(Adjudicación del Poder Ejecutivo).- La asignación del canal respectivo
del espectro radioeléctrico para la instalación y operación de estaciones
de radiodifusión comunitaria requerirá de resolución del Poder Ejecutivo
de conformidad con la reglamentación correspondiente, previo informe
técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y
opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión
Comunitaria. Este último contará con un plazo de sesenta días para
pronunciarse. De no hacerlo en el plazo referido se interpretará en
términos favorables la solicitud.
El principio general para la asignación de frecuencias para servicios de
radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, previa
realización de audiencia pública.
El proceso de asignación de frecuencia se hará:
A) A través de llamados públicos que serán realizados con amplia
publicidad y en principio al menos dos veces al año, atendiendo a
planes y políticas nacionales de gestión del espectro. Sin perjuicio de
lo anterior, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo
disponibilidad del espectro radioeléctrico en la localidad, el Poder
Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público
ampliamente publicitado, en un plazo no mayor de ciento ochenta días
desde que fuera substanciada la solicitud.
B) Si no hubiera otros interesados, previa audiencia pública y pleno
cumplimiento de los requisitos previstos, se asignará a la asociación
interesada una frecuencia en las condiciones establecidas en el
llamado.
El Poder Ejecutivo estará obligado a conceder la asignación de frecuencia
de servicio de radiodifusión comunitaria, cuando substanciado el concurso
público y abierto, especialmente convocado al efecto, o efectuada una
solicitud de interesado en ausencia de concurso, se cuente con opinión
favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se
cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y su
reglamentación.
En cada caso y según la modalidad de asignación, los requisitos
administrativos y económicos y las características técnicas exigidas serán
únicamente las estrictamente necesarias para garantizar su funcionamiento
y el más pleno ejercicio de derechos al conjunto de los habitantes de la
República.