Suspéndase por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto en su caso, respecto de la Administración
Central, la habilitación de las partidas resupuestales correspondientes
para efectivizar la erogación de toda nueva contratación de servicios
personales o su renovación, hasta tanto no se cuente con la autorización
expresa del Poder Ejecutivo, previo dictamen de la Comisión Asesora que
se creará a tal efecto.