El Poder Ejecutivo, en el término de treinta días a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, formará una Comisión Especial con el
cometido de redactar un proyecto de ley que legisle en forma exclusiva el
régimen de responsabilidad infraccional juvenil, en el marco de las
definiciones y principios consagrados por la Convención de Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales aplicables. Se
priorizarán en todos los casos, los grados de responsabilidad del joven,
así como las medidas alternativas a la internación y su proceso de
inclusión social.
Antes del 31 de julio de 2013, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Poder
Legislativo el proyecto de ley referido.