Ley 16.211
(Servicios Públicos).- El Poder Ejecutivo podrá conceder u otorgar permisos para la ejecución de servicios públicos nacionales a su cargo.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General
DECRETAN:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
(Servicios públicos).- El Poder Ejecutivo podrá conceder u otorgar
permisos para la ejecución de servicios públicos nacionales a su cargo.
En caso que la ley haya asignado a un Ente Autónomo o Servicio
Descentralizado la prestación de un servicio público, el Directorio o
Director General del Ente o Servicio podrá otorgar la concesión o
permiso, con aprobación del Poder Ejecutivo. En todos los casos el
otorgamiento deberá ser efectuado mediante llamado público a los
interesados sobre la base de la igualdad de oferentes (artículo 482 y
siguientes de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y artículos 653 y
655 de la ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990), la concesión o el
permiso podrán incluir la transferencia de derechos de uso, usufructo y
personales, así como la constitución de derechos reales o personales
respecto de los bienes muebles o inmuebles útiles o necesarios para la
ejecución del servicio por el período de concesión.
El otorgamiento de concesiones y permisos se hará por un plazo
determinado y reservándose la Administración el derecho de controlar que
los servicios sean prestados en forma continua, regular y eficiente. Para
la fijación de tarifas se tomará en cuenta el costo del servicio, de
acuerdo a prácticas contables generalmente aceptadas y márgenes de
utilidad razonables (artículo 51 de la Constitución de la República).
En el otorgamiento de concesiones y permisos se favorecerá la libre
concurrencia procurando evitar situaciones de monopolio de hecho.
La concesión o el permiso otorgados de conformidad con este artículo,
no confieren al concesionario o permisario la facultad de expropiar. Esta
será ejercida en todo caso por al Poder Ejecutivo o por el Ente o
Servicio Descentralizado, según corresponda.
El acto administrativo que otorga la concesión o el permiso será
publicado en el Diario Oficial, así como el contrato respectivo.
La Administración Central y los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados podrán autorizar, contratar o subcontratar con terceros
la ejecución de otras actividades de sus competencias que no constituyan
cometidos esenciales del Estado ni servicios públicos o sociales.
Como parte de tales autorizaciones y contratos se podrá asimismo
transferir o constituir derechos reales y personales respecto de sus
bienes. En el caso de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados se
requerirá para ello resolución dictada con el voto favorable de cuatro
integrantes cuando el Directorio tenga 5 miembros y de la unanimidad en
los Directorios de 3.
Por la vía de los actos y contratos referidos en los artículos 1º y
2º no se podrá privar a un Ente Autónomo o Servicio Descentralizado de
la prestación directa de todos sus cometidos.
Tampoco se podrá, por la misma vía, suprimir monopolios legalmente
establecidos en favor de personas jurídicas estatales.
Los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados
del dominio comercial e industrial del Estado, con la excepción del Banco
de la República Oriental del Uruguay, Banco Central del Uruguay y Banco
de Previsión Social, acompañarán al primer presupuesto de cada período de
Gobierno un informe explicativo de los planes y metas del organismo para
el quinquenio, con una proyección de las inversiones correspondientes.
Dicho informe comprenderá, asimismo, una explicación de la vinculación
del presupuesto con las metas y programas.
Los presupuestos sucesivos, hasta el fin del período, serán
acompañados también de informes circunstanciados sobre el cumplimiento de
las metas y programas, así como de la armonización de aquellos con éstos.
En la elaboración de los presupuestos, planes, programas y metas, se
deberá tener en cuenta la política económica proyectada por el Poder
Ejecutivo.
Para el presente período se dará cumplimiento a lo estipulado en el
inciso primero al presentarse el primer presupuesto luego de entrada en
vigencia esta ley.
Los organismos referidos en el artículo anterior:
A) No desarrollarán actividades que no están incluidas en sus
presupuestos, salvo, excepcionalmente, cuando tal limitante redunde en
perjuicio del Ente o Servicio dando cuenta de ello en el siguiente
informe anexo al presupuesto.
B) No desarrollarán actividades cuyos ingresos directos no sean
suficientes para cubrir los gastos y amortizaciones que aquellas
ocasionen, salvo que se cumplan los dos extremos siguientes:
a) Que por resolución fundada del Director o Directorio del organismo
y con aprobación del Poder Ejecutivo se juzgue que existen motivos
suficientes para justificar la pérdida de recursos;
b) Que el organismo en su conjunto sean superavitario o, caso
contrario, se le otorgue por ley un subsidio directo para tal
actividad. En uno y otro caso se incluirá de modo explícito en los
presupuestos el monto del subsidio interno o externo y en los
informes, el resultado de las actividades deficitarias.
CAPITULO II
P L U N A
Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 11.740, de 12 de noviembre de 1951, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"ARTICULO 3°.- Son cometidos de PLUNA:
A) 1º) Explotar, directa o indirectamente, en este último caso con
autorización del Poder Ejecutivo, las líneas aéreas de transporte
de pasajeros, correo y carga que fueren aprobadas por el Poder
Ejecutivo.
2º) Prestar, de igual forma, servicios terrestres y turísticos afines
o complementarios a la actividad aero-comercial.
B) PLUNA tendrá los poderes jurídicos necesarios para el cumplimiento de
sus cometidos y, en particular:
1º) Con la autorización del Poder Ejecutivo y en la forma que
determine la reglamentación, podrá contratar con terceros la
prestación de los servicios previstos en el literal A).
2º) Con la autorización del Poder Ejecutivo y en la forma en que
determine la reglamentación podrá asociarse con capitales privados
a fin de prestar los servicios previstos en el literal A)
(artículo 188, incisos 3 y 4 de la Constitución de la República).
En este caso, la asociación se hará a través de la participación
en sociedades comerciales, con integración de PLUNA en la
dirección y en el capital. A estos efectos, podrá aportar aquella
parte de su patrimonio que fuere necesaria y conveniente".
CAPITULO III
REGIMEN DE TELECOMUNICACIONES
Agrégase como inciso primero del artículo 2º del Decreto-Ley Nº 15.671, de 8 de noviembre de 1984, la siguiente disposición:
"Compete al Poder Ejecutivo con el asesoramiento de Dirección de
Comunicaciones la fijación de la política nacional en materia de
telecomunicaciones".
Sustitúyese el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.671, de 8 de
noviembre de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma:
"ARTICULO 3º.- A tales fines, le compete específicamente:
1) Realizar los estudios y planes de desarrollo del sector así como la
supervisión de todas las actividades y el control del cumplimiento
de las normas que las rigen.
2) Administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico
nacional.
3) Ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones
radioeléctricas y de televisión cualesquiera que fuere su
modalidad.
4) Otorgar autorizaciones precarias para:
a) El funcionamiento de agencias noticiosas.
b) La instalación y operación de estaciones radioeléctricas excepto
emisoras de radiodifusión. Los servicios así autorizados estarán
sometidos al control del autorizante en todos los aspectos de su
instalación y funcionamiento, de acuerdo con el reglamento que
dicte el Poder Ejecutivo".
Sustitúyese el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.671, de 8 de
noviembre de 1984, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"ARTICULO 4º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
compete directamente al Poder Ejecutivo:
1) Aprobar convenios con entidades extranjeras relativos al
establecimiento de telecomunicaciones.
2) Autorizar y controlar el funcionamiento de estaciones de televisión
y radiodifusión.
3) Autorizar y controlar la instalación de nuevos servicios de
telecomunicaciones sea con fines comerciales o de uso propio.
4) Autorizar y controlar la fijación de precios o tarifas de servicios
de telecomunicaciones.
5) Controlar la calidad, regularidad y alcance de los servicios de
telecomunicaciones autorizados.
6) Formular normas para el control técnico, fijación de reglas y
patrones industriales, interoperabilidad y manejo del espectro de
las telecomunicaciones, así como controlar su implementación".
Sustitúyese el artículo 4° del Decreto-Ley Nº 14.235, de 25 de julio
de 1974, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"ARTICULO 4°.- Son cometidos de ANTEL:
A) 1) Prestar en forma directa o indirecta servicios de
telecomunicaciones, urbanas, rurales y de larga distancia,
nacionales o internacionales.
2) Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en el otorgamiento
de autorizaciones para:
a) La conexión a la red de telecomunicaciones de equipos que no
sean de propiedad de la institución.
b) La explotación de servicios de telecomunicaciones por parte
de empresas privadas.
B) ANTEL tendrá los poderes jurídicos necesarios para el cumplimiento
de sus cometidos. En particular:
1) Con la autorización del Poder Ejecutivo y en la forma que
determine la reglamentación, podrá contratar con
terceros la prestación de los servicios indicados en el literal
A), numeral 1º de este artículo.
2) Con la autorización del Poder Ejecutivo y en la forma que
determine la reglamentación, podrá asociarse con capitales
privados a fin de prestar dichos servicios (artículo 188, incisos
3 y 4 de la Constitución de la República). En este caso, la
asociación se hará a través de la participación en sociedades
anónimas con acciones nominativas, con integración de ANTEL, en
la dirección y en el capital. A estos efectos, podrá aportar
aquella parte de su patrimonio que fuere necesaria o conveniente
y su participación no podrá ser inferior al cuarenta por ciento
(40%) del capital accionario. En el caso de participación
minoritaria del Ente, el total de los capitales de origen
nacional deberá constituir mayoría accionaria, sin que pueda
alterarse dicha mayoría mediante una posterior transferencia de
acciones, a cuyos efectos el Poder Ejecutivo instrumentará los
controles que aseguren, en todo momento y circunstancia, que el
origen del referido capital sea efectivamente nacional. Los
funcionarios del Ente tendrán derecho preferencial para adquirir
acciones hasta el ocho por ciento (8%) del capital accionario,
debiendo establecer la reglamentación un régimen de descuentos
sobre el valor nominal de las mismas, facilidades para su
adquisición, límites a la propiedad accionaria de cada
funcionario partícipe y plazo de tenencia obligatoria de las
acciones.
De procederse a la constitución de sociedades de economía mixta,
compete al Poder Ejecutivo:
I) Controlar la regularidad y eficiencia de los servicios, previo
informe de ANTEL cuando lo estime pertinente, y aplicar sanciones
por incumplimiento, las que podrán alcanzar a la revocación de
autorizaciones y aplicación de multas. Esto último en casos de
graves perjuicios para el Estado o la comunidad, causados por el
incumplimiento voluntario de las obligaciones contraídas en la
constitución de la sociedad o impuestas por la ley.
II) Con las más amplias facultades de Derecho Público:
a) Garantizar la prestación de servicios de telecomunicaciones que
considere de interés nacional, sea a través de las aludidas
sociedades, sea de manera directa por ANTEL o bajo otras
formas.
b) Asegurar la prestación de servicios de telecomunicaciones de
interés social que puedan ser considerados no redituables.
III) Sin perjuicio de las facultades legales de fiscalización que
competen al Estado, asegurar que las sociedades cuenten con
auditorías independientes, cuyos informes se elevarán al Poder
Ejecutivo y serán adjuntados a los presupuestos anuales de ANTEL.
IV) Dictar las normas pertinentes a efectos de:
a) Que las sociedades referidas elaboren presupuestos en los que
se establezcan los planes de inversión y endeudamiento,
requiriendo para esto último, así como para la venta de
inmuebles el voto favorable de los Directores que representan a
ANTEL.
b) Que en materia de aumentos de capital con nuevos aportes, así
como en los previstos por el artículo 343 de la Ley Nº 16.060
de 4 de setiembre de 1989, las resoluciones de la asamblea de
accionistas requieran el voto afirmativo de ANTEL.
c) Establecer los parámetros adecuados para realizar una
precalificación de los potenciales socios privados y las normas
que regirán su elección final, para lo cual se aplicará lo
dispuesto en los artículos 483 de la Ley Nº 15.903 de 10 de
noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de
la Ley Nº 16.170 de 28 de diciembre de 1990 y 490 de la Ley Nº
15.903 y, en lo posible, las demás disposiciones vigentes en
materia de licitación pública.
V) Informar al Poder Legislativo de las operaciones técnicas y
económicas constitutivas de las sociedades y sus modificaciones
posteriores, así como de los informes de auditoría y la aplicación
de sanciones si fuere el caso.
3) Convenir provisoriamente con entidades extranjeras corresponsales
los arreglos para el establecimiento de las telecomunicaciones,
pudiendo ratificar dichos convenios una vez aprobados por el Poder
Ejecutivo".
En caso que el Poder Ejecutivo haga uso de la facultad que le confiere
el inciso segundo del artículo 174 de la Constitución de la República y
transfiera la Dirección Nacional de Comunicaciones a otra Secretaría de
Estado, no será de aplicación lo dispuesto en la parte final del inciso
segundo del artículo 11 del Decreto-Ley N° 15.671, de 8 de noviembre de
1984.
A todos los efectos previstos en esta ley y en los Decretos-Leyes N°
14.235, de 25 de julio de 1974 y N° 15.671, de 8 de noviembre de 1984, se
entenderá por telecomunicación toda trasmisión, emisión o recepción de
signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier
naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos.
Sustitúyese el artículo 12 del Decreto-Ley N° 14.235, de 25 de julio
de 1974, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 12.- Compete al Directorio igualmente proponer al Poder
Ejecutivo la aprobación de tarifas de sus servicios, con excepción de
las correspondientes a los servicios suplementarios o derivados, las
que serán fijadas directamente por aquél.
Las tarifas se fijarán en función del costo de aquellos, el que se
integrará con el correspondiente porcentaje de depreciación del activo
fijo, fondo para renovación y margen de utilidad específicamente
establecidos".
La adjudicación de líneas telefónicas que se administran en forma
directa por ANTEL, no podrán hacerse en forma individual por los miembros
del Directorio de ANTEL.
Dichas adjudicaciones deberán ajustarse al reglamento sancionado por el
Directorio de acuerdo a criterios objetivos.
Sólo por resolución fundada del Directorio, podrán hacerse
adjudicaciones que constituyan una excepción.
CAPITULO IV
ILPE
Encomiéndase al Directorio del Servicio la liquidación de su
patrimonio actuando en carácter de Comisión Liquidadora, con todas las
facultades necesarias para el cumplimiento de ese objeto.
La Comisión Liquidadora procederá a realizar los activos y cancelar
los pasivos de ILPE.
Para lo primero, podrá, cuando las características de la operación lo
justifiquen y con autorización fundada del Poder Ejecutivo, prescindir de
las disposiciones vigentes en materia de licitaciones públicas, sin
perjuicio de lo estipulado en el artículo siguiente.
En tal caso, el Poder Ejecutivo dispondrá, en su lugar, otro
procedimiento de adjudicación o negociación que respete los requisitos de
igualdad entre oferentes y previa y amplia publicidad.
En la enajenación de la planta industrial del terminal pesquero sita
en el Puerto de Montevideo, con todas las instalaciones anexas, se dará
preferencia a cooperativas o sociedades comerciales integradas, sea por
trabajadores de ILPE, sea por armadores de buques pesqueros de bandera
nacional, o por quienes se dediquen a la comercialización de productos
del mar y que no fueren propietarios de plantas de frío o de
procesamiento de pescado.
Dicha preferencia se establecerá claramente en el llamado
correspondiente.
En el caso de que resultare desierto el llamado a los oferentes
descriptos en el inciso primero, la enajenación se hará por licitación
pública y si ésta fracasara quedará habilitado el Poder Ejecutivo a
proceder como se estipula en el artículo 17.
La Comisión Liquidadora, dentro de los treinta días de su instalación,
elaborará y someterá a consideración del Poder Ejecutivo las bases del
llamado a interesados y, una vez aprobadas dichas bases, procederá a
convocar a aquellos en los términos que resulten de las mismas.
La celebración del negocio jurídico correspondiente con el oferente
que resulte seleccionado, se hará con autorización del Poder Ejecutivo.
En los activos, objeto de negociación se podrá incluir la cesión del
derecho de uso, actualmente en favor de ILPE, del predio ubicado en el
Puerto de Montevideo, por un máximo de treinta años.
Los activos y pasivos que, dentro del año contado a partir de la
entrada en vigencia de esta ley, no hubieran sido liquidados, así como
aquellos que resulten necesarios para el cumplimiento de los cometidos
que se indican en los artículos 22 a 25 de esta ley, se afectarán al
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por resolución del Poder
Ejecutivo.
En cuanto a los inmuebles, el Registro de Traslaciones de Dominio
procederá a la registración correspondiente, a pedido del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, con la sola presentación de certificados
que aquél expedirá con referencia precisa a los datos individualizantes
de cada bien raíz, título y modo de adquisición y a la inscripción del
instrumento respectivo.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través del
Instituto Nacional de Pesca (INAPE) tendrá el monopolio de la faena de
lobos marinos en todas las costas e islas del país y de su caza en las zonas de derecho exclusivo de pesca.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se transferirán
a INAPE los recursos humanos y materiales necesarios de que dispone
actualmente Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE) para el
funcionamiento del área de lobería.
El Poder Ejecutivo determinará, con el asesoramiento de la Comisión
Liquidadora, la nómina de funcionarios a transferir, los que serán
considerados como personal excedente a los efectos de su redistribución,
la que se efectuará de acuerdo al procedimiento y en las condiciones
legalmente previstas, en lo que fuere aplicable.
El Instituto Nacional de Pesca tendrán a su cargo la conservación y
preservación de los lobos marinos y tendrá al respecto los más amplios
poderes de policía en todas las costas e islas del país y en las zonas de
derecho exclusivo de pesca.
El servicio social de suministro de pescado a precio de costo a los
expendios municipales, Instituto Nacional del Menor, Ministerio de Salud
Pública para el exclusivo destino a los hospitales, al Instituto Nacional
de Alimentación así como al Hospital de Clínicas de la Universidad de la
República, será cumplido por la Dirección Nacional de Comercio y
Abastecimiento.
El Estado a través del Instituto Nacional de Pesca se hará cargo de
todos los derechos y obligaciones nacionales e internacionales de la
Industria Lobera y Pesquera del Estado sin condición alguna.
CAPITULO V
ENERGIA ELECTRICA
Sustitúyese el inciso tercero del artículo 6º del Decreto-Ley Nº 14.694, de 1º de setiembre de 1977 por los siguientes:
"El Poder Ejecutivo, previo informe de la Dirección Nacional de Energía
y de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas,
podrá autorizar la integración al sistema interconectado de UTE de
centrales de generación y líneas de trasmisión de propiedad de otros
sujetos de derecho o que fueren explotados o administrados por éstos.
Las condiciones de interconexión y del intercambio energético serán
convenidas en cada caso entre la Administración Nacional de Usinas y
Trasmisiones Eléctricas y los organismos o empresas interesadas y
sometidas a la aprobación del Poder Ejecutivo".
Agréganse al artículo 4° del Decreto-Ley N° 15.031, de 4 de julio de 1980 los siguientes literales:
"I) La compra y venta de energía eléctrica a empresas autorizadas a
funcionar con sus centrales generadoras.
J) Prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica en las áreas
de su especialidad y anexas, tanto en el territorio de la República
como en el exterior. A tales fines podrá asociarse en forma accidental
o permanente con otras empresas, nacionales o extranjeras, así como
contratar o subcontratar con ellas la complementación de sus tareas".
CAPITULO VI
DISPOSICIONES ESPECIALES
La aplicación de la presente ley no afectará los derechos de los
funcionarios públicos comprendidos, los que podrán optar entre acogerse a
los beneficios establecidos en los artículos 32 y 36 de la Ley N° 16.127,
de 7 de agosto de 1990, ser redistribuidos de acuerdo a lo establecido en
ella, o aceptar el ingreso a la nueva empresa bajo un régimen de derecho
privado manteniendo sus retribuciones y niveles jerárquicos, sin
perjuicio de las limitaciones impuestas por la reorganización de los
servicios.
Los recursos obtenidos por las enajenaciones efectuadas en mérito a esta ley, en la forma que establezca la reglamentación, serán destinados
a los siguientes fines:
a) Capitalización del Banco de Previsión Social;
b) Inversiones de la Administración Nacional de Educación Pública; y
c) Planos de vivienda o construcción, refacción o equipamiento de
hospitales del Ministerio de Salud Pública.
En las contrataciones que se lleven a cabo al amparo de lo dispuesto
en la presente ley y sin perjuicio de otras disposiciones aquí referidas,
el Estado tomará las medidas jurídicas y prácticas pertinentes a efectos
de:
a) Promover el ejercicio de la libertad de la elección de los
consumidores.
b) Evitar en todo caso la formación de monopolios de hecho. El Poder
Ejecutivo garantizará el cumplimiento del presente precepto y
cuando ello no fuera posible por razones técnicas o prácticas,
establecerá las garantías que aseguren su control;
c) Evitar la concurrencia desleal por el otorgamiento de subsidios,
subvenciones u otras prácticas análogas, particularmente en
perjuicio de oferentes nacionales;
d) Obtener niveles tecnológicos de excelencia;
e) Contar con el asesoramiento adecuado, pudiendo para ello contratar
a consultores o empresas consultoras independientes,
preferentemente nacionales;
f) Disponer, previamente a las transferencias de bienes o el aporte a
sociedades comerciales, de avalúos practicados según las normas
generalmente aceptadas en la materia;
g) Resguardar que las diversas contrataciones estén revestidas de la
publicidad adecuada para asegurar la debida transparencia de las
operaciones y permitir el más amplio concurso de interesados;
h) Precaver contra la eventualidad de que controversias con
co-contratantes extranjeros puedan redundar en conflictos con otros
Estados;
i) Asegurar la máxima imparcialidad en los procedimientos.
La Administración Central, los Entes Autónomos y Servicios
Descentralizados comunicarán circunstanciadamente a la Asamblea General por la vía correspondiente, y dentro de los tres días hábiles, de las
contrataciones efectuadas.
CAPITULO VII
DEROGACIONES
Deróganse los artículos 8º y 9º inciso 2, 11 y 19 de la Ley N° 11.740,
de 12 de noviembre de 1951, artículos 3º, 6º, 7º y 9º del Decreto-Ley N°
14.235, de 20 de julio de 1974, Decreto-Ley N° 14.499, de 5 de marzo de
1976, artículo 12 del Decreto-Ley N° 15.671, de 8 de noviembre de 1984 y la Ley N° 15.777, de 18 de noviembre de 1985, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 27
de setiembre de 1991.
JUAN ADOLFO SINGER
Presidente
HORACIO D. CATALURDA
Secretario
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente
Montevideo, 10 de octubre de 1991.
Cúmplase, acúsase recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.-
LACALLE HERRERA.- JUAN ANDRES RAMIREZ.- EDUARDO MEZZERA.- ENRIQUE BRAGA
SILVA.- MARIANO R. BRITO.- GUILLERMO GARCIA COSTA.- RICARDO GOROSITO.-
AUGUSTO MONTESDEOCA.- ENRIQUE ALVARO CARBONE.- CARLOS E. DELPIAZZO.- ALVARO RAMOS.- JOSE VILLAR GOMEZ.- RAUL LAGO.