VISTO: Lo dispuesto por el Titulo II capítulo VIII y X artículo 82, y por
el Titulo III Art. 98 de la Ley No. 19.121 de 20 de agosto de 2013. -
RESULTANDO: I) Que las referidas normas establecen el régimen de
responsabilidad disciplinaria para los funcionarios del Poder Ejecutivo,
con excepción de funcionarios diplomáticos, consulares, militares,
policiales y de los magistrados dependientes del Ministerio Público y
Fiscal.
II) Que el Decreto 500/991 de 27 de setiembre 1991, con las modificaciones
introducidas por el Decreto 420/007 del 7 de noviembre de 2007, regula en
el Libro II el Procedimiento Disciplinario para los funcionarios del Poder
Ejecutivo.
CONSIDERANDO: Que resulta necesario adecuar la reglamentación en función
del nuevo régimen que se crea;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el artículo 168
numeral 4° de la Constitución de la República
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
actuando en Consejo de Ministros
DECRETA:
SECCION I
Del ámbito de Aplicación y los Principio Generales Título I
Ámbito de Aplicación
El presente Decreto se aplica a los funcionarios públicos del Poder
Ejecutivo, con excepción de los funcionarios diplomáticos, consulares,
militares, policiales y de los magistrados dependientes del Ministerio
Público y Fiscal.
La potestad disciplinaria es irrenunciable. Constatada una irregularidad
o ilícito en el servicio o que lo afecte directamente aún siendo extraño a
él, se debe disponer la instrucción del procedimiento disciplinario que
corresponde a la situación.
La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo a los siguientes
principios:
- De proporcionalidad o adecuación. De acuerdo con el cual la
sanción debe ser proporcional o adecuada en relación con la falta
cometida.
- De culpabilidad. De acuerdo con el cual se considera falta
disciplinaria los actos u omisiones intencionales o culposas,
quedando excluida toda forma de responsabilidad objetiva.
- De presunción de inocencia. De acuerdo con el cual el funcionario
sometido a un procedimiento disciplinario tiene derecho al
respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y se
presumirá su inocencia mientras no se establezca su culpabilidad
por resolución firme dictada con las garantías del debido
proceso, sin perjuicio de la adopción de las medidas preventivas
que correspondan.
- Del debido proceso. De acuerdo con el cual en todos los casos de
imputación de una irregularidad, omisión o delito, se deberá dar
al interesado la oportunidad de presentar descargos y articular
su defensa,sobre los aspectos objetivos o subjetivos del caso,
aduciendo circunstancias atenuantes de responsabilidad o causas
de justificación u otras razones.
- "Non bis in idem". De acuerdo con el cual ningún funcionario
podrá ser sometido a un procedimiento disciplinario más de una
vez por un mismo y único hecho que haya producido, sin perjuicio
de las responsabilidades penales o civiles que pudieren
coexistir.
- De reserva. El procedimiento disciplinario será reservado.
Excepto para el sumariado y su abogado patrocinante. La violación
a este principio será considerada falta grave.
El procedimiento disciplinario es el conjunto de trámites y formalidades
que debe observar la Administración en el ejercicio de sus poderes
disciplinarios. Se regulará por la Ley N° 19.121 de 20 de agosto de 2013,
el presente Decreto y en lo pertinente por las disposiciones del Libro I
del Decreto 500/991 con las modificaciones del Decreto 420/007. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Decreto Nº 263/014 de 11/09/2014 artículo 1.
Ver en esta norma, artículo:80 (vigencia).
TEXTO ORIGINAL: Decreto Nº 222/014 de 30/07/2014 artículo 4.
El procedimiento disciplinario es de carácter reservado, excepto para el
sumariado y su abogado patrocinante. La violación de este principio será
considerada falta grave.
Constatada efectivamente, en el respectivo procedimiento disciplinario,
la comisión de una falta y su responsable, se debe imponer la sanción
correspondiente.
La violación de este deber configura falta muy grave.
(Definición de falta) La falta susceptible de sanción disciplinaria, es
todo acto u omisión del funcionario, intencional o culposo, que viole los
deberes funcionales. Considéranse deberes funcionales las obligaciones,
prohibiciones e incompatibilidades del funcionario, establecidas por la
regla de derecho.
Sin perjuicio de otras que las normas legales establezcan, se podrá
imponer por razón de faltas cometidas, las siguientes sanciones:
- Observación con anotación en el legajo personal del funcionario.
- Amonestación (apercibimiento) con anotación en el legajo personal
del funcionario.
- Suspensión hasta por el término de seis meses. La suspensión
hasta de tres meses será sin goce de sueldo, o con la mitad de
sueldo según la gravedad del caso.
La que exceda de este último término será siempre sin goce de
sueldo.
- Todo descuento por sanción se calculará sobre las partidas
permanentes sujetas a montepío que integran el salario percibido
por el funcionario en el momento de la infracción. En el caso de
que se trate de una misma infracción cuya comisión se reitera en
el tiempo, el descuento se calculará sobre el salario
correspondiente a la comisión de la última infracción,
considerándose las mismas como una sola infracción al momento
de su constatación.
- Destitución.
(Causales de Destitución) Será causal de destitución la ineptitud,
omisión o delito.
- Ineptitud. Se entiende por ineptitud la carencia de idoneidad, la
incapacidad personal o inhabilitación profesional.
Sin perjuicio de ello, se configurará ineptitud cuando el funcionario
obtenga evaluaciones por desempeño insatisfactorias en dos periodos
consecutivos y cuando para alcanzar un nivel satisfactorio le sea exigible
acceder a una recapacitación la rechace o no logre aprobarla. Para este
caso, se requiere que el organismo donde se desempeñe el funcionario, en
coordinación con la Escuela Nacional de Administración Pública, determine
los cursos de capacitación y/o pruebas cuya aprobación se exigirán para
dicha circunstancia.
- Omisión. Se entiende por omisión, a los efectos de la destitución, el
incumplimiento muy grave de las obligaciones funcionales.
Sin perjuicio de ello, se considerará omisión por parte del funcionario,
el incumplimiento de las tareas en los servicios que sean declarados
esenciales por la autoridad competente.
Asimismo, los funcionarios incurrirán en ineptitud u omisión, según
corresponda, cuando acumulen diez inasistencias injustificadas en un año
calendario; o cuando -a través de los mecanismos de control de asistencia-
efectúen registros correspondientes a otra persona o resulten beneficiados
por el registro realizado por otra, siempre que lo hubieran solicitado.
- Delito. Se entiende por delito toda conducta típica, antijurídica y
culpable por la que el funcionario sea condenado penalmente. En todos los
casos de sometimiento a la Justicia Penal de un funcionario o de condena
ejecutoriada, el Poder Ejecutivo apreciará las circunstancias y situación
del mismo, a efectos de solicitar o no la destitución.
Las faltas, al momento de imputarse, se deberán clasificar en leves,
graves y muy graves, atendiendo a las siguientes circunstancias:
1) El deber funcional violentado.
2) El grado en que haya vulnerado la normativa aplicable.
3) La gravedad de los daños causados.
4) El descrédito para la imagen pública de la Administración.
La responsabilidad disciplinaria aumenta en función de la jerarquía del
funcionario que comete la falta.
La comprobación de las faltas leves ameritarán las sanciones de
observación o amonestación con anotación en el legajo personal del
funcionario, o suspensión hasta por diez días, no resultando necesaria la
instrucción de un sumario administrativo.
Las faltas graves ameritarán la sanción de suspensión a partir de diez
días, y hasta por el término de seis meses.
Las faltas muy graves ameritarán la destitución.
Las sanciones de suspensión mayor de diez días y la destitución solamente
podrán imponerse previo sumario administrativo."
Las faltas administrativas prescriben:
a) Cuando además constituyen delito, en el término de
prescripción de ese delito.
b) Cuando no constituyen delito, a los seis años.
El plazo de prescripción de la falta administrativa empieza a correr de
la misma forma que el previsto para el de la prescripción de los delitos
en el artículo 119 del Código Penal.
La prescripción establecida en este artículo se suspende por la resolución
que disponga una investigación administrativa o la instrucción de un
sumario por la falta administrativa en cuestión."
La responsabilidad disciplinaria será apreciada y sancionada
independientemente de la responsabilidad civil o penal, sin perjuicio de
lo dispuesto por el inciso final del artículo 82 de la Ley No. 19.121.
(Reincidencia) Se entiende por reincidencia, el acto de cometer una falta
antes de transcurridos seis meses desde la resolución sancionatoria de una
falta anterior. La reincidencia deberá ser considerada como agravante al
momento de imponer la sanción correspondiente
Los procedimientos se clausurarán si la Administración no se pronuncia
sobre el fondo del asunto en el plazo de dos años, contados a partir de la
resolución que dispuso la instrucción del sumario.
El cómputo del plazo referido se suspenderá:
A) Por un término máximo de sesenta días, durante la
tramitación de la ampliación o revisión sumarial.
B) Por un plazo máximo de treinta días en cada caso, para
recabar los dictámenes de la Fiscalía de Gobierno competente y de
la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando corresponda.
C) Por un plazo máximo de noventa días durante el cual la
Cámara de Senadores tiene a su consideración el pedido de venia
constitucional para la destitución.
Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en el caso de
funcionarios sometidos a la Justicia Penal.
En caso de que se clausuren procedimientos disciplinarios por el
vencimiento del plazo previsto, el Poder Ejecutivo dispondrá la
realización de una investigación administrativa con la finalidad de
determinar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes,
cometiendo su instrucción a la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Todo funcionario público tiene la obligación de denunciar ante el
respectivo superior jerárquico y si la situación lo amerita ante cualquier
superior, las irregularidades de las que tuviera conocimiento y los hechos
con apariencia ilícita y/o delictiva. Asimismo deberá recibir y dar
trámite a las denuncias que se le formulen al respecto. En uno y en otro
caso, las pondrá en conocimiento de sus superiores jerárquicos.-
Lo dispuesto en el artículo anterior, es sin perjuicio de la denuncia
policial o judicial de los delitos, de conformidad con lo establecido en
el artículo 168 numeral 10 de la Constitución de la República y en el
artículo 177 del Código Penal
La denuncia podrá ser escrita o verbal. En el primer caso, se efectuará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del decreto 500/991 de
fecha 27/9/1991.
Tratándose de denuncia verbal, se labrará acta, que será firmada por el
denunciante y por el funcionario ante quien se formule. Si aquel no
supiese o no pudiere firmar, lo hará el funcionario, poniendo la
constancia respectiva.
La denuncia deberá contener en forma clara y precisa, en cuanto sea
posible, la siguiente información:
a) Los datos personales necesarios para la individualización del
denunciante, denunciado y testigos, si lo hubiere;
b) Relación circunstanciada de los actos, hechos u omisiones que pudieran
configurar la irregularidad;
c) Cualquier otra circunstancia que pudiera resultar útil a los fines de
la investigación.
En conocimiento de alguna irregularidad administrativa, el jefe o
encargado de la repartición dispondrá la realización de una información de
urgencia. Esta consiste en los procedimientos inmediatos tendientes a
individualizar a los posibles autores, cómplices y testigos y para evitar
la dispersión de la prueba. A tales efectos, personalmente o por el
funcionario que designe, interrogará al personal directamente vinculado al
hecho, agregará la documentación que hubiere y ocupará todo otro elemento
que pueda resultar útil a los fines de ulteriores averiguaciones.
En todos los casos, la denuncia, con la información de urgencia, deberá
ser puesta en conocimiento del jerarca del servicio dentro de las cuarenta
y ocho horas. Ello sin perjuicio de la comunicación inmediata si la
gravedad del hecho así lo justificare.
Las sanciones de observación y amonestación con anotación en el legajo,
podrán imponerse mediante el siguiente procedimiento: constatada la falta
por el jerarca de la Unidad Ejecutora, dará vista al funcionario por un
plazo de cinco días (hábiles) de la relación de los hechos y su
calificación. Si mediare pedido de parte, deberá disponer la apertura de un período de prueba por un plazo prudencial no superior a diez días
(hábiles), a fin de que puedan practicarse las que sean legalmente
admisibles y juzgue conducentes o concernientes al asunto en trámite. La
admisión o rechazo de una prueba por considerarla inadmisible,
inconducente o impertinente es competencia del Jerarca de la Unidad
Ejecutora. Vencido los plazos y cumplidos los extremos antedichos el
Jerarca resolverá sobre el fondo del asunto.
La resolución que recaiga se notificará personalmente a quien corresponda
siguiéndose el procedimiento previsto en el artículo 91 del Decreto N°
500/991 de 27/9/1991.
En caso de faltas que puedan dar mérito a suspensiones de hasta diez días
el jerarca de la Unidad Ejecutora dispondrá una investigación de urgencia,
la que deberá sustanciarse en un plazo de setenta y dos horas. Cumplida la
misma se le dará vista al funcionario por el plazo de diez días hábiles de
la relación de los hechos y su calificación. Si mediare pedido de parte,
deberá disponer la apertura de un período de prueba por un plazo
prudencial de hasta 10 días, que se podrá prorrogar por el mismo plazo y
por única vez, a fin de que puedan practicarse las que sean legalmente
admisibles y juzgue conducentes o concernientes al asunto en trámite. La
admisión o rechazo de una prueba por considerarla inadmisible,
inconducente o impertinente es competencia del jerarca de la Unidad
Ejecutora, quien deberá fundarla adecuadamente conforme a derecho.
Vencidos los plazos y cumplidos los extremos antedichos, el jerarca
resolverá sobre el fondo del asunto.
La resolución que recaiga se notificara personalmente a quien corresponda
siguiéndose el procedimiento previsto en el artículo 91 del Decreto N°
500/991 de 27/9/1991.
(*)Notas:
Ver en esta norma, artículos:24, 27 y 80 (vigencia).
En los casos previstos en el presente Título, así como en el del artículo
77 del presente decreto, toda vez que el Jerarca admita el
diligenciamiento de la prueba ofrecida por la parte, designará un
instructor a sus efectos, el que podrá, asimismo, si lo considera
necesario, disponer medios probatorios complementarios. Dentro de las 24
(veinticuatro) horas antes del vencimiento del plazo establecido para su
diligenciamiento, el instructor deberá elaborar un informe circunstanciado
a su respecto.
El incumplimiento por parte del instructor, de los plazos previstos
respectivamente en este artículo, así como en los artículos 22, 23 y 77 de
este decreto, configurará falta grave.
La investigación administrativa es el procedimiento tendiente a
determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o
ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente aún siendo
extraños a él, y a la individualización de los responsables.
El sumario administrativo es el procedimiento tendiente a determinar o
comprobar la responsabilidad de los funcionarios imputados de la comisión
de falta administrativa y a su esclarecimiento.
Si en el curso de la investigación administrativa fueran individualizados
uno o más imputados, se solicitará que por la autoridad pertinente se
decrete a su respecto el sumario y se adopten las medidas a que se refiere
el artículo 29, sin que por ello se suspendan los procedimientos. Las
actuaciones cumplidas se considerarán incorporadas al sumario, el que se
continuará sustanciando en los mismos autos.
Si la individualización ocurriere al finalizar la instrucción será
suficiente dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
correspondientes al trámite posterior a la instrucción del presente
Decreto.
En el curso del procedimiento previsto en el artículo 23 del presente
decreto, una vez diligenciada la prueba ofrecida por la parte y realizado
el informe del instructor, si el jerarca lo estima pertinente, podrá
decretar el sumario administrativo, procediendo de acuerdo a lo
establecido en el inciso primero de este artículo.
Todo sumario o investigación administrativa se iniciará con resolución
fundada del jerarca de la respectiva Unidad Ejecutora que lo disponga, la
que iniciara los obrados. Conjuntamente se designará al funcionario
encargado de la investigación. Esta competencia es sin perjuicio de la que
corresponde a los Ministros dentro de cualquiera de los servicios
jerarquizados de su Secretaría de Estado. El instructor dispondrá se
cursen las comunicaciones pertinentes al Registro de Sumarios de la
Oficina Nacional del Servicio Civil, de conformidad con las normas
vigentes. El incumplimiento de esta obligación en el plazo de 10 días a
partir de la notificación al o los sumariados se considerará falta grave
Al decretarse un sumario, el Jerarca nombrado en el artículo anterior,
deberá de acuerdo a la naturaleza de la falta, disponer la suspensión
preventiva del o de los funcionarios imputados, dando cuenta de inmediato
al Ministro.
El plazo de la suspensión deberá ser cuantificado en atención a los hechos
que motivaron el procedimiento.
La misma llevará aparejada la retención de los medios sueldos
correspondientes.
La suspensión preventiva y la retención de los medios sueldos no podrán
exceder de seis meses contados a partir del día en que se notifique al
funcionario la resolución que disponga tales medidas. En cualquier estado
del sumario, el jerarca podrá dejar sin efecto la suspensión preventiva,
dando cuenta al Ministro. Asimismo, podrá proponer la adopción de otras
medidas preventivas que estime convenientes en función del interés del
servicio y de acuerdo con los antecedentes del caso.
De la Resolución que deja sin efecto la suspensión preventiva, el
instructor deberá disponer se cursen las comunicaciones pertinentes al
Registro de Sumarios de la ONSC de conformidad con las normas vigentes. El
incumplimiento de esta obligación en el plazo de diez días a partir de la
Resolución del Jerarca se considerará falta grave.
Cumplida la suspensión preventiva, el instructor sumariante deberá
comunicar el vencimiento del plazo al jerarca que dispuso el sumario,
quien dispondrá el cese inmediato de la suspensión preventiva y de la
retención de los medios sueldos, sin que ello suponga pronunciamiento
alguno sobre el fondo del sumario.
En tal caso dicho jerarca podrá disponer que pase a desempeñar otras
funciones compatibles con el sumario que se le instruya, en la misma o en
otras reparticiones.
Del cese de la suspensión preventiva por vencimiento del plazo, el
instructor deberá disponer se cursen las comunicaciones pertinentes al
Registro de Sumarios de la ONSC de conformidad con las normas vigentes. El
incumplimiento de esta obligación en el plazo de diez días a partir de la
Resolución del Jerarca se considerará falta grave.
Todos los antecedentes relacionados con los hechos que habrán de
investigarse, se pasarán de oficio al funcionario instructor. El
funcionario sumariante no deberá desprenderse del expediente, por ningún
motivo.
Todo informe o trámite que su actividad requiera, ha de sustanciarlo por
requisitoria cuya contestación o cumplimiento, una vez recibido su
comunicado, agregará en el orden cronológico en que lo reciba.
El funcionario instructor deberá, como primera medida, notificar la
resolución que dispone el sumario o la investigación al jefe o director de
la oficina donde se practicará o, en su caso, a las autoridades que
legalmente tengan la representación del servicio y al sumariado.
El funcionario instructor podrá solicitar al Jerarca que dispuso el
sumario, la ampliación del plazo de la suspensión preventiva del o de los
sumariados en función de los elementos que surjan de la instrucción.
En este caso, la ampliación de la suspensión preventiva importará también
la retención de los medios sueldos correspondientes y se regirá en cuanto
a su duración y la obligación de las comunicaciones pertinentes al
Registro de Sumarios de la Oficina Nacional del Servicio Civil.-
En todos los casos, la ampliación de la suspensión preventiva deberá
ponerse en conocimiento inmediato del Ministro, sin que por ello se
suspendan los procedimientos.
El plazo dispuesto para la suspensión preventiva comenzará a contarse a
partir del día en que se notifique al suspendido la resolución que
disponga la suspensión.
Cuando el funcionario instructor juzgue suficientemente avanzado el
trámite del sumario o investigación a su cargo, o cuando la naturaleza de
las irregularidades indagadas lo permita, podrá solicitar del Jerarca
correspondiente, si no deriva perjuicio para la normal investigación, sean
repuestos los funcionarios separados preventivamente de sus cargos o
algunos de ellos.
Si se adoptare resolución favorable, no supondrá ella pronunciamiento
alguno sobre el fondo del sumario.
El diligenciamiento del sumario o investigación lo efectuará el
instructor adoptando todas las medidas que considere necesarias y
convenientes, tendiendo al mejor y más completo esclarecimiento de los
hechos.
Todas las diligencias que dispusiera el instructor para el debido
cumplimiento de sus cometidos deberán ser instrumentadas en forma de acta,
que será firmada, en su caso, por las personas intervinientes en aquéllas.
Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento disciplinario
podrán acreditarse por cualquier medio lícito de prueba grafica o
audiovisual, así como por todo otro medio hábil que provea la técnica.-
Durante el curso del sumario o investigación, el instructor podrá llamar
cuantas veces crea necesario a los sumariados y a los testigos, sean estos
últimos funcionarios o particulares, para prestar declaración o ampliar
las ya prestadas, y éstos podrán también ofrecerlas debiendo ser aceptadas
de inmediato, siempre que tengan relación con el sumario o la
investigación.
El sumariado deberá prestar la más amplia colaboración para el
esclarecimiento de los hechos investigados, de acuerdo con la regla
enunciada en el artículo quinto del Código General del Proceso, lo que
será valorado en la resolución que recaiga en el sumario.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 46 de este Decreto, el
instructor procederá a tomar personalmente las declaraciones de las
personas llamadas al sumario o investigación; excepcionalmente podrá
solicitar por pliego cerrado la declaración de algún testigo cuando a su
juicio así sea conveniente.
El instructor podrá delegar, bajo su responsabilidad, la práctica de otras
diligencias útiles a los fines de la instrucción y hacer las citaciones de
los testigos.
Las citaciones a funcionarios y particulares que deban declarar en el
sumario o investigación, las practicará el instructor directamente o por
intermedio de las oficinas públicas respectivas según determine, sin
perjuicio de hacerlas por intermedio de la policía cuando la negativa
contumaz del citado o la ignorancia de su residencia lo justifique.
Las citaciones serán personales y se extenderán en cédulas en las que se
expresará día, hora y lugar donde debe concurrir el testigo o sumariado y
el motivo de la citación, siendo aplicables en lo pertinente las
disposiciones de los artículos 91 y siguientes del Decreto 500/991 con las
modificaciones del Decreto 420/07.-
Las declaraciones deberán ser tomadas por separado a cada deponente y
personalmente por el funcionario instructor.
Las declaraciones deberán ser recogidas textualmente y en el acta que se
levantará se hará constar los datos identificatorios, laborales, el
domicilio y demás generales de la ley (si el testigo es pariente por
consanguinidad o afinidad, amigo íntimo o enemigo del sumariado, y si
tiene interés directo o indirecto en el sumario). Terminada que fuere se
le interrogará por la razón de sus dichos y se leerá íntegramente el acta
al declarante, quien deberá manifestar de inmediato si se ratifica en sus
declaraciones y si tiene algo que agregar o emendar. Si el declarante no
se ratificare en sus respuestas en la forma que hubiesen sido redactadas y
leídas y tuviese algo que enmendar o agregar, se harán constar las nuevas
declaraciones o enmiendas al final del acta, sin alterarse lo ya escrito.
El deponente será interrogado en forma concisa y objetiva y las preguntas
no serán sugestivas, tendenciosas o capciosas.
No se permitirá leer apuntes o escritos, a menos que el funcionario
actuante lo autorice cuando se trate de preguntas referidas a cifras,
fechas o en los demás casos que se considere justificado.
Tampoco podrán recibir asistencia en sus declaraciones con excepción del
funcionario sumariado, que podrá ser asistido de su abogado a los fines y
con las facultades previstas en el art. 72 del Decreto 500/91 conservando
el funcionario instructor la dirección del procedimiento en la forma
señalada en dicho artículo.
Las declaraciones serán firmadas en cada una de sus hojas por el
deponente y el funcionario instructor.
Si el declarante no quisiere, no pudiere o no supiere firmar, la
declaración valdrá sin su firma, siempre que consten en el acta el nombre
y firma de dos testigos de actuación o de escribano público
El funcionario instructor procederá a recibir declaraciones de todas las
personas que hubieran sido indicadas en el sumario o investigación que
considere que tienen conocimiento del hecho que lo motiva y que se trata
de comprobar, o de otros que tengan relación con él, y si algunos de los
expresamente indicados no fuere interrogado, se pondrá constancia de la
causa que hubiera obstado al examen.
Siempre que deba interrogarse a algún testigo que se encuentre en lugar
distante del que se halle el funcionario instructor, éste podrá librar
oficio a un funcionario responsable de la localidad para que cite e
interrogue al testigo y labre el acta correspondiente. A ese fin, remitirá
en sobre cerrado el interrogatorio a que será sometido el testigo y dicho
sobre únicamente será abierto en presencia de éste, extendiéndose su
declaración a continuación del interrogatorio.
El funcionario que sin causa justificada no concurra a prestar
declaración cuando sea citado, el instructor sumariante solicitara al
jerarca respectivo la suspensión en el ejercicio de las funciones de su
cargo hasta tanto lo haga. Esta medida importará la retención de los
medios sueldos prevista en el artículo 29.
En caso de que el sumariado no concurriere al ser citado en forma por el
instructor, éste lo comunicará de inmediato al jerarca quien adoptará las
medidas administrativas que correspondan, sin perjuicio de la consecuencia
prevista en el inciso final del artículo 38.-
Si el testigo o el sumariado estuvieran justamente impedidos de concurrir
a prestar declaración, el instructor adoptará las providencias necesarias
para recabar su testimonio en la forma que estime más conveniente.
Podrá también el funcionario instructor disponer careos entre quienes
hayan declarado en el curso de la instrucción, quienes concurrirán sin
asistencia letrada, con el fin de explicar contradicciones entre sus
respectivas declaraciones o para que procuren convencerse recíprocamente.
El careo se verificará ante el funcionario instructor, quien leerá a los
careados las declaraciones que se reputen contradictorias y llamará la
atención sobre las discrepancias, a fin de que entre sí se reconvengan o
traten de acordarse para obtener la aclaración de la verdad. A tal efecto,
el instructor podrá formular las preguntas que estime conveniente.-
De la ratificación o rectificación se dejará constancia, así como de las
reconvenciones que mutuamente se hicieren los careados y de cuanto de
importancia, para la aclaración de la verdad, ocurra en el acto.
Cuando se presenten documentos que tengan relación con los hechos que
motivan el sumario o investigación se mencionará en el acta respectiva su
presentación y se mandará agregar a los autos previa rubricación por el
instructor y la persona que lo ofreciese y, en su caso, según el
procedimiento a que alude el inciso 2° del artículo 44.-
Ordenará simplemente la agregación bajo su firma, de todo documento que
reciba por cualquier otra vía.
A efectos de garantir el secreto de la investigación, el instructor podrá
dirigirse directamente a los distintos servicios del Poder Ejecutivo
recabando los datos e información necesarios a su labor.
Las diligencias solicitadas por el instructor revestirán carácter urgente
y tendrán preferencia especial en el trámite.
Para el más rápido diligenciamiento, el instructor podrá solicitar al
Jerarca, sin que se suspenda el procedimiento habilitar horas
extraordinarias y días feriados, a fin de tomar declaraciones y realizar
las prácticas que estime del caso.
Todo sumario e investigación administrativa deberá terminarse en el plazo
de sesenta días corridos, contados desde aquél en que el funcionario
instructor haya sido notificado de la resolución que lo ordena. En casos
extraordinarios o circunstancias imprevistas, previa solicitud del
funcionario instructor, el Jerarca respectivo podrá prorrogar dicho plazo
por un máximo de 60 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
siguiente.
Cualquier prórroga que supere el límite señalado precedentemente, será de
exclusiva responsabilidad del jerarca que la hubiere concedido.
El incumplimiento de los plazos por parte del instructor configura falta
grave.
Los plazos referidos no serán de aplicación en el caso de funcionarios
sometidos a la justicia penal
El superior inmediato del instructor, en cuanto tenga intervención en el
trámite, deberá fiscalizar que el sumario o la investigación
administrativa hayan sido instruidos dentro del término correspondiente,
que el instructor haya realizado la comunicación pertinente al Registro de
Sumarios de la ONSC en el plazo establecido que no se haya desprendido del
expediente, por ningún motivo; y que el diligenciamiento de la prueba se
cumplió conforme a derecho. Si la instrucción hubiera violado algunos de
los preceptos enunciados, dará cuenta al jerarca de quien dependa para que
sancione la omisión.
Este deber de fiscalizar se extiende, asimismo, a los abogados de la
Administración, cuando tengan que dictaminar respecto del sumario o la
investigación administrativa.
Al funcionario a quien por primera vez se le compruebe esta omisión se le
sancionará con la anotación del hecho mismo en su legajo personal.
La reiteración y la omisión dolosa serán circunstancias agravantes.
La omisión en la fiscalización será sancionada de la misma manera y en las
mismas condiciones señaladas precedentemente.
El instructor deberá agregar copia autenticada de la foja de servicios de
cada uno de los funcionarios implicados en la información, con las
anotaciones al día de sus faltas al servicio y demás circunstancias
registradas por la oficina a que pertenezcan. El instructor pedirá el
documento referido en el presente artículo por oficio directamente a quien
corresponda.
Concluida la instrucción, de lo que se dejara constancia en el
expediente, el instructor dispondrá de un plazo de diez días para realizar
un informe circunstanciado con las conclusiones a que arribe; en su caso,
la relación de los hechos probados y su calificación, la participación que
en ellos hubieren tenido los funcionarios sujetos al procedimiento
disciplinario en trámite, la reincidencia y las circunstancias atenuantes,
agravantes que existan en favor o en contra de los mismos.
Cuando lo creyere conveniente, podrá aconsejar se estudien las
correcciones necesarias para un mejor funcionamiento del servicio
Tratándose de investigaciones administrativas, serán elevadas al jerarca
que las decretó quien, previo informe letrado, adoptará decisión.
Tratándose de sumario, el instructor sumariante pondrá el expediente de
manifiesto, dando vista a los interesados por un término no inferior a los
diez días.
Cuando haya más de una parte que deba evacuar la vista, el término será
común a todas ellas y correrá del día siguiente a la última notificación.
Vencido el término, sin que se hubiese presentado escrito de evacuación de
vista o habiéndose presentado sin ofrecimiento de prueba, la oficina dará
cuenta al superior, elevando el expediente a despacho a los efectos que
corresponda, no admitiéndose después a los interesados, escritos ni
petitorios que tengan por fin estudiar el sumario.
Si dentro del término de vista se ofreciere prueba, el instructor se
pronunciará de acuerdo a lo dispuesto por el inciso tercero 3ro. del
artículo 71 del decreto 500/991, debiendo proceder a su diligenciamiento
toda vez que dicha prueba fuera aceptada, contando para ello con el plazo
previsto en el artículo 62 del presente Decreto.
El expediente sumarial no podrá ser sacado de la oficina en donde fuere
puesto de manifiesto sino en casos muy excepcionales apreciados por las
autoridades que conocen en él, debiendo, en tal caso, solicitarse por
escrito por los interesados con firma de letrado y bajo la responsabilidad
de éste quien deberá dejar recibo en forma, no pudiendo ser retirado por
un plazo superior a 48 horas.
Las oficinas pasarán el expediente en vista a su Asesoría Letrada, la que
deberá expedirse en el plazo de diez prorrogable por diez días más si
fuese necesario a juicio del Jerarca.
El abogado asesor fiscalizará el cumplimiento de los plazos para la
instrucción y controlará la regularidad de los procedimientos,
estableciendo las conclusiones y aconsejando las sanciones y medidas que
en su concepto corresponda aplicar. Asimismo podrá aconsejar la ampliación
o revisión del sumario.
Cuando el funcionario instructor sea el Asesor Jefe, deberá enviarse al
Fiscal de Gobierno de Turno quien dispondrá del plazo de veinte días
prorrogable por diez días más, si fuese necesario. Sin perjuicio, en
cualquier estado del trámite, el Jerarca podrá solicitar opinión al Fiscal
de Gobierno de Turno, en carácter de medida para mejor proveer.
Si el sumario se hubiese dispuesto a consecuencia de irregularidades en
la administración y manejo de fondos públicos, deberá darse cumplimiento a
lo dispuesto en los artículos 140 y siguientes del TOCAF (Decreto N°
150/012 de 11 de mayo de 2012.)
Devuelto el expediente por el órgano asesor, el Jerarca que dispuso la
instrucción sumarial, resolverá o proyectará la resolución que
corresponda.
Si se decidiera la ampliación o revisión del sumario o de la investigación
instruida, en el mismo acto se designará el funcionario que deba hacerse
cargo de dicha tarea, el que la cumplirá también con sujeción al presente
Decreto en un plazo no mayor de treinta días.
Compete a la Comisión Nacional del Servicio Civil pronunciarse sobre las
destituciones de funcionarios en último término, una vez culminada la
instrucción correspondiente, antes de la resolución de la autoridad
administrativa, disponiendo para ello de un plazo de treinta días a contar
de la recepción del expediente por la Oficina Nacional del Servicio Civil.
(Ley 15.757, de 15 de julio de 1985, art. 7 literal c); Decreto 211/986,
de 18 de abril de 1986, art. 4).
La Resolución definitiva será adoptada por el Jerarca máximo del Inciso.
De la Resolución que recaiga en el sumario, el Área de Gestión Humana o
quien haga sus veces, notificará personalmente a quienes corresponda,
siguiéndose el procedimiento previsto en los artículos 91 y siguientes del
Decreto 500/991, en lo que fueren aplicables y será responsable de librar
las correspondientes comunicaciones al Registro General de Sumarios
Administrativos de la Oficina nacional del Servicio Civil en un plazo de
10 días
La resolución admitirá los recursos comunes a los actos administrativos.
En caso de impugnación de la resolución que dispone la destitución del
funcionario, deberá oírse en primer término a la Asesoría Letrada del
Organismo, debiendo remitirse posteriormente el expediente en vista al
Fiscal de Gobierno de Turno, quien dispondrá de los plazos referidos en el
artículo 60 para expedirse.
Los funcionarios públicos no podrán ser suspendidos por más de seis meses
al año. La suspensión hasta de tres meses será sin goce de sueldo, o con
la mitad de sueldo, según la gravedad del caso.
La que exceda de este término, será siempre sin goce de sueldo
La privación del sueldo o parte del sueldo sólo se admitirá como
consecuencia del no ejercicio de la función que tiene asignada el
funcionario, ya sea por causa de suspensión como medida preventiva o
correccional, o por causa imputable al funcionario.
El cese de la retención del sueldo determinará la inmediata restitución de
la remuneración que le corresponda al funcionario.
Los funcionarios públicos que registren en sus legajos sanciones de
suspensión, como consecuencia de responsabilidad grave, comprobada, en el
ejercicio de funciones o tareas relativas a la materia financiera,
adquisiciones, gestión de inventario, manejo de bienes o dinero, no podrán
prestar servicios vinculados a dichas áreas o actividades, ni ocupar
cargos de Dirección de Unidades Ejecutoras. Tampoco podrán integrar en
representación del Estado, órganos de dirección de personas jurídicas de
derecho público no estatal, debiendo el Poder Ejecutivo, o quien por
derecho corresponda designar al reemplazante. Los órganos y organismos de
la Administración que deban decidir sobre tales cuestiones, deberán
recabar informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil
En todos los casos de sometimiento a la justicia penal de un funcionario
público, el Poder Ejecutivo apreciará las circunstancias y situación del
encausado para dictar las medidas que correspondan con relación al
desempeño de sus cometidos, pudiendo disponer la continuidad en el cargo,
el pase provisional a otras tareas compatibles con la imputación y
asimismo la suspensión temporaria en el empleo.
Conjuntamente se resolverá en lo relativo al goce total o parcial del
sueldo, entendiéndose que el no desempeño del cargo, aparejará siempre la
retención de la mitad cuando menos de los haberes, sin perjuicio de las
restituciones que pudieran proceder en caso de declararse por sentencia no
haber lugar a los procedimientos. Serán excluidos del beneficio los
funcionarios que obtengan la remisión procesal por gracia, amnistía,
sobreseimiento (decreto ley 10.329 de 29 de enero de 1943, artículo 1).-
Siempre que el Juez de la causa decrete la suspensión del funcionario
inculpado, se retendrá la mitad de la dotación, a los mismos fines del
artículo anterior en lo aplicable (decreto ley 10.329 de 29 de enero de
1943, artículo 2).-
Decretada judicialmente la prisión del funcionario, el Poder Ejecutivo
retendrá la totalidad de los haberes, mientras no se defina la situación
de éste (decreto ley 10.329 de 29 de enero de 1943, artículo 3).-
Las autoridades policiales que sometan a funcionarios públicos a la
justicia penal lo harán saber de inmediato, directamente, en forma oficial
y por escrito, a los respectivos jerarcas.
Las disposiciones que anteceden no obstan al necesario ejercicio de la
competencia administrativa, independiente de la judicial, para instruir
procedimientos disciplinarios. Tampoco obsta disponer las cesantías que
correspondan, con arreglo a derecho y mediante el procedimiento debido,
sin esperar fallos judiciales, en los casos claros de conducta
incompatible con la calidad de funcionarios públicos, la que será juzgada
como grave o muy grave falta disciplinaria. En tales casos la autoridad
administrativa podrá requerir de la magistratura actuante, los datos que
necesite y cuya revelación no afecte el secreto de los procedimientos en
curso de ejecución.
(Procedimiento disciplinario).- Constatada una falta se le dará vista al
contratado por un plazo de 10 días para que efectúe sus descargos y previa
evaluación de estos, de los antecedentes y de la perturbación ocasionada
al servicio, el jerarca aplicará la sanción correspondiente, de
conformidad con el debido proceso, sin que sea necesaria la instrucción de
un sumario administrativo.
La gravedad de las faltas se graduará en función de lo establecido en el
art. 10 de este Decreto en lo que correspondiere.
La falta muy grave dará lugar a la rescisión del contrato que deberá ser
inscrita por el Área de Gestión Humana o quien haga sus veces en el
Sistema de Gestión Humana (SGH).
En caso que la falta cometida pueda dar mérito a suspensiones de hasta
diez días el jerarca de la Unidad Ejecutora dispondrá una investigación de
urgencia, la que deberá sustanciarse en un plazo de setenta y dos horas.
Cumplida la misma se le dará vista al funcionario por el plazo de diez
días hábiles de la relación de los hechos y su calificación. Si mediare
pedido de parte, deberá disponer la apertura de un período de prueba por
un plazo prudencial de hasta 10 días, que se podrá prorrogar por el mismo
plazo y por única vez, a fin de que puedan practicarse las que sean
legalmente admisibles y juzgue conducentes o concernientes al asunto en
trámite. La admisión o rechazo de una prueba por considerarla inadmisible,
inconducente o impertinente es competencia del jerarca, quien deberá
fundarla adecuadamente conforme a derecho.
Vencidos los plazos y cumplidos los extremos antedichos, el jerarca
resolverá sobre el fondo del asunto.
La resolución que recaiga se notificará personalmente a quien corresponda
siguiéndose el procedimiento previsto en el artículo 91 del Decreto N°
500/991 de 27/9/1991.
En concordancia con lo establecido por el literal F del artículo 102 de
la Ley N° 19.121 de fecha 20 de agosto de 2013, los organismos
comprendidos en los literales B a E del artículo 59 de la Constitución de
la República, podrán optar el presente régimen disciplinario en lo que
correspondiere.
Asimismo exhórtase a los Entes Autónomos a adoptar por decisiones internas
las normas del presente Decreto.
El Poder Ejecutivo apreciará, en el ejercicio de sus poderes de contralor,
el modo como se cumpla la exhortación que precede.
El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación.
Los procedimientos que se iniciaron con anterioridad a la Ley N° 19.121 de
20 de agosto de 2013, continuarán su trámite con el régimen vigente con
anterioridad a esa fecha. En los procedimientos disciplinarios iniciados
con posteridad a la ley mencionada, y que se encuentran en trámite a la
fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, se aplicarán las
modificaciones introducidas a las etapas pendientes del mismo.
Para los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación del
presente Decreto no regirán las disposiciones del Libro II del Decreto
500/991 de 27 de setiembre de 1991 con las modificaciones introducidas por
el Decreto N° 420/007 de fecha 7 de noviembre de 2007.
Cométase a la ONSC, la información y divulgación a los funcionarios de la
Administración Central de las normas de este Reglamento, a efectos de su
correcta aplicación.