Logo IMPO - Centro de Información Oficial

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

El texto que visualiza a continuación corresponde al texto original. Consulte la normativa actualizada y concordada accediendo gratuitamente al Banco de Datos de IM.P.O..



Acceso a la vivienda de interés social


Ley 18.795

Declárase de interés nacional la mejora de las condiciones de acceso a la
vivienda de interés social.
(1.638*R)

                            PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,

                                 DECRETAN

                                CAPÍTULO I
          BENEFICIOS TRIBUTARIOS A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Artículo 1 

 (Interés nacional).- Declárase de interés nacional la mejora de las
condiciones de acceso a la vivienda de interés social, definida esta
última de acuerdo a la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968,
modificativas y concordantes.

Artículo 2 

 (Proyectos y actividades promovidas).- Podrán acceder al régimen de
beneficios establecidos en la presente ley, en tanto sean declarados
promovidos por el Poder Ejecutivo:
A)  Los proyectos de inversión vinculados a la construcción, refacción,
    ampliación o reciclaje de inmuebles con destino a la vivienda de
    interés social, tanto en el caso en que los referidos inmuebles tengan
    por destino la enajenación, como cuando se destinen al arrendamiento o
    al arrendamiento con opción a compra. Quedan incluidos en este literal
    los proyectos destinados a la adquisición de viviendas de interés
    social construidas, refaccionadas, ampliadas o recicladas al amparo de
    la presente normativa para su posterior arrendamiento y los que
    desarrollen los fondos sociales y las cooperativas de vivienda en
    cualquiera de sus modalidades, en tanto tales viviendas cumplan con
    las condiciones generales establecidas en la presente ley.
B)  Las actividades específicas asociadas a la mejora en las condiciones
    de oferta y demanda de viviendas de interés social.

Artículo 3 

 (Objetivos).- A efectos del otorgamiento de los beneficios se tendrán en
cuenta aquellos proyectos y actividades que cumplan con alguna de las
siguientes condiciones:
A)  Amplíen significativamente la cantidad de viviendas de interés
    social disponibles destinadas a la venta, arrendamiento, o
    arrendamiento con opción a compra y, en el caso de las cooperativas,
    al uso y goce de los socios cooperativistas.
B)  Faciliten el acceso a la vivienda de los sectores socio-económicos
    bajos, medios bajos y medios de la población.
C)  Contribuyan a la integración social y al mejor aprovechamiento de los
    servicios de infraestructura ya instalados.
D)  Mejoren las condiciones de financiamiento y garantía para la
    adquisición, el arrendamiento o el arrendamiento con opción a compra
    de viviendas de interés social,
E)  Fomenten la innovación tecnológica en materia de construcción
    edilicia.

Artículo 4 

 (Beneficios tributarios).- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar los
siguientes beneficios a los proyectos y actividades promovidas:
A)  Exoneración de los impuestos que gravan la renta originada en las
    actividades o proyectos declarados promovidos. Esta exoneración podrá
    comprender a la renta o al propio impuesto.
B)  Deducción íntegra a efectos de la determinación de la renta gravada
    por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, del costo
    de adquisición de los inmuebles en los que se construyan, refaccionen,
    amplíen o reciclen las viviendas comprendidas en las actividades o
    proyectos declarados promovidos. Dicho costo solo podrá deducirse en
    tanto sea necesario para obtener y conservar las rentas comprendidas
    en las actividades y proyectos promovidos que no hubieran sido
    exonerados en virtud de lo dispuesto en el literal anterior.
C)  Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los inmuebles cuya
    construcción, refacción, ampliación o reciclaje se haya declarado
    promovida. Dichos bienes se considerarán activo gravado a los efectos
    del cómputo de pasivo.
D)  Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los ingresos
    derivados de las actividades de enajenación, construcción, refacción,
    ampliación y reciclaje de viviendas. Facúltase al Poder Ejecutivo a
    otorgar un crédito por el impuesto incluido en las adquisiciones de
    bienes y servicios destinados a integrar el costo de tales
    operaciones, así como por el impuesto correspondiente a las
    adquisiciones que realicen los fondos sociales y las cooperativas de
    vivienda con destino a su actividad de construcción.
E)  Exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, a la
    parte enajenante, a la parte adquirente o a ambas, en el caso de
    hechos generadores vinculados a la primera trasmisión patrimonial de
    inmuebles destinados a la vivienda cuya adquisición, construcción,
    refacción, ampliación o reciclaje hubiera sido declarada promovida.
F)  Exoneración del IVA aplicable a los servicios de garantía vinculados
    al arrendamiento y adquisición de inmuebles destinados a la vivienda
    de interés social.
G)  Exoneración del Impuesto al Patrimonio aplicable a los activos
    afectados a la prestación de los servicios de garantía a que refiere
    el literal anterior. Dichos activos se considerarán gravados a efectos
    del cómputo de pasivos.

Artículo 5 

 (Declaratoria promocional).- Créase la Comisión Asesora de Inversiones en
Vivienda de Interés Social (CAIVIS) que asesorará al Poder Ejecutivo a
efectos de otorgar la correspondiente declaratoria promocional. El Poder
Ejecutivo reglamentará la integración, funcionamiento, plazos y facultades
de dicha Comisión.
La Agencia Nacional de Vivienda actuará como órgano asesor de la Comisión,
debiendo pronunciarse en forma preceptiva sobre todas aquellas iniciativas
que promuevan el otorgamiento de exoneraciones tributarias. Asimismo
asistirá a la Comisión en las tareas de secretaría y en todas las demás
tareas de apoyo que le sean requeridas vinculadas a la evaluación y
seguimiento de los proyectos y actividades promovidas.

Artículo 6 

 (Incumplimiento).- En todos los casos, el Poder Ejecutivo deberá requerir
las garantías que entienda pertinentes, para el efectivo cumplimiento por
los beneficiarios de las obligaciones vinculadas al otorgamiento de
beneficios tributarios, sin perjuicio de la reliquidación de tributos,
multas y recargos que puedan corresponder en caso de verificarse el
incumplimiento. La reglamentación establecerá los ámbitos de actuación de
la Agencia Nacional de Vivienda y de los organismos recaudadores en las
tareas de contralor del cumplimiento de las referidas obligaciones.

                               CAPÍTULO II
                FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Artículo 7 

 (Creación).- Créase en la Agencia Nacional de Vivienda un Fondo de
Garantía de Créditos Hipotecarios, que tendrá por finalidad otorgar
garantías parciales para la concesión de créditos hipotecarios destinados
a personas físicas, para la adquisición de una vivienda de interés social,
siempre que esta revista la calidad de única vivienda del sujeto del
crédito.

Artículo 8 

 (Naturaleza).- El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios será un
patrimonio de afectación independiente, sin personería jurídica, que será
administrado por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), la que ejercerá
las facultades de dominio sin ser propietaria, para cumplir los cometidos
asignados en esta norma y en la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007 y
sus modificativas.
El patrimonio del Fondo no responderá por las deudas de la ANV.

Artículo 9 

 (Recursos).- El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios se constituirá
con los siguientes recursos:
A)  El valor de las primas que perciba de las entidades acreedoras, tal
    como se definen en el artículo 10 de la presente ley, como
    contraprestación por el otorgamiento de garantías, de acuerdo al
    sistema regulado por esta ley.
B)  Los aportes que se reciban con cargo al Fondo Nacional de Vivienda y
    Urbanización u otras contribuciones que sean previamente aprobadas por
    la Agencia Nacional de Vivienda, como administradora del Fondo de
    Garantía.
C)  Los montos recuperados de acuerdo al artículo 13 de esta ley y toda
    otra suma que el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios pudiera
    percibir a raíz del mecanismo de garantía previsto en la presente ley.
D)  Las donaciones, herencias, legados y demás aportes públicos y
    privados que reciba.

Artículo 10 

 (Mecanismo de la garantía).- El Fondo de Garantía de Créditos
Hipotecarios podrá garantizar préstamos hipotecarios otorgados por parte
de entidades sujetas a la autoridad o control del Banco Central del
Uruguay (en adelante, individualmente, "Entidad Acreedora" y
colectivamente, "Entidades Acreedoras"), de acuerdo a los requisitos
establecidos en esta ley y los que se establezcan en la reglamentación que
se dicte por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Agencia Nacional de
Vivienda (ANV).
La ANV, actuando como administradora del Fondo de Garantía de Créditos
Hipotecarios podrá aceptar o rechazar las solicitudes de garantía, en
función de las condiciones que establezca la reglamentación, en especial
la calidad crediticia del deudor o la valuación de garantías.

Artículo 11 

 (Pago de la garantía).- Cuando el tomador del préstamo incumpliere con
sus obligaciones, la Entidad Acreedora comunicará dicho extremo a la
Agencia Nacional de Vivienda, la que deberá hacer efectivo el pago de la
garantía, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 12 

 (Ejecución).- A efectos de la ejecución judicial del crédito hipotecario,
la Entidad Acreedora podrá acudir al mecanismo de ejecución judicial
simplificada de crédito hipotecario para vivienda, establecido en el
Capítulo III de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007 y sus
modificativas, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley.
La Entidad Acreedora deberá comunicar a la Agencia Nacional de Vivienda
(ANV) el inicio de las acciones judiciales de ejecución dentro de los
cinco días de haber presentado la demanda.
La ANV, por el solo hecho de haber otorgado la garantía, estará facultada
para acceder, consultar, comparecer, retirar en confianza y notificarse de
cualquier actuación en el expediente judicial de ejecución hipotecaria
promovido por la Entidad Acreedora, sin que ninguno de estos actos
implique sustitución del acreedor, convalidación de actuaciones o
conversión de la ANV en parte de dicho proceso. Asimismo, la ANV estará
facultada para adquirir el inmueble en el remate que promueva la Entidad
Acreedora y en caso de resultar mejor postor, estará exonerada de
depositar la seña.
La ANV quedará subrogada de pleno derecho por el equivalente a lo pagado
en virtud de la garantía que hubiese otorgado.

Artículo 13 

 (Destino de las sumas recuperadas).- En caso de remate, la liquidación
del crédito y entrega del bien se regirán por lo dispuesto en el artículo
388 del Código General del Proceso, sin perjuicio de lo que se dispone a
continuación.
Las sumas resultantes de la recuperación de deudas morosas, cuyas
garantías ya se hubieran cancelado con cargo al Fondo de Garantía de
Créditos Hipotecarios, deberán ser destinadas en el siguiente orden, al
pago de:
A)  Los tributos judiciales.
B)  Los gastos y honorarios del rematador interviniente.
C)  Los gastos y honorarios por servicios prestados por los
    depositarios y tasadores judiciales.
D)  Los honorarios profesionales, de acuerdo con lo establecido en el
    artículo 55 de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007 y sus
    modificativas.
E)  El saldo impago del crédito para única vivienda otorgado por la
    Entidad Acreedora interviniente, incluidos los intereses pertinentes a
    prorrata del porcentaje correspondiente a cada una de las Entidades
    Acreedoras, si hubiera más de una.
F)  La suma abonada por el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios
    más los intereses correspondientes.

Artículo 14 

 (Administración de créditos).- La administración de los créditos
amparados por el sistema de garantías previsto en esta ley, será realizada
en todo momento por la Entidad Acreedora que otorgó el préstamo
garantizado.
Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) tendrá
derecho a solicitar información y realizar controles sobre los préstamos
garantizados, teniendo derecho de acceso irrestricto a toda la información
de los deudores. A estos efectos, las Entidades Acreedoras no podrán
invocar el secreto profesional para negarse a brindar ningún tipo de
información. La ANV, por su parte, estará obligada a utilizar la
información recibida únicamente con fines internos, estando estrictamente
prohibida la divulgación total o parcial de dicha información a otros
agentes públicos o privados. La violación de esta prohibición acarreará
las responsabilidades previstas en el artículo 25 del Decreto-Ley N°
15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Artículo 15 

 (Impuestos).- El Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios creado en
virtud de lo dispuesto en la presente ley, estará exonerado de todo
tributo con excepción de las contribuciones especiales de seguridad
social. Igual tratamiento recibirá la Agencia Nacional de Vivienda, por
los tributos que pudieran corresponderle en su condición de administradora
del referido Fondo.
Exonérase del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales a las trasmisiones
de bienes inmuebles cuyo hecho generador se origine en la ejecución de
créditos hipotecarios garantizados por el referido Fondo.

Artículo 16 

 (Actuación de la Agencia Nacional de Vivienda).- Agrégase al artículo 11
de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007, el siguiente literal:
"C) Administrar el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios".

Artículo 17 

 (Utilización de fideicomisos de garantía).- Cuando las Entidades
Acreedoras decidan garantizar préstamos destinados a única vivienda
mediante la creación de fideicomisos de garantía, de acuerdo a la Ley N°
17.703, de 27 de octubre de 2003, se aplicará el mecanismo de garantía
previsto por esta ley.

                               CAPÍTULO III
             INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Artículo 18 

 (Requisitos).- Se considerarán regidos por las normas referentes a la
propiedad horizontal y sus unidades podrán ser objeto de traslación de
dominio o afectación con derechos reales en forma individual, los
edificios construidos que cumplan a su respecto los siguientes requisitos:
A)  Que se haya concedido por la Intendencia respectiva el permiso de
    construcción del edificio de que se trate y que se haya aprobado por
    la misma Intendencia el plano proyecto de fraccionamiento horizontal,
    conforme a los cuales han sido realizadas las construcciones y será
    atribuido el dominio separado de las unidades.
B)  Que se haya inscripto en la Dirección Nacional de Catastro el plano
    de mensura y fraccionamiento horizontal concordante con el plano
    proyecto aprobado por la Intendencia respectiva y efectuado el
    empadronamiento y avalúo fiscal de las unidades que indica dicho
    plano.
C)  Que el edificio se encuentre en condiciones de habitabilidad
    suficientes para el uso al que se destine cada una de las unidades y
    sus bienes comunes, según la certificación que se presentará ante la
    institución financiera que otorgue el crédito hipotecario con la
    garantía de alguna unidad habitacional emergente de la horizontalidad
    a que refiere este artículo. Dicho certificado será suscrito por el
    arquitecto director de obra y por el ingeniero agrimensor y dejará
    constancia que:
    1)     Las edificaciones se corresponden con el permiso de
           construcción aprobado.
    2)     Las mismas se encuentran dentro de los límites establecidos por
           la normativa aplicable en materia de propiedad horizontal.
    3)     Responden en un todo a la reglamentación municipal vigente.
    4)     No existe pendiente sobre ellas ninguna observación o medida
           administrativa por parte de la respectiva Intendencia.
    5)     Las unidades así como los bienes comunes de uso exclusivo y
           general del edificio se encuentran en condiciones de
           accesibilidad, pudiendo darse a dichas edificaciones un uso
           seguro, autónomo y confortable.
D)  Que se contrate el seguro contra incendio previsto por el artículo 20
    de la Ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946, en la forma establecida
    por el literal C) del artículo 5° del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de
    setiembre de 1974, considerándose la prima correspondiente como
    expensa común.
E)  Que se otorgue el Reglamento de Copropiedad en el cual se constituya
    la hipoteca recíproca conforme a lo dispuesto en el literal D) del
    artículo 5° y en el artículo 6° del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de
    setiembre de 1974.
F)  Que simultáneamente al otorgamiento del mencionado Reglamento se
    suscriba por parte de la Institución Financiera pública o privada a
    que refiere el literal C) precedente, un préstamo hipotecario en
    relación a por lo menos una de las unidades que integran el edificio
    dividido.

Artículo 19 

 (Horizontalidad definitiva).- La horizontalidad emergente del
cumplimiento de los requisitos determinados en el artículo anterior tendrá
carácter definitivo, no rigiendo lo dispuesto por el inciso segundo del
artículo 30 de la Ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946. Todo ello sin
perjuicio de las facultades de la Intendencia respectiva de fiscalización
de la obra, otorgamiento de la habilitación final y adopción de las
medidas administrativas pertinentes, así como de las responsabilidades de
los técnicos intervinientes en su caso.
Las diferencias en la configuración de las unidades y bienes comunes
producidas por el proceso de implantación de la obra, que sean objeto de
mensuras futuras, no requerirán ratificación de los instrumentos otorgados
en su oportunidad, entendiéndose que los derechos y obligaciones generados
por estos se hacen extensivos a dichas diferencias.

Artículo 20 

 (Horizontalidad adquirida).- Los edificios construidos al amparo de lo
dispuesto por la Ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946, incluidos aquellos
que hubieren obtenido horizontalidad por imperio del Capítulo III del
Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de setiembre de 1974 y de la Ley N° 16.760, de
16 de julio de 1996, que carezcan de habilitación final y con
prescindencia de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley N° 18.308, de
18 de junio de 2008, se considerarán con horizontalidad adquirida
definitiva, en tanto se cumpla con los siguientes requisitos:
A)  Los establecidos en los artículos 5° y 6° del Decreto-Ley N° 14.261,
    de 3 de setiembre de 1974.
B)  Que se hayan ocupado una o más unidades del edificio por un plazo
    mayor de diez años, lo que se acreditará mediante documento público o
    privado con fecha cierta.
El plazo de diez años se contará en todos los casos, a partir de la fecha
cierta del referido documento.

Artículo 21 

 (Exigencias instrumentales).- En todos los actos y contratos relativos a
inmuebles regidos por el régimen de propiedad horizontal y comprendidos en
la presente ley, las exigencias instrumentales se adecuarán a lo dispuesto
por el artículo 41 del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de setiembre de 1974,
en lo aplicable.

Artículo 22 

 (Alcance).- Las normas del presente Capítulo no afectan ni modifican el
régimen vigente en materia de propiedad horizontal.
Las mismas podrán aplicarse a cualquier edificio sin necesidad que sus
unidades constituyan viviendas de interés social.

                               CAPÍTULO IV
                           DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 23 

 (Modificación del artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario
del Uruguay).- Agrégase al artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco
Hipotecario del Uruguay en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley
N° 18.125, de 27 de abril de 2007, el siguiente literal:
"J)  Otorgar créditos en moneda nacional, unidades indexadas o unidades
reajustables, para la refacción o ampliación de la vivienda sin garantía
hipotecaria a:
     1) Personas físicas.
     2) Personas jurídicas para viviendas de sus integrantes.
        Estos créditos solamente pueden otorgarse en caso que el
        Reglamento que dicte el Banco Hipotecario del Uruguay a efectos de
        instrumentarlos sea aprobado por el Poder Ejecutivo".

Artículo 24 

 (Derogación).- Derógase el artículo 46 de la Ley N° 5.343, de 22 de
octubre de 1915, en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto-Ley
N° 15.100, de 23 de diciembre de 1980.

Artículo 25 

 (Modificación del Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de 1974).- A
partir de la vigencia de la presente ley, los depósitos en garantía de
arrendamientos previstos en el Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de
1974, se realizarán en Unidades Indexadas.
Facúltase a los bancos y a las cooperativas de intermediación financiera a
recibir esta modalidad de depósitos, con el alcance y las condiciones
establecidos en dicha norma legal.
Los depósitos en garantía de arrendamientos no generarán intereses.

Artículo 26 

 (Régimen de excepción).- Para la enajenación, cesión o constitución de
gravámenes respecto de las viviendas que siendo de interés social revistan
la calidad de económica, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la
Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y concordantes y aquellas
designadas como núcleos básicos evolutivos según lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, en la
redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 16.237, de 2 de enero de
1992, se prescindirá de los certificados previstos en los artículos 662 a
668 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 27 

 (Modificación del artículo 5° del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de
setiembre de 1974).- Sustitúyese el inciso tercero del literal A) del
artículo 5° del Decreto-Ley N° 14.261, de 3 de setiembre de 1974, por el
siguiente:
"Estos requisitos se acreditarán por certificación de arquitecto o
ingeniero".

Artículo 28 

 (Actuación de la Agencia Nacional de Vivienda en los fideicomisos que se
establecen).- Cuando la Agencia Nacional de Vivienda, en su calidad de
fiduciaria de activos provenientes de la reestructura del Banco
Hipotecario del Uruguay, los aporte para la constitución de un nuevo
fideicomiso cuyo fin principal sea comenzar o continuar obras de
construcción de viviendas, podrá ocupar la posición de fideicomitente y
fiduciaria del mismo.

Artículo 29 

 Sustitúyese el artículo 447 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996,
en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley N° 17.596, de 13 de
diciembre de 2002, por el siguiente:
"ARTÍCULO 447.- Los bienes inmuebles adjudicados o enajenados por el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o
adquiridos con subsidios otorgados al amparo de lo establecido en el
Capítulo V de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968 y sus
modificativas, quedan gravados por el término de veinticinco años con
derecho real a favor del Ministerio citado por el monto equivalente al
subsidio asignado debiendo constar el mismo en la escritura respectiva sin
perjuicio de la depreciación prevista en el artículo 70 de la mencionada
ley, en la redacción dada por el artículo 341 de la Ley N° 17.930, de 19
de diciembre de 2005. Cuando la adquisición de un inmueble con subsidio
habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, hubiera sido financiada en forma
complementaria con un préstamo hipotecario concedido al adquirente por el
Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)
o cualquier institución de intermediación financiera, de lo cual se deberá
dejar constancia en la escritura respectiva, el derecho real previsto en
este inciso, pierde su rango en relación con los créditos hipotecarios
referidos.
En caso de ejecución del inmueble sujeto a dicho gravamen, el Juzgado
interviniente, el BHU o la ANV deberán solicitar al Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la información
relativa al monto del subsidio reajustado y no depreciado, en función del
tiempo transcurrido. Dicho monto deberá ser reembolsado al Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente una vez satisfecho el
préstamo hipotecario referido en el inciso primero, siempre que se hubiere
otorgado el mismo.
Cuando el subsidio otorgado hubiera representado el 90% (noventa por
ciento) o más del precio correspondiente según así resulte de la escritura
respectiva, el inmueble será inembargable en tanto no transcurra el plazo
de inalienabilidad establecido en el artículo 70 citado o se hubiera
producido el reembolso del subsidio no depreciado. Este beneficio se
aplicará exclusivamente al adjudicatario del subsidio habitacional directo
o a sus causahabientes.
La presente disposición regirá para todas las enajenaciones ya efectuadas,
así como para las que realice en el futuro el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, siempre que sus adquirentes
hubieran recibido subsidio".

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de agosto
de 2011.
DANILO ASTORI, Presidente; HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

                                          Montevideo, 17 de Agosto de 2011

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se declara de
interés nacional la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda de
interés social.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; EDUARDO BONOMI; LUIS ALMAGRO;
FERNANDO LORENZO; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; RICARDO EHRLICH; ENRIQUE
PINTADO; ROBERTO KREIMERMAN; EDUARDO BRENTA; JORGE VENEGAS; TABARÉ
AGUERRE; HÉCTOR LESCANO; GRACIELA MUSLERA; DANIEL OLESKER.

Volver al inicio



Reglamentación


Decreto 355/011

Reglaméntase la Ley 18.795 sobre Promoción de la Vivienda de Interés
Social.
(1.848*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
           TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
            MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

                                          Montevideo, 6 de Octubre de 2011

VISTO: la aprobación de la Ley N° 18.795, de fecha 17 de agosto de 2011,
de Promoción de la Vivienda de Interés Social;

RESULTANDO: que en su capítulo I se declara de interés nacional la mejora
de las condiciones de acceso a la vivienda de interés social y se prevé el
otorgamiento de beneficios tributarios a los proyectos que se declaren
promovidos;

CONSIDERANDO: I) que resulta necesario reglamentar aspectos vinculados a
dichos proyectos y al otorgamiento de los referidos beneficios;

II) que la norma se enmarca en las políticas destinadas a facilitar el
acceso a la vivienda, lo cual constituye un objetivo estratégico contenido
en el Plan Quinquenal de Vivienda 2010-2014;

III) que, a tales efectos, la norma busca estimular la inversión del
sector privado destinada a la vivienda de interés social, de forma que
incida favorablemente en las condiciones de acceso de los sectores de
ingresos bajos, medios bajos y medios de la población;

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 168 numeral 4° de la Constitución
de la República, la Ley N° 18.795, de 17 de agosto de 2011 y a lo expuesto
precedentemente,

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
                     actuando en Consejo de Ministros

                                 DECRETA:

                                Capítulo I

                         Declaratoria Promocional

Artículo 1 

 (Declaratoria Promocional).- El Poder Ejecutivo podrá declarar promovidos
los proyectos de inversión referidos en el literal A) del artículo 2° de
la Ley N° 18.795, de 17 de agosto de 2011, en tanto cumplan con los
requisitos dispuestos en la misma, en el presente decreto y demás
disposiciones reglamentarias.

A tal fin, el interesado deberá presentar su proyecto ante la Agencia
Nacional de Vivienda (ANV), quien lo evaluará y remitirá su
pronunciamiento a la Comisión Asesora de Inversiones en Vivienda de
Interés Social (CAIVIS), creada por el artículo 5° de dicha norma legal,
para su posterior asesoramiento al Poder Ejecutivo, quien dictará el acto
de Declaratoria Promocional.

Los referidos pronunciamientos de la ANV y de la CAIVIS son preceptivos y
no vinculantes.

Artículo 2 

 (Requisitos para la solicitud).- Para solicitar la Declaratoria
Promocional, el interesado deberá presentar ante la ANV, según
corresponda, lo siguiente:

a)     Nota de solicitud.

b)     Presupuesto de obra.

c)     Cronograma de obra.

d)     Anteproyecto de arquitectura.

e)     Plano de ubicación.

f)     Carta compromiso, la que tendrá carácter de declaración jurada.

g)     Documento de Aptitud Técnica (DAT) expedido por el Ministerio de
       Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), para
       los sistemas constructivos no tradicionales.

h)     Tarjeta de Registro Único Tributario de la Dirección General
       Impositiva (DGI), destinada exclusivamente a la ejecución del
       proyecto promovido.

i)     Otros recaudos que la ANV determine.

La ANV podrá rechazar la solicitud que no se presente con los requisitos
antes referidos u otorgar plazo para su regularización.

Artículo 3 

 (Plazo).- Para expedir su asesoramiento al Poder Ejecutivo, la CAIVIS
dispondrá de un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en
que reciba la correspondiente documentación y evaluación remitida por la
ANV.

Dicho plazo podrá ser suspendido por un lapso no mayor a 20 días hábiles,
a efectos que el interesado presente la información complementaria que le
sea solicitada. Si vencido el plazo no presentara dicha información, se lo
tendrá por desistido de la solicitud de Declaratoria Promocional.

Artículo 4 

 (Valoración positiva).- Si la CAIVIS no se expide dentro del plazo a que
refiere el artículo anterior, se entenderá que recomienda la Declaratoria
Promocional solicitada.

Artículo 5 

 (Características de las viviendas).- Podrán declararse promovidos los
proyectos de inversión vinculados a la construcción, reciclaje, refacción
o ampliación de viviendas de interés social, cuando las mismas posean las
siguientes características:

a)     Cuenten con áreas habitables iguales o superiores a 32 metros
       cuadrados e iguales o inferiores a 107 metros cuadrados, de acuerdo
       con la cantidad de dormitorios según lo definido por la Ley N°
       13.728, de 17 de diciembre de 1968, modificativas y concordantes;
       y,

b)     se localicen en zona urbana con infraestructura instalada. No se
       promoverán proyectos ubicados en zonas donde predomine el uso de
       las viviendas de temporada.

Asimismo, el MVOTMA, con la conformidad del Ministerio de Economía y
Finanzas, podrá determinar requisitos arquitectónicos específicos, definir
zonas y establecer requerimientos diferenciales para éstas.

Artículo 6 

 (Precio máximo de enajenación).- A los efectos del presente decreto, el
MVOTMA, con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas, podrá
fijar, por zonas, precios máximos de enajenación de las viviendas.

Artículo 7 

 (Reciclaje, refacción y ampliación).- Sólo se podrán declarar promovidos,
los proyectos de reciclaje, refacción o ampliación de viviendas de interés
social que cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

a)     Incremento mínimo del 25% de los metros cuadrados construidos por
       vivienda.

b)     Incremento mínimo del 50% del valor de mercado de cada vivienda,
       como consecuencia de las obras realizadas. A tales efectos, la
       CAIVIS podrá solicitar a la ANV las tasaciones que considere
       pertinentes.

c)     Aumento del número de unidades habitacionales en un mismo padrón.

A los efectos del presente decreto se entenderá por:

Reciclaje: a la transformación del edificio existente mediante
intervenciones que tiendan a su rehabilitación, que implique el
surgimiento de al menos una vivienda adicional, por medio de la
refuncionalización o adaptación del edificio a las condiciones de
habitabilidad actuales, pero conservando los caracteres espaciales y los
elementos estructurantes de la tipología original.

Refacción: a la reestructuración edilicia y a la recuperación de la
edificación existente.

Ampliación: al incremento en los metros cuadrados construidos sobre una
estructura existente.

Artículo 8 

 (Características de la inversión).- Sólo se podrán declarar promovidos
los proyectos de inversión vinculados a la construcción, reciclaje,
refacción o ampliación de viviendas de interés social, que cumplan los
siguientes requisitos:

a)     Construcción de un mínimo de 2 (dos) viviendas. No se promoverán
       proyectos que impliquen una cantidad de viviendas mayor a 100
       (cien) en un mismo padrón.

b)     Reciclaje que implique, como mínimo, el surgimiento de una vivienda
       adicional. No se promoverán proyectos que impliquen una cantidad de
       viviendas mayor a 100 (cien) en un mismo padrón.

c)     Refacción o ampliación de un mínimo de 2 (dos) viviendas.

d)     En los proyectos de refacción, inversión mínima de 100.000 UI (cien
       mil unidades Indexadas), por vivienda.

Facúltase al MVOTMA, con la conformidad del Ministerio de Economía y
Finanzas, a establecer excepciones, debidamente justificadas, al máximo de
viviendas establecido en los literales a) y b).

Artículo 9 

 (Proyectos financiados por el Fondo Nacional de Vivienda y
Urbanización).- No se podrán declarar promovidos los proyectos financiados
por el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización.

                               Capítulo II

                          Beneficios tributarios

Artículo 10 

 (Beneficios tributarios a la construcción, reciclaje, refacción o
ampliación).- Los proyectos de inversión vinculados a la construcción,
reciclaje, refacción o ampliación de viviendas de interés social, que sean
declarados promovidos, accederán a los siguientes beneficios:

a)     Exoneración de las rentas derivadas de la primera enajenación de
       las viviendas promovidas a los efectos del Impuesto a la Renta de
       las Actividades Económicas (IRAE).

b)     Exoneración del Impuesto al Patrimonio, por las obras en
       construcción (terrenos y mejoras), al cierre del ejercicio en que
       se presentó la solicitud de exoneración y por los ejercicios
       siguientes hasta aquél en que finalicen las obras. Dichos activos
       se considerarán gravados a efectos del cómputo de pasivos.

       Las viviendas terminadas cuyo destino sea la enajenación, estarán
       exoneradas del Impuesto al Patrimonio en el ejercicio en que
       finalicen las obras. Dichos activos se considerarán gravados a
       efectos del cómputo de pasivos. Si las mismas se destinaran al
       arrendamiento, regirá lo dispuesto en el literal g).

c)     Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la primera
       enajenación de las viviendas y devolución del impuesto incluido en
       las adquisiciones en plaza de bienes y servicios destinados a
       integrar el costo directo de las mismas. Sólo se admitirá la
       devolución del IVA de aquellos bienes o servicios incorporados a la
       obra civil. La devolución se hará efectiva mediante certificados de
       crédito, que expedirá la DGI, por el procedimiento aplicable a los
       exportadores.

d)     Exoneración del IVA a la importación de bienes destinados a ser
       incorporados a la obra civil.

e)     Exoneración del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales,
       aplicable a la parte enajenante y adquirente en la primera
       enajenación.

f)     Si las viviendas se destinaran al arrendamiento, exoneración -a los
       efectos del IRAE-, de las rentas, durante el ejercicio en que
       finalice la obra y los nueve posteriores, según el siguiente
       detalle:

       -     100% (cien por ciento) de las rentas generadas por el
             arrendamiento de viviendas ubicadas en las zonas que a tales
             efectos determine el MVOTMA, con la conformidad del
             Ministerio de Economía y Finanzas, o cuando el arrendamiento
             se efectúe a través del Fondo de Garantía de Alquileres
             (FGA) del MVOTMA.

       -     40% (cuarenta por ciento) de las rentas generadas por los
             restantes arrendamientos.

g)     Si las viviendas se destinaran al arrendamiento, exoneración del
       Impuesto al Patrimonio al cierre del ejercicio en que finalice la
       obra, siempre que se encuentren arrendadas al momento de dicho
       cierre. Para los nueve ejercicios siguientes, dicha exoneración
       operará siempre que las viviendas hubieran estado arrendadas al
       menos seis meses en cada ejercicio. Dichos activos se considerarán
       gravados a efectos del cómputo de pasivos.

Los beneficios otorgados a los arrendamientos serán aplicables solamente a
las viviendas permanentes, definidas según el artículo 21 de la Ley N°
13.728, de 17 de diciembre de 1968, siempre que los contratos tengan un
plazo igual o mayor a 12 meses.

Artículo 11 

 (Beneficios tributarios a las Cooperativas de Vivienda y Fondos
Sociales).- Las Cooperativas de Vivienda y Fondos Sociales que construyan,
reciclen, refaccionen o amplíen viviendas de interés social, en el marco
de un proyecto declarado promovido, tendrán derecho a la devolución del
IVA incluido en las adquisiciones en plaza de bienes y servicios
destinados a integrar el costo directo de las obras. Sólo se admitirá la
devolución del IVA de aquellos bienes o servicios incorporados a la obra
civil. La devolución se hará efectiva mediante certificados de crédito,
que expedirá la DGI por el procedimiento aplicable a los exportadores.

Asimismo, las importaciones de bienes destinados a ser incorporados a la
obra civil, estarán exonerados de IVA.

Artículo 12 

 (Beneficios tributados a la adquisición para arrendamiento).- Los sujetos
que adquieran las viviendas de interés social, que hayan sido objeto de la
declaratoria promocional a que refiere el artículo 1°, cuyo destino sea el
arrendamiento, accederán a los siguientes beneficios:

a)     Exoneración de las rentas originadas durante el ejercicio en que
       finalice la obra y los nueve siguientes, a los efectos del IRAE,
       del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del
       Impuesto a las Rentas de los No Residentes, según el siguiente
       detalle:

       -     100% (cien por ciento) de las rentas generadas por el
             arrendamiento de viviendas ubicadas en las zonas que a tales
             efectos determine el MVOTMA, con la conformidad del
             Ministerio de Economía y Finanzas, o cuando el arrendamiento
             se efectúe a través del FGA del MVOTMA.

       -     40% (cuarenta por ciento) de las rentas generadas por los
             restantes arrendamientos.

     Las rentas exoneradas del IRPF, no se considerarán a efectos de la
aplicación de los límites a que hace referencia el literal J) del artículo
27 del Título 7 del Texto Ordenado del año 1996.

b)     Exoneración del Impuesto al Patrimonio por las viviendas
       adquiridas, hasta el ejercicio en que hayan transcurrido diez años
       desde la finalización de la obra, siempre que se encuentren
       arrendadas al cierre del ejercicio en que fueron adquiridas y al
       menos seis meses en cada uno de los ejercicios restantes. Dichos
       activos se considerarán gravados a efectos del cómputo de pasivos.

Los beneficios otorgados a los arrendamientos serán aplicables solamente a
las viviendas permanentes, definidas según el articulo 21 de la Ley N°
13.728 de 17 de diciembre de 1968, siempre que los contratos tengan un
plazo igual o mayor a 12 meses.

Artículo 13 

 (Finalización de obras).- A los solos efectos del presente decreto, se
considerará que una obra ha finalizado cuando la CAIVIS así lo determine,
en función del cronograma de obra, el control y seguimiento del proyecto.

Artículo 14 

 (Otros beneficios).- Los beneficios que otorga el presente decreto y la
ley que reglamenta, son incompatibles con otros beneficios tributarios
promocionales.

Artículo 15 

 (Dispensa de retención o percepción).- No serán objeto de retención o
percepción, los tributos que gravan rentas y el Impuesto las Trasmisiones
Patrimoniales (17) exonerados al amparo de la Ley que se reglamenta. A
esos efectos, el interesado deberá presentar ante el sujeto pasivo
responsable, constancia emitida por la CAIVIS que acredite dicho extremo.

                               Capítulo III

                        Ejecución de los Proyectos

Artículo 16 

 (Obligaciones del beneficiario).- El beneficiario estará obligado, entre
otros, a:

a)     Brindar la información y documentación necesarias para el
       seguimiento del proyecto, dentro de los plazos que establezca la
       ANV.

b)     Ejecutar la obra de acuerdo con el presupuesto de obra y
       anteproyecto de arquitectura aprobado, y demás compromisos
       asumidos.

c)     Enajenar la vivienda por un precio inferior o igual al máximo
       establecido, cuando correspondiere.

Artículo 17 

 (Inicio de las obras).- El beneficiario deberá presentar ante la ANV el
permiso de construcción aprobado por la Intendencia correspondiente, en un
plazo de 90 días corridos desde la notificación de la Declaratoria
Promocional e iniciar las obras dentro de los 180 días corridos y
siguientes a la presentación del permiso. Vencidos los plazos, se lo podrá
tener por desistido del proyecto, perdiendo los beneficios otorgados,
salvo causas fundadas no imputables al interesado.

Artículo 18 

 (Seguimiento).- La ANV revisará la información suministrada por el
beneficiario y controlará la ejecución de los proyectos, así como el
cumplimiento de los compromisos asumidos.

Dicho control se limitará única y exclusivamente a la constatación del
cumplimiento de los requisitos dispuestos por Ley N° 18.795 y sus normas
reglamentarias, y a los solos efectos de los beneficios otorgados.

Artículo 19 

 (Plazo de ejecución).- Los beneficiarios deberán ejecutar sus proyectos
dentro del plazo correspondiente al cronograma de obra presentado, para lo
que contarán con un margen de tolerancia del 40% del mismo.

No obstante, el beneficiario podrá solicitar a la CAIVIS la prórroga del
plazo, la que en todos los casos la otorgará, por el lapso que entienda
necesario, siempre que se mantengan las condiciones del anteproyecto
original. Vencida la misma, la CAIVIS podrá evaluar el otorgamiento de
nuevas prórrogas.

Si vencido el plazo original o cualquiera de sus prórrogas, el
beneficiario no culminare la ejecución del proyecto, el Poder Ejecutivo
podrá revocar la Declaratoria Promocional.

Artículo 20 

 (Incumplimientos).- La CAIVIS deberá informar al Poder Ejecutivo los
incumplimientos de las obligaciones asumidas por el beneficiario en el
marco de la Ley N° 18.795 y sus normas reglamentarias, el cual podrá
revocar la Declaratoria Promocional y decretar la pérdida de los
beneficios otorgados, comunicándolo a la DGI.

Si se verificara el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los
beneficiarios, tanto en el suministro de información como en los aspectos
sustanciales de la ejecución y operación del proyecto, se deberá dejar de
aplicar los beneficios y proceder a su reliquidación, más las multas y
recargos correspondientes.

A tales efectos:

a)     El interesado deberá brindar la información y presentar la
       documentación necesaria para el seguimiento del proyecto, de
       acuerdo con el artículo 18.

b)     El incumplimiento a la ejecución del anteproyecto arquitectónico se
       considerará configurado cuando se aparte de los requisitos
       arquitectónicos específicos establecidos por el MVOTMA, de acuerdo
       con las facultades otorgadas por el artículo 5 párrafo final.

c)     La enajenación de la vivienda no podrá superar el precio máximo
       establecido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6.

Facúltase al MVOTMA a definir los criterios de evaluación de los
incumplimientos, así como de las situaciones previstas en el artículo 17.

                               Capítulo IV

                                  CAIVIS

Artículo 21 

 (Integración).- La CAIVIS estará integrada por un representante del
Ministerio de Economía y Finanzas y un representante del MVOTMA, con sus
respectivos alternos. Cada ministerio designará y removerá a sus
representantes.

Artículo 22 

 (Cometidos).- Corresponde a la CAIVIS:

a)     Asesorar al Poder Ejecutivo, en forma preceptiva y no vinculante, a
       efectos de otorgar la correspondiente Declaratoria Promocional.

b)     Realizar la evaluación y seguimiento de los proyectos.

c)     Sugerir las modificaciones al Poder Ejecutivo sobre la
       reglamentación vigente.

Artículo 23 

 (Facultades).- Para el cumplimiento de sus cometidos, la CAIVIS tendrá
las siguientes facultades:

a)     Aprobar sus reglas de funcionamiento.

b)     Establecer requisitos para la evaluación de proyectos.

c)     Proponer los procedimientos que la ANV aplicará en las tareas que
       le sean solicitadas, cuando no cuente con los mismos.

d)     Solicitar a la ANV las tareas de apoyo que considere necesarias,
       tales como, tasaciones, control y seguimiento de proyectos,
       informes de evaluación.

e)     Controlar la gestión de la ANV.

f)     Otorgar prórrogas para la ejecución de las obras de acuerdo con lo
       previsto en el artículo 19.

g)     Determinar el momento en que se produce la finalización de la obra.

h)     Emitir constancias u otros recaudos que estime pertinente.

i)     Informar al Poder Ejecutivo los incumplimientos del beneficiario.

j)     Comunicarse y requerir información de personas públicas y privadas.

k)     Otras que sean necesarias para su correcto funcionamiento y
       cumplimiento de sus cometidos.

                                Capítulo V

                           Disposiciones varias

Artículo 24 

 (Proyectos con obras en curso).- Podrán declarase promovidos los
proyectos con obras en curso a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en
el mismo y cuyo inicio de obras no sea anterior al 1° de enero de 2011.

Los beneficios se otorgarán exclusivamente para los tributos generados a
partir de la Declaratoria Promocional.

Artículo 25 

 (Declaración).- En los documentos públicos o privados en los que se
instrumente la enajenación de las viviendas promovidas, el beneficiario
deberá declarar que la misma se realiza al amparo de la Ley N° 18.795, de
17 de agosto de 2011.

Artículo 26 

 Comuníquese, publíquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; JORGE VÁZQUEZ; ROBERTO CONDE;
FERNANDO LORENZO; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; RICARDO EHRLICH; ENRIQUE
PINTADO; ROBERTO KREIMERMAN; NELSON LOUSTAUNAU; LEONEL BRIOZZO; TABARÉ
AGUERRE; HÉCTOR LESCANO; GRACIELA MUSLERA; DANIEL OLESKER.

Volver al inicio



Emergencia Socio Habitacional PLAN JUNTOS


Ley 18.829

Declárase de interés general la ejecución del Plan Nacional de Integración
Socio-Habitacional Juntos.
(1.950*R)

                            PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,

                                 DECRETAN

                                 CAPÍTULO I
                      EMERGENCIA SOCIO-HABITACIONAL

              OBJETIVOS DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN JUNTOS

Artículo 1 

(Declaración de emergencia. Interés general).- Declárase la emergencia
socio-habitacional de la población en situación de pobreza extrema,
consecuencia del deterioro socioeconómico de sectores de la población y de
la falta de oportunidades de acceso a la vivienda y hábitat digno.
En virtud de lo dispuesto por los artículos 45 y 46 de la Constitución de
la República, declárase de interés general la ejecución del Plan Nacional
de Integración Socio-Habitacional Juntos.

Artículo 2 

 (Objetivos).- Son objetivos del Plan Juntos:
A)     Abordar la problemática de los sectores de la población que viven
       en situación de pobreza extrema, mediante acciones tendientes a la
       mejora de la calidad de vida, la integración social y el
       fortalecimiento de la participación.
B)     Contribuir a la mejora del hábitat y la vivienda a través de la
       implementación de acciones estratégicas consistentes, entre otras,
       en el mejoramiento de la vivienda, la relocalización de
       asentamientos o áreas precarizadas no regularizables y la mejora de
       la infraestructura de asentamientos o áreas precarizadas.
C)     Fortalecer los procesos de aplicación de las políticas sociales.
D)     Articular los aportes solidarios provenientes de diversos actores
       públicos y privados.
E)     Coordinar y articular acciones con los Ministerios, los Gobiernos
       Departamentales y demás organismos públicos, en especial aquellos
       que desarrollan y articulan políticas sociales, a fin de
       implementar programas y gestionar recursos financieros y humanos
       para el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Juntos.

Artículo 3 

 (Líneas de acción).- El Plan Juntos se ejecutará mediante las siguientes
líneas de acción:
A)     Líneas de acción en vivienda y hábitat:
       -     Mejora del hábitat existente.
       -     Apoyo a la generación de nueva oferta para el hábitat.
B)     Líneas de acción en políticas sociales:
       -     Promoción y apoyo a la gestión social participativa.
       -     Apoyo a programas de inserción laboral.
       -     Apoyo a la ampliación de cobertura y acceso a las políticas
             sociales.
Cada línea de acción se ejecutará mediante programas que serán promovidos
o desarrollados por el Plan Juntos.

                               CAPÍTULO II
                ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PLAN JUNTOS

Artículo 4 

 (Unidad Operativa Central).- Créase la Unidad Operativa Central del Plan
Juntos, como órgano desconcentrado de Presidencia de la República, Inciso
02, con el cometido de ejecutar el Plan.
La misma estará dirigida por una Comisión Directiva y contará con el apoyo
de un equipo interdisciplinario y una unidad de auditoría interna creada
por la presente ley.
La Unidad Operativa Central podrá comunicarse directamente con los
Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos.

Artículo 5 

 (Competencia de la Unidad Operativa Central).- Son atribuciones de la
Unidad Operativa Central:
A)     Proponer al Poder Ejecutivo, para su aprobación, un programa anual
       con las prioridades de intervención e inversión del Plan Juntos. La
       propuesta de la Unidad Operativa Central contemplará las
       iniciativas de la población organizada y de los Gobiernos
       Departamentales.
B)     Dictar las resoluciones de intervención del Plan Juntos, en el
       marco del programa anual aprobado por el Poder Ejecutivo.
C)     Ejecutar y realizar el seguimiento de las políticas aplicables al
       Plan Juntos, así como las que se coordinen con los Gobiernos
       Departamentales y demás organismos públicos.
D)     Monitorear y evaluar los resultados obtenidos e impactos del Plan
       Juntos.
E)     Coordinar y suscribir convenios con los Gobiernos Departamentales y
       demás organismos públicos, así como con personas privadas y la
       sociedad civil organizada, para el diseño y ejecución del Plan
       Juntos.
F)     Promover e impulsar la participación solidaria de la sociedad a
       través de diferentes modalidades.
G)     Organizar, dirigir y gestionar el Registro Único de Participantes
       del Plan Juntos (RUPP).
H)     Promover, apoyar y coordinar la formación de unidades
       departamentales.
I)     Administrar y ser ordenador secundario de gastos y pagos de los
       recursos del Fondo que se crea por el artículo 17 de esta ley.
J)     Resolver el egreso de los participantes del Plan Juntos.

Artículo 6 

 (Comisión Directiva).- La Comisión Directiva estará integrada por tres
miembros, uno propuesto por la Presidencia de la República que lo
presidirá, uno por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente y otro por el Ministerio de Desarrollo Social.
La designación recaerá entre personas que por sus antecedentes personales
y profesionales tengan idoneidad técnica en la materia.
La representación de la Unidad Operativa Central será ejercida por el
Presidente de la Comisión Directiva actuando conjuntamente con cualquiera
de los otros dos miembros.
Los miembros de la Comisión Directiva serán designados y cesarán en sus
cargos por resolución del Poder Ejecutivo.
El funcionamiento de la Comisión Directiva se ajustará a lo que disponga
la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, la cual preverá, como
mínimo, el régimen de convocatoria, los regímenes de deliberación, el de
adopción de resoluciones, las funciones y las responsabilidades.

Artículo 7 

 (Equipo interdisciplinario).- El equipo interdisciplinario tendrá
carácter técnico, estará integrado por especialistas en las diversas
disciplinas relativas a la materia que se regula y sus miembros serán
designados por la Comisión Directiva.
Son competencias del equipo interdisciplinario:
A)     Asesorar y realizar propuestas a la Comisión Directiva acerca de la
       planificación, ejecución y seguimiento de las acciones sociales,
       urbano-habitacionales y de los aspectos jurídicos y notariales del
       Plan Juntos.
B)     Ejecutar las acciones dispuestas por la Comisión Directiva que
       coadyuven a la implementación del Plan Juntos.

Artículo 8 

 (Auditoría Interna).- Créase una Unidad de Auditoría Interna, la cual
dependerá jerárquicamente de la Comisión Directiva y estará sometida a la
superintendencia técnica de la Auditoría Interna de la Nación, conforme
dispone el artículo 51 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.
La referida Unidad deberá evaluar la gestión y el cumplimiento de los
cometidos asignados al Plan Juntos, así como los procesos de gestión de
riesgos y control implementados.
Los informes deberán ser realizados como mínimo en forma cuatrimestral y
cada uno de ellos deberá ser remitido a la Presidencia de la República, al
Poder Legislativo y a la Auditoría Interna de la Nación.
El Poder Ejecutivo reglamentará, según lo establecido por el artículo 33
de la presente ley, la forma de instrumentar lo dispuesto en este
artículo.

                               CAPÍTULO III
                      ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

Artículo 9 

 (Población participante).- El Plan Juntos atenderá aquella población que
se encuentre en situación de extrema pobreza con precariedad
socio-habitacional. La reglamentación priorizará la participación en todas
las etapas del proceso de diagnóstico de la situación, identificación de
prioridades, diseño de proyectos, toma de decisiones, ejecución y
evaluación de obras, entre otras, a la población participante.
Adquirirán la calidad de participantes del Plan Juntos los núcleos
familiares cuyos integrantes:
A)     Se hallen asentados en las áreas de intervención del Plan Juntos al
       momento de su relevamiento.
B)     No hayan egresado del Plan Juntos, salvo excepciones autorizadas en
       forma fundada por la Unidad Operativa Central.
C)     Se inscriban en el Registro previsto en el artículo 11 de la
       presente ley.

Artículo 10 

 (Núcleos familiares).- A los efectos de la presente ley, se entiende por
núcleos familiares al grupo de personas vinculados o no por lazos de
parentesco, que convivan en forma estable bajo un mismo techo, cualquiera
sea su vínculo jurídico con el inmueble donde habitan.
Los derechos que la presente ley confiere a los núcleos familiares
participantes, se entiende que alcanzan por igual a todos sus integrantes.
La voluntad del núcleo familiar coincidirá con la manifestación de
voluntad de la mayoría de los integrantes del mismo, debidamente recabada
de acuerdo con los mecanismos que establezca la reglamentación.

Artículo 11 

 (Registro Único de Participantes del Plan Juntos).- Créase el Registro
Único de Participantes del Plan Juntos (RUPP), en la órbita de la Unidad
Operativa Central.
En este registro se inscribirán:
A)     Los núcleos familiares cuyos integrantes acrediten el cumplimiento
       de las condiciones requeridas por el artículo 9° de la presente ley
       para ser participantes del Plan Juntos. Esta inscripción es
       constitutiva de la condición de participante.
B)     Los egresos de los núcleos familiares participantes del Plan
       Juntos.
C)     Las adjudicaciones de viviendas en comodato o propiedad que reciban
       los núcleos familiares participantes del Plan Juntos.
D)     Los demás beneficios recibidos por los núcleos familiares
       participantes del Plan Juntos.
La implementación del RUPP estará sujeta a la reglamentación que dicte el
Poder Ejecutivo.

Artículo 12 

 (Causales de egreso).- Son causales que habilitan a la Unidad Operativa
Central a resolver el egreso del núcleo familiar participante o de alguno
de sus integrantes, las siguientes:
A)     La mejora de la situación económica que lo excluya de los extremos
       previstos en esta ley.
B)     El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la presente
       ley.
C)     La renuncia expresa ante la Unidad Operativa Central a los derechos
       que otorga esta ley.
D)     El abandono de la vivienda dada en comodato por el Plan Juntos, por
       un período de tres meses continuos e ininterrumpidos, contados
       desde la constatación del abandono por parte de la Unidad Operativa
       Central.
E)     Otorgar a la vivienda dada en comodato por el Plan Juntos un
       destino principal distinto al de casa-habitación del núcleo
       familiar participante.
F)     Resultar adjudicatario de una vivienda de otro programa
       habitacional ya sea público o privado, salvo renuncia expresa a la
       misma.
G)     La imposición de una medida cautelar por actos u omisiones
       constitutivas de violencia doméstica respecto a otro integrante del
       núcleo familiar participante, según lo dispuesto por el artículo 10
       de la Ley N° 17.514, de 2 de julio de 2002.
H)     La falta de colaboración, en la medida de sus posibilidades, en la
       autoconstrucción de su vivienda o como mano de obra benévola en la
       construcción de viviendas de otros o de áreas comunitarias.
I)     La oposición en vía administrativa o judicial a las expropiaciones
       de inmuebles que se realicen en el marco del Plan Juntos o el
       reclamo de indemnización o compensación a causa de las mismas.
J)     La falta de cumplimiento de cualquiera de los deberes u
       obligaciones dispuestas por la presente ley y su reglamentación.
El egreso del Plan Juntos de un núcleo familiar participante o de alguno
de sus integrantes aparejará su baja del Registro Único de Participantes
del Plan Juntos y la rescisión de pleno derecho del contrato de comodato,
sin que le corresponda derecho alguno a indemnización ni a reembolso por
la mano de obra aportada.

                               CAPÍTULO IV
           MODALIDADES DE CONSTRUCCIÓN. PRESTADORES DE TRABAJO.
                       RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 13 

 (Modalidades de construcción).- Para el cumplimiento de sus objetivos en
materia de vivienda y hábitat, el Plan Juntos priorizará, entre las
diversas modalidades de construcción y obra, a la autoconstrucción y la
mano de obra benévola.

Artículo 14 

 (Prestadores de trabajo).- El Plan Juntos abarcará a distintas
modalidades de prestadores de trabajo, entre otras, las siguientes:
A)     Trabajo de los participantes tanto en la construcción de vivienda
       como en el mejoramiento de las condiciones del hábitat.
B)     Trabajo voluntario, de acuerdo con lo establecido en la Ley N°
       17.885, de 12 de agosto de 2005.
C)     Personas que puedan acceder al régimen de medidas sustitutivas, de
       acuerdo con lo establecido en la Ley N° 17.726, de 26 de diciembre
       de 2003.
D)     Personas procesadas y condenadas, en el marco del régimen de
       Redención de la Pena, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo
       IV de la Ley N° 17.897, de 14 de setiembre de 2005.
E)     Personas inscriptas en la Bolsa Laboral del Patronato de
       Encarcelados y Liberados o de los patronatos departamentales en el
       marco de lo dispuesto en la Ley N° 18.489, de 17 de mayo de 2009.
F)     Programas sociales, educativos y laborales promovidos por
       organismos públicos departamentales o nacionales.
G)     Trabajo aportado por personas públicas y privadas, previa
       suscripción de los convenios o contratos respectivos.
La relación de dependencia de los prestadores de trabajo se regulará de
acuerdo con lo establecido en las normas citadas en los literales
precedentes, según corresponda, o en los correspondientes convenios y
contratos que se suscriban en el marco de la presente ley.
El trabajo desarrollado en el marco de la presente ley, en ningún caso
generará derechos para el ingreso a la función pública.

Artículo 15 

 (Aportes patronales en los convenios con personas privadas).- Los aportes
patronales de la seguridad social, incluido el correspondiente al Sistema
Nacional Integrado de Salud y su aporte complementario, de aquellas
personas privadas contribuyentes del Banco de Previsión Social que
suscriban convenios con la Unidad Operativa Central conforme al artículo
anterior, podrán ser de cargo de dicha Unidad Operativa, debiendo esta
solicitar la habilitación de los créditos correspondientes con cargo a
Rentas Generales.
Lo dispuesto precedentemente estará limitado al aporte de trabajo
efectuado por dichas personas privadas a la ejecución del Plan Juntos.

Artículo 16 

 (Registro de obras).- La reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo
podrá flexibilizar los requisitos para el acceso al registro de las obras
enmarcadas en la ejecución del Plan Juntos y de los trabajadores que
intervengan en las mismas.

                                CAPÍTULO V
                           RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 17 

 (Fondo Nacional del Plan).- Créase el Fondo Nacional del Plan (FONAP),
que funcionará en la Unidad Operativa Central del Plan Juntos.
La Unidad Operativa Central tendrá la titularidad y disponibilidad de la
totalidad del FONAP, quedando exceptuado de la limitación establecida por
el artículo 594 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Artículo 18 

 (Recursos del FONAP).- El Fondo Nacional del Plan se integrará con los
siguientes recursos:
A)     Donaciones y legados.
B)     Transferencias provenientes de otros organismos públicos, en el
       marco de lo establecido en el artículo 43 de la Ley N° 17.930, de
       19 de diciembre de 2005.
C)     Fondos derivados de convenios que se celebren con personas públicas
       o privadas, asociaciones civiles y fundaciones, ya sean nacionales
       o extranjeras.
D)     Las partidas que asignen las leyes presupuestales.
E)     Otros que se le asignen al Plan Juntos por vía legal o
       reglamentaria.
F)     Las sumas reintegradas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
       27 de la presente ley.
Los recursos indicados en el inciso anterior se considerarán, a todos sus
efectos, públicos y estarán sometidos al régimen financiero contable
establecido a tales efectos, sin perjuicio de las particularidades que
pudieran establecerse en la presente ley.

Artículo 19 

 (Excepciones).- Los recursos o partidas no afectados o ejecutados al
cierre de cada ejercicio continuarán integrando el Fondo Nacional del
Plan, pudiendo hacerse uso de los mismos en los ejercicios siguientes,
estando exceptuados de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 17.930,
de 19 de diciembre de 2005, y en el artículo 119 de la Ley N° 18.046, de
24 de octubre de 2006.
Incorpórase al numeral 3° del artículo 33 del TOCAF la siguiente causal de
excepción:
       "Para adquirir bienes o contratar servicios por parte de la Unidad
       Operativa Central del Plan de Integración Socio-Habitacional
       Juntos".

Artículo 20 

 (Fideicomisos).- Facúltase a la Unidad Operativa Central a constituir
fideicomisos y a transmitir a los fiduciarios, para su administración, la
propiedad de los recursos actuales y futuros del Fondo Nacional del Plan,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 17.703, de 27 de octubre de
2003, modificativas y concordantes.
Dichos fideicomisos, así como los actos y negocios jurídicos que se
realicen en la ejecución de los mismos, gozarán de todas las exoneraciones
tributarias previstas en la presente ley.

                               CAPÍTULO VI
             EXONERACIONES TRIBUTARIAS E INCENTIVOS FISCALES

Artículo 21 

 (Exoneraciones tributarias).- Exonérase de todo tributo nacional a las
siguientes operaciones:
A)     Las donaciones y legados de cualquier tipo cuyo destinatario sea la
       Unidad Operativa Central del Plan Juntos.
B)     Las adjudicaciones de viviendas en comodato o propiedad que realice
       el Plan Juntos a través de la Unidad Operativa Central.
C)     El registro, ejecución y regularización de todos los actos y
       contratos vinculados con las obras de refacción, reciclaje y
       construcción de bienes inmuebles realizados en el marco del Plan
       Juntos.

Artículo 22 

 (Donaciones especiales).- Agrégase al artículo 79 del Título 4 del Texto
Ordenado 1996, el siguiente literal:
        "P) La Unidad Operativa Central del Plan Juntos".

                               CAPÍTULO VII
                      ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS

Artículo 23 

 (Titularidad de las viviendas).- La Unidad Operativa Central adjudicará a
los integrantes de los núcleos familiares participantes la propiedad de
las viviendas construidas, reparadas o recicladas en inmuebles del Estado,
en las condiciones que establezca la reglamentación que dicte el Poder
Ejecutivo.
A tales efectos, se faculta al Poder Ejecutivo para que, a través de la
Unidad Operativa Central, enajene a título gratuito bienes inmuebles
propiedad del Estado a favor de todos los integrantes de los núcleos
familiares participantes que se encuentren debidamente inscriptos en el
registro. Dicha enajenación se realizará mediante donaciones modales.
Los núcleos familiares que se realojen en el marco del Plan Juntos tendrán
sobre los inmuebles de realojo todos los derechos que esta ley les
acuerda.

Artículo 24 

 (Comodato).- Mientras se instrumenta la transferencia de la propiedad en
las condiciones establecidas en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo
podrá otorgar a los integrantes de los núcleos familiares participantes la
mera tenencia y el uso de las viviendas, mediante la celebración de un
contrato de comodato que no podrá ser cedido por los comodatarios.

Artículo 25 

 (Uso y goce de las viviendas).- En caso de disolución del núcleo
familiar, se dará preferencia para continuar con el uso y goce de la
vivienda a quien conserve la tenencia de los menores o incapaces que la
integran.
Para el caso que no existan menores o incapaces, o existiendo, la tenencia
fuera compartida entre más de uno de los integrantes del núcleo familiar,
la Unidad Operativa Central dispondrá quién continuará con el uso y goce
de la vivienda, de acuerdo con las pautas que establezca la reglamentación
que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 26 

 (Indisponibilidad de la vivienda).- Los inmuebles en los que intervenga
el Plan Juntos no podrán, por el plazo de diez años, ser embargados,
cedidos, dados en arrendamiento, enajenados, hipotecados, gravados, ni
constituir sobre los mismos derechos reales menores en favor de terceros,
salvo autorización previa y expresa de la Unidad Operativa Central.
El plazo referido se contará desde la inscripción en el Registro Nacional
de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, del instrumento público que
transfiere el dominio del inmueble a los participantes o de la inscripción
de la resolución de intervención de la Unidad Operativa Central, cuando
esta recaiga sobre inmuebles propiedad de alguno de los integrantes del
núcleo familiar participante.
Autorizada la venta dentro del plazo de indisponibilidad, la Unidad
Operativa Central tendrá preferencia para adquirir dicho inmueble
descontando los reintegros que correspondan de acuerdo con el artículo
siguiente.
Cuando la Unidad Operativa Central adjudique la propiedad de viviendas, el
escribano actuante deberá dejar, en la escritura respectiva, constancia de
la inhibición dispuesta en el inciso primero.
Los actos y contratos realizados por los integrantes del núcleo familiar
participante en contravención de lo dispuesto en el presente artículo
serán absolutamente nulos.

Artículo 27 

 (Reintegros).- Autorizada la venta por parte de la Unidad Operativa
Central, el núcleo familiar participante deberá reintegrar el valor del
terreno adjudicado por esta y el de las mejoras efectuadas, descontando el
de su mano de obra aportada.
A efectos de fijar el valor del terreno y las mejoras se estará a la
tasación de la Dirección Nacional de Catastro.
Cuando se autorice la venta al núcleo familiar participante en cuyo
terreno se hayan realizado mejoras por el Plan Juntos, la Unidad Operativa
Central podrá exigirle el reintegro del valor de las mismas, descontando
el de la mano de obra aportada por aquel.
Las sumas reintegradas de acuerdo con el presente artículo serán vertidas
al Fondo Nacional del Plan.

Artículo 28 

 (Derecho de habitación).- No será de aplicación a los inmuebles en los
que intervenga el Plan Juntos durante el plazo establecido en los incisos
primero y segundo del artículo 26 de la presente ley, lo dispuesto en el
artículo 881.1 del Código Civil.
El cónyuge supérstite tendrá derecho a inscribirse como integrante del
núcleo familiar y tendrá, desde el momento de la inscripción, los mismos
derechos y obligaciones que los restantes integrantes.

Artículo 29 

 (Expropiación).- Declárase de necesidad pública la expropiación de los
inmuebles que se requieran para la ejecución del Plan Nacional de
Integración Socio-Habitacional Juntos.
En caso de que el inmueble registre deudas con el Estado persona pública
mayor, entes autónomos y servicios descentralizados, el monto de las
mismas se descontará de la indemnización provisoria que deba depositar el
expropiante a los efectos de la toma urgente de posesión y de la
indemnización definitiva en caso de corresponder. A tales efectos, el
expropiante deberá acreditar la existencia de la deuda.

Artículo 30 

 (Toma urgente de posesión).- Para las expropiaciones que se realicen en
el marco del Plan Juntos, no serán de aplicación los literales D) y E) del
artículo 42 de la Ley N° 3.958, de 28 de marzo de 1912, en la redacción
dada por el artículo 224 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.
En tales expropiaciones se aplicarán las siguientes disposiciones:
1)     La Administración iniciará la acción de toma urgente de posesión,
       solicitando la acreditación de la titularidad sobre el inmueble
       expropiado y su situación patrimonial, pudiendo intimar la
       desocupación total o parcial del inmueble, bajo apercibimiento de
       lanzamiento, en el plazo de diez días perentorios e improrrogables.
       La decisión judicial que decrete la toma urgente de posesión u
       ordene la desocupación será inapelable y se cumplirá de inmediato.
2)     Al decretar la toma urgente de posesión o el lanzamiento en los
       casos que corresponda, el Juez dispondrá el libramiento de oficio
       al Banco Hipotecario del Uruguay para el cobro del precio
       provisorio a quien haya acreditado la titularidad del inmueble
       designado para expropiar. La no comparecencia de los interesados,
       si hubiera diferencias o dudas sobre el derecho y calidad,
       legitimación o titularidad, o la existencia de embargos,
       interdicciones o gravámenes sobre el inmueble, no será
       obstáculo para dar la posesión al organismo expropiante.

Artículo 31 

 (Vía Administrativa).- Para las expropiaciones que se realicen en
ejecución del Plan Juntos y a los efectos de lo establecido en los
artículos 15 a 18 de la Ley N° 3.958, de 28 de marzo de 1912, en la
redacción dada por los artículos 258 y 278 de la Ley N° 17.296, de 21 de
febrero de 2001, se otorgará a los expropiados vista por el término de
diez días hábiles improrrogables a fin de que manifiesten su aceptación u
oposición a la designación de los bienes a expropiarse, a la tasación de
los mismos o a los planos del trazado general de la obra proyectada y de
mensura de parcela o parcelas a expropiarse.
En lo que no se oponga a la presente disposición, continúan rigiendo las
normas sobre expropiación vigentes.

Artículo 32 

 (Cartera de inmuebles).- Quedan comprendidos en el artículo 400 de la Ley
N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, los bienes inmuebles pertenecientes
al dominio público o privado del Estado, entes autónomos, servicios
descentralizados o gobiernos departamentales que cumplan con alguna de las
siguientes condiciones:
A)     En los mismos se encuentren ubicados los asentamientos irregulares
       en que intervenga el Plan Juntos.
B)     Resulten necesarios para el realojo de dichos asentamientos.
C)     Hayan permanecido como terrenos baldíos en los últimos 10 años
       previos a la promulgación de la presente ley.
Dichos inmuebles pasarán a integrar la Cartera de Inmuebles para Viviendas
de Interés Social creada por el artículo 367 de la Ley N° 18.362, de 6 de
octubre de 2008.
Igual destino se dará a los bienes inmuebles que se donen o leguen al Plan
Juntos, los que se adquieran con recursos del Fondo Nacional del Plan o se
expropien para la ejecución del Plan Juntos. Dichos bienes inmuebles se
destinarán exclusivamente a la ejecución del Plan Juntos.

Artículo 33 

 (Vigencia y reglamentación).- La presente ley entrará en vigencia a
partir de su promulgación y el Poder Ejecutivo la reglamentará en un plazo
máximo de noventa días.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 19 de octubre
de 2011.
LUCÍA TOPOLANSKY, Presidenta; HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

                                         Montevideo, 24 de Octubre de 2011

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se declara de
interés general la ejecución del Plan Nacional de Integración
Socio-Habitacional Juntos.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; EDUARDO BONOMI; LUIS ALMAGRO;
FERNANDO LORENZO; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; MARÍA SIMON; ENRIQUE
PINTADO; ROBERTO KREIMERMAN; EDUARDO BRENTA; JORGE VENEGAS; TABARÉ
AGUERRE; HÉCTOR LESCANO; GRACIELA MUSLERA; DANIEL OLESKER.

Volver al inicio





impo@impo.com.uy - 18 de julio 1373 - CP 11.200 - TEL: 2908 5042 , 2908 5180 , 2908 5276 - FAX: 2902 3098 - Horario de atención al público: 9:30 a 16:00 hs.