciarse ante el Juez competente y se discutirá
conforme a lo establecido en el artículo anterior.
La demanda se seguirá con la persona que ejerza la patria potestad
o la tutela del menor. (*)
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986. La referencia se entiende realizada a la Ley Nº 15.982 de fecha 18
de octubre de 1988.
Suspéndese la patria potestad:
1º.- Por la prolongada demencia de los padres.
2º.- Por su larga ausencia, con grave perjuicio de los intereses de
sus hijos, a que los padres ausentes no proveen.
La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el Juez,
con conocimiento de causa, a solicitud de cualquier pariente del hijo o
del Ministerio Público. (*)
Los padres que hubiesen perdido la patria potestad o a los cuales
se les hubiese limitado o suspendido su ejercicio, podrán pedir al Juez
su restitución. (*)
DEROGADO por el artículo 142 del Código del Niño (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986. La referencia se entiende realizada a la Ley Nº 9.342 de fecha 6 de
abril de 1934.
Desechada la demanda no podrá el accionante volver a intentarla.
Pero el otro padre que se encontrare en la situación prevista en el
artículo 255, podrá pedir su restitución una vez disuelto el
matrimonio y en el caso de separación judicialmente decretada. (*)
Los Jueces podrán restituir la patria potestad con todos sus
atributos o con las limitaciones que consideren convenientes a los
intereses del menor. (*)
El menor, huérfano de padre y madre, cumplidos que sean los
dieciocho años, podrá obtener habilitación de edad, pidiéndola al Juzgado
Letrado competente de su domicilio y acreditando por sumaria información
que se halla en aptitud de dirigir sus negocios.
También es irrevocable la habilitación que, sin distinción de sexo
y por solo el ministerio de la ley, produce el matrimonio válido de los
menores.
Subsistirá, aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad por la
muerte de uno de ellos, tengan o no hijos.
Lo cual se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección II,
Capítulo IV, Título V, Del Matrimonio.
El menor habilitado puede ejecutar todos los actos y contraer todas
las obligaciones de que son capaces los mayores de edad, excepto aquellos
actos u obligaciones de que una ley expresa lo declare incapaz. (*)
Tampoco podrá, sin autorización del Juez y bajo pena de nulidad,
vender o hipotecar sus bienes raíces;
Ni hacer donación por acto entre vivos;
Ni aprobar las cuentas de su tutor;
Ni contraer deudas que pasen del valor de 500 unidades reajustables;
Ni vender los fondos o rentas públicas que tuviese ni las acciones de
compañías de comercio o de industria;
Ni hacer transacciones ni sujetar sus negocios a juicio arbitral.
(Artículo 967). (*)
Si alguna cosa fuese debida al menor, con cláusula de sólo poder
haberla cuando tenga la edad completa, la habilitación no alterará la
obligación ni el tiempo de su exigibilidad.
TITULO X - DE LA TUTELA CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES
La tutela es un cargo deferido por la ley o en virtud de
autorización de la ley, que tiene por objeto la guarda de la persona y
bienes del menor que no está bajo patria potestad ni se halla habilitado
por alguno de los medios legales para administrar sus negocios. (*)
Cualquiera puede denunciar al Juez el hecho que da lugar al
nombramiento de un tutor o bien excitar el celo del Ministerio Público,
para que pida ese nombramiento. (*)
Mientras no se discierne la tutela, deberá pedir el Ministerio
Público o dictar el Juez de oficio todas las providencias que fuesen
necesarias para el cuidado de la persona y seguridad de los bienes del
menor. (*)
El padre o la madre, mayor o menor de edad, el que últimamente
muera de ambos, puede nombrar tutor en testamento a sus hijos que estén
bajo de la patria potestad. (*)
El nombramiento de tutor puede ser hecho por los padres bajo
condición o hasta cierto tiempo, de manera que expire la tutela por la
conclusión del tiempo fijado o por el cumplimiento de la condición. (*)
Prohíbense y se tendrán como no escritas, las cláusulas siguientes:
1º.- La que eximiere al tutor de hacer inventario judicial de los
bienes del menor.
2º.- La que lo autorizare para entrar en posesión de los bienes del
menor, antes de hacerse dicho inventario.
3º.- La que lo eximiere de dar cuentas de su administración, con
arreglo a lo prescrito por este Código. (Artículos 373, 374, 415 y 418). (*)
Prohíbese a los padres nombrar dos o más tutores que funcionen a un
mismo tiempo como conjuntos; y, si lo hicieren, el nombramiento
subsistirá solamente a efectos de que los nombrados sirvan la tutela por
el orden de su designación en el caso de muerte, incapacidad, excusa o
remoción de alguno de ellos. (*)
El nombramiento de tutor por los padres es revocable como toda
disposición testamentaria. (Artículos 779 y 998).
Será de ningún efecto el nombramiento de tutor, si fuese nulo o fuese
revocado el testamento en que se hizo. (*)
La tutela testamentaria debe ser confirmada por el Juez, si hubiere
sido legalmente dada y entonces se discernirá el cargo al tutor nombrado.
(Artículo 366). (*)
Tiene lugar la tutela legítima:
1º.- Cuando no ha sido nombrado tutor testamentario o cuando por
cualquiera causa legal, el nombrado no entrare a ejercer la tutela o
viniere a cesar en el cargo.
2º.- En los casos de pérdida o suspensión de la patria potestad, con
arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III, Título VIII de este Libro. (*)
Los llamados a la tutela legítima del menor son:
1º.- Los abuelos y las abuelas.
2º.- Los hermanos y las hermanas.
Los parentescos designados en este artículo se entienden legítimos. (*)
Para confirmar o dar la tutela, el Juez, oyendo previamente al
Ministerio Público, elegirá entre los ascendientes designados en el
número 1º del artículo anterior y a falta de éstos por cualquiera causa
legal, entre los hermanos, la persona que le pareciere más apta y que
mejores seguridades presentare. (*)
Cuando un menor no tenga tutor testamentario ni pariente alguno de
los llamados a la tutela legítima o cuando el que exista de esta clase,
no sea capaz o se haya excusado válidamente o haya sido removido de la
tutela, procederá el Juez a nombrar un tutor dativo, oyendo previamente
al Ministerio Público, quien podrá proponer dos o más sujetos idóneos,
para que entre ellos elija el Juzgado, si lo tuviera a bien. (*)
Declarada la pérdida de la patria potestad de ambos padres o de uno
de ellos, si el otro no existiere, la tutela podrá ser organizada en los
términos establecidos en las Secciones II y III, pero la persona nombrada
para ejercerla no estará obligada a aceptarla.
En caso de aceptación quedará exceptuado el tutor de la obligación
impuesta por el artículo 368, salvo que el Juez, en vista de los bienes
del menor, creyera conveniente hacerla efectiva.
El Ministerio Público podrá apelar de la resolución del Juez que
establece la tutela en esa forma, debiendo estarse a lo que decida el
Superior. (*)
Si la tutela no se organizare conforme a lo establecido en el
artículo anterior, será ejercida en Montevideo, por el Presidente del
Instituto Nacional del Menor y en el interior, por el Jefe Departamental
respectivo.
El Instituto Nacional del Menor podrá colocar a sus pupilos en
establecimientos o casas particulares, sin perjuicio de retener la
tutela. (*)
Los Jueces, al discernir la tutela, fijarán el monto de la pensión
que, en concepto de alimentos, deberán abonar los padres y demás personas
obligadas con arreglo a la ley. (*)
Cuando el Instituto Nacional del Menor hubiere colocado al menor en
casa de un particular, éste podrá, pasados tres años, pedir al Juez que
se le discierna la tutela previos los trámites establecidos en el
artículo anterior. (*)
El Instituto Nacional del Menor dará prioridad absoluta al régimen
de integración del menor a un medio familiar adecuado. En primer término
procurará el reintegro del menor a su familia; si ello no fuera posible,
buscará su integración a una familia sustitutiva.
Sólo se dispondrá y mantendrá la internación cuando por
circunstancias particulares no pueda acudirse al régimen de integración
familiar. (*)
Siempre que el Ministerio Público tenga conocimiento de la
existencia de menores abandonados o desamparados, deberá pedir al Juez el
depósito de éstos, sin perjuicio de que pueda por sí tomar esta medida.
Depositado el menor, si la residencia de los padres fuere conocida,
el Juez los citará para que comparezcan dentro de los términos
establecidos por la ley procesal. (*)
Si la parte citada comparece, el Juez, oídas las explicaciones del
caso y las observaciones del Instituto Nacional del Menor y si el
Ministerio Público no se opusiere, mandará que el menor sea entregado a
sus padres.
El Ministerio Público, siempre que se oponga a la entrega del menor o
que la parte citada personalmente o a domicilio no comparezca, deberá
deducir la acción de que trata el artículo 289.
El Juez, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar en tales
casos que el menor continúe en la misma situación hasta que se decida por
sentencia la acción respectiva. (*)
A los padres que residan en el extranjero o que no tengan
residencia conocida, se les citará por edictos.
Si se presentaren dentro del término del llamamiento, se seguirá el
procedimiento que para los que hubieren comparecido establece el artículo
anterior. (*)
Si vencido el término del llamamiento, hecho por edictos, no se
presentasen los citados, el Juez discernirá la tutela de acuerdo con lo
dispuesto en la Sección IV. (*)
Discernida la tutela, si los padres se presentaren pidiendo la
patria potestad, deberán deducir la acción de que tratan los artículos
296 y siguientes, la que será admitida en cualquier tiempo.(*)
Los menores de 18 años de edad que cometan delitos o faltas y los
menores de 21 años de edad que se encuentren en estado de abandono moral
o material, serán puestos a disposición del Juez Letrado de Menores,
quien previa la investigación sumaria del caso, dictará sentencia
sometiéndolos al régimen de vigilancia y protección de acuerdo con las
disposiciones siguientes.
Tratándose de menores sometidos a la jurisdicción del Juez bajo la
imputación de haber cometido un delito, será provisto de defensor y el
régimen podrá prolongarse hasta los 23 años. En los demás casos no podrá
exceder de los 21 años y las diligencias se practicarán sin intervención
de defensor, sin perjuicio de la asistencia de los representantes legales
de los menores.
No es necesario para la adopción de las medidas previstas en los
incisos anteriores que los menores hayan obrado con discernimiento o que
tengan la capacidad exigida por la ley penal para delinquir.
El menor en todos los casos será sometido al examen del médico
psiquiatra o si no fuere posible, de un médico calificado quien informará
al Juez dentro de las 48 horas sobre el estado físico y psíquico del
menor.
El médico en caso de duda podrá pedir que el menor se interne en el
radio urbano durante 15 días para ser observado convenientemente. (*)
Para el esclarecimiento de los hechos y los antecedentes personales
o de familia del menor, el Juez oirá siempre a éste y a sus padres o
tenedores, se trasladará a los lugares que juzgue necesarios y decretará
todas las diligencias, informes y exámenes que juzgue oportunos, de los
que hará mención en la sentencia respectiva, la que será ampliamente
fundada.
A las diligencias sólo podrán asistir además del Fiscal de lo Civil y
el defensor, el representante legal del menor, con sus abogados y
asistente social, si lo hubiere y las personas debidamente autorizadas
por el Juez si lo desean y podrán hacer verbalmente o por escrito las
indicaciones que juzguen pertinentes, estando a lo que el Juez resuelva.
Contra las resoluciones interlocutorias del Juez sólo cabrán los
recursos de reposición y apelación, con carácter devolutivo, que podrán
deducir únicamente el Fiscal o el defensor del menor.
Cuando el Juez lo considere conveniente dispondrá que se eleven los
testimonios pertinentes en lugar del expediente, el cual seguirá su curso
a pesar de la apelación. (*)
A los efectos del artículo 345 se entenderá por abandono moral la
incitación por los padres, tutores o tenedores a la ejecución por parte del menor, de actos perjudiciales a su salud física o moral; la mendicidad o la vagancia por parte del menor; su frecuentación a sitios inmorales o de juego o con gente viciosa o de mal vivir.
Estarán comprendidos en el mismo caso las mujeres menores de 18 años
de edad y los hombres menores de 16 que vendan periódicos, revistas u
objetos de cualquier clase en calles o en lugares públicos o ejerzan en
esos sitios cualquier oficio y los que sean ocupados en oficios
perjudiciales a la salud o a la moral. (*)
El Juez Letrado de Menores, siempre que tenga conocimiento de la
comisión de delitos de que haya sido víctima algún menor deberá colaborar
con la justicia criminal practicando las diligencias que considere
convenientes y remitirlas al Juez respectivo.
348-1
Los que teniendo menores bajo su potestad o tenencia les ordenen,
estimulen o permitan que imploren la caridad pública o toleren que otros
se valgan de ellos con ese fin, serán castigados con la multa prevista en
el artículo 361 del Código Penal, aumentando el máximo en dos tercios.
Los menores quedarán bajo la tenencia del Instituto Nacional del Menor
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 285 y 360 de este Código.
El juicio se seguirá ante el tribunal competente, de acuerdo al
procedimiento establecido para las faltas.
348-2
El Juez puede colocar al menor en el propio hogar de sus padres o
tenedores, determinando en cada caso si aquél quedará bajo la vigilancia
del inspector oficial o de algún particular; si estableciera la vigilancia
deberá señalar la forma y condiciones de la misma; puede confiar la
tenencia del menor a otros parientes o extraños, con o sin vigilancia
especial, imponer arrestos escolares, disponer la internación en
establecimientos del Instituto Nacional del Menor o en otros públicos o
particulares, destinar menores al servicio de las Fuerzas Armadas, cuando
aquéllos tengan condiciones y vocación para la carrera militar y en casos
especiales, tratándose de menores de más de 18 años de edad, destinarlos
al servicio militar, como medida disciplinaria sin fijación de término y
bajo la vigilancia del Instituto.
Las autoridades militares o escolares a quienes se solicite su
concurso para el cumplimiento de las resoluciones a que se refiere el
inciso anterior, están obligadas a prestarlo, así como facilitar al Juez y
al Instituto Nacional del Menor todos los informes que se les pidan con
respecto al comportamiento de los menores que se les confíen.
348-3
Cuando el Juez considere que los padres no son aptos para ejercer la
tenencia de los hijos menores y resuelva confiarla a otras personas o
establecimientos públicos o privados en cualesquiera de los casos
previstos en este Código, determinará en la sentencia la cuota mensual con
que deberán contribuir aquéllos, la que deberá fijarse teniendo en cuenta
la culpabilidad de los padres y principalmente la capacidad económica de
los mismos.
Las sumas con que contribuyan los padres ingresarán al tesoro del
Instituto Nacional del Menor, pudiendo ser destinadas en su totalidad o en
parte a abonar las pensiones de los hijos.
Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez bastará la
orden librada por oficio al habilitado de la oficina en que presten
servicios los padres o al patrón, quienes responderán personalmente si no
cumplieran la orden respectiva.
Cuando fuere necesario ejecutar bienes de los padres, el juicio se
seguirá ante el Juez competente de su domicilio, por el Instituto Nacional
del Menor y constituirá título ejecutivo el testimonio de la sentencia
respectiva.
348-4
Cuando el Juez haya recibido la denuncia de abandono resolverá sin más
trámite lo que resulte más conveniente a los intereses del menor.
Para el caso de decidir la integración familiar, ésta se realizará a
través de las dependencias del Instituto Nacional del Menor o directamente
por el magistrado, quien podrá requerir el asesoramiento de los cuerpos
técnicos de dicha Institución. (*)
Los expósitos recogidos y educados en los establecimientos
dedicados a este objeto, cualquiera que sea su denominación, estarán bajo
la tutela de sus superiores, conforme a los respectivos reglamentos, con
excepción de lo dispuesto en el artículo 336. (*)
CAPITULO III - DE LAS INCAPACIDADES PARA LA TUTELA Y DE LAS CAUSAS DE
EXCUSA Y REMOCION DE LOS TUTORES SECCION I - DE LAS CAUSAS DE INCAPACIDAD Y DE EXCUSA
Son incapaces de toda tutela:
1º.- Los menores de edad.
2º.- DEROGADO por art. 147 del Código del Niño (*)
3º.- Los ciegos.
4º.- Los mudos.
5º.- Los dementes.
6º.- Los que carecen de domicilio en la República.
7º.- Los fallidos o concursados, mientras no hayan satisfecho a sus
acreedores.
8º.- El que ha perdido la patria potestad o incurrido en cualquiera
de los casos por los cuales puede perderse, según los artículos 284, 284-1 y 285.
9º.- El que no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido o sea
notoriamente de costumbres inmorales.
10º.- Los acreedores o deudores del menor, por cantidades que fuesen
de consideración, en el concepto del Juez.
11º.- Los que litigan o aquéllos cuyos padres litigan con el menor,
por intereses o derechos propios.
12º.- Los que hayan sido removidos de otra tutela anterior.
13º.- Los que no saben leer ni escribir.
14º.- Los que tienen que ejercer por largo tiempo o por tiempo
indefinido un cargo o comisión fuera de la República.
15º.- DEROGADO por art. 3o. del Decreto-Ley No. 14.350 de 29.3.75 (*)
16º.- DEROGADO por art. 5o. Constitución de la República. (*)
17º.- El padrastro o la madrastra no pueden ser tutores de sus
entenados. (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986. La referencia del numeral 2º se entiende realizada a la Ley Nº
9.342 de fecha 6 de abril de 1934.
Ver en esta norma, artículos:284, 285, 378 y 431.
Pueden excusarse de la tutela (artículo 335, inciso 1º):
1º.- El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales de
Apelaciones, los Fiscales y demás personas que ejerzan el Ministerio
Público, los Jueces Letrados y los Defensores de Oficio.
2º.- Los Intendentes Municipales y los Jefes de Policía.
3º.- Los administradores o recaudadores de rentas fiscales.
4º.- Los que desempeñan algún empleo público, fuera del Departamento
en que se ha de ejercer la tutela o que, en razón de sus empleos, están
obligados a alejarse en ciertas épocas.
5º.- Los que tienen su domicilio fuera de dicho Departamento.
6º.- Los pobres que viven de su trabajo diario.
7º.- Los que adolecen de alguna grave enfermedad habitual.
8º.- Los que han cumplido sesenta años.
9º.- El que ya es tutor o curador general de otra persona.
10º.- Los que tengan bajo su patria potestad cinco hijos legítimos.
11º.- Los integrantes en actividad de las Fuerzas Armadas y
Policiales. (*)
Los tutores que no hicieren saber al Juez las causas de incapacidad
que tuvieren al tiempo de deferírseles el cargo o que después les
sobrevinieren, además de quedar responsables por todos los perjuicios que
resultaren de su omisión, perderán el derecho a los emolumentos
correspondientes al tiempo en que, conociendo la incapacidad, ejercieron
el cargo y restituirán lo que a este título hubieren recibido. (*)
Los que para no aceptar la tutela, quieran aprovecharse de las
excusas consignadas en el artículo 353, deberán proponerlas al Juez, dentro de los treinta días subsiguientes a la notificación del auto de su confirmación o nombramiento. (*)
Si el Juez no reconociere las causas de incapacidad alegadas por el
tutor o no aceptare sus excusas y si el tutor no apelare o se confirmare
por el Superior el fallo del Juez a quo, será el tutor responsable
de cualesquiera perjuicios que de su retardo en encargarse de la tutela,
hayan resultado al menor.
No tendrá lugar esta responsabilidad, si el tutor, para exonerarse de
ella, ofreciere encargarse interinamente de la guarda. (*)
El tutor testamentario que se excusare de la tutela aun con causa
legítima o que fuese removido por su mala administración, quedará sujeto
a lo que para tales casos se dispone en el Título De la sucesión
testamentaria. (Artículo 843). (*)
Serán removidos de la tutela:
1º.- Los inhábiles para ejercer este cargo, desde que sobrevenga o se
averigüe la incapacidad.
2º.- Los que no formen inventario de los bienes del menor, en el
término y forma establecidos por la ley o que no lo hubiesen hecho con
fidelidad.
3º.- Los que se conduzcan mal en la tutela, respecto a la persona o
en la administración de los bienes del menor. (*)
Pueden y deben denunciar las causas de remoción los parientes del
menor y aun cualquiera persona del pueblo.
Puede hacerlo el mismo menor, si es adulto, recurriendo al Ministerio
Público.
El Juez podrá también promover de oficio la remoción del tutor.
Este será siempre oído y el juicio será seguido por el Ministerio
Público en la forma prescrita por el artículo 291. (*)
Denunciada la causa por la cual el tutor debe ser removido, y si
ésta fuese legal, debe el Juez nombrar inmediatamente un tutor interino,
por el tiempo que dure el juicio de remoción.
En los casos de delito previstos por los artículos 284 y 285,
corresponde la suspensión del tutor desde que se le inicia proceso y una
sola condena será causa de inhabilidad y de remoción. (*)
Declarada procedente la remoción, se dará nuevo tutor al menor, si
no fuese nombrado el mismo tutor interino. El nuevo tutor exigirá del ex
tutor la rendición de cuentas, con pago del alcance y la indemnización de
los perjuicios que hubiese causado. (Artículos 421 y 428). Podrá
también el ex tutor ser perseguido criminalmente por los delitos que haya
cometido en el ejercicio de su cargo y en todos los casos de remoción
perderá los derechos y emolumentos, anexos a la tutela. (Artículo 414). (*)
Si la decisión del juicio de remoción fuese favorable al tutor
propietario, será éste reintegrado en el ejercicio de sus funciones y
exigirá del tutor interino las cuentas de su administración. (*)
En el caso del artículo precedente, a más del derecho que compete
al tutor para que los denunciantes le reembolsen las costas y costos del
juicio de remoción, podrá también, según las circunstancias, acusarlos
por el delito de injuria, a menos que el juicio haya sido promovido de
oficio o por el Ministerio Público. (*)
Corresponde el discernimiento de la tutela al Juez del domicilio
del menor (artículos 34 y 36), el cual será también el competente
para dirigir todo lo relativo a la tutela, aunque los bienes estén fuera del lugar que abrace su jurisdicción, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley procesal. (*)
No se discernirá la tutela, sin que antes el tutor preste fianza y
juramento que aseguren el buen desempeño del cargo. (Artículo 335, inciso 2º).
En lugar de la fianza, podrá prestarse hipoteca especial, registrada
y sujeta a las disposiciones del Título De la hipoteca (Artículo
2111). (*)
Están exceptuados de prestar la caución de fianza o de hipoteca:
1º.- Los ascendientes del menor.
2º.- Los tutores interinos (Artículo 362 ).
Puede también ser relevado de la caución sobredicha, cuando el menor
tuviese pocos bienes, el tutor que fuere persona de reconocida probidad y
de bastantes facultades en concepto del Juez, para responder de ellos. (*)
La fianza y en su caso la hipoteca, será fijada por el Juez en un
valor determinado, el cual deberá siempre corresponder al valor conocido
o probable de los bienes del menor, con exclusión de los que fuesen
raíces. (Artículo 395). (*)
Si inventariados los bienes del menor, conforme a los artículos 376 y siguientes o hecha partición de la herencia, en que el menor fuese interesado, resultare que el valor fijado a la caución, según el artículo precedente, fue excesivo o insuficiente, podrá aquél reducirse a petición del tutor o aumentarse, si el Juzgado lo creyere conveniente. (*)
Los actos del tutor que no han sido autorizados por el decreto de
discernimiento son nulos; pero el decreto, una vez obtenido, validará los
actos anteriores de cuyo retardo hubiera podido resultar perjuicio al
menor. (*)
Discernida la tutela, el Juez señalará, según la naturaleza y
situación de los bienes del menor, el tiempo en que el tutor debe hacer
el inventario judicial y estimativo del valor de ellos.
Mientras el inventario no esté hecho, el tutor no podrá tomar parte
alguna en la administración, sino en cuanto fuese absolutamente
necesario. (*)
Cualesquiera que sean las disposiciones del testamento en que el
menor hubiese sido instituido heredero, el tutor no podrá ser dispensado
de hacer el inventario de que habla el artículo precedente. (Artículo 323).(*)
Si el Juez lo estimase conveniente, ordenará que asistan a la
facción de inventario uno o más parientes del menor u otras personas que
tuviesen conocimiento de los negocios o de los bienes de aquél a quien
suceda el menor. (*)
El inventario hará relación de los bienes muebles e inmuebles del
menor, particularizándolos, uno a uno o señalando colectivamente los que
consisten en número, peso o medida, con expresión de la cantidad y
calidad; sin perjuicio de hacer las explicaciones del caso, para poner a
cubierto la responsabilidad del tutor.
Deberá comprender también los títulos de propiedad, las escrituras
públicas y privadas, los gravámenes que afecten los inmuebles, todos los
créditos y deudas del menor de que hubiere comprobante o sólo noticia,
los libros de comercio o de cuentas y, en general, todo lo perteneciente
a la sucesión. (*)
Si después de hecho el inventario, se encontraren bienes de que al
hacerlo no se tuvo noticia o por cualquier título acrecieren nuevos
bienes al caudal inventariado, se practicará un inventario de ellos con
las mismas solemnidades y se agregará al anterior. (*)
Si el tutor es acreedor o deudor del menor, deberá declararlo en el
inventario, expresando cantidad para los efectos del número 10, artículo 352.
El Actuario estará obligado a requerirle para ello, haciéndolo anotar
en el inventario, so pena de incurrir en la multa de 50 unidades
reajustables.
El tutor perderá su crédito si requerido por el Actuario, no lo
declarare en el inventario. (*)
Si el tutor alegare que por error se han relacionado en el
inventario cosas que no existían o se ha exagerado el número, peso o
medida de las existentes o se les ha atribuído una materia o calidad de
que carecían, no le valdrá esta excepción; salvo que pruebe no haberse
podido evitar el error con el debido cuidado de su parte o sin
conocimientos especiales o experimentos científicos. (*)
El tutor que sucede a otro, recibirá los bienes por el inventario
anterior y anotará en él las diferencias. Esta operación se hará con las
mismas solemnidades que el anterior inventario, el cual pasará entonces a
ser el inventario del sucesor. (*)
La administración de la tutela discernida por los Jueces de la
República, será regida exclusivamente por las normas de este Código, si
en la República existiesen los bienes del menor y si éste tuviese en ella
su domicilio. (*)
DEROGADO por el art. 2398, que fue incorporado por la Ley 10.084 de
3.12.41. (*)
(*)Notas:
Texto incluido por la Comisión Nacional, creada para la elaboración
del Código Civil actualizado, por Ley Nº 15.821 de fecha 14 de agosto de
1986. La referencia se entiende realizada a la Ley Nº 10.084 de fecha 3
de
diciembre de 1941, artículo 1.
El tutor debe cuidar de la persona del menor y administrar sus
bienes, como un diligente padre de familia. (*)
(*)Notas:
Incisos 2º) y 3º) derogado/s por: Ley Nº 18.214 de 09/12/2007 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:261, 391 y 431.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 384.
El tutor debe procurar el establecimiento del menor, a la edad
correspondiente, destinándolo a la profesión de alguna ciencia, arte u
oficio.
El tutor es responsable de todo gasto inmoderado en la subsistencia y
educación del menor, aunque se saque de las rentas.
Para cubrir su responsabilidad, el tutor podrá pedir al Juez que,
atendiendo al patrimonio del menor, a su vocación y demás circunstancias
que puedan influir, determine la carrera u oficio a que debe aquél ser
dedicado, como también la suma anual que haya de invertirse en sus
alimentos y educación. (*)
Si las rentas del menor no alcanzasen para su educación y
alimentos, el Juez podrá autorizar al tutor para que emplee una parte del
principal, a fin de que el menor no quede sin la educación
correspondiente. (*)
Si el menor no tuviese suficientes medios para los gastos de su
educación y alimentos, el tutor pedirá autorización al Juez para exigir
de los parientes que a ello estén obligados, la prestación de alimentos.
(Artículos 117 y 120).
El pariente que diese alimentos al menor, podrá tenerlo en su casa y
encargarse de su educación, si el Juez lo permitiese. (*)
Si el menor indigente no tuviese parientes que estén obligados a
prestarle alimentos o éstos no se hallaren en circunstancias de dárselos,
el tutor, con autorización del Juez, puede ponerlo en otra casa o
contratar el aprendizaje de un oficio y los alimentos. (*)
El tutor no podrá ausentarse de la República por más de un año, sin
comunicar previamente su resolución al Juez de la tutela, a fin de que él
delibere sobre la continuación del cargo o nombramiento de otro tutor.
No podrá tampoco, sin autorización del Juez, mandar al menor ni
llevarlo consigo fuera de la República o a diferente Departamento, por
más tiempo del arriba expresado. (*)
El tutor es responsable de todo perjuicio causado al menor en la
administración de sus bienes, si hubiese culpa que se le pueda imputar.
(Artículos 384 y 1344). (*)
En los actos y contratos que ejecute o celebre el tutor en
representación del menor, deberá expresarse esta circunstancia en la
escritura del mismo acto o contrato; so pena de que, omitida esta
expresión se repute ejecutado el acto o celebrado el contrato en
representación del menor, si fuese útil a éste y no de otro modo. (*)
Cuando hubiere dinero sobrante del menor, después de cubiertas
todas las atenciones y cargas de la tutela, deberá el tutor, dentro de
treinta días, prestarlo sobre hipoteca, al interés corriente que se
obtenga con esta seguridad en la plaza; y en defecto de hipoteca, podrá
colocarlo en los bancos o en rentas públicas.
Podrá también, si lo estimase preferible, emplearlo en la adquisición
de bienes raíces con conocimiento y aprobación del Juez de la tutela.
Por la omisión en esta materia, el tutor será responsable de los
intereses legales del sobrante, toda vez que éste llegue a la suma de 250
unidades reajustables.
394-1
Es aplicable a los tutores lo previsto para los padres en el artículo
272, en lo pertinente. (*)
No podrá el tutor, sin previo decreto judicial, enajenar los bienes
raíces del menor, ni constituir sobre ellos ningún derecho real ni
enajenar o empeñar los bienes muebles preciosos o los que tengan un valor
de afección o cuyo valor exceda las 500 unidades reajustables ni podrá el
Juez autorizar esos actos, sino por causa de absoluta necesidad o
evidente utilidad y oyendo antes al Ministerio Público.
La autorización para enajenar o gravar los bienes, a que se refiere
este artículo, deberá recaer en cada caso, sobre fincas u objetos
especialmente designados. (*)
La venta de cualquier parte de los bienes enumerados en el artículo
anterior no podrá autorizarse sin que el precio que se fije sea superior
al que se establezca según el medio más adecuado que el Juez estime
conveniente al caso. (*)
Las disposiciones de los artículos 395 a 397 no se aplican al caso
de expropiación por utilidad pública.
Tampoco será necesaria la autorización de que habla el artículo 395
cuando la enajenación fuese motivada por ejecución de sentencia, en
virtud de derecho anterior de tercero. (*)
Sin previo decreto del Juez, no podrá el tutor proceder a la
partición de los bienes raíces o hereditarios que el menor posea con
otros pro indiviso.
Si el Juez, a petición de un comunero o coheredero, hubiese decretado
la partición, no será necesario nuevo decreto.
En uno y otro caso, la partición deberá hacerse en la forma prescrita
en el Título De las disposiciones comunes a las sucesiones. (*)
El tutor no podrá repudiar ninguna herencia deferida al menor, sin
decreto del Juez, con conocimiento de causa. (Artículo 1056).
Esta disposición se extiende a las donaciones o legados que se
hicieren al menor. (*)
También se necesita previo decreto, para proceder a transacciones o
compromisos sobre derechos del menor que se valúen en más de 500 unidades
reajustables y sobre sus bienes raíces; y en cada caso la transacción o el
fallo del compromisario, se someterá a la aprobación judicial, so pena de
nulidad. (Artículo 2148). (*)
Prohíbese al tutor contraer empréstito alguno a nombre del menor, sin
autorización del Juez, con conocimiento de causa.
Sin embargo, la falta de autorización no impedirá que el prestamista
pueda reclamar el pago, en cuanto el menor se hubiese hecho más rico.
(Artículo 1456). (*)
El tutor cuidará de hacer pagar lo que se deba al menor,
inmediatamente que sea exigible el pago y de perseguir a los deudores por
los medios legales. (*)
No podrá el tutor dar en arriendo los predios rústicos del menor por
más de cinco años ni los urbanos por más de tres ni por más tiempo que el
que falte al menor para llegar a la mayor edad.
Si lo hiciere, no será obligatorio el arrendamiento para el menor o
para el que le suceda en el dominio del predio, por el tiempo que
excediese de los límites aquí señalados.
Aun el arriendo hecho dentro de esos límites, lleva implícita la
condición de terminar si, antes del vencimiento del término fijado, el
menor contrajera matrimonio u obtuviere habilitación de edad. (*)
El tutor necesita la previa autorización del Juez para todo acto o
contrato en que directa o indirectamente tenga interés cualquiera de sus
parientes legítimos, hasta el cuarto grado o algún hijo natural suyo o
alguno de sus socios. (*)
Cuando el tutor hubiese hecho anticipaciones en beneficio del menor,
podrá reembolsarlas con el interés corriente, previa la autorización del
Juez.
De la misma autorización habrá menester para hacerse pago de su
crédito contra el menor. (*)
Si el menor hubiese heredado algún establecimiento de comercio o de
industria, el Juez de la tutela decidirá si ha de continuar o no, tomando
en consideración las circunstancias del caso y oyendo al tutor y al
Ministerio Público. (*)
Si el Juez resolviese que el establecimiento continúe, autorizará al
tutor para que por sí o por los agentes de que se sirva bajo su
responsabilidad, dirija las operaciones y trabajos, haga pagos y todos los
demás actos de un mandatario, con libre administración.
Pero si hubiese de cesar el establecimiento, el Juez autorizará al
tutor para enajenarlo en venta pública o privada, después de tasada o
regulada su importancia; y mientras no fuese posible venderlo, para
proceder como el tutor lo encontrase ser menos perjudicial al menor. (*)
Si el establecimiento heredado por el menor fuese social y no se
hubiese pactado que continúe la sociedad con los herederos del socio
fallecido, conforme a lo dispuesto en el Libro Cuarto de este Código
sobre el modo de acabarse la compañía, el Juez autorizará al tutor,
para que de acuerdo con los demás interesados, ajuste la venta o la cesión
de la cuota social del menor al socio o socios sobrevivientes o a un
tercero con asentimiento de éstos; y si no fuese posible la venta, para
inspeccionar o promover la liquidación final y percibir lo que
correspondiese al menor.
En el caso de continuar la sociedad, por haberse así pactado, el Juez
autorizará al tutor para hacer las veces del socio fallecido y cuyo
heredero es el menor.
411-1
Si la participación o cuota social recibida por el menor por herencia,
legado o donación fuere de una sociedad comercial se estará a lo
establecido en la ley mercantil. (*)
Son prohibidos absolutamente al tutor, aun cuando el Juez
indebidamente los autorice, los actos siguientes:
1º.- Comprar por sí o por interpuesta persona, bienes muebles o
inmuebles del menor o venderle o arrendarle los suyos, aunque sea en
subasta pública; y si lo hiciere, a más de la nulidad de la compra, el
acto será tenido como suficiente para la remoción de la tutela.
2º.- Constituirse cesionario de créditos, derechos o acciones contra
el menor, a no ser que las cesiones resulten de una subrogación legal.
3º.- Hacer con el menor contratos de cualquier especie.
4º.- Aceptar herencias deferidas al menor, sin beneficio de
inventario.
5º.- Disponer a título gratuito de los bienes del menor, a no ser por
vía de socorro en pequeñas cantidades a sus parientes necesitados o cortas
dádivas remuneratorias o presentes de uso.
6º.- Hacer remisión voluntaria de derechos del menor.
7º.- Hacer o consentir particiones en que los menores sean
interesados, omitiendo la aprobación judicial.
8º.- Obligar a los pupilos como fiadores de obligaciones suyas o de
otros. (*)
El tutor tendrá derecho a ser remunerado con el diez por ciento de los
frutos líquidos de los bienes del menor, cuando el padre o la madre no
hubiesen fijado otra mayor remuneración en el testamento. (*)
No tendrá derecho a remuneración alguna y deberá restituir lo que a
ese título haya recibido, el tutor que fuere removido de la tutela por
culpa grave. (Artículo 363). (*)
El tutor está obligado a llevar cuenta fiel, exacta y documentada
de todos sus actos administrativos, día por día, sin que pueda excusarse
de esta obligación ni aun el testamentario a quien el testador haya
exonerado de rendir cuentas.
Sin embargo, podrá excusarse de documentar las partidas de gastos
menudos en que un diligente padre de familia no acostumbra recoger
recibo. (*)
Durante su cargo, el tutor está obligado a presentar al Juez, dentro
de los treinta días últimos de cada trienio, un estado de la situación
en que se encuentra el patrimonio del menor. El Juez, de oficio
o a solicitud del Ministerio Público, podrá disponer que dicho estado sea
presentado en un período menor.
El Ministerio Público, a quien ese estado debe comunicarse, podrá
pedir, si lo creyese conveniente, que el tutor exhiba los libros de la
administración y hacer las observaciones que le sugiera su celo por los
intereses del menor; teniendo presente lo dispuesto en la Sección II,
Capítulo III de este Título.
La aprobación que el Juez diese al estado presentado por el tutor,
será en cuanto haya lugar y sin perjuicio de repararse cualquier agravio
del menor, al tiempo de la formal rendición de cuentas. (*)
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en cualquier
tiempo y por motivos que el Juez tuviere por suficientes, el Ministerio
Público podrá pedir al tutor la exhibición de los libros de su
administración, a los efectos del inciso segundo del sobredicho
artículo. (*)
Acabada la tutela, el tutor o sus herederos están obligados a rendir
cuentas justificadas de la administración al menor o a los que le
representen, en el término que el Juez lo ordene.
Esta obligación no puede ser dispensada ni aun por el menor mismo en
su testamento. (*)
Acábase la tutela:
1º.- Por la muerte del tutor, su remoción o excusa superviniente
admitida por el Juez.
2º.- Por la muerte, habilitación, mayoría de edad o matrimonio del
menor.
3º.- En el caso previsto por el artículo 322. (*)
Sucediendo la muerte del tutor, sus albaceas o sus herederos mayores
de edad deberán ponerlo dentro de treinta días en conocimiento del Juez
del lugar y proveer entretanto a lo que las circunstancias exijan respecto
de los bienes y persona del menor. (*)
Si el tutor entrase en lugar de un tutor anterior, deberá pedir dentro
de treinta días, a su predecesor o a sus herederos, la rendición judicial
de las cuentas de la tutela y que lo pongan en posesión de los bienes del
menor. (Artículo 363). (*)
Presentada la cuenta por el tutor, será discutida por la persona a
quien pase la administración de los bienes.
Si la administración se transfiere a otro tutor o al menor habilitado
de edad, no quedará cerrada la cuenta, sino con la aprobación judicial,
oído el Ministerio Público. (Artículo 310). (*)
Serán abonables al tutor todos los gastos hechos debidamente, aunque
de ellos no haya resultado utilidad al menor, si esto sucediese sin culpa
del tutor y aunque éste los haya anticipado de su propio dinero. (*)
Cualquier arreglo que pueda tener lugar entre el tutor y el menor
habilitado o llegado a la mayor edad, es nulo, si no ha sido precedido de
la rendición de cuentas, verificada treinta días antes del expresado
arreglo. (*)
Contra el tutor que no dé verdadera cuenta de su administración o que
fuere convencido de dolo o culpa grave, habrá por parte del menor o de
quien lo represente, el derecho de apreciar bajo de juramento el perjuicio
recibido y el tutor podrá ser condenado en la cuantía jurada; salvo que el
Juez tuviese a bien moderarla. (*)
Toda acción del menor contra el tutor, en razón de la tutela, se
prescribirá por cuatro años, contados desde el día en que el menor haya
llegado a la mayor edad.
Por el mismo período se prescribirán las acciones contrarias al tutor
contra el menor. (*)
Los que han estado bajo de tutela, acabada ésta, pueden pedir la
inmediata entrega de los bienes suyos que están en poder del tutor, sin
esperar a la rendición o aprobación de las cuentas. (*)
La curaduría o curatela no se diferencia de la tutela sino en ciertos
caracteres. Es un cargo impuesto a alguno, en favor del que no puede
dirigirse a sí mismo o administrar sus negocios.
Lo dispuesto en el Título De la tutela tendrá lugar en todos
los casos de curaduría, en cuanto no se oponga a lo determinado en el
presente Título.
Están sujetos a curaduría general los incapaces mayores de edad.
Hállanse en este caso los dementes, aunque tengan intervalos lúcidos
y las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito ni mediante lengua de señas según lo establecido en la Ley Nº 17.378, de 25 de julio de 2001. En este último caso, la intervención de intérprete de lengua de señas será preceptiva para decidir la curatela. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 17.535 de 21/08/2002 artículo 1.
Ver en esta norma, artículo:444.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 16.603 de 19/10/1994 artículo 432.
Podrán provocar la declaración de incapacidad y nombramiento de
curador al incapaz, cualquiera de sus parientes, el cónyuge o el
Ministerio Público.
El Ministerio Público será oído aun en los casos en que el juicio de
incapacidad no haya sido provocado por él.
En los juicios de incapacidad, entenderá el Juzgado Letrado competente
del domicilio del individuo de que se trate, sin perjuicio de lo dispuesto
por la ley procesal.
En cualquier estado de las diligencias, podrá el Juzgado, si lo
estimase conveniente, nombrar un curador interino a la persona y bienes
del demandado por incapaz.
El auto que nombre curador interino y todo aquel que suponga cualquier
forma de interdicción, a más de publicarse en los periódicos, debe
inscribirse en el Registro respectivo, en la forma, plazo y con los
efectos que la ley determina.
La misma publicidad deberá darse a la sentencia ejecutoria o que
concluya el juicio, ora declare incapaz al demandado, ora deseche la
demanda.
Son nulos de derecho los actos y contratos del demandado por incapaz,
posteriores a la inscripción de la interdicción respectiva, sea ésta
provisoria o definitiva.
Los anteriores podrán ser anulados, cuando la causa de la interdicción
existía públicamente en la época en que esos actos o contratos fueron
hechos.
Después que una persona ha fallecido, no pueden ser impugnados sus
actos entre vivos, por causa de demencia, a no ser que ésta resulte
de los mismos actos o que se hayan consumado después de intentada la
demanda de incapacidad. (Artículo 831). (*)
El marido es el curador legítimo de su mujer declarada incapaz y ésta
lo es de su marido.
El cónyuge curador tendrá la administración extraordinaria de la
sociedad conyugal. (Artículos 1979 y 1984). (*)
Los hijos mayores de edad, son curadores de su padre o madre viudos o
divorciados, declarados incapaces. Si hubiere dos o más hijos, el Juez
elegirá el que debe ejercer la curaduría.
Los padres son de derecho curadores de sus hijos legítimos o naturales
reconocidos, solteros, viudos o divorciados que no tengan hijos mayores de
edad, que puedan desempeñar la curaduría. El Juez determinará cuál de
ellos ejercerá el cargo.
442-1
El Tribunal por motivos fundados podrá apartarse del orden de la
curatela legítima, o aun prescindir de ella, así como regular los modos de
su ejercicio. (*)
Los Directores de los asilos de incapaces mayores de edad son
curadores legítimos de los asilados, mientras no tengan otro curador.
Cuando el Director tenga noticias de que el asilado tiene bienes de
alguna consideración o hijos menores bajo su potestad, debe comunicarlo al
Juzgado del último domicilio del asilado o al del lugar del asilo, para
que provea a la curatela del incapaz. (*)
En todos los casos en que el padre o madre pueden dar tutor a sus
hijos menores de edad, podrán también nombrar curador por testamento a los
mayores de edad, dementes o sordomudos (artículo 432); salvo las
excepciones de los cuatro artículos anteriores. (*)
El demente no será privado de la libertad personal, sino en los casos
en que sea de temer que usando de ella se dañe a sí mismo o cause peligro
o notable incomodidad a otros. No podrá tampoco ser trasladado a una casa
de dementes ni encerrado ni atado, sino momentáneamente, mientras a
solicitud del curador, se obtuviere autorización judicial para cualquiera
de estas medidas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 9.581 de 8 de
agosto de 1936.
Las rentas de los bienes del incapaz, se emplearán con preferencia en
aliviar su condición y en procurar su restablecimiento.
Al mismo objeto y en caso necesario, podrá aplicarse parte del
capital, previa autorización del Juez.
Cesando las causas que hicieron necesaria la curaduría, cesa también
ésta; pero deberá preceder declaración judicial, que podrá solicitar por
sí solo el interdicto, observándose las mismas formalidades que para
establecer la interdicción.
El curador de un incapaz tiene derecho a ser relevado de la curaduría,
pasados cinco años desde que se encargó de ella.
Los cónyuges, descendientes o ascendientes, no gozarán de este
beneficio.
Podrá darse curador a los bienes de una persona ausente, cuando haya
necesidad imperiosa de esta medida, a juicio del magistrado, concurriendo
las demás circunstancias del artículo 52 y la de faltar la representación
legal del cónyuge. (Artículo 53). (*)
Si hubiese herederos extranjeros del difunto, el curador de los bienes
hereditarios será nombrado con arreglo a los tratados existentes con las
naciones a que los herederos pertenecieren. (*)
Los curadores de los bienes están sujetos a todas las trabas de los
tutores o curadores y además se les prohíbe ejecutar otros actos
administrativos que los de mera custodia y conservación y los necesarios
para el cobro de los créditos y pago de las deudas de sus representados.
Se les prohibe especialmente alterar la forma de los bienes, contraer
empréstitos y enajenar aun los bienes muebles que no sean corruptibles, a
no ser que esta enajenación pertenezca al giro ordinario de los negocios
del ausente o que el pago de las deudas lo requiera. (*)
Sin embargo de lo dispuesto en el artículo precedente, los actos en él
prohibidos a los curadores de bienes serán válidos, si justificada su
necesidad o utilidad, los autorizase el Juez previamente. (*)
Toca a los curadores de bienes el ejercicio de las acciones y defensas
judiciales de sus representados; y las personas que tengan créditos contra
los bienes, podrán reclamarlos de los respectivos curadores. (*)
Habrá lugar al nombramiento de curadores especiales en los casos
siguientes:
1º.- Cuando los intereses de los menores estén en oposición con los de
sus padres o madres bajo cuyo poder se encuentran.
2º.- Cuando ambos padres perdieren la administración de los bienes de
sus hijos.
3º.- Cuando los hijos adquieren bienes cuya administración no
corresponda a sus padres.
4º.- Cuando los intereses de los que están bajo tutela o curaduría
general, estuviesen en oposición con los de su tutor o curador.
5º.- Cuando sus intereses estuviesen en oposición con los de otro
menor o incapaz, que con ellos se hallare bajo un tutor o curador común.
6º.- Cuando adquieren bienes con la cláusula de ser administrados por
persona designada o de no ser administrados por su tutor o curador
general.
7º.- Cuando la curaduría fuese para un negocio particular.
8º.- En los casos de los artículos 67 y 81 numeral 3º del Código
Penal, si no corresponde la administración al cónyuge del penado.
El curador especial no es obligado a prestar fianza o caución ni a la
confección de inventario, sino cuando su nombramiento fuese con
administración de bienes.
Los curadores para pleito o ad litem son dados por la
judicatura que conoce en el pleito.
LIBRO SEGUNDO - DE LOS BIENES Y DEL DOMINIO O PROPIEDAD TITULO I - DE LA DIVISION DE LOS BIENES CAPITULO I - DE LOS BIENES CONSIDERADOS EN SI MISMOS
Bajo la denominación de bienes o de cosas se comprende
todo lo que tiene una medida de valor y puede ser objeto de propiedad.
Los bienes son corporales o incorporales.
Muebles son las cosas que pueden transportarse de un lugar a
otro, sea moviéndose ellas por sí mismas como los animales (que por eso se
llaman semovientes), sea por medio de una fuerza externa, como las cosas
inanimadas.
Exceptúanse las cosas muebles que se hallan en el caso del artículo
465. (*)
Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no se
pueden transportar de un lugar a otro, como las tierras, las minas y los
edificios.
Las casas y heredades se llaman predios o fundos.
Los árboles y plantas son inmuebles, mientras adhieran al suelo por
sus raíces.
Lo son también los frutos pendientes de las mismas plantas o árboles,
en cuanto siguen al fundo en todos los cambios de dominio.
Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas
que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un
inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento. Tales son
por ejemplo:
Las losas de un pavimento;
Los tubos de las cañerías;
Los utensilios de labranza o minería y los animales actualmente
destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido
puestos en ella por el dueño de la finca;
Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a
mejorarla;
Las prensas, calderas, cubas y máquinas que forman parte de un
establecimiento industrial adherente al suelo y perteneciente al dueño de
éste;
Los viveros de animales, con tal que adhieran al suelo o sean parte
del suelo mismo o de un edificio.
Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos como las
yerbas, maderas y frutos, la tierra o arena, los metales de una mina o las
piedras de una cantera, se reputan muebles, aun antes de su separación,
para el efecto de constituir un derecho a favor de otra persona que el
dueño.
Las cosas de comodidad u ornato que se fijan en las paredes y pueden
removerse fácilmente, se reputan muebles.
Sin embargo, los cuadros o espejos que están embutidos en las paredes,
de manera que forman un mismo cuerpo con ellas, se consideran parte del
edificio aunque puedan separarse sin detrimento. Lo mismo se aplica a las
estatuas colocadas en un nicho construido expresamente en el edificio.
Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles,
no dejan de serlo por su separación momentánea; pero sí, desde que se
separan con el objeto de darles diferente destino.
Cuando por disposición de la Ley o del hombre se use de la expresión
bienes muebles sin otra calificación, se comprenderá en ella todo
lo que se entiende por cosas muebles según el artículo 462.
Cuando se use de la expresión de muebles sólo o muebles de
una casa, no se comprenderá el dinero, los documentos, las
colecciones, los libros, las armas, las ropas, los carruajes ni en general
otras cosas que las que corresponden al ajuar de la casa. (*)
Los bienes muebles son fungibles o no fungibles.
A los primeros pertenecen aquellas cosas de que no puede hacerse el
uso conveniente a su naturaleza, sin que se consuman.
Las especies monetarias son fungibles en cuanto perecen para el que
las emplea como tales.
Derecho real es el que tenemos en una cosa o contra una cosa
sin relación a determinada persona.
El derecho en la cosa supone el dominio o un desmembramiento del
dominio. El derecho contra la cosa puede ser constituido meramente por
garantía; como sucede respecto de la prenda y la hipoteca. De los derechos
reales nacen las acciones de la misma clase.
Derechos personales son los que sólo pueden reclamarse de ciertas
personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la Ley, han
contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista
contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por
alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales.
Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según
la naturaleza de la cosa que es su objeto. Así, el derecho de usufructo
sobre un inmueble, es inmueble. Así, la acción del comprador para que se
le entregue la finca comprada, es inmueble; y la hipoteca, puesto que
tiene por objeto una cantidad de dinero, es mueble.
Los hechos que se deben se reputan muebles. La acción para que un
artífice ejecute la obra convenida o resarza los daños y perjuicios
causados por la inejecución del convenio, entra, por consiguiente, en la
clase de los bienes muebles.
CAPITULO II - DE LOS BIENES CON RELACION A LAS PERSONAS
Los bienes de propiedad nacional cuyo uso pertenece a todos los
habitantes del Estado, se llaman bienes nacionales de uso público o
bienes públicos del Estado.
Los bienes de propiedad nacional cuyo uso no pertenece generalmente a
los habitantes, se llaman bienes privados del Estado o bienes
fiscales. (Artículos 1193, 1194 y 1668). (*)
Son bienes nacionales de uso público:
1º.- Las calles, plazas y caminos públicos.
2º.- Los puertos, abras, ensenadas y costas del territorio oriental,
en la extensión que determinen las leyes especiales.
3º.- Los ríos o arroyos navegables o flotables en todo o parte de su
curso. Se entenderán por ríos y arroyos navegables o flotables aquellos
cuya navegación o flote sea posible natural o artificialmente.
4º.- Las riberas de esos ríos o arroyos, en cuanto al uso que fuere
indispensable para la navegación.
5º.- El agua corriente aun de los ríos no navegables o flotables, en
cuanto al uso para las primeras necesidades de la vida, si hubiere camino
público que la haga accesible.
6º.- Los puentes, canales y demás obras públicas, construidas y
conservadas a expensas de la Nación. (*)
El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualesquiera
otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles,
plazas, puentes y caminos públicos, en el mar y sus riberas, en los ríos y
arroyos y generalmente en todos los bienes nacionales de uso público,
estarán sujetos a las disposiciones de este Código y leyes especiales.
Los caminos construidos a expensas de personas particulares en tierras
que les pertenecen, no son bienes nacionales, aunque los dueños permitan
su uso y goce a todos.
Es lo mismo de cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de
particulares y en sus tierras.
Los bienes vacantes y los de las personas que mueren sin dejar
herederos, pertenecen también al Fisco; y, en general, es propiedad
fiscal todo lo que por leyes especiales está declarado serlo o se declare
en adelante. (Artículos 706, 708, 717, 1034, 1035 y 1036). (*)
La administración y enajenación de los bienes fiscales se rigen por
leyes especiales; pero están sujetos a prescripción, conforme a lo
dispuesto en el Título respectivo del Libro Tercero.
Los bienes que no fueren de propiedad nacional (artículo 477)
deberán considerarse como bienes particulares, sin hacerse distinción de
las personas que tengan la propiedad de ellos, aunque sean personas jurídicas. (*)
El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho de gozar y
disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra la Ley o contra
derecho ajeno.
El derecho de gozar y disponer de una cosa comprende:
1º.- El derecho a todos los frutos que provienen de la cosa y a todo
lo que se le una accesoriamente. (Artículos 731 y siguientes).
2º.- El de servirse de la cosa, no sólo para los usos a que está
generalmente destinada, sino para los otros que estén en la voluntad del
dueño.
3º.- El de cambiar la forma de la cosa, mejorándola o empeorándola.
4º.- El de destruir enteramente la cosa, si le conviene o le parece.
5º.- El de impedir a los demás que se sirvan de ella y reivindicarla
de cualquier poseedor.
6º.- El de enajenar la cosa en todo o en parte, concediendo a otros
los derechos que buenamente quiera. (*)
El ejercicio de esos derechos queda subordinado a las prohibiciones
de las leyes o reglamentos y a la imperfección del dominio, resultante de
las convenciones o de la voluntad del testador. (Artículos 489 y siguientes, 581, 601, 606, 612, 618, 620 y 715). (*)
El dominio o propiedad se considera como una calidad inherente a la
cosa, como un vínculo real que la liga al dueño y que no puede romperse
sin hecho suyo.
Aun cuando el derecho de poseer está naturalmente ligado a la
propiedad, puede, sin embargo, ésta subsistir sin la posesión y aun sin
el derecho de posesión.
Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de su
autor y se regirán por leyes especiales. (Artículo 2363).
También se regirá por leyes especiales la propiedad horizontal. (*)
Nadie puede ser privado de su propiedad, sea mueble o raíz, sino por
causa de pública utilidad, calificada por Ley, previa la correspondiente
indemnización, sin perjuicio de lo que al respecto establezcan normas
especiales.
TITULO III - DEL USUFRUCTO, USO Y HABITACION CAPITULO I - DEL USUFRUCTO
El usufructo es un derecho real que consiste en gozar de la cosa
ajena, con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su
dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y
calidad del mismo género o de pagar su valor, si la cosa es fungible.
El usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes, el del
nudo propietario y el del usufructuario.
Tiene, por consiguiente, una duración limitada, al cabo de la cual
pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad. (*)
El título constitutivo del usufructo determina los derechos y
obligaciones del usufructuario. La ley no hace más que suplir el silencio
del título, a no ser que expresamente declare otra cosa. (*)
En el usufructo constituido por acto entre vivos, no se adquiere
derecho en la cosa sino por la subsiguiente tradición, según las
reglas que se dan en el Título III del Libro Tercero.
En el que se deja por acto de última voluntad, se adquiere el derecho
en la cosa luego que muere el testador. (*)
Se puede constituir el usufructo a favor de dos o más personas que lo
gocen simultáneamente por igual o según las cuotas determinadas por el
constituyente. (*)
El usufructo puede constituirse puramente, bajo condición, desde o
hasta cierto día (Artículos 1406, 1407 y 1433).
Cuando no se fija tiempo alguno para la duración del usufructo, se
entenderá constituido por toda la vida del usufructuario. (*)
A favor de un pueblo, de una corporación o de un establecimiento
público, no podrá constituirse el usufructo por más de treinta años.
Cesa el usufructo antes de los treinta años, si el pueblo queda yermo,
la corporación se disuelve o el establecimiento público es suprimido. (*)
Son frutos naturales, las producciones espontáneas de la tierra, las
crías y demás productos de los animales.
Son frutos industriales, los que producen las heredades o fincas de
cualquier clase, a beneficio del cultivo y del trabajo.
Son frutos civiles, los alquileres y arrendamientos de las fincas y
heredades y los réditos del dinero. (*)
Los frutos naturales o industriales, pendientes al tiempo de comenzar
el usufructo, pertenecen al usufructuario.
Los pendientes al tiempo de acabar el usufructo, pertenecen al
propietario.
Ni uno ni otro tienen que hacer abono alguno por razón de trabajo,
semillas u otros gastos semejantes.
Esta disposición no perjudica a los colonos que tengan derecho a
percibir alguna parte de frutos, al tiempo de comenzar o acabar el
usufructo. (Artículo 1817 inciso 2º). (*)
El usufructo de renta vitalicia da también al usufructuario, mientras
dure el usufructo, el derecho de percibir las pensiones que se devenguen,
sin quedar obligado a restitución alguna. (Artículo 2191). (*)
Si el usufructo se constituye sobre cosas fungibles, el usufructuario
se hace dueño de ellas y el propietario viene a ser simple acreedor a la
entrega de otras especies de igual cantidad y calidad o del valor que
éstas tengan al tiempo de terminarse el usufructo. (*)
El usufructuario de cosas muebles, de las que se gastan y deterioran
lentamente con el uso, tiene derecho a servirse de ellas según su
naturaleza y destino; y al fin del usufructo, no es obligado a
restituirlas sino en el estado en que se hallen, respondiendo solamente de
aquellas pérdidas o deterioros que provengan de su dolo o culpa. (*)
El goce del usufructuario de una heredad se extiende a sus bosques y
arboledas, pero con el cargo de conservarlos en un ser, reponiendo los
árboles que derribe y respondiendo de su menoscabo, en cuanto no dependa
de causas naturales o accidentes fortuitos. (*)
El usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por aluvión a
la cosa usufructuada, de las servidumbres y, en general, de todos los
derechos de que gozaría el propietario. (Artículo 752).
Goza también de las canteras que se están explotando al empezar el
usufructo; pero no de las que nuevamente se descubrieren ni del tesoro que
se encontrare. (Artículo 721). (*)
El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada,
arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a título
gratuito; pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre, se
resuelven al fin del usufructo. (Artículo 1794). (*)
No tiene derecho el usufructuario a que se le abonen las mejoras que
haya hecho en la cosa usufructuada; pero le será lícito alegarlas en
compensación de los deterioros que se le puedan imputar o llevarse los
materiales, si puede separarlos sin detrimento de la cosa que es objeto
del usufructo y el propietario no le abonase lo que después de separados
valdrían.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las
convenciones que hayan intervenido entre el usufructuario y el
propietario, relativamente a mejoras o de lo que sobre esta materia se
haya previsto en la constitución del usufructo. (*)
Siendo dos o más los usufructuarios, habrá entre ellos derecho de
acrecer y durará la totalidad del usufructo hasta la expiración del
derecho del último de los usufructuarios. Lo cual se entiende, si el
constituyente no hubiese dispuesto que terminando un usufructo parcial,
se consolide con la propiedad. (*)
El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, está
obligado:
1º.- A formar, con citación del dueño, un inventario solemne de todos
ellos, haciendo tasar los muebles y constar el estado de los inmuebles.
2º.- A dar fianza bastante de que cuidará de las cosas como un buen
padre de familia y las restituirá al propietario al terminarse el
usufructo, no empeoradas ni deterioradas por su negligencia. (Artículo 2111).
Respecto de las cosas fungibles, la fianza será únicamente de
restituir otro tanto de la misma especie y calidad. (*)
Cesa la obligación de afianzar:
1º.- En el caso del usufructo legal. (Artículo 269).
2º.- En el del donante que se reserva el usufructo de la cosa donada.
3º.- Cuando el que constituye el usufructo o bien el propietario,
exonera expresamente de la fianza al usufructuario. (*)
No dando el usufructuario la fianza a que está obligado, dentro del
plazo que el Juez le señale, a instancia del propietario, podrá éste pedir
que los bienes raíces se arrienden y se pongan en administración, que los
muebles se vendan y que los capitales o sumas de dinero y el precio de los
bienes muebles, se pongan a interés con seguridad.
El precio de los arrendamientos, los intereses de los capitales y los
productos de los bienes dados en administración, pertenecen al
usufructuario, deducción hecha de los gastos. (*)
Si el usufructuario, aunque no haya dado la fianza, reclamare, bajo
caución juratoria, la entrega de los muebles necesarios para su uso, el
Juez podrá acceder a esta petición, consultando las circunstancias. (*)
Dada la fianza por el usufructuario, tendrá derecho a todos los frutos
de los bienes que se hayan devengado, desde el día en que, conforme al
título constitutivo del usufructo, debió comenzar. (*)
El usufructuario que enajenase o diese a otro en arrendamiento su
derecho de usufructo, es responsable del menoscabo que tengan los bienes,
por culpa o negligencia de la persona que le sustituye. (*)
El usufructuario de ganados o rebaños es obligado a reponer los
animales que mueren o se pierden, pero sólo con las crías de los mismos
ganados o rebaños; salvo que la muerte o pérdida fuesen imputables a su
hecho o culpa, pues en este caso deberá indemnizar al propietario.
Si el ganado o rebaño perece del todo por efecto de una epidemia u
otro caso fortuito, el usufructuario no está obligado a reponer los
animales perdidos y cumplirá con entregar los despojos que hayan podido
salvarse.
Si el ganado o rebaño perece en parte, también por un accidente y sin
culpa del usufructuario, tendrá éste la opción a continuar en el
usufructo, reemplazando las reses que faltan o a cesar en él, entregando
las que no hayan perecido y los despojos que se hayan salvado de las
muertas. (*)
El usufructuario no está obligado sino a los reparos menores y de
simple conservación de la cosa.
Los reparos mayores son de cuenta del propietario, que los hará si le
conviene; pero el usufructuario está en la obligación de darle aviso,
siempre que sea urgente la necesidad de hacer aquéllos.
Se entiende por reparos mayores, los extraordinarios y que convienen a
la utilidad permanente de la finca, como las paredes principales, techos o
bóvedas tratándose de edificios. (*)
Si el propietario se presta a los reparos mayores, no podrá impedirlos
el usufructuario, el cual deberá pagarle sobre los dineros invertidos en
ellos y mientras dure el usufructo, el interés medio que produzcan los
capitales empleados en fincas de igual naturaleza.
Rehusando el propietario hacer los reparos referidos, podrá el
usufructuario para salvar la cosa usufructuada y con ella su usufructo,
hacerlos a su costa y el propietario se los reembolsará sin interés,
fenecido el usufructo. (*)
El pago de las cargas o contribuciones periódicas y el de las que en
el uso se consideran gravámenes de los frutos, son de cuenta del
usufructuario durante el tiempo de su goce. (*)
Las contribuciones que durante el usufructo se impongan directamente
sobre el capital, son de cargo del propietario.
Si éste las pagase, deberá el usufructuario abonarle los intereses
correspondientes a las sumas que en dicho concepto hubiere pagado y si las
anticipase el usufructuario, tendrá derecho a recibir su importe sin
interés, al fin del usufructo. (*)
El usufructuario universal de toda la herencia debe pagar por entero el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos. (Artículo 506).
El usufructuario de una parte alícuota de la herencia, la pagará en
proporción a su cuota.
En ambos casos no queda obligado el propietario al reembolso.
El usufructuario de una o más cosas particulares sólo pagará el
legado, cuando la renta o pensión fuese constituida determinadamente sobre
ellas (Artículos 780, 857, 905 y 1149). (*)
El usufructuario de una finca hipotecada no está obligado a pagar ni
aun los intereses de las deudas para cuya seguridad se constituyó la
hipoteca (Artículos 905, 909, 1175 y 1176).
Si la finca se embarga o vende judicialmente para su pago, el
propietario responde al usufructuario de lo que pierda por este
motivo. (*)
Si el usufructo es de una herencia o de una parte alícuota de ella,
el usufructuario podrá anticipar las sumas que para el pago de las deudas
hereditarias correspondan a los bienes usufructuados y tendrá derecho a
exigir del propietario su restitución sin interés al terminar el
usufructo.
Negándose el usufructuario a hacer esta anticipación, el propietario
podrá hacer que se venda la parte de bienes que baste para el pago de la
cantidad que le corresponda satisfacer, según la regla establecida en el
párrafo precedente.
Si el propietario hiciere la anticipación de su dinero, deberá el
usufructuario abonarle los intereses correspondientes, mientras dure el
usufructo. (Artículos 1170 y 527). (*)
De cualquier modo que se perturben por un tercero los derechos del
propietario, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento
de aquél; y en otro caso, responde de todos los daños que al propietario
le resulten, como si hubiesen sido causados por su culpa. (Artículo
667). (*)
El usufructuario es obligado a respetar los arriendos de la cosa
fructuaria, contratados por el propietario antes de constituirse el
usufructo por acto entre vivos o de fallecer la persona que lo ha
constituido por testamento. (Artículo 1792).
En tal caso, el usufructuario sucede en la percepción de la renta o
pensión desde que empieza el usufructo. (*)
No puede cambiar ni alterar el estado de la cosa usufructuada ni aun
para mejorarla.
Sin embargo, puede aun contra la voluntad del usufructuario, ejecutar
todos los actos que tiendan a la conservación de aquélla. (*)
Cuando a la cosa usufructuada se debe alguna servidumbre, no puede
remitirla el propietario, a no ser con consentimiento expreso del
usufructuario. (*)
El usufructo acaba:
1º.- Por la muerte del usufructuario.
2º.- Por conclusión del tiempo por que fue otorgado o cumplimiento de
la condición resolutoria.
3º.- Por consolidación del usufructo con la propiedad.
4º.- Por el no uso, durante el tiempo y conforme a las reglas
establecidas en el Título de la prescripción.
5º.- Por la renuncia del usufructuario.
Los acreedores de éste, podrán, sin embargo, hacer que se anule la
renuncia hecha con fraude y en perjuicio suyo. (Artículo 1296).
6º.- Por la destrucción real y completa de la cosa que era objeto del
usufructo.
Si la cosa, objeto del usufructo, no sufre más que una destrucción
parcial, el derecho continúa sobre lo que de ella haya quedado. (*)
El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a
cierta edad, dura el número de años prefijado, aunque el tercero muera
antes. (*)
Si la cosa usufructuada no es más que un edificio y éste se destruye
por incendio, se arruina de viejo o perece por algún otro accidente,
cesará para siempre el usufructo y no tendrá derecho el usufructuario a
gozar del solar ni de los materiales. (Artículo 537 número 6).
Si el usufructo ha sido constituido sobre una heredad, de la cual el
edificio destruido forme parte, el usufructuario podrá gozar del solar y
de los materiales. (*)
El usufructo no se extingue por el mal uso que el usufructuario
haga de las cosas usufructuadas; pero si el abuso es grave (artículo 1319) el propietario puede pedir que se le ponga en posesión de los bienes, obligándose bajo de fianza a pagar periódicamente al usufructuario el producto líquido de los mismos, por el tiempo que dure el usufructo y deducido el honorario de administración que el Juez le señale. (*)
El derecho de uso es un derecho real que consiste en servirse de la
cosa de otro o de exigir una porción de los frutos que ella produce.
El derecho de habitación es también un derecho real y consiste en
habitar gratuitamente la casa de otro. (*)
Ni el usuario ni el habitador estarán obligados a prestar fianza.
Sin embargo, el habitador es obligado a inventario; y la misma
obligación tiene el usuario, si el uso se constituye sobre cosas que deben
restituirse en especie. (*)
Los derechos de uso y de habitación se determinan por el título
constitutivo, recibiendo más o menos extensión, según sus disposiciones.
Si el título no se explica en cuanto a la extensión de esos derechos,
se entienden de la manera siguiente. (*)
El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales del
usuario o del habitador.
En las necesidades personales del usuario o del habitador se
comprenden las de su familia.
La familia comprende el cónyuge y los hijos legítimos y naturales
reconocidos o declarados tales, tanto los que existen al tiempo de
constituirse el derecho, como los que sobrevienen después.
Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia.
Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivían con el
habitador o usuario y a costa de éstos; y las personas a quienes éstos
deben alimentos. (*)
En las necesidades personales del usuario o del habitador no se
comprenden las de la industria o tráfico en que se ocupa.
Así, el usuario de animales no podrá emplearlos en el acarreo de los
objetos en que trafica ni el habitador servirse de la casa para tiendas o
almacenes.
Se exceptúa de esta regla el caso en que la cosa sobre que se concede
el derecho, por su naturaleza y uso ordinario y por su relación con la
profesión o industria del que ha de ejercerla, aparezca destinada a
servirle en ellas. (*)
El usuario de una heredad tiene solamente derecho a los objetos
comunes de alimentación y combustible.
Está obligado a recibir éstos del dueño o a tomarlos con su permiso.
(*)
El usuario y el habitador deben usar de los objetos comprendidos en
sus respectivos derechos, con la moderación y cuidado propios de un buen
padre de familia; y están obligados a contribuir a las expensas ordinarias
de conservación y cultivo, a prorrata del beneficio que reporten. (*)
Los derechos de uso y habitación son intransmisibles a los herederos y
no pueden cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse. (Artículo 2363 numeral 8º).
Ni el usuario ni el habitador, pueden arrendar, prestar o enajenar
objeto alguno de aquellos a que se extiende el ejercicio de su derecho.
Pero bien pueden dar los frutos que les está permitido consumir en sus
necesidades personales. (*)
Servidumbre predial, o simplemente servidumbre, es un
gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto
dueño.
Se llama predio sirviente el que sufre el gravamen y predio
dominante el que reporta la utilidad.
Con respecto al predio dominante la servidumbre se llama activa
y con respecto al predio sirviente, pasiva.
Las servidumbres son continuas o discontinuas.
Las primeras son aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin
necesidad de un hecho actual del hombre, como las servidumbres de luces y
otras de la misma especie.
Las segundas son aquellas que se ejercen a intervalos más o menos
largos de tiempo y suponen un hecho actual del hombre, como la servidumbre
de tránsito y otras de esta clase.
Son aparentes, las que se anuncian por obras o signos
exteriores dispuestos a su uso y aprovechamiento, como una puerta, una
ventana, un cauce, u otras semejantes.
Son servidumbres no aparentes, las que no presentan signos
exteriores de su existencia, como el gravamen de no edificar en cierto
lugar, el de no levantar un edificio sino a una altura determinada y otros
parecidos.