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DELITOS VIOLENTOS Y VIOLENCIA DOMESTICA

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Beneficios para hijos de personas fallecidas por hechos de violencia doméstica


Ley 18.850

Establécese una pensión no contributiva y una asignación familiar especial
en beneficio de los hijos de las personas fallecidas como consecuencia de
hechos de violencia doméstica.
(2.266*R)

                            PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,

                                 DECRETAN

Artículo 1 

 (Alcance de la ley).- Los hijos de las personas fallecidas como
consecuencia de un hecho de violencia doméstica ejercida contra ellas,
tendrán derecho a las prestaciones establecidas por la presente ley, en
las condiciones dispuestas en los artículos siguientes.

Artículo 2 

 (Ámbito subjetivo).- Serán beneficiarios de las prestaciones previstas en
la presente ley, durante los términos y en las condiciones establecidos en
ella, los hijos de las personas fallecidas a que refiere el artículo
anterior, que residan en el territorio nacional y que, a la fecha del
deceso de aquellas, no se hallen a su respecto en alguna de las
situaciones de desheredación o indignidad previstas en los artículos 842,
899 y 900 del Código Civil y fueran:
A)     Solteros y menores de veintiún años de edad, salvo que se tratare
       de mayores de dieciocho años de edad con medios de vida propios y
       suficientes para su congrua y decente sustentación.
B)     Solteros, mayores de dieciocho años de edad y absolutamente
       incapacitados para todo trabajo, salvo que se tratare de mayores
       de veintiún años de edad que dispongan de medios de vida para
       subvenir a su sustento.
En el caso de los hijos adoptivos, deberán haber integrado, de hecho, un
hogar común con la víctima, conviviendo en su morada y constituyendo con
ella una unidad similar a la de la familia, en forma notoria y
preexistente en cinco años, por lo menos, a la fecha de fallecimiento de
aquella, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de
adopción fuese más reciente.
Cuando el referido fallecimiento acaezca antes que el adoptado haya
cumplido los diez años de edad, se exigirá que el beneficiario haya
convivido con la víctima la mitad de su edad a dicha fecha.

Artículo 3 

 (Prestaciones).- Las prestaciones a que tendrán derecho los beneficiarios
indicados en el artículo anterior estarán a cargo del Banco de Previsión
Social, y serán las siguientes:
A)     Una pensión mensual cuyo monto será equivalente al de la prestación
       asistencial no contributiva por vejez o invalidez prevista por el
       artículo 43 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.
B)     Una asignación familiar especial, de carácter mensual y cuyo monto
       será de $ 865 (ochocientos sesenta y cinco pesos uruguayos), y
       ascenderá a $ 1.168 (mil ciento sesenta y ocho pesos uruguayos) en
       caso de que el beneficiario se encuentre cursando enseñanza media
       o superior o padezca una incapacidad física o síquica tal que
       impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada.
La prestación establecida en el precedente literal A) no se generará
durante los períodos en que el beneficiario se encuentre en atención de
tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente
del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho
Instituto.
La asignación familiar prevista en esta ley se depositará en el Banco de
la República Oriental del Uruguay, en una cuenta especial a nombre del
beneficiario, de cuyos fondos solo podrá disponer este una vez que haya
alcanzado la mayoría de edad.
Exceptúase de lo dispuesto en el inciso anterior a los beneficiarios
incluidos en el literal B) del inciso primero del artículo 2° y a aquellos
que, cualquiera sea su edad, padecieren una incapacidad síquica tal que
impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada y no se
encontraren en la situación prevista en el inciso segundo del presente
artículo. En estos casos, la asignación familiar será administrada por las
personas a que refiere el artículo siguiente.

Artículo 4 

 (Administrador de las prestaciones).- Son administradores de las
prestaciones instituidas por la presente ley, las personas con capacidad
legal, a cuyo cargo estén los beneficiarios. En caso de que dos personas
de distinto sexo reúnan tales condiciones, tendrá preferencia la mujer.
Para acreditar los extremos previstos en el inciso anterior, se requerirá
la presentación del certificado judicial que avale quién ejerce la
tenencia efectiva del beneficiario.
La reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo podrá establecer
procedimientos y medios probatorios alternativos en sede administrativa, a
los solos efectos de habilitar el servicio de las prestaciones en forma
provisoria y únicamente durante el lapso que insuma la obtención del
referido certificado.
En ningún caso el victimario podrá llegar a constituirse en administrador
de las prestaciones.

Artículo 5 

 (Término de las prestaciones).- En el caso de los beneficiarios indicados
en el literal A) del inciso primero del artículo 2° de la presente ley,
las prestaciones previstas en la misma se servirán por los períodos que se
establecen a continuación:
1)     Hasta los catorce años de edad del beneficiario.
2)     Hasta los dieciséis años de edad del beneficiario, cuando se
       compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de
       educación primaria a los catorce años de edad por impedimento
       plenamente justificado.
3)     Hasta los dieciocho años de edad del beneficiario, cuando el mismo
       curse estudios de nivel superior a los de educación primaria en
       instituciones docentes estatales o privadas autorizadas por el
       órgano competente.
4)     Hasta los veintiún años de edad del beneficiario, sólo en el caso
       de la prestación prevista en el literal A) del inciso primero del
       artículo 3° de la presente ley y siempre que se cumplan los
       requisitos previstos en el numeral precedente.
Tratándose de los beneficiarios indicados en el literal B) del inciso
primero del artículo 2° de la presente ley:
1)     La prestación prevista en el literal A) del inciso primero del
       artículo 3° se servirá mientras se mantenga la incapacidad que dio
       lugar a su concesión.
2)     La asignación familiar prevista en el literal B) del inciso primero
       del artículo 3° se servirá hasta los dieciocho años de edad y
       continuará sirviéndose a partir de dicha edad por períodos de tres
       años, con revisión médica al finalizar cada período, conforme a lo
       previsto por el literal B) del inciso tercero del artículo
       siguiente.

Artículo 6 

 (Requisitos para el otorgamiento y la percepción de las prestaciones).-
Para recibir las prestaciones reguladas por la presente ley, deberá haber
recaído auto de procesamiento respecto del imputado como victimario de la
persona fallecida a que refiere el artículo 1° de la presente ley.
Si el imputado como victimario fuere un adolescente, deberá haberse
dispuesto la convocatoria a audiencia preliminar, conforme a lo previsto
por el inciso primero del numeral 2) del artículo 76 del Código de la
Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004, y
modificativas).
Asimismo, será menester acreditar ante el Banco de Previsión Social (BPS),
con la frecuencia y del modo que establezca la reglamentación, los
siguientes extremos:
A)     La inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos
       docentes estatales o privados autorizados por el órgano competente,
       excepto en los casos de beneficiarios discapacitados en que se
       acredite que aquello no es posible, y la periodicidad de controles
       de asistencia médica brindada a través del sistema público o
       privado.
B)     Tratándose de personas discapacitadas desde el punto de vista
       físico o síquico, la discapacidad que impida su incorporación a
       todo tipo de tarea remunerada. En este caso, el dictamen provendrá
       de los servicios médicos del BPS y se realizarán revisiones
       periódicas ante los mismos servicios médicos cada tres años, a los
       efectos de evaluar si se mantiene
       el mismo grado de incapacidad que permita el mantenimiento del
       pago de las prestaciones. No obstante, en los casos de niños y
       adolescentes que padezcan discapacidad síquica, la misma podrá
       acreditarse mediante certificación que al efecto expida el
       Registro creado por la Ley N° 13.711, de 29 de noviembre de 1968.
C)     Estar el beneficiario asistiendo al tratamiento sicológico que se
       le prescriba, según sus necesidades en tal sentido, tratamiento
       que será determinado y/o autorizado por el BPS, así como provisto
       o costeado por dicho instituto, en caso de ser necesario. A los
       efectos de dar cumplimiento a estos cometidos, el referido
       organismo podrá celebrar los convenios que estime pertinentes con
       el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Artículo 7 

 (Instituciones de educación no formal).- A los efectos de lo previsto en
el literal A) del inciso tercero del artículo anterior, considéranse
incluidas dentro de los institutos docentes privados, las instituciones de
educación no formal que, estando inscriptas en el Registro de
Instituciones de Educación No Formal del Ministerio de Educación y
Cultura, contribuyan al desarrollo socioeducativo del beneficiario y a su
reinserción en el sistema educativo formal, conforme a la reglamentación
que dictará el Poder Ejecutivo.
La autoridad competente para autorizar el funcionamiento de dichas
instituciones será el Ministerio de Educación y Cultura.
Las personas incluidas en el ámbito subjetivo de la presente ley, que
participen en proyectos socioeducativos desarrollados por las referidas
instituciones de educación no formal, serán beneficiarias de las
prestaciones previstas en el artículo 3°, siempre que los administradores
de dichas prestaciones se comprometan al reingreso de los beneficiarios al
sistema educativo formal.
Bajo estas condiciones, la pensión y la asignación familiar establecidas
en la presente ley se otorgarán por una sola vez y por un período no mayor
a un año.

Artículo 8 

 (Competencias y atribuciones de la Administración).- Compete al Banco de
Previsión Social verificar y controlar los requisitos de elegibilidad para
ser beneficiario de las prestaciones instituidas por la presente ley.
A tales efectos dispondrá, en lo pertinente, de las facultades previstas
por el artículo 8° de la Ley N° 18.227, de 22 de diciembre de 2007.
Los Juzgados con competencia en materia penal o en infracciones de
adolescentes a la ley penal, que intervengan en una situación de violencia
doméstica, comunicarán de oficio al Banco de Previsión Social, en tales
casos, las providencias a que refieren los dos primeros incisos del
artículo 6° de la presente ley, las que ordenen el archivo de las
actuaciones y las sentencias absolutorias o condenatorias. Tratándose de
las providencias indicadas en primer término, esa comunicación se
realizará dentro de las cuarenta y ocho horas de dictadas, y en los
restantes casos, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que
hayan quedado consentidas o ejecutoriadas.

Artículo 9 

 (Incompatibilidades).- La percepción de las prestaciones establecidas en
la presente ley es incompatible con la pensión por invalidez prevista por
el artículo 43 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.
El cobro de la prestación prevista en el literal A) del inciso primero del
artículo 3° de la presente ley es incompatible:
A)     Con toda jubilación, pensión de sobrevivencia o subsidio
       transitorio por incapacidad parcial, salvo que estos, considerados
       individualmente o en conjunto, fueren inferiores a la indicada en
       primer término, en cuyo caso se abonará la diferencia.
B)     Con ingresos provenientes de cualquier actividad remunerada, sea
       la misma pública o privada, siempre que dichos ingresos superaren
       un monto equivalente al triple de la pensión instituida en la
       presente ley y sin perjuicio de la exclusión establecida en el
       literal A) del inciso primero del artículo 2°. Para realizar esa
       comparación de ingresos, no se tomará en cuenta el monto del
       sueldo anual complementario y del sueldo para el mejor goce de la
       licencia.
La asignación familiar establecida en el literal B) del inciso primero del
artículo 3° de la presente ley es incompatible con las previstas por el
Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980, la Ley N° 17.474, de 14
de mayo de 2002, y la Ley N° 18.227, de 22 de diciembre de 2007, así como
con la asignación familiar generada por la calidad de funcionario público
del asignatario o atributario y las servidas por el Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay.
En los casos de hijos adoptivos, el goce de las prestaciones previstas en
la presente ley es incompatible con el de las causadas por vínculo de
consanguinidad, pudiendo el interesado optar por aquellas o estas.

Artículo 10 

 (Pérdida de los beneficios).- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
5° de la presente ley, el derecho a las prestaciones establecidas en la
misma se pierde:
A)     Por recuperar la capacidad antes de los cuarenta y cinco años de
       edad, cuando la incapacidad para todo trabajo fuese requisito para
       el cobro de la prestación.
B)     Por recaer auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria, con
       autoridad de cosa juzgada, respecto de la persona sometida a
       proceso como victimario.

Artículo 11 

 (Inembargabilidad e incedibilidad).- Las prestaciones instituidas por la
presente ley son inalienables e inembargables y toda venta o cesión que se
hiciere de ellas, cualquiera fuere su causa, será nula, salvo los casos de
excepción establecidos legalmente.

Artículo 12 

 (Aplicación de la ley en el tiempo).- Las disposiciones de la presente
ley serán también de aplicación cuando el hecho de violencia doméstica con
resultado de muerte fuere anterior a la fecha de entrada en vigencia de
esta, siempre que los beneficiarios reunieren, a dicha fecha, los
requisitos previstos en el artículo 2°.

Artículo 13 

 (Inicio del servicio de las prestaciones).- Los haberes de las
prestaciones instituidas en esta ley se devengarán a partir del
fallecimiento de la víctima de violencia doméstica a que refiere el
artículo 1°, siempre que la solicitud de tales beneficios se formulare
dentro de los ciento ochenta días de producido ese hecho. En caso
contrario, se devengarán desde la fecha de presentación de la solicitud.
En los casos a que refiere el artículo anterior, los referidos haberes se
devengarán desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, salvo
que el pedido se formulare fuera de los ciento ochenta días siguientes a
esa fecha, en cuyo caso se devengarán desde la presentación de la
solicitud.

Artículo 14 

 (Inclusión en el Seguro Nacional de Salud).- Los beneficiarios a que
refiere el artículo 2° de la presente ley, mientras mantengan su condición
de tales, estarán amparados por el Seguro Nacional de Salud.

Artículo 15 

 (Referencias a hijos).- A los efectos de la presente ley, las referencias
a hijos comprenden a ambos sexos y a las calidades legales de legítimos,
naturales y adoptivos.

Artículo 16 

 (Referencia a valores constantes y ajustes).- Las referencias monetarias
del artículo 3° de la presente ley están expresadas en valores constantes
correspondientes al mes de enero de 2011.
Las prestaciones allí establecidas serán ajustadas de conformidad con la
variación del Índice de Precios al Consumo, en las mismas oportunidades en
que se ajusten las remuneraciones de los funcionarios públicos de la
Administración Central.

Artículo 17 

 (Financiación).- Las erogaciones derivadas de la aplicación de la
presente ley serán atendidas por Rentas Generales.

Artículo 18 

 (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro
del término de noventa días siguientes al de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 6 de
diciembre de 2011.
DANILO ASTORI, Presidente; HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

                                       Montevideo, 16 de Diciembre de 2011

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se establece una
pensión no contributiva y una asignación familiar especial en beneficio de
los hijos de las personas fallecidas como consecuencia de hechos de
violencia doméstica.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; EDUARDO BONOMI; LUIS ALMAGRO;
FERNANDO LORENZO; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; RICARDO EHRLICH; ENRIQUE
PINTADO; ROBERTO KREIMERMAN; NELSON LOUSTAUNAU; JORGE VENEGAS; TABARÉ
AGUERRE; HÉCTOR LESCANO; GRACIELA MUSLERA; DANIEL OLESKER.

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Reglamentación de la Ley Nº 18.850


Decreto 132/012

Reglaméntase la Ley 18.850 por la que se establece una pensión no
contributiva y una asignación familiar especial a los hijos de personas
fallecidas en hechos de violencia doméstica ejercida contra ellas.
(709*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

                                           Montevideo, 20 de Abril de 2012

VISTO: la ley N° 18.850 de 16 de diciembre de 2011, por la que se
establece una pensión no contributiva y una asignación familiar especial
en beneficio de los hijos de personas fallecidas como consecuencia de un
hecho de violencia doméstica ejercida contra ellas.

RESULTANDO: que el artículo 18 de la mencionada ley encomienda al Poder
Ejecutivo la reglamentación de la misma dentro del término de noventa días
siguientes al de su promulgación.

CONSIDERANDO: que entre las cuestiones a reglamentar, existen algunas cuyo
abordaje resulta prioritario, a fin de comenzar a servir cuanto antes las
prestaciones a los beneficiarios de las mismas.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 168 de la Constitución de la República.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
                     actuando en Consejo de Ministros

                                 DECRETA:

Artículo 1 

 (Pensión mensual).- La pensión mensual establecida por el literal A) del
artículo 3° de la ley que se reglamenta, tendrá un monto equivalente al de
la prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez prevista
por el artículo 43 de la ley N° 16.713 de 3 de setiembre de 1995.
Esta prestación no se generará durante los períodos en que el beneficiario
se encuentre en atención de tiempo completo en establecimientos del
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o en instituciones que
mantengan convenios con dicho instituto.

Artículo 2 

 (Asignación familiar especial).- La asignación familiar especial prevista
por el literal B) del artículo 3° de la ley que se reglamenta tendrá 
carácter mensual y su monto será de $ 865 (ochocientos sesenta y cinco
pesos uruguayos), y ascenderá a $ 1.168 (mil ciento sesenta y ocho pesos
uruguayos) en caso de que el beneficiario se encuentre cursando enseñanza
media o superior, o padezca una incapacidad física o síquica tal que
impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada.
Las precedentes referencias monetarias están expresadas en valores
constantes correspondientes al mes de enero de 2011. Dichas cifras serán
ajustadas de conformidad con la variación del índice de Precios al
Consumo, en las mismas oportunidades en que se ajusten las remuneraciones
de los funcionarios públicos de la Administración Central.

Artículo 3 

 (Depósito de las asignaciones familiares).- El depósito de la asignación
familiar especial en el Banco de la República Oriental del Uruguay,
previsto por el inciso tercero del artículo 3° de la ley que se
reglamenta, será gestionado y realizado por el Banco de Previsión Social
ante aquella institución.

Artículo 4 

 (Administrador de las prestaciones).- Son administradores de las
prestaciones instituidas por la ley que se reglamenta, las personas con
capacidad legal, a cuyo cargo estén los beneficiarios. En caso de que dos
personas de distinto sexo reúnan tales condiciones, tendrá preferencia la
mujer.
En ningún caso el victimario podrá llegar a constituirse en administrador
de las prestaciones.
Los extremos previstos en el inciso primero del presente artículo, se
acreditarán a través de la presentación del certificado judicial que avale
quién ejerce la tenencia efectiva del beneficiario.
El Banco de Previsión Social, mediante la reglamentación que dicte al
efecto, podrá autorizar el cobro de las prestaciones en forma provisoria y
únicamente durante el lapso que insuma la obtención del referido
certificado, a aquella persona que demuestre haber iniciado el trámite
judicial correspondiente.
Cuando se compruebe que quien ha acreditado la tenencia del beneficiario,
no convive con éste, se suspenderá el pago de las prestaciones hasta que
se regularice la situación.

Artículo 5 

 (Instituciones de educación no formal).- A los efectos de la aplicación
de lo previsto en el artículo 7° de la ley que se reglamenta, el
Ministerio de Educación y Cultura mantendrá informado al Banco de
Previsión Social respecto de la nómina de las instituciones de educación
no formal inscriptas en el Registro de Instituciones de Educación No
Formal que dicho Ministerio haya autorizado, así como de cualquier
modificación que se produzca en la referida nómina.

Artículo 6 

 (Requisitos para el otorgamiento y la percepción de las prestaciones).-
Los requisitos previstos por los incisos primero y segundo del artículo 6°
de la ley que se reglamenta no se exigirán cuando su cumplimiento no
resultare posible, tal como en los casos en que el victimario fallezca
antes de que tengan lugar los actos procesales a que refieren dichos
incisos.
La reglamentación a dictarse por el Banco de Previsión Social establecerá
el modo y la frecuencia con que habrán de acreditarse los requisitos
previstos por el inciso tercero del artículo 6° de la ley que se
reglamenta.
Los administradores de las prestaciones o quienes postulen para serlo,
deberán:
A) realizar todas las declaraciones juradas y brindar toda la información
que les requiera el Banco de Previsión Social y que sea considerada
relevante para la concesión y el mantenimiento de los beneficios;
B) comunicar todo cambio operado en los requisitos de acceso a las
prestaciones, así como cualquier otro aspecto que pueda tener incidencia
en el servicio de las mismas;
C) facilitar el desarrollo del tratamiento sicológico del beneficiario, a
que refiere el último literal del artículo 6° de la ley que se reglamenta,
así como las tareas de relevamiento de las condiciones requeridas para el
otorgamiento de los beneficios, por parte de los funcionarios que las
tuvieren a cargo;
D) presentar los medios probatorios que les sean requeridos, tendientes a
acreditar cualquiera de los supuestos de hecho que habilitan el servicio
de las prestaciones y su pago al administrador de las mismas.

Artículo 7 

 (Competencias y atribuciones de la Administración).- Compete al Banco de
Previsión Social verificar y controlar los requisitos de elegibilidad para
ser beneficiario de las prestaciones instituidas por la ley que se
reglamenta.
A tales efectos podrá, a vía de ejemplo:
A) Realizar las comprobaciones y relevamientos que estime necesarios, a
fin determinar la existencia de las condiciones de acceso y mantenimiento
de las prestaciones.
B) Requerir de los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública,
de la Administración Nacional de Educación Pública, del Instituto del Niño
y Adolescente del Uruguay, de las instituciones de enseñanza privadas y de
las instituciones de atención a la salud, toda la información necesaria
para comprobar la asistencia de los beneficiarios a los centros de
educación y los debidos controles médicos, a cuyos efectos los organismos
e instituciones indicados quedan obligados a suministrarla.
C) Implementar mecanismos de comunicación permanente y fluida con los
organismos e instituciones indicados precedentemente, con el objeto de
mantener actualizada la información necesaria para el pago de las
prestaciones, debiendo aquéllos prestar la máxima colaboración en orden al
buen funcionamiento del régimen de protección establecido por la ley que
se reglamenta.
D) Requerir de los juzgados intervinientes en las situaciones de violencia
doméstica que hayan dado lugar a solicitudes de prestaciones previstas en
la referida ley, la información a que refiere el inciso final del artículo
8° de la ley que se reglamenta, sin perjuicio de la obligación de tales
sedes judiciales de comunicarla de oficio, conforme a lo previsto en dicha
norma.

Artículo 8 

 (Opciones en caso de incompatibilidades).- En los casos de
incompatibilidades previstos por el artículo 9° de la ley que se
reglamenta, los interesados podrán optar por una u otra de las
prestaciones que allí se prevén como incompatibles.
Las prestaciones enunciadas en el literal A) del inciso segundo del
referido artículo, comprenden las de tal naturaleza servidas por cualquier
organismo de seguridad social, así como las provenientes del régimen de
jubilación por ahorro individual.

Artículo 9 

 (Aplicación de la ley en el tiempo).- Las disposiciones de la ley que se
reglamenta serán también de aplicación cuando el hecho de violencia
doméstica con resultado muerte fuere anterior al día 7 de enero de 2012,
siempre que los beneficiarios reunieren, a dicha fecha, los requisitos
previstos en el artículo 1° del presente decreto.

Artículo 10 

 (Inicio del servicio de las prestaciones).- Los haberes de las
prestaciones instituidas por la ley que se reglamenta se devengarán a
partir del fallecimiento de la víctima de violencia doméstica a que
refiere el artículo 1°, siempre que la solicitud de tales beneficios se
formulare dentro de los 180 (ciento ochenta) días de producido ese hecho.
En caso contrario, se devengarán desde la fecha de presentación de la
solicitud.
En los casos a que refiere el artículo anterior, los referidos haberes se
devengarán desde el 7 de enero de 2012, salvo que el pedido se formulare
fuera de los 180 (ciento ochenta) días siguientes a esa fecha, en cuyo
caso se devengarán desde la presentación de la solicitud.

Artículo 11 

 (Inclusión en el Seguro Nacional de Salud).- Quienes se incorporaren al
Seguro Nacional de Salud por adquirir la calidad de beneficiarios de las
prestaciones previstas en la ley que se reglamenta, deberán elegir
prestador de salud de conformidad con lo dispuesto por el decreto N° 2/008
de 8 de enero de 2008.

Artículo 12 

 Comuníquese, publíquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; EDUARDO BONOMI; LUIS ALMAGRO;
FERNANDO LORENZO; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; RICARDO EHRLICH; ENRIQUE
PINTADO; ROBERTO KREIMERMAN; EDUARDO BRENTA; JORGE VENEGAS; TABARÉ
AGUERRE; HÉCTOR LESCANO; GRACIELA MUSLERA; DANIEL OLESKER.

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Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos


Ley 19.039

Créase una prestación de seguridad social denominada Pensión a las
Víctimas de Delitos Violentos.
(15*R)

                            PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,

                                DECRETAN:

                                CAPÍTULO I
DE LA PENSIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y EL APORTE ECONÓMICO AL
      CENTRO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO

Artículo 1 

 (Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos).- Créase una prestación de
seguridad social denominada Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos,
la que estará a cargo del Banco de Previsión Social.

Artículo 2 

 (Aporte económico al Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y
el Delito).- Un 10% (diez por ciento) de los ingresos salariales que
perciban las personas privadas de libertad se destinará al Ministerio del
Interior, a los efectos de fortalecer el Centro de Atención a las Víctimas
de la Violencia y el Delito.
A los efectos de la financiación, el empleador actuará como agente de
retención de la suma debiendo remitir dicho monto al Ministerio del
Interior.

                               CAPÍTULO II
                  HECHO GENERADOR Y MONTO DE LA PENSIÓN

Artículo 3 

 (Hecho generador de la prestación).- Cuando ocurriere, dentro del
territorio nacional, un homicidio en ocasión de delitos de rapiña,
copamiento o secuestro o cuando una persona resulte incapacitada en forma
absoluta para todo trabajo, por haber sido víctima, dentro del territorio
nacional, de cualquiera de los delitos referidos anteriormente, se
generará derecho a la pensión creada por el artículo 1° de esta ley,
siempre y cuando la víctima no sea el autor, coautor o cómplice del delito
y tenga residencia en el país.

Artículo 4 

 (Monto de la pensión).- Esta pensión será de carácter mensual y su valor
será de 6 BPC (seis Bases de Prestaciones y Contribuciones).

                               CAPÍTULO III
                              BENEFICIARIOS

Artículo 5 

 Serán beneficiarios de la Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos,
bajo los requisitos previstos por el artículo 3° y las condiciones
previstas por el artículo 6° de esta ley, las siguientes personas:
A)     El cónyuge de la víctima de homicidio.
B)     El concubino de la víctima de homicidio, acreditando dicha
       condición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 18.246, de 27
       de diciembre de 2007.
C)     Los hijos menores de la víctima del homicidio ocasionado de acuerdo
       con el artículo 3° y bajo las condiciones establecidas en los
       artículos 10 y 11 de esta ley.
D)     Los hijos de la víctima de homicidio que siendo solteros mayores de
       dieciocho años de edad, estén absolutamente incapacitados para todo
       trabajo, de acuerdo a lo dictaminado por el Banco de Previsión
       Social.
E)     Quien resulte incapacitado en forma absoluta para todo trabajo
       remunerado, por haber sido víctima de rapiña, secuestro o
       copamiento.

                               CAPITULO IV
                       CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN

Artículo 6 

 Los viudos o concubinos beneficiarios deberán acreditar, conforme a la
reglamentación que se dicte, la dependencia económica del causante o la
carencia de ingresos suficientes.

Artículo 7 

 Las viudas o concubinas beneficiarias tendrán derecho al beneficio
siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma establecida en el
artículo 26 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, con los
reajustes correspondientes.

Artículo 8 

 Los viudos o concubinos beneficiarios que tengan cuarenta o más años de
edad a la fecha de fallecimiento de la víctima de homicidio o que cumplan
esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante
toda su vida.

Artículo 9 

 Los viudos o concubinos beneficiarios, que tengan entre treinta y treinta
y nueve años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión
se servirá por el término de cinco años y por el término de dos años
cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad
a dicha fecha.

Artículo 10 

 Las restricciones establecidas en el artículo 9° no serán de aplicación
en los casos en que:
A)     El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para
       todo trabajo.
B)     Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores
       de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta
       que estos últimos alcancen dicha edad, excepto cuando se trate de
       mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida
       propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.
C)     Integren el núcleo familiar hijos solteros mayores de dieciocho
       años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

Artículo 11 

 Si el o los beneficiarios fueren hijos solteros menores de veintiún años
de edad, la pensión se servirá hasta que éstos alcancen dicha edad,
excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan
de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente
sustentación.
Si el o los beneficiarios fueren hijos solteros mayores de dieciocho años
de edad pero absolutamente incapacitados para todo trabajo, se servirán la
pensión en forma vitalicia, salvo que cesen dichas condiciones para
acceder al beneficio.

Artículo 12 

 Si cualquiera de los beneficiarios, al momento del fallecimiento de la
víctima, se hallare en alguna de las situaciones de desheredación o
indignidad previstas en los artículos 842, 899 y 900 del Código Civil,
perderá el derecho a la pensión.

Artículo 13 

 (Distribución y acrecimiento).- En caso de existir más de un
beneficiario, la distribución de la pensión entre los mismos se realizará
de acuerdo con lo que dispone el régimen general pensionario vigente en el
ámbito del Banco de Previsión Social .
Cuando cese el derecho al cobro de la Pensión a las Víctimas de Delitos
Violentos de cualquier copartícipe, su cuota parte no acrecerá a la de los
demás.

Artículo 14 

 (Haberes sucesorios).- La Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos no
generará haberes sucesorios en caso de fallecimiento de sus beneficiarios,
víctimas o causahabientes.

Artículo 15 

 (Inicio de la prestación).- Los haberes de la pensión se servirán desde
la fecha de solicitud a la Administración de otorgamiento del beneficio.

Artículo 16 

 (Incompatibilidades con otras prestaciones de seguridad social).- La
Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos no será acumulable con
cualquier tipo de pensión, jubilación o retiro a cargo del Estado o de
alguna de las demás instituciones de seguridad social, públicas o
privadas.
En caso de incompatibilidad con otras prestaciones a que tuviera derecho
el beneficiario, podrá optar por la que le resulte más favorable.
Cuando las prestaciones referidas se encuentren en el ámbito del Banco de
Previsión Social, será éste quien determine qué prestación otorgará,
aplicando siempre el criterio más favorable para el beneficiario, sin
perjuicio del derecho a opción previsto en el inciso anterior.

Artículo 17 

 (Referencias a hijos).- A los efectos de esta ley, las referencias a
hijos comprenden a ambos sexos y a las calidades legales de legítimos,
naturales y adoptivos.

Artículo 18 

 (Requisitos formales).- Para poder percibir la pensión, el beneficiario
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
A)     Acreditar el hecho generador, presentando testimonio de la partida
       de estado civil de defunción de la víctima, cuando corresponda, y
       los documentos policiales o judiciales, en su caso.
B)     Presentar la documentación médica que se requiera y someterse a los
       estudios que la Administración entendiera necesarios para la
       acreditación de que la imposibilidad alegada es consecuencia de la
       situación prevista en el artículo 3° de esta ley.
C)     Acreditar su legitimación activa a través de los testimonios de las
       partidas que justifiquen el vínculo.

Artículo 19 

 (Atribuciones de la Administración).- Compete al Banco de Previsión
Social verificar y controlar todos los requisitos de elegibilidad para ser
beneficiario de la Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos.
A tales efectos dispondrá, si fuese necesario, de las facultades
consagradas por el artículo 8° de la Ley N° 18.227, de 22 de diciembre de
2007, y podrá solicitar a los juzgados intervinientes las actuaciones
judiciales realizadas.

Artículo 20 

 (Derecho personalísimo).- La prestación instituida por esta ley es
inalienable e inembargable. Esta disposición es de orden público. Todo
negocio jurídico que implique su enajenación será absolutamente nulo.

Artículo 21 

 (Plazo especial).- Las personas podrán acogerse a la Pensión a las
Víctimas de Delitos Violentos cuando el hecho generador de la misma
hubiese ocurrido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada
en vigencia de esta ley, siempre que la soliciten dentro del plazo
perentorio de ciento ochenta días posteriores a su vigencia.

Artículo 22 

 (Sistema Nacional Integrado de Salud).- Los beneficiarios de la
prestación estarán comprendidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de
2007, debiendo efectuar las aportaciones correspondientes.

Artículo 23 

 (Ajuste).- Las prestaciones concedidas por esta ley serán ajustadas de
acuerdo al régimen general de ajuste de pasividades, conforme con lo
establecido por el Artículo 67 de la Constitución de la República.
Los mínimos pensionarios actuales o que se dispongan en el futuro serán
aplicables a la suma de todas las cuotas partes en que se distribuya la
Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos y no a los beneficiarios
individualmente.

Artículo 24 

 (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro del
término de noventa días siguientes al de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de
diciembre de 2012.
DANILO ASTORI, Presidente; HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario.

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
           MINISTERIO VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL

                                       Montevideo, 28 de Diciembre de 2012

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se crea una
prestación de seguridad social denominada Pensión a las Víctimas de
Delitos Violentos.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; EDUARDO BONOMI; LUIS ALMAGRO;
FERNANDO LORENZO; ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; RICARDO EHRLICH; ENRIQUE
PINTADO; ROBERTO KREIMERMAN; EDUARDO BRENTA; LEONEL BRIOZZO; ENZO BENECH;
LILIAM KECHICHIAN; FRANCISCO BELTRAME; DANIEL OLESKER.

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Reglamentación de la Ley N° 19.039


Decreto 70/013

Reglaméntase la Ley 19.039 relativa a la prestación de seguridad social
denominada "Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos".
(419*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
            TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
             MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

                                         Montevideo, 22 de Febrero de 2013

VISTO: la Ley N° 19.039 de 28 de diciembre de 2012.

RESULTANDO: que la citada ley crea una prestación de seguridad social
denominada Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos, la que está a
cargo del Banco de Previsión Social.

CONSIDERANDO: que el Artículo 24 de la citada ley establece que el Poder
Ejecutivo deberá disponer su reglamentación en un término de noventa días,
a partir de su promulgación.

ATENTO: A lo expuesto, así como a lo dispuesto en el numeral 4° del
artículo 168 de la Constitución de la República.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
                     actuando en Consejo de Ministros

                                 DECRETA:

Artículo 1 

 (Ámbito normativo. Disposiciones legales aplicables). El régimen legal
que regula la Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos se regirá por
las disposiciones de la Ley N° 19.039, de 28 de diciembre de 2012 y por
aquellas disposiciones legales vigentes a dicha fecha que no se opongan
directa o indirectamente a lo previsto en la referida Ley.

Artículo 2 

 (Condiciones de la prestación) Todas las condiciones para acceder a la
pensión establecida en la Ley N° 19.039, de 28 de diciembre de 2012, para
los casos acaecidos con anterioridad a su vigencia, se apreciarán a la
fecha de su solicitud.

Para los casos acaecidos con posterioridad a la vigencia de la Ley N°
19.039, de 28 de diciembre de 2012, las condiciones para acceder a la
pensión se apreciarán a la fecha de ocurrido el Hecho Generador.

Artículo 3 

 (Dependencia económica del causante o carencia de ingresos suficientes de
los viudos o concubinos beneficiarios) A los efectos de apreciar la
dependencia económica del causante o la carencia de ingresos suficientes
de los viudos y concubinos beneficiarios de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 6° de la Ley N° 19.039, de 28 de diciembre de 2012, se actuará
conforme a la reglamentación interna que el Banco de Previsión Social
aplica para el régimen pensionario establecido por la Ley 16.713 de 3 de
setiembre de 1995.

Artículo 4 

 (Nivel de ingresos mensuales de las viudas o concubinas beneficiarias) A
los efectos de determinar el nivel de ingresos mensuales de las viudas o
concubinas beneficiarias de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7° de
la Ley N° 19.039, de 28 de diciembre de 2012, se tomarán en cuenta todos
los ingresos al mes inmediato anterior a las fechas mencionadas en el
Artículo 2° de este Decreto, para cada caso según corresponda.

Artículo 5 

 (Información brindada por la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad
Social Policial y el Servicio de Retiros y Pensiones Militares) A los
efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 16° de la Ley
N° 19.039, de 28 de diciembre de 2012, el Servicio de Retiros y Pensiones
Militares y la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social
Policial, deberán proporcionar al Banco de Previsión Social, en el tiempo
y forma que este determine, los datos correspondientes a los Jubilados y
Pensionistas a su cargo, incluyendo los montos de sus ingresos por dichos
conceptos.

Artículo 6 

 Lo establecido en el Artículo 20° de la Ley N° 19.039 de 28 de diciembre
de 2012, no es de aplicación cuando se genere un cobro indebido por la
propia prestación, en cuyo caso, el mismo podrá ser descontado de la misma
o en su defecto de cualquier otra prestación servida por el Banco de
Previsión Social.

Artículo 7 

 (Sistema Nacional Integrado de Salud) El amparo al Seguro Nacional de
Salud establecido en el Artículo 22° de la Ley N° 19.039 de 28 de
diciembre de 2012, se establecerá siempre que los beneficiarios optaren
por la percepción de la Pensión a las Víctimas de Delitos Violentos, en
cuyo caso atribuirán derecho a sus hijos menores o mayores con
discapacidad y a sus cónyuges o concubinos, según lo establecido por la
reglamentación vigente en la materia.

En caso contrario se regirán de acuerdo al régimen general establecido en
las Leyes N° 18.211 de 1 de enero de 2008 o N° 18.731 del 4 de febrero de
2011 y sus Decretos Reglamentarios.

Artículo 8 

 (Ajuste) Al ajuste establecido en el Artículo 23° de la Ley N° 19.039 de
28 de diciembre de 2012, no le será de aplicación la tabla de reducción
que se determine para el resto de la jubilaciones y pensiones servidas por
el Banco de Previsión Social.

Artículo 9 

 (Atribuciones de la Administración) La reglamentación a dictarse por el
Banco de Previsión Social establecerá el modo y la frecuencia con la que
se verificarán y controlarán los requisitos referidos en el Artículo 19°
de la Ley N° 19.039 de 28 de diciembre de 2012.

Artículo 10 

 Comuníquese, publíquese, etc.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; EDUARDO BONOMI; FERNANDO LORENZO;
ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO; RICARDO EHRLICH; ENRIQUE PINTADO; ROBERTO
KREIMERMAN; EDUARDO BRENTA; JORGE VENEGAS; TABARÉ AGUERRE; LILIAM
KECHICHIAN; FRANCISCO BELTRAME; DANIEL OLESKER.

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Comisión Especial Asesora en el ámbito de la Ley 19.039


Decreto 158/013

Créase una Comisión Especial Asesora en el marco de la Ley 19.039 Art. 1°,
determínanse su integración y cometidos.
(900*R)

MINISTERIO DEL INTERIOR
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
  MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
     MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
      MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
       MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
        MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
          MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE
           MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
           TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
            MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

                                            Montevideo, 23 de Mayo de 2013

VISTO: el Artículo 1° de la Ley N° 19.039, de 18 de diciembre de 2012, por
el que se establece una prestación de seguridad social denominada Pensión
a las Víctimas de Delitos Violentos, la que estará a cargo del Banco de
Previsión Social;

RESULTANDO: que habiéndose presentado varios ciudadanos a solicitar la
prestación referida ante el Banco de Previsión Social, se ha constatado,
ya sea carencia de documentación o dificultades para la interpretación y
correcta valoración de la documentación que los mismos aportan lo que no
permite resolver adecuadamente las solicitudes de amparo;

CONSIDERANDO: que se entiende necesario resolver estas situaciones con el
accionar conjunto de los diversos órganos que, en su ámbito específico de
acción, tienen injerencia en la aplicación de la norma que se reglamenta;

ATENTO: A lo expuesto, así como a lo dispuesto en el numeral 4° del
artículo 168 de la Constitución de la República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
                     actuando en Consejo de Ministros

                                 DECRETA

Artículo 1 

 Créase una Comisión Especial Asesora, cuya integración, cometidos y
funciones serán los que se expresan en este cuerpo normativo.

Artículo 2 

 (Integración) La Comisión Especial Asesora, estará integrada por dos
representantes del Ministerio del Interior designados por el Poder
Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo invitará para integrar la citada Comisión al Poder
Judicial y al Banco de Previsión Social los que designarán sus
representantes.

Artículo 3 

 La Comisión Especial Asesora entenderá en todo lo relativo a la
instrucción, sustanciación e informe al Banco de Previsión Social para su
resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo a las disposiciones
de la Ley 19.039 de 18 de diciembre de 2012.

Dicha Comisión podrá disponer todas las medidas que estime conveniente
para contar con la más completa información y requerir los antecedentes
necesarios para su diligenciamiento, a cuyos efectos podrá comunicarse
directamente con las entidades públicas y privadas, admitiendo todos los
medios de prueba no prohibidos por la Ley. La valoración de la prueba se
efectuará de conformidad con las reglas contenidas en el Código General
del Proceso.

Artículo 4 

 Cada vez que se tramite una solicitud, el Ministerio del Interior luego
de recabar toda la información en sede policial realizará un informe a la
Comisión Especial Asesora, conteniendo las conclusiones a las que se
arribó, según los datos recabados. Una vez obtenida toda la información y
documentación pertinente a la solicitud, dicha Comisión elevará al
Directorio del Banco de Previsión Social la recomendación sobre el
otorgamiento o no de la pensión.

Artículo 5 

 La Comisión Especial Asesora dictará su reglamento de funcionamiento.

Artículo 6 

 Comuníquese, publíquese, etc.
LUCÍA TOPOLANSKY; EDUARDO BONOMI; LUIS ALMAGRO; FERNANDO LORENZO; JORGE
MENÉNDEZ; RICARDO EHRLICH; ENRIQUE PINTADO; ROBERTO KREIMERMAN; NELSON
LOUSTAUNAU; SUSANA MUÑIZ; TABARÉ AGUERRE; LILIAM KECHICHIAN; FRANCISCO
BELTRAME; DANIEL OLESKER.

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