Sustitúyese el artículo 54 de la Ley N° 19.438, de 14 de octubre de 2016, por el siguiente:
"ARTÍCULO 54.- Autorízase al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca" a que, en cumplimiento de sus cometidos
sustantivos en materia de sanidad animal e inocuidad alimentaria y a
través de sus unidades ejecutoras, proceda a decomisar definitivamente
y sin más trámite, los animales y productos de origen animal y vegetal
o productos de uso agrícola o veterinario que ingresen al país en
contravención a las normas zoosanitarias o fitosanitarias de
importación. Por resolución fundada se determinarán, en base a una
evaluación de riesgo, el destino de los animales y mercaderías en
infracción, teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente norma. En
caso de tratarse de especies de flora y fauna reguladas por la
Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora (CITES) y sus apéndices, ratificados por Decreto-Ley N°
14.205, de 4 de junio de 1974 y Decreto-Ley N° 15.626, de 19 de
setiembre de 1984, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
notificará al Ministerio de Ambiente de manera que este dé
cumplimiento con sus cometidos, excepto que constituyan un riesgo
sanitario en cuyo caso se actuará según lo previsto en el presente
artículo. Si al cabo de dos días hábiles siguientes a la notificación,
el Ministerio de Ambiente no hubiere dispuesto el destino de las
especies decomisadas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
adoptará resolución al respecto. En caso de tratarse de otros animales
vivos, se noticiará al Instituto Nacional de Bienestar Animal a tales
efectos.
En el caso de ingreso de flora y animales en infracción de cualquier
especie, cuando constituyan un riesgo para la salud humana, animal y
vegetal, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de
sus unidades ejecutoras competentes, dispondrá el sacrificio sanitario
y destrucción total, según corresponda, de acuerdo a las normas
sanitarias y de bienestar animal vigentes. Sin perjuicio de lo antes
previsto, para el caso de las especies de flora y fauna reguladas por
la CITES y sus apéndices, se podrá autorizar su ingreso al país por el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca siempre que se cumplan
las medidas de bioseguridad determinadas por este. En caso de
incumplimiento de esas medidas, se podrá autorizar la repatriación de
estas especies o proceder al sacrificio y destrucción en los términos
explicitados en el presente artículo. Si el ingreso al país de flora y
fauna constituyera un riesgo para el ambiente o estuviera en
infracción con las normas medio ambientales, la resolución final
respecto al destino se adoptará en consulta previa y preceptiva con el
Ministerio de Ambiente. La referida consulta se cursará en un plazo de
dos días hábiles para que se expida el Ministerio de Ambiente y
vencido dicho plazo sin recibirse respuesta se adoptará resolución por
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En cualquiera de los
mencionados casos, los propietarios o tenedores de los ejemplares
incautados no tendrán derecho a indemnización, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones legalmente establecidas y de las acciones
penales que pudieren corresponder.
En el proceso judicial, el juez competente no podrá dictar resolución
sobre los animales y productos de origen animal y vegetal, de uso
agrícola o veterinario, sin previo pronunciamiento preceptivo de la
autoridad sanitaria, inocuidad y de bienestar animal competentes del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En los casos de flora y
fauna nativa y exótica silvestre o susceptible de tornarse silvestre,
así como las especies reguladas por la Convención CITES, descartado el
riesgo sanitario por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca,
el pronunciamiento corresponderá preceptivamente al Ministerio de
Ambiente. La autoridad requerida, a partir del momento que sea
notificada por la autoridad judicial, tendrá un plazo máximo de diez
días hábiles para expedirse, vencido el cual el juez adoptará
resolución. En relación al destino de los animales, el juez resolverá
teniendo en cuenta lo indicado por el Instituto Nacional de Bienestar
Animal. En cuanto a los productos de origen animal, vegetal, de uso
agrícola o veterinario, reunida la información sanitaria y de
inocuidad pertinente, su destino será resuelto conforme a la facultad
establecida por el literal D) del artículo 240 de la Ley N° 19.276, de
19 de setiembre de 2014".